El primer año en el poder de Lenín Moreno es un devaneo entre el discurso y los hechos. Se ha dicho mucho durante estos primeros 12 meses y la mayor parte de la gestión gubernamental ha estado anclada a un cambio en el estilo, a una obsesión por desprenderse del estigma del gobierno precedente, aun cuando los hechos concretos no son del todo visibles. Decio Machado, junto al equipo de La Barra Espaciadora, presentan este análisis del primer cuarto del período de gobierno
Por Decio Machado
Investigación y multimedia: La Barra Espaciadora*
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Valorar el primer año de gestión de Lenín Moreno debe comenzar por recordar la coyuntura política en la que este asumió la Presidencia de la República del Ecuador: Moreno necesitó dos vueltas para ganar las elecciones de 2017 –algo que para Alianza PAIS tan solo había ocurrido en las primeras elecciones presidenciales en las que se presentó Rafael Correa, en 2006–; además, el desgaste del que fuera partido hegemónico durante una década era evidente, tanto que perdió más de 1,2 millones de votos respecto de los resultados obtenidos en 2013, pero con un censo electoral de 1,15 millones de electores más para las últimas presidenciales.
Palabras más
Tras una débil victoria en segunda vuelta –con apenas 228 000 votos de diferencia sobre su contendiente, Guillermo Lasso– y una conflictiva investidura empañada por acusaciones de fraude electoral que la oposición nunca llegó a demostrar, el nuevo gobierno procedió con una estrategia inicial: diferenciarse de su predecesor. Dos ejes neurálgicos definieron la estrategia:
- Romper con las lógicas de polarización social y conflicto que el correísmo había aplicado contra sus opositores de forma sistemática durante toda la pasada década.
- Cuestionar el estado de situación económica en el que el régimen anterior dejó al país.
El primer eje permitió la articulación de un nuevo discurso de reconciliación nacional y consensos políticos, lo que fue ampliamente avalado por la población, permitiéndole a Moreno –mediante 444 mesas de diálogo– superar la desacreditación política articulada desde la oposición.
Su segundo eje estratégico cuestionó las políticas de endeudamiento y derroche del gasto público que caracterizaron los últimos años de gestión correísta, permitió estructurar una nueva narrativa –dentro de un gobierno que se advertía de continuidad– y con ella las bases para el cambio del modelo de gestión económica que ya no era sostenible con un Estado carente de liquidez.
A estos dos primeros ejes estratégicos de diferenciación le seguiría un tercero, fundamental para posicionarse como un gobierno democrático: permitir una actuación independiente de la Justicia. En un país donde los casos de corrupción afloran por doquier, esto significó la apertura de múltiples investigaciones judiciales que perfilaron al gobierno de Moreno como una administración que frenteaba la corrupción institucional generalizada. Lo anterior llevó al vicepresidente Jorge Glas –pieza estratégicamente colocada en la jerarquía institucional del Estado para solapar los excesos y acciones ilícitas del correísmo– a prisión, por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.
Sin embargo, pese a que Moreno puso en marcha el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, las recomendaciones de este organismo nunca se tradujeron en una estrategia clara, con plazos e instituciones responsables. Más allá del discurso político –renta de la cual el actual gobierno ha vivido durante este primer año–, no hay acciones identificables ni resultados que prueben que se esté combatiendo a la corrupción.
En la siguiente infografía destacamos algunos de los momentos clave de la gestión de Moreno durante este primer tramo de su período:
Post-caudillismo, pero…
Volviendo a la ruptura política entre el viejo y el nuevo régimen, el siguiente paso estratégico fue anular cualquier posibilidad de que Rafael Correa pudiera candidatizarse en 2021. El objetivo no era complejo, pues la acción independiente de la Justicia y la actuación con libertad de organismos autónomos al poder Ejecutivo pronto desembocarían en las investigaciones hoy en curso. Lo anterior, sumado a que la consulta popular volvió a invalidar la reelección indefinida, posiblemente derive en que el expresidente Correa no vuelva a pisar el territorio nacional.
El proceso de democratización derivado del momento post-caudillista que vive Ecuador es, desde el punto de vista político, la característica principal del primer año de gobierno de Lenín Moreno. Se trata del corte de su cordón umbilical respecto del régimen anterior.
Pese a las presiones de diferentes poderes fácticos –especialmente los afincados en ciertos sectores de la prensa y en algunos sectores empresariales– que planteaban la salida inmediata de todos los ministros que de una forma u otra tuvieran que ver con el antiguo régimen, Lenín Moreno y su equipo actuaron de forma inteligente al implementar acciones que, en apenas un año, les ha permitido anular políticamente cualquier posibilidad de maniobra de lo que hasta hace muy poco era el indiscutible máximo poder en el país.
La consulta popular del 4 de febrero del presente año, la primera derrota directa en las urnas de Rafael Correa y sus seguidores, permitió la apertura del actual proceso de ‘descorreización’ que se ejecuta desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, posiblemente la institución con mayor legitimidad social en el país en este momento. Su objetivo es claro: en tres meses más no quedará nada del omnipotente poder correísta en ninguna institución pública, y varios de los prohombres de la etapa correísta se verán abocados a enfrentar procesos judiciales por corrupción.
En resumen, resulta positivo ver cómo un gobierno de transición como el de Lenín Moreno ha sido capaz, en tan solo un año, de anular diez años de hegemonía política autoritaria pero manteniendo la paz y altos niveles de concordia.
Palabras menos
Sin embargo, más allá del eje general que ha marcado la política de Lenín Moreno durante este primer año de gestión, si entramos en detalle sobre las áreas de intervención del Ejecutivo, la valoración anterior baja puntos notablemente.
Educación
Haciendo un recorrido rápido sobre el sector de la Educación, podemos ver cómo el número de matrículas en educación inicial durante el período en curso ha menguado en relación con el año anterior (40 mil menos). Ha disminuido también la cobertura de servicios de desarrollo infantil para los Centros de Desarrollo Infantil, Centros Infantiles del Buen Vivir o las unidades de atención Creciendo con Nuestros Hijos. Parte de esto es consecuencia de que la política pública que asegura el desarrollo infantil integral está en proceso de reformulación. Queda pendiente asegurar una adecuada transición desde la etapa de desarrollo infantil hacia la educación inicial.
Respecto de la educación superior, el pasado 15 de mayo la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, la cual incorpora una interesante propuesta de la Senescyt basada en la creación de un subsistema de educación técnica que busca que los estudiantes de estos institutos (40 institutos para la formación superior técnica y tecnológica es el compromiso electoral de Lenín Moreno, de las cuales hasta ahora tan solo se han puesto en marcha cuatro) obtengan títulos equivalentes a educación universitaria con acceso a programas de posgrado.
Hay avances en el proceso de diálogo con el sector empresarial para identificar necesidades de oferta académica. Esto flexibiliza las fracasadas políticas anteriores en las que era el Estado quien determinaba los ámbitos de estudio e investigación de los estudiantes con base en los planes de desarrollo estipulados desde la tecno-burocracia planificadora de Senplades. Es positivo que los cupos universitarios bloqueados durante el régimen anterior se hayan convertido en 150 mil matrículas. Sin embargo, estamos en el punto de partida de una hoja de ruta, así que queda por ver cuán eficiente será su implementación.
Salud
En el sector Salud, el compromiso electoral más importante del presidente Moreno consistió en plantear una política que universalice la atención sanitaria y mejore su calidad. La prioridad hasta el momento ha sido el programa Médico del Barrio, con el que se proyecta atender al 100% de pacientes vulnerables. En positivo, durante este primer año se ha dado cobertura a más del 50% de los cantones del país y se han atendido a cerca de 200 000 personas. Se han intervenido diversos centros de salud que habían quedado descuidados y con infraestructura maltrecha.
Sin embargo, la calidad de los medicamentos sigue siendo un tema que preocupa tanto a pacientes como a profesionales en el país y la atención en los centros de salud y hospitales sigue siendo deficitaria. Faltan camas, especialistas, las listas de espera siguen siendo largas para determinados tratamientos. Estos problemas han sido abordados en la Asamblea Nacional, durante los debates en torno al Código Orgánico de la Salud, pero por diferentes factores de presión, este aún no es aprobado.
Empleo y vivienda
En materia de empleo se abrió un espacio de diálogo con el sector privado para buscar incrementar la productividad y la competitividad. El Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial situó a Ecuador en el puesto número 97 de entre 137 economías en 2017 –quedando muy atrás del puesto 71 logrado en 2014– y siendo la única economía de América Latina que ha empeorado de manera consecutiva durante tres años. Existe el compromiso electoral de priorizar eficientemente el gasto y mantener la inversión pública para la transformación productiva –objetivo fracasado durante los diez años de mandato correísta, pese a que ese fuera uno de sus ejes discursivos–, así como generar la creación de 250.000 plazas de empleo anuales durante estos cuatro años de gestión.
Pero el cumplimiento de ambos objetivos es dudoso. En la práctica, y siguiendo las cifras oficiales, resulta difícil creer que en la situación económica que se encuentra el país se pueda mantener los anteriores niveles de inversión, mientras que desde junio de 2017 hasta marzo del 2018 tan solo se han generado poco más de 89 000 nuevos empleos adecuados (el 35,68% de la meta programada).
Pese a que el programa Casa para Todos –que pretende construir en todo el territorio nacional 325.000 nuevas viviendas durante los cuatro años de gestión morenista– tiene como objetivo también la generación de empleo, su nivel de cumplimiento al terminar este primer año es deficitario. Tan solo 20 000 viviendas se han levantado. No obstante cabe destacar que el concepto arquitectónico de estos complejos habitacionales es sustancialmente mejor que el de los guetos para pobres construidos durante la gestión anterior.
Créditos y emprendimientos
En materia de emprendimientos existe un compromiso dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 mediante el cual el Ejecutivo ha puesto en marcha el Banco del Pueblo, destinando 90 millones de dólares para 24 mil jóvenes emprendedores. Sin embargo, ni existe un criterio de priorización bien definido para la entrega de estos créditos ni se han emprendido aún acciones que permitan reducir los trámites y costos necesarios para abrir una nueva empresa (este aspecto será tratado en la Asamblea Nacional en su segundo debate). En la práctica se evidencia una débil articulación entre las distintas instituciones encargadas del fomento al emprendimiento a escala nacional.
Economía
Tres cambios de titular en el área económica ha realizado Lenín Moreno durante este primer año de mandato. Empezó con Carlos de la Torre, un economista de perfil monetarista, docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, continuó con María Elsa Viteri, una exfuncionaria de Correa que había estado alejada del sector económico durante los últimos años y cuyo nombramiento nunca nadie entendió; y para terminar nombró a Richard Martínez como responsable del área, a pocos días de cumplir el primer año de gobierno.
Martínez es un joven economista con una trayectoria profesional altamente vinculada con el sector empresarial. Más allá de ideologías, y reconociendo que la política económica ecuatoriana necesita de un cambio, el vuelco propiciado por Moreno con su último nombramiento supone un giro de 180 grados respecto de su compromiso electoral de 2017, cuando ofrecía profundizar la presencia del Estado en la economía nacional.
La actual apuesta del mandatario ecuatoriano deriva de que el país ya no puede ignorar que con un Estado descapitalizado que aplica entre 10 y 12 mil millones de dólares al año al pago de deuda –prácticamente la suma de los presupuestos de educación, salud y seguridad–, ha pasado a ser una urgente necesidad el impulsar la inversión privada. Es por ello que se ha entregado en su totalidad al sector empresarial el frente económico, buscando que sea este el actor que propicie el movimiento de capitales, la inversión y la generación de empleo.
Entender esta realidad pasa por entender que nunca hubo una hoja de ruta clara en materia económica en el programa electoral para las elecciones del 2017 de Alianza PAIS, el cual se componía de propuestas inconclusas, poca sustancia y facilones eslóganes electorales sin cuantificación presupuestaria.
Pese a que la economía y sus derivados son desde hace tiempo la principal preocupación de la sociedad ecuatoriana, ha tenido que pasar un año –el 25 por ciento del período– para que el presidente Moreno defina claramente su sendero.
Nos guste o no, le toca a Lenín Moreno ensamblar su discurso social (derechos para todos durante toda una vida, economía al servicio de la sociedad, etcétera) con las dinámicas propias de un sector empresarial que, habiendo ocupado el espacio más importante en el eje de acción de las políticas públicas, marcará una agenda que históricamente no ha tenido precisamente un visión colectiva ni un proyecto de país.
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