viernes, 11 de mayo de 2018

Las barbas del vecino

Por Decio Machado / Analista político
Publicado en Revista Plan V

El pasado lunes se decidió, el martes se hizo público y ayer miércoles el gobierno argentino comenzó ya la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar una línea de crédito de 30 mil millones de dólares. Todo ello en el marco de la tensión generada por una cotización que situó a la moneda argentina al cambio de 24 pesos por dólar.

Desde la Casa Rosada y ante las cámaras, Mauricio Macri indicaría: “implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuenta públicas (…) y que depende mucho del financiamiento externo (…), sumidos en condiciones mundiales cada día más complejas (…), siendo de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando…”. En definitiva, Macri le anunciaba al país que dado que el dólar se fortaleció cuesta más conseguir dinero, motivo por el cual decidió acudir al FMI en busca de un crédito grande, algo que al menos justifique el costo político que esta operación financiera conlleva, debiendo atender una tasa de interés más baja que la que el mercado impone.

Efectivamente, hablar del FMI en Argentina es hablar de crisis. Aunque los acuerdos con el FMI son situación de excepción, para Argentina esto fue la regla desde su ingreso al organismo en 1956 hasta la cancelación total de su deuda en 2006. Concretamente entre 1991 y 2001, el FMI y Argentina firmarían cuatro acuerdos de asistencia financiera, período en que la deuda externa del país austral pasó de unos 70.000 millones de dólares, a finales de 1990, a los más de 140.000 millones de dólares registrados en 2001, momento en que estalló la economía del segundo país más grande de Suramérica. Previo al crac, el FMI había exigido al Estado argentino achicarse, privatizar, desregular, desproteger la industria nacional, favorecer las importaciones y el capital extranjero, así como precarizar las relaciones laborales. El país quedó bajo supervisión del organismo internacional, quienes incluso instalaron un representante residente en las oficinas del Banco Central a finales de la década de 1990, presentando esta gestión como su caso más exitoso.

Cuando la crisis fue inminente, el FMI proveyó fondos que financiaron la salida de capitales de los grandes bancos. Según reveló años después el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, en 2001 el FMI condicionó la continuidad de su apoyo al país a cambio de que el dólar estadounidense sustituyera al peso como moneda nacional, condición que fue rechazada dado que no eliminaba el riesgo de default. Esto desencadenaría poco después la denegatoria de un desembolso del FMI, lo que tendría como consecuencia la congelación de depósitos bancarios, una la revuelta social que terminó con más de dos decenas de muertos, una crisis de gobierno en la cual en dos semanas transitaron cinco presidentes consecutivos, la declaración de default soberano, una devaluación del peso que lo dejó con un tercio de su valor y una inflación que se disparó por las nubes, así como el hecho de que uno de cada cinco argentinos perdieran en aquel momento su empleo. 

Desde el año 2002 hasta la liquidación total de la deuda en 2006 no hubo ningún desembolso más del FMI, sino solo pagos y una renegociación de la deuda en default que fue uno de los temas más conflictivos en las relaciones mantenidas entre el Estado argentino y el organismo financiero internacional.

Hoy, diecisiete años después, la decisión de Macri de recurrir nuevamente al FMI calma a algunos inversores pero genera una grave crisis de credibilidad política para Macri. Dado que la confianza de los inversionistas pasaba por una elección de Macri en 2019, la situación actual sitúa al mandatario en una condición difícil. Inevitablemente habrá un “quid pro quo” que posiblemente pondrá en serias dificultades económicas al país que este año encabeza el G20 y en serias dificultades políticas a quien fuera hasta hace una década el presidente del Club Atlético Boca Juniors.

Desde el punto de vista político, hablemos claro, estamos ante un fracaso del gobierno de Macri. Esa lógica del gradualismo macrista, sinónimo sin duda -entre otras cuestiones- de cobardía política, ha implicado que durante estos dos años y medio de mandato la inflación no haya cedido, que el endeudamiento siguiera disparándose, que los capitales inversionistas no fueran los suficientes y que la gente sintiera como su capacidad adquisitiva disminuye de forma paulatina. En el reverso político, una oposición peronista dividida entre “dialoguistas” con el gobierno y kirchneristas de oposición radical ve la posibilidad de reagruparse no por sus méritos políticos ni por su legitimación social, sino en torno a lo que olfatean puede ser el cadáver de su  máximo enemigo. Tras las derrotas del peronismo en las presidenciales de 2015 y las legislativas del año pasado, un halo de luz -fruto de un efecto óptico del cual no son impulsores- vuelve a irradiar esperanza al populismo progresista para las presidenciales de octubre del próximo año. 

Bien, pues a 5.800 kilómetros de distancia le toca al mandatario ecuatoriano y a su staff económico reflexionar ahora sobre la situación a la que se ve abocado su país hermano en el Cono Sur. Ecuador, con una deuda pública que varía ostensible según la fuente pero que posiblemente se ubique en torno al 55 por ciento del PIB, también afronta cada vez mayores dificultades para obtener liquidez en el corto plazo. Ante esto, el Estado deberá reconocer cuanto antes sus obligaciones, ajustar el presupuesto fiscal y transparentar el plan de pagos, de manera tal que se le permita acceder a nuevos canales de financiamiento en el mercado internacional. 

Sin embargo y pese a los discursos positivos que se emiten respecto a la mejora de la situación económica del país, lo cierto es que el principal prestatario al Ecuador, la República Popular China, se siente molesta respecto a las denuncias respecto a sobre precios en múltiples megaproyectos que han sido financiadas con capital asiático; fuentes como el Fondo Latinoamericano de Reservas se encuentran ya bloqueadas para nuestro pequeño país andino; la tasa de riesgo de Ecuador es la más alta de América Latina tras Venezuela y el EMBI o índice de bonos de mercados emergentes tiene una tasa mínima de interés para nuestro país de casi el doble respecto a la media latinoamericana. En todo caso, basta con ver la tendencia a la baja -en sus respectivos mercados bursátiles- de la cotización actual de los bonos de deuda emitida por el Estado para percibir lo poco atractivo para inversores de nuevas futuras emisiones. 

Nos dice Miguel de Cervantes, en su obra Don Quijote de la Mancha, que “los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios”. Pues bien, uno de los más conocidos en este ámbito de la sabiduría popular es aquel que nos indica que “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”.



Así las cosas y tal como sucede con Argentina, nuestro país de los colibríes bien podría verse obligado en relativamente poco tiempo a tener también que acudir al FMI ante un posible escenario de falta de liquidez, institución que nos impondrá como condición para otorgar su financiamiento un ajuste técnico que permita desinflar una economía inflada que tendría como eje principal de actuación la merma en la capacidad adquisitiva de la población y un enorme coste político para el actual gobierno en funciones.

jueves, 3 de mayo de 2018

Decio Machado: “Podríamos asistir a una próxima crisis de liquidez que conllevase un fuerte costo político para el gobierno”

Aprovechando nuestra visita al Ecuador entrevistamos a Decio Machado, analista político y ponente habitual en diversos seminarios de pensamiento crítico en América Latina. Es autor junto a Raúl Zibechi del libro “Cambiar el mundo desde arriba: los límites del progresismo” y una de las fuentes de opinión más autorizadas respecto a la realidad política del Ecuador y el subcontinente. 
Miguel Kokinos / Revista Hekademeia
El Presidente Lenín Moreno declaró que su gobierno es un gobierno de izquierdas en una recientemente entrevista con el periodista Ignacio Ramonet en el prestigioso periódico Le Monde Diplomatique. Más allá de las diferencias actualmente existentes entre Rafael Correa y el actual mandatario ecuatoriano, ¿estamos asistiendo a un cambio de ciclo político en Ecuador o tan solo a una disputa de liderazgos en la izquierda?
Las elecciones seccionales de febrero del 2014 marcan el inicio del fin de la hegemonía correista en el país. En aquellas elecciones Alianza PAIS perdió la mayoría de los gobiernos provinciales del Ecuador y tan solo fue capaz de ganar la Alcaldía de una de las diez ciudades más pobladas del país. Entender como en tan solo un año, pues en las presidenciales del 2013 Rafael Correa había obtenido tres millones de votos más que su más directo contender, la nave correista comenzó a hacer aguas tiene que ver con comprender la afectación en la economía nacional de la caída de los precios del crudo en el mercado internacional de commodities.
En los ocho años de bonanza económica durante la década en la que Rafael Correa gobernó el país se visualizó, más allá de su retórica populista, una notable incapacidad para plantear salidas soberanas a la cada vez mayor dependencia que Ecuador iba adquiriendo respecto a los mercados internacionales de commodities. Por poner tan sólo un ejemplo, las exportaciones de bienes procesados no petroleros en Ecuador en 2006 era de tan sólo el 4,9% del PIB nacional, pero cuando comenzó a sentirse la crisis en la economía nacional durante el año 2014 ese indicador había bajado aún más, alcanzando la irrisoria cuota del 3,9%. A partir de ahí, terminado el período de la economía fácil, el régimen dejó de tener avances en indicadores sociales antes exitosos tales como la disminución de la pobreza, el incremento de la capacidad adquisitiva de los sectores medios y medios bajos, o la generación de empleo adecuado.
Es a partir de entonces cuando se produce un quiebre en la política nacional, es decir, es antes de la llegada del actual gobierno cuando comienza a forjarse un cambio de ciclo político en el Ecuador. En definitiva, es el propio gobierno de Rafael Correa, con un Estado ya carente de liquidez, el que comienza a modificar gran parte de sus anteriores políticas económicas, políticas e incluso sociales. Todo esto lleva a que en 2017 ya no sea Correa el candidato oficialista a la presidencia sino Lenín Moreno, el cual necesitó dos vueltas y apenas 220.000 votos de diferencia para ganar las elecciones.
¿No existe entonces un cambio entre los últimos tres años de Rafael Correa y este primer año de Lenín Moreno en la Presidencia de la República?
Claro que existe, pero hay que hablar con propiedad sobre este tipo de cosas. Para empezar, hay que ubicar adecuadamente estos dos momentos diferentes.
Básicamente y como la estrategia de Rafael Correa era volver en 2021 para salvarnos nuevamente de la “larga noche neoliberal”, lo cual haría ya con una imagen renovada y sin el costo político que implica las hoy necesarias medidas de reajuste económico para enfrentar un insostenible déficit fiscal heredado de su misma gestión, se entró en una espiral de agresivo endeudamiento público buscando mantener políticamente impoluta su figura de gran líder. Esto fue muy irresponsable, pues carentes de alternativas políticas y económicas, el correísmo se dedicó a comprar tiempo desde que terminara el período de la “economía de las hadas” que vivió el subcontinente entre 2003 y 2013, endeudando desesperadamente al país y bajo la previsión de dejarle la “papa caliente” al siguiente gobierno sin el más mínimo pudor.
Fíjate que aún en plena crisis, entre 2015 y 2017, se realizaron más de 167 mil procesos de contratación pública. Hablamos de más de 18 mil millones de dólares en gran parte soportado sobre un montante cada vez mayor de endeudamiento público, donde pese a la concentración de millones de dólares en pocas empresas, los amigos del régimen, al final han vivido mal que bien de ese monto unos 36 mil contratistas. De esta manera hasta el sector privado se mal acostumbró a vivir mamando de la teta del Estado, sin hacer el más mínimo esfuerzo de inversión ni asumir riesgos de capital.
A diferencia de entonces, a la actual administración de Moreno no le queda otra que afrontar la real situación económica de un país donde el Estado ya no tiene capacidad para ejercer como motor de la economía nacional y donde la capacidad de endeudamiento público desbordó el límite hace ya algún tiempo. Esto implica que ahora el Estado tiene que negociar con el sector privado en unas condiciones de debilidad extrema que no existieron durante el período anterior. Es desde esa perspectiva desde la cual puedes entender la composición del actual gabinete de ministros y algunas lógicas políticas en las que estamos en este momento asistiendo.
Tu fuiste asesor político del ex presidente Correa, ¿tu ruptura con el régimen tienen que ver con el momento político correista que nos describes?
Mi salida del gobierno de Rafael Correa se dio unos años antes y tiene que ver con las lógicas disciplinarias y de control social que fueron paulatinamente implementándose desde el régimen sobre la población y el tejido social organizado. Más que por cuestiones relacionadas con la política económica, mi decisión tuvo que ver con no querer formar parte de un gobierno con tendencias autoritarias y represivas.
Vuelvo a preguntarte por algo que parece que no quieres contestar, ¿es el gobierno de Lenín Moreno un gobierno de izquierdas?
Cuando Lenín Moreno le dice a Ignacio Ramonet que su gobierno es de izquierdas habría que saber que es lo que entiende tanto Moreno como Ramonet por ser de izquierda.
Si consideramos a la socialdemocracia como una tendencia política de izquierda, debo decirte que he oido a dirigentes políticos como el español Albert Rivera o el venezolano Henrique Capriles autodefinirse como socialdemócratas liberales. Sin embargo, si te cambio el chip y te digo que ser de izquierdas implica buscar transformar este modelo de sociedad basado en el libre mercado y la ley del capital, ni Correa ni Moreno ni Evo ni Lula ni Mujica ni otros tantos líderes latinoamericanos llamados progresistas serían de izquierdas.
Las opciones políticas tienen un enfoque moral, desde la revolución francesa y especialmente a partir del siglo XIX la izquierda tiene su raíz en la justicia social, la equidad y la ética, mientras la derecha se afianza sobre valores de autoridad, orden y status quo. Sin embargo hoy vemos como ingresan en las cárceles o se fugan de sus respectivos países los apólogos durante esta última década de la superioridad moral de la izquierda en América Latina. Conclusión: pese a que personalmente tenga muy claro de que cultura política provengo, mientras no resignifiquemos y volvamos a dignificar el concepto izquierdas el debate sobre quien es realmente de izquierdas y quien no es un debate que prefiero dejar en manos de apóstoles de la fe y restauradores de iglesias.
¿En qué se diferencian el proyecto país del gobierno de Lenín Moreno respecto al proyecto país existente en el gobierno de Rafael Correa?
Entendiendo que un proyecto país va más allá de lo que estrictamente podemos entender como un programa electoral, te confieso que dudo de que ningún gobierno en el Ecuador haya tenido un proyecto país en los últimos sesenta años. Ni el presidente Moreno, ni Correa en su momento, ni los partidos de oposición conservadora o progresista que conforman el tablero de juego político actual en Ecuador tienen un proyecto de país en la cabeza. Pero si vamos más allá y analizamos a los actores sociales, podemos ver que tampoco el sector empresarial, quienes se caracterizan por una visión muy cortoplacista y egoísta, gozan de proyecto país alguno.
La diferencia entre Rafael Correa y el actual gobierno es que Correa sí decía tener una propuesta de país, lo que en realidad no pasaba de ser un mal intento por aplicar algunos aspectos exitosos del modelo de desarrollo aplicado en el sureste asiático y que terminó siendo desastroso en Ecuador. Ahora sin embargo, con el presidente Moreno, el gobierno nos habla idílicamente sobre trazar consensos entre todos los actores de la sociedad, consensos generales con plazos abiertos para consolidar una propuesta colectiva que permita la construcción de soluciones a los problemas nacionales con participación de todos quienes se quieran ofrecer a realizar aportes.
En todo caso y más allá de la retórica política de uno y otro gobierno, la realidad es que el tiempo pasa y este país sigue sin ser capaz de diseñar una hoja de ruta adecuada para desarrollar una inserción inteligente en el sistema mundo.
Te veo pesimista respecto a la situación actual del país…
La verdad es que no me preocupa la situación actual sino lo que viene a corto y medio plazo. Desde mi punto de vista, el actual gobierno es más honesto que el anterior, pues al menos es consciente de sus limitaciones y tiene claro que su rol se enfoca a dirigir pacíficamente una fase de transición política post-caudillista en Ecuador. En ese sentido no engaña a la ciudadanía.
Sin embargo y pese a los discursos positivos que se emiten respecto a la mejora económica del Ecuador, lo cierto es que continúa el proceso de endeudamiento público y se incrementan las dificultades para obtener liquidez a corto plazo. Explico básicamente esto: los chinos entienden que las denuncias respecto a los sobreprecios en los megaproyectos nacionales enmarcadas en las políticas de lucha anticorrupción emprendidas por el actual gobierno actúan en contra de sus intereses y prestigio regional, lo cual les genera malestar y cierta animadversión respecto al actual gobierno; a su vez, ya se han excedido los límites de financiamiento posible en instituciones como el Fondo Latinoamericano de Reservas entre otras; la tasa de riesgo del Ecuador es la más alta de América Latina tras Venezuela; el EMBI o índice de bonos de mercados emergentes del Ecuador tiene una tasa mínima de interés del doble de la media latinoamericana; y basta con chequear cual es la cotización actual de los bonos de deuda emitida por el Estado, la cual se cotiza por falta de credibilidad en mercados bursátil secundarios e incluso terciarios, para percibir su tendencia a la baja, lo cual lo hace poco atractivo para futuros inversores.
En resumen, podríamos asistir en breve a un escenario de falta de liquidez que obligue al Gobierno a recurrir obligatoriamente al Fondo Monetario Internacional, institución que nos impondrá como condición para otorgar su financiamiento un ajuste técnico que permita desinflar una economía que sin duda está inflada y que tendrá como nervio de actuación la capacidad adquisitiva de la población.
Cuando este gobierno termine, veremos si es en el 2021 o incluso antes, lo que vendrá después tiene altas probabilidades de ser un gobierno de perfil conservador. Si algo nos dejó la gestión correcta del país más allá de deuda externa, control social, autoritarismo, corrupción e infraestructuras, fue precisamente una pésima percepción por parte de la población del país respecto de todo aquello que pueda identificarse con ideología política e izquierdas


martes, 1 de mayo de 2018

¿Son útiles nuestros partidos políticos?

Por Decio Machado

Nos dicen que no hay democracia real sin partidos fuertes… Nos dicen que la política institucional es la política, que la participación ciudadana se ejecuta mediante el sufragio universal cada cuatro años y que para que ese mecanismo funcione se necesita de que el sistema de partidos esté vivo y tenga legitimidad social.

Sin embargo, basta mirar la realidad política nacional para ver que el deterioro de lo que fue el partido hegemónico en el país durante la última década no está siendo acumulado por ningún otro partido. La auto destrucción de Alianza PAIS no implica que haya crecido ni la simpatía ni la afiliación del resto de partidos políticos del Ecuador.

Esta crisis es igual para los partidos de izquierda que para los partidos de derecha. Si es que alguna vez lo fueron, hoy los partidos políticos ya no son los intermediarios entre la ciudadanía y el Estado… ya no son quienes buscan canalizar los intereses presentes en la sociedad para solicitar su atención por parte del Estado. Es más, en la realidad política ecuatoriana y debido a la incoherencia de sus líderes, difícilmente puede ya identificarse a los partidos con una ideología política o un programa determinado.

Aquellas viejas organizaciones políticas que generaban ideas, que tenían una militancia cohesionada, que emitían sus publicaciones formativas y de debate teórico, que construían espacios asamblearios y que incluso instruían a sus militantes mediante la realización permanente de actividades culturales ya no existen. Y si alguna queda, cabe decir que el nivel de reflexión política que en ellas se da es para echarse a llorar.

La distancia entre las dirigencias políticas del país y sus bases es abismal, lo que ha generado un efecto de profesionalización de la política. Dejamos de vivir en una sociedad con partidos para vivir en un Estado de partidos. Esto implica un modelo de partido desideologizado, colonizado por el mundo mercantil en el cual se limita a salir cada cuatro años a vender sus productos/políticos en una sociedad cada vez más consumista y donde los intereses colectivos van quedando en un segundo plano. Si antes existía la promesa del partido activista de masas que se pretendía como herramienta de transformación social, eso fue poco a poco desapareciendo y sus direcciones burocratizándose según fueron acercándose al poder.

En realidad los partidos políticos en el Ecuador de hoy no son otra cosa de meros instrumentos que nos ofrece el poder para que la ciudadanía pueda votar cada cuatro años, dándole legitimación al sistema y abriendo una ventana de fuga para el “cabreo” popular.

Es de esa manera que se vació en concepto de la política, motivo por el cual hemos podido ver como partidos políticos de la izquierda, sindicatos de trabajadores u organizaciones indígenas terminaron aliados con partidos conservadores o apoyando candidaturas que políticamente poco tendían que ver con sus postulados originales. Es así que nuestra democracia quedó sometida al extremismo centrista, tecnificándose la política, es decir, despolitizándola, en aras a un distanciamiento cada vez mayor respecto al ciudadano de a pie.

Pero hablando claro, el problema no es solo de los políticos que nos rodean ni del sistema de partidos, es la ciudadanía quien cada cuatro legitima socialmente este engendro. Somos parte de un modelo cultural que nos lleva a delegar la toma de decisiones en quienes dicen ser nuestros representantes.

Cuanto tiempo más va a durar esto es algo que no sabemos, pero claro está que Ecuador es un país que camina a pasos agigantados a una crisis de representatividad política pues cada vez son menos quienes creen en la legitimidad de los partidos y esbozan confianza en sus liderazgos.



viernes, 6 de abril de 2018

La frontera norte ecuatoriana al borde



El secuestro a 3 trabajadores de diario El Comercio, en la frontera norte de Ecuador, no es un hecho aislado. La zona fronteriza ha sido durante décadas un territorio en constante disputa y negociación entre gobiernos y grupos de narcoguerrilleros. Este reportaje de Decio Machado, con fotografías de Edu León y Aitor Sáez, analiza el contexto de un conflicto latente y brinda un panorama más amplio de lo que se cuece en la región.




Frente de Guerra Occidental, en Noanamá, a orillas del río San Juan, Chocó. Noviembre del 2017, durante el cese al fuego bilateral: Foto: Aitor Sáez.
Por Decio Machado*
Diversos estudios académicos indican que en el podium de industrias que más dinero mueven en el planeta están, en primer lugar, el mercado del comercio ilícito de drogas, en el que se maneja unos 300.000 millones de dólares al año; le sigue la banca con 115.000 millones de dólares anuales, esto sin contemplar el monto de activos almacenados en cámaras acorazadas por estas entidades; y en tercer sitial, la prostitución, que mueve anualmente hasta unos 108.000 millones de dólares, siendo esta ilegal en la mayoría de los países.
Entonces, hablar del comercio ilícito de drogas es hablar de una industria en auge y de la que más dinero mueve en el planeta. A su vez, Estados Unidos –principal mercado de consumo en el ranking mundial– es el principal receptor de dichas sustancias. Por poner tan solo un dato sobre la mesa, Estados Unidos registra un 25% del número de muertes globales fruto del consumo de drogas, indicador que durante 1999 era de casi 17.000 personas, y que en el 2015 superó los 52.000 decesos.


Buenaventura es un punto clave para el narcotráfico en Colombia. Por su puerto sale el 75 por ciento de la exportación del país. Grupos guerrilleros y paramilitares se han estado disputando esta zona en cuyas calles aparecen con frecuencia muertos. Foto: Edu León

En lo que tiene que ver en concreto con la cocaína, la producción, el tráfico y el consumo de este estupefaciente apunta a una expansión en el mercado mundial, especialmente en Europa y Estados Unidos. Consecuencia del incremento del cultivo del arbusto de coca en Colombia, los datos globales indican que tras un período de retroceso, la producción aumentó aproximadamente en un 30% durante el período comprendido entre 2013 y 2015. De igual manera, el volumen de fabricación mundial del clorhidrato de cocaína puro en ese mismo 2015 se incrementó en un 25% respecto de los datos del 2013.
Paralelamente, las redes de crimen organizado han ampliado el abanico de actividades ilícitas que forman parte de sus ejes de intervención. Cada vez menos grupos se dedican de manera exclusiva al narcotráfico, y más bien se incorporan a actividades como falsificación de mercancías, trata de personas, tráfico de migrantes y de armas. En todo caso, las drogas siguen siendo el eje más rentable de las actividades delictivas para los cárteles y bandas criminales que operan en el ámbito delictivo. Se estima que en 2014 la venta de narcóticos sumó aproximadamente un tercio de los ingresos de las redes delictivas transnacionales.
Evidentemente, el desarrollo tecnológico ha posibilitado que la distribución de drogas a escala mundial sea menos riesgosa para los grupos delictivos, permitiendo, aún de forma incipiente, que los clientes puedan pagar mediante monedas virtuales –bitcoin y otras–, recibir su compra de manera encubierta y comunicarse mediante redes cifradas.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en torno al 30% del monto global derivado del tráfico de cocaína ha sido objeto de blanqueo en países distintos a donde se produce la droga.
  • Si quieres revisar el documento completo del Informe Mundial sobre las drogas 2017, de Unodc, pincha AQUÍ. 
El flujo derivado del blanqueo impulsa la inversión y aumenta el producto interno bruto de los países afectados. Sin embargo, a la larga esos flujos de dinero generan burbujas especulativas sobre bienes raíces, distorsionan las cifras relacionadas con la producción nacional y suelen incrementar los niveles de corrupción.


Guerrileros del Bloque Central Magdalena Medio observan los noticieros en selva cercana a Segovia. Agosto, 2016. Foto: Aitor Sáez.

Respecto de los grupos armados no estatales, existen dos referencias de estudio: los grupos talibanes en Afganistán y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Colombia. La Unodc estima que los talibanes obtuvieron en 2016 entre 150 y 200 millones de dólares derivados del comercio de opio ilícito; mientras en el caso de las FARC, las cifras son más confusas. La Fiscalía colombiana habla de 25 millones de dólares mientras que el gobierno de Colombia y Estados Unidos manejan datos cercanos a los 1.000 millones de dólares derivados del tráfico de cocaína. En todo caso, para los grupos armados cuyo objeto es controlar grandes extensiones de territorio, la necesidad de recursos económicos es apremiante.
Las FARC se introdujeron en el negocio del narcotráfico a mediados de la década de 1980, cuando aplicaron un impuesto al gramaje, para después adentrarse en el cuidado de los cultivos y posteriormente tener los suyos propios y participar de la comercialización. En el 2016 aceptaron, como parte de los acuerdos de paz, interrumpir su participación en el negocio de las drogas.
La complejidad de la problemática de seguridad en el mundo globalizado actual se está volviendo cada vez mayor. Las amenazas no tradicionales requieren ahora de políticas consensuadas que obligan a los Estados a cooperar y comprometer recursos, tanto a escala nacional o regional como incluso a escala global. El orden internacional actual ya no responde a las lógicas que hemos vivido durante la segunda mitad del siglo XX. La desaparición del mundo bipolar propio de la Guerra Fría y las nuevas lógicas en la región, donde incluso el tradicional apoyo internacionalista a los grupos insurgentes latinoamericanos ha desaparecido, permitió situaciones antaño impensables, como que unidades guerrilleras inicialmente alineadas bajo parámetros ideológicos revolucionarios se volcaran a la producción y el comercio de drogas.


Entrada al campamento del Bloque Central Magdalena de las ex FARC . Foto: Aitor Sáez.

Es por todo lo anterior que no deja de ser sorprendente el abandono, en materia de seguridad, que han sufrido las fronteras ecuatorianas en los últimos años, la falta de equipamiento y dotación armamentística a las Fuerzas Armadas, la falta de presencia del Estado en sus periferias, así como la ignorancia respecto de los riesgos que corría un país situado geográficamente entre dos de los tres principales países distribuidores de cocaína del mundo, Colombia y Perú.
La conmoción social en Ecuador
Han sido muchos los informes que durante el proceso de negociación entre las FARC y el gobierno colombiano anunciaron lo que sucede hoy en la frontera norte. La posibilidad de que grupos, desgajados de unas FARC que han ido alejándose paulatinamente de sus principios fundacionales, pudieran incorporarse a la red de bandas criminales emergentes en Colombia era un hecho predecible y del cual el gobierno ecuatoriano tenía constancia.
En noviembre del 2016 se firmaron los acuerdos de paz de Bogotá, comenzando a partir de entonces un proceso en el que los guerrilleros de las FARC abandonaron sus campamentos y se concentraron en 26 zonas y puntos veredales. Desde ese momento, las autoridades –tanto colombianas como ecuatorianas– sabían que otros actores armados y grupos desgajados de las FARC intentarían ocupar los lugares que abandonaba la insurgencia. Así, grupos como Los Rastrojos, La Cordillera, Los Buitragueños, Los Botalones, Los Caqueteños, Los Costeños, Los Pachenca, el Clan Isaza o las Autodefensas Gaitanistas -conocidas como el Clan del Golfo por las autoridades del vecino país- pasaron a reposicionar su protagonismo en 27 de los 32 departamentos de Colombia. Así las cosas, era difícil que Ecuador no sufriera los impactos colaterales del postconflicto colombiano.
Fruto de lo anterior, la sociedad ecuatoriana entraría en conmoción tras el atentado del pasado 27 de enero en San Lorenzo, cuando el estallido de un carro bomba golpeó al país por primera vez en su historia. A partir de ahí, hemos asistido a una escalada de violencia: los tiroteos sobre uniformados el 17 de febrero en la comunidad fronteriza de El Pan, el secuestro del pasado 26 de marzo de un reportero, un fotógrafo y un conductor de diario El Comercio, en los alrededores de Mataje o la detonación de varios artefactos explosivos que incluso provocaron víctimas mortales. El ataque terrorista al cuartel naval de Borbón, el 16 de marzo; cuatro días después el estallido de un nuevo artefacto al paso de una unidad de vigilancia militar en la zona de Mataje y el 4 de abril la explosión de una bomba casera en la parroquia Viche, del cantón Quinindé. De seguir esta escalada de violencia, nadie puede asegurar que no ocurra un atentado más sofisticado en Quito.


Visita del presidente Juan Manuel Santos Ecuador para reuniones bilaterales con Rafael Correa. Foto: Cancilleria

Sería injusto asegurar que los ministerios de Interior y Defensa no hayan hecho nada durante el 2017 en frontera norte, pese a que el deterioro de los indicadores en materia de seguridad ciudadana –tanto en frontera como a escala nacional– son un hecho indiscutible desde que asumiera César Navas la cartera de Interior. En cuanto al Ministerio de Defensa, ente rector de la defensa nacional y vigilante de la soberanía e integridad territorial, las circunstancias políticas hicieron que fueran tres quienes ocuparan la titularidad de esta Cartera en 2017: Ricardo Patiño, Miguel Carvajal y el actual ministro, Patricio Zambrano. Patiño estuvo más dedicado a estructurar las bases políticas de un correísmo en decadencia que en mantener la integridad del territorio nacional, el segundo apenas ejerció de forma transitoria durante 100 días, hasta que llegó a mediados de septiembre Patricio Zambrano.
Pese a las condiciones señaladas, un Estado que en los presupuestos de 2018 tiene que pagar unos 12.000 millones de dólares por servicio de deuda –casi el equivalente al presupuesto para este ejercicio en materia de salud, educación y seguridad– y con dificultades para atender cada fin de mes su gasto corriente, realizó un esfuerzo de inversión de 110 millones de dólares buscando recuperar y sostener algunos medios de control en aguas y zonas terrestres de frontera. Sorprende gratamente que haya sido un ministro con ascendencia socialista y no castrense, como Zambrano, haya logrado recursos adicionales para las Fuerzas Armadas entendiendo la situación de amenaza y riesgo en frontera. Esto ha permitido reforzar el patrullaje terrestre, el número de horas de vuelo y las horas de vigilancia del espacio aéreo mediante radar en frontera.


La ausencia institucional se hace presente en la zona de frontera de Esmeraldas. En Limones, de donde se dice que es originario el ‘Guacho’, la presencia de fuerzas de orden públicas ha sido casi inexistente. Foto: Edu León.

El fin de cierto nivel de “pasividad cómplice” en frontera, con al menos algo más de presión sobre los nuevos focos delincuenciales, pese a la carencia de recursos, propició una campaña terrorista sobre el territorio y personas ecuatorianas con el fin de intentar presionar al Estado e intentar retornar a la anterior situación de confort.
Lo que hoy sucede tiene que ver también con el reposicionamiento de grupos que están vinculados a las redes criminales que dirigía Washington Prado Álava, alías Gerald, conocido como el ‘Pablo Escobar ecuatoriano’. Este jefe de la mafia ecuatoriana, tras ser detenido en Colombia en el 2017 en una operación donde participaron la inteligencia policial de tres países distintos –Colombia, Ecuador y la DEA (EEUU)–, intentaba desesperadamente evitar su extradición a Estados Unidos momentos antes del primer atentado en San Lorenzo. Gerald, un manabita de 35 años que prestó sus servicios a bandas como Los Rastrojos o La Comba, destacándose como lanchero arriesgado que colocaba importantes cargamentos de droga en las costas de Centroamérica y México, terminó articulando su propia red en Ecuador.
En paralelo, el mismo Walter Patricio Arízala Vernaza, alías Guacho, de origen ecuatoriano y líder del Grupo Armado Residual Oliver Sinisterra, uno de los grupos disidentes de las FARC y suministrador de drogas a la red de Gerald en Ecuador, estuvo a punto de ser detenido días antes del primer atentado en San Lorenzo. La banda de Guacho, unas 250 personas, se desvinculó de las FARC en 2016 y en la actualidad se dedica a cuidar el cultivo de campos de coca en Tumaco (suroccidente del Departamento colombiano de Nariño) y a hacer operaciones de tránsito comercial ilícito a Ecuador.


Las aguas del río que separa Ecuador de Colombia son punto de encuentro de los habitantes de Limones. También es el punto caliente donde el narcotráfico ha instalado laboratorios de procesamiento de droga y es ruta de salida hacia el golfo. Foto: Edu León.

El área ubicada entre los ríos Mira y Mataje es el área de acción de Guacho. Según la Fiscalía colombiana este grupo podría generar unas rentas semanales de 25 millones de dólares. El primer atentado en San Lorenzo podría ser una respuesta militar a su casi apresamiento en la Isla Palma Real, de San Lorenzo, donde cayeron en manos de la policía ecuatoriana algunos de sus guardaespaldas.
Los intereses extranjeros en el conflicto 
El conflicto actual en la frontera norte de Ecuador conlleva también entender cuál es la realidad de incidencia política del Ecuador en la región. Durante la última década, la sociedad ecuatoriana ha sido sometida a una estrategia propagandística gubernamental donde se nos ha dicho que Ecuador era uno de los grandes protagonistas de la integración regional latinoamericana, que éramos referente mundial en materia de políticas de seguridad integral y que nuestra política económica era ejemplo de desarrollo en el sistema mundo.


Los lugareños en las zonas de conflictos son los más perjudicados por los intereses politicos en la zona. Agricultores han sufrido durante años los falsos positivos del gobierno de Uribe, por ejemplo. Foto: Aitor Sáez.

Sin embargo, los hechos ocurridos desde el pasado enero hasta acá desnudan la falta de presencia del Estado en las zonas de frontera, los indicadores de pobreza existentes en la periferia del país, la carencia de recursos para el control soberano de nuestras fronteras y la incapacidad diplomática para forzar al gobierno colombiano a que posicione a sus fuerzas armadas en sus territorios fronterizos, donde operan estos grupos delincuenciales.
A partir de aquí, resurgen voces nacionales en materia de seguridad que hablan de la necesidad de reinstalar la base militar estadounidense en Manta –la cual fue desarticulada en 2009– y de reiniciar programas de cooperación militar con los Estados Unidos anteriormente desechados. Sorprende que incluso militares de corte nacionalista como el general Paco Moncayo, un militar en servicio pasivo que representó a los sectores de la izquierda, a la izquierda del gobierno en la última campaña presidencial, hayan expresado textualmente que “sacar la base de Manta y no tener con qué reemplazarla fue tonto e irresponsable”, ignorando que el Artículo 5 de nuestro texto constitucional deja claro que “se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.


Las huellas de una guerra de décadas se refleja en las huellas que han dejado los combates. Foto: Aitor Sáez.

Sería el propio embajador estadounidense en Ecuador, Tood Chapman –un personaje de amplia experiencia que se desempeñó con anterioridad como Subsecretario Adjunto de Asuntos Políticos y Militares en el Departamento de Estado y que ejerció cargos diplomáticos en países de la importancia geopolítica de Brasil y de la importancia estratégico militar de Afganistán– quien poniéndole una interesada sensatez al asunto expresaría que el interés estadounidense no es restablecer una base militar sino resucitar las viejas lógicas de adoctrinamiento en materia de seguridad interna y externa. En términos diplomáticos diríamos que a Estados Unidos le interesa restablecer la cooperación en materia de capacitación, inteligencia, intercambio de información y acceso a colegios militares a los oficiales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En definitiva, un argumento revival con un denso olor a podredumbre que proviene de la vieja Escuela de las Américas.
En ese contexto, el presidente Lenín Moreno se ha visto obligado a conformar un Consejo de Asesores de Seguridad cuya reunión inaugural tuvo lugar el pasado 3 de abril en el Palacio de Gobierno. En todo caso, llama la atención que los tres miembros de este nuevo equipo de crisis sean generales en servicio pasivo –dos de ellos exjefes del Comando Conjunto de las FFAA y el tercero de la Policía Nacional– con escasa experiencia en el combate de lo que la nueva terminología de seguridad llama amenazas híbridas, una combinación de amenazas convencionales y no convencionales que unen desafíos globales a otros internos y cuya identificación preventiva suele resultar muy complicada en el globalizado mundo actual.


Las huellas de una guerra de décadas se ve reflejada en las manos de un guerrillero de las ex FARC. Foto: Aitor Sáez.

Pero más allá de los intereses del llamado “imperio”, el cómo afecta la coyuntura política colombiana actual al conflicto en frontera norte es algo sobre lo que, al menos públicamente, se ha reflexionado muy poco.
Entonces, ¿Colombia qué?
En Colombia se celebrarán elecciones presidenciales el próximo 27 de mayo. El candidato favorito, según las últimas encuestas, es el pupilo uribista Iván Duque. Pese a que Duque apenas goza de experiencia política (tan solo ha ejercido en un cargo público como senador desde 2014 a diciembre del 2017), su partido Centro Democrático ha estado envuelto en varios escándalos por publicar noticias falsas sobre el proceso de paz en Colombia y él mismo se ha manifestado en múltiples ocasiones en contra de dichos acuerdos de paz.
Entre sus principales rivales, quienes intentan forzar una segunda vuelta y ser los candidatos alternativos en un posible balotaje, se destaca la figura de Germán Vargas Lleras. A diferencia de Duque, Vargas Lleras es un perro viejo del establishment político colombiano. Fue presidente del Senado de la República, jefe del partido Cambio Radical, candidato presidencial en 2010, ministro del Interior y de Justicia y de igual manera ministro también de Vivienda, Ciudad y Territorio. Su propuesta electoral en el fondo no es muy distinta a la del uribismo, pero es el candidato del actual presidente Juan Manuel Santos y obtendría réditos políticos –pese a los factores de riesgo que esto entrañaría para la vida de los secuestrados– en el caso hipotético de que hubiera una intervención militar cercana a las fechas electorales –suponiendo que estos estén en Colombia– que permitiera la liberación de los secuestrados ecuatorianos.


Guerrilleros del Frente de Guerra Occidental del ELN, en Noanamá, a orillas del río San Juan, Chocó. Noviembre del 2017, durante el cese al fuego bilateral. Foto: Aitor Sáez.

Pero, más allá de cómo se resuelva la coyuntura actual en frontera norte, hay elementos que requieren una reflexión global en este momento: en primer lugar, no es una nueva dependencia de la cooperación estadounidense el factor que propiciará una mejor actuación en el ámbito del combate a grupos delincuenciales, sino que los países de la región sean capaces de aunar esfuerzos de inteligencia en materia de seguridad interna y externa. En segundo lugar, hay que entender que a un país como Ecuador no le es posible presionar de manera efectiva a Colombia por su falta de cumplimiento en materia de acuerdos bilaterales en lo que tiene que ver con seguridad en frontera. Es necesario, pese a la complejidad de la nueva realidad política regional, rearticular el proceso de integración sudamericana con la finalidad de que su Consejo de Defensa vuelva a tener la misma capacidad de presión que tuvo en la crisis del 2009, cuando Colombia pretendió entregar siete de sus bases para uso estadounidense.


Compañeros periodistas pidiendo la liberación de Paúl, Efrain y Javier. Foto: #nosfaltan3

Por último, parece descabellado pedirle al gobierno ecuatoriano que garantice la vida de los periodistas secuestrados, dado que no es el actor que los tiene secuestrados. Pero, más allá de todo cuanto se diga, #NosFaltan3 y los queremos cuanto antes de vuelta.

Fuentes consultadas: 
Fiscalía de Colombia
Informe de UNODOC 
Defensoría de Pueblo de Colombia
Fundación Arco Iris

*Analista político