lunes, 11 de junio de 2018

La política sin ideología

Por Decio Machado
Publicado en Revista Digital Plan V

Las ciencias sociales sitúan el origen del término «ideología» en la obra Mémoire sur la faculté de penser, publicada en 1796 y donde Destutt de Tracy, un aristócrata y filósofo francés de la Ilustración, desarrolló por primera vez este concepto. De Tracy afirmaría: “de la misma manera que Kepler, por medio de sus leyes del movimiento de los planetas, había mostrado cómo las varias partes del sistema solar están relacionadas, así Condillac [filósofo y economista francés de la segunda Ilustración] había descubierto la verdadera conexión de las ideas”.

Cinco décadas después Karl Marx en sus obras Crítica a la filosofía del derecho de Hegel y La ideología alemana, textos escritos en su juventud dialéctica hegeliana previa a sus elaboraciones desde el materialismo dialéctico e histórico, abordaría el tema de la «ideología» desde su contraposición a la praxis vital. Para aquel Marx que aún no había dado el paso al “socialismo consciente”, primero se encontraba la vida, la experiencia vital y la praxis, para luego aparecer el reflejo de la imaginación de los hombres y su representación simbólica. Así las cosas, la praxis precedía a nuestra capacidad de reflexión y por lo tanto la actividad revolucionaria debía consistir en recuperar la conciencia e invertir la imagen mediante la crítica.

Desde ahí, litros y litros de tinta correrían en torno al respecto. Ya en la segunda mitad del siglo pasado sería el psicoanalista estadounidense Erik Eriksson -destacado por sus contribuciones en psicología del desarrollo- quien nos demostraría que un sistema ideológico no es más que un cuerpo coherente de imágenes, ideas e ideales compartidos que suministra a los participantes una orientación coherente en cuanto al espacio y tiempo, medios y fines. En resumen, hablamos de una personalidad social que funciona de forma integradora y que se legitima desde su identidad colectiva.

Un par de décadas después llegaría Raymond Williams. Este intelectual marxista galés perteneciente a lo que fue el muy interesante Círculo de Birmingham nos ofrecería en su obra Marxismo y literatura tres tipos de acepciones respecto al concepto «ideología»: a) un sistema de creencias característico de un grupo o clase particular; b) un sistema de creencias ilusorias que puede ser contrastado con el conocimiento verdadero o conocimiento científico, y; c) el proceso general de la producción de significados e ideas.

Como semejante tutti frutti de ideas no podía desembocar más que en una cada vez mayor confusión, otro notable del pensamiento crítico como es el británico Terry Eagleton -discípulo de Raymond Williams- escribiría en su obra Ideology An Introduction (1991): “Desde su formulación, en 1796 por los filósofos psicologistas franceses, nadie ha dado una definición unívoca de ideología (…), y no porque quienes se dedican a ello sean estúpidos o carezcan de inteligencia, sino porque el término ideología está asociado a una serie de significados convenientes y no todos son compatibles entre sí, por lo cual intentar comprimirlos dentro de una solo definición sería inútil además de imposible.”

En todo caso y más allá de las diferentes vertientes desde la cual fuera abordada la cuestión ideológica, es un hecho que la mayor parte de quienes se han interesado por este tema coinciden en señalar que el principal problema a la hora de definir esto de la «ideología» radica en que no se puede formular una definición no apreciativa del término dado que todos estamos cargados ideológicamente.

Sin embargo y más allá de su complejidad conceptual, es un hecho que las ideologías juegan un rol esencial en la política. Sin ellas, difícilmente sería entendible por donde se dirigen los bloques de ideas a la hora de resolver los problemas de cada época y construir un sistema coherente de intervención en lo público con base en sus fines.

Llegados acá, cabe indicar que si de algo está libre el Ecuador de hoy es precisamente del debate práctico sobre la teoría política, la historia de las ideas y la evolución del pensamiento ideológico aplicado. Entender el porqué la política ecuatoriana actual carece del más mínimo tinte que tenga relación con el mundo de las utopías -término acuñado por Tomás Moro para describir una sociedad ideal- posiblemente tenga que ver con el fracaso de la reciente década correista (algo en lo que la mayoría de los ciudadanos en algún momento creyó), con la profesionalización de la política y por una visión de intervención en lo público que tiene su enfoque en alcanzar o ampliar poder.

Las consecuencias no pueden ser más nefastas para la democracia y la institucionalidad política nacional. Su baremo de mediocridad nos lo dan las empresas demoscópicas, quienes posicionan encuesta tras encuesta que los partidos políticos nacionales carecen de credibilidad social y que si el voto no fuera obligatorio los índices de ausentismo electoral alcanzarían cifras cercanas al 60% del electorado.

Respecto a lo electoral basta analizar el reciente fracaso de los dos principales partidos políticos del país sin el triunfo de nadie más. En febrero del 2017, primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales y momento en el que el voto se identifica más con líderes y partidos, Alianza PAIS perdió más de un 1.2 millones de votantes y CREO de Guillermo Lasso, pese a ese deterioro, apenas consiguieron sumar 700 mil más respecto a sus resultados del 2013. En ambos casos y para sonrojo de sus dirigencias debe contemplarse la existencia de un censo electoral de 1.15 millones más de electores.

Hacer un sobrevuelo de la actual política nacional resulta desalentador. Por un lado, vemos un gobierno al que políticamente se le agradecen determinadas acciones claves en el ámbito de la libertad y los derechos, pero al que nadie entiende -la política cuántica tiene que ser algo más complejo que entregar el frente económico y productivo al capital privado/conservador y la política social al residual progresismo verdeflex- y sobre el que cada vez mayor número de ciudadanos tienen dudas respecto a su ejecutividad. Y por otro, ante una oposición conservadora escasamente brillante lo único interesante es ver la estrategia del “mate pastor” (jugada de ajedrez donde dama y alfil cooperan para atacar desde el primer momento el punto f7 del rival, es decir, la posición más débil alrededor del rey) aplicada desde el ámbito socialcristiano respecto a un gobierno al que circunstancialmente en este momento apoyan. En medio de este desierto da cierta congoja también visualizar a los últimos sobrevivientes de lo que fuera hasta hace muy poco la gran tribu correista, quienes buscan reagrupar a lo que le queda de tropa mientras su “gran timonel” les alienta a 9.500 kilómetros de distancia.

Lo más grave de este erial es que la clase política nacional demuestra estar poco dispuesta, y lo que es peor, posiblemente aún menos capacitada para detectar las causas de su cada vez mayor desprestigio. Aunque en su descargo cabe indicar que vivimos inmersos en una combinación de factores que han impulsado el desprestigio de la «ideología» y la política en general: el predominio de una economía de mercado respecto a la cual la izquierda política tan solo se plantea, de forma muy pueril por cierto, disputarle al mundo del capital la eficiencia en su gestión; un pragmatismo desenfrenado mediante el cual cualquier práctica política es válida para el establishment político nacional siempre y cuando tenga como finalidad alcanzar el objetivo trazado (véase al cuencano Paúl Carrasco, máximo exponente de la “política por interés”, quien tras sucesivos romances con Nebot y Lasso terminó avalando la política gubernamental y obteniendo el reconocimiento como partido político nacional tras romper su asambleísta el bloque legislativo de CREO); y, una fijación neurótica por subsistir como sea en la política por parte de la mayoría de quienes optan en algún momento de sus vidas por participar en ella, lo que les desconecta de forma automática de a quienes dicen representar y con respecto a lo que dicen identificarse.

En todo caso y más allá de miserias humanas, es evidente que la «ideología» tiene una vertiente de dualidad: al mismo tiempo que representa un conjunto de ideas individuales y/o colectivas básicas que bien intencionadas buscan tener cierta coherencia entre sí en aras a un bien común, también suponen el sueño en un mundo ideal imaginario que a la postre implica cierta evasión de la realidad. 


Respecto a quienes desde el empirismo político o la poco agraciada real politik justifican esta inexistencia de «ideología» en la política actual, a esos que consideran que esta falta de valor es positiva porque entienden que el posicionamiento político con anclaje en la historia de las ideas es algo anacrónico, convendría recordar que cuando un político deja los principios -ya sean éticos o de coherencia con sus ideas- ya no le queda más para enamorar a los ciudadanos que los recursos derivados del marketing político, es decir, de la virtualidad. 

viernes, 1 de junio de 2018

Colombia ante el balotaje

Izquierda y derecha enfrentadas

Por Decio Machado


El pasado 27 de mayo la sociedad colombiana decidió en las urnas la celebración de una segunda vuelta para determinar quién será su próximo presidente. La cita será el 17 de junio y enfrentará al delfín del uribismo, Iván Duque, del partido Centro Democrático, que llegó a la segunda vuelta con 39,14 por ciento de los votos (7.569.693), con Gustavo Petro, de la coalición Colombia Humana, representante del progresismo, con 25,08 por ciento de los votos (4.851.254). La conquista de este segundo puesto fue muy ajustada, y dejó al centrista Sergio Fajardo –de Coalición Colombia– con una diferencia de 261.558 votos menos respecto de los obtenidos por Petro.
Pero la principal sorpresa del pasado domingo fue que 53,38 por ciento de los casi 36,8 millones de electores que componen el censo electoral colombiano ejercieran su derecho al voto; aproximadamente un millón de votantes más de los esperados en un país donde la abstención ha fluctuado históricamente entre el 50 y el 60 por ciento.
Para poder ganar en la segunda vuelta, Duque y Petro tendrán que hacer alianzas electorales con otras fuerzas políticas que corrieron en la primera. Por el lado conservador la cosa está clara: Iván Duque contará con el apoyo de Germán Vargas Lleras –ex vicepresidente del actual gobierno de Juan Manuel Santos–, quien el pasado domingo obtuvo 1,4 millones de votos. Esto posicionaría al candidato uribista con algo más del 46 por ciento del voto expresado en la primera vuelta.
En el ámbito progresista las alianzas electorales y la transferencia de votos serán cosas más complejas. La misma noche del 27 de mayo, ya sabiéndose candidato en el balotaje, Gustavo Petro llamó a una unidad democrática frente al riesgo de que el país vuelva a estar bajo el control de Álvaro Uribe a través de un presidente títere. La coalición pretendida por el petrismo implicaría a Sergio Fajardo y a Humberto de la Calle (quien fuera jefe de la mesa negociadora gubernamental durante el proceso de paz con las Farc y que se presentó electoralmente en representación del Partido Liberal). Sumando linealmente el respaldo de estas candidaturas, Petro podría alcanzar el  51 por ciento del voto movilizado en la primera vuelta.
En este sentido se están manifestando diferentes voces de la política colombiana, entre las que se destacan múltiples legisladores del Partido Liberal, el ex alcalde de Bogotá por la Alianza Verde (Antanas Mockus, principal apoyo a Sergio Fajardo en la primera vuelta) y el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, organización política que ya ha decidido oficialmente su respaldo a Gustavo Petro en la segunda vuelta. Sin embargo, ha sido la candidatura de Sergio Fajardo la que ha movilizado a esa parte del electorado de tradición abstencionista que salió a votar el pasado domingo, target poblacional sobre el que existen serias dudas de que vuelva a movilizarse por un candidato como Petro.
En paralelo, mientras Gustavo Petro negocia sus próximas alianzas electorales, hipotecando con ello parte de sus compromisos electorales de la primera vuelta (ahora se descarta la posibilidad de una asamblea constituyente en el país o la expropiación de grandes latifundios para que sean entregados a los pequeños y medianos productores agrarios), el gobierno de Juan Manuel Santos ratificará en estos días su asociación con la Otan, uno de los organismos militares más grandes del mundo.
En Colombia muchas voces ya hablan de la necesidad de reducir los gastos militares y el número de integrantes de sus fuerzas armadas, estando ya en una etapa de posconflicto. Pero la ratificación de Colombia como “socio global” de la Otan materializará el anhelo de un gobierno que quiere ser reconocido por Estados Unidos como aliado estratégico antes de lo que pueda suceder el próximo 17 de junio.
Cabe indicar que los “socios globales” –estatus orgánico que no es similar a la condición de miembro de la Otan– pueden contribuir a las operaciones y misiones de esta alianza militar en diferentes partes del mundo, así como aportar su territorio –caso de Afganistán o Irak– para la realización de maniobras, lo que implicaría una clara desestabilización política en la región.
 Fuente: https://brecha.com.uy/colombia-ante-balotaje/

martes, 29 de mayo de 2018

Palabras más, palabras menos


El primer año en el poder de Lenín Moreno es un devaneo entre el discurso y los hechos. Se ha dicho mucho durante estos primeros 12 meses y la mayor parte de la gestión gubernamental ha estado anclada a un cambio en el estilo, a una obsesión por desprenderse del estigma del gobierno precedente, aun cuando los hechos concretos no son del todo visibles. Decio Machado, junto al equipo de La Barra Espaciadora, presentan este análisis del primer cuarto del período de gobierno

Por Decio Machado
Investigación y multimedia: La Barra Espaciadora*
Valorar el primer año de gestión de Lenín Moreno debe comenzar por recordar la coyuntura política en la que este asumió la Presidencia de la República del Ecuador: Moreno necesitó dos vueltas para ganar las elecciones de 2017 –algo que para Alianza PAIS tan solo había ocurrido en las primeras elecciones presidenciales en las que se presentó Rafael Correa, en 2006–; además, el desgaste del que fuera partido hegemónico durante una década era evidente, tanto que perdió más de 1,2 millones de votos respecto de los resultados obtenidos en 2013, pero con un censo electoral de 1,15 millones de electores más para las últimas presidenciales.

Palabras más

Tras una débil victoria en segunda vuelta –con apenas 228 000 votos de diferencia sobre su contendiente, Guillermo Lasso– y una conflictiva investidura empañada por acusaciones de fraude electoral que la oposición nunca llegó a demostrar, el nuevo gobierno procedió con una estrategia inicial: diferenciarse de su predecesor. Dos ejes neurálgicos definieron la estrategia:
  1. Romper con las lógicas de polarización social y conflicto que el correísmo había aplicado contra sus opositores de forma sistemática durante toda la pasada década.
  2. Cuestionar el estado de situación económica en el que el régimen anterior dejó al país.
El primer eje permitió la articulación de un nuevo discurso de reconciliación nacional y consensos políticos, lo que fue ampliamente avalado por la población, permitiéndole a Moreno –mediante 444 mesas de diálogo– superar la desacreditación política articulada desde la oposición.
Su segundo eje estratégico cuestionó las políticas de endeudamiento y derroche del gasto público que caracterizaron los últimos años de gestión correísta, permitió estructurar una nueva narrativa –dentro de un gobierno que se advertía de continuidad– y con ella las bases para el cambio del modelo de gestión económica que ya no era sostenible con un Estado carente de liquidez.
A estos dos primeros ejes estratégicos de diferenciación le seguiría un tercero, fundamental para posicionarse como un gobierno democrático: permitir una actuación independiente de la Justicia. En un país donde los casos de corrupción afloran por doquier, esto significó la apertura de múltiples investigaciones judiciales que perfilaron al gobierno de Moreno como una administración que frenteaba la corrupción institucional generalizada. Lo anterior llevó al vicepresidente Jorge Glas –pieza estratégicamente colocada en la jerarquía institucional del Estado para solapar los excesos y acciones ilícitas del correísmo– a prisión, por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.
Sin embargo, pese a que Moreno puso en marcha el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, las recomendaciones de este organismo nunca se tradujeron en una estrategia clara, con plazos e instituciones responsables. Más allá del discurso político –renta de la cual el actual gobierno ha vivido durante este primer año–, no hay acciones identificables ni resultados que prueben que se esté combatiendo a la corrupción.
En la siguiente infografía destacamos algunos de los momentos clave de la gestión de Moreno durante este primer tramo de su período:
Post-caudillismo, pero…
Volviendo a la ruptura política entre el viejo y el nuevo régimen, el siguiente paso estratégico fue anular cualquier posibilidad de que Rafael Correa pudiera candidatizarse en 2021. El objetivo no era complejo, pues la acción independiente de la Justicia y la actuación con libertad de organismos autónomos al poder Ejecutivo pronto desembocarían en las investigaciones hoy en curso. Lo anterior, sumado a que la consulta popular volvió a invalidar la reelección indefinida, posiblemente derive en que el expresidente Correa no vuelva a pisar el territorio nacional.
El proceso de democratización derivado del momento post-caudillista que vive Ecuador es, desde el punto de vista político, la característica principal del primer año de gobierno de Lenín Moreno. Se trata del corte de su cordón umbilical respecto del régimen anterior.
Pese a las presiones de diferentes poderes fácticos –especialmente los afincados en ciertos sectores de la prensa y en algunos sectores empresariales– que planteaban la salida inmediata de todos los ministros que de una forma u otra tuvieran que ver con el antiguo régimen, Lenín Moreno y su equipo actuaron de forma inteligente al implementar acciones que, en apenas un año, les ha permitido anular políticamente cualquier posibilidad de maniobra de lo que hasta hace muy poco era el indiscutible máximo poder en el país.
La consulta popular del 4 de febrero del presente año, la primera derrota directa en las urnas de Rafael Correa y sus seguidores, permitió la apertura del actual proceso de ‘descorreización’ que se ejecuta desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, posiblemente la institución con mayor legitimidad social en el país en este momento. Su objetivo es claro: en tres meses más no quedará nada del omnipotente poder correísta en ninguna institución pública, y varios de los prohombres de la etapa correísta se verán abocados a enfrentar procesos judiciales por corrupción.
En resumen, resulta positivo ver cómo un gobierno de transición como el de Lenín Moreno ha sido capaz, en tan solo un año, de anular diez años de hegemonía política autoritaria pero manteniendo la paz y altos niveles de concordia.

Palabras menos

Sin embargo, más allá del eje general que ha marcado la política de Lenín Moreno durante este primer año de gestión, si entramos en detalle sobre las áreas de intervención del Ejecutivo, la valoración anterior baja puntos notablemente.
Educación
Haciendo un recorrido rápido sobre el sector de la Educación, podemos ver cómo el número de matrículas en educación inicial durante el período en curso ha menguado en relación con el año anterior (40 mil menos). Ha disminuido también la cobertura de servicios de desarrollo infantil para los Centros de Desarrollo Infantil, Centros Infantiles del Buen Vivir o las unidades de atención Creciendo con Nuestros Hijos. Parte de esto es consecuencia de que la política pública que asegura el desarrollo infantil integral está en proceso de reformulación. Queda pendiente asegurar una adecuada transición desde la etapa de desarrollo infantil hacia la educación inicial.
Respecto de la educación superior, el pasado 15 de mayo la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, la cual incorpora una interesante propuesta de la Senescyt basada en la creación de un subsistema de educación técnica que busca que los estudiantes de estos institutos (40 institutos para la formación superior técnica y tecnológica es el compromiso electoral de Lenín Moreno, de las cuales hasta ahora tan solo se han puesto en marcha cuatro) obtengan títulos equivalentes a educación universitaria con acceso a programas de posgrado.
Hay avances en el proceso de diálogo con el sector empresarial para identificar necesidades de oferta académica. Esto flexibiliza las fracasadas políticas anteriores en las que era el Estado quien determinaba los ámbitos de estudio e investigación de los estudiantes con base en los planes de desarrollo estipulados desde la tecno-burocracia planificadora de Senplades. Es positivo que los cupos universitarios bloqueados durante el régimen anterior se hayan convertido en 150 mil matrículas. Sin embargo, estamos en el punto de partida de una hoja de ruta, así que queda por ver cuán eficiente será su implementación.
Salud
En el sector Salud, el compromiso electoral más importante del presidente Moreno consistió en plantear una política que universalice la atención sanitaria y mejore su calidad. La prioridad hasta el momento ha sido el programa Médico del Barrio, con el que se proyecta atender al 100% de pacientes vulnerables. En positivo, durante este primer año se ha dado cobertura a más del 50% de los cantones del país y se han atendido a cerca de 200 000 personas. Se han intervenido diversos centros de salud que habían quedado descuidados y con infraestructura maltrecha.
Sin embargo, la calidad de los medicamentos sigue siendo un tema que preocupa tanto a pacientes como a profesionales en el país y la atención en los centros de salud y hospitales sigue siendo deficitaria. Faltan camas, especialistas, las listas de espera siguen siendo largas para determinados tratamientos. Estos problemas han sido abordados en la Asamblea Nacional, durante los debates en torno al Código Orgánico de la Salud, pero por diferentes factores de presión, este aún no es aprobado.
Empleo y vivienda
En materia de empleo se abrió un espacio de diálogo con el sector privado para buscar incrementar la productividad y la competitividad. El Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial situó a Ecuador en el puesto número 97 de entre 137 economías en 2017 –quedando muy atrás del puesto 71 logrado en 2014– y siendo la única economía de América Latina que ha empeorado de manera consecutiva durante tres años. Existe el compromiso electoral de priorizar eficientemente el gasto y mantener la inversión pública para la transformación productiva –objetivo fracasado durante los diez años de mandato correísta, pese a que ese fuera uno de sus ejes discursivos–, así como generar la creación de 250.000 plazas de empleo anuales durante estos cuatro años de gestión.
Pero el cumplimiento de ambos objetivos es dudoso. En la práctica, y siguiendo las cifras oficiales, resulta difícil creer que en la situación económica que se encuentra el país se pueda mantener los anteriores niveles de inversión, mientras que desde junio de 2017 hasta marzo del 2018 tan solo se han generado poco más de 89 000 nuevos empleos adecuados (el 35,68% de la meta programada).
Pese a que el programa Casa para Todos –que pretende construir en todo el territorio nacional 325.000 nuevas viviendas durante los cuatro años de gestión morenista– tiene como objetivo también la generación de empleo, su nivel de cumplimiento al terminar este primer año es deficitario. Tan solo 20 000 viviendas se han levantado. No obstante cabe destacar que el concepto arquitectónico de estos complejos habitacionales es sustancialmente mejor que el de los guetos para pobres construidos durante la gestión anterior.
Créditos y emprendimientos
En materia de emprendimientos existe un compromiso dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 mediante el cual el Ejecutivo ha puesto en marcha el Banco del Pueblo, destinando 90 millones de dólares para 24 mil jóvenes emprendedores. Sin embargo, ni existe un criterio de priorización bien definido para la entrega de estos créditos ni se han emprendido aún acciones que permitan reducir los trámites y costos necesarios para abrir una nueva empresa (este aspecto será tratado en la Asamblea Nacional en su segundo debate). En la práctica se evidencia una débil articulación entre las distintas instituciones encargadas del fomento al emprendimiento a escala nacional.
Economía
Tres cambios de titular en el área económica ha realizado Lenín Moreno durante este primer año de mandato. Empezó con Carlos de la Torre, un economista de perfil monetarista, docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, continuó con María Elsa Viteri, una exfuncionaria de Correa que había estado alejada del sector económico durante los últimos años y cuyo nombramiento nunca nadie entendió; y para terminar nombró a Richard Martínez como responsable del área, a pocos días de cumplir el primer año de gobierno.
Martínez es un joven economista con una trayectoria profesional altamente vinculada con el sector empresarial. Más allá de ideologías, y reconociendo que la política económica ecuatoriana necesita de un cambio, el vuelco propiciado por Moreno con su último nombramiento supone un giro de 180 grados respecto de su compromiso electoral de 2017, cuando ofrecía profundizar la presencia del Estado en la economía nacional.
La actual apuesta del mandatario ecuatoriano deriva de que el país ya no puede ignorar que con un Estado descapitalizado que aplica entre 10 y 12 mil millones de dólares al año al pago de deuda –prácticamente la suma de los presupuestos de educación, salud y seguridad–, ha pasado a ser una urgente necesidad el impulsar la inversión privada. Es por ello que se ha entregado en su totalidad al sector empresarial el frente económico, buscando que sea este el actor que propicie el movimiento de capitales, la inversión y la generación de empleo.
Entender esta realidad pasa por entender que nunca hubo una hoja de ruta clara en materia económica en el programa electoral para las elecciones del 2017 de Alianza PAIS, el cual se componía de propuestas inconclusas, poca sustancia y facilones eslóganes electorales sin cuantificación presupuestaria.
Pese a que la economía y sus derivados son desde hace tiempo la principal preocupación de la sociedad ecuatoriana, ha tenido que pasar un año –el 25 por ciento del período– para que el presidente Moreno defina claramente su sendero.
Nos guste o no, le toca a Lenín Moreno ensamblar su discurso social (derechos para todos durante toda una vida, economía al servicio de la sociedad, etcétera) con las dinámicas propias de un sector empresarial que, habiendo ocupado el espacio más importante en el eje de acción de las políticas públicas, marcará una agenda que históricamente no ha tenido precisamente un visión colectiva ni un proyecto de país.

jueves, 24 de mayo de 2018

Un Petro antipetróleo



Elecciones presidenciales en Colombia
Por Decio Machado
Publicado en Revista La Brecha / www.brecha.com.uy

Este domingo los colombianos elegirán a su próximo presidente, divididos entre el miedo a la izquierda, por un lado, y por el otro con el temor de que Álvaro Uribe vuelva a dirigir el país a través de un presidente títere. El escrutinio de los votos se efectuará con un software que se ha mostrado corruptible y ya ha sido corrompido. Es la primera vez en la historia del país que un candidato de sensibilidad progresista podría llegar a la presidencia, se llama Gustavo Petro y propone sacar a Colombia del modelo extractivista.
Seis son los candidatos que aparecerán en la papeleta de votación, si bien la pugna por llegar a la segunda vuelta –algo que parece casi seguro, pues ningún de los presidenciables tiene una intención de voto superior al 50 por ciento– involucra sólo a cuatro nombres: Iván Duque, candidato promocionado por el ex presidente Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático; el ex senador y ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, en nombre del movimiento ciudadano Colombia Humana; el ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, quien se presenta como líder de la Coalición Colombia, conformada principalmente por el Polo Democrático y el Partido Verde; y el ex vicepresidente del actual gobierno Germán Vargas Lleras, quien con una coalición denominada Mejor con Vargas Llegas es el candidato del establishment y de una parte importante de la oligarquía.

La legislación colombiana no permite que se hagan públicas las encuestas durante la última semana de campaña, motivo por el cual los últimos sondeos de opinión accesibles son los del pasado 20 de mayo. En ellos el joven abogado Iván Duque –patrocinado por Álvaro Uribe–, pese a no tener más trayectoria política que su participación en el Senado durante los últimos tres años y medio, aparece en la cima de todas las encuestas con una intención de voto que oscila entre el 41 y el 34 por ciento, dependiendo de la encuestadora. Tras él, todas las empresas demoscópicas coinciden en situar al economista Gustavo Petro, quien contaría con una intención de voto de entre 27 y 21 por ciento. Les siguen, con posibilidades aún, Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras, con un respaldo de entre 17 y 9 por ciento.
UN PROGRE ENTRA EN ESCENA. Cabe destacar que desde que en 1811 se creara el primer Estado republicano denominado Provincias Unidas –y posteriormente Simón Bolívar conformara la Gran Colombia– es la primera vez en la historia de este país que un candidato de sensibilidad progresista puede llegar a ocupar la poltrona presidencial. Pero esto dependerá del grado de abstencionismo entre los jóvenes –grupo en el que Gustavo Petro tiene una llegada superior a la de sus rivales–, que es mayor que entre la población adulta y por lo general más conservadora. Y la maquinaria electoral de sus rivales (aparatos partidistas, de finanzas, e incluso de las instituciones públicas controladas por aliados del candidato) ya se ha puesto a trabajar. Prueba de ello es que los mitines de campaña de Germán Vargas Lleras –a los que antes no iba nadie– son, tras los de Petro, los que tienen mayor número de asistentes en este momento.

Según las últimas encuestas, entre los electores que irían a votar (la mitad del padrón electoral) todavía hay un 20 por ciento de indecisos. En Colombia es habitual que entre el 10 y el 13 por ciento de estos indecisos se decidan por uno de los candidatos en los últimos días previos a la elección (el resto de ellos entregarán un voto en blanco o nulo), lo que puede cambiar radicalmente el escenario electoral dependiendo hacia dónde y en qué proporción se inclinen. Merece destacarse que entre el 35 y el 50 por ciento de los recursos de campaña de los candidatos se gastan en las últimas dos semanas. Además las encuestas no pueden medir el efecto de las redes clientelares que se activan en los últimos días del proceso, lo que hace que las actuales encuestas puedan cambiar significativamente e inclinarse por el candidato oficialista, Vargas Lleras.

Pese a que la capacidad de transferencia de votos de los líderes políticos, legisladores y partidos a un candidato presidencial en Colombia no supera en el mejor de los casos el 60 por ciento, siendo su promedio real apenas la mitad, el apoyo de los grandes aparatos no deja de ser fundamental. La candidatura de Vargas Lleras está siendo respaldada por aproximadamente un 42 por ciento de las estructuras políticas activas en el país; mientras que Iván Duque tiene un apoyo del 30 por ciento de esos aparatos. Los candidatos que juegan fuera del establishment, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, gozan del apoyo de tan sólo el 7 y 5 por ciento, respectivamente, de estas maquinarias.

TRES TEMORES. Sin embargo la lectura no puede hacerse de forma lineal. Valga como ejemplo indicar que sólo el 65 por ciento del santista Partido de la U apoya a Vargas Lleras, habiéndose alineado el resto con su opositor, también conservador, Iván Duque. De igual manera, y para profundizar la confusión, cabe reseñar que el apoyo a Petro supera estructuras orgánicas partidistas, transversalizando parte de las bases del Polo Democrático, de la Alianza Verde e incluso de sectores liberales y hasta conservadores que el próximo domingo al votar romperán con la disciplina partidaria (resta ver en qué medida).

Definir la principal característica de esta campaña electoral pasa por señalar la existencia generalizada de “grandes miedos” en la sociedad colombiana. Son principalmente tres. Uno ampliamente extendido a que Colombia se convierta en otra Venezuela, un discurso implementado estratégicamente desde el uribismo, que pese a ser falso le ha dado muy buenos resultados. Y dos miedos enfrentados, de peso similar: el temor a que Gustavo Petro llegue a ser presidente, por un lado, y en la trinchera opuesta el miedo a que Álvaro Uribe vuelva a gestionar el poder en el país a través de un presidente títere. El único candidato en Colombia que tiene positivos por encima de negativos es Sergio Fajardo, quien a lo largo de la campaña se ha demostrado incapaz de rentabilizarlo políticamente.

La candidatura de Gustavo Petro ha ilusionado a una parte importante del electorado, un verdadero mérito si se toma en cuenta que la candidatura de Colombia Humana carece de los recursos económicos mínimos necesarios para afrontar una campaña presidencial en un país con un PBI anual de casi 300.000 millones de dólares. Pese a ello, Petro ha repolitizado a determinados segmentos de la sociedad, construyendo una narrativa entrañable pese a su pragmatismo.

UN DUQUE DURO. No menos sorprendente es el caso del conservador Iván Duque. Este abogado de apenas 41 años fue inicialmente catapultado a la política por el actual presidente, Juan Manuel Santos, siendo reclutado posteriormente por un Álvaro Uribe ya enemistado con el primero. “Me impresionó su talante, su liderazgo, su claridad”, diría Duque respecto de Uribe, justificando su reposicionamiento político hace pocos años atrás. Iván Duque fue asesor de Álvaro Uribe en las Naciones Unidas, e impulsado por él llegó al puesto de senador. Tuvo a Uribe como profesor asistente en la Universidad de Georgetown, donde también fungieron en esa función otras figuras tan “entrañables” como el venezolano Gabriel Cisneros, el español José María Aznar y el ecuatoriano Guillermo Lasso, entre otros miembros de la crème conservadora de habla hispana.

Duque carece de trayectoria política. Su padre, un miembro del Partido Liberal que ejerció como gobernador de Antioquia en el período 1981-1982 y fue ex ministro de Minas y Energía, ocupa más espacio que los méritos políticos del candidato presidencial en las recientes biografías de Iván Duque que en la actualidad van siendo posicionadas en la red.
Hoy Duque se ha convertido en el “hombre duro” de Colombia. Nadie discute su presencia en la segunda vuelta y algunos incluso tienen la esperanza de que consiga ganar directamente en la primera. Iván Duque en la actualidad es el representante político de ese 50,21 por ciento de colombianos que votaron No al acuerdo de paz con las FARC en el referéndum de octubre de 2016. La victoria de Duque supondría para el uribismo retomar el control del país, recomponer su rumbo político en una tendencia ultraconservadora nacional y desmontar el proceso de paz para volver a implementar la mano dura que haría pagar penalmente todas sus "fechorías" a la insurgencia desmovilizada.

SALIR DEL MODELO EXTRACTIVISTA. Frente a esto, Gustavo Petro ha construido su propuesta electoral alrededor de tres ejes: superar la segregación y la discriminación; fortalecer lo público; y luchar contra el cambio climático, apostando por tecnologías limpias.

El fortalecimiento de la educación y la salud pública, la descentralización burocrática, la eliminación del latifundio improductivo, un nuevo pacto social y político, la priorización del mercado interno, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción son parte habitual de la actual narrativa petrista. Petro tiene claro que el modelo económico colombiano de las últimas décadas es consecuencia del énfasis puesto en el desarrollo de la capitalización mediante la exportación de petróleo y carbón. Un escenario propiciado, entre otros factores, por el código minero expedido en 2001 durante el gobierno de Andrés Pastrana. Esta fue la línea que luego siguieron Álvaro Uribe y el actual mandatario, Juan Manuel Santos. Por eso lo más innovador del programa petrista es su propuesta de sacar a Colombia del modelo extractivista, planteando retirar paulatinamente las economías basadas en la extracción de crudo y carbón para sustituirlas por políticas de fuerte apoyo al agro en los 15 millones de hectáreas colombianas que ya son fértiles, y buscando, en paralelo, impulsar un adecuado proceso para su industrialización. En palabras del candidato: “Nosotros proponemos transitar hacia un modelo que convierta a Colombia en potencia agraria y ambiental y permita el desarrollo integral de la industria. Es decir, proponemos todo lo contrario de lo que ha sucedido tanto en la Venezuela de hoy como en la Colombia de hoy”.

Para Petro las rentas provenientes tanto del incremento del precio del crudo como de la prohibición mundial del consumo de cocaína producen efectos perniciosos debido al aumento significativo de divisas en el país. De esta forma el aumento de los ingresos externos puede llegar a causar la llamada “enfermedad holandesa”, la apreciación de la moneda nacional, la destrucción de la industria y la agricultura local y el empobrecimiento de vastos sectores del país.

Pero no hay que confundirse. Gustavo Petro no es un posdesarrollista, pues considera que esta lógica económica es perfectamente compatible con un modelo de industrialización como el estadounidense, el ruso, el chino, el nipón o el coreano. En resumidas cuentas, la propuesta de reforma agrícola planteada por Petro no tiene más objetivo que modernizar al sector rural del país cafetero.

RUMBO AL BALOTAJE. Desde que dejara la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro se lanzó a visitar, con distintos pretextos, las diferentes regiones del país, recorriéndolas desde hace más de dos años en un trabajo sistemático con miras a la actual campaña electoral. Su emblemática propuesta de Bogotá Humana durante su gestión como burgomaestre se convirtió en la Colombia Humana de hoy. Varios de sus colaboradores más leales en la Alcaldía se convirtieron en los impulsores territoriales de su candidatura presidencial.

A partir de entonces la gente se ha ido uniendo voluntariamente a su campaña, logrando poner en la esfera pública una propuesta alternativa de sociedad, gobierno y economía. A diferencia de sus rivales, en las movilizaciones petristas –que gozan de convocatoria masiva en todo el país– no se reparten refrigerios ni tamales, tampoco gorras o camisetas, ni hay buses que lleven a la gente al lugar. Petro irradia esperanza a sus seguidores, rescata el viejo discurso liberal de Jorge Eliécer Gaitán, lo impregna con la imagen de Luis Carlos Galán y lo actualiza hablando de cambio climático y superación de la economía fósil, o sobre la diversidad sexual y los derechos de las nuevas ciudadanías.

De esta manera Petro ha pasado a encarnar el sentimiento anti establishment de la ciudadanía común colombiana frente a una de las elites políticamente más impresentables del subcontinente. Su estrategia tiene tintes populistas, lo que lo convierte en un personaje épico para segmentos poblacionales que van paulatinamente identificándose con él. Incluso en las redes sociales el candidato progresista ha sido capaz, con un discurso altamente emocional, de gestar una comunidad que se moviliza militantemente como un ejército digital sólido, consistente desde el punto de vista estratégico y mucho más estructurado que el de sus rivales.

Pese a que a priori todos los escenarios en una segunda vuelta son favorables a Duque y ninguno a Petro, el mero hecho de una presencia progresista en el balotaje pone muy nerviosas a las elites y al establishment.

IRREGULARIDADES ELECTORALES. Fruto de lo anterior, hay amplios sectores de la sociedad colombiana que están reclamando que el próximo domingo estén presentes más veedores internacionales, ante un cúmulo de irregularidades que ya comienzan a aparecer en el proceso electoral. Entre ellas se destaca el hecho de que no se haya cambiado el logo de Colombia Humana en el tarjetón de voto, petición que se realizó en tiempo y forma por parte de esta formación. En paralelo han comenzado a aparecer denuncias, como la de un senador que descubrió recientemente que unos 4 mil jurados de votación (veedores electorales), postulados por empresas en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo, no están registrados como aportantes en los sistemas de seguridad social. En Colombia las empresas aportan veedores a las mesas electorales. El hecho de que esas 4 mil personas no coticen en la seguridad social significa que las empresas presentaron nombres que no corresponden a sus trabajadores. De las 2.373 empresas que debían haber enviado sus listados de jurados de votación para el proceso del mes de marzo, tan sólo lo hicieron 1.609, posibilitando así que estas 4 mil personas fueran introducidas de la nada en el sistema electoral con el presumible objetivo de manipular los resultados. La Fundación Paz y Reconciliación señaló por su parte la existencia de un cártel de venta de votos dentro de la autoridad electoral.

Pero el asunto más delicado son las denuncias hechas por el propio Gustavo Petro respecto de una supuesta manipulación del software de escrutinios que utiliza la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tras un análisis de los resultados de las elecciones legislativas de 2014, fruto de una denuncia del Partido Mira, una formación religiosa que se presentaba entonces por primera vez a las elecciones legislativas, el Consejo de Estado –máxima autoridad en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia– detectó que no coincidían los datos del escrutinio para esa tienda política en los formularios E14, que recogen manualmente las votaciones levantadas en cada mesa, y el resultado final que arrojaba el software de la Registraduría. Este fue el caso en al menos la mitad de las 100 mil mesas electorales existentes en el país. Por consiguiente, el Consejo de Estado emitió la orden de que dicho software fuera revisado, condición que no se ha cumplido hasta hoy. En definitiva, dado el volumen de anomalías detectadas, se puede suponer que no estamos ante un error marginal, sino posiblemente ante la manipulación del sistema tecnológico electoral que se utilizaría de forma discriminatoria con el fin de inflar o menguar los resultados de determinadas formaciones políticas. Al cierre de este artículo el gobierno colombiano no ha autorizado aún la entrada al país de una misión de expertos tecnológicos –bajo el auspicio de la Unión Europea– que vienen a analizar este problema.

TRASVASES Y ABSTENCIONISMO. Las espadas de los cuatro principales candidatos presidenciales se mantienen en alto durante esta última semana de campaña, esperando la cita en las urnas del domingo. Iván Duque ha visto cómo durante los últimos días su ventaja frente a Gustavo Petro se acorta, posiblemente debido al trasvase de votos que genera el crecimiento de la candidatura de Germán Vargas Lleras. Por su parte, Sergio Fajardo, quien a priori se presumía como el principal contendor de Duque pero que hizo una campaña electoral muy insípida, ha conseguido en estos últimos días dar un pequeño tirón hacia arriba afectando negativamente la candidatura petrista, pues su crecimiento en Bogotá ha mermado el apoyo a Petro entre el electorado capitalino. A su vez, Gustavo Petro busca sorprender con el hipotético respaldo de parte de ese voto joven habitualmente abstencionista, lo que significaría un fuerte empujón a su candidatura en caso de conseguirlo. Por último, Germán Vargas Lleras busca romper los pronósticos electorales apoyándose en la política clientelar de la maquinaria oficialista y los grandes recursos de los que dispone.

Si hubiera segunda vuelta, ésta se celebraría el próximo 17 de junio. Una contienda Duque versus Petro, a priori beneficiaría al primero, aunque el pánico que han expresado las elites demuestra que ya no tienen todas las seguridades consigo. Si por alguna circunstancia Gustavo Petro no fuera el opositor al uribismo en el balotaje, sino Fajardo o Vargas Lleras, la cosa se le podría complicar aun más al candidato de Uribe.

En todo caso, Colombia es un país políticamente muy difícil y tradicionalmente conservador. Con un padrón electoral actual de 36,23 millones de electores, los cálculos para el próximo domingo indican que los votantes no superarán los 18 millones, en el mejor de los casos. Entre ellos destacará el “estrato 3”, ese 34,4 por ciento de los colombianos de clase media-baja. Entre los más pobres, eso que eufemísticamente los medios llaman “estrato 1 y 2”, y que suman el 45 por ciento de la población, posiblemente reinarán el abstencionismo y la indiferencia.

China y lo que se nos viene…

Por Decio Machado

Publicado en la Revista Digital Plan V

Históricamente, desde el punto de vista occidental, China ha sido el otro polo de la experiencia humana, ese Otro fundamental sin cuyo encuentro Occidente no podría haber tomado completa consciencia de su Yo cultural.

Si nos remontamos al pasado, la civilización china se desarrolló relativamente aislada, aunque siempre halló la forma de romper sus barreras geográficas -océanos, estepas, desiertos, montañas y junglas- para establecer rutas de contacto comercial con el mundo exterior. Sus productos atravesaron la India y la antigua Persia para llegar a aquella Grecia y Roma que fueron cunas de la civilización occidental. Ese Occidente, que con base en la colonización y la tradición judeocristiana incorpora hoy al conjunto del continente americano, le debe a China inventos tales como la pólvora, la brújula, el papel o la imprenta.

Desde nuestro Occidente, ese que se reafirma en contraposición con Oriente desde que griegos y persas se enfrentarán en las llamadas guerras médicas, aún se nos hace difícil comprender que China -tras la expulsión de los mongoles y la unificación política del país en el siglo XIV- fue durante un tiempo la región más desarrollada del mundo.

Nuestras distancias se acortaron hace poco más de cuatrocientos años, cuando los primeros jesuitas europeos llegados a territorio asiático decidieron traducir al latín determinadas obras canónicas del confucionismo. Fue a través de estas que el pensamiento ilustrado europeo descubrió un sistema ético-moral que le resultó impactante, lo que propició que algunas de las principales herencias de la Ilustración -despotismo ilustrado, la función pública basada en la meritocracia o el concepto de laissez-faire del mercado libre- tengan su origen en Oriente.

En la actualidad, mediante el crecimiento consistente y extraordinario del PBI de determinadas economías asiáticas, la apertura de estas a las inversiones extranjeras, la modernización espectacular de sus aparatos productivos y el estallido de sus capacidades productivas en los mercados globales, la centralidad económica y geopolítica ha vuelto a Oriente. Concretamente a esa zona llamada Asia-Pacífico con China a la cabeza.

Mirando hacia el futuro inmediato, para el año 2020 la República Popular China habrá alcanzado la cuota de 1.42 mil millones de habitantes, es decir, el 18.5% de la población global estimada para ese momento. En paralelo su economía nacional habrá alcanzando un PIB de 26.9 billones de dólares, lo que vendrá a significar un 30% del valor monetario de la producción de bienes y servicios de la demanda global en el sistema mundo.

Pensar que lo que suceda en un país con semejante potencial no tendrá un efecto contagio en el resto del planeta supone -ademas de no entender el concepto hegemonía- ignorar el creciente efecto de comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo respecto a mercados, sociedades, políticas y culturas. 

¿Pero cuál es el modelo de sociedad que se configura en China y su potencial efecto dominó? Pues mucho se puede escribir al respecto pero quedémonos en el ámbito específico de su modelo de sociedad de control, una lógica que además se expande globalmente con diferente intensidad justificada bajo argumentos de seguridad nacional y combate interno a la inseguridad ciudadana.

Así las cosas el Consejo de Estado chino publicaría por primera vez, hace cuatro años atrás, un documento denominado “Esquema de planificación para la construcción del sistema de crédito social”. Pues bien, bajo el término “crédito social” -no confundir con aquella fallida propuesta económica liberal cuyo origen se sitúa en la década de 1920 en Gran Bretaña- la administración liderada por Xi Jinping propone crear para cada ciudadano un “carnet por puntos”, ahora voluntario pero que será obligatorio a partir de 2020, a través del cual se evalúe el “civismo” de cada individuo mediante puntaje a sus calificaciones crediticias y financieras, valoración de su comportamiento social y político, apreciaciones sobre su conducta pública y relaciones interpersonales, valoración de sus hábitos de consumo e incluso la idoneidad de sus comunicaciones y espacios frecuentados en la red.

Con base en esto, el Estado chino trabaja aceleradamente para que los cien millones de cámaras de vigilancia ya existentes en el país, cifra que pretende ser duplicada en el corto plazo, faciliten la mayor información posible en tiempo real de todo lo que ocurre en las grandes urbes del gigante asiático. 

Este proyecto de video vigilancia urbana, llamado Skynet, inició en 2005 en la ciudad de Beijing y en actualidad ya cubre el 100% de su área urbana. Si bien el origen de estas cámaras fue la seguridad ciudadana en espacios públicos, hoy el sistema está siendo dotado de inteligencia propia y capacidad de análisis para reconocer facialmente a todos los individuos grabados. Con ello se busca retroalimentar la información existente en las diferentes bases de datos de las que disponen las autoridades chinas (registros en la cédula de identificación, cajeros automáticos, datos habilitados para visitantes de destinos turístico en el interior del país, expedientes policiales, bases de datos del sistema de salud, registros de propiedades de inmuebles y vehículos, empresas de seguros y entidades financieras…) mediante un software especializado desarrollado por una compañía nacional llamada Isvision, la cual asegura rápidos resultados con una eficacia del 90% para el 2020. En paralelo otras instituciones, compañías y laboratorios de investigación académica trabajan en la recopilación y clasificación de huellas de voz que permitan identificar a un individuo mediante la grabación de una conversación telefónica y muestras de ADN por extracción de sangre como la recientemente realizada en la conflictiva provincia de Xinjiang -de mayoría musulmana-, con el objetivo poder construir un perfil biométrico completo de cada uno de los ciudadanos que conforman la sociedad china.

En resumen, la República Popular China avanza hacia un modelo de sociedad donde cada vez más actividades diarias de su ciudadanía serán constantemente monitoreadas y evaluadas por el Estado, registrándose lo que cada uno compró fisicamente en las tiendas o mediante e-commerce o plataformas marketplace, que contenido visita en Internet y cuantas horas le dedica a ello, cuales son los tratamientos médicos a los cuales está sometido, que concepto de facturas e impuestos tiene pendiente de pagar, cual es su comportamiento en los espacios públicos, que le gusta y hace, que habla con sus amigos o la “calidad” de estos.

En realidad, fruto del desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, gran parte de esa información ya está levantada respecto a cada uno de nosotros. Los GPS de nuestros smartphone indican donde estamos en cada momento, las cámaras de ojo de águila nos graban en las calles al igual que lo hacen las cámaras de establecimientos comerciales y entidades financieras, las redes sociales procesan nuestros gustos y amistades, Google sabe en que invertimos nuestro tiempo en la red, las web mail tienen la información de nuestros correos electrónicos y los servicios de mensajería telefónica saben todo de nosotros y nuestras relaciones personales, los expedientes de salud contienen nuestros males y sus orígenes, las entidades bancarias saben mediante el uso de las tarjetas en que gastamos nuestro dinero y donde, las fuerzas de seguridad tienen desde nuestras huellas dactilares hasta las infracciones de tráfico…, pero ahora la potencialidad está en que -inicialmente en China- todos esos datos pasarán a ser procesados conjuntamente con la tecnología big data para ser clasificados según valoraciones y reglas establecidas por el Estado. Es de esta manera que esa ciudadanía pasará a ser públicamente calificada y clasificada como “buenos” y “malos” ciudadanos, buscándose desde el poder construir una “cultura de la sinceridad” que premie a personas “de confianza” y castigue a quienes no califiquen como tales.

De esta manera, el “crédito social” de cada persona pasará a ser un elemento de valoración cada vez más importante que determinará la adquisición o no de una hipoteca o un puesto de trabajo, a que escuela pueden ir los hijos o que posibilidades tienen de conseguir una beca, a que tipo de acceso de alquiler de vivienda tienes derecho, si eres aceptado en un establecimiento hotelero o en una discoteca, la velocidad de tu conexión a internet o el nivel de acceso a la sanidad pública.

Por su parte, el “mal comportamiento” será sancionado con la prohibición de acceder al transporte público o a compañías aéreas durante un determinado tiempo, de hecho en febrero del pasado año el Tribunal Popular Supremo ya anunció que 6.15 millones de ciudadanos chinos tienen prohibido tomar vuelos durante cuatro años por delitos sociales.

Sin duda China está en la vanguardia de lo que se viene y que en parte vimos cuando mediante la producción de deuda pública los Estados y sus bancos centrales salvaron a gran parte del sector privado durante la crisis del 2008. China es el ejemplo más avanzado de la innovadora y peligrosa alianza impulsada desde un Estado control con el nuevo capital privado tecnológico, dos poderes combinados que en este caso han permitido la incorporación de ocho mega-empresas al desarrollo de sistemas y algoritmos que construyen el sistema de puntuaciones del “crédito social”. Entre estas firmas aparecen los nuevos gigantes chinos de la tecnología, esos que no cotizan en Wall Street pero nada tienen que envidiar a Apple, Alphabet/Google, Microsoft, Facebook o Amazon. Por poner dos casos más allá de Isvision, entre las empresas implicadas en este proyecto destacan: China Rapid Finance -miembro de Tencent Holdings y creadores de redes sociales, e-commerces, juegos en red o servicios de mensajería con TencentQQ y el cada vez más extendido WeChat- y Sesame Credit -operada por Ant Financial Services Group que a su vez es filial Alibaba, el mercado mayorista online más grande del mundo con filiales en el sector es tan diversos como seguros, créditos y transporte de personas-.


Tan solo a través de la información que emanan de estas dos firmas el Estado chino tiene asegurado un brutal nivel de información sobre más de 950 millones de personas. Citando a Michel Foucault, posiblemente el más interesante teórico social de las segunda mitad del siglo XX, “el panoptismo ha sido una invención tecnológica en el orden de poder, como la máquina de vapor en el orden de la producción”.