domingo, 9 de septiembre de 2018

Cuarenta años sin el Conejo Velasco

Por Decio Machado 

Hace pocos días recibí la invitación de Rosa María Torres para elaborar este texto. Por un lado un honor, pero por otro un reto complejo para una persona que pese a su compromiso social no ha nacido en Ecuador, que apenas llegó a este país al arranque de su última etapa política, que no conoció al personaje homenajeado y que tiene muchos reparos respecto a la evolución político-intelectual realizada por la mayoría de los pensadores y líderes políticos de la izquierda nacional que provienen de los años setenta… Bueno, pese a ello y siguiendo aquella máxima de André Guide que decía que “el hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el coraje de perder de vista la costa”, decidí embarcarme con humildad en estas líneas, buscando hacer mi aporte a la memoria de un intelectual militante desaparecido cuarenta años atrás y con el que -sin dudas- hubiera sido un goce haber podido compartir debates y experiencias.

Apurado por los tiempos, decidí releer las tres obras que son el legado intelectual del Conejo Velasco y que personalmente había descubierto con retraso, apenas durante esta  última década: “Reforma Agraria y Movimiento Campesino Indígena”, “Ecuador: subdesarrollo y dependencia”, y “El Imperialismo y las empresas transnacionales”

Tras dicha relectura una primera reflexión. Sorprende el despiste ideológico actual de la izquierda ecuatoriana y sus tantos equívocos durante la historia reciente, pese a disponer de reflexiones tan ricas y premonitorias como las que fueron legadas por Fernando Velasco en la segunda mitad de la década de 1970.

En sus textos ya estaban reflexiones fundamentales respecto a la debilidad de las burguesías nacionales y de como estas interactúan entre ellas y con el resto de su entorno, las lógicas de penetración del capitalismo moderno en la agricultura y la relación entre masa de capital invertida en medios de producción y la invertida en fuerza de trabajo, las primeras fases del proceso de modernización puesto en marcha en el sector rural con la correspondiente estructuración social del campesinado de la época, así como el rol de las clases dominantes en la construcción de un país subdesarrollado dependiente del capital global.

En segundo lugar, destaca como el autor visualiza la fuerte capacidad de resistencia social y resiliencia sociológica del mundo indígena respecto al desarrollo capitalista en el sector del agro, siendo muy crítico respecto a la subordinación que las izquierdas más clásicas y convencionales le habían dado a las luchas del campesinado en el ámbito de la conquista de la emancipación social por parte del conjunto de los abajo. Entre líneas aparecen algunos de los elementos que posteriormente harán posible el levantamiento de 1990 y la conformación de un movimiento indígena que durante años se mantuvo poderoso y con gran influencia entre los sectores populares del Ecuador.

Un tercer punto que llama la atención es que pese a la fuerte influencia del estructuralismo cepalino sobre el autor, Velasco iba más allá de las causales subdesarrollistas enfocadas estrictamente en el deterioro de los términos de intercambio, abriendo vías alternativas para el debate en el ámbito de los factores de producción y mercados. En los textos del Conejo Velasco ya había embrionarios apuntes de lo que luego sería el neoestructuralismo, es decir, se abrían espacios de diálogo con otras tradiciones de pensamiento que reconocen las limitaciones del paradigma dominante pero también con las que se oponen al monismo metodológico.

Los tres puntos anteriores hacen de Fernando Velasco un pensador de vanguardia dentro de las vanguardias de la época. Sus aportes desde la teoría marxista al mundo del agro son fundamentales ya no solo para comprender su época sino episodios posteriores de la historia ecuatoriana.

Pero desde mi punto de vista, la virtud fundamental del Conejo Velasco es que más allá de su elaboración teórica -cercenada tempranamente por su desaparición antes de cumplir los treinta años- está su compromiso activo con las luchas sociales de la época. Esto es un componente fundamental de su figura, pues al mismo tiempo que le permitía discutir frente a sus mejores contradictores tenía la virtud de poder consensuar acciones con sus compañeros de barricada.

Velasco era parte de ese pensamiento crítico latinoamericano que durante aquella época gozó de gran riqueza intelectual y teórica. En paralelo y como todos los buenos pensadores, Velasco fue difícilmente encastillable manteniendo posiciones ideológicas coherentes pero en movimiento. Condición a la que llega todo ser consciente que el reposo absoluto no deja de ser una aproximación a la muerte. 

Es desde ahí que el Conejo Velasco desarrolló teoría y práctica, militando en aquella izquierda revolucionaria post mayo de 1968 que permitió superar los desgastados clichés de partidos y organizaciones marxistas de corte clásico. Así aparece el Movimiento Revolucionario de los Trabajadores (MRT) rompiendo con el estalinismo reformista de la guerra fría, de igual manera que establece su compromiso con la organización clasista y revolucionaria de los trabajadores en el ámbito sindical. Fernando Velasco, en términos gramscianos, representaba lo nuevo que en aquel entonces intentaba nacer frente a lo viejo que no terminaba de morir. 

Esto le situó, junto a otros pensadores como Agustín Cueva o Bolívar Echeverría, históricamente muy lejos de lo que posteriormente se convirtió en el establishment académico de propagandistas de regímenes progresistas, aquellos apólogos del pensamiento perezoso a los que el zapatista subcomandante Galeano definiría no hace mucho tiempo como expresión de la “histeria ilustrada de la izquierda institucional” 


Con convicción Velasco peleó por las causas de la época, las cuales aún continúan formando parte de las causas de ahora: transformar las condiciones de desigualdad e injusticia social en Ecuador para construir una sociedad libre, justa y digna para todos. Todo ello en un país donde los apellidos de los grandes latifundistas, banqueros y élites comerciales no han cambiando tanto desde entonces hasta ahora.

Fuente: https://conejovelasco.blogspot.com

domingo, 2 de septiembre de 2018

Más dudas que certezas respecto a la futura estabilidad política y económica en Ecuador


Por Decio Machado y Mauro Baquero

Pese a los esfuerzos realizados desde el Ejecutivo por enrumbar política y económicamente al país en estos últimos meses, múltiples indicadores hacen prever que Ecuador podría estar viviendo una fase preliminar a la inestabilidad política. Signos de esta situación se encuentran enmarcados en los impactos colaterales que tendrán las medidas económicas a las que el Gobierno Nacional se ha visto obligado debido a los graves desequilibrios existentes en la economía nacional, así como a factores externos que podrían desencadenarse durante la última fase de la actual legislatura.

Situación económica

Al cierre del primer semestre del 2018, Ecuador ha incrementado su deuda pública -pese de iniciar un proceso de reducción sobre volumen del Estado- e intenta estabilizar el riesgo país con un consenso público-privado enmarcado en la Ley de Fomento Productivo. Sin embargo, diferentes indicadores auguran una nueva recesión económica dentro de los próximos doce meses.

Fitch Ratings, prestigiosa agencia internacional de calificación crediticia con doble sede de Londres y Nueva York, ha calificado a la deuda publica ecuatoriana de largo plazo en B- (negativa), después de alrededor de 5 años con una calificación B (estable). Entender porqué Ecuador mantuvo una mejor calificación durante el período de estancamiento económico y recesión en los años 2015 y 2016 implica comprender que los indicadores macroeconómicos del sector fiscal se mantenían en aquel momento camuflados en rangos todavía aceptables para el FMI, principalmente una Deuda/PIB que oficialmente se declaraba inferior al 40% y el déficit global inferior a USD 10,000 millones con una tasa de riesgo país que no alcanzaba el 10%. Todo ello además de otros indicadores más subjetivos tales como los derivados de la alianza financiera con China y una supuesta estabilidad política e institucional en la cual no habían aflorado aún los notables escándalos de corrupción hoy destapados.

Con la llegada de Richard Martínez al Ministerio de Economía y Finanzas, lo que implicó el cambio de rumbo de la política económica nacional, la economía ecuatoriana ha logrado semi-estabilizar la tasa de riesgo país que se había disparado tras la investidura del actual Presidente de la República. Sin embargo, con la clarificación oficial de los datos económicos -algo que se había mantenido en penumbra durante el periodo anterior- las opciones de acceso al nuevo financiamiento que necesita el Estado se limitan y complejizan. 

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la deuda pública ecuatoriana se ubica en USD 48,409.70 millones, que representa el 46.5% del PIB 2018 al cierre de julio del presente año. A pesar de que desde el mes de mayo se están publicando boletines mensuales de deuda por parte del MEF, aún no se contabilizan rubros como los de preventa petrolera, préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por terremoto, pasivos contingentes, emisión nueva de Certificados de Tesorería (CETES) y garantías del Estado a gobiernos descentralizados y empresas públicas.
Según el Informe Prospectiva, uno de los análisis político-económicos más completos existentes en el país, se estima que en el mismo periodo de cierre -contabilizando los rubros excluidos por el MEF- la deuda publica asciende a USD 57,294.96 millones y representa el 55.08% del PIB. Todo ello pese a que entre abril y julio la estrategia del Estado haya logrado una reducción de USD 296 millones gestionando la deuda interna, lo cual no ha impedido que la deuda externa continúe al alza debido a los intereses generados mensualmente.


Otro de los parámetros que afecta negativamente a la calificación de riesgo es el déficit fiscal que Ecuador arrastra desde el cierre del ejercicio 2010. De acuerdo con información del Banco Central del Ecuador (BCE), el Estado cerró el 2017 con un déficit fiscal primario -el cual no contabiliza intereses de deuda- de USD 2,243.90 millones. A esto hemos de agregar que para el presente ejercicio fiscal 2018 el Estado pronosticó un nuevo déficit global (déficit primario + intereses por deuda) de USD 9,515.45 millones, dando un acumulado (2017+2018) de USD 11,759.35 millones de brecha financiera hasta diciembre 
El gobierno ya ha logrado disminuir esta brecha en USD 5,879.65 millones con deuda externa y operaciones locales que no se denominan deuda. En los mercados internacionales USD 3,000 millones en Bonos Soberanos (enero) y recibiendo USD 929.80 millones de fuentes bilaterales y multilaterales que comprenden: USD 368.8 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) -junio- y USD 561 millones con la renegociación de ventas anticipadas de petróleo con UNIPEC, Petrochina y PetroTailandia (mayo). 

En el mercado local el Gobierno ha logrado financiar con operaciones que no se consideran deuda USD 1,950 millones distribuidos en la colocación de CETES por USD 450 millones (junio) adquiridos entre la Corporación Eléctrica del Ecuador -CELEC- (USD 350 millones) y la Corporación Nacional de Electricidad -CNEL- (USD 100 millones), así como la reducción del déficit fiscal primario en USD 1,500 millones entre los meses julio del pasado año y el presente con el programa de optimización y reducción del Estado.

A pesar de estos esfuerzos, Ecuador aun requería financiar USD 5,879.70 millones a julio del presente ejercicio fiscal. Fitch Ratings considera que este saldo podría ser gestionado con operaciones en los mercados internacionales, emisión de deuda interna y acumulación de pagos atrasados a proveedores del Estado. Sin embargo, el Informe Prospectiva estima que el acceso a los bilaterales y multilaterales aún tiene un costo alto para la frágil economía ecuatoriana. La tasa de interés EMBI (Emerging Markets Bonds Index) gestionado por JP Morgan Chase -una de las empresas financieras más antiguas del mundo- se mantiene en 6.83% promedio desde el 1 mayo de 2018, mientras que la media de Latinoamérica se ubica en 4.12%, motivo por el cual Ecuador debe enfocarse en reducir su volatilidad en lo que resta del año para conseguir financiamiento externo apropiado ya que el mercado nacional es poco profundo y ofrece limitado financiamiento adicional.

La última operación financiera del Estado ha sido la firma de un acuerdo de financiamiento de corto plazo con Goldman Sachs, unos de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del planeta, el cual incluye un millonario colateral de especie de garantía. Este convenio provee al Estado de un crédito de USD 500 millones que se ingresaron el 31 de agosto a las reservas internacionales para libre disponibilidad. El préstamo tiene un plazo de cuatro años y una tasa de interés de 6.55%. La firma de este acuerdo implicó para Ecuador entregar como colateral de estos recursos líquidos USD 1,200 millones en bonos entre inversionistas, los cuales funcionan como una especie de “letra de cambio” que entrega el país a cambio del préstamo y que generan un interés a favor de Goldman Sachs pese a que no serán negociados en el mercado internacional y que serán devueltos cuando Ecuador termine de pagar el crédito (estos se encuadra en operaciones Repo, es decir, operaciones de recompra en la que una entidad financiera vende a un inversor un activo con el compromiso de comprarlo en una fecha determinada a un precio determinado).

Por otro lado, la reducción del aparato estatal, eliminación del subsidio de gasolina super y la recaudación por condonación de intereses, multas y recargos a deudores morosos con el fisco solo lograrán recaudar -en el mejor de los casos- alrededor de USD 1,342 millones en este año fiscal, lo cual es claramente insuficiente para el presente curso y en previsión de las estimaciones para el 2019. Fitch estima que para el 2019 se requiere financiar alrededor de USD 8,500 millones sin incluir CETES.

Pero existe a su vez otra deuda que podemos considerar como social. A este respecto el Gobierno ha planteado pagos a pensionistas hasta fin de año por un valor de USD 100 millones, lo que en principio beneficiará a unas 1.200 personas y para el próximo año se está pendiente de presupuestar una cifra no inferior a esta para ir reduciendo los saldos pendientes. En 2019 el Estado debe pagar el 40% de las pensiones jubilares, algo más de  USD 1,500 millones en función de una sentencia de la Corte Constitucional por un artículo modificado en la Ley de Justicia Laboral, lo que hace que el Ejecutivo -debido a sus limitaciones en materia de liquidez financiera- trabaje en estos momentos en la articulación de un mecanismo de pago a través del bonos del Estado, buscando encontrar herramientas que generen menos castigo que en fechas pasadas fechas para los jubilados a la hora de negociar el papel del Estado y convertirlo en dinero efectivo.

Ante todo esto el escenario para el último cuatrimestre del 2018 genera que exista una gran posibilidad de que el país enfrente un nuevo periodo de recesión económica, ya que los niveles de formación bruta de capital se encuentran estancados. De acuerdo con las cuentas nacionales por industria del primer trimestre del BCE, solo 6 de 19 sectores presentan un crecimiento positivo liderado por suministro de electricidad y agua con 2.35%. Pese a ello, las cinco industrias que más contribuyen al PIB (manufactura, comercio, servicios de enseñanza y salud, construcción, petróleo y minas) han crecido menos del 1% o decrecido, siendo el peor desempeño el del sector de petróleo y minas (-2.04%). 


Fuente: BCE; Elaboración propia


Comparando trimestres, entre el último del 2017 y el primer trimestre del 2018 la formación bruta de capital fijo (FBK) ha crecido en 1.99%, correspondiendo USD 5,185.56 millones al sector privado y USD 1,317.60 millones al sector público. Sin embargo, esto no es suficiente para evitar la anunciada recesión económica en los próximos meses, dado que la contracción del sector público y el bajo dinamismo de la inversión privada corroboran que la economía ecuatoriana es todavía muy volátil y se prevé que Ecuador solo crezca en 1.1% en este 2018 y 0.8% en 2019 según Fitch Ratings.

El Informe Prospectiva ha estimado -de acuerdo con información del BCE- que la FBKF se ha reducido en -9.04% de forma acumulada desde el último trimestre del 2014 que se ubicó en USD 7,149.70 millones. Adicionalmente la inversión pública y privada tuvo los mismos niveles de inversión en el último trimestre de 2017, punto de inflexión positivo macroeconómicamente hablando para establecer cambios estructurales profundos para el largo plazo, aunque es un efecto no fruto de la incipiente política económica del actual régimen, sino una causa natural por la reducción de la capacidad del Estado a la espera de la tan augurada dinamización del sector privado. Económicamente este punto de inflexión ya existió en el último trimestre del 2015, con una deuda pública de USD 32,771 millones (32.71% deuda/PIB) y un déficit fiscal de USD 5,000 millones. Sin embargo, dicha condición no fue aprovechada por parte del Estado y la economía ecuatoriana.



Ahora con un escenario de deuda y déficit más adverso, el actual Gobierno debe enfrentar -bajo fuerte presión del sector privado y posiblemente un costo social y político mucho mas alto al que existía a finales del 2015- un escenario donde apenas la Ley de Fomento Productivo ejerce como cuerpo legal “salvador” para la atracción de inversiones y generación de empleo. Todo ello dentro de una estrategia de política económica que incluye cierta flexibilización del mercado laboral y ampliación indiscriminada de tratados de libre comercio.

El Gobierno pretende cerrar el año 2018 con USD 4,000 millones de déficit global y unos USD 1,200 millones de déficit primario, contemplando como objetivo final llegar al año 2021 con un déficit del 1% del PIB en términos globales y en superávit en términos primarios, a la par de tener unas necesidades de financiamiento de 3.5% del PIB. Esto implica seguir disminuyendo el tamaño del Estado, mantener el proceso disciplinado de reducción de gastos -eufemismo con el que se trata de redefinir las políticas económicas de austeridad- y tener abierto de forma solvente el financiamiento internacional.

Situación política

En este contexto, diferentes actores políticos y sociales de oposición comienzan una campaña de movilizaciones que busca calentar el escenario progresivamente de aquí a finales de año. La consigna para dicha movilización consiste en posicionar la narrativa de que la eliminación de subsidios a la gasolina super es un “paquetazo”, término acuñado en la anterior era neoliberal en América Latina cuando los gobiernos dictaban medidas ajuste económico que afectan al conjunto de sus habitantes.

Cabe indicar en este sentido, que la subida de la gasolina super no es en sí misma estrictamente un paquetazo, siendo un hecho que desde los espacios de la izquierda ecuatoriana y la Academia ha existido históricamente una crítica a la aplicación indiscriminada de este tipo de medidas sin focalización alguna. La utilización de esta terminología al momento actual es por lo tanto sobredimensionada, motivo por el cual dicho mensaje no termina de calar sobre el conjunto de la población. La siguiente fase de este capítulo, enmarcada en un debate nacional sobre focalización generalizada del resto de subsidios debe contemplar como actores principales a los sectores de la economía popular y solidaria, es decir, cooperativas de transportistas, pescadores, pequeños productores… además de los sectores empresariales, dejando de lado a los ególatras economistas de tendencia neoliberal que hoy copan por doquier los programas de opinión pública.

Sin embargo, es evidente que la eliminación de este subsidio al combustible es el arranque de una serie de medidas de austeridad macroeconómica que tendrá su impacto sobre el conjunto de la sociedad ecuatoriana. Entre ellas destacan la paulatina reducción del número de funcionarios públicos mediante la no renovación de contratos ocasionales -los cuales se estiman en entorno de 70.000 al año-, los cuales difícilmente serán absorbidos por el sector privado y con lo cual se busca optimizar en unos USD 1.000 millones la masa salarial del Estado; la aplicación de una previsible política de flexibilización laboral que entiende -de forma muy miope- que el problema fundamental de la baja competitividad del sector productivo nacional es fundamentalmente fruto de la actual legislación laboral, olvidándose de factores tales como la falta de desarrollo financiero, tecnológico y la carencia de una estrategia inteligente de inserción en el sistema mundo, buscándose elevar el ranking en el que se sitúa Ecuador en el Índice de Competitividad Global, donde el país se sitúa en el puesto 97 siendo la única economía de América Latina que ha empeorado de manera consecutiva durante 3 años (ocupaba el puesto 71 en 2014) a falta de datos oficiales sobre la economía venezolana-; un plan de venta de empresas públicas y monetización de activos que presumiblemente deteriorará la calidad de los servicios públicos y encarecerá el uso de tarifas y bienes comunes, lo cual les llevará un cierto tiempo por necesidades de adecuación del actual ordenamiento jurídico; y el incremento de la producción petrolera, pasando de 520 mil barriles diarios hasta 700 mil barriles diarios en 2021 -para ello se está modificando el marco normativo por parte del Ministerio de Hidrocarburos-, lo que implicará un incremento de la conflictividad social en los territorios sujetos a la presión extractivista.

En paralelo, el Estado ha cometido un error al atentar -mediante la política de remisión de intereses y multas a los grandes grupos de capital deudores al fisco- contra los avances en materia de cultural fiscal que se implementaron durante la última época en el país. Sobre los USD 3,300 millones de deuda nominal que registra el Servicio de Rentas Internas (SRI), el objetivo de recaudación establecido por el propio Gobierno no supera los USD 600 millones, es decir, no supera su 20%. En este sentido, ha sido un error también combinar en el tiempo la condonación de intereses y sanciones a empresarios morosos con la eliminación del subsidio a la gasolina super, lo que hace sentir a un amplio target de la sociedad que con un esfuerzo fiscal se pretende cubrir al otro. Lo anterior implica que desde el Ejecutivo se haya diseñado una nueva campaña publicitaria que se pondrá en marcha en breve pretendiendo convencer a la sociedad ecuatoriana de la bondades de dicha remisión fiscal.

En el corto plazo el Gobierno Nacional enfrenta un cronograma complejo. A las movilizaciones hoy en marcha y que se irán paulatinamente incrementando, hay que sumar que en breve tendrá lugar la negociación del salario básico unificado -donde es de esperar que su incremento sea meramente simbólico-, el incremento del endeudamiento familiar fruto de la fiestas navideñas y la correspondiente “cuesta de enero” para las familias ecuatorianas, lo que sumado a los contratos no renovados en la Administración Pública de aquí a finales de año conllevará a incrementar la sensación de que las políticas públicas en materia económica no benefician a las grandes mayorías. Esa es la estrategia de erosión social al Gobierno que contemplan las fuerzas políticas hoy opositoras, situando en este ámbito a un conglomerado de actores políticos que van desde el partido conservador CREO hasta los residuos políticos del correísmo, pasando por organizaciones sindicales, el movimiento indígena o sectores  anterior vinculados a la izquierda radical y que desde las últimas elecciones trabajan en comunión con organizaciones de la derecha (léase sectores adscritos al viejo Movimiento Popular Democrático).

Sin duda este contexto también está transversalizado por las futuras seccionales que tendrán lugar el próximo 24 de marzo, donde es de esperar que Alianza PAIS pierda definitivamente la hegemonía que hasta las últimos comicios presidenciales mantuvo en las urnas. Se prevé una gran desconcentración de poder a lo largo y ancho del país, donde presumiblemente accederán a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) provinciales y municipales un conjunto importante de organizaciones políticas más identificadas con liderazgos locales que con el Gobierno Nacional.

Lo anterior, teniendo en cuenta que las políticas de austeridad significarán recortes paulatinos también para los GADs, probablemente implicará agendas distintas y tensiones territoriales y nacionales entre el Gobierno Nacional y el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE), la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) e incluso el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE).

Previsiones para el año 2019 y 2020

Un escenario de estas características implicaría para el Gobierno Nacional un incremento del deterioro de su legitimación social para la segunda mitad del año 2019 y especialmente en 2020, siempre y cuando no se sea capaz de dinamizar la economía nacional durante este período a través de la inversión privada.

Aquí aparece un factor de carácter exógeno poco contemplado hasta ahora por los analistas nacionales. No ha habido tantos signos de problemas para la economía global desde los momentos previos a la crisis financiera del año 2008, la llamada crisis de las hipotecas subprime.

La deuda total mundial es de cerca de USD 200 billones de dólares, 2.2 veces mayor que el PIB mundial, siendo la República Popular China la que más ha contribuido (75% del incremento de la deuda privada mundial) a este suceso. Pero lo más preocupante es que la calidad del crédito financiero se ha deteriorado ostensiblemente, cayendo el rating mediano de los bonos desde A en 1980, hasta BBB- en 2018, media que está acercándose hacia el bono basura.

Los analistas financieros de Wall Street están comenzando a hacer sonar las alarmas sobre los bonos basura, el dinero inteligente está saliendo de las acciones a un ritmo acelerado y según Moody´s Corporation, una agencia de calificación de riesgo que realiza investigación financiera internacional y análisis de las entidades comerciales y gubernamentales, está llegando una fuerte oleada de bonos indeseables. La FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation), una agencia federal independiente de los Estados Unidos que se formó a raíz de la Gran Depresión, indica que los activos de bancos problemáticos se han triplicado con creces durante el primer trimestre de 2018, lo que implicó que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos hayan tenido el peor comienzo desde el crack de 1929.

La economía estadounidense acumula 34 trimestres consecutivos de expansión, uno de los ciclos de crecimiento más largos de su historia. Sin embargo, los incumplimientos de la deuda de su industria minorista alcanzaron un máximo histórico el presente año, y estamos en camino del peor cierre de los comercios minoristas de Estados Unidos en años. Firmas de asesoramiento financiero y patrimonial como MdF Family Partners anuncian que la próxima recesión ocurrirá antes del fin de 2020.

Se debe contemplar también que las reducciones de impuestos de Donald Trump en Estados Unidos están aumentando mucho el déficit fiscal de dicho país, lo que es muy negativo para los inversores, ya que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, del 3%, excede el del dividendo del mercado. El plan trazado por la Reserva Federal (FED) pretende ir aumentando tipos llegando a superar el 2% en 2018 -se han anunciado cuatro alzas para este año- y el 3% en 2019, normalizando así la política monetaria. El aumento de las tasas de interés en Estados Unidos supondrá incrementar la deuda de muchos países emergentes que en la actualidad se encuentran sumamente endeudados.

En paralelo, las dos economías más grandes del planeta han entrado en una lógica de guerra comercial internacional que de seguir así conllevará posiblemente un fuerte impacto en la economía global. Pese a que para algunas instituciones de análisis financiero -como Goldman Sachs entre otras- dichas medidas emanadas inicialmente desde la Casa Blanca bajo los parámetros del discurso electoral de “America first”, no pasan de ser una estrategia de toma de posiciones para una futura negociación entre las partes, lo cierto es que se han incrementado notablemente las probabilidades de una situación que implicaría un golpe significativo al comercio mundial y al crecimiento global. En la última Cumbre del G20 realizada en Buenos Aires (Argentina) el Fondo Monetario Internacional advirtió que la disputa arancelaria entre China y Estados Unidos podría contraer la economía global hasta en medio punto, unos USD 430.000 millones.

Cruzando el Océano Atlántico y pese a que Europa vive su mejor momento de crecimiento económico desde la última burbuja financiera, la novena economía más grande del mundo (Italia) se encuentra en medio de una nueva crisis financiera, existiendo temores de que pueda extenderse a otras áreas de la Eurozona. Las acciones bancarias italianas están colapsando y los rendimientos de los bonos italianos a dos años son los más altos desde la crisis de 2014, siendo calificada la deuda italiana como BBB con perspectiva estable sin llegar a convertirse en negativa.

La semana pasado el gobierno italiano se vio obligado a emitir 6.000 millones de euros de deuda, la tasa de los bonos con vencimiento a cinco años alcanzó 2.44%, su nivel más alto desde finales de 2013 y 3.25% a los de diez años, superando el umbral del 3% por primera vez desde mayo del 2014. Según TS Lombard, agencia global de investigación de inversiones y estrategias de mercado, Italia podría estar generando un “círculo vicioso” que podrá terminar afectando a los bancos nacionales. En todo caso y más allá de especulaciones, es un hecho que la economía italiana se ve afectada por una abultada deuda que no mengua y que la desconfíanza se ha apoderado de los inversores extranjeros, quienes dejaron al gobierno italiano contabilizando la retirada récord de casi 40 mil millones de euros en bonos de este país.

Por su parte, el gigante bancario alemán Deutsche Bank ha anunciado que recortará otros 7.000 puestos de trabajo , ya que “busca pasar la página de años de pérdidas”. Una posible quiebra de Deutsche Bank significaría un momento similar al de Lehman Brothers -quien quebró el 15 de septiembre de 2008- para todo el planeta. Es por ello que las autoridades alemanas de Supervisión Financiera (BaFin) analizan, sin publicitarlo, una posible fusión de dicha entidad bancaria con el Commerzbank -segundo banco comercial privado de Alemania y que está parcialmente nacionalizado-. En todo caso, lo más grave de esta situación deviene de las recientes declaraciones de Christian Sewing, presidente de Deutsche Bank, quien ante el silencio de sus aludidos se ha preguntado públicamente cuántas de las 5.500 instituciones financieras existentes en la zona euro pueden gestionar de verdad riesgos en una economía mundial cada vez menos previsible y cuántos están en buena forma.

Diferentes analistas indican que el ciclo económico se está agotando, siendo el indicador más representativo de esto el “output gap” (brecha de producción). Pese a que existen excepciones, el diferencial de producción es negativo en muchas economías y a nivel global próximo a cero. Esto implica que las principales economías desarrolladas están creciendo por encima de su equilibrio, un escenario que es insostenible a largo plazo.

Pese a que el crecimiento se está produciendo con un escenario sin inflación, algo históricamente anómalo, diversos indicadores apuntan a que este crecimiento sin inflación es tan solo un espejismo y acabará en breve. Este crecimiento artificial logrado a base de deuda conllevará a que más allá de retrasarse la próxima recesión esta, cuando estalle, sea más profunda.

Es de prever entonces que la inflación repuntará con fuerza a partir de la segunda mitad del año 2019 como consecuencia del crecimiento por encima del nivel de equilibrio, posiblemente fruto de un chispa que devenga de factores como salarios, vivienda u otros activos.

En condiciones así, cuando la inflación comience a repuntar con fuerza, la FED se verá obligada a elevar los tipos de interés, lo que endurecerá las condiciones del mercado y terminará por provocar la siguiente crisis. 

Coincide con este escenario el informe Perspectiva Seculares de Pimco, un grupo norteamericano de gestión de fondos que lo presentó hace apenas dos meses y medio, en el cual se indica que se incrementa notablemente el riesgo de recesión y la crisis comenzaría de nuevo en Estados Unidos alrededor de 2020. Según Pimco, nunca ha habido tanta liquidez inyectada por los bancos centrales y, sin embargo, tan poca liquidez en el mercado secundario (impactos derivados de la ley Dodd Franck del 2010 para el control de la estabilidad financiera en Estados Unidos).

Desde la visión de Pimco, los principales motivos sobre los que se sostienen sus predicciones económicas tienen que ver con que los bancos centrales ya han cambiado su tendencia, la expansión monetaria ya llegó a su fin y antes o después acometerán subidas de tipos de interés -previsiblemente más agudas en Estados Unidos- y la retirada de estímulos monetarios (quantitative easing) con especial efecto en Europa.

De igual manera, diversos analistas de The Economist ya comenzaron a especular también con este tipo de escenarios basándose en la excesiva deuda de las empresas. Cierto es que los beneficios han aumentado mucho para las empresas del S&P 500, quienes han obtenido gran rentabilidad y en especial las correspondientes al sector tecnológico. Sin embargo, las empresas medianas comienzan a registrar serias dificultades, registrando el mayor apalancamiento en su historia desde 1981. En términos de balance, su deuda alcanza el 34% de media sobre sus activos totales, el nivel más alto desde el año 2000.

Así las cosas, las corporaciones con mayor caja y liquidez buscan recomprar sus acciones en el mercado en aras a aumentar el precio de estas y el valor de las opciones sobre acciones de sus ejecutivos. Pero si estas firmas emiten bonos para recobrar sus propias acciones, esto derivará en el aumento del riesgo de una mayor inestabilidad financiera.

En resumidas cuentas, este período tan prolongado de tipos de interés bajos ha generado que muchas empresas se hayan endeudado de forma creciente. Según S&P Global, el 37% de las corporaciones transnacionales han aumentado su endeudamiento cinco puntos porcentuales más de la media existente en el año 2007. Lo mismo sucede con las operaciones de capital riesgo que hoy ostentan niveles de deuda mucho más altos que diez años atrás.

Una coyuntura internacional donde la economía global vuelva a contraerse impactaría negativamente sobre las previsiones de dinamización de la economía ecuatoriana que pretende poner en marcha el Gobierno Nacional, generando una lógica de inestabilidad política al interior del Ecuador que podría poner en serios apuros la última fase de gestión de la Administración Moreno. Todo ello con escasas posibilidades y voluntad desde el Ejecutivo para articular políticas contracíclicas destinadas a impedir, superar o minimizar los efectos de un ciclo económico en recesión.

Estas políticas contracíclicas son generalmente defendidas por quienes entienden que los ciclos económicos no tienden al equilibrio general, planteando que el déficit y la inversión púbica es el principal instrumento de la política económica para amortiguar los efectos del ciclo. Así las cosas, durante un período de recesión se debe invertir, reduciendo tributos, promoviendo la expansión del crédito y aumentando el gasto, realizándose desde el Estado inversiones -durante una recesión el capital privado no tiene expectativas de ganancia que fomenten su inversión- que sean capaces de estimular la economía... algo muy distante de lo que parece estar planteado como hoja de ruta económica en el actual Gobierno.




Prólogo del libro El Gran Fraude: La Herencia del Correismo


La Herencia del Correísmo
Por Decio Machado


El libro que tienes en tus manos da fin a una trilogía donde han participado múltiples autores, que tuvo su origen en la obra titulada El correísmo al desnudo (2013) y que fue seguida por La restauración conservadora del correísmo (2014). En esta ocasión, y ya terminado lo que podríamos de nir como el proceso llamado “revolución ciudadana”, aparece este nuevo ejercicio intelectual titulado El Gran Fraude, donde vuelven a coincidir algunos autores con nuevos analistas confabulados todos en analizar –una vez más– qué es lo que nos dejaron diez años de gobiernos consecutivos de Rafael Correa.
El número de obras publicadas en los últimos años e implicadas en analizar este último período de la historia nacional demuestra el fuerte impacto que significó Rafael Correa para la sociedad ecuatoriana. Más de un año después de haber abandonado el palacio de Carondelet, el personaje aún es el eje de gran parte de la actividad política en el país.
Pese a ello, elecciones las presidenciales del año 2017 mostraron tanto el nivel de agotamiento del que fuera el partido hegemónico durante la última década como el de su líder. Tras dos vueltas electorales y una leve ventaja en el balotaje, Lenín Moreno fue investido hace algo más de un año como Presidente de la República, viéndose obligado a marcar diferencias inmediatas con su antecesor en tres aspectos fundamentales: rompió con las lógicas de polarización y conflicto que estratégicamente el correísmo había aplicado contra sus opositores políticos –algo con lo que la sociedad ecuatoriana ya se mostraba mayoritariamente crítica–; cuestionó el estado de situación económica en el que el régimen anterior dejó al país; y procedió a permitir la actuación independiente de la justicia, rompiendo con una lógica de impunidad que caracterizó a un gobierno que en su última fase no podía acallar las permanentes denuncias de corrupción que le acompañaban por doquier.
A partir de ahí asistimos al paulatino distanciamiento entre el nuevo y el antiguo régimen, en medio de la implosión de Alianza PAIS. Hoy el correísmo, para el pesar de una izquierda nacional con escasa capacidad de lucidez, se ha convertido en el principal detractor del gobierno de Lenín Moreno, mientras sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos de corte izquierdista hacen pactos anti-natura con sectores políticos ubicados al otro lado de la barricada. Todavía no entienden qué fueron y que significaron estos diez años de gobierno ininterrumpido de Rafael Correa.
Pues bien, ese es el principal aporte que hace una obra como esta. Más allá de disquisiciones académicas poco útiles para la reconstrucción de los movimientos sociales y las organizaciones populares en el país, a lo largo de estos textos parece claro que el correísmo no fue más que la expresión política de la transformación emprendida por el capitalismo ecuatoriano tras la crisis nanciera que vivió el país en el año 1999-2000.
Distintos autores analizan con claridad cómo tras el drama ocasionada por el colapso bancario y el posterior “salvataje bancario”, el modelo económico nacional entró en un momento de modernización, que tuvo su clímax con la llegada de Rafael Correa al gobierno. Es así como, durante una época de bonanza económica sin igual en la región, un sector del capital nacional –transversalizado por distintos capitales regionales– pasó a entender mejor sus posibilidades de negocio propiciando un mayor nivel de consumo interno, a través de la incorporación de sectores populares al mercado mediante procesos de financiarización popular. Terminado el período de la “economía de hadas”, fruto del alto precio de los commodities y del efecto de las remesas, lo que quedó fue una grave situación de endeudamiento familiar, descontento social y alto índice de endeudamiento estatal.
Pero este proceso de modernización económica del capital nacional fue acompañado por una fuerte narrativa revolucionaria. Esa fue una de las novedades del correísmo. Este asunto es abordado por la académica y compañera de luchas Natalia Sierra en el primero de los capítulos que contiene esta obra. De la mano de las tesis del siempre estrafalario Slavoj Žižek, la profesora Sierra nos introduce en el pensamiento científico y, a través del método analítico, nos devela las patéticas realidades de un régimen camuflado bajo un discurso pretendidamente emancipador, pero que en realidad no encarnó más que “un entramado de relaciones económicas funcionales a la modernización capitalista vía extractivismo; un entramado de relaciones sociales conservadoras, coloniales y patriarcales”.
Siguiendo con esta línea argumental, donde queda claro que el régimen correísta no implicó la más mínima transformación de carácter estructural, respetándose el modelo de acumulación heredado del neoliberalismo, el profesor académico Carlos de la Torre nos relata la ya perniciosa tendencia de la izquierda ecuatoriana a jugársela por caudillos que jamás militaron en partidos marxistas. Para de la Torre, Rafael Correa no ha sido más que el último seductor populista de la izquierda nacional, lo que nos hace reflexionar sobre las carencias de dicha izquierda. El autor cuestiona la falta de autocrítica existente en estos mundos, lo que les lleva a entender su criminalización y marginalización política como un acto de traición devenido de las conjuras de la derecha, sin contemplar en semejante ceguera que cometen una y otra vez un error táctico como consecuencia de sus continuos coqueteos con el populismo.
Pero más allá de lo económico, donde los sectores empresariales y el sistema nanciero privado se vieron fuertemente beneficiados por el nuevo dinamismo inyectado a la economía nacional mediante la acción del Estado, el estilo de mando correísta generó altos niveles de confrontación con todo aquello que no estuviera políticamente alineado.
Es en ese ámbito por donde también navega el texto de otro compañero de fatigas, el amigo y conocido militante de la izquierda Juan Cuvi. Según él, ha sido tanta la angustia y la precipitación de una izquierda sin grandes éxitos en su necesidad de “hacer política” lo que le llevó a ignorar la perspectiva eminentemente liberal con la que fue concebido el esquema de disputas por el poder –esto que se ha tenido a bien llamar “esfera de la política”–, y que tiene como cometido principal “separar el campo de las decisiones del campo de la cotidianidad, construir un coto cerrado y exclusivo para las negociaciones sobre los asuntos públicos, especializar las prácticas y los conocimientos sobre los asuntos relativos al Estado”. Para Cuvi, optar por esa cancha de juego para dar la pelea hizo que la izquierda política terminara viviéndose –en todos sus órdenes– como liberal, fase de la cual, valdría decir, esa izquierda parece no haber aún salido.
Pero el modelo político y económico correísta funcionó y hasta gozó de alto apoyo popular mientras duró la era de precios altos del petróleo, lo que permitió la generación de importantes flujos de excedentes gracias a la exportación de crudo. En pocas palabras, la sociedad ecuatoriana fue permisiva con el abuso de poder mientras la situación económica permitió el acceso de los sectores históricamente marginados al sistema de consumo capitalista.
Serán dos economistas, los amigos Alberto Acosta y John Cajas Guijarro, desde el trabajo conjunto al que ya nos tienen acostumbrados, quienes abordan la temática de la deuda externa, una cruz que sigue pesando sobre las espaldas de este nuestro pequeño país andino. A cuatro manos, los autores hacen un recorrido sobre lo que fue la truncada auditoría integral impulsada en los primeros años de la Revolución Ciudadana, la ingeniería nanciera que significó el default de diciembre de 2008, para terminar exponiendo el aumento de 14,3 puntos porcentuales en el peso de la deuda pública sobre el PIB que dejó de herencia el correísmo y sus implicaciones para el gobierno actual.
En otro texto complementario, Acosta y Cajas Guijarro desnudan la narrativa propagandística del antiguo régimen respecto de sus logros en materia de equidad. Para ello utilizan la “hipótesis del hocico de lagarto”, de Jürgen Schuldt. Así demuestran que es posible mejorar la distribución del ingreso independientemente de que la riqueza siga concentrada, sin enfrentar las desigualdades estructurales heredadas del período neoliberal. Serán las palabras del mismo Rafael Correa, en mayo del pasado año, las que mejor visualicen la lógica hiperextractivista del régimen correísta: “los trabajadores han duplicado sus salarios, pero los empresarios, pese a todos los llantos, triplicaron sus ganancias en estos diez años”. Siguiendo la tesis de los mencionados autores, podemos ver cómo los excedentes de la década dorada permitieron sacar de la pobreza a parte de los grupos más débiles de nuestra sociedad, sin afectar con ello las desigualdades estructurales del país y, por lo tanto, el “buen vivir” de las élites económicas. En resumidas cuentas, más allá del discurso de barricada de Rafael Correa, nunca hubo voluntad por alterar la matriz de acumulación heredada de la anterior era neoliberal. Por lo tanto, tampoco hubo la intención por transformar un país socialmente muy injusto.
Profundizando en lo económico, este libro goza de los aportes desde México de los investigadores Monika Meireles y Oscar Martínez, quienes posicionan su mirada en el análisis de la imposibilidad de contar con soberanía monetaria como consecuencia de la dolarización. Es desde ahí desde donde se abordarán algunas nociones básicas de la Teoría Moderna Monetaria o neo-chartalismo, el comportamiento fiscal procíclico que el mantenimiento de la dolarización termina por agravar, así como sobre los riesgos del preocupante aumento del déficit fiscal y del endeudamiento público en un momento de crisis.
Pero si desde el plano económico la deuda pública es la herencia correísta que quedó como una cruz sobre las espaldas de los trabajadores, algo que ya comienza a pasarnos una factura fatal, desde el punto de vista de la ética política es la corrupción la otra gran lacra heredada.
Será el ex asambleísta constituyente Fernando Vega quien aborde un tema de actualidad candente: la continuidad durante toda la pasada década de una corrupción institucionalizada y de las lógicas de impunidad sistémica impuestas por un régimen donde el equilibrio de poderes brilló por su ausencia. Para Vega, el deterioro del régimen correísta deviene principalmente de su carácter autoritario, lo que le permitió abonar una cultura que ve en la corrupción un ingrediente normal de la administración pública. En su texto, este autor nos lleva a los orígenes del término corrupción, para terminar aseverando que su significado no es otro que la desintegración progresiva de un ser mediante la acción de factores internos y externos tendientes a su destrucción total, tal y como sucedió con el correísmo durante su última fase.
Cierto es que con la llegada de las “vacas flacas”, o lo que podríamos más bien definir como el fin de la economía fácil, sobrevino un notable incremento de las movilizaciones populares cuestionadoras del régimen. El punto más álgido de estas luchas tuvo su agenda en el paro/movlización protagonizado principalmente por el movimiento indígena en agosto de 2015. La respuesta gubernamental no pudo ser más desafortunada, con una escalada represiva que tuvo sus orígenes en los paros de Dayuma en diciembre del 2007.
Es el docente académico Ramiro Ávila, otro buen amigo y un notable defensor de los derechos humanos, quien aborda la política de criminalización social desarrollada durante la década del gobierno correísta. En su texto, el autor analiza los cambios normativos que propició la Constitución vigente, para posteriormente exponer cómo se ha ido pasado de los giros garantistas auspiciados por un texto constitucional que promovía y protegía derechos hacia una lógica punitivista. Según Ávila, a partir de las reformas constitucionales que se dan luego del triste episodio del 30S, se pasará al endurecimiento de penas, a la multiplicación de los tipos penales, al incremento de la criminalización de la protesta pública, a la reforma que habilita a las Fuerzas Armadas para que realicen tareas de seguridad ciudadana y a la patética explosión de la población carcelaria en el país. Según el autor, “en contra de la Constitución y con base en normas secundarias, actualmente se podría afirmar que en el Ecuador se promueve y practica una política criminal eficientista y represiva”.
Siguiendo en esta línea jurídica, el catedrático cuencano Carlos Castro hace un recorrido sobre las intromisiones de las funciones legislativa y ejecutiva en la administración de justicia del país. Castro expone la ausencia de independencia de poderes durante el régimen correísta, condición de todo poder absolutista, y las consecuencias de la “metida de mano en la justicia” con la Consulta Popular del 7 de mayo de 2011. La criminalización de la protesta social y la judicialización de la política es parte protagónica del texto de Carlos Castro. Allí expone la forma en que los jueces fueron utilizados para sancionar a los adversarios políticos del régimen.
El amigo Mario Melo, otro ilustre profesional del Derecho, aborda la sensible temática de los derechos humanos. En su texto vuelve a aparecer la criminalización de la protesta social, la coerción sobre jueces, episodios como el del Colegio Central Técnico, la ilegalización de la Fundación Pachamama, el Decreto Ejecutivo 16, los malos tratos y la violencia sexual contra los niños en entornos educativos, las sanciones sobre los medios de comunicación y, en general, otros casos que hacen alusión a la “restricción de libertades-control de la justicia por parte del Ejecutivo-criminalización de la protesta” durante la década correísta.
Pero para quienes miramos al mundo indígena como algo de donde se puede aprender, se nos hace especialmente interesante el texto de la compañera Nina Pacari. Escrito desde el mundo de los pueblos y nacionalidades indígenas, Pacari profundiza en el tema del runallakta-ayllullakta (nacionalidades- nacionalidad-Estado) versus el Estado-nación. En su texto detalla cómo, pese al mandato constitucional, el gobierno correísta “hostigó y fustigó” al mundo indígena, “vilipendió a sus autoridades y promovió abiertamente el racismo”. La relación entre el Estado y los pueblos indígenas estuvo marcada por una lógica de confrontación, dado que al Estado correísta –reinstitucionalizado por un régimen caracterizado por una relación directa entre líder y masa– le resultaba adverso lo social y lo colectivo. Ese Estado estuvo lejos de entender la autonomía indígena en el Estado Plurinacional, como el texto constitucional de Montecristi teóricamente lo consagra, pasando a utilizar la violencia epistémica como herramienta de dominación política.
Pese a que el régimen vendió sus políticas públicas en materia de salud y educación como ejes referenciales, transformando la estructura, implementando parámetros de calidad, promoviendo la estabilidad del personal y aplicando regulaciones rechazadas tanto por profesores como por médicos, los compañeros Érika Arteaga y Milton Luna abordan críticamente estos dos temas.
El texto de Érika Arteaga muestra cómo en materia de salud, y más allá de la infraestructura y la corrupción, se propició la acumulación de capital en la industria de insumos, farmacéuticas y aseguradoras privadas. Según Arteaga, pese al discurso propagandístico de la universalización de los servicios de salud, se impulsó el desmantelamiento de la seguridad social con la transferencia de fondos públicos a clínicas privadas, y no se logró que los hogares ecuatorianos gasten menos de lo que ya gastaban en esta materia: “el 45% del gasto promedio en salud de las familias ecuatorianas siguen saliendo del bolsillo de estas”. A la par, el impulso de marcos regulatorios que aseguren el derecho a la salud en un sentido tecno-burocrático nunca disputó el predominio de la industria alimentaria en el país, lo que se plasmó en la lógica ganadora de grupos semi-monopólicos de alimentos industriales como PRONACA, Supermaxi o El Rosado.
Por su parte, el texto de Milton Luna hace un abordaje al tema de la educación, indicando como “se dibujó y ejecutó un neofordismo criollo, un proceso para convertir a la escuela en una suerte de fábrica de seres humanos adecuada para la ‘producción’ en serie de futuros funcionarios, trabajadores y cientí cos cali cados, para sustentar la modernización capitalista en ‘la era del bioconocimiento’ y con gurar la sociedad del rendimiento, con sujetos funcionales para maximizar la producción y el mercado o para fungir de emprendedores por sí mismos”. De igual manera ocurrió en la universidad, donde “bajo la idea del conocimiento como mercancía, se intentó montar de manera delirante y con alto despilfarro de recursos fábricas o maquilas de patentes, para ilusoriamente venderlas a las multinacionales y así obtener recursos para el ‘desarrollo nacional’”.
El régimen correísta mantuvo su legitimidad social mientras le fue posible gracias a las transferencias del excedente extractivista a los sectores históricamente olvidados. Desde ahí parte la compañera y docente académica María Fernanda Solíz, quien aborda la problemática del extractivismo en el Ecuador y la criminalización de sus resistencias locales. Desde Dayuma hasta Nankints la represión es descrita en este capítulo. El texto de Solíz alcanza relevancia cuando pone el dedo en la llaga, haciendo alusión al “silencio cómplice de ministros, funcionarios e incluso militantes históricos de izquierda cercanos al régimen”, todo ello justificado en nombre de un proyecto que se decía de izquierdas, revolucionario y progresista. La autora desnuda la hipocresía de los altos funcionarios del régimen de Correa, por la supuesta indignación demostrada por asambleístas y ministros del régimen tras el asesinato en Argentina de Santiago Maldonado, pero que guardaron silencio ante las muertes de los dirigentes shuar José Tendetza, Freddy Taish y Bosco Wisuma.
Sin embargo, en sus campañas electorales Alianza PAIS explicaba el Buen Vivir como una visión del mundo centrada en el ser humano como parte de su entorno natural y social. Se hablaba de la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas en paz y armonía con la naturaleza, y la prolongación indefinida de las culturas humanas. Será Atawallpa Oviedo el encargado de abordar esa temática. Para Oviedo, el Buen Vivir fue un paradigma constitucional, pero desnaturalizado y hasta folklorizado por el régimen correísta. Según el autor, se construyó un “nuevo buen vivir”, ya no de la racionalidad indígena sino del pensamiento de la nueva izquierda y de cierta academia indigenizada.
Cierra esta obra un texto del amigo Pablo Ospina, otro académico militante de la izquierda social ecuatoriana, quien nos hará un recorrido histórico de la figura de Rafael Correa y el régimen por él impulsado, para terminar analizando los sectores y grupos empresariales más beneficiados durante este período.
En resumen, tienes ante ti un documento más para el análisis del ciclo correísta, una era que marcó tan fuertemente al país que incluso a algunos de sus principales opositores les cuesta superarla. Sin embargo, obras como estas, abordadas desde una perspectiva multidisciplinar, son herramientas fundamentales para entender cómo un proceso histórico originado en las luchas que durante más de dos décadas se implementaron desde los sectores populares contra el neoliberalismo, terminó cercenando la ilusión por la transformación y el cambio en el Ecuador.

viernes, 17 de agosto de 2018

Decio Machado: “Ecuador vive una ruptura respecto a su posicionamiento geopolítico durante la última década”

Nippon Hoso Kyokai / NHK 本放送協会
Televisión Pública de Japón

Ante la próxima visita del presidente ecuatoriano Lenín Moreno a Tokio, la Corporación Radiodifusora de Japón entrevista al experto en geopolítica latinoamericana Decio Machado con quien realizamos un breve análisis de las relaciones internacionales de Ecuador con Asia.

¿En su opinión, cuál es el principal objetivo de ese viaje presidencial a Japón? 

Ecuador ha recibido desde hace años un gran apoyo en materia de tecnología, ayuda reembolsable y no reembolsable por parte de Japón. Uno de los factores de importancia para Ecuador en este viaje del presidente Moreno a Japón es consolidar aún más estas relaciones de cooperación. Sin embargo y más allá de lo anterior, el objetivo fundamental del Ecuador en este momento está enmarcado en el ámbito del intercambio económico, comercial e inversiones que puedan llegar fundamentalmente en materia energética. Ecuador busca inversión extranjera directa a lo largo y ancho del planeta para superar una coyuntura económica heredada del anterior gobierno que dejó a las arcas del Estado sin liquidez.

¿Ese viaje es parte de una política de apertura comercial de Ecuador en relación a Asia? ¿Un acercamiento con Japón puede prejudicar las relaciones con China?

A contramano de lo que está sucediendo a nivel global, donde Estados Unidos está perdiendo el liderazgo a escala mundial y China se ha convertido en el defensor del multilateralismo, Ecuador está inmerso en este momento en un proceso de aperturismo económico que mira a los países occidentales y en general a todos aquellos que han sido históricamente aliados geopolíticos de Estados Unidos. 

En todo caso y en este marco de contradicciones Ecuador está pendiente la suscripción de un acuerdo bilateral de inversiones con Japón cuya negociación arrancará en breve y que es  considerado como una prioridad estratégica para nuestro país.

No considero que este renovado acercamiento de Ecuador con Japón genere un problema respecto a las relaciones sino-ecuatorianas. Pese a las diferencias entre Japón y China respecto a cuestiones relacionadas con el Mar del Sur de China y la concentración militar china en el Mar Oriental en torno a las disputadas Islas Senkaku, el gigante asiático se ha mostrado hasta el momento bastante pragmático en el marco de sus intereses nacionales respecto a sus relaciones con Ecuador. 

Ecuador exporta a China básicamente petróleo y ahora se ha expandido el sector camarón y el banano, siendo muy limitada otras exportaciones provenientes del sector agrícola; por su parte Ecuador compra una inmensidad de bienes manufacturados chinos. En pocas palabras, la relación China vs Ecuador es un claro ejemplo del modelo de relaciones asimétricas que China ha desarrollado durante las últimas décadas en América Latina y un exponente importante de la falta de inteligencia estratégica de nuestra política comercial. Mientras esto siga así, dudo que China manifieste ningún problema respecto a su relación con Ecuador más allá de como fluyan las relaciones con Japón.

¿Por qué Japón puede ser un socio importante a Ecuador? ¿Qué esos dos países se pueden ofrecer?

Japón es el quinto importador más grande en el mundo pese a que estas importaciones hayan decrecido en los últimos años. Al Ecuador le interesa exportar a Japón minerales y productos alimenticios, lo cual sería un reto para este país pues el mercado nipón exige niveles y estándares de calidad bastante importantes y seriedad en términos de aprovisionamiento. Japón es un mercado confiable que paga bien, y eso siempre es importante para los países del sur global. En este sentido, Japón ya es el principal mercado internacional para el brócoli ecuatoriano y acogió en la última feria Foodex Japan 2018, la mayor feria de alimentos de Asía y que se realizó el pasado mes de marzo de Makuari, a 12 empresas ecuatorianas. Por ahí se van trabajando nuevas lineas de entrada de productos ecuatorianos en Japón, tales como el cacao o los chifles de banano y maduro, por poner tan solo dos ejemplos.

En paralelo, la industria japonesa demuestra valores importantes en materia de calidad, innovación y tecnología, elementos muy necesarios en Ecuador. En la actualidad los principales productos japoneses que se importan en el país están relacionados con el sector automotriz, las importaciones de vehículos japonés en Ecuador alcanzaron la cifra de 100 millones de dólares el pasado año, pero podrían desarrollarse otros sectores tales como computadoras, maquinaría eléctrica, aparatos óptico médicos e incluso industria naviera con su correspondiente transferencia en materia de conocimiento y tecnológica, algo muy importante en estos momentos para el Ecuador.

¿Usted cree que Ecuador tiene interese en participar de grandes acuerdos comerciales con Asia o va a invertir en acuerdos bilaterales con países específicos?

Soy bastante crítico respecto a la inteligencia estratégica demostrada por Ecuador en los últimos años en materia de relaciones internacionales, diversificación productiva y de exportaciones. En la actualidad y más allá de valoraciones políticas al respecto, el país ha planteando una ruptura respecto a su posicionamiento geopolítico durante la década anterior, planteándose ahora su integración a la Alianza del Pacífico. En esta alianza está próxima la incorporación como países asociados de Singapur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, lo cual implica también la integración automática de nuevas fuentes económicas del litoral asiático del Pacífico. Esto implicará la apertura del país de forma indirecta a importantes mercados del Asia-Pacífico mediante acuerdos de doble tributación para dinamizar las inversiones recíprocas, el intercambio comercial de servicios y tecnología. Que esto se haga de forma adecuada por parte del gobierno ecuatoriano rompiendo las históricas asimetrías latinoamericanas en el ámbito de una inserción inteligente en el sistema mundo es lo que está por verse.

¿Se puede decir que hubo un cambio en la política exterior de Ecuador con Lenín Moreno? Hay ejemplos de ese cambio?

Si, en efecto hay un cambio de rumbo en la política exterior ecuatoriana que se plasma en los cambios de titular en la Cartera del Ministerio de Asuntos Exteriores y la hoja de ruta trazada por el Ministerio de Comercio Exterior durante este último año. El ejemplo más evidente de esto se visualiza en que Ecuador ha trazado una nueva política en el ámbito de las relaciones internacionales con Estados Unidos, tanto en materia económica, diplomacia y política de defensa. Entender esta realidad implica entender también el cambio de ciclo político que se ha dado durante estos últimos años en América Latina, donde el proyectos de integración regional ha fracasado y la hegemonía política progresista terminó tras los cambios de gobierno en Argentina y Brasil.

¿Cuál es el peso de las inversiones chinas en la economía de Ecuador (en relación a los temas de inversiones y préstamos extranjeros, infraestructura, energía y exportación de commodities)? Qué consecuencias esa relación puede traer para Ecuador?

China y Ecuador son socios estratégicos en materia comercial. El volumen global comercial bilateral entre ambos países superó los cuatro mil millones de dólares en 2017. Dentro del mercado ecuatoriano hay más de 90 empresas chinas que operan en áreas de recursos naturales, carreteras y construcción de infraestructuras. Los principales proyectos emblemáticos, muchos de ellos están siendo hoy auditados por irregularidades en materia de contratación pública, han sido desarrollados por empresas chinas con financiamiento también chino. Tras Estados Unidos, la República Popular China es el segundo mayor proveedor de bienes en Ecuador, con un monto de importaciones de 2.426 millones de dólares, es decir, el 15,5% del total de las importaciones ecuatorianas realizadas en 2016. Sin embargo, esta relación comercial es altamente asimétrica, pues en ese mismo período Ecuador exportó productos a China por tan solo 659 millones de dólares, lo que equivale apenas al 4% del total de exportaciones ecuatorianas, siendo además productos carentes de valor agregado.

Lo anterior no es una singularidad ecuatoriana, China hoy es el primero o segundo socio comercial mas importante de la mayoría de los países latinoamericanos, dándose esas asimetrías a las que hacía referencia de manera más o menos similar en el conjunto de la región. Incluso en países como México, donde su nivel de penetración comercial china era inferior, la realidad hoy esta cambiando debido a la nueva política aislacionista estadounidense.

Las condiciones impuestas por los bancos de desarrollo e inversión chinos, especialmente el Exim Bank, han  significado que las empresas contratadas para el desarrollo de infraestructuras en Ecuador hayan sido básicamente chinas y que los equipos a comprar en muchos casos también hayan venido de dicho país. Todo ello sin transferencia de conocimiento y tecnología. 


El gobierno ecuatoriano priorizó la rapidez y la cuantía de los créditos por encima de factores de costo a medio y largo plazo, tales como impactos económicos locales y ambientales. Las consecuencias son evidentes y se enmarcan en la generación de una nueva dependencia económica que conllevó incluso a que se hipotecarán recursos naturales, específicamente petróleo, incluso antes de que este fuese extraído del subsuelo mediante operaciones de venta anticipadas por parte de la empresa estatal de crudo ecuatoriana.