viernes, 16 de febrero de 2018

Revitalizar el pensamiento crítico en América Latina

Por Decio Machado / Quito
Publicado en Semanario La Brecha de Uruguay



Los debates de la izquierda han gozado históricamente de una gran riqueza intelectual y teórica.

En el mundo del socialismo real, pese a la deriva totalitaria de sus estados, hubo potentes debates tales como si era posible el “socialismo en un solo país” entre los partidarios de León Trotsky y Iósif Stalin; la hoja de ruta para superar la oposición entre el trabajo intelectual y manual entre dirigentes y dirigidos surgidos en China durante la revolución cultural; o la controversia sobre la ley de valor de Marx en las sociedades de transición que protagonizaran el Che Guevara, Ernest Mandel y Charles Bettelheim, con la participación de Paul Sweezy entre otros pensadores marxistas.

De igual manera, los debates de la izquierda en los países capitalistas tampoco fueron baladíes, revitalizándose las elaboraciones respecto a la caracterización de la naturaleza de clase del Estado y el papel de la democracia al interior del pensamiento marxista y la teoría crítica. Estos debates abarcaron desde las formulaciones de Louis Althusser en relación con la naturaleza y papel de los llamados aparatos ideológicos y represivos del Estado hasta los análisis de Michel Foucault sobre los diagramas y dispositivos de poder-saber y la matriz disciplinaria del panóptico moderno. Por su parte, la ratificación de la naturaleza de clase del Estado y las formas particulares que adopta la dominación política supondrían también la aparición de nuevos estudios tanto desde la perspectiva subjetivista como desde las visiones estructuralistas, generando grandes duelos teóricos como la polémica entre Ralph Miliband y Nikos Poulantzas. Incluso tras la caída del Muro de Berlín, las posiciones de Toni Negri y Michael Hart frente a John Holloway, con sus diferentes posiciones sobre la dialéctica y las diferentes perspectivas entre el autonomismo y el marxismo abierto son de gran riqueza intelectual en el ámbito del debate teórico de fin del pasado siglo.

Quizás por ello causa tanta congoja y vergüenza ajena el nivel teórico esbozado por algunos de los académicos latinoamericanos que se han caracterizado en los últimos años por ser los legitimadores intelectuales de los regímenes progresistas. En el campo de la izquierda nunca se había visto tan extensa combinación entre simplificación del pensamiento y actitud conformista en el campo del saber.

Diría Pierre Bourdieu que el intelectual está obligado a desarrollar una práctica de autocrítica. Que deben llevar a cabo una crítica permanente de los abusos de poder o de autoridad que se realizan en nombre de la autoridad intelectual; o si se prefiere, deben someterse a sí mismos a la crítica del uso de la autoridad intelectual como arma política dentro del campo intelectual mismo. Para este destacado representante de la sociología contemporánea, todo académico debería también someter a crítica los prejuicios escolásticos cuya forma más persuasiva es la propensión a tomar como meta una serie de revoluciones de papel. Ironizaría Bourdieu indicando que esto llevó a los intelectuales de su generación a someterse a un radicalismo de papel confundiendo las cosas de lógica por la lógica de las cosas.

Sin embargo, a lo que hoy asistimos por parte del establishment académico de propagandistas de los regímenes progresistas no es otra cosa que lo que el zapatista subcomandante Galeano llamara “histeria ilustrada de la izquierda institucional”, esa que ingenuamente llegada al poder se convierte en un clon de lo que dice combatir, corrupción incluida.

Es evidente que a la producción de pensamiento reaccionario debemos oponer la producción de redes críticas desde la intelectualidad específica. Hago referencia a la noción teórica elaborada por Foucault por la cual se define una actividad inscrita en un campo acotado en el que el intelectual practica su labor singular. Algo más parecido a la figura del experto que a la del opinador generalista que habla indistintamente sobre cualquier cosa en cualquier contexto. Pero esto debe hacerse desde la honestidad, al igual que cualquier tipo de intervención política, y ahí, volviendo al sup Galeano, “hay que reconocer que esa izquierda ilustrada es de deshonestidad valiente”, pues no le importa hacer el ridículo.

En el fondo, el rol de esta intelectualidad progresista se asemeja bastante al de los propagandistas del viejo régimen estalinista, aquellos a los que el mismo Stalin –el menos intelectual de todos los bolcheviques que protagonizaron la Revolución Rusa– bautizaría como “los ingenieros del alma”. Así Vladimir Putin es comparado con Lenin; Rafael Correa con el Che Guevara; las elecciones en Ecuador con la batalla de Stalingrado o el juicio a Lula por sus implicaciones en la trama Odebrecht con el hipotético vía crucis de Jesuscristo en su camino al Calvario.

Sin embargo, hay que hacer memoria de la represión correísta sobre el paro/movilización que tuvo lugar en Ecuador entre el 2 y el 26 de agosto de 2015, donde hubo 229 “agresiones, detenciones, intentos de detención y allanamientos en todos los territorios donde se realizaron movilizaciones y protestas” (informe del Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial Ecuador) o la impunidad en los casos de asesinatos a destacados opositores al modelo extractivista como José Tendetza, Freddy Taish o Bosco Wisuma. Hay que recordar también cómo el gobierno del PT criminalizó y agredió la protesta de jóvenes brasileños en las calles de todo el país en junio de 2013 y posteriormente durante el Mundial de Fútbol de 2014, o cómo se ha disparado el número de asesinatos de jóvenes negros en las zonas de favela en una lógica de política de “limpieza social” sobre todo a partir de la aprobación –con el apoyo del gobierno de Dilma Rousseff– de la ley antiterrorista en el Legislativo. De igual manera, ya no podemos mirar a otro lado ante el nivel de violencia desplegado por las fuerzas de seguridad del Estado en Venezuela, las violaciones de derechos humanos y el alarmante nivel de deterioro de la democracia en ese país.

Ante esta realidad me viene a la memoria Jean Paul Sartre –exponente del existencialismo y del marxismo humanista– cuando en el año 1945 escribió en la revista Le Temps Modernes, “considero a Flaubert y a Goncourt responsables de la represión que siguió a la Comuna de París porque no escribieron una palabra para impedirla”. Para Sartre, el corazón de cuya filosofía era una preciosa noción de libertad y un sentido concomitante de la responsabilidad personal, la misión de un intelectual es proporcionar a la sociedad “una conciencia que la arranque de la inmediatez y despierte la reflexión”.

Aquí, ¿cómo no?, conviene rememorar también al palestino Edward W Said, quien sentenciaría en uno de sus más famosos textos: “Básicamente, el intelectual (…) no es ni un pacificador ni un fabricante de consenso, sino más bien alguien que ha apostado con todo su ser a favor del sentido crítico, y que por lo tanto se niega a aceptar fórmulas fáciles, o clichés estereotipados, o las confirmaciones tranquilizadoras o acomodaticias de lo que tiene que decir el poderoso o convencional”.

Como podemos apreciar, nada que ver con el –en palabras del sup Galeano– “pensamiento perezoso” del progresismo criollo de estos tiempos. Entender el porqué de este deterioro intelectual tiene que ver con razones que van desde las aspiraciones personales de algunos académicos respecto a su capacidad de influencia política en el poder, hasta con una simple falta de conocimientos científicos o históricos que procura esconderse tras una supuesta superioridad analítica, todo ello sin olvidar las limitaciones derivadas del pensamiento binario por el que el mundo se divide simplemente entre derecha e izquierda.

Pero hablemos claro. No existe el pensamiento crítico funcional a gobiernos progresistas o partidos de la izquierda institucional, eso es una falacia. En realidad, la modernidad no se imagina la política sin un proyecto intelectual, por superficial que este sea, motivo por el que toma sentido la intelectualidad progresista actual. Así de tristes son las actuales relaciones entre el saber y la política convencional latinoamericana.

En todo caso, no puede haber un pensamiento crítico que no tenga su anclaje en la propuesta de pensar históricamente y por lo tanto cuestionar la impuesta aceptación de que siempre ha existido y existirá el capitalismo, lo que reduce la cancha del juego a proceder solamente a “humanizarlo”. El pensamiento crítico es en realidad un pensamiento radicalmente anticapitalista. En eso no hay negociación, pues de ello depende el futuro de la humanidad.

De igual manera, el pensamiento crítico implica profundizar sin concesiones el estudio de los mecanismos que mantienen la dominación –procedan éstos de donde sea–, lo cual no admite espacios para la seducción por parte del poder. Y requiere superar lo que podríamos llamar ortodoxia marxista, incorporando lógicas libertarias, ecologistas, feministas, anticolonialistas e indigenistas entre otras tantas.

Al mismo tiempo el pensamiento crítico parte de una acción comprometedora, está embarcado en la acción política y es por ello despreciado desde el poder. No es premiado con salarios de analista para medios de comunicación “progresistas”, no hace consultorías gubernamentales y tampoco forma parte del actual y extendido business académico.

A partir de aquí, el camino es largo pero necesario si esa intelectualidad progresista quiere dejar de vivir del Sur, para pasar a ayudar a transformarlo.



lunes, 12 de febrero de 2018

Ecuador ante un nuevo ciclo político

Tras la Consulta Popular del 4 de febrero

Por Decio Machado

El pasado 4 de febrero el pueblo ecuatoriano decidió terminar con la hegemonía correista que dominó el país durante los últimos 11 años. Dos de cada tres ecuatorianos votaron a favor de las preguntas de la Consulta Popular impulsada por el Gobierno Nacional en una lógica de disputa auspiciada por el ex mandatario Rafael Correa, produciéndose por primera vez en la historia un rechazo ciudadano mayoritario a los postulados políticos del ex mandatario. Hasta entonces -mediante consultas populares, plebiscitos, referéndums y elecciones- el ex presidente Correa había llegado a acumular en tan solo diez años doce victorias consecutivas en las urnas.

De las siete preguntas impulsadas desde el Ejecutivo, las tres primeras tenían relación directa con el correísmo, abordando temáticas como:

  • La supresión de derechos políticos a culpables de corrupción, lo cual afecta a un número cada vez mayor de altos funcionarios que formaron parte del núcleo de poder del antiguo régimen –son ya una decena de ex ministros correista los que se encuentran imputados en distintas causas y este número seguirá en aumento- y que podría terminar afectando al mismo Rafael Correa;

  • La eliminación de la enmienda constitucional aprobada en la última fase del gobierno anterior por la cual implementaba la reelección indefinida en los cargos de gestión pública a partir de 2021 y que permitía a Correa volver a presentarse, tal como era su intención, en los próximos comicios presidenciales;

  • Y, la recomposición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –popularmente conocido como el quinto poder constitucional-, cuyos miembros designaban a parte de los titulares de las instituciones del país, lo cual se le permitió al aparato correista seguir manejando la estructura del Estado más allá de que el ex mandatario ya no ocupara el sillón presidencial.

¿Qué fue el correísmo?

Comprender la situación actual del Ecuador conlleva entender que es lo que fue esto que se ha definido como correísmo y el por qué ha dejado de ser funcional en este momento para las élites ecuatorianas.

Desde 1997, a partir del gobierno de Abdalá Bucaram, Ecuador inauguró una etapa de crisis institucional permanente que hizo que ningún presidente elegido desde entonces en las urnas lograra terminar su mandato. Evidentemente esto generaba gran inestabilidad política y se convirtió en un factor de desequilibrio importante respecto a una política de inversiones que se hacía cada vez más urgente y necesaria para la modernización capitalista que el país debía afrontar tras la crisis financiera vivida en los años 1999-2000.

A la entrada del presente siglo la economía mundial se estabilizó superando las varias e importantes crisis sufridas en diversos países del mundo –México y Venezuela (1994), Tailandia, Indonesia, Filipinas, Taiwán, Corea del Sur… (1997), Rusia (1998) o Argentina (2001)-, lo cual permitió a la economía internacional mejorar su desempeño, con crecimientos entre el 4% y el 6% al iniciar la década, hasta la llegada de la crisis financiera global de 2008.

De igual manera, desde 2003 los precios de los commodities aumentaron por los efectos de huracanes, como el Katrina, en instalaciones petroleras; el crecimiento en la economía de los países emergentes y en los industrializados; y, particularmente, por el auge de la industria de la construcción, que terminó en una burbuja especulativa, que al reventar hizo que los inversionistas vuelquen su interés a mercados especulativos tales como el oro y el petróleo, causando una sobre demanda artificial que hizo subir el precio del crudo a un máximo de 147,27 dólares por barril en julio de 2008.

En ese contexto, el crudo ecuatoriano que depende de la cotización del petróleo norteamericano West Texas Intermediate (WTI) -que es el crudo marcador para el continente americano- y que es básicamente vendido tanto por Petroecuador como por las compañías privadas extranjeras en el país, también elevó notablemente sus precios.

Siendo un país dependiente económicamente del crudo, el crecimiento promedio del PIB ecuatoriano durante la primera década del presente siglo fue de 4,4% mientras que durante los diez años anteriores dicho indicador no superó el 1,8%. Lo anterior indica que a partir del año 2000 la economía ecuatoriana comenzó a consolidarse en gran medida apoyada por condiciones externas favorables –precio del petróleo y las remesas provenientes de los migrantes- generándose las condiciones adecuadas para una tardomodernización del sistema capitalista nacional.

En ese contexto el sector más dinámico del capital ecuatoriano entendió que podía mejorar sus posibilidades de negocio propiciando un mayor nivel de consumo en los mercados internos a través de cierto reparto del excedente petrolero –no de la distribución de la riqueza que continúa en manos de unos pocos- y la incorporación al mercado de sectores populares mediante el endeudamiento familiar y financiarización popular (democratización del consumo con base en préstamos del sector financiero privado). Este es el rol que fundamentalmente desempeñó el gobierno de Rafael Correa durante el último período de bonanza económica en Ecuador.

A lo largo de la primera década del presente siglo, el mayor rubro de participación en el PIB en la economía nacional ha sido el consumo privado, el cual representó un promedio de 66,6% del PIB, convirtiéndose en el factor que más contribuyó al crecimiento nacional durante el período previo a la caída de los precios del petróleo.

La dinamización de la economía nacional teniendo como motor al Estado, eje de la política económica correista, significó que los sectores empresariales y financieros fueran los principales beneficiados de una acción que carecía de riesgos para la inversión privada pues se hacía en base al erario público. El respeto demostrado por el gobierno correista a la matriz de acumulación heredada de la era neoliberal, conllevó que no existiera la más mínima transformación de carácter estructural sobre los pilares que fundamentan los ejes constitutivos de poder en Ecuador; ello, pese a que los sectores históricamente olvidados pudieran beneficiarse durante el período de bonanza de ciertas políticas asistencialistas basadas en la transferencia del excedente derivado de la agudización de las políticas extractivistas. A la postre, esto significó que mientras se ponía hincapié en un propagandístico discurso soberanista, al interior del país se agudizara cada vez más la dependencia económica internacional de los mercados especulativos globales y se reprimarizara sustancialmente la economía nacional.

El modelo económico funcionó e incluso gozó de amplio apoyo popular, milagro económico lo llamaron, mientras duró el boom de los commodities, viniéndose al traste todo el andamiaje de las políticas sociales y económicas correistas a partir de la caída del precio del crudo en 2013.

Es a partir de entonces cuando comienzan a deteriorarse ciertos servicios públicos, la economía nacional se paraliza, el consumo interno cae y los indicadores de disminución de la pobreza e incremento de la capacidad adquisitiva por parte de los trabajadores comienza a deteriorarse.

En febrero del 2014 el gobierno del Presidente Rafael Correa comenzaría a sentir el desgaste político de su mandato, perdiendo en las elecciones seccionales las principales alcaldías del país ante partidos de oposición. Los sectores empresariales que en otro momento se habían visto beneficiados por las políticas correistas, entienden ahora que pasado el período de la economía fácil es necesario aminorar el gasto público, reducir el volumen del Estado y volver a liberalizar la economía. Ante la nueva falta de liquidez del Estado ecuatoriano, este dejó de ser funcional para seguir dinamizando la economía nacional y vuelve a ponerse en cuestión la política de subsidios sociales.

Lo anterior conllevó un incremento de las movilizaciones populares en el conjunto del país, lo cual derivó en una convocatoria de paro/movilización convocado en agosto del 2015 por el movimiento indígena y el sindicalismo no clientelar que terminó siendo vergonzosamente reprimido por las fuerzas de seguridad del Estado.

El conflicto Correa vs Moreno

En estas condiciones y en medio de una agresiva política de endeudamiento público que derivó en que el volumen de deuda externa actual supere con creces los niveles heredados de la época neoliberal, el entonces mandatario ecuatoriano decidió no presentarse a las elecciones del 2017, pero dejó abierta la puerta para una nueva postulación en 2021.

Estratégicamente el correísmo consideró que era mejor que fuera otro mandatario quien procediera con las políticas económicas de ajuste ya inaplazablemente necesarias en el país, permitiendo así una regeneración de la imagen de Rafael Correa, quien estratégicamente volvería en 2021 para “salvar” al Ecuador de los programas de ajuste fruto de un déficit fiscal galopante e insostenible. Así las cosas, en diciembre del 2015, la bancada oficialista aprobó forzadamente una reforma constitucional que permitía la reelección del mandatario para el período inmediatamente posterior a una legislatura marcada por la crisis económica heredada de la gestión saliente. Sin embargo, la estrategia para la vuelta al poder de Rafael Correa pasaba por la necesidad de seguir controlando el aparato del Estado durante el actual período, bloqueándose cualquier posibilidad de fiscalización y auditorias internas que pudiera hacerse sobre un modelo de gestión pública altamente corrupto que significó durante diez años la subyugación de todos los poderes y órganos del control del Estado al Ejecutivo.

Lo anterior implicó la necesidad de que Alianza PAIS ganara las elecciones del 2017, quedando la mayor parte de las instituciones públicas en manos de ex funcionarios de probada cercanía con el ex mandatario. La única figura con la que contaba Alianza PAIS para ganar estas elecciones era Lenín Moreno, quien por sus funciones como enviado especial del Secretario General de Naciones Unidos sobre Discapacidad y Accesibilidad había residido en Ginebra desde 2014, lo que implicaba que se hubiera mantenido al margen del deterioro correista de los últimos años.

Hay que remontarse muy atrás en la historia del Ecuador para encontrar un mandatario que tras diez años de gestión continuada en el poder terminase su período con cierto respaldo político -pese a la decadencia de los últimos años- como era el caso de Rafael Correa. Más allá la enorme polarización social creada entorno a su figura, Correa abandonó la poltrona presidencial con todavía un importante apoyo social fundamentalmente entre los sectores populares, los cuales le reconocían el impulso a proyectos sociales de carácter asistencialista y la inversión realizada durante la última década en el ámbito de la infraestructura y modernización del Estado. Sin embargo, ha sido una concatenación acelerada de errores político estratégicos los que han hecho que el ex mandatario perdiera la hegemonía que aun mantenía políticamente en el país.

Con la llegada la nueva administración de Lenín Moreno, el correísmo dejaba en puestos estratégicos a gran parte de su anterior equipo de gestión. Esto implicaba que mantenía el control sobre un enorme y desmedido aparato de propaganda gubernamental articulado durante la pasada década, al igual que lo hacía respecto al control sobre la producción –sobre la que el Estado ecuatoriano ha tenido una notable incidencia durante los últimos diez años-, en aras a las responsabilidades establecidas en torno a la figura del inicial Vicepresidente de la República, Jorge Glas, el principal hombre de confianza de Rafael Correa en el nuevo gabinete y quien se mantenía como responsable del cambio de matriz productiva y la inversión en megaproyectos. Pero al mismo tiempo, el correísmo mantenía el control también sobre el frente político del gobierno a través de figuras como la primera titular de la Cartera de la Gestión Política –Paola Pabón- y del consejero presidencial Ricardo Patiño –el principal operador político al interior de Alianza PAIS durante la gestión gubernamental anterior-, al igual que lo hacía respecto a la Asamblea Nacional –el legislativo ecuatoriano- a través de sus operadores en la bancada mayoritaria de Alianza PAIS. No contento con esto, Rafael Correa controlaba también, mediante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a los órganos de fiscalización y control del aparato del Estado, cuya designación de responsable respondía íntegramente a personalidades afines al ex presidente en instituciones tales como el Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de la Judicatura o la Defensoría del Pueblo entre otras.

Pese a que las tensiones entre Lenín Moreno y el ala dura correista son palpables desde el mismo momento de la investidura del actual Presidente de la República, el 24 de mayo del pasado año, momento en que la nueva administración descubrió el estado real de las finanzas públicas, es la entrega de la sede social de la CONAIE –estructura organizativa del movimiento indígena y la organización social más importante del país- y el anuncio en julio pasado de los primeros indultos a líderes populares criminalizados durante el régimen anterior lo que generó las primeras reacciones descalificadoras de Rafael Correa respecto a su sucesor.

A partir de ahí los operadores correistas ubicados en funciones de dirección de los distintos medios públicos comienzan a articular una campaña contra la imagen del Presidente Moreno, aduciendo que el país volvía a las políticas del pasado y que se estaba produciendo un reparto de poderes con las élites oligárquicas, lo que conllevó a que la nueva administración morenista nombrase nuevos responsables en dichos medios de comunicación. De esta manera el ex presidente Correa perdía el control del inmenso aparato de propaganda y comunicación cuya creación había sido auspiciada por él mismo.

Un mes después, a primeros de agosto y ya con el agua al cuello fruto de las investigaciones judiciales que se hacían respecto a la trama de Odebrecht en Ecuador, el entonces Vicepresidente Jorge Glas –quien fuera también el segundo al mando durante la ultima fase de la era Correa- emitía una extensa carta pública contra el actual jefe de Estado, acusándolo de converger con los sectores políticamente más reaccionarios del país. La ruptura de relaciones entre el Presidente Moreno y Jorge Glas conllevó la inhabilitación en el cargo del segundo, lo que produjo la pérdida del control por parte de Rafael Correa sobre el aparato productivo y las inversiones en los megaproyectos implementados en el país. Meses más tarde y fruto de las investigaciones judiciales anticorrupción, Jorge Glas terminaría ocupando un celda en la Cárcel No. 4 de Quito y siendo revocado de su cargo. El correísmo perdía de esta forma también su incidencia sobre el aparato productivo.

Pocos días después del exabrupto vicepresidencial y en aras a solucionar este conflicto, el Presidente Moreno enviaría a Bruselas -lugar de residencia actual de Rafael Correa- a los principales operadores políticos del gobierno, todos ellos vinculados durante la gestión anterior al ex mandatario, con el fin de reconducir de forma amigable las relaciones con ex presidente. Para sorpresa del Ejecutivo, tras la vuelta a Quito de dicha delegación, sus principales cabezas -Ricardo Patiño, Paola Pabón y Virgilio Hernández- anunciaban en rueda de prensa la renuncia a sus cargos en el Ejecutivo. De esta manera, Rafael Correa perdía en este caso el control del frente político gubernamental.

Rotos ya todos los canales de comunicación entre el correísmo y el gobierno morenista, el Presidente Moreno anunciaría a primeros del pasado mes de octubre la convocatoria de una Consulta Popular donde algunas preguntas tenían que ver con una lógica de reforma institucional post-caudillista que enrumbase al país por una vía superadora del régimen anterior. Esto terminaría de dinamitar internamente al partido de gobierno. Los sectores afines al ex mandatario determinaron expulsar, de forma irregular, a Lenín Moreno de Alianza PAIS convocando sin legitimidad jurídica una convención nacional de dicha organización política con escaso éxito de convocatoria. Lo anterior conllevó a que tras una decisión del Tribunal Contencioso Electoral, el correísmo perdiera también el control de su propio partido.

El último episodio de este mar de desaciertos correistas se dio ya en enero del presente año, cuando Correa llamó a la desafiliación de sus seguidores de Alianza PAIS, lo cual implicó que también perdiera el control del legislativo, quedando el correísmo con apenas 29 asambleístas y alineándose los 45 restantes de la bancada oficialista con Lenín Moreno.

En resumen, si bien es difícil encontrar un ex mandatario que tras diez años de gestión mantuviera el nivel de apoyo de Correa, también lo es encontrar alguno que haya demostrado tal capacidad para dilapidarlo tan rápidamente.

Consulta y posconsulta

Fue así que se llegó al 4 de febrero, momento en el que el correísmo saboreó por primera vez una derrota electoral. En el fondo, no asistimos a algo que fuera más allá que la plasmación política de una realidad indiscutible en Ecuador: el correísmo nunca construyó una fuerza social y política afín, sino que utilizó al aparato del Estado operando bajo lógicas clientelares en pro del partido de gobierno y la construcción de la imagen mediática de Rafael Correa como un gran caudillo populista. Esto implicó que tras abandonar la poltrona presidencial y no gozar a su antojo de las instituciones del Estado su apoyo político disminuyera notablemente.

La sociedad ecuatoriana ha votado por la conformación de un régimen de transición que le permita superar la herencia implantada por el anterior gobierno, generando las condiciones para la construcción de una nuevo escenario político tras el fin de la hegemonía correista. Queda cortado el cordón umbilical que vinculaba al nuevo gobierno con el régimen anterior, lo cual inhabilita la narrativa correista de que Lenín Moreno ocupa la presidencia del país gracias al endoso de votos derivado de la figura de Rafael Correa.

Tras esta consulta el país entra en una nueva fase política. Por un lado, el Presidente Lenín Moreno ha ganado momentáneamente su pulso con su antecesor, si bien todavía Rafael Correa mantiene un tercio del electorado ecuatoriano. Correa y sus seguidores, tras su desafiliación de Alianza PAIS, están obligados a conformar un nuevo movimiento político nacional, pese a que la popularidad de su líder esté en decadencia. Correa, consciente de que el sector de antiguos líderes de Alianza PAIS que le acompañan esta nueva aventura aportan realmente poco dada la mala imagen de la que gozan ante la sociedad, está obligado a liderar personalmente la construcción del nuevo partido. Será una tarea urgente y nada fácil para el neocorreísmo crear una nueva figura política que tenga posibilidades de disputar la Presidencia de la República en el año 2021.

Por su parte, la voluntad de esta tendencia es ocupar el espacio político de la izquierda ecuatoriana, algo que ya hicieron en el 2006 más allá de los desencuentros entre su discurso y su praxis. Conseguir tal objetivo pasa por bloquear cualquier posibilidad de construcción de alternativas políticas en el campo popular, algo urgentemente necesario para un país que sufre de una izquierda cuyo discurso político se encuentra sin capacidad de sintonizar con la sociedad, donde no existe generación de nuevos liderazgos, y que se ve carente de construir una propuesta convincente para un nuevo modelo de sociedad y país.

Si bien es cierto que la izquierda política y social ecuatoriana ha sido fraccionada, en muchos casos cooptada y hasta perseguida por el régimen correista durante los diez últimos años, también lo es que existe una incapacidad política por parte de su endogámica dirigencia para reinventarse y reposicionarse con un discurso adaptado al momento actual de vive el país. El mero hecho de que gran parte de esta izquierda apoyara en su lógica anticorreista la candidatura del conservador Guillermo Lasso es la segunda vuelta de las últimas presidenciales, es una demostración palpable de su desorientación política y el descrédito del que actualmente gozan ante la ciudadanía ecuatoriana.

En la orilla conservadora, las fuerzas políticas que hasta el momento decidieron no hacerle una oposición política contumaz al actual gobierno cambiaran de actitud. La cercanía de las próximas elecciones seccionales, las cuales tendrán lugar en un año, hace que las organizaciones políticas de la derecha vuelvan a asumir protagonismo tras una alianza anti-natura que permitió que muy diferentes sensibilidades ideológicas establecieran un pacto de no agresión a cambio de trabajar todos por el Sí en esta consulta con el fin de enterrar políticamente al correísmo.

Medios de comunicación, sectores empresariales y fuerzas políticas conservadoras ya anunciaron cambios respecto a su accionar frente el gobierno de Lenín Moreno, lo cual significará el incremento de la presión política y posiblemente movilizaciones callejeras, buscando que el Gobierno Nacional adopte posiciones más reaccionarias fundamentalmente en el ámbito de la política económica.

En todo caso los sectores de la derecha se mantiene divididos, existiendo dos cabezas, hasta ahora políticamente enfrentadas, que responden a grupos de intereses diferenciados. Tanto Guillermo Lasso de forma abierta como Jaime Nebot de manera más sutil aspiran a la Presidencia de la República en el año 2021 o incluso antes si son capaces de forzar el fin anticipado de mandato morenista, un gobierno sobre el que visualizan debilidades no existentes en el gobierno anterior.

Así las cosas, el Gobierno Nacional enfrenta una situación inédita a partir de ahora, la cual consistirá en recibir indiscriminadamente ataques tanto de la derecha –inclusive medios de comunicación privados y lobbies empresariales- como de esta pretendida nueva izquierda correista. Que Lenín Moreno y su equipo de gestión sean capaces de hacer frente a estas presiones está por ver, en todo caso, la estrategia de uno y otro bando ya ha comenzado, en algunos casos incluso con apoyo internacional, tal y como es el caso de Rafael Correa quien en breve dispondrá de la plataforma televisiva Russian Today (RT), un medio de comunicación sensacionalista al servicio del aparato de propaganda putiniano, como herramienta para atacar al actual gobierno.

viernes, 9 de febrero de 2018

Sin tregua

El presidente Juan Manuel Santos suspendió el 29 de enero el diálogo de paz entre su gobierno y la guerrilla, aduciendo que ésta había violado la tregua pactada. El ELN acusa a su vez al gobierno de lo mismo. Algunos indican que la ruptura de la tregua responde a luchas internas en el grupo armado, donde tendrían -por el momento- más peso los sectores menos dialogantes. Mientras tanto, en Colombia sigue faltando las bases para construir un país con un mínimo de democracia y justicia social, y la población vuelve a sufrir a diario la guerra interna.

Por Decio Machado 
Revista Brecha de Uruguay / brecha.com.uy

Pese al Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC en noviembre del 2016, Colombia sigue siendo uno de los países más violentos y agitados de la región. El país combina una crisis institucional que tal magnitud que el descrédito y la percepción de corrupción respecto a su casta política es generalizado entre la sociedad.

El establishment político colombiano, tradicionalmente mentiroso y corrupto e históricamente incapaz de solucionar los problemas estructurales que transversalizan desde hace décadas la realidad social y económica del país, basa gran parte de sus narrativas políticas en la estrategia del miedo al llamado “castrochavismo” y la supuesta imposición de un régimen “comunista” en el país. El discurso anterior permite focalizar por parte de las élites económicas y oligárquicas colombianas su estrategia política en base a la polarización frente a “supuestos” enemigos” internos que operan al servicio del comunismo internacional, lo que genera consensos sociales que les permiten no afrontar –durante décadas- el más mínimo cambio en un modelo económico tremendamente desigual que tiene su base en una institucionalidad política carente de legitimidad social. Para ilustrar el dato anterior, basta señalar que el abstencionismo en el último plebiscito popular impulsado por el gobierno fue del 62,60%, en las últimas elecciones presidenciales del 52,03% en primera vuelta y del 59,90% en segunda, es decir, sólo 13,2 millones de los más de 30 millones de voto habilitado en Colombia decidió quien sería el Presidente de la República en dicho país.

Es en ese contexto en el que el pasado 9 de enero terminó el acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal establecido en la capital del Ecuador, por parte del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual había entrado en vigor a partir del 1 de octubre del 2017.

Esta tregua negociada, la cual no significaba la entrega de armas por parte de la guerrilla ni el final de un conflicto armado que se prolonga desde 1964, tuvo un final dramático. Apenas dos días después de finalizado el cese transitorio de hostilidades el gobierno colombiano anunciaba la paralización de los diálogos de paz con la insurgencia, alegando que el ELN había vuelto a emprender acciones armadas tras 101 días de tregua.

Lo anterior implicó la retirada del representante gubernamental, Gustavo Bell –ex ministro de Defensa-, y su equipo de las mesas de negociación en Quito, bajo el argumento de que la guerrilla había cometido al menos cuatro ataques en el Este del país durante las últimas 24 horas contra oleoductos y destacamentos militares.

Las demandas desde la sociedad civil por la reanudación de los diálogos y la conformación de un nuevo período de tregua, permitió que representantes de la guerrilla y gobierno volvieran a juntarse en la búsqueda de reanudar los diálogos de paz y la negociación. Sin embargo, la reactivación de actividades militares por parte de ambos bandos significó que al menos cinco guerrilleros fuesen abatidos en una operación protagonizada por las Fuerzas Armadas en una zona rural del municipio de Valdivia, en el departamento de Antioquia, lo cual escenificaba la reanudación de la violencia en territorio colombiano tras la ruptura de las negociaciones.

La escalada armamentística desembocaría en varios atentados entre los días 27 y 28 de enero en que distintos artefactos harían explosión en zonas aledañas a estaciones de Policía en Barranquilla, Soledad y Santa Rosa del Sur dejando varios muertos y decenas de heridos.

El presidente Juan Manuel Santos declararía públicamente el mismo lunes 29 de enero su voluntad de “suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días”, dando al traste –al menos momentáneamente- con las expectativas de paz que en las comunidades afectadas por el conflicto armado se había generado.

Una historia que se repite

Durante los últimos treinta años la ruptura de negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN ha sido algo recurrente.

Los primeros intentos de llevar a buen término negociaciones entre la insurgencia elena y el gobierno colombiano datan del período presidencial del liberal Alfonso López Michelsen (1974-1978), teniendo su reedición durante los mandatos de César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998) y Andrés Pastrana (1998-2002).

Sin embargo, las constantes confrontaciones entre combatientes y militares, las presiones de poderes facticos sobre el gobierno y las urgencias requeridas para la desmovilización, hicieron que dichos diálogos nunca llegasen a buen fin. La experiencia actual, lamentablemente, no parece distinta.

La estrategia gubernamental se basa en lo que internacionalmente se conoce como la “estrategia Rabin”, un método derivado de la experiencia sionista que tampoco ha conseguido grandes logros de pacificación en territorio palestino tras setenta años de la creación del Estado de Israel. Esta se basa en combatir al enemigo con toda la contundencia como si no hubiese negociación de paz, pero se negocia al mismo tiempo como si no hubiese acciones armadas insurgentes.

En paralelo y por parte de los voceros del ELN, se denuncia que “desde antes de terminar el cese del fuego, el Ejército ha estado ampliando el pie de fuerza y tomando ventajas militares en varias de las regiones de mayor presencia del ELN”. Si bien lo anterior parece ser verdad, las voces de la dirigencia campesina e indígena que vuelven a sufrir cotidianamente el estado de guerra en Colombia tampoco justifican la vuelta de las operaciones militares defendida por el sector políticamente menos dialogante del ELN. Estos indican que la ruptura del proceso de paz esta basado en el pasado ataque a los cocaleros de Tumaco por parte de la fuerza pública, donde murieron entre cinco y nueve campesinos que protestaban contra la erradicación de cultivos ilícitos en la zona sin ninguna solución económica para la población local; la continuación de la política petrolera del Estado o la represión a la protesta social y los continuos asesinatos a líderes comunitarios y campesinos.

Las organizaciones sociales y campesinas de las regiones afectadas, que vivieron un período de tranquilidad durante los 101 días que duró la tregua, manifiestan su voluntad de que pese a los últimos acontecimientos bélicos el gobierno retome la línea de conversación con la guerrilla, tal y como lo están haciendo públicamente incluso miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Carlos Velandia, ex miembro del Comando Central del ELN, así como otros expertos conocedores de la realidad interna elena, consideran que la ruptura de la tregua responde a luchas internas al interior del grupo guerrillero, donde coyunturalmente estarían imponiéndose las tesis de los sectores menos dialogantes encabezados por Uriel, comandante del Chocó y el bloque occidental. Por otro lado, el abogado colombiano Rodrigo Uprimy, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, considera que “no renovar el cese al fuego no sólo afectaría la confianza en el proceso de paz sino que tendría consecuencias humanitarias desastrosas”. De igual manera se manifiesta el analista Víctor de Currea Lugo, columnista del diario El Espectador, quien considera que “es altamente preocupante que las múltiples voces de la sociedad y de las regiones no hayan sido escuchadas”.

En ese sentido, tanto la Conferencia Episcopal como la Misión de Verificación de la ONU están haciendo llamados a ambas partes a mantener los logros alcanzados durante el cese del fuego bilateral, lo que permitió la “reducción de la violencia” durante el período que se mantuvo en vigencia.

Pese a que organizaciones tales como La Paz Querida, Indepaz, Naciones Unidas, el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz o el manifiesto firmado por más de un centenar de académicos, escritores, empresarios, víctimas y congresistas están llamando a los negociadores del Gobierno y del ELN a que vuelva a retomar los diálogos de paz, la situación al momento actual permanece bloqueada.

Unos y otros se lavan las manos

Ni el Gobierno Nacional –con un presidente que fue premio Nobel de la Paz en 2016- ni la guerrilla quieren en la actualidad asumir sus responsabilidades como causantes de la ruptura de las negociaciones en Quito, pese a que en la actualidad el proceso de paz está agonizando.

La debilidad del gobierno de Juan Manuel Santos en este tramo final de su mandato es un factor que juega en contra de los deseos de una gran parte de sociedad colombiana en aras a una paz justa, la apertura democrática y el impulso de la participación ciudadana en el país. Entre los años 2002 y 2016 fueron asesinados 558 líderes sociales en Colombia, pero las expectativas de que tras los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC estos indicadores bajaran han ido quedando frustrados con el paso del tiempo. Tan sólo durante el pasado mes de enero, han sido registrados más de 23 muertes violentas de líderes populares en el conjunto del país, según un reciente informe documentado presentado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz en Colombia.

En paralelo, es un hecho que existe una dificultad histórica a la hora de negociar con el ELN, una organización guerrillera que se estima cuenta con 1.800 combatientes pero que mantiene una estructura federada que concede autonomía militar a sus frentes, los cuales responden política y militarmente en base al posicionamiento de cada uno de sus comandantes ante este proceso.

En todo caso, el contexto de estas negociaciones de paz se enrarece en función de que se aproxima el mes de marzo, donde se desarrollarán elecciones para renovar el Congreso, así como las presidenciales de mayo. Hay un amplio sector de la izquierda política institucional colombiana que, consciente de la ruptura de negociaciones de paz beneficia a los sectores más beligerantes de la ultraderecha encabezados por el ex presidente Álvaro Uribe, demanda que el ELN articule mecanismos de tregua unilateral que permitan volverse a sentarse a insurgencia y gobierno en las mesas de negociación. Incluso durante el año pasado, varios voceros de las FARC viajaron a Quito para convencer a los negociadores elenos de las bondades del proceso de paz.

En todo y mas allá de los intereses coyunturales de la clase política colombiana, así como de los actores en conflicto, es un hecho que siguen sin generarse las bases para la construcción de un país con unos mínimos de democracia y justicia social que permitan a los movimientos populares ejercer su voz y su acción sin temor al espectro de la violencia.


Generar las condiciones para que se reanude el diálogo pasa por que el conjunto de los sectores democráticos y populares se apropien de un proceso que no debería limitarse a una transa entre el ELN y el Gobierno. El diálogo debe ser amplio e incorporar a múltiples sectores de la sociedad que hoy, una vez más, vuelven a ser ignorados.

viernes, 2 de febrero de 2018

El fin de una hegemonía

Desde que asumió su nuevo presidente, Ecuador se ha convertido en el campo de una batalla política e ideológica que supera sus fronteras. En América Latina, y hasta en Europa, ha surgido un debate sobre la orientación política y las intenciones del sucesor de Rafael Correa, Lenín Moreno. Para el ex mandatario, su otrora correligionario no es otra cosa que un "traidor", y la consulta popular del próximo domingo, convocada por Moreno para  que los ecuatorianos decidan si aprueban o no la reelección presidencial indefinida -con la que Correa espera volver a la presidencia en 2021-, nada menos que un golpe de Estado. El referéndum del 4 de febrero marcará el fin de un ciclo político en Ecuador.

Por Decio Machado / Revista La Brecha

El correísmo no fue más que la expresión política de la transformación emprendida por el capitalismo ecuatoriano tras la crisis financiera que vivió el país en el año 1999-2000. Tras el drama ocasionado por el colapso bancario y su posterior “salvataje bancario” a costa de los ecuatorianos, el modelo económico nacional ha ido pasando por un momento de modernización que tuvo su cúspide con la llegada de Rafael Correa al Palacio Presidencial de Carondelet. Así, un sector del capital nacional –transversalizado por los capitales regionales- pasa a entender mejor sus posibilidades de negocio propiciando un mayor nivel de consumo interno a través de la incorporación de sectores populares al mercado mediante procesos de endeudamiento familiar y financiariación.

Esta nueva realidad produce un nuevo modelo de capital financiero que integra entre sus clientes objetivos y potenciales a dichos sectores populares, lo cual sumado al efecto de las remesas y al excedente petrolero, implica también la transformación de las redes de comercialización de productos importados con el fin de atender a esta emergente demanda.

Superar la inestabilidad política que había caracterizado hasta entonces la historia del país significó repartir más –mediante subsidios y cierto incremento de la capacidad adquisitiva de los trabajadores- en momentos de bonanza económica, buscando con ello garantizar las condiciones de acumulación a largo plazo para los sectores del capital emergente. Lo anterior no conllevó la más mínima transformación de carácter estructural, respetándose el modelo de acumulación heredado del neoliberalismo, lo que permitió que los grupos que históricamente siempre habían ganado nunca estuvieran mejor, pese a determinadas mejoras coyunturales para los sectores olvidados. A esto el aparato de propaganda estatal creado por el correísmo, desorbitante para el tamaño real del país y reforzado por la incautación de algunos canales de televisión que funcionaron estratégicamente alineados a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, llamaron en el ámbito de los económico “milagro ecuatoriano” y  en el plano de lo político “revolución ciudadana”.

Pero más allá de lo económico, donde los sectores empresariales y el sistema financiero privado ecuatoriano se vio fuertemente beneficiado por el nuevo dinamismo inyectado a la economía nacional mediante la acción del Estado, el estilo de mando correista generó altos niveles de confrontación con todo aquello que no estuviera políticamente alineado. Esto implicó que tanto con los sectores políticos más ideológicamente reaccionarios como con los movimientos sociales y organizaciones populares no clientelares, el correísmo tensase los niveles de conflicto hasta extremos de persecución política, procediéndose a criminalizar la protesta social y enjuiciar a múltiples líderes indígenas y populares por sabotaje y terrorismo.

Mediante el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, conocido como el quito poder establecido en la Constitución del 2008, el régimen ocupó con figuras afines los cargos vinculados a Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral o Consejo de la Judicatura entre otros órganos que teóricamente deberían haber gozado de autonomía respecto al Poder Ejecutivo.

El modelo político y económico funcionó y hasta gozó de apoyo popular mientras duró la era de precios altos en los mercados globales del petróleo, lo que permitió la generación de notables flujos de excedente proveniente de la exportación de crudo nacional. En pocas palabras, la sociedad ecuatoriana fue permisiva con el abuso de poder mientras la situación económica permitió el acceso de los sectores históricamente marginados al sistema de consumo.

El punto de inflexión del régimen correista

Las elecciones seccionales del 2014, un año después de que Rafael Correa barriese a sus rivales en las presidenciales del año anterior, marca el comienzo del deterioro correista.  En ellas y aunque Alianza PAIS se mantuvo como primera fuerza política nacional, fue notoria su derrota en las alcaldías de las principales ciudades del país ante partidos de oposición.

Entender esta realidad tiene que ver con el impacto que en la economía nacional comenzó a sentirse tras la caída de los precios del crudo y la incapacidad demostrada por el gobierno nacional para plantear salidas soberanas a la cada vez mayor dependencia adquirida respecto a los mercados de commodities. Al respecto, basta significar que en 2006 las exportaciones de bienes procesados no petroleros eran escasamente del 4,9% del PIB nacional, mientras que en 2014 –tras ocho años de gestión correista- dicho indicador se había deteriorado hasta el 3,9%, es decir, el país se había reprimarizado y los intentos de cambio de matriz productiva y diversificación de las exportaciones eran objetivos fracasados. A partir de entonces, el régimen dejó de tener avances en indicadores sociales antes exitosos tales como la disminución de la pobreza o la generación de empleo digno (trabajadores que al menos ganan el salario básico y/o disfrutan de una jornada laboral de ocho horas).

La llegada del reflujo económico y el fin de la economía fácil conllevó el incremento de movilizaciones populares cuestionadoras al régimen, lo cual tuvo su climax en el paro/movilización protagonizado principalmente por el movimiento indígena en agosto del 2015. La respuesta gubernamental no pudo ser más desafortunada, procediéndose el mayor nivel de represión visto durante toda la década de mandato de Rafael Correa. Sin embargo, la caída de legitimidad del gobierno no amilanó la movilización, apareciendo entonces conflictos y demandas por doquier.

El régimen midió muy mal la coyuntura política, procediendo con una ofensiva política que implicaría que la bancada oficialista -entonces aun compacta y que como todo el resto del aparato del Estado respondía sin rechistar al Presidente de la República- aprobase de forma claramente inconstitucional una enmienda que permitiría la reelección indefinida de un presidente a partir de 2021.

El objetivo era claro, con una economía ya semiestancada en 2015 (crecimiento de apenas el 0,3% del PIB) y un país en recesión en 2016 (contracción del 1,5%), el correísmo buscaba que la salida de la crisis o las medidas de ajuste necesarias fueran protagonizadas por un sucesor, permitiendo que Rafael Correa volviese en 2021 ya con una imagen renovada y sin el coste político que conllevan los necesarios recortes económicos.

Asegurar aquella transición pasaba por posicionar a un hombre de absoluta confianza en el puente de mando de una nao que parecía ir a la deriva. Ese era Jorge Glas, el último vicepresidente del régimen correista y zar de los megaproyectos de infraestructura, si bien carente del más mínimo carisma como para ganar elección presidencial alguna. Es así como se conforma el binomio presidencial del 2017, mientras el gobierno se ve obligado a entrar en una agresiva política de endeudamiento público que le permita mantener las políticas de subsidio a la población más vulnerable, dejándole al siguiente gobierno la patata caliente de tener que afrontar un volumen de deuda porcentualmente muy superior a la que heredó el gobierno correista del pasado neoliberal, un déficit fiscal insostenible y un volumen de aparato del Estado inviable para la nueva situación económica del país.

Ocho meses de gobierno morenista

Las elecciones presidenciales del 2017 mostraron el nivel de agotamiento del que fuera el partido hegemónico durante la última década.

Alianza PAIS necesitó dos vueltas para ganar las elecciones, algo que sólo había sucedido en las primeras presidenciales disputadas por Rafael Correa en 2006, perdiendo más de 1,2 millones de votos respecto a los resultados obtenidos en 2013. La segunda vuelta, fruto de una alianza entre los sectores conservadores y gran parte de una izquierda opositora tremendamente desubicada políticamente, arrojaría un saldo de tan sólo 228.629 votos a favor del candidato oficialista.

La débil victoria morenista, calificada como fraudulenta en base a una estrategia diseñada por asesores de campaña vinculados al venezolano Leopoldo López que trabajaron a favor del candidato conservador Guillermo Lasso durante las elecciones, implicó que Lenín Moreno arrancara su mandato sumamente debilitado. En esta farsa, nunca demostrada documentalmente, gran parte del trabajo sucio le correspondió a algunos líderes y aparatos que dicen responder a posiciones de izquierda.

En estas condiciones y con la figura de Rafael Correa cada vez más desgastada, la nueva administración procedió a marcar diferencias respecto a dos cuestiones: rompió con las lógicas de polarización y conflicto que estratégicamente el correísmo había aplicado contra sus opositores políticos -algo con lo que la sociedad ecuatoriana se mostraba mayoritariamente crítica- y cuestionó el estado de situación económica en el que el mandatario anterior había dejado las finanzas públicas. El primer aspecto buscaba articular un nuevo discurso de reconciliación nacional que superara la campaña de intoxicación respecto al fraude electoral, mientras que lo segundo era fruto de la necesidad de tener de afrontar cambios drásticos en un modelo de gestión económica que había elevado el nivel de endeudamiento real muy por encima del 40% del PIB (tope máximo definido por la Constitución del Ecuador), teniéndose que recurrir a argucias contables para maquillar el valor de dicha deuda.

En paralelo y como consecuencia del cúmulo de denuncias de corrupción que de forma cotidiana aparecían y siguen apareciendo en los medios de comunicación nacionales, el gobierno optó por permitir la actuación independiente de la justicia ecuatoriana en este ámbito. Esto significó un cambio radical respecto a la situación vivida durante la era correista, donde el Poder Judicial respondía directamente a Secretario Jurídico de la Presidencia y los organismos de control quedaron bajo control de cuadros del partido de gobierno imposibilitándose cualquier acción fiscalizadora respecto a las actuaciones gubernamentales. El nuevo funcionamiento independiente de la administración de Justicia implicó que en pocos meses el hombre duro de Rafael Correa en el gobierno morenista, Jorge Glas, terminara con sus huesos en la Cárcel No. 4 de Quito por sus participación en la trama ecuatoriana de Odebrecht, siendo destituido de sus funciones como Vicepresidente de la República. Sin embargo Glas no es el único investigado, siendo varios los altos funcionarios vinculados al gobierno anterior que hoy gozan de boleta de captura mientras se mantienen vergonzosamente fugados.

La situación anterior conllevó la ruptura interna en Alianza PAIS. Rafael Correa, quien había dicho públicamente que pasaría los próximos años residiendo en Bruselas, se vio obligado –ante el cada vez mayor cerco político y jurídico- a volver al país para liderar la nueva oposición al gobierno de Lenín Moreno. Lo anterior determinó la desafiliación de sus seguidores de Alianza PAIS, partido que él mismo fundara en 2006 y que once años después mayoritariamente dejó de responder a los intereses del ex mandatario.

Consulta popular y una nueva etapa de inestabilidad política en Ecuador

El próximo domingo la sociedad ecuatoriana determinará que es lo que sucederá a futuro con el liderazgo político de Rafael Correa. Tres preguntas de un consulta popular con un total de siete afectarán directamente al ex mandatario y su entorno. La pregunta 1, donde se plantea suprimir derechos políticos a culpables de corrupción y que afecta a cada vez mayor número de altos funcionarios que formaron parte del núcleo de poder del antiguo régimen; la pregunta 2, donde se plantea dejar sin efecto la enmienda que permite la reelección indefinida y que dejaría ya sin posibilidad de volver a candidatizarse a unas presidenciales al ex mandatario; y la pregunta 3, donde se plantea elegir nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, evaluando a los cargos de las instituciones de control elegidos por este organismo y destituirlos llegado el caso, lo cual conllevaría el desmantelamiento del aparato correista aun existente en el Estado.

Pero más allá del resultado de esta consulta, es evidente que asistimos al final de un ciclo político en la historia del Ecuador. Rafael Correa está obligado a conformar una nueva organización política, la cual tendrá que afrontar la compleja tramitología impuesta durante su administración para obtener legalización jurídica y poder presentarse a futuros procesos electorales. Pero además, en caso de ganar el Sí en la pregunta 2, es muy posible que el ex mandatario quede inhabilitado para poder volver a candidatizarse como Presidente de la República.

Sin embargo, también para el actual gobierno nacional –quien goza en estos momentos de una situación idílica respecto a sus relaciones con el resto de la oposición política y los medios de comunicación privados- cambiará la situación de política. Para los sectores vinculados a las estructuras históricas de poder en Ecuador, dejó de ser funcional las políticas de subsidios y gasto fiscal articuladas durante la época de bonanza económica, motivo por el cual se anuncian para los próximos meses una serie de medidas de presión política sobre un gobierno al que consideran débil, buscando imponer una nueva agenda política y económica más conservadora.

Ecuador entrará a partir del próximo domingo en una nueva etapa donde la inestabilidad política irá in crecendo. El presente año será un año difícil para Lenín Moreno, quien con un partido mermado por la salida de los correistas, deberá demostrar hasta donde es capaz de aguantar la presión política y mediática que desde los sectores conservadores se articulará en su contra. Las elecciones seccionales de febrero del 2019, donde se elegirán prefectos y alcaldías, será la vara de medición política de lo que suceda en el transcurso del presente año.

Por último, tanto movimientos sociales como organizaciones populares –hoy sin voz ni protagonismo alguno en la política nacional- tienen como reto rearticularse para defender las conquistas sociales adquiridas durante los últimos años, las cuales están en peligro ante nuevas reformas flexibilizadoras en el ámbito de la contratación laboral, nuevos tratados de libre comercio que tendrán fuerte afectación en el área rural y el desarrollo de políticas económicas encaminadas al beneficio de agrobusiness y el sector financiero privado.