viernes, 6 de abril de 2018

La frontera norte ecuatoriana al borde



El secuestro a 3 trabajadores de diario El Comercio, en la frontera norte de Ecuador, no es un hecho aislado. La zona fronteriza ha sido durante décadas un territorio en constante disputa y negociación entre gobiernos y grupos de narcoguerrilleros. Este reportaje de Decio Machado, con fotografías de Edu León y Aitor Sáez, analiza el contexto de un conflicto latente y brinda un panorama más amplio de lo que se cuece en la región.




Frente de Guerra Occidental, en Noanamá, a orillas del río San Juan, Chocó. Noviembre del 2017, durante el cese al fuego bilateral: Foto: Aitor Sáez.
Por Decio Machado*
Diversos estudios académicos indican que en el podium de industrias que más dinero mueven en el planeta están, en primer lugar, el mercado del comercio ilícito de drogas, en el que se maneja unos 300.000 millones de dólares al año; le sigue la banca con 115.000 millones de dólares anuales, esto sin contemplar el monto de activos almacenados en cámaras acorazadas por estas entidades; y en tercer sitial, la prostitución, que mueve anualmente hasta unos 108.000 millones de dólares, siendo esta ilegal en la mayoría de los países.
Entonces, hablar del comercio ilícito de drogas es hablar de una industria en auge y de la que más dinero mueve en el planeta. A su vez, Estados Unidos –principal mercado de consumo en el ranking mundial– es el principal receptor de dichas sustancias. Por poner tan solo un dato sobre la mesa, Estados Unidos registra un 25% del número de muertes globales fruto del consumo de drogas, indicador que durante 1999 era de casi 17.000 personas, y que en el 2015 superó los 52.000 decesos.


Buenaventura es un punto clave para el narcotráfico en Colombia. Por su puerto sale el 75 por ciento de la exportación del país. Grupos guerrilleros y paramilitares se han estado disputando esta zona en cuyas calles aparecen con frecuencia muertos. Foto: Edu León

En lo que tiene que ver en concreto con la cocaína, la producción, el tráfico y el consumo de este estupefaciente apunta a una expansión en el mercado mundial, especialmente en Europa y Estados Unidos. Consecuencia del incremento del cultivo del arbusto de coca en Colombia, los datos globales indican que tras un período de retroceso, la producción aumentó aproximadamente en un 30% durante el período comprendido entre 2013 y 2015. De igual manera, el volumen de fabricación mundial del clorhidrato de cocaína puro en ese mismo 2015 se incrementó en un 25% respecto de los datos del 2013.
Paralelamente, las redes de crimen organizado han ampliado el abanico de actividades ilícitas que forman parte de sus ejes de intervención. Cada vez menos grupos se dedican de manera exclusiva al narcotráfico, y más bien se incorporan a actividades como falsificación de mercancías, trata de personas, tráfico de migrantes y de armas. En todo caso, las drogas siguen siendo el eje más rentable de las actividades delictivas para los cárteles y bandas criminales que operan en el ámbito delictivo. Se estima que en 2014 la venta de narcóticos sumó aproximadamente un tercio de los ingresos de las redes delictivas transnacionales.
Evidentemente, el desarrollo tecnológico ha posibilitado que la distribución de drogas a escala mundial sea menos riesgosa para los grupos delictivos, permitiendo, aún de forma incipiente, que los clientes puedan pagar mediante monedas virtuales –bitcoin y otras–, recibir su compra de manera encubierta y comunicarse mediante redes cifradas.
Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en torno al 30% del monto global derivado del tráfico de cocaína ha sido objeto de blanqueo en países distintos a donde se produce la droga.
  • Si quieres revisar el documento completo del Informe Mundial sobre las drogas 2017, de Unodc, pincha AQUÍ. 
El flujo derivado del blanqueo impulsa la inversión y aumenta el producto interno bruto de los países afectados. Sin embargo, a la larga esos flujos de dinero generan burbujas especulativas sobre bienes raíces, distorsionan las cifras relacionadas con la producción nacional y suelen incrementar los niveles de corrupción.


Guerrileros del Bloque Central Magdalena Medio observan los noticieros en selva cercana a Segovia. Agosto, 2016. Foto: Aitor Sáez.

Respecto de los grupos armados no estatales, existen dos referencias de estudio: los grupos talibanes en Afganistán y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Colombia. La Unodc estima que los talibanes obtuvieron en 2016 entre 150 y 200 millones de dólares derivados del comercio de opio ilícito; mientras en el caso de las FARC, las cifras son más confusas. La Fiscalía colombiana habla de 25 millones de dólares mientras que el gobierno de Colombia y Estados Unidos manejan datos cercanos a los 1.000 millones de dólares derivados del tráfico de cocaína. En todo caso, para los grupos armados cuyo objeto es controlar grandes extensiones de territorio, la necesidad de recursos económicos es apremiante.
Las FARC se introdujeron en el negocio del narcotráfico a mediados de la década de 1980, cuando aplicaron un impuesto al gramaje, para después adentrarse en el cuidado de los cultivos y posteriormente tener los suyos propios y participar de la comercialización. En el 2016 aceptaron, como parte de los acuerdos de paz, interrumpir su participación en el negocio de las drogas.
La complejidad de la problemática de seguridad en el mundo globalizado actual se está volviendo cada vez mayor. Las amenazas no tradicionales requieren ahora de políticas consensuadas que obligan a los Estados a cooperar y comprometer recursos, tanto a escala nacional o regional como incluso a escala global. El orden internacional actual ya no responde a las lógicas que hemos vivido durante la segunda mitad del siglo XX. La desaparición del mundo bipolar propio de la Guerra Fría y las nuevas lógicas en la región, donde incluso el tradicional apoyo internacionalista a los grupos insurgentes latinoamericanos ha desaparecido, permitió situaciones antaño impensables, como que unidades guerrilleras inicialmente alineadas bajo parámetros ideológicos revolucionarios se volcaran a la producción y el comercio de drogas.


Entrada al campamento del Bloque Central Magdalena de las ex FARC . Foto: Aitor Sáez.

Es por todo lo anterior que no deja de ser sorprendente el abandono, en materia de seguridad, que han sufrido las fronteras ecuatorianas en los últimos años, la falta de equipamiento y dotación armamentística a las Fuerzas Armadas, la falta de presencia del Estado en sus periferias, así como la ignorancia respecto de los riesgos que corría un país situado geográficamente entre dos de los tres principales países distribuidores de cocaína del mundo, Colombia y Perú.
La conmoción social en Ecuador
Han sido muchos los informes que durante el proceso de negociación entre las FARC y el gobierno colombiano anunciaron lo que sucede hoy en la frontera norte. La posibilidad de que grupos, desgajados de unas FARC que han ido alejándose paulatinamente de sus principios fundacionales, pudieran incorporarse a la red de bandas criminales emergentes en Colombia era un hecho predecible y del cual el gobierno ecuatoriano tenía constancia.
En noviembre del 2016 se firmaron los acuerdos de paz de Bogotá, comenzando a partir de entonces un proceso en el que los guerrilleros de las FARC abandonaron sus campamentos y se concentraron en 26 zonas y puntos veredales. Desde ese momento, las autoridades –tanto colombianas como ecuatorianas– sabían que otros actores armados y grupos desgajados de las FARC intentarían ocupar los lugares que abandonaba la insurgencia. Así, grupos como Los Rastrojos, La Cordillera, Los Buitragueños, Los Botalones, Los Caqueteños, Los Costeños, Los Pachenca, el Clan Isaza o las Autodefensas Gaitanistas -conocidas como el Clan del Golfo por las autoridades del vecino país- pasaron a reposicionar su protagonismo en 27 de los 32 departamentos de Colombia. Así las cosas, era difícil que Ecuador no sufriera los impactos colaterales del postconflicto colombiano.
Fruto de lo anterior, la sociedad ecuatoriana entraría en conmoción tras el atentado del pasado 27 de enero en San Lorenzo, cuando el estallido de un carro bomba golpeó al país por primera vez en su historia. A partir de ahí, hemos asistido a una escalada de violencia: los tiroteos sobre uniformados el 17 de febrero en la comunidad fronteriza de El Pan, el secuestro del pasado 26 de marzo de un reportero, un fotógrafo y un conductor de diario El Comercio, en los alrededores de Mataje o la detonación de varios artefactos explosivos que incluso provocaron víctimas mortales. El ataque terrorista al cuartel naval de Borbón, el 16 de marzo; cuatro días después el estallido de un nuevo artefacto al paso de una unidad de vigilancia militar en la zona de Mataje y el 4 de abril la explosión de una bomba casera en la parroquia Viche, del cantón Quinindé. De seguir esta escalada de violencia, nadie puede asegurar que no ocurra un atentado más sofisticado en Quito.


Visita del presidente Juan Manuel Santos Ecuador para reuniones bilaterales con Rafael Correa. Foto: Cancilleria

Sería injusto asegurar que los ministerios de Interior y Defensa no hayan hecho nada durante el 2017 en frontera norte, pese a que el deterioro de los indicadores en materia de seguridad ciudadana –tanto en frontera como a escala nacional– son un hecho indiscutible desde que asumiera César Navas la cartera de Interior. En cuanto al Ministerio de Defensa, ente rector de la defensa nacional y vigilante de la soberanía e integridad territorial, las circunstancias políticas hicieron que fueran tres quienes ocuparan la titularidad de esta Cartera en 2017: Ricardo Patiño, Miguel Carvajal y el actual ministro, Patricio Zambrano. Patiño estuvo más dedicado a estructurar las bases políticas de un correísmo en decadencia que en mantener la integridad del territorio nacional, el segundo apenas ejerció de forma transitoria durante 100 días, hasta que llegó a mediados de septiembre Patricio Zambrano.
Pese a las condiciones señaladas, un Estado que en los presupuestos de 2018 tiene que pagar unos 12.000 millones de dólares por servicio de deuda –casi el equivalente al presupuesto para este ejercicio en materia de salud, educación y seguridad– y con dificultades para atender cada fin de mes su gasto corriente, realizó un esfuerzo de inversión de 110 millones de dólares buscando recuperar y sostener algunos medios de control en aguas y zonas terrestres de frontera. Sorprende gratamente que haya sido un ministro con ascendencia socialista y no castrense, como Zambrano, haya logrado recursos adicionales para las Fuerzas Armadas entendiendo la situación de amenaza y riesgo en frontera. Esto ha permitido reforzar el patrullaje terrestre, el número de horas de vuelo y las horas de vigilancia del espacio aéreo mediante radar en frontera.


La ausencia institucional se hace presente en la zona de frontera de Esmeraldas. En Limones, de donde se dice que es originario el ‘Guacho’, la presencia de fuerzas de orden públicas ha sido casi inexistente. Foto: Edu León.

El fin de cierto nivel de “pasividad cómplice” en frontera, con al menos algo más de presión sobre los nuevos focos delincuenciales, pese a la carencia de recursos, propició una campaña terrorista sobre el territorio y personas ecuatorianas con el fin de intentar presionar al Estado e intentar retornar a la anterior situación de confort.
Lo que hoy sucede tiene que ver también con el reposicionamiento de grupos que están vinculados a las redes criminales que dirigía Washington Prado Álava, alías Gerald, conocido como el ‘Pablo Escobar ecuatoriano’. Este jefe de la mafia ecuatoriana, tras ser detenido en Colombia en el 2017 en una operación donde participaron la inteligencia policial de tres países distintos –Colombia, Ecuador y la DEA (EEUU)–, intentaba desesperadamente evitar su extradición a Estados Unidos momentos antes del primer atentado en San Lorenzo. Gerald, un manabita de 35 años que prestó sus servicios a bandas como Los Rastrojos o La Comba, destacándose como lanchero arriesgado que colocaba importantes cargamentos de droga en las costas de Centroamérica y México, terminó articulando su propia red en Ecuador.
En paralelo, el mismo Walter Patricio Arízala Vernaza, alías Guacho, de origen ecuatoriano y líder del Grupo Armado Residual Oliver Sinisterra, uno de los grupos disidentes de las FARC y suministrador de drogas a la red de Gerald en Ecuador, estuvo a punto de ser detenido días antes del primer atentado en San Lorenzo. La banda de Guacho, unas 250 personas, se desvinculó de las FARC en 2016 y en la actualidad se dedica a cuidar el cultivo de campos de coca en Tumaco (suroccidente del Departamento colombiano de Nariño) y a hacer operaciones de tránsito comercial ilícito a Ecuador.


Las aguas del río que separa Ecuador de Colombia son punto de encuentro de los habitantes de Limones. También es el punto caliente donde el narcotráfico ha instalado laboratorios de procesamiento de droga y es ruta de salida hacia el golfo. Foto: Edu León.

El área ubicada entre los ríos Mira y Mataje es el área de acción de Guacho. Según la Fiscalía colombiana este grupo podría generar unas rentas semanales de 25 millones de dólares. El primer atentado en San Lorenzo podría ser una respuesta militar a su casi apresamiento en la Isla Palma Real, de San Lorenzo, donde cayeron en manos de la policía ecuatoriana algunos de sus guardaespaldas.
Los intereses extranjeros en el conflicto 
El conflicto actual en la frontera norte de Ecuador conlleva también entender cuál es la realidad de incidencia política del Ecuador en la región. Durante la última década, la sociedad ecuatoriana ha sido sometida a una estrategia propagandística gubernamental donde se nos ha dicho que Ecuador era uno de los grandes protagonistas de la integración regional latinoamericana, que éramos referente mundial en materia de políticas de seguridad integral y que nuestra política económica era ejemplo de desarrollo en el sistema mundo.


Los lugareños en las zonas de conflictos son los más perjudicados por los intereses politicos en la zona. Agricultores han sufrido durante años los falsos positivos del gobierno de Uribe, por ejemplo. Foto: Aitor Sáez.

Sin embargo, los hechos ocurridos desde el pasado enero hasta acá desnudan la falta de presencia del Estado en las zonas de frontera, los indicadores de pobreza existentes en la periferia del país, la carencia de recursos para el control soberano de nuestras fronteras y la incapacidad diplomática para forzar al gobierno colombiano a que posicione a sus fuerzas armadas en sus territorios fronterizos, donde operan estos grupos delincuenciales.
A partir de aquí, resurgen voces nacionales en materia de seguridad que hablan de la necesidad de reinstalar la base militar estadounidense en Manta –la cual fue desarticulada en 2009– y de reiniciar programas de cooperación militar con los Estados Unidos anteriormente desechados. Sorprende que incluso militares de corte nacionalista como el general Paco Moncayo, un militar en servicio pasivo que representó a los sectores de la izquierda, a la izquierda del gobierno en la última campaña presidencial, hayan expresado textualmente que “sacar la base de Manta y no tener con qué reemplazarla fue tonto e irresponsable”, ignorando que el Artículo 5 de nuestro texto constitucional deja claro que “se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.


Las huellas de una guerra de décadas se refleja en las huellas que han dejado los combates. Foto: Aitor Sáez.

Sería el propio embajador estadounidense en Ecuador, Tood Chapman –un personaje de amplia experiencia que se desempeñó con anterioridad como Subsecretario Adjunto de Asuntos Políticos y Militares en el Departamento de Estado y que ejerció cargos diplomáticos en países de la importancia geopolítica de Brasil y de la importancia estratégico militar de Afganistán– quien poniéndole una interesada sensatez al asunto expresaría que el interés estadounidense no es restablecer una base militar sino resucitar las viejas lógicas de adoctrinamiento en materia de seguridad interna y externa. En términos diplomáticos diríamos que a Estados Unidos le interesa restablecer la cooperación en materia de capacitación, inteligencia, intercambio de información y acceso a colegios militares a los oficiales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En definitiva, un argumento revival con un denso olor a podredumbre que proviene de la vieja Escuela de las Américas.
En ese contexto, el presidente Lenín Moreno se ha visto obligado a conformar un Consejo de Asesores de Seguridad cuya reunión inaugural tuvo lugar el pasado 3 de abril en el Palacio de Gobierno. En todo caso, llama la atención que los tres miembros de este nuevo equipo de crisis sean generales en servicio pasivo –dos de ellos exjefes del Comando Conjunto de las FFAA y el tercero de la Policía Nacional– con escasa experiencia en el combate de lo que la nueva terminología de seguridad llama amenazas híbridas, una combinación de amenazas convencionales y no convencionales que unen desafíos globales a otros internos y cuya identificación preventiva suele resultar muy complicada en el globalizado mundo actual.


Las huellas de una guerra de décadas se ve reflejada en las manos de un guerrillero de las ex FARC. Foto: Aitor Sáez.

Pero más allá de los intereses del llamado “imperio”, el cómo afecta la coyuntura política colombiana actual al conflicto en frontera norte es algo sobre lo que, al menos públicamente, se ha reflexionado muy poco.
Entonces, ¿Colombia qué?
En Colombia se celebrarán elecciones presidenciales el próximo 27 de mayo. El candidato favorito, según las últimas encuestas, es el pupilo uribista Iván Duque. Pese a que Duque apenas goza de experiencia política (tan solo ha ejercido en un cargo público como senador desde 2014 a diciembre del 2017), su partido Centro Democrático ha estado envuelto en varios escándalos por publicar noticias falsas sobre el proceso de paz en Colombia y él mismo se ha manifestado en múltiples ocasiones en contra de dichos acuerdos de paz.
Entre sus principales rivales, quienes intentan forzar una segunda vuelta y ser los candidatos alternativos en un posible balotaje, se destaca la figura de Germán Vargas Lleras. A diferencia de Duque, Vargas Lleras es un perro viejo del establishment político colombiano. Fue presidente del Senado de la República, jefe del partido Cambio Radical, candidato presidencial en 2010, ministro del Interior y de Justicia y de igual manera ministro también de Vivienda, Ciudad y Territorio. Su propuesta electoral en el fondo no es muy distinta a la del uribismo, pero es el candidato del actual presidente Juan Manuel Santos y obtendría réditos políticos –pese a los factores de riesgo que esto entrañaría para la vida de los secuestrados– en el caso hipotético de que hubiera una intervención militar cercana a las fechas electorales –suponiendo que estos estén en Colombia– que permitiera la liberación de los secuestrados ecuatorianos.


Guerrilleros del Frente de Guerra Occidental del ELN, en Noanamá, a orillas del río San Juan, Chocó. Noviembre del 2017, durante el cese al fuego bilateral. Foto: Aitor Sáez.

Pero, más allá de cómo se resuelva la coyuntura actual en frontera norte, hay elementos que requieren una reflexión global en este momento: en primer lugar, no es una nueva dependencia de la cooperación estadounidense el factor que propiciará una mejor actuación en el ámbito del combate a grupos delincuenciales, sino que los países de la región sean capaces de aunar esfuerzos de inteligencia en materia de seguridad interna y externa. En segundo lugar, hay que entender que a un país como Ecuador no le es posible presionar de manera efectiva a Colombia por su falta de cumplimiento en materia de acuerdos bilaterales en lo que tiene que ver con seguridad en frontera. Es necesario, pese a la complejidad de la nueva realidad política regional, rearticular el proceso de integración sudamericana con la finalidad de que su Consejo de Defensa vuelva a tener la misma capacidad de presión que tuvo en la crisis del 2009, cuando Colombia pretendió entregar siete de sus bases para uso estadounidense.


Compañeros periodistas pidiendo la liberación de Paúl, Efrain y Javier. Foto: #nosfaltan3

Por último, parece descabellado pedirle al gobierno ecuatoriano que garantice la vida de los periodistas secuestrados, dado que no es el actor que los tiene secuestrados. Pero, más allá de todo cuanto se diga, #NosFaltan3 y los queremos cuanto antes de vuelta.

Fuentes consultadas: 
Fiscalía de Colombia
Informe de UNODOC 
Defensoría de Pueblo de Colombia
Fundación Arco Iris

*Analista político

viernes, 23 de marzo de 2018

El retorno del uribismo


Perspectivas electorales en Colombia.


Por Decio Machado / Semanario La Brecha  (Uruguay)

A pesar de sus vínculos con paramilitares y el narco, y de ser investigado por la Corte Suprema, el ultraconservador Álvaro Uribe fue el senador más votado de la historia de Colombia en las recientes elecciones legislativas. El candidato de su partido para las presidenciales a fines de mayo, Ivan Duque, es el favorito a la derecha, pero podrá enfrentarse en segunda vuelta al candidato progresista Gustavo Petro.
Pese a que la democracia colombiana ha sido históricamente una de las más antiguas del continente, se convirtió en tradicional que los grupos armados –tanto insurgentes como paramilitares– ejercieran violencia contra los candidatos a cargos de elección popular e incluso contra los votantes. Fruto de estas acciones los muertos se cuentan por miles, aunque desde el año 2010 la incidencia de estos casos comenzó a descender de forma acelerada.
Las elecciones al Senado y Cámara de Representantes del pasado 11 de marzo, así como la campaña presidencial en estos momentos en curso, se desarrollan por primera vez en una Colombia libre de amenazas de grupos armados ilegales. Por un lado, son las primeras elecciones en Colombia tras la firma de los Acuerdos de Paz entre las Farc y el Estado colombiano, y al mismo tiempo el Eln –al menos hasta ahora– ha respetado responsablemente el acuerdo de alto el fuego durante los procesos electorales y su compromiso de no injerencia en la campaña electoral.
Sin embargo, esto no implica que el sistema de partidos y el juego electoral hayan ganado gran legitimidad en este país andino cafetero. En Colombia los partidos o movimientos políticos viven desde hace décadas muy alejados de sus bases, carecen de ideología, son altamente burocráticos y no se articulan bajo parámetros de democracia interna. Fruto de la sumatoria anterior, el sistema de partidos ha ido perdiendo valor tanto para la sociedad como para quienes optan a algún cargo público.
Esta crisis política hace que cuatro de los siete binomios que se presentan en la actual campaña presidencial se hayan desvinculado formalmente de la atadura partidista –pese a que estas tiendas políticas los apoyan indirectamente– y aparezcan formalmente ante la opinión pública como “independientes”.
Es así que las candidaturas progresistas conformadas por el binomio Piedad Córdoba y Jaime Araújo se presentan bajo el nombre de Poder Ciudadano y la de Gustavo Petro y María Ángela Robledo con el nombre de Colombia Humana; la candidatura centrista conformada por la fórmula Sergio Fajardo y Claudia López, pese a tener el apoyo de partidos como la Alianza Verde o el Polo Democrático prefirió inscribirse como Compromiso Humano; y la conservadora encabezada por el vicepresidente santista Germán Vargas Lleras en binomio con el ex ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón se presenta bajo el nombre de #Mejor Vargas Lleras pese a tener detrás al Partido Cambio Radical. Así las cosas, quedaron bajo las siglas de concretos partidos políticos tan sólo las candidaturas del Partido Liberal, compuesta por Humberto de la Calle y Clara López; la ultraconservadora uribista del Centro Democrático, conformada por el binomio Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, y la centroderechista del reaparecido Partido Somos Región Colombia, con Viviane Morales y Jorge Leyva.
Sin duda, entender la realidad política colombiana actual pasa por entender largas décadas de corrupción institucional, la falta de actores políticos nuevos con ideas renovadas, la manipulación informativa y de la opinión pública por parte de los medios de comunicación, la narcopolítica, el asesinato de líderes populares y el control del país por parte de las nuevas élites económicas y la vieja oligarquía tradicional.
LAS LEGISLATIVAS. Como antesala de las presidenciales, el pasado 11 de marzo se realizaron las elecciones legislativas en un sistema bicameral donde se eligieron 108 senadores y 171 parlamentarios.
Los análisis más optimistas ven cierta recuperación en la credibilidad democrática de Colombia por cierta mejora en el indicador de voto en estos últimos comicios, en los que votó casi un 48,9 por ciento de colombianos frente al 43,5 por ciento (promedio entre las elecciones para el Senado y la Cámara) que votó cuatro años atrás. En todo caso, dicho porcentaje de votantes se mantiene por debajo del 50 por ciento del total del censo electoral.
Pese al alto grado de fragmentación existente en el voto, se puede aseverar que los grandes ganadores en las legislativas colombianas fueron las opciones políticas conservadoras y, entre ellas, especialmente el uribismo.
El Partido Liberal y el uribista Centro Democrático obtuvieron 35 curules cada uno en la Cámara, siendo las fuerzas mayoritarias, seguidos por los 30 curules de Cambio Radical, los 25 del Partido de la U (al que pertenece el actual presidente, Juan Manuel Santos) y los 21 del Partido Conservador. Todas estas formaciones políticas, entre las cuales podría discutirse la posición ideológica del Partido Liberal, responden a posiciones conservadoras.
De igual manera en el Senado, las principales fuerzas en número de curules fueron de tendencia derechista –Centro Democrático con 19, Cambio Radical con 16, Partido Conservador con 15– quedando Álvaro Uribe Vélez, contra quien la Corte Suprema abrió una investigación penal y cuyos vínculos con grupos paramilitares y el narcotráfico son de difícil discusión, como el senador más votado de la historia de Colombia al sumar más de 875 mil votos.
Por el lado progresista cabe significar que el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nombre del partido político conformado por las viejas Farc, apenas obtuvieron 52.532 votos en el Senado y 32.636 en la Cámara, lo que no les permitió alcanzar ningún curul y las dejó como una fuerza absolutamente marginal y sin capacidad de incidencia política. Sin embargo, según lo acordado en el acuerdo de paz en La Habana, tendrán cinco escaños en el Senado y otros cinco en la Cámara, aunque previendo la catástrofe optaron por retirar a su líder, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, de la disputa por las presidenciales.
La Alianza Verde obtuvo 1,32 millones de votos al Senado –casi la mitad corresponde al voto de Aitanas Mockus– y 884 mil a la Cámara, mientras la formación izquierdista el Polo Democrático Alternativo no superó los 737 mil y 444 mil, respectivamente. Ambas fuerzas apoyan al centrista Sergio Fajardo a la presidencia. De igual manera la lista de la Decencia, identificada con Gustavo Petro pero no promovida por él, apenas obtuvo 523 mil votos al Senado y 255 mil a la Cámara.
EN SEGUNDA VUELTA. La jornada electoral del 11 de marzo vino acompañada también por un proceso de elecciones primarias de cara a las presidenciales donde participaron una parte de las fuerzas más significativas del ala conservadora, así como parte de los sectores progresistas no involucrados en la candidatura de Fajardo ni de las Farc.
Pese a que la Registraduría Nacional de Colombia dispuso menos papeletas de las necesarias en muchos recintos electorales, una maniobra de funcionarios mañosos que conocen al dedillo el sistema electoral colombiano y que puede haber incidido en el resultado de las primarias, el uribista Iván Duque y el progresista Gustavo Petro fueron los dos grandes ganadores de esta jornada.
A cuatro millones de simpatizantes consiguió movilizar Álvaro Uribe –la figura política más trascendental del país en los últimos 16 años– para refrendar la candidatura de Iván Duque, un abogado de 41 años cuya única experiencia en cargos públicos deviene de su trayectoria como senador del Centro Democrático durante la presente legislatura. Estos resultados muestran la vigencia que mantiene el uribismo, que cuenta con una fuerte base electoral, aliados con votación propia y una importante presencia en el Legislativo.
Duque se presenta como el principal candidato presidencial conservador ante las próximas elecciones del 27 de mayo, con pretensiones de ganar en primera vuelta y acompañado en el binomio por la abogada conservadora Marta Lucía Ramírez, quien quedó como segunda con una votación de millón y medio de votos en dichas primarias. El candidato uribista cuenta con el apoyo del Partido Conservador de Andrés Pastrana –con quien tiene puestos negociados para un futuro gobierno– y también con el de los seguidores ultraconservadores del ex procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez. La posición actual de Duque como favorito en las encuestas entre los candidatos conservadores hace que posiblemente amplíe su política de alianzas a sectores del capital que financiarán fuertemente lo que le queda de campaña.
Duque es un neoliberal que va a seguir aplicando los programas económicos emanados de las instituciones de Bretton Woods, transformando el régimen de seguridad social y pensiones, continuando con la política de privatizaciones y manteniéndose como brazo derecho de Álvaro Uribe pese a que estrictamente no provenga del ala más “derechosa” de Centro Democrático. Otra de las estrategias de Iván Duque es proceder con una reforma de la justicia, bajo la justificación de que el actual aparato judicial colombiano es inepto para dinamizar la inversión en el país, con el fin de suspender las investigaciones en marcha contra Álvaro Uribe.
A LA IZQUIERDA… En el otro lado de la trinchera se ubica Gustavo Petro, con 58 años de edad. Ha sido senador –momento en el que denunció gran parte de la trama de la narcopolítica en Colombia– y alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015. Petro obtuvo 2,8 millones de votos de respaldo en las elecciones primarias, unos 700 mil votos menos de lo que esperaba pero ganando ampliamente su disputa frente a los 515 mil votos de su rival, el abogado Carlos Caicedo, ex alcalde de Santa Marta.
El petrismo se muestra como una fuerza capaz de conseguir los votos necesarios para llegar a una segunda vuelta, siendo el candidato de la izquierda con mayores expectativas en Colombia desde hace mucho tiempo. Hay que remontarse al año 2010 para encontrar a un candidato de perfil ideológico de centroizquierda que lograra llegar a segunda vuelta; Aitanas Mockus lo consiguió con apenas 21,5 por ciento, un resultado inferior al proyectado para Petro. El logro de Gustavo Petro no es baladí, su resultado de primarias supera los 2,6 millones de votos alcanzados por Carlos Gaviria en las elecciones presidenciales de 2006 –los mejores resultados de la izquierda frente a Uribe–, a lo que hay que sumar que hasta hace muy poco tiempo su plataforma política carecía de personería jurídica y estaba inhabilitado por la Contraloría para ser candidato por una discutible sanción de 217.000 millones de pesos (unos 76 millones de dólares).
Pero además, como todo el mundo daba como claro ganador de las primarias progresistas a Gustavo Petro, es muy posible que una parte importante de sus seguidores ni siquiera se haya movilizado para tal evento. Más le vale al candidato que así sea, pues se estima que necesitará de unos 4 millones de votos para llegar a la segunda vuelta (asumiendo que el abstencionismo se mantenga alrededor del 50 por ciento).
Consciente de que Colombia es un país claramente conservador, Gustavo Petro ha ido modificando el discurso según ha ido avanzando la campaña. Pese a ello, la propuesta programática petrista no deja de ser seductora, planteando cuestiones que van más allá del discurso populista, tales como remplazar la dependencia petrolera del país por un cambio de matriz productiva que implique el impulso a energías alternativas o incluso adaptar la economía nacional a la revolución tecnológica existente buscando nuevos nichos de mercado y una inserción más inteligente de Colombia en el sistema mundo. En resumen, pese a que el éxito uribista es inculcar en la sociedad colombiana un miedo desproporcionado a las opciones políticas de izquierdas bajo lógicas de intoxicación comunicacional e informativa, la propuesta económica de Gustavo Petro aparece equilibrada y bastante sensata.
No obstante, los estudios de opinión coinciden en que de llegar Petro a segunda vuelta se generaría una fuerte resistencia entre la clase media colombiana, esa que mayoritariamente vota, propiciándose las condiciones oportunas para el triunfo de Iván Duque.
DIVISIÓN AL CENTRO… Más allá de Duque y Petro, principales contradictores en el momento actual de campaña y ambos con expectativas de crecer en número de votantes, hay otros dos contendientes en la carrera presidencial que merecen ser referenciados.
Los partidos que apoyaron a Sergio Fajardo y Humberto de la Calle sumaron por sí solos en las elecciones legislativas en torno a cuatro millones de votos, lo que les facilitaría –si fuesen juntos– colocar a un candidato presidencial en segunda vuelta. Sin embargo y pese a los llamamientos desesperados de Aitanas Mockus al Partido Liberal para conformar una coalición que apoye la figura de Fajardo, en la actualidad aún permanecen divididos.
Sergio Fajardo y Humberto de la Calle por separado son dos cadáveres políticos. En el caso de Fajardo esto se debe a la pésima campaña que realizó, a que en ningún momento gozó de estrategias electorales y que definió claramente su discurso más allá de cuestionar la corrupción institucional existente. Humberto de la Calle, por su parte, no pudo ostentar un apoyo real de César Gaviria –líder del Partido Liberal– y cometió el error de colocar en su binomio presidencial a la ex alcaldesa de Bogotá Clara López, cuya imagen está muy deteriorada por haber formado parte del gobierno municipal de Samuel Moreno, que está preso por actos de corrupción.
Mientras Fajardo y Mockus buscan en este momento negociar con Humberto de la Calle el apoyo a la candidatura del primero, el único que desde sectores centroizquierdistas podría generar una coalición antiuribista que permitiera un triunfo electoral frente a Duque, un viejo experto de la política como es el presidente del Partido Liberal, César Gaviria, piensa en dejarse medir en primera vuelta para luego negociar el apoyo a cualquiera de los dos candidatos que pudieran llegar al balotaje.
DESAFÍO POR DERECHA. Sin embargo, el riesgo real para el uribismo proviene principalmente de los sectores de la derecha. Y es el cuarto aspirante en discordia, Germán Vargas Lleras, quien representa esta amenaza.
Si sumamos el conjunto del voto conservador el pasado 11 de marzo (Centro Democrático, Partido de la U, Partido Conservador, Opción Ciudadana, Cambio Radical, votos cristianos, etcétera), veremos que alcanza los 10 millones sobre un total aproximado de 17,7 millones de votantes. Ese es el caudal de votos que posiblemente respaldaría a Duque en una segunda vuelta frente a Petro, pero es al mismo tiempo el espacio que pretende disputarle Vargas Lleras al uribismo si es que logra introducirse en el balotaje. El partido de Vargas, Cambio Radical, fue la segunda fuerza más votada en las legislativas tras el partido de Uribe.
Si bien las diferentes encuestadoras colombianas centran la pelea entre Iván Duque y Gustavo Petro, Germán Vargas Lleras es un personaje político que todavía no se debe descartar: un adecuado uso de su experiencia en la partidocracia, su figuración política como gestor de programas de vivienda popular y su disposición a llegar a acuerdos respecto al reparto del poder con cualquiera lo podrían llevar lejos.
Cambio Radical tuvo éxito en las legislativas al ocupar el espacio que sus ex socios en la coalición de gobierno dejaron vacío en diversas regiones del país. Sus listas al Legislativo obtuvieron en torno a 2,15 millones de votos y se dice que no llegaron a poner toda la maquinaria en marcha para atraer el voto clientelar.
Para llegar a la segunda vuelta Vargas Lleras necesita disfrazarse de centrista para competir con Duque, pero pese a ello puede seguir contando con el respaldo de una parte de la oligarquía que no quede alineada con el uribismo y con el apoyo de Juan Manuel Santos. Todo es cuestión de negociar puestos en el futuro gobierno con el santismo… Su propuesta electoral en el fondo no es tan distinta a la del uribismo. Plantea el control salarial, la transformación del régimen de pensiones, subir la edad de jubilación y en rasgos generales, administrar en pro de las élites económicas colombianas. El programa de Vargas Lleras no contempla una sola propuesta a favor de los que viven del salario, sin embargo su victoria sería la única posibilidad de resucitar un escenario de gran coalición central que volviera a integrar a los actuales socios de la Unidad Nacional, dejando fuera al Centro Democrático por el lado más conservador y a los petristas por el lado progresista.
En estas condiciones lo que pase con la evolución de los compromisos adquiridos respecto a los acuerdos de paz y las negociaciones en marcha con el Eln es una incógnita.