domingo, 26 de mayo de 2019

La nueva disputa por la hegemonía geopolítica en América Latina

Por Decio Machado / Director de la Fundación Nómada (Ecuador)

Terminado el ciclo progresista se ha abierto una nueva disputa por la hegemonía geopolítica en América Latina. Entender esta nueva realidad de manera adecuada requiere un análisis que aborde tanto la vertiente geoeconómica como lo que ver con la gobernanza nacional, regional y global con sus respectivos impactos en el subcontinente.

Antecedentes

El ciclo progresista se caracterizó por: a) el fortalecimiento/reposicionamiento de los Estados nación anteriormente reducidos a su mínima expresión durante el periodo neoliberal y en crisis fruto del fenómeno de la globalización; b) el modelo extractivo de producción y exportación de commodities como base de la acumulación estatal, lo que se da en un período coincidente con los más altos precios de los que estos gozaron en el mercado internacional, lo que significó los mayores ingresos recibidos por la región en su historia republicana; c) la aplicación de políticas sociales compensatorias con base en los excedentes estatales producidos por la exportación de materias primas como eje de las nuevas gobernabilidades; d) la realización de grandes obras de infraestructura como pilar de la modernización de los Estados; y, e) la articulación de un discurso soberanista enmarcado en la construcción de un bloque regional que significó un notable impulso de organismos de integración tales como ALBA, UNASUR o CELAC.

En ese contexto cada uno de los elementos anteriores requieren de un somero análisis que permita explicar el fracaso del laboratorio político progresista latinoamericano.

En primer lugar, la nueva centralidad de los Estados frente a la sociedad devino en el debilitamiento de los movimientos sociales que habían sido los protagonistas de un período de convulsiones políticas que entre 1989 y 2005 derribó a una docena de presidentes en diferentes países de la región. En la actualidad, la implementación de políticas agresivas contra los derechos adquiridos por los trabajadores por parte de lo que se ha venido en denominar como un nuevo período de “reinstauración conservadora” carece del nivel de resistencia y organización expresados por los sectores populares durante los momentos previos al ciclo progresista.

En segundo lugar, el modelo extractivo anclado en los hidrocarburos, la minería a cielo abierto y los monocultivos como la soja fueron la clave del éxito económico y lo que permitió políticas sociales ancladas en transferencias monetarias hacia los sectores históricamente olvidados, convirtiéndose en el eje de la legitimidad progresista durante sus momentos de gloria. Sin embargo, lo anterior implicó se que haya agudizado la dependiente inserción internacional de la región como proveedores de materias primas. Las economías latinoamericanas se reprimarizaron, lo que significa mayor vulnerabilidad subordinándolas a las fluctuaciones erráticas de los mercados globales. La temporalidad del boom de los commodities hizo que dichos gobiernos nacieran en los momentos de bonanza económica latinoamericana y entraran en crisis con el fin de esta.

Un tercer factor reseñable es que pese a la transferencia de excedentes estatales a los sectores vulnerables -políticas de subsidios- durante el ciclo progresista, América Latina sigue siendo el continente más desigual del planeta dado que no se redistribuyó la riqueza acumulada por sus élites históricamente dominantes. Aquí cabe una primera aclaración: la reducción de la pobreza en América Latina durante el período de boom de los commodities no es un proceso exclusivo de los regímenes progresistas y basta comparar para ello un par de datos: siguiendo indicadores oficiales entre 2007 y 2014 -momento de la caída de los precios de las materias primas y comienzo de la parálisis económica en diversos países del Sur Global- la pobreza medida por ingresos en el Ecuador correista se redujo del 36.7 por ciento al 22.5 por ciento mientras que en la Colombia de Uribe y Santos se pasó del 45.06 por ciento al 28.05 por ciento, es decir, la Colombia neoliberal redujo su tasa de pobreza en 3.25 puntos porcentuales más que el Ecuador del socialismo del siglo XXI. En términos globales podríamos decir que la combinación de lo que fue una creciente demanda global de recursos naturales por parte de las economías emergentes, especialmente de China, y una serie de sucesivas reducciones de los tipos de interés estadounidenses -en aras a mantener su recuperación económica tras la burbuja tecnológica de 2001- determinó que ingentes cantidades de dinero aterrizasen en los países del Sur haciendo crecer mercados emergentes a partir de 2003. De hecho, a nivel global se asistió a la racha de crecimiento económico más extendida que el mundo ha vivido en el transcurso de su historia. Entre los años 2003 y 2007 la tasa de crecimiento promedio del PIB de los países del Sur pasó de 3.6 por ciento en las dos décadas anteriores al 7.2 por ciento, quedando muy pocos países en desarrollo fuera de ese fenómeno.

En lo que respecta a los países con gobiernos denominados progresistas, durante este período y pese a las óptimas condiciones para hacerlo, no se actuó sobre los pilares estructurales de la desigualdad, lo que implica que en la actualidad el 10 por ciento más rico de la población del subcontinente concentre el 71 por ciento de la riqueza regional. El propio Banco Mundial ha elaborado informes recientes en los cuales se indica que si esta tendencia continúa, en menos de una década el 1 por ciento más rico de la región tendrá más riqueza que el 99 por ciento restante. Desde que la riqueza derivada del auge de los precios de los commodities desapareciera, allá por el año 2015, los indicadores de pobreza latinoamericanos se han vuelto a incrementar de forma paulatina. Pero más allá de que durante el ciclo progresista no se transformase la matriz de acumulación económica heredada de la era neoliberal anterior, tampoco se superó la matriz cultural colonial pese a grandilocuentes discursos de corte popular nacionalista. Un estudio realizado por Oxfam hace apenas tres años demostró que la carga impositiva para las empresas nacionales latinoamericanas seguía equivaliendo al doble de la carga efectiva soportada por las compañías transnacionales en la región.

En cuarto lugar y más allá de la enorme corrupción destapada en la asignación de contratos para la realización de megaproyectos por los gobiernos latinoamericanos en la última década y media (Club de los Contratistas en Perú, caso Odebrecht en múltiples países, descomposición al interior de Petrobras y PDVSA o sobre-precios de constructoras chinas involucradas en la realización de mega-obras en prácticamente todos los países de la región), la canalización de gran parte de estas infraestructuras estuvo vinculada de una u otra forma a lo que fue la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional (IIRSA) hoy redenominada Cosiplan dentro de la moribunda UNASUR. El desarrollo de las infraestructuras latinoamericanas en este período de insólita expansión se articuló en torno a lógicas vinculadas a la acumulación por desposesión, la nueva fase de acumulación capitalista en la región, en beneficio final del capital global centralizado fundamentalmente en el hemisferio Norte y el Asia emergente. Carreteras, ferrovías, represas, puertos, aeropuertos, hidrovías y líneas de transmisión formaron parte de una amplia cartera de megaproyectos destinados a profundizar el extractivismo a escala interamericana con sus correspondientes impactos sociales y ambientales en los territorios explotados.

Por último, hay que significar que el discurso soberanista quedó supeditado a una mayor dependencia a los mercados globales y la tan aireada refundación de -en términos bolivarianos- la Patria Grande, se enmarcó en una lógica de integración regional que quedó paralizada incluso antes del cambio hacia la nueva hegemonía política conservadora. La última cumbre con cierto dinamismo de la CELAC tuvo lugar en La Habana el 28 y 29 de enero de 2014, las comisiones de trabajo de la UNASUR prácticamente se paralizaron en el transcurrir del año 2015 y el ALBA -especialmente Petrocaribe- dejó de ser útil para los países implicados a partir de la agudización del deterioro económico de Venezuela en el año 2016. Todo ello coincidente con el impacto en las economías latinoamericanas de la caída de los precios de los commodities en los mercados internacionales.

El posicionamiento de China en América Latina

La República Popular China se ha posicionado como un global player desde comienzos del presente siglo, fruto del proceso de reformas y apertura iniciado en diciembre de 1978 por Deng Xiaoping. En estas cuatro décadas y mediante la estrategia definida como “cruzar el río sintiendo las piedras”, el gigante asiático ha ido liberalizando de manera escalonada su economía sin privatizar masivamente sus empresas estatales.

A inicios del siglo XXI China impulsó la estrategia “go out” mediante la cual rompió sus barreras tradicionales con respecto a la política económica externa, reafirmando su posicionamiento en el sistema económico internacional y colocando montos crecientes de capitales propios en inversiones en el exterior. Esto implicó un drástico reforzamiento de los vínculos comerciales de China con las economías emergentes y en desarrollo, entre ellas las de América Latina.

Es así que entidades como China Development Bank y Export-Import Bank of China han financiado iniciativas de infraestructura, energía, transporte y logística en el subcontinente, si bien la mayoría de estos créditos han sido condicionados a la intervención de empresas chinas en su desarrollo y al interés estratégico de nuevo imperio asiático (creación de corrededores para el suministro de petróleo, minerales y soja hacia Asia y la modernización de instalaciones portuarias en la costa latinoamericana del Pacífico). China se ha convertido en un proveedor de capital clave para la región en los últimos años, proceso que tiene su origen con el arranque del ciclo político progresista y justificado políticamente bajo un discurso de ruptura con las instituciones de Bretton Woods. En paralelo, las necesidades de materias primas para el desarrollo industrial chino hizo que desde 2003 las economías de América Latina y Caribe, especialmente las de América de Sur, hayan considerado al gigante asiático como su principal cliente en el ámbito de la exportación de commodities.

Sin embargo y fruto de un proceso de reformas propugnadas por Beijing que tuvo su arranque a partir de 2010 -con la meta de cambiar su modelo productivo y enfocada a que el motor de la economía sea el consumo interno y no las exportaciones-, en los últimos cinco años la demanda por materias primas de China ha disminuido, motivo por el cual los asiáticos pusieron el foco en los proyectos de infraestructura latinoamericanos. Sea por inversión extranjera directa o a través de la entrega de créditos por parte de bancos chinos, la presencia del país asiático en América Latina ha ido cambiando de forma en los últimos años.

Pero si algo distingue a la diplomacia china de la occidental es que siempre han sido hábiles practicantes de la realpolitik y estudiosos de una doctrina estratégica claramente diferencia de la estadounidense. El ideal chino hace hincapié en la sutileza, la acción indirecta y la paciente acumulación de ventajas relativas. Es por algo que frente al ajedrez, un juego de estrategia que surgió en Europa durante el siglo XV como evolución del juego persa shatranj y donde existen 32 piezas móviles en un tablero dividido por 64 casillas que buscan la batalla decisiva para matar el “rey”, los chinos juegan a Wei Qi -conocido en Occidente con el nombre japonés go- donde lo que se mueven son 360 piezas en 361 posiciones bajo una lógica de la batalla prolongada que busca rodear al enemigo.

Conscientes de las ingentes necesidades de recursos por parte del subcontinente, Beijing se ha asegurado de que los cambios políticos de tendencia conservadora desarrollados en los últimos años en la región no afecten a sus flujos comerciales e inversiones en los diferentes países latinoamericanos. Es más, en el segundo foro de ministros de la República Popular China, América Latina y el Caribe que se celebró en enero del 2018 en Chile, el gigante asiático se comprometió a incrementar notablemente su inserción económica en una región ya hegemonizada por gobiernos de perfil conservador.

El presidente Xi Jinping ha realizado en los últimos seis años cuatro giras por América Latina visitando 12 países, más de las realizadas por Barak Obama y Donald Trump durante la última década. Mauricio Macri, uno de los representantes del cambio de ciclo político en la región, ha sido más visitado por Xi Jinping que Nicolás Maduro, presidente de un país suministrador a China de petróleo, coltán y oro que además le debe a los créditos asiáticos el balón de oxígeno financiero gracias al que aún subsiste el gobierno bolivariano.

De esta manera, en el año 2018 el volumen del comercio bilateral entre China y América Latina alcanzó un récord de 307.400 millones de dólares, lo que implica un aumento del 18.9 por ciento respecto al año anterior. En la actualidad China es el principal socio comercial de la región, pese a que la relación entre ambos lados del Pacífico sea notablemente asimétrica: la mayoría de los países de la región mantienen déficits comerciales con China, los escasos superávits existentes se generan gracias a las ventas de productos primarios y las manufacturas chinas han desplazado a las latinoamericanas tanto en sus propios mercados como en terceros mercados. Mientras las exportaciones de América Latina a China se mueven en ratios de un 70 por ciento de bienes primarios y un 25 por ciento de manufacturas basadas en recursos naturales de bajo valor agregado, el subcontinente importa del país más poblado del mundo un 41 por ciento de manufacturas de alta tecnología y un 27 por ciento de manufacturas de tecnología media.

En los últimos años, además del avance en obras de infraestructuras, la inversión china directa en América Latina se ha expandido también a sectores como los servicios financieros, comercio, adquisición de bienes raíces para alquiler y actividades manufactureras. Otra gran parte de esa inversión reciente se debe a fusiones o compra de empresas latinoamericanas, aunque esto no ha significado ni el aumento de capital productivo ni generación de empleo.

En el ámbito hidroeléctrico, China invertirá aproximadamente en la segunda etapa de un programa de modernización de represas hidroeléctricas Jupiá e Ilha Solterira en Brasil y la compra del 100 por ciento de la empresa hidroeléctrica Atiaia Energía. Ampliando este marco de acción la china Southern Power ha pasado a controlar el 28 por ciento de las acciones de la compañía chilena de electricidad Transelec.

En materias primas destacan dos recientes grandes inversiones regionales: Tianqi Lithium -con sede central en Chengdu, capital de la provincia china de Sichuan- se hizo con el 24 por ciento de la chilena Sociedad Química y Minera (SQM) y Chinalco -rama peruana de la firma de capitales chinos Aluminum Corp of China Ltd- expandirá su mina de cobre Toromocho en Junín.

De igual manera destacan las últimas intervenciones chinas en Panamá, país convertido en su centro de comercio y logística para América del Norte y del Sur, con quienes han firmado en menos de año y medio 47 acuerdos comerciales. En breve el Banco de China tendrá un sede regional en Ciudad de Panamá.

Otro de los ejemplos más recientes de diversificación de inversiones chinas en la región es la adquisición que hizo Didi Chuxing -una especie de Uber chino- de la empresa 99, denominada popularmente como el “Uber brasileño”. El Business Plan de Didi Chuxing en América Latina apunta a su expansión regional, combinándolo con servicios de asesoramiento en inteligencia artificial a gobiernos municipales de varias ciudades latinoamericanas. Al respecto, es destacable indicar que casi todos lo gigantes tecnológicos chinos están entrando en los mercados latinoamericanos: TCL -firma electrónica china- estableció una empresa conjunta con Radio Victoria, el mayor fabricante de productos electrónicos de Argentina; Huiyin Bockchain Venture ha invertido en el servicio argentino de procesamiento de pagos en bitcoins Ripio; y la empresa Mobike, la más grande red de bicicletas compartidas sin estaciones de aparcamiento, ha lanzado recientemente sus servicios en Ciudad de México y Santiago de Chile.

Desde una perspectiva meramente comercial los países latinoamericanos son un gran mercado de consumo donde marcas como Huawei y Xiaomi venden smartphones baratos y de alta calidad en poderosos mercados como Brasil, México, Colombia o Argentina. Sin embargo, los países latinoamericanos que no pueden ofrecer un gran mercado interno también son de interés para las tecnológicas chinas. Sin ir más lejos, las autoridades venezolanas han asignado a primeros de año a ZTE Corporation 70 millones de dólares para el desarrollo de tecnologías aplicables a la creación de un sistema nacional de identificación electrónica de los ciudadanos del país.

En paralelo y desde una perspectiva geopolítica más convencional, Beijing ha conseguido en el marco de su política denominada “Una sola China” que países como Costa Rica (2007), Panamá (2017) y República Dominicana (2018) hayan roto relaciones diplomáticas con Taiwán. En la actualidad los países en los que Taiwán mantiene embajadas en el subcontinente son escasos y carecen de importancia estratégica y económica.

Rusia en América Latina: los enemigos de mis enemigos son mis amigos

El interés de Rusia por América Latina es relativamente reciente. Tras la desaparición de la Unión Soviética (1991) los rusos no habían vuelto a mirar al subcontinente hasta el conflicto armado en Osetia del Sur, cuando la Nicaragua de Daniel Ortega (2008) e inmediatamente después la Venezuela de Hugo Chávez (2009) fueron los dos primeros países del planeta -tras el Kremlin- en reconocer la independencia de Osetia del Sur y Abjasia. Esta fuerte actividad diplomática rusa en la región volvió a repetirse en 2014 tras la crisis en Crimea y la guerra en el Donbáss (este de Ucrania), como respuesta a las correspondientes sanciones impulsadas por Washington y la Unión Europea contra Moscú.

A diferencia de China, el comercio ruso de bienes en el subcontinente es insignificante y apenas representa el 2 por ciento de toda su actividad comercial global. Su principal socio es Brasil, con un comercio bilateral de unos 4 mil millones de dólares, y en segundo lugar Venezuela, a quien compra alrededor de 1.7 mil millones de dólares de petróleo. Resto de las actividades comerciales rusas en la región es marginal y la influencia del Kremlin es prácticamente nula.

Desde una visión clásica de la geopolítica, Vladímir Putin ha buscado en los últimos años aliados estratégicos en una región cercana a Estados Unidos buscando emular las acciones realizadas por Washington en la periferia de la Federación Rusa.

Es así que Moscú le ha prestado a Venezuela unos 16 mil millones de dólares desde 2006 hasta la fecha, siendo estos préstamos reembolsados a través de envío de petróleo. En la actualidad, Venezuela está utilizando al gigante energético ruso Rosneft para evadir las actuales sanciones comerciales de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. Bajo una estrategia de triangulación contable la petrolera estatal venezolana PDVSA cobra desde el pasado mes de enero -momento en el que Juan Guaidó fue parcialmente reconocido por la diplomacia internacional como presidente encargado de Venezuela- gran parte de sus facturas de venta de petróleo a través de Rosneft. Este inusual acuerdo de pago es parte de una serie de esquemas estratégicos puestos en marcha por el gobierno de Maduro para tener acceso a efectivo en medio de las sanciones internacional que en la actualidad sufre el país, incluida la venta de reservas de oro por parte de su Banco Central. De esta manera, una parte del flujo económico hacia Venezuela pasa a través del banco ruso-venezolano Evrofinance Mosnarbank, entidad financiera que desde el pasado mes de marzo ha sido colocado también bajo sanciones estadounidenses.

Estados Unidos y América Latina en el marco de la guerra comercial con China

Entre los escasos compromisos electorales de Donald Trump en materia de política exterior destaca su promesa de contener la emergencia de China a nivel global y limitar el libre comercio con Asia y América Latina. Entre ambos evidentemente existe una contradicción, pues los espacios dejados por el repliegue estadounidense a nivel global son rápidamente ocupados por los intereses chinos.

La nueva Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, presentada en enero del 2018 por James Mattis -general que ejerciera como Secretario de Defensa hasta diciembre del pasado año-, indica que “la competencia estratégica entre los estados, no el terrorismo, es ahora la principal preocupación de seguridad nacional de Estados Unidos”. Lo anterior significa un cambio respecto al enfoque de la seguridad realizado por Washington tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, e identifica a China y Rusia como las nuevas principales amenazas, posicionando a Corea del Norte e Irán en un segundo estadio.

Bajo un plan estratégico definido como “competir, impedir y ganar”, se asevera que “los costos de no implementar esta estrategia están claros, e implicarán una disminución de la influencia global de Estados Unidos, la erosión de la cohesión entre aliados y socios, así como la reducción del acceso a mercados, lo que contribuiría al declive en la prosperidad y el modo de vida estadounidense”.

Aterrizando lo anterior a América Latina, vemos como desde marzo de 2018 -momento en que comenzara el conflicto comercial entre Estados Unidos y China- Donald Trump ha ido anunciado el recorte de la ayuda económica a Centroamérica como respuesta al flujo migratorio, ha retrotraído parcialmente los niveles de apertura del gobierno Obama respecto a Cuba, incrementó el volumen de sus amenazas respecto al cierre de la frontera con México, le espeta a Colombia que “no ha hecho nada” contra el narcotráfico y en la actualidad aplica duras sanciones económicas contra Venezuela.

Pese a que la diplomacia estadounidense ha lanzado una ofensiva en el subcontinente planteando que Washington es mejor socio comercial que China, siguen sin ser capaces de proponer una política especialmente atractiva para los gobiernos latinoamericanos, lo que demuestra la carencia de planes estratégicos enfocados a la región.

Con un enfoque que busca priorizar acuerdos comerciales bilaterales país a país -condición que se ve beneficiada por el actual desmantelamiento de las herramientas de integración regional impulsadas durante el ciclo progresista- y la reducción de su déficit comercial, Estados Unidos busca reposicionarse en la región mediante una variedad creciente de actividades económicas trasladadas al ámbito digital (online), abarcando varias tecnologías de información y comunicaciones (TIC) que tienen un impacto transformador en la manera de hacer negocios, y en la interacción de las personas entre sí y con el gobierno y las empresas. Las exportaciones de Estados Unidos relacionadas con el comercio digital están aumentando, junto con la inversión extranjera directa en esas industrias. Lo anterior indica una dura competencia frente a China por la hegemonía tecnológica en América Latina.

Sin embargo, la nueva derecha latinoamericana en el poder y la que viene camino de hacerlo en los escasos gobiernos progresistas que quedan en la región es tremendamente pragmática, y salvando el caso brasileño, tiene escaso conflicto en articular relaciones con el capital, venga este de donde venga, en aras a implementar sus nuevas políticas neoliberales.

Donde si se atisban cambios estratégicos es en la política de seguridad regional. La nueva agenda, orienta nuevamente por Estados Unidos, tiene dos características esenciales: mayor participación de inteligencia estadounidense en la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizado, lo que a la postre tendrá su impacto en los mecanismos de control sobre la disidencia política, así como la vuelta a las maniobras militares conjuntas con operativos de apoyo de Estados Unidos, tal y como fue el caso de AmazonLog17 en territorio amazónico brasileño durante el gobierno de Michel Temer.

Esta condición implica, más temprano que tarde, que habrá una colisión entre la hegemonía militar estadounidense y la nueva hegemonía comercial china en la región. Como se canalice su desenlace es lo que está por verse…

Fuente: vientosur.info

miércoles, 22 de mayo de 2019

Ajedrez vs Go en el tablero de la Geopolítica Mundial

Por Decio Machado

El ajedrez, tal y como lo conocemos, surgió en Europa durante el siglo XV, como evolución de un juego persa llamado shatranj traído por los árabes al viejo continente, el cual, a su vez, se deriva del juego indú chaturanga, cuya primera referencia literaria está en el texto épico-religioso del siglo III antes de la era cristiana conocido como el Majábharata (200.000 versos en idioma sánscrito que narra hechos posiblemente sucedidos en la India durante aquella época).

Resumir el ajedrez en pocas líneas implicar indicar que 16 piezas de distinto poder estratégico se enfrentan a otras 16 de igual orden -divididas por el color blanco y negro- en un tablero cuadriculado de 8x8 que constituye las 64 posibles posiciones que pueden ir siendo adquiridas por dichas piezas en el transcurso del juego. El objetivo es derrocar al rey del oponente, el equivalente a hacer caer el gobierno o régimen político del adversario, mediante una combinación de dominio del centro del tablero -que es donde en un primer momento se centra el combate-, protección del rey, la estructura de peones o el dominio de columnas y diagonales, intentado con todo ello debilitar el campo del contrario y proceder con posibles ataques por ambos flancos al rival. Como diría Jorge Luís Borges: “Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor diamantino sujeta su albedrío y su jornada…”

Sin embargo, los chinos juegan desde hace unos 2.500 años al juego del go, el cual ya aparecía en textos antiquísimos como el Lún Yǔ -conocido en Occidente como las Analectas- y que son la versión escrita de una serie de charlas que Confucio impartió a sus discípulos con sus correspondientes discusiones. Algunas leyendas sitúan el origen del go en el Emperador Yao (2337-2258 a.C.), quien solicitó a su consejero Shun que diseñase un juego que enseñara disciplina, concentración y equilibrio a su hijo Dazhu, que se supone era desjuiciado. Otras teorías sugieren que el juego fue inventado por generales y mandos del ejército chino, quienes usaban piedras para señalar posiciones de ataque en mapas rústicamente diseñados.

El objetivo del juego, cuya traducción aproximada es juego de rodear, consiste en controlar una cantidad de territorio mayor a la del oponente rodeándolo con piedras (fichas todas de igual valor en su peso estratégico). Divididas también entre colores blanco y negro para dos jugadores, donde los tableros llegan a ser de 19x19, situándose las piedras (181 negras y 180 blancas) en las intersecciones entre líneas del tablero de juego. La estrategia general del go es expandir el territorio controlado por cada jugador cada vez que sea posible, atacando así los puntos débiles del oponente y capturando sus piezas mediante el cerco o la emboscada. 

Entender las lógicas de conflicto entre Estados Unidos y China en la geopolítica actual implica entender las diferencias filosóficas de los dos juegos de estrategia afianzados culturalmente en el Occidente y Oriente del planeta.

Mientras que el ajedrez es fundamentalmente un juego de guerra, en el cual se comanda un ejército contra el del oponente, el go es un juego de control territorial. En el ajedrez es el jugador de piezas blancas quien mueve primero, considerándose esta posición como una ventaja pequeña pero significativa. En el go son las negras quien hace el primer movimiento, manifestándose de manera bastante elocuente dicha ventaja, pues al jugador blanco se le compensa con una cierta cantidad de puntos -habitualmente 6,5 puntos- por el hecho de ser el segundo en jugar. 

De igual manera, en el ajedrez los jugadores principiantes deben aplicarse en el estudio de la táctica, ya que un gran porcentaje de las partidas son decididas con base en errores de carácter táctico. En el go, pese a que los jugadores principiantes también deben estudiar problemas tácticos, el equilibrio está sesgado notablemente a favor de temas estratégicos. Es decir, los jugadores deben sopesar constantemente los asuntos tácticos de área contra los asuntos estratégicos más amplios que afectan la totalidad del tablero.

Pues bien, explicadas las diferencias entre un juego y otro, cabe indicar que las sanciones  aplicables al gigante tecnológico chino Huawei a partir del próximo mes de agosto, anunciadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las cuales implicarían que Google restrinja el acceso de esta compañía a su software -Android- equivalen a un movimiento de torre en ajedrez que con ayuda de su rey busca dar jaque mate al rey enemigo en un tablero vacío. 

En el trasfondo de esa cuestión está el liderazgo de la tecnología 5G, quinta generación de tecnologías de telefonía móvil, que es la sucesora de la tecnología 4G que en la actualidad aun andamos todos utilizando. La velocidad a la que permite navegar el 5G en dispositivos móviles es de 400 megabytes por segundo, lo cual permitirá que en 2020 unos 20.000 millones de objetos/máquinas estén conectados entre sí. Viviendas 100% conectadas, un mayor uso de dispositivos como wearables y tabletas, así como autos conectados, son tan solo algunos objetos que podremos ver de forma cotidiana en muy breve espacio de tiempo. Lo anterior implicará un alto desarrollo de la tecnología del Internet de las Cosas, lo que beneficiará ampliamente al sector empresarial productivo a través del uso de aplicaciones desde donde se podrá automatizar, controlar y conectar máquinas, dispositivos e interruptores por medio de internet (sensores de movimiento, de PH, de temperatura, presión y humedad para la agroindustria; detectores de humo, GPS, conteo de personas y tráfico para el sector de infraestructura; telemedicina, monitoreo de la calidad de agua, aire, tráfico y edificios y ciudades inteligentes en el sector gubernamental). También el sector financiero se verá notablemente beneficiado mediante nuevas técnicas para el monitoreo y control de cajeros automáticos, detáfonos, sistemas de alarma y apertura automática de puertas y bóvedas. De igual manera, en el sector marítimo mediante el Internet Satelital se avanzará en tecnología de rastreo, estado de carga y de productos de alto valor. 

Alegóricamente, este movimiento de torre más rey de la Administración Trump contra Huawei y posiblemente en breve también contra la compañía china Hikvision, mayor proveedor mundial de soluciones de seguridad y productos de videovigilancia -cuya capitalización bursátil ronda los 35.000 millones de dólares ahora con caídas en Bolsa- supondrá un impacto táctico sobre el objetivo de Beijing de lograr en 2025 los avances claves que le permitan en 2030 dominar el mercado tecnológico mundial, pero difícilmente operaciones proteccionistas de estas características le permitirá a Estados Unidos ganar su guerra por mantener la hegemonía global.

La mayoría de las grandes compañías tecnológicas estadounidenses hoy tienen ya en frente a su correspondiente rival chino. En e-comerce Amazon tiene su réplica en Alibaba; en smartphone Apple se las ve con Huawei; en motores de búsqueda por Internet Google tiene su espejo en Baidu, y así podríamos seguir… Las sanciones que puedan derivar de la táctica estadounidense para golpear a las nuevas tecnológicas orientales no va a hacer retroceder a Beijing de su programa “Made in China 2025”, planificado plan maestro chino con altos montos de inversión que tiene como objetivo que el gigante asiático sea el líder mundial de las nuevas tecnologías en la próxima década. Si nos remontamos al reciente origen de todo esto habría que retrotraerse al año 2005, cuando Lenovo adquirió los computadores IBM posicionándose como el referente oriental en el campo del hardware y dejando atrás a HP, Dell e incluso Apple. Sin duda, y a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, la fusión de planificados intereses entre Estado y empresas de perfil global en China hace que la potencia emergente disfrute de ventajas estratégicas frente a los movimientos tácticos estadounidenses. Todo parecería indicar que más allá de la independencia tecnológica china, estas empresa terminarán vendiendo masivamente su tecnología al resto del mundo en detrimento de quienes todavía hoy lideran este mercado.

Al igual que las empresas tecnológicas de Estados Unidos han creado puertas traseras en sus smartphone para el espionaje de cualquier tipo, la extensión de la venta de celulares -Huawei o Xiomi entre otros- le permitirán a Beijing hacer a la larga lo mismo.

Ahora bien, más allá de la competencia estrictamente en el ámbito del liderazgo tecnológico en la cual Beijing le lleva dos años de adelanto -lo cual no es poco- a Washington respecto a la tecnología 5G, la República Popular China es ya un fuerte comprador de activos en territorios -mediante sus enormes reservas fruto de su excedente económico- que para Estados Unidos son fundamentales por ser fuentes de recursos estratégicos.

En este sentido, cabe reseñar que China no tiene la capacidad de convertirse en una potencia  energética dado que no cubre sus necesidades de demanda interna, mientras que mediante la producción de hidrocarburos no convencionales -fracturación hidráulica o fracking- Estados Unidos se ha convertido en un exportador tanto de petróleo como de gas natural. La falta de capacidad petrolera interna llevó a China a consumir cada vez más carbón de producción nacional e internacional, lo que ha implicado fuertes problemas ambientales al interior del país y pone en riesgo las metas fijadas en el Acuerdo de París dado que actualmente es el mayor emisor de gases de efecto invernadero a nivel planetario (entre 1990 y 2015, China pasó de 1,05 billones de toneladas de consuno anual de carbono a 3,97 billones y sus empresas están implicas en la construcción, financiamiento o son propietarias de aproximadamente el 16% de todas las plantas de carbón del planeta destinadas a generar energía). Conscientes, más por motivos económicos que por sensibilidad ambiental, de que están obligados a evolucionar hacia las energías renovables, los asiáticos se han convertido en un referente mundial del desarrollo de la industria de vehículos eléctricos. Se estima que este año China tendrá una cuota de entre el 4% y el 5% de parking automovilístico en formato eléctrico, lo que sin duda afectará al mercado global.

De igual manera, desde el nacimiento del patrón dólar -el cual se inicia con los acuerdos de Bretton Woods a partir de 1944- Estados Unidos goza de una ventaja exclusiva sobre el resto de las economías del mundo que le hace ser el proveedor mundial de liquidez a base de la demanda de su divisa. Esto ha permitido que los déficits por cuenta corriente no le hayan supuesto ningún problema a Washington para su estabilidad económica y que sus emisiones de deuda sean comparativamente a un menor interés, es decir, tiene acceso a una financiación más barata en referencia a aquello que el entonces ministro de finanzas francés, Valéry Giscard D´Estaing, definiera como “privilegio exorbitante”. Para que nos entendamos, en la práctica Estados Unidos hoy puede emitir billetes dólar para adquirir bienes valorados por cualquier determinado importe a otro país -87% de todas las transacciones de divisas se hacen en esa moneda-, mientras el resto del mundo tiene que producir bienes por ese mismo valor.

Esto facilita la capacidad del Departamento del Tesoro estadounidense para refinanciar los vencimientos de deuda sin mayor problema, ya que los inversores acuden sistemáticamente a este activo seguro. Es así que Washington puede refinanciar su deuda de manera sistemática sin riesgo alguno y adquirir deuda perpetua -dilema de Triffin- y con títulos que gozan de una amplia liquidez. Sin ir más lejos, según el FMI la composición monetaria de las reservas internacionales está dominada en un 62,70% del total por dicha moneda. Esto le ha permitido a los estadounidenses tener un nivel de vida estimativamente 20% superior a lo que tendrían de no darse estas condiciones. Sin embargo, actualmente Alemania, Francia, China y Rusia promueven activamente la sustitución del dólar por una canasta de monedas del FMI -los llamados Derechos Especiales de Giro- como moneda de reserva mundial. De igual manera, algunos bancos centrales de América Latina y principalmente Asia han optado por diversificarse fuera del dólar y aumentar sus compras en otros activos como, por ejemplo, bonos del gobierno del Japón.

Pero abarcando la lógica de conflicto entre estas dos grandes potencias desde otra perspectiva, cabe indicar que existen diversas formas metodológicas de medir el PIB de un país. Si utilizamos la metodología y los datos del FMI, veremos que Estados Unidos tiene 20 billones de dólares de PIB mientras China tiene 13 billones. Pese a que la diferencia entre ambos países aún es importante, Estados Unidos crece a tasas del 2% al 3% mientras que China crece a más del doble de este indicador. De seguir así, en la próxima década Estados Unidos perdería su hegemonía desde el punto de vista del PIB nominal. Pero si utilizamos la metodología del PIB (PPA) -valores de paridad de poder adquisitivo- China hoy ya es la primera potencia mundial con 25 billones de dólares sobre los 20,5 billones de los Estados Unidos.

El objetivo de la guerra comercial lanzada por Donald Trump contra China no es otro que intentar evitar que el país asiático siga avanzando al ritmo al que va en el marco de la hegemonía mundial frente un Estados Unidos en franco deterioro. Esta lógica se mueve bajo la siguiente estrategia: ralentizar la expansión comercial china esperando que su pirámide poblacional -los chinos envejecen más rápidamente de lo que se enriquecen- termine generando un enorme desequilibrio que explote en forma crisis económica y estabilidad social en territorio asiático. De hecho, la misma Academia de Ciencias Sociales de China alertó a principios de este año que si no se toman medidas urgentes en elevar la tasa media de fertilidad de 1,6 hijos por mujer, la disminución poblacional será imparable desde el 2027. El brusco descenso de la natalidad -la población china comenzó a reducirse en el 2015- lleva aparejado el rápido envejecimiento de la sociedad, lo que tendrá un fuerte impacto sobre un sistema de Seguridad Social que de momento amortigua la presión por la reducción de la población activa y el enorme gasto que esto supone para las arcas estatales en materia de salud y cuidados a largo plazo de los mayores.

Por último, el mega proyecto intercontinental denominado The Belt and Road Initiative (BRI) o Nueva Ruta de la Seda, un plan de transporte e infraestructura auxiliar titánico que pretende transformar la economía mundial tanto por tierra como por mar y que comunicará Asia con Europa, África y América Latina, involucrará a 65 países y el 70% de la población mundial. 

Desde el punto de vista económico, para China los beneficios son evidentes: ampliar vías hacia el oeste, desarrollar nuevos mercados para sus productos en áreas hoy empobrecidas, estimular sus sectores industriales en momentos en que su economía está en una etapa de ralentización y facilitar que otros países adopten sus estándares tecnológicos (entre ellos su tecnología 5G). 

¿Pero alguien piensa que esto es solo una iniciativa económica? Con esta dimensionalmente hablando brutal iniciativa, China termina de cerrar su estrategia de juego go mediante lo que técnicamente se denomina “carrera de captura” -semeai en japones-, mediante la cual terminará de convertir a Estados Unidos en “piedras muertas” -aquellas que quedan rodeadas por el adversario en el tablero go- desarrollando un cambio de visión respecto a China en todos los países en los que se hagan mega inversiones, dominando también así la nueva diplomacia internacional.

Resumidas así las cosas y aunque la partida aún esta en juego, todo parece indicar que la próxima década apunta a un claro ganador en la lucha por la dominación mundial. Uno por cierto, culturalmente muy lejano a las lógicas del sistema semi-democrático liberal hegemónico en Occidente y con poca sensibilidad hacia los derechos humanos y el medio ambiente.


miércoles, 17 de abril de 2019

Un huésped incómodo

Por Decio Machado / Universidad Nómada del Sur
Revista La Brecha
Ecuador y la entrega de Assange a Reino Unido.

El pasado 11 de abril, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue expulsado de la embajada de Ecuador en Londres. El gobierno de ese país le había retirado minutos antes el estatuto de asilo, lo que desembocó en las dramáticas imágenes que dieron la vuelta al mundo con Assange arrastrado por agentes de la Scotland Yard a un furgón policial, para ser luego confinado en la prisión de Belmarsh, una cárcel de alta seguridad ubicada en el sudeste de la capital británica, lugar que se conoce popularmente con el apelativo de “el Guantánamo de Londres”.
Más allá de que la diplomacia ecuatoriana y su gobierno nacional hayan quedado en entredicho con tal acción violatoria del derecho interno e internacional, conviene hacer un repaso rápido de cómo llegó Julian Assange a la embajada ecuatoriana en Londres y sus seis años y diez meses de permanencia en ella.
Fue el martes 19 de junio de 2012 cuando Assange llegó a esas instalaciones diplomáticas. Chompa de cuero, casco de moto y una piedra en el zapato para cojear convincentemente fueron el camuflaje utilizado por quien nos desvelara, entre otras cosas, las atrocidades estadounidenses en la guerra de Irak y Afganistán, así como las injerencias del Departamento de Estado en la política nacional de prácticamente todos los países del planeta.
Negociada de antemano con las principales autoridades de la cancillería ecuatoriana, el gobierno del pequeño país andino dijo acceder a la petición de asilo político con base en criterios que se fundamentan en la defensa de los derechos humanos y el respeto a convenciones y tratados internacionales. En el fondo, desde el inicio hasta el final de dicha operación política se ocultaba la intención de reposicionar al entonces presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, como un adalid de la libertad de expresión, mientras en el interior del país el periodismo crítico era amenazado y perseguido por el régimen.
Assange, empujado por su necesidad de protección internacional, accedía así a ser herramienta y producto de la estrategia político-publicitaria de un gobierno menor en un país de escasa importancia geopolítica.
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Confinado en 19 metros cuadrados en una misión diplomática londinense que ni siquiera dispone de un patio interior donde recibir la luz del sol, la convivencia entre un Assange cada vez más desquiciado psicológicamente y unos funcionarios ecuatorianos de perfil ideológico más bien conservador y procedencia social elitista no fue fácil. El fundador de Wikileaks no se dejó domesticar tampoco por las presiones recibidas del gobierno ecuatoriano en diversos momentos. En octubre de 2016, se le cortó por primera vez el uso de Internet, por orden del entonces mandatario Rafael Correa. La decisión se tomó tras presiones del secretario de Estado estadounidense John Kerry, en el marco de las filtraciones de documentos de Wikileaks sobre la candidata presidencial Hillary Clinton. En un comunicado público del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, se reconoció entonces que al asilado australiano se le había “restringido temporalmente”su sistema de comunicaciones, dado que “el gobierno del Ecuador respeta el principio de no intervención en los asuntos de otros países y no se inmiscuye en procesos electorales en curso ni apoya a un candidato en especial”.
Esta circunstancia volvería a suceder en marzo de 2018, ya bajo el gobierno de Lenín Moreno, actual inquilino del palacio presidencial de Carondelet, de Quito. En la ruptura definitiva entre Moreno y Assange que se dio entonces, el mandatario ecuatoriano indicó que había heredado del gobierno anterior “una piedra en el zapato”, en referencia a la protección del fundador de Wikileaks. El rompimiento se dio tras una fracasada operación diplomática realizada por la hoy presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas. María Fernanda Espinosa, quien ejerció como titular de la cartera de Exteriores en el gobierno de Lenín Moreno hasta mediados de junio de 2018, había intentado sacarlo de territorio británico mediante la nacionalización ecuatoriana de Assange y su nombramiento como consejero diplomático con salario de funcionario público.
Assange debía empezar a ejercer su cargo el 19 de enero de 2018 y el plan fracasó ante la negativa de Reino Unido, que evidentemente nunca reconoció el estatuto de asilado de un Julian Assange ya inclinado, en su evolución personal, a desarrollar actividades afines a los intereses estratégicos geopolíticos rusos. Espinosa anularía inmediatamente después aquel nombramiento, dejando al descubierto las pueriles limitaciones estratégicas del gobierno ecuatoriano.
Con José Valencia ya como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la situación del australiano se complicó notablemente. Valencia, un diplomático de carrera, ya había dado muestras de sus posiciones pro estadounidenses durante la crisis de Angostura de 2008 –violación de la soberanía territorial de Ecuador por Colombia por medio del bombardeo de un campamento clandestino de las Farc–. La llegada de Valencia al frente de la cartera ocurrió en el marco del fin del ciclo progresista, momento de realineación de las políticas exteriores de Sudamérica con los intereses de la Casa Blanca. De aquellos barros, estos lodos… Es así como, apoyado por sus colaboradores más directos, el presidente Moreno se sacó la “piedra en el zapato”.
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Sin embargo, y más allá de vergüenzas políticas internacionales, todo el procedimiento implementado por el Ministerio de Relaciones Exteriores es de dudosa legalidad. Quito le retiró indebidamente la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange –una necesidad legal para entregarle a Scotland Yard su nuevo prisionero–, violando la Constitución y la ley de Ecuador. Con el argumento de que dicha nacionalidad había sido otorgada irregularmente por la canciller anterior, el gobierno actual ignoró –urgido por los tiempos impuestos por intereses extranjeros– la obligación de garantizar a Assange el debido proceso. Este acto de desnaturalización debería haber sido validado por un juez en materia administrativa, y eso no sucedió.
En paralelo, y según la relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, Ecuador ha expuesto a “graves violaciones a sus derechos humanos”a Julian Assange por retirarle la protección diplomática. Incluso la propia defensora del pueblo ecuatoriana, a contracorriente del gobierno y la posición generalizada en los medios de comunicación convencionales del país, expresó sus críticas al respecto e indicó que la decisión gubernamental “ha limitado los derechos a la nacionalidad, asilo, el principio de no devolución y las garantías del debido proceso previstos en la Constitución de la República, la ley de movilidad humana y en los instrumentos internacionales de derechos humanos”.
Acorralado ante semejantes argumentos, el gobierno de Ecuador se ha visto obligado a mantener un “showmediático” ante su ciudadanía, con la articulación de una narrativa que hace referencia a una trama de ciberespionaje internacional. Conscientes de que la lucha por el poder implica el control del mensaje, se desarrolló un disparatado discurso oficial en el que se implica a supuestos hackersrusos en territorio nacional –a los que nunca se encontró–, a un desarrollador sueco de software libre amigo de Assange y especialista en protección de datos, e incluso a la mascota que acompañó a Assange en su tiempo de confinamiento en la embajada. Según el embajador ecuatoriano en Londres, se sospecha que el gato –hoy desaparecido– adoptado por el fundador de Wikileaks en sus tiempos de reclusión diplomática estuviese entrenado por el huésped indeseado para portar sofisticados dispositivos de espionaje en su collarín.
En resumen y más allá del riesgo que hoy pende sobre la libertad e incluso la vida de Julian Assange, no cabe duda de que la acción ecuatoriana sobre este caso le daría la razón a Goethe, cuando dijo: “Contra la estupidez, hasta los dioses luchan en vano”.

sábado, 30 de marzo de 2019

Prosur: un proceso sin chicha ni limoná

Por Decio Machado / Universidad Nómada del Sur

Publicado en Semanario La Brecha de Uruguay

El pasado 22 de marzo los mandatarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, además del embajador de Guayana en Chile, firmaron la llamada “Declaración de Santiago”. Mediante este documento los Estados implicados declaran su voluntad de revitalizar y fortalecer la integración de América del Sur a través del llamado Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur).

Esta nueva iniciativa nace de los presidentes Iván Duque y Sebastián Piñera, y se plantea como reemplazo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), al que se le cuestiona bajo el planteamiento de ser concebido bajo parámetros ideológicos.

Crisis de la UNASUR

Para buscar los orígenes de la crisis de la UNASUR hay que remontarse al periodo en el cual la caída de los precios de los commodities en el mercado global comenzó a afectar a las economías suramericanas. Entre el año 2014 y 2015 los Consejos Ministeriales y Sectoriales del UNASUR  -espacios temáticos de discusión y articulación de consensos- comenzaron a paralizarse, vaciándose de contenidos este espacio de integración regional. 

El discurso de la soberanía nacional y la conformación de la Patria Grande encontró su contradicción en las políticas hiperextractivistas auspiciadas por el progresismo latinoamericano, lo que hizo que se incrementará la dependencia de estos países respecto al mercado capitalista mundial. Terminado el boom de los commotidies y por lo tanto el excedente económico, ningún gobierno progresista continuó apostado por la integración regional.

En este sentido, la parálisis de UNASUR deviene de antes del fin del ciclo progresista en el subcontinente, si bien es un hecho que el cambio de clima político que ha sufrido la región ha terminado de apuntillar esta iniciativa. En abril del 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú decidían suspender su participación en este organismo por tiempo indefinido, justificando su decisión con base a la falta de “resultados concretos que garanticen el funcionamiento adecuado de la organización” tras haber transcurrido 270 días sin acuerdo respecto al nombramiento de un nuevo secretario general que reemplazara a Ernesto Samper. Cuatro meses después Colombia anunciaría su salida definitiva y en marzo del presente año Ecuador haría lo mismo. 

De esta manera, atrás iban quedando un conjunto iniciativas inconclusas y declaraciones de intenciones sin aplicación auspiciadas a lo interno de esta iniciativa regional, tales como el Banco del Sur, el Sistema Unitario de Compensación Regional, la posibilidad de montar una Corte Penal regional para luchar contra los delitos transnacionales, así como medidas destinadas a erradicar la pobreza o acuerdos para la adquisición interregional de fármacos genéricos con el fin de negociar en bloque un buen precio.

En paralelo y desde una lógica antagónica, los países con gobiernos no progresistas de la región -Chile, Colombia, y Perú- más México, lanzaban en 2011 la iniciativa Alianza del Pacífico con el propósito de generar un nuevo espacio de integración, en este caso con enfoque meramente comercial y con claro perfil liberal. Esta iniciativa no era menor, pues los pocos países inicialmente involucrados sumaban el 40% del PIB de América Latina. En la actualidad se hayan en proceso de incorporación a este espacio países latinoamericanos como Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Panamá.

Un Prosur cuestionado desde la misma derecha

El nacimiento de Prosur es forzado y no responde a un proceso diplomático entre los países de la región sino más bien a coyunturas políticas internas de sus auspiciadores. Tanto Duque como Piñera sufrían fuertes caídas de popularidad en sus respectivos países durante la primera quincena de enero, momento en el cual posicionaron públicamente esta iniciativa.
Según el presidente Iván Duque, Prosur “no tiene ningún tipo de raíz política, institucional, ni económica”, tratándose simplemente de una “fuerza de coordinación”. Pese a la declaración anterior, este espacio nace excluyendo desde su origen a un país como la República Bolivariana de Venezuela, al que se le vetó la posibilidad de formar parte de esta iniciativa. Sería el ex presidente Juan Manuel Santos quien, pocos días después de la fundación de Prosur, pondría en cuestión la falacia oficial respecto a la carencia de criterio ideológico al interior de este nuevo espacio suramericano: “”Me parece que Prosur, o esto que están creando, es lo mismo, Unasur al otro lado… entonces si fracasó uno va a fracasar el otro… lo importante es tener un proceso de integración en América Latina que sea efectivo”. En todo caso, el formato con el que nace Prosur implicaría más su existencia como un foro de alto nivel -espacio para el debate de mandatarios suramericanos de países con gobiernos de perfil conservador- que una organización multilateral cuyo objetivo esté anclado a la integración regional. 

El cuestionamiento a Prosur no solo llega de los espacios ideológicamente más anclados a la izquierda convencional hoy en crisis, quienes definen a este invento como un espacio de desintegración regional al servicio de los espurios intereses norteamericanos, recurrido discurso de quienes tienen poco o nada que decir… Son los propios voceros de sectores empresariales suramericanos, que indudablemente comparten con los gobiernos fundadores de Prosur su ideología conservadora e incluso ultraconservadora, quienes expresaron su cuestionamiento a la nueva iniciativa con las siguientes palabras: “una mala idea para reemplazar otra mala idea”. Por poner tan solo un ejemplo, diversos sectores gremiales del capital chileno expresaron durante la cumbre fundacional de Prosur, en Santiago de Chile, sus críticas a este proceso manifestando que este nuevo organismo podría terminar opacando la “exitosa” iniciativa de integración comercial impulsada por el mismo Sebastián Piñera en su primer gobierno, en referencia a la Alianza del Pacífico.

En definitiva, si en algo aciertan los lobbies empresariales es en considerar que no es necesario tener dos instancias que avanzan, en esencia, para el mismo objetivo… es decir, la defensa de sus intereses corporativos.

En definitiva y más allá de posiciones ideológicas, la construcción de bloques regionales es una respuesta de la que se dotaron los Estados -más allá del ideario político con el que comulguen sus coyunturales gobiernos- en diferentes espacios geográficos del planeta para hacerle frente a la globalización. En este sentido, la falta de institucionalidad que se vive en los países de la región deriva en que en lugar de intentar subsanar iniciativas de integración regional en mal estado de salud, nuestros gobiernos hayan ido impulsando diferentes proyectos que opacaron y dificultan el accionar de los anteriores. Así hemos asistido a la conformación de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAG) y ahora Prosur… Cabría indicar que sin duda América Latina debe tener el récord mundial de iniciativas de integración regional fallidas y que la nueva apuesta auspiciada por los gobiernos conservadores de la región no tendrá como destino un final diferentes a las anteriores.



martes, 26 de marzo de 2019

Machado: “El CPCCS y muchas autoridades locales no tendrán legitimidad social”

Para el consultor político, Decio Machado, los resultados de las recientes elecciones son “la expresión de lo que la gente ha decidido”.
El entrevistado dijo que es preocupante que, en una ciudad abierta como Quito, se hayan plasmado lógicas racistas, clasistas. El analista indicó esto en referencia a la elección del alcalde en Quito, Jorge Yunda. “Más allá de que guste o no la candidatura de Yunda, lo que sí parece es que va a ver dificultades de gobierno para este nuevo período”.
Además, considera que Jorge Yunda no es un improvisado. “Yunda lleva tiempo trabajando esa candidatura. Pueden gustar o no las estrategias comunicacionales de Yunda, pero las tenía”.
Por otra parte, Machado identificó que hay un problema estructural: el sistema de partidos políticos. En estas elecciones hubo más de de 80 mil candidatos, 278 organizaciones políticas en el país. Todos ellos se disputaban las dignidades que habían, prosiguió. “Esto no es una demostración de salud democrática, sino más bien de quiebre de sistema”.
Me da la sensación de que hay un distanciamiento cada vez mayor entre el establishment político y la sociedad ecuatoriana. Eso debería llamar a la reflexión. De alguna manera creo que asistimos a una crisis de representación política que ya está en ciernes. En algún momento tendrá su clímax (…) Esto abre la ventana para fenómenos políticos totalitarios.
En relación a la elección del CPCCS, Machado dijo que los que resulten electos no tendrán legitimidad. Esto debido al bajo porcentaje de votos que obtienen.
Pero el problema de estas elecciones es que no solo tienen legitimidad social los del CPCCS. También hay muchas autoridades locales que también carecen de legitimidad. Si uno mira el porcentaje de votación que los votó, estamos hablando de un porcentaje pequeño el número de autoridades que salen por encima del 30% de apoyo.
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