miércoles, 20 de septiembre de 2017

Odebrecht, el magnate de la construcción que compró presidencias en Latinoamérica

La palabra corrupción ocupa un lugar preponderante en América Latina desde la puesta en marcha de la Operación Lava Jato en Brasil. Entre las distintas corporaciones implicadas en negocios ilícitos el nombre de Odebrecht destaca sobre los demás, tras haberse declarado culpable de sobornar con aproximadamente 800 millones de dólares a altos funcionarios públicos de 10 países americanos y dos africanos.

Por Decio Machado / Quito (Ecuador)
https://www.elsaltodiario.com/corrupcion/odebrecht-el-barcenas-brasileno-que-compro-presidencias-en-latinoamerica

Fruto de la Operación Lava Jato, la más grande investigación por corrupción llevada a cabo en la historia del Brasil, se destapó un gigantesco entramado de corrupción que afecta a gran parte de América Latina y que ha sido auspiciado de manera fundamental por la corporación Odebrecht.

Las consecuencias políticas de este aciago descubrimiento, más allá de develar la podredumbre sobre la que se sustenta la institucionalidad brasileña y su sistema de partidos políticos, ha abierto la caja de Pandora sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y las penumbras respecto a la adjudicación de obra estatales en el conjunto del continente. El método es muy similar al que se desveló en España a raíz de "los papeles de Bárcenas". La donación de fondos a los partidos de cara a las elecciones tenía como fin la obtención de concesiones de obra pública una vez obtenido el resultado esperado en los comicios.

La Operación Lava Jato, que se hizo pública en marzo de 2014 cuando el juez Sergio Moro emitió una serie de órdenes judiciales en contra de diversos ejecutivos de Odebrecht por supuestos delitos de corrupción, evasión de divisas, organización criminal y lavado dinero, propició que se abriera una investigación judicial en Estados Unidos que permitió aportar aún más claridad respecto a las investigaciones iniciadas por la Policía Federal brasileña.

Derivado de lo anterior, el 21 de diciembre del pasado año el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación en la que se detalla que Odebrecht habría realizado sobornos por un valor de 785 millones de dólares a funcionarios públicos de gobiernos de doce países para obtener beneficios normativos y licitaciones públicas. Los países implicados en esta investigación son Angola y Mozambique en África, así como Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela en el continente americano.

¿Qué es Odebrecht?

Esta compañía brasileña fue fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht Pernambucano en 1944, consolidándose a través de la adjudicación de diversos contratos de mega-infraestruturas durante el gobierno militar que se hizo con el poder en Brasil en 1964. 

Aunque su actividad inicial y principal ha sido la construcción, con el paso del tiempo se extendió también a los campos de la ingeniería, biocombustibles, defensa, manufactura de productos químicos y petroquímicos, internacionalizando sus operaciones a partir del año 1979.

Con el apoyo de créditos atados del gobierno brasileño al desarrollo de infraestructuras en otros países, contratos que obligan al país receptor que sus obras sean realizadas por firmas brasileñas, Odebrecht se convirtió en una de las más grandes constructoras del planeta. 

En el año 2000, Marcelo Odebrecht –nieto del fundador y sin haber cumplido aun los 40 años–asumió las riendas de esta multinacional, haciéndola florecer aun más a la par que se desarrollaba el nuevo “milagro económico brasileño” bajo el gobierno de Lula da Silva. Así, el presidente brasileño ejercicio como embajador de las nuevas transnacionales brasileñas tanto en América Latina como en África. Algunos de sus viajes fueron costeados directamente por las transnacionales implicadas.


En 2015, cuando dicho milagro comenzó a desbaratarse y Brasil se sumió en la grave crisis económica en la que hoy se encuentra, la Operación Lava Jato puso a Odebrecht en el punto de mira, lo que implicó que su gerente general fuese arrestado y condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por haber sobornado a funcionarios de la estatal petrolera Petrobras buscando obtener contratos. 

Tras pocos meses en prisión, el hasta entonces CEO de Odebrecht, decidió colaborar con la justicia en busca de una reducción de penas, lo que implicó la revelación de esta gran red de corrupción que azota a una decena de países latinoamericanos y sobre la cual en la actualidad tan solo alcanzamos a ver la punta del iceberg. 

A raíz de que este proceso derivase en investigaciones judiciales también en Estados Unidos, se destapó que Odebrecht creó una “caja B” a finales de la década de 1980 con el nombre de “sector de relaciones estratégicas” para disimular una red de coimas de envergadura internacional que afectaron principalmente a América Latina, pero también a Estados Unidos y determinados países africanos.

Brasil

Marcelo Odebrecht declaró ante la Justicia que el 75% de las campañas electorales en Brasil se financiaron irregularmente por medio de pagos no declarados. De esa manera, los 77 testimonios de ex directivos de su compañía implicaron la apertura de 76 investigaciones contra casi un centenar de políticos con fuero privilegiado que fueron citados en estas delaciones.

En la lista de sospechosos están 12 de los 27 gobernadores del país y los cinco ex presidentes brasileños que quedan vivos –José Sarney, Fernando Color de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inacio 'Lula' da Silva y Dilma Rousseff–, además del actual presidente Michel Temer y varios de sus ministros y ex ministros.


Los cálculos del Tribunal Supremo estiman que Odebrecht distribuyó sobornos en Brasil por un valor de 350 millones de dólares. En estas confesiones se reveló una inmensa trama de “favores” corporativos al financiamiento de campañas electores, partidos y funcionarios que posteriormente eran “retribuidos” mediante la obtención de obras públicas y la aprobación de leyes que favorecían los intereses de la empresa.

Colombia

Las confesiones de Marcelo Odebrecht y sus ex directivos implican financiamiento ilícito a las campañas electorales de Juan Manuel Santos tanto en 2010 como en 2014 –cuatrocientos mil dólares y un millón de dólares respectivamente–, así como a su principal competidor, el uribista Oscar Iván Zuloaga, quien en 2014 recibiría 1,6 millones de dólares. 
Pero más allá de ello, Odebrecht ha reconocido haber sobornado a altos funcionarios públicos entre 2009 y 2014 por un valor de 11 millones de dólares. Estos fondos se destinaron a adquirir la concesión uno de los proyectos viales más importantes del país en los últimos años, el Tramo II de la Ruta del Sol, así como a la contratación de la vía Ocaña-Gamarra. Se estima que entre ambas obras el beneficio de Odebrecht fue seis veces superior.

Argentina

En distintos expedientes judiciales que se investigan en la actualidad por presuntos sobornos pagados por Odebrecht entre 2007 y 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchnner en Argentina, las coimas se elevan a 35 millones de dólares.
Estos fueron transferidos mediante intermediarios a funcionarios del gobierno, y se aplicaron a la obtención de al menos tres proyectos de infraestructura –los gaseoductos y plantas compresoras de gas de Cammesa e YPF, la planta potabilizadora de Paraná de Las Palmas (Tigre) para la empres AySA y el soterramiento del tren Sarmiento– en los que la empresa logró beneficios por 278 millones de dólares.

Ecuador

En este pequeño país andino los sobornos de Odebrecht se elevan a 33,5 millones de dólares entre 2007 y 2016, período presidencial de Rafael Correa, por actuar en obras donde obtuvo beneficios de 116 millones de dólares. 
Pese a las dificultades impuestas para la investigación por parte el anterior gobierno, en la actualidad se están realizando investigaciones respecto a obras como la Hidroeléctrica San Francisco, la Central Hidroeléctrica Manduriacu, la construcción del acueducto La Esperanza y el proyecto hidroeléctrico Toachi Pilaton entre otros. Dichas investigaciones implican al vicepresidente de la República o al que fuera contralor general del Estado –el encargado de las cuentas ecuatorianas– durante todo el mandato de Correa.

Guatemala

En este país centroamericano Odebrecht invirtió 18 millones en sobornos entre 2013 y 2015 durante la presidencia de Otto Pérez Molina –quien en la actualidad está formalmente imputado en delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito- para conseguir un contrato de 384 millones de dólares. El contrato afectado es la concesión y ampliación a cuatro carriles de la carretera que va de Escuintla a México.

México

En este país los sobornos alcanzaron la cifra de 10,5 millones de dólares entre 2010 y 2014, implicando a Emilio Lozoya –destacado miembro del PRI y exdirector de la petrolera estatal Pemex– por la adjudicación de las obras de adecuación de la Refinería Hidalgo en Tula.
Las investigaciones también avanzan despacio, dado que Lozoya fue uno de los líderes del comité de la campaña electoral del actual presidente Enrique Peña Nieto.

Panamá

El sumatorio de sobornos entregados a altos funcionarios públicos panameños se estima en 59 millones de dólares que fueron repartidos entre 2010 y 2014. Dichas coimas fueron aplicadas para la adquisición de obras como el cuarto puente sobre el Canal de Panamá o la Línea 3 del Metro. En este momento prosiguen las investigaciones respecto a obras como la Autopista Panamá-Colón, la Hidroelectrica Dos Mares, la Renovación urbana de Curundú o la Línea 1 del Metro.

Perú

Odebrecht reconoce sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014 en Perú, periodo en el que se reparten la gestión del país tanto Alejandro Toledo, como Alán García y Ollanta Humala.

Sobre Toledo recae una orden de captura por recibir un presunto soborno de 20 millones de dólares, García está incluido en las investigaciones por dádivas para el Metro de Lina, y Humala está encarcelado por presunta financiación irregular de su partido. Recientemente también ha sido implicada Keiko Fujimori, principal líder de la oposición, por haber recibido financiamiento de la transnacional brasileña.
En la actualidad se mantienen las indagaciones judiciales sobre las concesiones a Odebrecht del Metro de Lima, la Carretera Interoceánica y el Gasoducto Sur Peruano.

República Dominicana

Según la investigación en curso los sobornos de Odebrecht en este país caribeño alcanzaron, entre 2001 y 2014, los 92 millones de dólares. Dicho monto fue entregado a un empresario local, Ángel Rondón, que era quien intermediaba como representante de la corporación brasileña ante diferentes estamentos del Estado. 

Venezuela

Las delaciones de los ex directivos de Odebrecht hablan de 98 millones de dólares en sobornos entre 2006 y 2015. En esta ocasión se da la circunstancia de que han quedado inconclusas varias de las obras adjudicadas a la compañía brasileña –el caso del sistema de Metro Caracas-Guarenas-Guatire, los mejoramientos del Aeropuerto Internacional de Maiquería, el Puente de Nigale, la Linea 5 del Metro de Caracas o el segundo puente sobre el Lago Maracaibo entre otros– antes de que la se empresa se autodisolviese en Venezuela por orden de la Operación Lava Jato.

sábado, 16 de septiembre de 2017

Perspectivas del posconflicto


Por Decio Machado / Director Ejecutivo de la Fundación ALDHEA

Revista La Brecha

El pasado 4 de septiembre, la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa anunciaba que los equipos negociadores del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habían alcanzado un acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal, al que se le denominó Acuerdo de Quito.

La tregua negociada se extenderá entre el 1 de octubre y el 9 de enero del año próximo, lo que implica que ni representa el definitivo fin del conflicto ni se entregará las armas por parte de la guerrilla. Durante el período en curso hasta la fecha de inicio de este transitorio alto el fuego, se prepararán todos los protocolos –que son bastantes y complejos- que permitirán mecanismos de información mutua en los territorios en conflicto buscando minimizar los riesgos de ruptura del acuerdo que deberán ser consensuados entre las partes, se procederá con el aterrizaje de los veedores de Naciones Unidas que procederán con la supervisión en campo del proceso y terminará de definirse en su integridad el rol de la Iglesia católica respecto a estas negociaciones.

Los Acuerdos de Quito implican, más allá de la cese transitorio de hostilidades mutuas, que la guerrilla no atente durante este período contra ninguna infraestructura del país incluidos sus oleoductos, no se siembren más minas antipersonales y se deje de reclutar menores por debajo de las normas del Derecho Internacional Humanitario. Por su parte, el gobierno colombiano se compromete a fortalecer y reforzar la legislación que regula lo que se conoce como alertas tempranas, un sistema previsto para proteger a los líderes civiles y sociales, desarrollando también un programa de carácter humanitario con relación a la población carcelaria de militantes elenos –aproximadamente medio millar de reclusos-, asistiendo de forma adecuada a quienes necesiten un tratamiento sanitario especial o a quienes tienen enfermedades terminales, así como la reubicación más cercana de los presos respecto a sus familias y su protección al interior de los penales. Más allá de lo anterior y teniendo en cuenta que ya existe una ley recientemente aprobada que hace referencia a la amnistía e indulto para presos de las FARC, esta se amplía para los miembros del ELN, rebajándose y despenalizándose ciertos tipos penales asociados a la protesta social.

El acuerdo contempla un espacio de tres semanas destinado para que quienes negociaron en nombre de la guerrilla vayan a los correspondientes frentes de guerra a explicar el contenido de lo firmado en Quito y las condiciones de la tregua. Esto es consecuencia de que a diferencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), donde secretariado de esta organización guerrillera daba una orden y esta se cumplía sin discusión, el ELN funciona como una especie de federación de frentes en combate donde se consensuan los acuerdos de manera más horizontal pese a su estructura militar.

En paralelo, gobierno y guerrilla acordaron ampliar el período de negociaciones, las cuales entraran en su cuarto ciclo a partir del 25 de octubre. De hecho, está previsto que al final de este primer período de cese de hostilidades se proceda con una evaluación de cómo ha avanzado la agenda de negociaciones con base en prorrogar por más tiempo la tregua.

¿Qué es el ELN?

El ELN nació en 1964, casi a la par que las FARC, inspirándose en una ideología que mezcla cristianismo, marxismo inspirado en la revolución cubana y nacionalismo radical.

Sus orígenes reales datan de un par de años antes, cuando cinco estudiantes colombianos viajaron a La Habana para estudiar en condición de becados. Allá fue fundada la Brigada José Antonio Galán, a la cual se unirían un año después varios sacerdotes vinculados a la Teología de la Liberación. Dos de ellos, Camilo Torres (1929-1966) y Manuel Pérez (1943-1998), se convertirían en las figuras más emblemáticas de la historia del ELN.

Las acciones armadas del ELN comenzaron a primeros del año 1965, siendo la guerrilla prácticamente desarticula en octubre de 1973 -durante la presidencia de Pastrana Borrero- consecuencia de una ofensiva militar a gran escala denominada Operación Anorí. Pasaría una década para que el ELN tuviera capacidad de comenzar a rearticularse bajo la dirección del sacerdote español Manuel Pérez, convirtiéndose a partir de ahí en el segundo grupo insurgente más importante del país hasta el armisticio de las FARC.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, los más de dos mil combatientes actuales del ELN están distribuidos a lo largo de 51 municipios en 11 departamentos colombianos. En este sentido, el anuncio del cese del fuego entre ejército y guerrilla significará un gran alivio para las regiones del norte de Santander, Chocó y Arauca, donde se concentra con mayor virulencia el conflicto entre la última guerrilla que queda en Colombia y las fuerzas armadas.

Origen del proceso de diálogo

El ELN ya había mantenido conversaciones con gobiernos previos al de Juan Manuel Santos. Concretamente durante la presidencia de César Gaviria en la década de 1990, fue cuando se iniciaron los primeros contactos en Caracas en 1991, procediéndose a los Diálogos de paz de Tlaxcala (México) en ese mismo año. Los intentos de negociación con el gobierno tuvieron también lugar durante la gestión de Pastrana, mediante el Acuerdo Puerta del Cielo de 1998 firmado en Maguncia (Alemania) y la reunión de Ginebra realizada en el año 2000; e incluso con el gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe, mediante una primera reunión que tuvo lugar a finales del 2005 y a la cual se siguieron tres sesiones más en el transcurso del 2006, finalizando el proceso en agosto del 2007 tras otro encuentro en territorio caribeño donde participarían el presidente cubano Raúl Castro y el nobel de literatura Gabriel García Márquez.

El actual proceso de negociación inicia en marzo del 2016, pasados tres años desde que comenzarán las conversaciones con las FARC que culminaron con el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

Históricamente el ELN ha tenido un componente político mucho más marcado que las FARC, pese a que los segundos superaran en cuatro veces la capacidad operativa militar de los primeros. Esto implicó que pese a que el inicio de conversaciones exploratorias fuese anunciado por Juan Manuel Santos durante su campaña electoral para la reelección de 2014, estas no hayan terminado de cuajar hasta tres años después.

Los primeros diálogos se celebraron en Ecuador y Brasil, de forma alterna, si bien Venezuela, Noruega, Chile y Cuba también han acompañado el proceso. Desde hace meses la agenda de negociación quedó pactada, teniendo cierto parecido a lo que se estableció en su momento con las FARC, aunque en este caso el gobierno colombiano tuvo que ceder respecto a los reclamos insurgentes de participación ciudadana.

La agenda de diálogos contempla seis puntos en discusión: la ya señalada participación de la sociedad, la democracia para la paz, el asunto concerniente a víctimas, las transformaciones para la paz, el ámbito concerniente a la seguridad para la paz y dejación de las armas, así como las garantías para el ejercicio posterior de la acción política.

Establecer a Quito como sede principal de las negociaciones es fruto de la negativa gubernamental a las iniciales peticiones guerrilleras, las cuales contemplaban que dicha negociación se estableciese fundamentalmente en Caracas.

Pero llegar a los Acuerdos de Quito implicó también un proceso de disputas al interior del ELN, donde las posiciones más dialogantes en el Comando Central (COCE) se han impuesto frente al sector más beligerante. Así, las posturas de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, primer comandante del ELN, junto a las de Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, tercero en la línea de mando y jefe de la comisión negociadora, consiguieron frenar a los sectores más escépticos y las posiciones duras encarnadas en el Frente de Guerra Occidental y el Frente de Guerra Oriental.

En todo caso, existe un halo de dudas sobre la consistencia del acuerdo. Al respecto, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, indica: “es muy difícil que este tipo de acuerdo tan desestructurado se verifique y se cumpla, ofrece mayores riesgos para la población civil, para quienes hagan la verificación y para la misma guerrilla”. Respecto a los riesgos asumidos por el ELN, el comandante Pablo Beltrán también advertiría: “el paramilitarismo es una sombra que se mantiene en gran parte del territorio dejado por FARC, y quedarse quieto para la guerrilla representa un riesgo aún mayor”.  Cabe señalar en este sentido, que el propio gobierno ha reconocido que en las áreas dejadas atrás por las FARC se ha incrementado notablemente la actividad de diversas bandas delincuenciales y el paramilitarismo.

La solidez ideológica del ELN ha implicado que, a diferencia de lo sucedido durante las negociaciones con las FARC, no se aceptase ninguna medida unilateral por parte de la guerrilla, tal y como intentó inicialmente el gobierno requiriéndoles un cese unilateral de las actividades insurgentes. De hecho el compromiso guerrillero ni siquiera pasa por la liberación de sus secuestrados –en la actualidad cuatro personas vinculadas al sector comercio y ganadero-, quedando este asunto agendado para el siguiente paso en el proceso.

En todo caso y más allá de la larga historia de negociaciones entre el Estado colombiano y la insurgencia elena, es la primera vez que desde que se fundó el ELN se firma un documento con el gobierno. En eso tuvo mucho que ver las presiones del Papa Bergoglio, quien visitaría el territorio colombiano inmediatamente después para expresar su apoyo al proceso.

La reconversión de las FARC

La firma de los Acuerdos de Quito se da en paralelo a la puesta en escena del partido político conformado por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las cuales manteniendo las manteniendo sus siglas FARC, pasan a denominarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El modelo no es nuevo en este país cafetero, recordando el proceso del Ejército Popular de Liberación (EPL) que pasó a denominarse Esperanza, Paz y Libertad, o el referente al M-19 que tras la firma de paz optó por la denominación Alianza Democrática M-19.

Difícil es pensar que las estigmatizadas FARC puedan tener un apoyo relativamente amplio en el área urbana, centrándose estratégicamente este nuevo partido en movilizar el voto rural de un campesinado históricamente excluido. Con base en lo anterior, cabe recordar que en aproximadamente el 10% de los 1.123 municipios que componen el Estado colombiano la política local ha estado controlada por los farianos durante décadas.

Pese a que el gran reto de las refundadas FARC debería estar enmarcado en el cambio de imagen, en la actualización de sus discursos, en conformarse orgánicamente de la forma más horizontal posible y en presentar nuevas vocerías ante la deslegitimación social de su antigua comandancia, las tesis que se impusieron en su congreso fundacional fueron las de perfil más ortodoxo y de connotaciones marxista-leninistas. Siendo serios, tras seis décadas de conflicto civil armado el pueblo colombiano reclama en estos momentos menos consignas revolucionarias y mas propuestas políticas enfocadas a solucionar problemas como el desempleo, la baja calidad de la salud y la educación, la pobreza, la delincuencia o enorme lacra que supone la corrupción institucional.

Si se hubiera que ubicar un perdedor en este congreso, este sería Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien propuso sin éxito el nombre de Nueva Colombia para la extinta guerrilla y un modelo de partido que se dirigiera al país “sin dogmas, sin sectarismo, ajeno a toda ostentación ideológica y con propuestas claras y sencillas”. Sin embargo, las tesis auspiciadas por el que fuera el número uno durante la última etapa de las FARC guerrilleras fueron derrotadas, no por su dirección, sino por sus bases.

Como parte de los acuerdos de paz, las nuevas FARC disponen de 10 curules asegurados en el próximo Congreso que será electo en marzo del año que viene. Nombres de la antigua comandancia tales como Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada o Iván Márquez –el gran triunfador en esta convención-, figuran como precandidatos para ocupar estos escaños. En definitiva, ausencia de caras y voces nuevas para afrontar este supuesto nuevo renacer.  

El desmarque respecto a las nuevas FARC de la izquierda política colombiana se evidenció a través de su no asistencia al congreso. Ninguno de los múltiples precandidatos presidenciales del progresismo asistió al acto, tampoco ninguno de los dirigentes de los partidos políticos de centroderecha que respaldaron en su momento los acuerdo de paz. Tan solo asistió un representante de la precandidata presidencial progresista Clara López para leer un comunicado en su nombre.

En paralelo y fruto de las limitaciones que impuso la Corte Constitucional al mecanismo de fast-track (vía rápida) para aprobar las leyes de la paz en el Congreso, las legislaciones sobre desarrollo rural, participación política y reforma electoral que deben establecerse tras estos acuerdos de paz están sufriendo importantes modificaciones conceptuales en un Legislativo. Allá, los curules conservadores se envalentonaron tras los resultados negativos del plebiscito realizado el año pasado sobre dichos acuerdos.

En todo caso, lo que se visualiza en todo sondeo de opinión realizado durante el presente año en Colombia, es que sorprendentemente la implementación de los acuerdos de paz no está entre las prioridades políticas de la ciudadanía.

Mientras, en las zonas de la Colombia rural que fueron antiguos escenarios de guerra, ex guerrilleros desmovilizados que formaron parte de los frente farianos no dejan de ser asesinados por sicarios contratados por terratenientes, caciques políticos locales y bandas criminales. Oficialmente el Estado contabiliza ya una docena de asesinatos de ex combatientes y otra cifra similar de víctimas entre sus familiares, a lo que hay que añadir que según el Defensor del Pueblo en Colombia fueron asesinados en total 186 líderes sociales desde enero de 2016 hasta el 5 de julio pasado.

Respecto a las disidencias –quienes no aceptaron el acuerdo de paz- al interior de las FARC, el gobierno colombiano registra según sus últimos cálculos un número aproximado a 400 combatientes que se conforman en varias estructuras ilegales ubicadas principalmente en ocho diferentes departamentos (provincias) del país: Nariño y Cauca en la zona suroccidental, y Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés en la zona suroriente. Según Eduardo Álvarez Vanegas, vocero de la Fundación Ideas para la Paz, resulta significativo que estas disidencias no estén agrupadas bajo la estructura de control de un mismo comandante, lo cual podría desembocar en su futura conversión en nuevas bandas criminales emergentes (bacrim).

El discurso posconflicto ante la próxima campaña electoral

A seis meses de que se realicen las elecciones legislativas y nueve de la presidencial, todo parece indicar que el país electoralmente de nuevo se polarizará en torno a las posiciones a favor o en contra de los acuerdos de paz.

En el ámbito de la derecha es de prever que según vaya acercándose el proceso, las múltiples precandidaturas actualmente existentes terminen por converger en básicamente dos candidatos fuertes. Estos serían Vargas Lleras y quien designe finalmente Álvaro Uribe en complicidad final con el Partido Conservador de Andrés Pastrana.

En el caso del primero, quien en la actualidad funge como vicepresidente de la república, sus estrategias electorales se articulan en torno a la crítica parcial a los acuerdos de paz articulados por Santos, el pacto con diversos segmentos de la clientelar política local y regional que ya le han manifestado su apoyo, el cuestionamiento al gobierno de Maduro y una irrisoria alerta social a que Colombia no se convierta en una nueva Venezuela, para terminar reclamando un pacto con los sectores empresariales más reaccionarios que sienten como amenaza la Justicia Transicional derivada de los acuerdos de paz. Por su parte el uribismo, más allá de quien termine siendo su candidato –existen en la actualidad cuatro precandidaturas distintas al interior de Centro Democrático-, la estrategia se basa en posicionar la idea de que Santos entregó el país a las FARC, generando alarma en un empresariado rural al que se les dice que sus tierras terminaran siendo entregadas a los excombatientes guerrilleros desmovilizados, potenciando a su vez los llamados valores morales más reaccionarios en una sociedad sumamente conservadora como lo es la colombiana.

En lo que respecta a los sectores políticos que van desde el centro hacia la izquierda, fieles a su tradición divisionista, en la actualidad presentan un fraccionamiento en al menos tres bloques: los Progresistas de Gustavo Petro, lo que conforma el entorno al nuevo partido de las FARC y por último, la coalición entre la Alianza Verde de Claudia López,  Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo y el Polo Democrático del senador Jorge Robledo. Queda pendiente ver como se solucionarán las izquierdas este fraccionamiento para intentar converger en torno a una sola candidatura.

En todo caso, lo que falta hasta mayo del 2018 vendrá marcado por la disputa entre estas dos amplias facciones que determinarán posiblemente una segunda vuelta presidencial, pasando la centralidad política de la lógica decimonónica izquierda vs derecha, para situarse en el eje derivado del posconflicto.

viernes, 15 de septiembre de 2017

Raúl Zibechi: “La izquierda reacciona de forma ideológica sin aportar nada relevante”

Entrevista realizada por Decio Machado a Raúl Zibechi / Revista Grietas

A un año de las próximas elecciones presidenciales en Brasil, con el actual presidente Michel Temer en la cuerda floja y el establishment político muy deslegitimado socialmente, ¿cuál es el escenario electoral brasileño tras la condena de Lula da Silva?

Me parece un escenario totalmente imprevisible. No sólo Lula está acusado y puede ser sacado de la contienda electoral sino también Aecio Neves, uno de los más importantes dirigentes del PSDB, el partido que siempre se presenta como alternativa al PT.

Lo que sucede en Brasil es que estamos ante el fin de un ciclo mucho más extenso que el ciclo progresista, y que afecta a la democracia pos dictadura y a la Constitución de 1988, o sea todo el entramado legal creado para la nueva democracia. El gran problema es que se sabe que el sistema no funciona pero no hay la menor claridad de qué debe sustituir a lo actual.

En este escenario las elecciones de 2018 son un tema menor. Si no compite Lula, puede ganar cualquiera. Pero si compite, también puede suceder lo mismo porque Lula tiene mucho apoyo pero también mucho rechazo. En mi opinión, no habría que despreciar la candidatura de Marina Silva ni la de Ciro Gomes, ya que ambos pueden beneficiarse de la ausencia de Lula. La primera porque viene del PT aunque este partido la haya atacado muy duramente en el pasado reciente. Gomes puede ser indicado por Lula como su candidato preferido pro cercanía política.

En la sentencia del juez Sergio Moro se indica que Lula participó conscientemente del esquema criminal e inclusive tenía consciencia de que los directores de Petrobras utilizaban sus cargos para recibir ventajas indebidas en favor de agentes políticos y partidos políticos. ¿Cuál es tu opinión sobre estas complicidades entre la función pública, la política institucional y las empresas públicas y privadas en Brasil bajo un gobierno referencial del llamado ciclo progresista?

Hay una evidente relación entre empresas privadas y política ya que financian las campañas de todos los partidos. El problema es que consideran ese apoyo como una inversión que les retorna luego mediante la concesión de obra pública, por eso las constructoras son las más beneficiadas.

Se calcula que por cada real que invierten en campañas electorales les retornan siete, o sea es una “inversión” muy lucrativa, propia de un período de acumulación por despojo. En realidad, la relación empresas-Estado forma parte de esa lógica de acumular robando, despojando a la población.

Lula no tuvo la menor intención de reformar este sistema corrupto, sino que se montó encima y lo cabalgó hasta que la justicia empezó a actuar. Muchos analistas brasileños creen que la operación Lava Jato es necesaria, más allá de cómo está siendo conducida, porque debe limpiarse todo ese mundillo de corrupción. En algunos países, como Uruguay, el Estado financia las campañas aportando dinero según los votos recibidos, lo que no impide que haya aportes privados pero deben ser muy transparentes y no superar ciertos límites.

Durante este proceso judicial el juez Sergio Moro llegó a decirle a Lula "no importa cuan alto esté usted, la Ley siempre estará por encima de usted". Sin embargo sobre Moro recae la sospecha de que sus sentencias suelen tener fuertes connotaciones políticas, lo que motiva que aproximadamente la mitad de estas posteriormente no sean ratificadas por las instancias judiciales superiores. ¿Crees que este proceso contra Lula se enmarca en la independencia del Poder Judicial respecto al Ejecutivo o existen intereses políticos a nivel nacional y global que han condicionado dicha sentencia?

Es posible que algunos jueces como Moro estén utilizando la corrupción contra Lula. No lo tengo claro y carezco de las informaciones imprescindibles para hacer una valoración seria. Pero acuerdo con Guiseppe Cocco en el sentido de que la izquierda reacciona de forma ideológica sin aportar nada relevante, diciendo que todo lo que la perjudica es una maniobra de la derecha o del imperialismo, lo que coloca el debate en un nivel demasiado bajo.

Aún sin descartar que algunos jueces utilicen la operación Lava Jato contra Lula, me llama mucho la atención de que no se alzan las voces cuando se procesa a Marcelo Odebrecht, a políticos bien importantes en Brasil o a dirigentes del PT, y el gran lío se arma cuando le caen a Lula. Es como si hubiera una línea roja que no se puede pasar, lo que es poco consistente. No alzaron la voz cuando el condenado fue nada menos que José Dirceu. No reconocen la corrupción cuando hay más de 140 condenados. Y resulta evidente que para Brasil el ataque  Odebrecht es mucho más demoledor que el ataque a Lula, porque es la empresa que controla los proyectos militares decisivos para la independencia nacional, como el submarino nuclear.

Si esta sentencia es ratificada en segunda instancia y por lo tanto Lula inhabilitado para presentarse como candidato del PT en los comicios presidenciales de octubre del 2018, ¿consideras que puede haber un efecto dominó en Argentina y Ecuador donde sus ex mandatarios progresistas también están éticamente cuestionados?

No creo. En Argentina se juegan otras cosas y en Ecuador la cuestión central es la alianza con China. En el caso de Brasil, la cuestión de PT ni siquiera me parece relevante desde el punto de vista de la región y de los intereses de Estados Unidos. Lo central es el proyecto de crear un complejo industrial-militar autónomo, con acuerdos tecnológicos con países europeos como Francia y Suecia, y abierto a la cooperación con Rusia. Ese sí es un problema mayor para la dominación imperialista en su patio trasero, mucho más grave que cualquier política económica o el tan manido combate a la pobreza que no molesta en absoluto ni al imperio ni a la derecha.

¿Cuál es el impacto político y económico de la crisis brasileña sobre la Región?

Tremendo. Los proyectos de integración ligados a la UNASUR, como el COSIPLAN centrado en las obras de infraestructura, o el Consejo Suramericano de Defensa, fueron pergeñados por Brasil y no pueden seguir adelante sin el empuje de ese país. Se trata de los dos proyectos más importantes desde el punto de vista estratégico. Uno consigue armar una red de infraestructuras que interconecta todos los países pero sobre todo el Atlántico y el Pacífico, lo que es decisivo para el comercio internacional con China.

El proyecto de integración militar, que apenas consiguió avanzar unos milímetros, era la base material de la integración ya que estaba destinado a darle forma a un defensa continental sudamericana que evidentemente ponía en aprietos al Pentágono.

Dentro de este esquema la alianza Brasil-Argentina conseguía la masa critica necesaria para viabilizar todo el proceso de integración. Pero cuando todo el proyecto se pincha, o sea a raíz de las derrotas del progresismo, ya la integración estaba estancada por contradicciones insalvables, en particular por la ambición brasileña de diseñar la región en función de sus intereses nacionales estrechos.

En este momento de decadencia del llamado ciclo progresista en el subcontinente, ¿cómo visualizas el futuro político inmediato de la Región?

La región va a la deriva y además muy fragmentada. Se han roto los más elementales consensos y cada sub región marcha por su lado. En este clima hay quienes negocian tratados con la Unión Europea, como el Mercosur, mientras la Alianza del Pacífico tiene cada vez menos interés por la nueva política de la Casa Blanca. Además surge una fractura en la región entre los países más volcados hacia China, como sugiere Oscar Ugarteche, y los más volcados hacia Estados Unidos. Esta es una cuestión material y estructural, no ideológica, que las izquierdas no consiguen comprender.

Veamos el caso de Macri. Es un presidente de derecha, muy ligado a Washington, pero sin embargo renovó y profundizó los lazos con China que se apresta a financiar incluso centrales nucleares. En Beijing, Macri propuso que Argentina deje de ser granero del mundo para convertirse en supermercado del mundo y agregarle de ese modo valor a las materias primas. Es una política que no podría nunca encarar con Estados Unidos o la Unión Europea, más allá de que sea o no realista y sincera la propuesta.

Tras un ciclo de luchas populares comprendido entre 1989 y 2006 que conllevó la caída de diez presidentes en diferentes países de América Latina y que permitió el acumulado para el posterior triunfo electoral de los partidos que han comandado este período de ciclo progresista en la Región ¿Cómo ves hoy la capacidad de movilización de los movimientos sociales regionales, sus potencialidades y sus crisis internas?

Los movimientos están ante una encrucijada, al igual que las izquierdas. Por un lado se han debilitado, en gran medida por las propias políticas de los gobiernos progresistas que lanzaron políticas sociales que afectan a las bases sociales de los movimientos. Pero lo fundamental es que han formado parte hasta ahora del entramado político-ideológico de las izquierdas, al punto que en algún momento se hablaba de la izquierda social (los movimientos) y la izquierda política (los partidos).

Esto ya es así, aunque aún son muchos los militantes que lo piensan de esa manera, ni qué hablar de los intelectuales que siempre van detrás de los procesos y los entienden luego de que se han consolidado las tendencias. La cuestión es que si los movimientos pretenden sobrevivir y jugar un papel activo en los cambios en curso, que no dominan ni ellos ni los partidos, deberán emanciparse de la tutela “política”, lo que supone un hondo viraje que coloque las cosas en su lugar: los partidos son parte de las instituciones y del entramado estatal, mientras los movimientos son los sujetos de los cambios si consiguen interpretar a las sociedades que se mueven.

El paradigma de esta realidad es Brasil, donde en la década de 1970 y comienzos de los 80 surgen casi al mismo tiempo el PT, la CUT y el MST. En los hechos, el PT y dirigentes como Lula jugaron un papel de tutela del conjunto, de esa santísima trinidad partido-movimiento-Estado, sin que nadie la cuestione. En mi opinión, si movimientos muy valiosos como el MST no consiguen emanciparse del PT, terminarán arrastrados por su debacle ética, primero, y política, después. Ya estamos de lleno en la parte final de la segunda fase que es la desarticulación del PT como actor político con alguna influencia en la sociedad. Por eso deben salirse de esa santa alianza, algo que parece no están dispuestos a hacer. Sería muy penoso que lo hicieran después de que Lula esté preso y no pueda ser candidato, lo que llevaría al PT a convertirse en un enano político. En ese caso, jugarán el papel de víctimas que es el preferido de las izquierdas y los movimientos cuando los atenaza la impotencia.


miércoles, 13 de septiembre de 2017

Entender lo que sucede en Ecuador desde el análisis estratégico


Por Jheya Rodríguez / Democracia en Red

Desde la perspectiva de una estudiante universitaria colombiana que sigue con atención la política del Ecuador, debo confesar que no es habitual escuchar el nivel de análisis político que tuvo lugar la pasada semana en un foro cerrado al que tuve la posibilidad de asistir en la ciudad de Cuenca. Allá, dos especialistas en materia de consultoría política y asesoramiento estratégico expresaron, de forma didáctica y muy esclarecedora, sus puntos de vistas sobre la coyuntura actual de la política ecuatoriana. Por un lado Bernardo Moreno, CEO de Propraxis Group (una prestigiosa empresa especializada en estudios de mercado, sondeos de opinión y marketing político), y por otro Decio Machado, director ejecutivo de la Fundación ALDHEA (un espacio de investigación y elaboración teórica vinculado a los movimientos sociales y la Academia) y reconocido consultor y analista político de origen hispano-brasileño residente en la ciudad de Quito.

En este debate realizado entre dos expertos que conocen bien la política ecuatoriana y regional, se esbozó de forma contundente de que manera la sociedad ecuatoriana afrontó la última campaña electoral presidencial; cuales son las inquietudes y miedos de ese electorado; así como los riesgos y oportunidades que afronta el actual gobierno encabezado por el presidente Lenín Moreno.

Decio Machado / Director de Fundación ALDHEA
Al inicio de sus respectivas exposiciones ambos consultores enumeraron los logros en materia de modernización del Estado y mejoras de diverso tipo que han acontecidos durante estos últimos diez años en Ecuador. Pero más allá de ello, Decio Machado expuso tras esta introducción la cuestión del alto nivel de degaste que ha sufrido el gobierno de Rafael Correa durante los últimos años de su mandato, posicionando como principal motivo los efectos de la crisis económica en el país. “Entre 2006 y 2014 el crecimiento promedio del PIB ecuatoriano fue de 4.3%, se redujo la pobreza de 37.6 al 22.5% y existió una evolución positiva del índice GINI de 0.54 a 0.47. Sin embargo, terminado el período de la economía fácil asociada al alto precio del crudo en el mercado internacional, el país se resintió, semi-paralizándose la economía nacional en el año 2015, con un indicador de crecimiento de apenas el 0.2% y entrando el país en recesión en 2016, cerrándose el año en un crecimiento negativo del PIB de -1.5%, el peor indicador de la región tras Venezuela y Brasil”, señaló Machado. Según este analista, este es el factor fundamental que propició el actual deterioro del mercado laboral, la falta de liquidez estatal, la carencia de inversión privada y el comienzo del deterioro de determinados indicadores sociales antes en evolución positiva.
Bernardo Moreno / CEO de Propraxis Group
 Para Bernardo Moreno, experto también en investigación social, el 67% de los electores manifestaba -según sus encuestas- una voluntad de cambio en la gestión del país a inicios de la última campaña electoral. Esto se expresó en las diferentes consignas electorales con las cuales los principales partidos políticos del Ecuador participaron en dicha campaña: “Vamos por el cambio” en el caso de Guillermo Lasso, “Para un cambio positivo en tu vida” en la campaña de Cynthia Viteri o el “Vota por el cambio verdadero” que se utilizó en la campaña del hoy presidente Lenín Moreno. Pero para este consultor ecuatoriano, “hacer una campaña de cambio no es trabajar sobre la palabra, sino sobre los constructos que la integran”.

Tanto Machado como Moreno coincidieron en que el sentir de la población ecuatoriana respecto al cambio se manifestaba a través de sentimientos que tenían que ver con la esperanza de que el nuevo gobernante generara políticas de cambio para salir de la crisis, la demanda de nueva gente en el Ejecutivo, el reclamo de un cambio de estilo en la gestión gubernamental, la necesidad de cambiar leyes que se consideran que no han funcionado adecuadamente y un latente miedo al futuro a partir del deterioro económico del país y como consecuencia de la falta de autocrítica existente durante el mandato presidencial de Rafael Correa.

Para Machado, el último período de gestión correista significó que Alianza PAIS “compró tiempo a través de una agresiva política de endeudamiento que permitió mantener las políticas sociales derivadas a la primera mitad del gobierno de Rafael Correa, pero que carecía de políticas alternativas para el período de crisis, lo cual fue sentido por la población”. A su vez, Moreno señaló que algunos constructos derivados de diversos mapas mentales (una metodología aplicada de la neurociencia y de la cual su empresa es especialista en el país) indicaban que gran parte de la gente reclamaba la necesidad de que Ecuador se abra al mundo, se generasen condiciones para que ingrese inversión extranjera, se acepte la existencia de una crisis que entonces era aún negada por parte del gobierno y se promoviese el empleo a través de nuevas políticas y el diálogo con los sectores empresariales. Según Machado, el país había empezado embrionariamente a caminar hacia una crisis política que iba más allá de la económica, conceptualizando esta como el momento en que “las ideas de los de arriba ya no convencen a los de abajo”.

De verbo duro, el expositor vinculado a la Fundación ALDHEA indicaría: “Un buen gobernante se compara con sitios donde las cosas están mejor para intentar innovar o superarse. Sin embargo, el entonces presidente Correa hablaba de tormentas perfectas para justificar la recesión económica en la que había entrado el país, algo similar a cuando los malos estudiantes dicen que suspendieron el examen por que este era difícil. Esto tuvo un resultado negativo entre la población”.

Mientras Moreno habló de cierto sentimiento social respecto a que “el gobierno ya no entendía la demanda de los mandantes”. Machado sentenció indicando que “lamentablemente, tras diez años de correísmo y el cambio de ciclo en marcha en los principales países de la región, la izquierda dejó de ser sexy en Ecuador, la gente ya no es receptiva al discurso de perfil ideológico que tuvo sentido en durante la pasada década y parte de esta”.

Pero más allá de lo económico, según ambos panelistas, la sociedad ecuatoriana mostraba evidentes síntomas de cansancio político, lo que originó un declive en la hegemonía política de Alianza PAIS. Aquí Bernardo Moreno, volviendo a los constructos sociales, posicionó que en amplios sectores de la población se visualizaba la necesidad de una nueva gestión política, un cuestionamiento al distanciamiento de la cúpula de Alianza PAIS respecto a la sociedad y un marcado sentimiento de rechazo a la corrupción institucional que había sido posicionada mediáticamente y a través de la narrativa discursiva de la oposición. Según Decio Machado, el agotamiento del correísmo no solo se hacía patente en la sociedad, sino incluso en la imagen que emitía el propio Rafael Correa a través de sus semanales Enlaces Ciudadanos. “Una imagen de cansancio y cada vez mayor irascibilidad gratuita que dejó de ser perdonada por la sociedad terminado el momento de la bonanza económica”, explicitó este consultor extranjero afincado en Ecuador.

La gente demandaba entonces un nuevo estilo de gobierno, donde haya menos conflictos, más diálogo, unidad y reconciliación frente a una sociedad altamente polarizada como estrategia gubernamental. Para Bernardo Moreno, este cambio de estilo es “algo que el presidente Lenín Moreno ha sido capaz de plasmar en estos primeros 100 días de gestión y que es el motivo fundamental de su actual alta calificación social”.

Otro de los elementos trabajados en la exposición de Machado tiene que ver con el distanciamiento de los políticos de Alianza PAIS respecto a la sociedad. Según él, “en los últimos años Alianza PAIS y el presidente Correa construyeron un relato que ya no se correspondía con la realidad que vive la gente en el país, lo que hizo que mucha gente comenzara a sentir que sus autoridades se convirtieron en una élite política que funcionaba en beneficio propio y que peleaban el poder por el poder”. Esto se plasma en otro constructo evocado por Bernardo Moreno, la demanda de cambios legislativos fundamentalmente en tres aspectos: leyes que beneficien el empleo, leyes que combatan el micro-tráfico y menos impuestos.

Para el CEO de Propraxis, es muy interesante ver como durante estos 100 días de gobierno el presidente Moreno ha superado un imagen que existía en amplios segmentos de la población por la cual se le consideraba como una figura política que estaría en manos del ex presidente Correa. “A Lenín, amplios sectores de la población lo veían como una persona humanitaria, que intenta ayudar a los demás, que es un amigo cercano al pueblo, que no es prepotente, que es luchador…, sin embargo, también se le veía como que sería una personalidad instrumentalizada por el expresidente Correa, que estaría obligado a tapar trapos sucios a la par de que sería un presidente que gobernase para una minoría”, indicaría Bernardo Moreno durante su alocución.

Tras esta primera parte de exposición, fueron cuantificados los resultados electorales de una forma novedosa, pues los resultados electorales se valoraron en base al total del censo de electores, dada la obligatoriedad del voto en Ecuador. De esta manera, en las elecciones del 2017 tan solo se consideró los resultados correspondientes a la primera vuelta. Según Machado, “ese es el momento en el que existe una verdadera identificación del voto ciudadano con el partido y los candidatos; en segunda vuelta este factor queda adulterado”.

Así las cosas, los panelistas manejaron los resultados electorales del 2013 sobre un censo de 11,7 millones de electores, momento en que Alianza PAIS consiguió 4,9 millones de votos, es decir, el 41.88% del total. Sin embargo, en la primera vuelta de 2017, sobre un censo total de 12,8 millones de electores, los votantes de Alianza PAIS disminuyeron a 3,7 millones, es decir, tan sólo el 28.91% del electorado. Quedaba de esta forma demostrado cuantitativamente que el partido oficialista, tras una década de gobierno, gozaba de una hegemonía en declive, perdiendo 13 puntos porcentuales durante la última legislatura.

Desde ese punto de vista y teniendo en cuenta que la oposición política manejó el discurso de fraude electoral tras los resultados del 2 de abril, que el presidente Lenín Moreno goce en la actualidad de un apoyo popular por encima del 70% es un éxito, donde además se combina credibilidad en su figura y respaldo en su gestión, algo de lo que no existía durante el período anterior.

Sin embargo, ambos expositores también plantearon, y quizás sea lo más interesante de sus intervenciones, los riesgos a los que está sometida la gestión del actual mandatario ecuatoriano.

Según Bernardo Moreno, uno de los riesgos que tienen todas las autoridades electas consiste en no darse cuenta integralmente de porqué ganaron sus respectivas competencias electorales. En ese sentido, Decio Machado expresó que existe un momento de enamoramiento coyuntural de la mayoría de la población ecuatoriana con el presidente Moreno que va más que por su gestión y que está basado en el cambio de estilo. El consultor Bernardo Moreno enfatizaría al respecto: “la gestión del presidente Lenín Moreno durante estos primeros 100 días ha supuesto una descomprensión del clima político nacional”, a lo que agregó, “el nuevo estilo presidencial basado en el diálogo nacional, el relajamiento de la propaganda política gubernamental, la ausencia de conflictos, el llamado a la unidad nacional y el impulso a la lucha contra la corrupción está siendo valorado muy positivamente por la sociedad, sin embargo la gente sigue esperando concreciones respecto a los compromisos de campaña asumidos por el mandatario”.

Ambos expertos destacarían la forma desenfadada a través de la cual el actual mandatario conecta con la sociedad. “La personalidad afable y desenfada de Lenín Moreno, a la par que sus formas de aparición pública, donde se dan muestras de una personalidad cercana a la gente y simpática, encarnan algo de anti-política, lo que significa un cambio radical respecto al estilo anterior, donde el espacio de comunicación entre Correa y el pueblo ecuatoriano se basaba bajo registros del líder sabio y en posesión de la verdad le indica a la masa lo que esta bien y lo que esta mal, marcándoles el camino del buen hacer”, expondría Machado.

Sin embargo, ambos consultores plantean que la población ecuatoriana sigue esperando concreciones en políticas públicas respecto a lo que son sus demandas y esperanzas. Para Moreno, “si bien es cierto que estamos en los primeros tres meses y medio de gobierno, también lo es que la gente apostó por propuestas que impliquen respuestas efectivas a la crisis, el compromiso de construcción de 325.000 viviendas que palien parte del déficit habitacional existente en el país, la atracción de inversiones, la dinamización de la economía nacional y la generación de empleos; el impulso de políticas efectivas en este sentido sigue aún sin concretarse”. Continuando con ese discurso, el vocero de Propraxis Group manifestó que el Legislativo continúa presa de la agenda política heredada de la etapa anterior, lo que no ha permitido que se visualicen aún las políticas nuevas de reforma normativa. Según Moreno, “es urgente que en la Asamblea Nacional se empiece a visualizar una agenda propia ajustada a la nueva dinámica política auspiciada desde el Ejecutivo y que sintonicen con las demandas de la gente”. Decio Machado profundizaría al respecto indicando: “pasada la campaña electoral y los primeros días de gestión gubernamental, pasó el tiempo de la teatralización, ahora toca hacer gobernar el país, se deben articular vectores de cambio reales que vayan más allá del conflicto interno existente en estos momento en el partido oficialista, el tiempo corre, pese a que aun no se note, en contra del gobierno”. Para ambos, errores como el acercamiento a políticos con mala imagen -en referencia a Abdalá Bucaram- o la utilización de términos inadecuados como el calificativo de “ovejunos” a determinados sectores de la militancia dura del correísmo, han significado errores graves que facilitaron líneas argumentales para los detractores del gobierno dentro de las filas de Alianza PAIS.

Preguntados por dicho conflicto interno en Alianza PAIS, Machado indicó que la capacidad que tienen los partidos políticos ecuatorianos para autodestruirse debido a dinámicas internas no es una novedad en la historia del Ecuador. En todo caso, en la disputa interna del oficialismo hay una tendencia claramente perdedora y esta es la que encarna lo viejo. Para el consultor hispano-brasileño, “la mayoría de la sociedad ecuatoriana tiene miedo a cualquier cosa que les parezca política extrema, y ese extremismo está contenido en los mensajes que emite el sector disidente al presidente Moreno”. Pese a ello, este ponente considera que es un error del actual mandatario entrar en el conflicto dialéctico que le propone el ex presidente Correa. “Moreno debe desarrollar su agenda, ignorando trinos, egos y movimientos desestabilizadores al interior de su partido auspiciados desde el exterior”, señaló el director de la Fundación ALDHEA, añadiendo que “el ring es un espacio de disputa que siempre favorecerá más a un político de choque especializado en distancias cortas como es Rafael Correa que a Lenín Moreno, quien tiene una imagen de menor fortaleza pero más democrática”. Los dos estrategas coinciden en el hecho de que la principal estrategia de los opositores internos en Alianza PAIS a la figura de Lenín Moreno se basa en posicionar su imagen como la de un traidor, posicionamiento que podría estar tomando cierta forma dado que el nivel de dureza de la aprobación a la gestión del mandatario ha bajado varios enteros durante el último período.

Según Decio Machado, “la convocatoria de una consulta popular semi-anunciada por el presidente Moreno en el marco de restaurar la institucionalidad en el país reforzaría su nivel de popularidad, aunque no dejaría de estar enmarcada en el ámbito de lo coyuntural”. En el paralelo, Bernardo Moreno considera que consulta sí, pero muerte cruzada o nuevo proceso constituyente no, pues “la población ecuatoriana no desea verse involucrada en un nuevo proceso de participación política de estas características y además, desde el punto de vista estratégico, los mayores beneficiarios serían los sectores de oposición, quienes en la actualidad carecen de discurso y espacio político de intervención”.

La gestión política no se sostiene solo a base del entusiasmo vinieron a manifestar ambos consultores, motivo por el cual el gobierno debe construir y concretar sus políticas alternativas. Para Decio Machado, la centralidad política en Ecuador pasó del pivote “izquierda vs derecha” a una lógica gramsciana que conflictua entre “lo nuevo y lo viejo”, teniendo claro que el correísmo envejeció a pasos acelerados durante su último período. En este sentido, según este analista, el gobierno actual sigue sin tener mensajes claros para la despolitizada población más joven del Ecuador, esa que durante la campaña electoral apenas distinguía diferencias entre Rafael Correa y Guillermo Lasso, o los respectivos políticos que conforman el establishment de ambos partidos.

“El presidente Lenín Moreno debe entender que la batalla del poder, más allá de las instituciones, se juega en nuestras mentes”, indicó Bernardo Moreno, señalando a su vez que “son las emociones las que construyen nuestros comportamientos, primero sentimos y luego pensamos, revistiendo nuestros pensamientos con la información disponible que de forma intencional previamente seleccionamos”. De igual manera se manifestaría Decio Machado, señalando que el posicionamiento actual del presidente Lenín Moreno está identificado con el sentimiento de la esperanza, aunque está se agotará de forma rápida si no se dan pasos hacia delante de forma rápida. Para Machado, “la imagen de Lenín Moreno corre el riesgo de pasar a ser la de un hombre bueno que llegado a la Presidencia de la República no fue capaz de hacer lo que tenía que hacer”.

Ambos consultores consideraron no adecuado hablar de políticas de austeridad, tal y como lo están haciendo en la actualidad algunos ministros. Moreno señaló que “más que hablar de austeridad, se deben hacer gestos desde el gobierno que demuestren dichas políticas de ahorro, como por ejemplo, la eliminación de actos fastuosos”, algunos pasos en este sentido ya se están haciendo manifestó el consultor. En ese mismo sentido, Machado reiteró que “las políticas de austeridad se asocian en el subconsciente colectivo a la complicidad del Estado con los procesos de privatización y mercantilización desarrollados por la mayoría de los Estados a partir de los años setenta”, considerando también prudente eliminar esa terminología del léxico gubernamental.

Respecto al Legislativo, ambos expertos plantearon la necesidad de posicionar el poder de la participación por encima del discurso del poder ciudadano, dado que la sociedad ecuatoriana siente este último término como un eslogan propagandístico más que como una realidad. En este sentido, los expositores coincidieron en que pese a las divergencias existentes al interior del bloque mayoritario en la Asamblea Nacional, la compleja gestión que ha tenido que realizar hasta ahora el presidente de dicha institución esta generando más confianza y reconocimiento por la ciudadanía que la realizada durante la etapa anterior, la cual estuvo marcada por una imagen de sumisión al Ejecutivo. En todo caso, existe una coincidencia entre los panelistas de que la imagen que deriva de la Asamblea Nacional está directamente relacionada con la imagen que emiten los asambleístas que la conforman, existiendo en ese aspecto problemas serios que el conjunto de partidos políticos existentes en el Ecuador deberían comenzar a solucionar, pues la sociedad en la actualidad no se siente representada por sus legisladores.

En todo caso y pese a la complejidad política en la que se encuentra el país, ambos consultores se mostraron relativamente optimistas respecto a los designios inmediatos de la nación ecuatoriana y sus perspectiva a medio plazo.