martes, 27 de septiembre de 2011

Río Grande y la resistencia de sus pobladores al megaproyecto Multipropósito Chone

Por Decio Machado

El pasado 22 de septiembre la SENAGUA anunciaba a “bombo y platillo” que las maquinarias del Consorcio Tiesiju-Manabí, iniciaban los trabajos de desbroce y excavación en el lugar donde está previsto se construya el cuerpo de la represa.

Esa misma mañana cinco volquetas, una excavadora, dos payloader y un tractor ingresaban en la zona, comenzando a realizar los trabajos de limpieza de la capa vegetal y las primeras excavaciones dentro de los terrenos adquiridos por la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).

El comunicado de SENAGUA indica que “las tensiones en Río Grande están bajando y cada vez son más los choneros que ven al Proyecto Propósito Múltiple Chone (PPMCH), como un sinónimo de desarrollo y progreso”[1], y se hacía un llamamiento para que la constructora china Lu Zheng Lai, procediese de inmediato a dotar de personal y maquinaria la obra.

Los pobladores de la zona cuestionaban el comunicado oficial, explicando que si las “tensiones” han bajado, porque son visibles en el entorno diversos puestos policiales, sobre lo que el intendente de Policía, Luis Córdova, indica que se da cobertura policial con el fin de “prevenir cualquier incidente”, dando “apoyo a los funcionarios que están realizando los trabajos que son no solo de interés provincial sino nacional”.

¿Qué es el Proyecto Multipropósito Chone?

El Proyecto Multipropósito Chone es una construcción que implica una represa en el río Grande y el desagüe en la parroquia San Antonio. Su presupuesto referencial en la adjudicación realizada en abril del 2010 era de 46,5 millones de dólares sin IVA, y la construcción debería estar lista en 36 meses contados a partir de la entrega del anticipo del 35 por ciento del valor de la obra.

La represa de río Grande deberá almacenar 113,24 Hm3 (hectómetros cúbicos) de agua, y tendrá una altura de 57,50 metros y una longitud de 276 metros.

Los caudales vertidos desde El Olimpo serán conducidos hasta la laguna de inundación de La Sabana situada en la margen derecha del tramo inferior del río Carrizal, la longitud total de este canal es de 5.520 metros.

Desde el gobierno del presidente Rafael Correa se ha pretendido posicionar la idea de que esta represa es una reivindicación de los habitantes de Chone, debido a que a través de esta obra se  impedirá que la zona urbana se inunde en época de invierno con el crecimiento de los ríos Chone, Mosquito, Garrapata y Carrizal, circunstancia causante millonarias pérdidas económicas.

Río Grande

Río Grande es una micro-cuenca de más de 60 Km2 ubicada a ocho kilómetros de la ciudad de Chone, en la provincia de Manabí. Hablamos de una zona biótica correspondiente al bosque tropical húmedo con pluviosidad media anual de 2500 mm[2].  Río Grande carece de representación política mediante una Junta Parroquial, y según datos proporcionados por el personal contratado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) para el Censo 2010, se estima que su población abarca algo más de 1.700 familias.

Es el río Grande quien da nombre a este territorio, naciendo en las montañas del Arroyo y juntándose al río Mosquito unos 30 kilómetros más abajo, para seguir su curso hacia la ciudad de Chone donde se confluye con el río Garrapata. Río Grande forma parte de las cuatro micro-cuencas (junto a las del río San Lorenzo, el río Garrapata y el río Mosquito) que conforman la cuenca del Río Chone.

Desde 1997 las comunidades de Río Grande están representadas por el Comité Central de Comunidades Campesinas de Río Grande, que agrupan  las comunidades de: El Espejo, Camarones, La Balsa, Cañitas, El Naranjo, Betillal, La Palma, Juan Cayo, Boca de Coñaque, Coñaque, El Cerezo, El Japón, La Mina, El Aguacate, El Achiote, El Ceibo, El Jaboncillo, Solesté, Sánchez, Boca de Sánchez, Platanales, Estero El Rancho, La Capilla, La Tola, El Guabillo, La Piedra, San Roque, Zapote, La Ñarusa, Limón, El Jobo de Río Grande.

La zona es muy fértil, produciendo cítricos, cacao, ganado vacuno porcino y avícola, leche y sus derivados, a la par que yuca, maíz, maní y plátanos. Incluso algunos de sus productos –como la mandarina- son exportados a países como Perú, Colombia y Venezuela[3]. Esta producción agrícola ganadera de Río Grande genera puestos de empleo a más de cuatro mil personas, estimándose en cerca de 20 millones de dólares anuales su aportación a la economía local de Chone.

Pero no solo al ámbito económico se ciñen las riquezas de Río Grande. A mediados de este mes de septiembre, el personal técnico del Instituto de Patrimonio Cultural inició trabajos para el rescate de osamentas encontradas por las excavaciones que el Consorcio chino Tiesiju-Manabí –adjudicatario de la obra- viene realizando en la construcción del canal de desagüe que forma parte de la obra.

La Dirección Regional de Patrimonio Cultural procedió a enviar al lugar un equipo de rescate arqueológico, los cuales iniciaron las labores pertinentes para salvaguardar las piezas correspondientes a dos tumbas tipo chimenea.

Esta actuación de los funcionarios de Patrimonio Cultural es apenas una pequeña muestra de lo que alberga el subsuelo de la zona. Basta recorrer la micro-cuenca y entablar relación con sus pobladores para visualizar la enorme abundancia existente de restos arqueológicos –vasijas, vasos, platos, reposacabezas…- en la zona. De hecho, una de las aficiones de las y los más jóvenes en el lugar es la arqueología amateur, supliéndose así las enormes carencias institucionales en este sentido[4].  

A pesar de ello, ni Patrimonio Cultural, ni la SENAGUA, ni el Departamento de Cultura del Municipio de Chone se han cuestionado en ningún momento la paralización de este megaproyecto, priorizando un “supuesto” factor económico por encima de la investigación arqueológica y rescate patrimonial ecuatoriano en Río Grande.

SENAGUA y la posición gubernamental

Para el mal llamado gobierno de la Revolución Ciudadana, el Proyecto Propósito Múltiple Chone será un icono para el desarrollo de Chone, planteando que con este proyecto no sólo se solucionará el inconveniente de las inundaciones, sino también se dotará de agua a la región cuando llegan los períodos de sequía. También el ingeniero en hidráulica, Euclides Andrade, quién fue el creador  del proyecto cuando era estudiante en la década de los ochenta y ahora promocionado por la SENAGUA, indicaba en alusión al costo social y ambiental del megaproyecto: “hay ocasiones que se pierde y otra se gana y en el balance gana una gran mayoría urbana y rural según los estudios la  rentabilidad de  producción se elevaría 11 veces más”[5].

Por su parte, desde la visión del mandatario ecuatoriano, es “la oposición reúne gente para boicotear, oponerse y obstaculizar los grandes proyectos que ejecuta el Gobierno”. Así lo afirmó Rafael Correa, durante el Enlace Ciudadano No. 228.

Según Correa el Proyecto Multipropósito Chone es la obra más esperada por 40 años para la población local,  y pese a que están listos los estudios y pagado el anticipo económico respectivo, aún no puede ejecutarse por la oposición de “unas pocas familias”.

Con una visión extremadamente simplista, el Jefe de Estado ecuatoriano indicaba, “que me digan cómo se evitan inundaciones sino es construyendo un embalse aguas arriba. Pero así es el egoísmo y la falta de visión”.

Tras estas continuas descalificaciones sobre la población montubia local de Río Grande, Correa agregó que en buena medida esta situación obedece a la manipulación política porque si hay 15 0 30 campesinos hay 30 politiqueros tratando de hacerle daño al Gobierno: “Ahí están los lucios, Prian, el grupo de Gustavo Larrea, Packakutik y el MPD tratando de evitar que se haga el proyecto Multipropósito Chone”, recriminó.

 Además indicó que dichos grupos ya acuden con acciones de violencia, amenazan a los técnicos, intentan agredir a la empresa china que ganó el concurso, incluso afirmó que hay amenazas de muerte contra los funcionarios encargados de impulsar la obra y contra el alcalde de Chone.

Y terminó exhortando a los ciudadanos de Chone a que asuman su responsabilidad y responsan ante esta situación: “¡Este es el único Gobierno que ha cumplido con esto y que una docena de familias, guiada por un grupo de politiqueros irresponsables, se oponga al bien común…!”[6]

Debido a la resistencia local, Río Grande ha sido declarado por el gobierno de la Nación “Zona de Seguridad Nacional”, con la finalidad de avanzar con el Proyecto Multipropósito Chone.

El decreto 2010-194 de SENAGUA (diciembre/2010) indica: “Declárase de utilidad pública con fines de expropiación urgente y ocupación inmediata, los inmuebles necesarios para la construcción del canal de desagüe en San Antonio, que forma parte del Proyecto Multipropósito Chone, Fase 1.”[7]

Desde la perspectiva gubernamental se ignora la oposición de los pobladores de la zona afectada, asumiéndose una suerte de legitimidad para arrasar y violar los derechos colectivos fundamentales del pueblo montubio habitante de este territorio.

De esta manera el presidente Correa amenazó con la militarización de la zona, pese al riesgo de enfrentamiento con los habitantes del sector, no aplicando el art. 398 de la Constitución de Montecriste, en el cual se indica que “toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad…”.  De igual manera, las autoridades gubernamentales ignoran el derecho constitucional a la resistencia, y dejan de lado el legítimo derecho a participar a la población en la toma de decisiones bajo acuerdos y consensos, al igual que su legítimo derecho a defender a la Madre Tierra, derecho a la vivienda o el Sumak Kawsay.

De hecho, no fue hasta el pasado 8 de septiembre cuando apenas un centenar de personas de los sitios Cerro de Mosquito, Cerro de Río Grande, Vaca de Monte, La Ñarusa, Come Tierra y Tablada de Sánchez, conocieron el plan de reasentamiento para las familias afectadas con la construcción de la represa de Río Grande.

Al encuentro, y con ánimo de justificar sus actuaciones, acudieron  un nutrido grupo de autoridades gubernamentales entre los que destacaban la gobernadora Susana Dueñas, el subsecretario de la SENAGUA Benhur Rodríguez Párraga, el líder zonal de Chone Richelieu Mendoza, Sofía Espín y Juan Ronquillo del Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, Javier Navia director provincial del MIDUVI, Elizabeth Molina coordinadora territorial del INFA, Katiuska Miranda Subsecretaria de SENPLADES, Ramón Jiménez de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones entre otros funcionarios de instituciones estatales que tienen que ver con el Multipropósito Chone en su primera fase .

Previo a esto y con el fin de ganarse el apoyo de la población chonera, la SENAGUA colocó gigantografías en la ciudad de Chone sobre los desastres que supusieron las inundaciones de 1982, 1997 y 1998.

Días antes, el 30 de agosto SENAGUA anunciaba la compra de 27 terrenos en San Antonio y 7 en Río Grande para la construcción de obras y desarrollo del proyecto. Por esos 34 predios SENAGUA pagó 815.950 dólares, indicándose también que faltan por carcelarse 62,80 Ha a propietarios con problemas de enajenación de bienes con el Banco Nacional de Fomento (BNF), en trámites de solucionarse. Según Ben Hur Rodríguez, subsecretario de SENAGUA, el proyecto se hallaba en un 6,5 % de avance, cuando por fechas de ejecución este debía corresponder al 18%.

Para el presidente Correa es necesario “que se organicen la gran mayoría de choneños y digan basta a esta gente que por todos lados quieren inmovilizar al país (…) ya es momento de realizar las cosas de manera seria, honesta y profesional.”[8]

Cuestionamientos al Proyecto Multipropósito Chone

Sin embargo, la visión desarrollista del presidente Correa no es compartida por otra mucha gente. Miles de grupos sociales en todo el planeta cuestionan la viabilidad de las represas. Para estos, las presas nos son sustentables social, económica ni ambientalmente y las comunidades tienen el derecho a decidir sobre el destino de sus territorios y el modelo de desarrollo que desean para sus pueblos.

En los estudios de impacto ambiental que se realizan para este tipo de proyectos es habitual desconsiderar que la materia orgánica en las represas producen cantidades significativas de gases de efecto invernadero: dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. El impacto de las represas en áreas tropicales puede ser mucho más alto incluso comparado con las plantas más contaminantes de combustibles fósiles.

“El dióxido de carbono (CO2) se forma por la descomposición del carbono orgánico presente en los embalses. Las principales fuentes de este carbono son la vegetación y los suelos inundados al llenarse las represas por primera vez, la materia orgánica transportada por el río (proveniente de ecosistemas naturales, granjas o aguas residuales de las ciudades), el plancton y las plantas acuáticas que crecen y mueren en el embalse, y la vegetación que crece en el suelo temporalmente expuesto durante periodos en los que el embalse se encuentra con poco agua. Los embalses absorben CO2 atmosférico mediante el proceso de fotosíntesis de las plantas acuáticas y el plancton, lo que en ocasiones puede superar las emisiones de CO2.

El metano (CH4), un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO2, está formado por bacterias que descomponen la materia orgánica de aguas con bajo contenido de oxígeno y de los sedimentos presentes en el fondo del embalse. La capa de agua que se encuentra en la parte más profunda de los embalses tropicales tiene cantidades reducidas de oxígeno. Una porción del metano se oxida convirtiéndose en CO2 al subir a la superficie de embalse. Los embalses tropicales con poca cantidad de agua en los que las burbujas tienen menos tiempo para oxidarse tienden a aportar las más altas emisiones de metano. Nuevas investigaciones sugieren que la producción de metano podría ser mayor en los pequeños embalses de zonas templadas.

El óxido nitroso (N2O) es un potente gas de efecto invernadero formado por la ruptura bacteriana del nitrógeno. Se han realizado solamente algunas mediciones cuantificando los flujos de óxido nitroso en los embalses. Se descubrió que las emisiones eran inferiores en las regiones boreales, 1,2 pero significativas en los embalses tropicales. Debido a que el N2O es casi 300 veces más potente que el CO2 se necesitan más estudios para una mejor cuantificación de estas emisiones.”[9]

En el caso del Ecuador, a la larga historia de afectaciones contra el ambiente, los ríos y el agua, se suma una situación grave en materia de derechos humanos, consecuencia de la violenta represión y criminalización contra los defensores de la naturaleza que en ejercicio de sus derechos y responsabilidades han levantado su voz de protesta y resistencia contra los agresores a la Madre Tierra.

En este sentido, el presidente Correa no solo declara el territorio de Río Grande “Zona de Seguridad Nacional”, con lo que todo ello implica militarmente, sino que además arenga a la población urbana de Chone a enfrentarse con los pobladores resistentes al megaproyecto en las zonas rurales afectadas.

Los estudios de costos del megaproyecto Multipropósito Chone, desde su concepción neodesarrollista, ignoran lo que podríamos definir como internalización de las externalidades, cuyo impacto más grave en este sentido tiene que ver con el desplazamiento de la población existente en la zona y todas las consecuencias psicosociales, culturales y económicas que ello significa. Para situar bien este ámbito hemos de tener en cuenta que la afectación directa del Multipropósito Chone es sobre unos 6.000 personas que pueblan la zona que se verá inundada, con el consiguiente despojo de tierras, afectación de las formas de vida tradicionales montubia en la zona y la más que previsible expulsión de esta población a zonas del extrarradio urbano marginal en la ya problemática ciudad de Chone.

Los antecedentes de proyectos de estas características en el lugar tampoco auspician nada especialmente fructífero, cosa que hace desconfiar fuertemente a las poblaciones afectadas. En este sentido, es de destacar el estudio publicado en el mes de agosto del presente año, el cual fue auspiciado por el Centre for Water and Climate de la Wageningen University de Holanda, la Fundación Heifer y el Consorcio Camaren. En él se indica que el Sistema de Riego Carrizal Chone, que usa las aguas de la Represa Multipropósito La Esperanza ubicada en la provincia Manabí del Ecuador, afectó a muchos agricultores, los cuales aún afirman ser tratados injustamente. Según este informe, “los resultados sobre el funcionamiento del sistema Carrizal Chone exponen una total falta de involucramiento de los usuarios en la toma de decisiones, en la distribución de derechos de agua e incluso en la operación y manteniendo del sistema, lo cual es considerada por éstos injusta”[10].

El Proyecto Multipropósito Chone se justifica bajo la siguiente arenga institucional: proporcionará agua a territorios agrícolas con esta necesidad situados en zona adyacente, suministrará agua a la ciudad de Chone y evitará las inundaciones históricamente conocidas en el lugar.

Veamos cada una de estas cuestiones:

1.)    Bajo la justificación de regar 2.200 Ha de tierra situadas desde la parroquia Ricaute hasta la entrada de San Andrés, se pretende inundar 6.000 Ha de los terrenos más fértiles de Chone. Río Grande es un lugar donde diariamente salen del entorno de medio centenar de camiones cargados de productos agropecuarios, donde la producción se estima cercana a 20 millones de dólares anuales y donde el peonaje apenas existe, dado que existe una forma de explotación agraria basada en el apoyo colectivo entre los vecinos de la comunidad, todos por cierto propietarios de pequeñas cantidades de tierra.



A su vez, basta con observar el territorio que pretende ser regado por la represa de Chone para constatar la fertilidad también de estas tierras, cuyo nivel freático reposa apenas entre 3 y 6 metros por debajo del nivel del suelo.



2.)    El suministro de agua potable a Chone se encuentra con un obstáculo capital, este tiene que ver con la antigüedad de su planta de tratamiento de aguas –construida hace más de 30 años- la cual no tiene capacidad para más de 10 mil m3 al día. Las necesidades actuales de la población de Chone, la cual ha crecido ostentosamente en los últimos años, requiere una planta con capacidad de unos 30 mil m3, situación no contemplada en el Multipropósito Chone.



3.)    En lo concerniente al control de inundaciones, Chone está ubicada en zona de Costa a 14 metros sobre el nivel del mar, situación que hace a priori inexplicable porque se inunda periódicamente. La ciudad se encuentra ubicada entre dos elevaciones, trazando un camino fácil para el recorrido del agua en caso de algún tipo de desastre natural –Ecuador es un territorio con alta tendencia sísmica- que impactara sobre la represa.



Esta situación se agrava debido a que “el diseño geotectónico de la presa en Río Grande es inadecuado, dada la complejidad geológica del sitio: en el estribo izquierdo de la presa, las recientes remociones del suelo indican que allí no tienen estratos de roca base bien definidos, se aprecia materiales deslizados (coluviales) de grandes dimensiones, que tal vez sean de origen marino. El Estudio reconoce la heterogeneidad del material del sitio, pero el diseño de la presa no refleja esa realidad. A la hora de sostener 50+m de altura de agua este estribo requerirá tratamientos especiales muy costosos, lo que encarecerá la obra más, tal como ha sucedido en otros proyectos en el Ecuador”[11].



Las graves inundaciones en Chone se dan a raíz de en los años 70 se desarrollara fuertemente la industria del camarón en la Costa ecuatoriana. La represa Simbocal, la cual se encuentra aguas debajo de la unión entre los ríos Carrizal y Chone, se ha transformado en un obstáculo para el desagüe rápido del río. Esta represa, la cual destruyó el entorno natural del humedal La Segua, está destinada al beneficio de criaderos de Chame río arriba manteniendo agua dulce represada, y de igual manera al beneficio de camaroneras situadas río abajo, controlando los desbordes crecientes del río.



La disminución de la zona de inundación, debido a los muros construidos por las camaroneras y la destrucción de los manglares generados a partir de dicha actividad, redujo de forma notable la capacidad de evacuación del río Chone. Esto sumado al almacenamiento de sedimentos en las compuertas de las 12 compuertas del Simbocal, hace que el río Chone quede gravemente obstaculizado en zonas de desembocadura, inundando a comunidades vecinas y prolongando estas inundaciones a la ciudad de Chone.



En este sentido, y bajo la responsabilidad que debe acompañar al órgano rector del Agua en Ecuador, la SENAGUA debería plantear como solución a las inundaciones de Chone no un Multipropósito cuyos propósitos están más que cuestionados por técnicos y los habitantes de la zona, sino la eliminación de las camaroneras en el estuario y la correspondiente restauración de los manglares por ellas extinguidos.

Por último, se debe contemplar también otras acciones propuestas por la población local que son alternativas a la construcción de un megaproyecto de acero y hormigón en un territorio tan complejo como el afectado. Entre ellas destacan: la reforestación, la instalación de diques de cheque con ramas y troncos en quebradas pequeñas, la excavación de zanjas de infiltración en campos de cultivo, el desarrollo de terrazas de formación lenta en terrenos de pendientes suaves y la construcción de albarradas pequeñas y medias en las cabeceras de las quebradas.

Estas soluciones no solo ayudan a retener agua de lluvia más tiempo en las cabeceras, sino también: reducen las pérdidas de suelo en los predios y la sedimentación en los ríos; retienen la humedad y los nutrientes en el campo de los cultivos; y aumentan los caudales de las manantiales[12].

Una licitación problemática

La obra del Proyecto Propósito Múltiple Chone tuvo cuatro empresas interesadas para su construcción.

Entre las empresas oferentes se encontraba la actual adjudicataria, la china Tiesiju, quien ya había ganado un proceso anterior, pero cuya licitación fue anulada y declarada “desierta por errores jurídicos y falta de garantía”[13]. En segunda ocasión, esta entidad china apareció con la empresa Manabí, presentando la segunda oferta más alta. La cifra fue de 51’889.103 dólares. La oferta de mayor inversión correspondió a la empresa Licosa con un monto de 57’728.759 dólares. Otro aspirante y que también participó en la anterior licitación fue la mayor constructora del país, Hidalgo e Hidalgo, que ofertó 49’747.355 dólares; y, la oferta más baja la hizo el consorcio de empresas ecuatorianas y colombianas San Antonio Grande, con un monto de 43’263.648 dólares.

Si el director general en Ecuador de la empresa Tiesiju, Hu Jie, había impugnado ante la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), la anulación de la adjudicación del proyecto Múltiple Chone, realizada el 30 de diciembre de 2009[14], de igual manera procedió el Consorcio San Antonio Grande el 20 de abril del 2010, alegando como causa para la impugnación un error en la sumatoria de valores.

La alegación ecuatocolombiana no prosperó, lo que muchos entendieron como una concesión del gobierno ecuatoriano a la empresa china dentro del marco de acuerdos binacionales establecidos entre los dos países.

Situación actual

Mientras la SENAGUA desarrolla una pelea legal, calificada por los pobladores de Río Grande como violentatoria de sus derechos jurídicos, para la expropiación de los terrenos del morador Don Alfredo Zambrano –unas 40 Ha situadas en lo que será el dique de la represa-, los moradores afectados guardan vigilancia día y noche en los caminos de acceso a sus pequeñas propiedades.

Los pobladores montubios de Río Grande han hecho de las tierras que el gobierno del presidente Correa pretende inundar, un manantial de abundancia agrícola y ganadera. No utilizan químicos para sus cultivos, la fertilidad de sus tierras, incluso en las terrazas más altas generan un nivel alto de productividad. De igual manera, sus mujeres e hijas, agrupadas en torno a la Asociación de Montubias Agroproductivas de Río Grande desarrollan de forma paralela a su actividad agraria, micro emprendimientos enmarcados en el turismo comunitario. Las y los jóvenes del lugar, manifiestan su voluntad de quedarse a vivir la misma vida que han vivido sus padres, ignorando las “supuestas bondades” que les ofrece la ciudad de Chone.

Algunos de ellos ya pagan por su convicción y reivindicación de sus formas de vida. El doctor Elvis Suárez, quien ostenta un consultorio particular en Chone nos indica: “Claro que defender nuestros derechos tiene un costo, en mi caso y siendo el único especialista en medicina deportiva en la ciudad de Chone, me dejaron fuera como médico para la Liga Cantonal por defender Río Grande”.

Por su parte, el poblador Alfredo Zambrano, el poblador más respetado de la zona, al que se le considera como el “padre de las comunidades afectadas” nos manifiesta: “¿a donde nos vamos a ir?, nuestras manos son expertas en cultivar los campos, esta es nuestra vida, no queremos otra cosa. Además, quien no defiende la tierra de sus ancestros es un maldito, no se trata de plata, estamos defiendo nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra forma de vida”.

“Estamos dispuestos a morir si es necesario por defender nuestras tierras, aquí tenemos a nuestros ancestros enterrados, aquí hemos nacido y criado la mayoría de nosotros, y aquí moriremos si es menester”. De esta rotunda manera se expresan las mujeres, hombres y jóvenes de Río Grande al ser consultados sobre qué pasará si entran las fuerzas de seguridad del Estado en su territorio.

Lo que pase a partir de aquí será responsabilidad de las autoridades institucionales que tienen competencias sobre el caso, desde el presidente Rafael Correa hasta los funcionarios de la SENAGUA en la demarcación de Portoviejo, pasando evidentemente por el llamado ministro del Agua, Don Cristóbal Punina –conocido en la estructura de Alianza PAIS por haber sido el responsable de Finanzas y Tesorería en diversas campañas electorales del presidente Correa-.



[1] http://www.senagua.gob.ec/?p=6889
[2] Datos estimativos dado que no hay estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en la zona.
[3] En 2010 solo la cosecha de mandarinas estimada en 160 millones de unidades que se vendió en casi cuatro millones de dólares en el mercado local y a comparadores de Perú, Colombia y Venezuela.
[4] El problema de la capacitación académica de los arqueólogos no es un problema legal. La convalidación de los títulos no es un problema serio, dado que implica a un número muy limitado de profesionales. Sin embargo, en Ecuador existe una carencia enorme de especialistas en esta temática, y la formación teórica y práctica de los pocos estudiantes ecuatorianos en esta materia es más que cuestionable. En los diseños de planificación estratégica para la Enseñanza Superior del país andino, la SENPLADES olvidó, entre otras muchas carreras universitarias, la arqueología; así como la obligación moral de los Estados para coordinar y desarrollar planes nacionales adecuados en esta materia, según la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico adoptada por la Asamblea General del ICOMOS en Lausana en 1990.
[5] http://www.senagua.gob.ec/?p=6945
[6] http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=25987:oposicion-boicotea-el-proyecto-multiproposito-chone&catid=40:actualidad&Itemid=63
[7] http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6021:registro-oficial-no-351-miercoles-29-de-diciembre-de-2010&catid=343:diciembre&Itemid=602
[8] http://www.radioelnuevosol.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45:presidente-correa-sobrevolo-sitio-del-proyecto-multiproposito-chone-&catid=38:nacionales&Itemid=56
[9] International Rivers. “Represas sucias. Las represas y las emisiones de gases de efecto invernadero”. México, 2008.
[10] http://www.iwe.wur.nl/NR/rdonlyres/76AE196F-E01A-473E-A538-F2F682329772/147308/IW1119AbstractMinorThesisCarolinaMendozaBruckner.pdf
[11] http://manabinoticiasenlinea.blogspot.com/2011/08/la-represa-de-rio-grande-es-la-peor.html
[12] http://manabinoticiasenlinea.blogspot.com/2011/08/la-represa-de-rio-grande-es-la-peor.html
[13] http://www.eluniverso.com/2010/01/25/1/1447/senagua-anuncia-proyecto-chone.html
[14]  “Pido se deje sin efecto la resolución y se respete la adjudicación efectuada a favor del consorcio Tiesiju Chone efectuada el 24 de agosto del 2009, y se proceda a negociar a la negociación de los términos del compromiso de financiamiento presentado por el Bank of China Limited”, señala Hu Jie en un documento fechado el 9 de enero de 2010.

lunes, 19 de septiembre de 2011

José María Aznar y Barrick Gold, tal para cual

Por Decio Machado // Sociólogo y periodista

El ex presidente José María Aznar se incorpora de la mano de George H. W. Bush, su hijo George W. Bush y Gustavo Cisneros como director del área internacional de Barrick Gold., la empresa más cuestionada del sector minero.

“En el actual mundo globalizado hablar de oro es hablar de Barrick Gold Corporation”. Con esta contundencia se expresaba Jamie Sokalsky, vicepresidente ejecutivo de la transnacional canadiense, en una conferencia realizada el año pasado ante círculos empresariales londinenses.

En dicho evento, Sokalsky posicionaba los objetivos a corto plazo de la compañía minera más poderosa del planeta: “esperamos alcanzar mediante el desarrollo de proyectos y la ampliación de las minas que ya poseemos, una producción anual de 9 millones de onzas de oro antes de cinco años”.

Es con esta finalidad, que Barrick Gold procede pocos meses después a “fichar” como directivo estrella en su área internacional al ex presidente español José María Aznar, quien llega a la compañía a través de George Bush, quien figura  en el directorio de la transnacional como "asesor honorario de la junta internacional de la empresa” y es miembro destacado en su junta de accionistas.

Otro “notable” de la Junta Directiva de Barrick Gold es el venezolano Gustavo Cisneros, uno de los hombres más ricos del continente, propietario de más de treinta compañías que operan en el conjunto del planeta. Cisneros fue vinculado a la trama del fallido golpe de Estado de abril de 2002 en Venezuela por la revista Newsweek, quienes afirman que el golpista Pedro Carmona “fue visto salir de la oficina de Cisneros” antes de ir al Palacio de Gobierno para jurar como presidente provisional, cargo que ostentó tan solo por un día.

En febrero de este año, George H. W. Bush, junto a su hijo George W. Bush, José María Aznar y Álvaro Uribe, compartían vacaciones con el ex primer ministro de Canadá Brian Mulroney, en la mansión residencial de Gustavo Cisneros, ubicada a 96 kilómetros de Santo Domingo (República Dominicana).

Para Marcelo Caumán, dirigente local comunitario de Santo Domingo, “es más que posible que en la reunión de ex presidentes organizada en la casa de campo de Cisneros se decidiera la incorporación de Aznar como lobista de Barrick Gold, sin embargo, lo más grave para nosotros, es que decidieron, tras reunión de todos ellos con nuestro presidente Leonel Fernández, la explotación de yacimientos mineros en la provincia de Monseñor Nouel, lo que tendrá un impacto irreversible sobre nuestra agua, vegetación, producción agrícola y ganadera”.

Esta provincia dominicana ya tiene experiencia de los daños que ocasiona la explotación minera, motivo por el cual en la actualidad se conforma un frente de organizaciones sociales para resistir la actividad extractiva que pretende iniciar Barrick Gold antes de final año.


“No vamos a permitir que estos criminales que usan elementos tóxicos en su actividad productiva nos generen más tragedias como el desplazamiento forzoso, la deforestación, de destrucción de nuestras producción agrícola y la contaminación del medio ambiente”, advierte Caumán.
Primeros resultados de la “Operación Aznar”

En Argentina, la compañía canadiense opera sobre dos proyectos de gran envergadura: el yacimiento Veladero, que comenzó su producción en octubre de 2005, y cuyas reservas de oro alcanzan los 18.200 millones; y Pascua-Lama, primer proyecto minero binacional que se realiza en el mundo y consiste en desarrollar una mina de oro en la frontera entre Chile y Argentina.
Constantes denuncias de sobre violación de derechos sindicales e impacto ambiental han acompañado ambas explotaciones. Según los voceros de Greenpeace en Argentina, “un informe técnico del año 2005 indica que la superficie de los glaciares afectados por las actividades de la Barrick disminuyó entre un 56% y un 70%” y prosiguen “en febrero de este año se sancionó a la empresa por continuar afectándolos”. Tanto Pascua Lama como Veladero se encuentran dentro de la Reserva de Biósfera San Guillermo de la UNESCO y “se encuentran emplazados en ambiente periglacial, algo prohibido por la Ley de Glaciares”.


En ese contexto, José María Aznar se entrevistaba el pasado mes de julio con la presidenta Cristina Fernández Kirchner. Los resultados fueron inmediatos: un mes después, el Juez Federal de San Juan procedía con la suspensión de la aplicación de la Ley de Preservación de Glaciares que había sido sancionada tras un intenso debate en el Congreso argentino. La Ley había llegado al Legislativo auspiciada por un centenar de organizaciones de la sociedad civil y hubiese supuesto la paralización de las actividades extractivas de Barrick Gold en la cordillera andina.
Un pasado oscuro

Barrick Gold es la transnacional minera dedicada a la extracción de oro a cielo abierto más grande del mundo. Con sede en Toronto (Canadá), esta transnacional fundada y dirigida por el polémico magnate de origen judío Peter Munk, opera sobre 27 minas en una quincena de países.

Desde su constitución en 1983, las actividades de la Barrick Gold han venido acompañadas por constantes denuncias de irregularidades y violación de derechos humanos. Según el director cinematográfico y actual diputado argentino, Fernando “Pino” Solanas, la “historia negra” de la Barrick se remonta a sus orígenes, dado que “Munk fundó la empresa con dinero del principal traficante de armas de la tierra Adnan Kashogui, socio de personajes como Monzer al Kassar”.

Entre las múltiples denuncias en diferentes partes del planeta contra Barrick Gold, destacan los sucesos de 1996 en Tanzania. Allí, la compañía estuvo involucrada en la masacre de más de medio centenar de mineros artesanales (“pirquineros”) de la mina Bulyanhulu, los cuales fueron enterrados vivos por el apuro del gobierno en desalojar el lugar y rellenar los pozos con tierra. La empresa primero intentó censurar un libro que denunciaba los hechos (Canadá Negro: Saqueo, corrupción y criminalidad en África de Alain Deneault, Delphine Abadie y William Sacher) e impedir su distribución, y luego en un acto de desesperación demandó a la editorial y a los autores.

Publicado en en periódico DIAGONAL

miércoles, 7 de septiembre de 2011

Historia de despojo y rapiña sobre las tierras comunales en la provincia de Santa Elena (Ecuador)

Por Decio Machado

Origen del conflicto

Desde la época de los conquistadores españoles datan crónicas esclarecedoras acerca del grado de desarrollo y organización existentes en las sociedades que invadían y conquistaban en lo que hoy conocemos por la República del Ecuador. En estos relatos se narran entre otras cuestiones, las notables diferencias sobre los niveles de organización y desarrollo social de las poblaciones que habitaban el actual Ecuador y que paulatinamente iban subyugando.

En las crónicas españolas, en alusión a las organizaciones sociales que los conquistadores consideraban menos desarrolladas, se referencian a grupos de “salvajes de muy poco gobierno y policía” o pueblos “sin orden ni concierto”, que habitaban en comunidades de casas grandes, donde no se reconocían hijos ni mujeres y, sobre todo, de que la tierra y sus frutos eran comunes[1] (behetría o sociedad comunal primitiva).

En el momento de la conquista, estas behetrías (comunidades gentilicias) coexistían con otras sociedades indígenas donde ya se estructuraban clases sociales, originándose el proceso de configuración de Estados primarios clasistas sobre este territorio, con el consiguiente desplazamiento de las comunidades primitivas[2]. En el prehispánico Ecuador, las manifestaciones clasistas y de nacionalidad se desarrollaron al mismo tiempo que la desigualdad social y las estructuras jerárquicas.
Por su parte, las sociedades indígenas más desarrolladas también mantuvieron, a su manera, las lógicas comunales sobre la tierra, aunque distribuyendo esta con “criterio de clase” para la labranza como usufructo particular de las familias -a cuyo cargo estaba el cultivo-.

Así las cosas, cuando los saqueadores españoles llegaron a territorio ecuatoriano, se encontraron con que todas las tierras mantenían su carácter comunal: en el caso de las comunidades gentilicias con correspondencia directa entre el carácter comunal de la tierra y la forma de producir y distribuir; mientras en el caso de las sociedades más desarrolladas, la comunidad de la tierras se mantuvo aunque sin correspondencia con la forma de producir y distribuir, alterándose esta relación por condiciones de carácter clasista.

El impacto de la conquista, cercenando todo desarrollo de las sociedades autóctonas, hace por interés español, que los beneficiarios del sistema parcelario-familiar (quienes gozaban del usufructo de las tierras comunales en ese momento) pasaran a ser propietarios reales[3].

Para el pueblo indígena las consecuencias de la Colonia fueron lamentables: abandono de tierras, concentración poblacional entorno al sistema de “reducciones”[4], rapiña latifundista de los nuevos señores, control sobre los conquistados, recaudación de imposiciones[5], catequización y esclavitud, así como reducción brutal de población. Como reacción a todo esto se generaron importantes resistencias que fueron brutalmente reprimidas.

Teniendo en cuenta que el principal bien indígena era la tierra, es sobre ellas donde se articula la triada represiva española contra la resistencia indígena: punición, asesinato y despojo[6].

Los indios, sometidos a las obligaciones mitales[7] son despojados de sus tierras comunales, lo que genera abandono de tierras y un fuerte descenso de la producción agrícola para consumo interno.
El despojo de tierras en el antiguo Ecuador se extendió durante todo el período colonial, siendo las de mayor interés las cercanas a ciudades y villas, procediéndose después sobre las tierras comunales que se ubicaban alrededor de reducciones, poblados y caseríos.

Este es el origen de un modo de intervención que se configuró y enraizó hasta nuestros días: despojo con complicidades y compadrería de los poderes fácticos y políticos existentes, asociado a un mecanismo de apropiación asentado sobre lógicas de corrupción administrativa judicial hegemónicas desde entonces en la región.

Toda esta situación hizo, aparte de descender notablemente el número de población indígena en Ecuador y América Latina, extender en torno a los “peinadillos”[8] la mendicidad, el alcoholismo, la degradación y la exclusión social.

El 1820, Simón Bolívar con la finalidad de fomentar la pequeña propiedad privada e ignorando la esencia colectiva de las tierras de resguardo decretaba, “mando devolver a los naturales como propietarios legítimos todos los resguardos, cualquier que fuere el título que alegasen los actuales tenedores[9]. Sin embargo, la Ley de 15 de octubre de 1828 que se dicta en Bogotá establece que se asignará a cada familia de indígenas la parte indispensable para su habitación y cultivo, a más de la que necesitarán en común para sus ganados y otros usos. La Ley disponía de forma maliciosa, que solamente los sobrantes de tierras podrían se arrendados las comunidades indígenas, practicándose este arriendo en pública subasta ante el gobernador de la provincia. Irrisorio resulta imaginarse al indio esclavizado y pobre compitiendo en pública subasta contra los sectores oligárquicos dueños de poder económico y político de la época. Como es evidente, esta situación ni conllevó la libertad del indio ni la dignificación de su forma de vida.

Desde entonces, los estos gobiernos republicanos -conformados por las élites terratenientes-, han obstaculizaron cualquier posibilidad de reapropiación indígena sobre sus ancestrales tierras de propiedad común. Esta situación implicó que la independencia política en el subcontinente, en lo referente a las raíces económicas del poder feudal, no sufrieron ninguna transformación significativa.

Comunas y tierras comunales en la provincia de Santa Elena

La expedición de la Ley de Organización y Régimen de las Comunas de 30 de julio de 1937, la cual se mantiene vigente, constituye el primer acto de reconocimiento jurídico-orgánico de las comunas y de sus tierras comunales ocurrido durante el período republicano.

En su artículo 1, la Ley estable y define que es una comuna: “todo centro poblado que no tenga la categoría de parroquia, que existiera en la actualidad o que se estableciere en lo futuro, y que fuere conocido con el nombre de caserío, anejo, barrio, partido, comunidad, parcialidad, o cualquiera otra designación, llevará el nombre de comuna, a más del nombre propio con el que haya existido o con el que se fundare”.

Con respecto a la propiedad de la tierra comunal, la Ley en su artículo 21 prohíbe el registro indebido de tierras comunales: “Ningún notario podrá extender escritura pública que diga relación con los bienes colectivos de las comunas, sin previa comprobación de que se hayan observado fielmente las disposiciones constantes en el Art. 17[10]. Si llegare a otorgar escritura pública en contravención con estas prescripciones, tal instrumento adolecerá de nulidad, a costa de los que hubieren intervenido
en su otorgamiento, inclusive el notario y el registrador de la propiedad, de llegar a inscribirse la escritura
”.

Dicha Ley, como todas las leyes en beneficio de los intereses populares, fue el fruto de las luchas protagonizadas por el campesinado ecuatoriano agrupado entornos a sus comunas. Pero más allá de la promulgación de la Ley de Comunas, de haberse apoyado realmente las luchas y demandas campesinas en el país, estaríamos hablando de una realidad diferente a la actual respecto a desarrollo local y nacional, equilibrándose así las actuales desigualdades sociales y las existentes respecto a la propiedad de la tierra. La realidad ecuatoriana se articuló de otra manera, y sus consecuencias han sido evidentes: subdesarrollo, desequilibrio social, injusticia y dependencia.

Volviendo al aspecto jurídico, con la Ley de 1937 las comunas en Ecuador adquirieron legitimidad jurídica y por lo tanto la existencia de tierras comunales dedicadas a diversos tipos de explotación agrícola consecuentemente adquirieron también legitimidad legal.

En este contexto, “hay que hacer una salvedad de las tierras comunales de la Península de Santa Elena, (…) que no se trabajan permanentemente debido a largos períodos cíclicos de sequía (…), pero que según estudios técnicos constituyen tierras aptas para la labranza dado que contienen una gruesa y rica capa de humus que incluso pueden apreciarse a la simple vista. Para reafirmar lo dicho bástenos recordar que hace pocos años las tierras peninsulares eran zonas agrícolas y ganaderas de importancia”.[11]

Este proceso de sequía se origina por la deforestación del territorio debido a la tala sistemática de montañas residuales para la explotación de madera fina -guayacán, seca, caoba, amarillo, cedro, entre otros-, por la costumbre local de quema del carbón de madera, y por el más reciente impacto del desarrollo inmobiliario, infraestructura turística y otras cuestiones relacionadas con un concepto de desarrollo caduco que en la actualidad ya pasa factura. Sumado todo ello, sus consecuencias son harto visibles en Santa Elena, habiéndose transformado el territorio en grandes extensiones de terreno árido poblado de plantas cactáceas y de vegetación raquítica.

Provincialización de Santa Elena

Santa Elena adquiere el estatus de provincia el 7 de noviembre de 2007; siendo así la más joven de las 24 provincias ecuatorianas[12], con un territorio que con anterioridad formaba parte de la provincia del Guayas.

La provincialización es consecuencia de una continuada demanda popular que durante dos décadas nunca fue tomada en cuenta. Situación que tiene su fin con la llegada del Ec. Rafael Correa a la Presidencia de la República.

Con anterioridad, estas demandas habían sido bloqueadas sistemáticamente por el conservador Partido Social Cristiano, quien dominó el Congreso Nacional del Ecuador durante años, y que a la par ostentaban el poder en la provincia del Guayas. Las razones que justificaron esta provincialización se enmarcaron en su identidad cultural peninsular (cultura de pescadores de ascendencia indomestiza y cultura comunera), su modo de vida económico diferente (turismo de playa, productos artesanales, hotelería, pesca y una pequeña producción petrolera), y la desatención continuada por parte del gobierno provincial del Guayas, cuya capital, Guayaquil, es el bastión de la derecha más recalcitrante del Ecuador. En el gobierno provincial del Guayas los santalenenses nunca gozaron de representación, de igual manera tampoco la tuvieron en el Congreso Nacional.

El momento decisorio para la lucha por la provincialización de Santa Elena se da el 12 de octubre de 2007, donde a través de un bloqueo protagonizado por la población local, se impide el paso de vehículos a la península, tanto por la carretera Guayaquil-Santa Elena, como por vía a la costa a la altura de la comuna Villingota-. Con este hecho, se impidió el acceso, especialmente de guayaquileños, a las playas de Salinas y otros puntos turísticos ubicados en la Ruta del Sol. Todo esto se da en medio de una fuerte afluencia a la región fruto de la festividad de la Independencia del Guayaquil.

En medio de esta crisis regional, el 17 de octubre de 2007, el Congreso Nacional aprobaba con 57 votos a favor, 30 abstenciones y tres en contra, el primer artículo del proyecto de provincialización de la Península de Santa Elena[13].

Desde la perspectiva política hay que señalar que estos sucesos conllevan la semi desaparición de la partidocracia conservadora en la nueva provincia, consecuencia de que esta se había opuesto reiteradamente a las demandas populares de provincialización. Es esta condición la que propicia que la construcción del oficialista Alianza PAIS –partido presidido por el presidente Correa- se articule en gran medida con actores que provenían de estructuras políticas conservadoras y que se reciclaron políticamente al calor del “caballo ganador”, bajo las banderas verdes de la llamada “revolución ciudadana”.

Ahondando en esto último, cabe reseñar que personalidades políticas como el actual Alcalde del Cantón Santa Elena –donde se concentran la cuasi totalidad de conflictos sobre tierras comuneras-, Otto Vera, fuera concejal en la gestión anterior de su municipio por el conservador Partido Social Cristiano, y que se incorporará a las listas de Alianza PAIS en los últimos días de su campaña electoral de abril de 2009. De igual manera, la ex gobernadora de la provincia (dimitida hace apenas unos días), Noralma Zambrano, quien aspiró a concejal del Cantón La Libertad en las listas del Partido Social Cristiano junto al Ab. Paco Tamariz –en aquel momento postulante a alcalde-, hace una quincena de años.

Actual problemática de las tierras comunales de Santa Elena

Desde hace décadas, la tierra y el agua son elementos de fuerte conflictividad en la Península de Santa Elena, motivo por el cual se enfrentan los sectores del agrobusiness con sectores de campesinos, lo cual evidencia una lógica de lucha claramente marcada por su posición social –conflicto de clases-. Según fuentes vinculadas al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), existen en la actualidad más de 150 mil hectáreas[14] inmersas en este tipo de conflictos.

Respecto a esto conviene aclarar dos cuestiones: en primer lugar, la necesidad de financiamiento por parte de los gobiernos locales, conllevó y sigue conllevando la admisión generalizada de registros de propiedad ilegales (realizados por registradores y notarios corruptos) a favor de empresas y terratenientes en sus correspondientes catastros con el fin de recaudar impuestos prediales o inmobiliarios; a esto hay que añadir que los conflictos jurídicos respecto a la propiedad de tierras comunales han sido congelados durante años en los cajones y archivadores del MAGAP por parte de funcionarios corruptos al servicio de intereses particulares, los cuales de esta manera no permitían la aplicación del artículo 21 de la Ley de Organización y Régimen de las Comunas, lo que hubiese supuesto dejar sentado la improcedencia de la titularidad privada de las tierras en litigio desde hace ya
muchos años (hay litigios que se remontan a 20 años atrás).

La entrada en vigor de la actual Constitución del Ecuador[15] conllevó la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial el 9 de marzo de 2009. Fruto de dicha reforma, el MAGAP perdió sus atribuciones como juez para la resolución de conflictos en tierras comunales, pasando dichas competencias a los Juzgados de lo Civil.

Con coincidencia en el tiempo, el gobierno del Presidente Correa ha ido desarrollando una fuerte inversión en materia vial e infraestructuras: desarrollo de la Ruta del Spondylus y de la Ruta del Sol, capacitaciones enfocadas al desarrollo turístico, ampliación de infraestructura vial existente, creación de nuevas carreteras, generación obra civil, etc.

Todo desarrollo local ha ido acompañado a su vez por una alta permisibilidad respecto a actuaciones más que cuestionables desarrolladas por el capital privado: privatización de playas, creación de complejos inmobiliarios con alto impacto ambiental, lotización y venta de terrenos destinados extranjeros –especialmente norteamericanos-, fomento del biocombustible, control privado del agua proveniente del sistema de riego del trasvase Daule-Santa Elena o la permisibilidad en materia ambiental con empresas del sector pesquero y camaronero, entre otras cuestiones. Esta situación ha estimulado, objetivo pretendido por el gobierno, el interés de inversionistas privados en la zona. Pero consecuencia de ello, también se reactivaron los viejos conflictos nunca resueltos sobre la titularidad de las tierras comunales en la provincia.

La transferencia de competencias del MAGAP al ámbito judicial sobre resolución de conflictos en tierras comunales, derivó en la práctica en que la mayoría de estos litigios terminasen en el despacho del juez décimo séptimo de lo Civil de la provincia, el Ab. Leónidas Litardo Plaza -con más de una década en el ejercicio de este cargo-. Los resultados de sus actuaciones judiciales no han sido poco proclives a las demandas comuneras en la región, alentándose nuevos intereses privados y nuevas agresiones sobre tierras comunales en la provincia.

Los intentos de adquisición de estas tierras son constantes y utilizan fórmulas diversas: desde la invasión y el conflicto jurídico, hasta la compra directa -en muchos casos fraudulenta- de estas tierras ancestrales.

La pasividad de las instituciones públicas involucradas de una u otra manera en estos contenciosos, provocó que en marzo de 2011, a través de un comunicado oficial, la Federación de Comunas de Santa Elena (FEDECOMSE) responsabilizara al Estado por los daños causados a las comunas afectadas por la “vorágine depredadora de empresarios privados”.

La inacción de las autoridades e instituciones públicas –locales y nacionales- respecto de los conflictos con las tierras comunales en la provincia de Santa Elena, muestra una práctica violatoria respecto a los mandatos de la Constitución de Montecristi (2008), la cual en su artículo 57 indica:

Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
(…) 4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos.
5. Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.
(…) 11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales (…)”.[16]

Violencia y amenazas en la Santa Elena de hoy

La conflictividad relacionada con la posesión de tierras comunales en la provincia es notable y abarca a las comunas de Engunga, Tugaduaja, Villingota, Sucre, Olmedo, Ciénaga, La Barranca, Juntas del Pacífico, Sacachum, Montañita, Zopatal, Azúcar, Sayá, La Aguadita, Calicanto, Pechiche, San Miguel, San Antonio, Curía, San José, Entre Ríos, Loma Alta, Febres Cordero, Dos Mangas, Cadeate, Ayangue, Palmar, Manantial de Charduy, Sinchal, Barcelona, Valdivia, San Pedro, Sube y Baja, Atravesado y La Barranca.

Como ejemplos evidentes de los desmanes en esta materia, pasamos a desarrollar los casos de Montañita, Ayangue y Pechiche, donde la forma de proceder de los intereses privados, los jueces implicados y permisibilidad de las instituciones públicas están significando una grave antecedente para las demandas populares en la provincia.

Comuna de Montañita

Data la existencia de la Comuna Montañita desde 1938, siendo en 1980 cuando el MAGAP formaliza el reconocimiento de 1.414 hectáreas como sus tierras comunales.

En marzo de 2005 el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), institución pública conocida por su alto nivel de corrupción interna, reconoce la titularidad de las tierras comunales de Montañita a favor de la Compañía Manglaralto SA (MASA). Esta situación genera recursos de revisión por parte de la Comuna, la cual se resuelve en febrero de 2010, cuando el INDA ordena el inmediato desalojo de las y los comuneros de Montañita del predio cuya titularidad reafirma a favor de MASA. Las escrituras de propiedad de las que dispone MASA sobre las tierras comunales de Montañita están legalizadas por el abogado Juan Cueva Rodríguez, quien en mayo del presente año se vio implicado en operaciones de corrupción donde se negociaba con funcionarios del Ministerio de Justicia la compra de pases a cargos de jueces y, obviamente, la compra de juzgados titulares.

A pesar de ello, los diferentes recursos presentados por la Comuna de Montañita ante el MAGAP fueron rechazados sistemáticamente, favoreciéndose así a la empresa MASA. Este empresa está vinculada a la familia Andrade, quien a su vez ejercicio la administración de SOLBANCO, entidad financiera que fue llevada a la quiebra durante la gestión de su ex administrador, Alfonso Andrade Peñaherrera.

Todo ello se da a pesar de que la Constitución de Montecristi en su artículo 60 claramente expresa:

Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organización territorial

Y a pesar también de que un memorando fechado el 18 de mayo pasado, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, organismo adscrito al Ministerio de Coordinación del Patrimonio Cultural del Ecuador indica:

La documentación histórica de la región de la Antigua Provincia de Guayaquil destaca que entre las formas de resistencia étnica al impacto colonial se cuenta la ´ladinización´ de los pueblos ´goancavilcas´ que fueron resguardados en Reducciones Indígenas (Jipijapa, Colonche, Santa Elena, Chanduy, Changón o la Puna por ejemplo). Esta estrategia consistió en adoptar ciertos elementos culturales europeos (monetarización, vestimenta, lengua, producción ganadera, religiosidad, cabildos, participación en el mercado, etc.) pero sin que esto significara perder su identidad. Se trataba de una opción política para aprovechar oportunidades, en la defensa de sus derechos colectivos y privilegios que como ´Común de los indígenas´ tenían reconocidos en las leyes españolas. Usando como forma de resistencia la ´adaptación´ a la situación colonial, el grupo Huancavilca[17], incorporó prácticas y elementos españoles para reacomodarse culturalmente. Estos nuevos elementos culturales, diferentes a los prehispánicos, privilegiaron mantener el principio de territorialidad colectiva, y el parentesco como forma de organización en linajes o familias extensas que perdura has nuestros días”.

Las investigaciones realizadas sobre etnicidad en la Costa Ecuatoriana expuestas anteriormente se han visto confirmadas por los estudios realizados por el INPC durante el 2010 en diferentes partes de la provincia de Santa Elena. De ellos se deduce que: “la Comuna de Montañita forma parte de los pueblos ancestrales comuneros”. Esta situación les otorga todos los derechos imprescriptibles, inalienables, indivisibles e inembargables de las comunas.

El propio Convenio 169 de la OIT (1989) define que “un pueblo es considerado indígena por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista, de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas su propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.

En definitiva, los actuales conflictos de pertenencia u identitarios que puedan estar sufriendo los pueblos y nacionalidades indígenas como efecto del fenómeno de globalización no significa que los comuneros de Montañita hayan perdido los derechos que los asisten y están presentes en la Constitución de 2008.

A pesar de ello, el Juez Leonidas Litardo Plaza, juez décimo séptimo de lo Civil de Santa Elena, emitía el 29 de marzo del presente año una sentencia donde vuelve a fallar en contra de la Comuna de Montañita y a favor de la familia de banqueros.

En abril del presente año, se admitió a trámite el recurso de la Comuna de Montañita, sobre lo cual está pendiente un recurso de casación interpuesto por los Andrade.

A raíz del fallo a favor de la Comuna, el Juez Litardo procederá a presentar ante el Consejo de la Judicatura de la Provincia de Santa Elena un alegato en el cual acusa a la comuna de Montañita de “conducta criminal”, “protagonizar desmanes”, practicar rituales “diabólicos o de fuerzas ocultas”, quemar féretros, entre otras cuestiones.

¿Casualmente?, el Juez Litardo es primo hermano del Dr. Leonidas Plaza Verduga, quien fuera propietario de las tierras hoy en litigio en la vecina playa de Portete –Comuna de Ayangue- y quien es tristemente recordado en la historia reciente del Ecuador por haber sido Procurador General del Estado durante la presidencia de Abdalá Bucaram, cargo que tuvo de abandonar tras ser acusado de beneficiarse económicamente al interceder entre los damnificados por el lamentable accidente del carguero aéreo en Manta en 1996 que puso varias víctimas mortales.

Comuna Ayangue

De igual manera que en el caso anterior, las tierras comunales de Ayangue son muy apetecibles para diferentes empresas y especuladores inmobiliarios dada su posición privilegiada en zona de playa.
El reciente desalojo en la playa de Portete en Ayangue, sucesos acaecidos en la madrugada del pasado 24 de agosto, ya había tenido un precedente en el intento de desalojo realizado el 30 de junio pasado, donde tras tres horas de resistencia continuada por parte de los comuneros de Ayangue, los 150 policías enviados para actuar contra la comunidad marcharon sin lograr sus objetivos.

Ante este episodio, la ex gobernadora de la provincia, Noralma Zambrano, declaró no tener conocimiento de la violenta acción policial, cosa que fue desmentida con posterioridad por su ex Intendente.

Sin embargo, el pasado 24 de mayo, entre 300 y 350 efectivos policiales según denuncian los comuneros detenidos, aparecieron a altas horas de la madrugada en la Comuna de Ayangue, desalojando a siete de sus comuneros que guardaban presencia en la zona pública de playa.

Cerca de doce horas mantuvieron retenidas a los comuneros detenidos –pescadores y sus mujeres- que defendían sus tierras comunales y ancestrales. La acción, catalogada de desmedida en todos sus aspectos por la población local, fue consecuencia de un fallo emitido por la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, que con fecha 11 de agosto, daba la propiedad de las tierras en litigio a la Compañía ZEMECKIS SA, quienes disponían de unas escrituras públicas sobre dicha propiedad fechadas el 29 de marzo del 2010 e inscritas en el Registro de la Propiedad el 3 de junio del mismo año.

La operación fue hasta tal punto vergonzosa que la propia Intendente requerida por la Jueza de Garantías Penales, Dña. María Bacigalupo, se negó a acompañar el operativo policial. De igual manera procedió el Teniente Político de la Parroquia de Colonche, quien también fue requerido para el acompañamiento de esta desproporcionada operación policial.

La acción policial devino en que en la actualidad la playa pública de Portete esté cerrada y custodiada por la Policía Nacional en conjunto con la seguridad privada a cargo de ZEMECKIS; y su uso haya sido coartado para el conjunto de la población, con el fin de beneficiar intereses privados. Es de señalar que la playa de Portete era utilizada por los pescadores artesanales para la pesca de lisas, una de las formas de supervivencia de la población local.

Una vez más, la acción judicial beneficiaba a los intereses privados, ignorando que la Ley de Comunas de 1937 indica con claridad que ningún notario puede extender escrituras públicas que diga relación con los bienes colectivos de las comunas. Esta acción policial evidencia a su vez cierta complicidad por parte del Ministerio del Interior.

Una vez más aparecen los intereses de los poderosos por encima de los intereses populares y de la población autóctona en esta acción. ZEMECKIS es una compañía privada perteneciente a Guillermo Roseney Salcedo. Este joven empresario, con pinta de galán de telenovela barata y habitual del mundo de la farándula nocturna, es el marido de una nieta del ex presidente León Febres Cordero, quien pasó a la historia del país por dirigir el régimen más represivo y violatorio sobre los derechos humanos existente en Ecuador desde la vuelta a la democracia.

Roseney, famoso por sus dispendios nocturnos en costosas discotecas de la vecina ciudad de Salinas, le compró las tierras a su anterior titular –también en litigios con la Comuna de Ayangue-, el Ab. Leonidas Plaza Verdura, quien como ya indicamos con anterioridad es pariente directo del único juez de lo Civil –condición que le genera un enorme poder- existente en el Cantón Santa Elena.

Según grabaciones que obran en poder de los comuneros, en una asamblea de la Comuna de Ayangue, a la cual fue invitada la madre de Roseney, esta reconocía que su hijo y el actual gerente de la Corporación Financiera Nacional[18], el Ing. Jorge Wated, también son primos. Quizás por ello, el conjunto de la población de Ayangue piensa que la inversión de Roseney en los terrenos dictaminados de su propiedad será financiada por un banco público en decremento de los intereses populares.

ZEMECKIS pretende, según fuentes de la comuna, desarrollar un proyecto turístico en la zona, donde incluso se crearán lagos artificiales con agua salada proveniente del Océano Pacífico.

Según manifiestan los habitantes de la Comuna, la ex gobernadora provincial, Noralma Zambrano, les prometió una intervención interinstitucional coordinada para el desarrollo de la localidad, a cambio de que la comuna acate los fallos a favor de ZEMECKIS y desistan de su intención de resistir. Según los comuneros, hasta el momento nadie ha visto que ninguna institución pública o autoridad local haga algo en beneficio de la población.

Comuna Pechiche

A la Comuna Pechiche se le reconoció por parte del MAGAP, en 2009, la propiedad de 200 de las 536 hectáreas de tierra que habían sido indebidamente vendidas por la Comuna Manantial de Charduy a la Compañía RILESA SA, una empresa privada dedicada a la exportación de productos agrícolas –agrobusiness-.

Las tierras comunales de Pechiche son de las pocas –apenas el 1%- que tienen acceso al canal del trasvase Daule-Santa Elena, obra pública realizada en gobiernos anteriores que beneficia básicamente a grandes empresas del agro y terratenientes locales. A raíz del dictamen favorable del MAGAP, los comuneros de Pechiche conformaron una agrupación agraria y con su esfuerzo dieron vida a estas tierras que con anterioridad estaban baldías.

Estratégicamente RILESA esperó hasta que las competencias del MAGAP pasaran a manos de los jueces de lo Civil, para proceder con un recurso contra la decisión de MAGAP, solicitando la nulidad de este. En Ecuador, de todos es sabido la falta de profesionalismo y los altos niveles de corrupción existentes en la función judicial, hecho que ha sido denunciado incluso por el Presidente Rafael Correa en multitud de ocasiones.

Durante el transcurso del procedimiento jurídico, RILESA, gerenciada por Jorge Trujillo Jiménez, vendió este terreno a la Compañía FUTUROCELL SA, representada por Ana María Caputi Ollague. Esta última interpone una demanda contra la Comuna de Pechiche por invasión de tierras la cual es ratificada tras inspección pertinente por el director distrital de la Subsecretaría de Tierras del MAGAP, el Ab. Eduardo Carriel. El MAGAP, de la mano de Carriel constata la invasión y pide que se ordene retirar toda infraestructura en las tierras y prohibir el acceso de los comuneros de Pechiche. Esta resolución está en manos del Intendente General de la Policía para su cumplimiento inmediato.

Una vez más, el posicionamiento del MAGAP beneficia a los intereses privados por encima de los intereses populares de los comuneros.

Dentro de este contexto, los comuneros de Pechiche vienen denunciando una sistemática presión desde el año 2005 por parte de los intereses privados para que abandonen sus tierras comunales y ancestrales. Esta alcanzó su punto álgido cuando el pasado 30 de julio, una retroexcavadora acompañada por media docena de vehículos todoterreno cargados de pistoleros llegaron por la noche a las tierras comunales en litigio, destrozando gran parte de las plantaciones a la vez que disparaban al aire haciendo huir a los comuneros que se mantenían vigilantes en sus tierras.

Conclusión

El potencial comunero en la provincia de Santa Elena y en el conjunto del país ha sido desperdiciado por reiterados gobiernos, que uno tras otro, han beneficiado directa o indirectamente a los interés de la oligarquía local y a las grandes transnacionales extranjeras.

El triunfo electoral del actual presidente Correa es el fruto de un acumulado de luchas que se remonta al levantamiento del Inti Raymi (junio de 1990) y llega hasta nuestros días. Gran parte de esas luchas se han articulado en torno a la reivindicación de la tierra por parte de las comunidades indígenas, campesinado y otros actores implicados en las luchas populares.

Entender que el desarrollo sustentable de una provincia como Santa Elena puede articularse en base a la inversión de grandes holdings turísticos internacionales o empresarios sin escrúpulos que son capaces de articular mecanismos corruptos para la consecución de sus fines empresariales es volver a desarrollar lógicas ya concebidas con anterioridad en el país y que han generado escaso beneficio a las población locales.

La construcción de un futuro para la provincia de Santa Elena basado entre otras cuestiones en el turismo respetuoso con el medio ambiente, pasa sin duda, porque sea la población local la articuladora de tal realidad. La existencia de tierras comunales en Región Costa permite que las propias comunas puedan articularse de manera cooperativa y comunitaria como los actores que desarrollen el potencial turístico existente en esa zona del país.

Por otro lado, la recuperación del sector agrícola ecuatoriano debe desarrollarse a través de la tan “cacareata” revolución agraria, de la cual sus beneficiarios, en consonancia con el Plan Nacional del Buen Vivir, no pueden ser otros que las comunidades implicadas, desarrollando estas modelos cooperativos para la explotación racional de la tierra.

El abandono de estas lógicas políticas supone a su vez, el abandono de los principios que propugnó en su momento la llamada “revolución ciudadana”. Principios estos que auspiciaron al Ec. Rafael Correa al Palacio Presidencial de Carondelet.

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TARDIEU, Jean-Pierre. El Negro en la Real Audiencia de Quito. Abya-Yala. Quito, 2006


[1] En alusión a las organizaciones que conformaron los primeros pobladores en el territorio ecuatoriano –Inga, Chopsi y otros-, así como las que luego se afincaron sobre territorios ya como agricultores e artesanos ceramistas –Valdivia, Chorrera y otros lugares en los que se han encontrado huella arqueológica-, y aquellos que fueron quedando rezagados en su desarrollo al momento de la conquista.
[2] Estos desplazamientos que sufrieron esas comunidades primitivas que se habían rezagado en su desarrollo, permitió que conservaran los rasgos básicos que las identificaban, destacando entre ellos la propiedad comunal de la tierra, hasta sufrir la invasión y conquista española.
[3] Conquistadores y colonizadores, procedentes de una sociedad feudal estructurada sobre relaciones de propiedad de la tierra, aceptaron en un primer momento la tenencia de estas tierras por los campesinos indígenas -pequeños propietarios-, lo que interesadamente les permitía un sustento fácil y seguro.
[4] Las reducciones de indios eran núcleos poblacionales en los que se reasentaban a los indígenas, separándolos así de las ciudades donde vivían los españoles.
[5] A modo de ejemplo: el cura doctrinero de Tulcán, cobraba a cada una de las tres cofradías que existían en la población: “Un torrejón de año, un cerdo bien gordo, seis carneros, un tercio de harina de trigo que ha de pesar seis arrobas y seis libras, doce aves, veinte y cuatro cuyes, fruta toda la diesen los calientes, fuera del pan y otras miniestras…”; los pueblos del Corregimiento de Chimbo tributaban de camarico: “50 fanegas de maíz, 25 de trigo, 50 carneros, 12 cerdos, 12 cargas de sal de dos arrobas, una gallina en los días de comer carne, 20 huevos en cada día de abstinencia” (extraído de Las tierras comunales en el Ecuador de Víctor A. González S. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas, 1982, pag. 46 y 47).
[6] El despojo vino acompañado por la pérdida de la forma tradicional de cultivos y derechos.
[7] La mita era una organización de trabajo que desarrolló internamente una economía de mercado con productos y servicios para el Reino de España. La mita establecía cuotas laborales que debía cumplir la población nativa según asignación que hiciese el corregidor, tanto para el servicio del encomendero como del poseedor de mercedes de tierra o hacendado. Se sorteaba a la población indígena de un determinado lugar periódicamente para trabajar durante un plazo o tiempo determinado al servicio de la clase española mediante el pago de un salario miserable controlado por las autoridades. Los propietarios de encomienda deducían de los jornales la cantidad que los indígenas debían pagar por concepto de tributo. El abuso llegaba a tal extremo que en el caso de la mita minera se fijó en diez meses dentro de cada año. A cambio de la fuerza de trabajo y de los consiguientes tributos que recibía el encomendero, este se obligaba a catequizar a las y los indios que le habían sido encomendados. El servicio forzado fue, por poner un ejemplo, el mecanismo aplicado para la explotación de las depredadas minas de Potosí en Bolivia.
[8] Tardieu, Jean-Pierre. El Negro en la Real Audiencia de Quito. Abya-Yala. Quito, 2006, p. 146: “… el grupo de los `peinadillos´, si creemos a Tamayo de Morales, se extendía más allá de esta gente de servicio cuyo papel consistía tan sólo a
realzar el boato de los pudientes. Situó entre ellos a cuantos indios se desempeñaban en oficios artesanales relacionados con la economía colonial: sastres, herreros, albañiles, carpinteros…
”.
[9] “Decreto de Cúcuta, 20 de mayo de 1820”. Autos Acordados en la Audiencia de Quito, 1578-1722. Volumen 2 Anuario Histórico Jurídico Ecuatoriano. Corporación Estudios y Publicaciones, Quito, 1971.
[10] Artículo 17, numeral f): “Estudiar la división de los bienes en común que posee o adquiera la comuna, la posibilidad y conveniencia de su enajenación, y la de transigir en los juicios civiles que versen sobre ellos o de llegar a otro arreglo en estos litigios; y la posibilidad de resolver estos asuntos previa la aquiescencia de la asamblea general; en caso de fraccionamiento de predios comunales se requerirá la resolución adoptada por las dos terceras partes de la asamblea general, siendo prohibido el fraccionamiento de los páramos, así como de las tierras destinadas a la siembra de bosques;”
[11] González S., Víctor A. Las tierras comunales en el Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Guayaquil, 1982, p. 12.
[12] Un día antes, en el Registro Oficial nº 205 se inscribía como la provincia 23 del Ecuador a Santo Domingo de los Tsáchilas.
[13]Créase la provincia de Santa Elena como Unidad Territorial, Política y Administrativa, integrada por el territorio de los cantones Santa Elena, Salinas y La Libertad, cuyos límites serán los mismos que en su conjunto tienen estos cantones con sus respectivas cabeceras cantonales, parroquias, barrios, comunas, recintos y pueblos” (Extractado de la Ley de creación de la Provincia de Santa Elena).
[14] Anteriormente las hectáreas de tierras consideradas comunales en Santa Elena se elevaba a 300 mil, sin embargo los procesos de privatización auspiciados desde los gobiernos neoliberales anteriores al actual gobierno del presidente Correa dejaron limitado estos territorios a 150 mil ha.
[15] La Constitución de Montecristi fue redactada entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de julio del 2008, por la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi (Manabí) y presentada un día después (el 25 de julio) por dicho organismo. Su aprobación fue sometida a referéndum constitucional el 28 de septiembre de 2008, ganando ampliamente la opción aprobatoria. La Constitución de 2008 entró en vigencia, desplazando la anterior Constitución de 1998; y rige desde su publicación en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008.
[16] http://issuu.com/restrella/docs/constitucion_del_ecuador
[17] Se registra el nombre Goancavilca, Guancavelica, Guancavilca, Huancavilca y el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) los reconoce como Wankavilka.
[18] Banca Pública.