domingo, 21 de febrero de 2021

Líneas de Fuga: Decio Machado entrevista a la investigadora científica Linda Guamán


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viernes, 12 de febrero de 2021

Ecuador: la batalla de las urnas

 


LA ELECCIÓN ECUATORIANA Y LA TENSIÓN ENTRE LAS IZQUIERDAS

 Por Decio Machado  / Miembro del Consejo Editorial de Ecuador Today

El pasado 7 de febrero el pueblo ecuatoriano decidió en las urnas romper con el clivaje sociopolítico que ha marcado los últimos catorce años en Ecuador. El clivaje Correísmo vs Anticorreísmo. En ese clivaje quienes acumulaban políticamente eran las dos facciones políticas claramente enfrentadas en la trinchera política: por un lado Rafael Correa y la estructura político partidista que ideológicamente lidera; y por otro su máximo opositor, el líder de la derecha Guillermo Lasso a la cabeza del partido CREO.

Tras casi cuatro años de gobierno de Lenín Moreno -quien pasó de heredero de Correa a traidor al correísmo- y sin Rafael Correa en el país, el pueblo ecuatoriano expresó en gran medida su hartazgo a está lógica binaria y simplista de concebir la política.

La expresión de la ruptura en este contexto se materializó en los importantes resultados alcanzados por el Pachakutik, aparato político del movimiento indígena, y por la Izquierda Democrática, un partido viejo y venido a menos que resucitó de la mano de un joven empresario que desarrolló el papel de outsider en esta contienda electoral.

Pese al eslogan electoral “en una sola vuelta”, la candidatura de Andrés Arauz al frente de la sensibilidad política correísta apenas obtuvo tres millones de votos (32,6 por ciento de los votos válidos emitidos); seguido del conservador Guillermo Lasso y el candidato indígena Yaku Pérez, ambos en alrededor de un millón ochocientos mil votos de apoyo (para ambos una representatividad que se mueve entre el 19,7 y 19,4 por ciento); y en cuarto lugar, Xavier Hervas, un empresario joven y desconocido en política hasta esta campaña electoral que corrió por el partido social liberal Izquierda Democrática, obteniendo cerca de un millón y medio de votos (un 15,7 por ciento de apoyo electoral). Lo demás, el resultado de las otras doce candidaturas que se disputaron la poltrona presidencial fue marginal.

Entender el resultado obtenido por Yaku y Hervas parte de comprender que ambos conectaron en su campaña con segmentos poblaciones muy distantes de sentirse representados en la política tradicional. En el ámbito de los jóvenes urbanos Yaku sintonizó a través de un mensaje ambiental en defensa de la Pachamama, mientras Hervas se presentó como lo nuevo frente a lo viejo; y ante el segmento mujeres ambos defendieron el derecho al aborto por violación frente a las otras candidaturas que optaron por oponerse o no abordar el tema. Así, los clivajes Antiextractivismo/Ambiente vs Extractivismo/Desarrollismo y Nueva Política vs Política Tradicional se abrieron espacio en un escenario inicialmente dominado por defensores y detractores de Rafael Correa.

Las carencias existentes en el plan económico presentado por Pachakutik en esta campaña electoral -menos transformador incluso que el presentado por la corriente correísta- se compensó a través del acumulado político del levantamiento indígena de Octubre de 2019 contra las políticas económicas impuestas por el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Lenín Moreno. En sectores populares urbanos, más allá del mundo rural indígena, Yaku Pérez fue comprendido como “pueblo”, uno de “nosotros" y no del establishment político de los de siempre. El dolor que transversalizó a la mayoría de familias ecuatorianas por los cuarenta mil muertos por Covid-19 en el transcurso del año 2020, el incremento acelerado del desempleo, o la pérdida de capacidad adquisitiva de las clases medias y clases medias bajas que están generando fuerte endeudamiento familiar se politizó en las urnas.

Es así que el Pachakutik ha obtenido el mejor resultado electoral de su historia, logrando también ser la segunda bancada más importante en Asamblea Nacional para el próximo período. 

Denuncias de fraude electoral

Pese a que inicialmente la candidatura indígena apareció como la segunda más votada, lo que hacía que estuviese en segunda vuelta disputándose la conformación del próximo gobierno ante la sensibilidad correísta, la evolución del reconteo de votos dio un vuelco en la tarde de martes 9 de febrero. Guillermo Lasso, magnate financiero y candidato representante de las élites, pasaba a ser en la última fase del procesamiento de actas y apenas un puñado de votos, el contradictor de Andrés Arauz en el balotaje que tendrá lugar el 11 de abril, quedando fuera de esta segunda vuelta el candidato indígena.

La base de la sospecha de un posible fraude está en que el territorio que se había quedado al final del recuento para resolver las actas con determinadas inconsistencias fue la provincia del Guayas, feudo político de los socialcristianos, sector de la derecha costeña aliada a la candidatura presidencial de Lasso y tradicionalmente conocido por sus artimañas políticas. Las actas inconsistentes en el Guayas pasaron de una incidencia del 5% en el anterior proceso electoral al 20% en esta ocasión, obteniéndose un paquete importante votos bajo control de operadores políticos del Consejo Nacional Electoral -copado por delegados de la derecha- que podrían haber sido utilizadas en el tramo final del recuento nacional si hubiera necesidad de ello. Según la versión de los observadores electorales indígenas, en este impasse de espera, mientras se recontaban votos atrasados de otras provincias del país, podrían haberse sustituido bolsas de votos y parte de esas actas con inconsistencias alterando las tendencias de voto anteriormente existente.

Al momento de cerrar este artículo, el movimiento indígena se concentra en diversos plantones pacíficos frente a las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral en diferentes partes del país. Se pide que se transparente el proceso de conteos de votos y que se aclaren las dudas pertinentes respecto a una multitud de actas electorales confusas, todo ello mientras los responsables de la institución rectora de la democracia ecuatoriana -posicionados la mayoría de ellos por sectores políticos conservadores- niegan y dilatan dicha reinvindicación.

Las tensiones entre las izquierdas

La criminalización de la protesta social, ejercida durante la década de gobierno de Rafael Correa, y la apertura de procesos jurídicos contra muchos de las y los dirigentes indígenas que ejercieron su constitucional derecho a la resistencia en defensa de sus territorios dejó una brecha que hace imposible el entendimiento actual entre ambas facciones políticas.

En este contexto el conflicto al interior del movimiento indígena parece inevitable. Mientras Yaku Pérez y su entorno, más afín a negociar con la derecha un frente común anticorreísta, mantiene la posición de reabrir las urnas y recontar los votos en las seis provincias en las que consideran que existen incidencias -especialmente en Guayas-, los sectores más combativos de la CONAIE, aquellos que lideraron el alzamiento popular de Octubre de 2019, difícilmente apoyarían la candidatura del representante de las élites financieras en una segunda vuelta.

En paralelo, el correísmo lejos de entender el actual contexto político, conflictúa dialécticamente con el movimiento indígena acusándolos de haber sido cómplices del desmantelamiento -durante el actual gobierno de Moreno- de la institucionalidad que dejaron instalada durante la década progresista.

Entre los errores de unos y otros para entender el contexto político actual se estaría abonando el camino al poder a una derecha que apenas sumó el 20% de apoyo popular en la primera vuelta, Derecha que incluso pese a estar bajo sospecha de haber manipulado la decisión popular expresada en las urnas se plantea como una "supuesta" alternativa democrática al autoritarismo correísta.

Por otro lado, no toda la tendencia correísta se manifiesta en esta posición de confrontación encabezada por Rafael Correa con el movimiento indígena. Su mismo candidato presidencial, Andrés Arauz, en medio de este desconcierto hace llamados permanentes a la conformación de un frente amplio que incorpore no solo al Pachakutik sino también a la expresión socialdemócrata liberal representada por Izquierda Democrática. De hecho, al interior de las filas correístas existe una tensión similar a la que hemos visto recientemente en Bolivia entre viejos y nuevos cuadros de la “revolución ciudadana”.

Un escenario predestinado a la crisis

En esta coyuntura política parece difícil vislumbrar por donde desembocará la línea de fuga que de salida a la bloqueada coyuntura política que vive el país.

Un escenario factible sería que atendiendo al reclamo de Yaku Pérez se abran las urnas y se recuenten los votos. Si hubo fraude, tal y como denuncia Pachakutik, el candidato en segunda vuelta sería Yaku Pérez,  quien podría estar tentado de negociar su futuro gobierno con las élites económicas ecuatorianas a cambio de su voto. Esto conllevaría graves tensiones al interior del movimiento indígena con su ala más politizada a la izquierda.

Otro escenario sería que se constatase el triunfo de Lasso y que Yaku le declare su apoyo en segunda vuelta a cambio de algunas carteras ministeriales de segundo orden para el Pachakutik al interior de un posible futuro gobierno conservador. No sería la primera vez que el movimiento indígena comete este error. Sin embargo, una vez más parece difícil visualizar que esta contradictoria posición política -alianza de los históricamente olvidados con las élites económicas del país- sea secundada por la CONAIE -verdadera estructura organizativa de poder indígena-.

Por último, si las urnas no son nuevamente abiertas y por lo tanto no se diese lugar al reconteo de votos, está asegurada una potente movilización indígena donde se podrían repetir episodios como los de Octubre de 2019, con la consiguiente represión por parte de los aparatos de seguridad del Estado e incluso la posibilidad de un escenario a la boliviana con la imposición de un gobierno transitorio de facto hasta una nueva convocatoria electoral. Sin duda, este sería el momento de imponer todo un paquete de medidas económicas exigidas por el Fondo Monetario Internacional y que carecen del apoyo de la inmensa mayoría de la sociedad ecuatoriana.

Este caos político institucional se cierra con el anuncio por parte de la Fiscalía General del Estado de pasar a investigar las finanzas de la campaña de Andrés Arauz con base a un denuncia proveniente de Colombia. Según la Revista Semana, un medio de información claramente posicionado con intereses conservadores, existirían “supuestas” pruebas de que la insurgencia del Ejercito de Liberación Nacional habría donado una cuota de ochenta mil dólares a la campaña electoral del correísmo. Pese a que la credibilidad de este medio está severamente mermada y la acusación tiene escaso fundamento, parece ser que todo vale con el fin de posicionar un gobierno de tinte conservador para la próxima legislatura en Ecuador.

En definitiva, en el tablero de juego político electoral ecuatoriano la desinstitucionalización democrática y las incoherencias políticas existentes por parte de todas las tendencias partidistas generó que las piezas dejen de ser blancas y negras, pasándose así a un escenario imprevisible de caos social en los próximos días.

Fuente: Brecha.com.uy

 

jueves, 11 de febrero de 2021

Ecuador ante un cambio de ciclo

 


Por Decio Machado / Revista Viento Sur

Este pasado domingo 7 de febrero Ecuador asistió a uno de los procesos electorales más inusuales de su historia. Inusual por el efecto de la pandemia, inusual por tener que elegir entre dieciséis binomios electorales a la Presidencia de la República e inusual también por el permanente ruido de posible fraude electoral que sobrevoló las redes sociales durante la última semana.

Los tres años y ocho meses de gobierno de Lenín Moreno dejaron al país agotado. En el sentir general de la sociedad ecuatoriana está el anhelo de que este período termine ya cuanto antes y se entregue el listón de mando gubernamental a un nuevo mandatario. En paralelo, asistimos a una sigilosa fuga del país de quienes ejercieron las principales toma de decisiones durante este período: tanto Richard Martínez, quien ejerciera en el cargo de ministro de Finanzas y estableciera los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, como María Paula Romo, quien ejerciera como ministra de Gobierno y fuera la principal responsable de la represión en las movilizaciones de octubre de 2019, residen hoy en Washington entre otros.

Ecuador sufre el deterioro generalizado de prácticamente todos sus indicadores sociales, macro y micro económicos, así como de la credibilidad de sus instituciones públicas. En un marco donde el divorcio entre el establishment político y la sociedad es cada vez mayor, crece de forma acelerada la pobreza, la mendicidad infantil, el absentismo escolar, los suicidios, el endeudamiento familiar, la inseguridad ciudadana, el deterioro del mercado de laboral, el desempleo, el endeudamiento externo y el desprestigio de la institucionalidad. Si bien este proceso venía de antes, las condiciones se volvieron dramáticas a partir del impacto de la pandemia en el país.

Quizás la consecuencia más brutal de todo esto haya sido los cerca de cuarenta mil fallecidos durante el 2020 por encima del promedio de muertes correspondiente a años anteriores. Muertos por covid-19, sean o no reconocidos oficialmente por el Estado, fruto del desmantelamiento del sistema de salud público derivado de las políticas de austeridad impuestas por el Fondo Monetario Internacional a cambio de financiamiento internacional. Ecuador se convirtió así en el segundo país con mayor número de fallecidos por la pandemia en función del número de habitantes, dolor que ha transversalizado a prácticamente todas las familias del país durante estos once meses previos al proceso electoral.

Es en ese contexto en el que establecieron las dos principales tendencias políticas hasta entonces existentes en el país su estrategia electoral. Por un lado, la opción correísta encabezada por Andrés Arauz –impedido legalmente Rafael Correa de ser candidato–, quienes articularon como narrativa principal “vuelve la esperanza o simplemente compara el anterior gobierno con este y piensa cuando estábamos mejor”. Por otro, el conservadurismo con Guillermo Lasso a la cabeza –en alianza con el Partido Social Cristiano de Jaime Nebot– intentando posicionar que Lenín Moreno fue impuesto por Rafael Correa y por lo tanto es signo de su continuidad. Todo ello pese a que el giro a posiciones de política neoliberal del actual gobierno se sostuviese con el apoyo precisamente de las bancadas de Lasso y Nebot en la Asamblea Nacional. En resumen, el clivaje político electoral se posicionaba pactadamente entre las –a priori– dos grandes tendencias ideológicas del país en Correísmo vs Anticorreísmo.

Las estrategias contra hegemónicas

En este contexto, de los catorce binomios presidenciales que acompañaban a las dos principales tendencias políticas en disputa hubo dos que fueron capaces de imponer clivajes alternativos. Por un lado, la candidatura socialdemócrata liberal de Xavier Hervas al frente de la Izquierda Democrática; y por otro el brazo político del movimiento indígena, el Pachakutik, con el activista ambientalista Yaku Pérez como candidato. Mientras Hervas, joven empresario exitoso del agrobusiness, se posicionó como el candidato outsider de esta contienda representando lo nuevo con una estrategia comunicacional muy creativa y desenfadada que consiguió conectar con targets jóvenes urbanos y sectores ilustrados de clase media; Yaku capitalizó el acumulado de las movilizaciones de octubre del 2019 –episodio de lucha social brutalmente reprimido por los aparatos de seguridad del Estado– y la defensa de la Pachamama mediante su oposición a las políticas extractivas y la defensa del agua. Con ello, el candidato indígena sintonizó también con sectores juveniles, en este caso con sensibilidad ambiental, a través del mundo de las causas y los sectores urbanos marginales que se movilizaron especialmente en Quito junto a los sectores indígenas. “Yaku es pueblo” fue el arquetipo construido en torno a la figura del líder indígena durante la campaña.

Estas estrategias alternativas fueron poco a poco calando en la sociedad ecuatoriana y generando un sostenido y silencioso crecimiento de apoyo a estos nuevos liderazgos. Todo ello mientras el “banquero vinculado al feriado bancario y representante de las élites” Guillermo Lasso se disputaba la contienda en un plano superior con el “candidato del bolivarianismo chavista apoyado por grupos terroristas colombianos como las FARC y el ELN” Andrés Arauz. Así se desprestigiaban los unos a los otros entre estas dos principales tiendas políticas en disputa.

El correísmo tendrá que hacer su ajuste de cuentas interno tras esta primera vuelta. Toda estrategia electoral parte de un análisis investigativo del contexto. La práctica demuestra que esta tendencia manejó encuestas equivocadas, planteando como consigna principal en los últimos quince días de campaña que ganarían “en una sola vuelta”, y fruto de lo anterior, se posicionaron públicamente con la habitual prepotencia que suele dar sentirse anticipadamente ganador, sin hacerle guiños políticos a ningún sector más allá de su “barra brava”.

En paralelo y teniendo en cuenta que el mensaje es el cincuenta por ciento de una estrategia electoral, la campaña de Guillermo Lasso no pudo ser más confusa y desesperadamente desorganizada. Comenzó prometiendo un millón de puestos de empleo para terminar comprometiéndose en duplicar su inicial propuesta, incorporando en la última semana de campaña dos de sus principales promesas electorales: vacunar a nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días de su gobierno y subir el salario mínimo –respecto al cual llevaba los últimos siete años considerándolo excesivo– en un veinte por ciento. Ninguna de estas propuestas formaba parte de su plan de campaña inicial.

Resultados y expectativas

Al momento, jornada posterior a día de las elecciones, los conteos oficiales señalan que la opción con mayor apoyo popular en esta primera vuelta ha sido la candidatura correísta. Andrés Arauz cuenta con un respaldo estimado en el treinta y dos por ciento de los votos válidos que fueron depositados en las urnas. El segundo lugar, disputa que implica quien va a acompañar a Arauz en la segunda vuelta, se lo pelean entre Yaku Pérez y Guillermo Lasso, ambos con el diecinueve por ciento de votos y con una diferencia de apenas unas décimas inicialmente a favor del candidato indígena. Por último, en el cuarto lugar quedaría la candidatura de Hervas con un dieciséis por ciento de voto válido.

Pese a que el conteo está muy avanzado, existe un catorce por ciento de actas con inconsistencias técnicas cuyo origen mayoritario está situado en mesas electorales de la zona Costa, territorio donde el candidato Lasso tiene mayor apoyo que el indígena. Aquí un paréntesis: tanto el populismo progresista como el populismo conservador tienen históricamente mayor entrada en la región costeña del país que en los territorios de Sierra y amazónicos, caracterizados por una mayor presencia indígena y un cosmovisión muy lejana al clientelismo político. En todo caso, lo anterior hace presuponer que sería posible que al final sea la opción conservadora la que se dispute con el correísmo la segunda vuelta.

Las espadas están cruzadas y el movimiento indígena se mantiene alerta y expectante. Es muy posible que asistamos a movilizaciones importantes de este sector en defensa del voto Pachakutik, cuyo resultado supone un hito histórico sin precedentes en la política ecuatoriana.

En todo caso y en estas condiciones, la paradoja está en que el peor escenario posible para el correísmo es la presencia del movimiento indígena en el balotaje. Con Yaku Pérez en segunda vuelta y sin necesidad de tener que negociar nada con los sectores conservadores –todo el voto no correísta se iría hacia esa opción electoral sin necesidad de tranzas–, Arauz tendría serias dificultades para sumar más votos de los ya obtenidos en el día de ayer. Sin embargo, el conflicto interno está asegurado al interior del indigenismo si es Lasso la opción que disputara el balotaje del 11 de abril. De hecho Yaku, difícilmente identificable desde una visión ideológica clásica pese a provenir de una militancia maoísta en su juventud, apoyó a Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las presidenciales del 2017 frente a la candidatura que se presumía identificada con Correa y que hoy ejerce la presidencia en el país. Su justificación fue: “prefiero a un banquero que a una dictadura”.

En paralelo, la bancada legislativa principal será de tendencia correísta ocupando posiblemente unos cuarenta y nueve curules [escaños] de ciento treinta y siete existentes en la Asamblea Nacional. En un hipotético gobierno de Arauz, esta sensibilidad política no tendría mayoría y tendría que negociar con las otras dos principales fuerzas en el legislativo: Pachakutik con unos veintisiete curules e Izquierda Democrática con otros dieciocho curules, ambas tendencias políticas no conservadoras.

En resumen, el gran derrotado de este domingo electoral ha sido la derecha y las élites sociales y económicas ecuatorianas. Pero a su vez, el pueblo expresó su deseo de romper la dicotomía Correísmo vs Anticorreísmo que ha marcado los últimos catorce años de la política nacional. La sociedad ecuatoriana exige una regeneración en sus liderazgos y representaciones, así como una narrativa política diferente para los próximos años.

La hipótesis de un gobierno con Guillermo Lasso a la cabeza, pese a que pudiera ser el rival al correísmo en una segunda vuelta, es poco probable. Ni la juventud mayoritaria en el censo electoral ni el mundo rural siente identificación con este candidato que se presenta por tercera vez las elecciones presidenciales tras fracasos anteriores. A su vez, la tendencia conservadora con predominio en la región Costa, el Partido Social Cristiano, obtendrá los peores resultados de su historia en varios de los que han sido considerados hasta ahora sus feudos territoriales. Ni Lasso ni Nebot tienen condiciones ya para seguir liderando la derecha ecuatoriana.

En paralelo, se hace difícil entender la pervivencia del correísmo sin la figura de Rafael Correa ejerciendo el poder o al menos alguna dignidad de representación popular. Lo más probable es que el progresismo ecuatoriano entre en un proceso de renovación, posiblemente encabezado por Andrés Arauz –un joven de treinta y cinco años–, más vinculado a posiciones ideológicas que a la alabanza a la figura de su líder carismático. Esto inevitablemente generará tensiones internas, las cuales de una u otra forma ya se apuntan durante la actual campaña. En todo caso, hoy Arauz depende de Correa para ganar las elecciones de igual manera que mañana será Correa quien dependa de Arauz para solventar los procesos judiciales a los que ha sido sometido –en muchos casos de forma extremadamente forzada– durante estos casi cuatro de obligada residencia fuera del país.

Pendientes aún de ver quién disputará el 11 de abril la segunda vuelta y cuál será su resultado, las votaciones del domingo pasado posiblemente signifiquen un punto de inflexión respecto a la historia reciente de Ecuador. Asistiremos a la conformación de una nueva cartografía política nacional que se desarrollará en los próximos dos años, demanda social que quedó claramente expresada en las urnas.

Por último, habrá que ver cómo se desempeña el movimiento indígena en roles institucionales. Su historia reciente, conformada a partir del levantamiento indígena del Inty Raymi en 1990, nos demuestra que su potencial tiene más que ver con el mundo de los movimientos sociales y organización comunitaria que con la representación electoral. La última vez que el Pachakutik participó como aliado de un gobierno nacional, época de gestión de Lucio Gutiérrez, entró en una seria crisis de la que le ha costado años levantar cabeza.

Decio Machado es director de la Fundación Nómada

Ecuador: ¿un nuevo ciclo político?


 Por Decio Machado / Revista Nueva Sociedad

El correísmo, representado por Andrés Arauz, venció en la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas pero no logró esquivar el balotaje. El conservador Guillermo Lasso y el dirigente indígena Yaku Pérez se disputan, voto a voto, el pasaje a la segunda vuelta del 11 de abril. Derrotado en la Sierra, donde los sectores populares tienen más densidad organizativa, y con su bastión electoral en la Costa, Arauz parece tener más posibilidades de triunfo frente al «banquero del Opus Dei» que al candidato de Pachakutik.

El 7 de febrero, Ecuador asistió a uno de los procesos electorales más inusuales de su historia. Inusual por el efecto de la pandemia, inusual por tener que elegir entre dieciséis binomios electorales a la Presidencia de la República e inusual también por el permanente ruido de posible fraude electoral que sobrevoló las redes sociales durante la última semana.

Los tres años y ocho meses de gobierno de Lenín Moreno dejaron al país agotado. En el sentir general de la sociedad ecuatoriana está el anhelo de que este período termine cuanto antes y se entregue el listón de mando gubernamental a un nuevo mandatario. En paralelo, asistimos a una sigilosa fuga del país de varios de quienes ejercieron la toma de decisiones durante este período: tanto Richard Martínez, ex-ministro de Finanzas y artífice de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como María Paula Romo, ex-ministra de Gobierno y principal responsable de la represión en las movilizaciones de octubre de 2019, entre otros, residen hoy en Washington.

Ecuador sufre el deterioro generalizado de prácticamente todos sus indicadores sociales, macro y microeconómicos, así como de la credibilidad de sus instituciones públicas. En un marco en el que el divorcio entre el establishment político y la sociedad es cada vez mayor, crece de forma acelerada la pobreza, la mendicidad infantil, el ausentismo escolar, los suicidios, el endeudamiento familiar, la inseguridad ciudadana, el deterioro del mercado de laboral, el desempleo, el endeudamiento externo y el desprestigio de la institucionalidad. Si bien este proceso ya venía de antes, las condiciones se volvieron dramáticas a partir del impacto de la pandemia de covid-19 en el país. Quizás la consecuencia más brutal de todo esto hayan sido los cerca de 40.000 fallecidos durante el 2020 por encima del promedio de muertes correspondiente a años anteriores.

Es en ese contexto en el que definieron su estrategia electoral las dos principales tendencias políticas hasta entonces existentes en el país. Por un lado, la opción correísta encabezada por Andrés Arauz –al estar impedido legalmente Rafael Correa de ser candidato–, quien articuló como narrativa principal que «vuelve la esperanza» al país o llama a «simplemente comparar el anterior gobierno con este y piensa cuando estábamos mejor». Por otro, el conservadurismo con Guillermo Lasso a la cabeza –en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) de Jaime Nebot– intentando posicionar que Lenín Moreno fue originalmente el candidato avalado por Rafael Correa y por lo tanto signo de su continuidad. Todo ello pese a que el giro a posiciones políticas neoliberales del actual gobierno se sostuviese con el apoyo precisamente de las bancadas de Lasso y Nebot en la Asamblea Nacional. En resumen, el clivaje político electoral se posicionaba entre las –a priori – dos grandes tendencias ideológicas del país en correísmo vs. anticorreísmo, una polarización que beneficiaba a ambas tendencias. 

Sin polarización

En este contexto, de los catorce binomios presidenciales que acompañaban a las dos principales tendencias políticas en disputa hubo dos que fueron capaces de imponer clivajes alternativos. Por un lado, la candidatura social liberal de Xavier Hervas al frente de la Izquierda Democrática (ID) un partido que venía cayendo en picada desde hace años; y por otro el brazo político del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik, con Yaku Pérez, activista ambientalista y ex prefecto de Azuay, como candidato.

Mientras Hervas, joven empresario del agronegocio, se posicionó como el candidato outsider de esta contienda representando «lo nuevo» con una estrategia comunicacional muy creativa y desenfadada que consiguió conectar con targets de jóvenes urbanos y sectores ilustrados de clase media, Pérez capitalizó el acumulado de las movilizaciones de octubre del 2019 –episodio de lucha social brutalmente reprimido por los aparatos de seguridad del Estado– y la defensa de la Pachamama, sumado al rechazo al correísmo en varias zonas andinas, mediante su oposición a las políticas extractivas y la defensa del agua. Con ello, el candidato indígena sintonizó también con sectores juveniles, en este caso con sensibilidad ambiental, y con sectores urbanos marginales que se movilizaron especialmente en Quito junto a los sectores indígenas. «Yaku es pueblo» fue el arquetipo construido en torno a la figura del referente indígena durante la campaña.

Estas estrategias alternativas fueron poco a poco calando en la sociedad ecuatoriana y generando un sostenido y silencioso crecimiento de apoyo a estos nuevos liderazgos. Todo ello mientras un «banquero del Opus Dei y del feriado bancario [de 1999]» como Guillermo Lasso disputaba la contienda en un plano superior con Andrés Arauz, el «candidato del bolivarianismo chavista apoyado por grupos terroristas colombianos como las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el ELN [Ejército de Liberación Nacional]». Así se desprestigiaban los unos a los otros entre estas dos principales tiendas políticas en disputa.

El correísmo tendrá, sin duda, que hacer su ajuste de cuentas interno tras esta primera vuelta. Toda estrategia electoral parte de un análisis del contexto. La práctica demuestra que la campaña de Arauz manejó encuestas equivocadas, insistiendo en los últimos quince días en que ganarían en una sola vuelta, para lo cual necesitaba llegar al 40% y obtener diez puntos de diferencia sobre el segundo. Y, fruto de lo anterior, se posicionó públicamente con la habitual prepotencia que suele dar sentirse anticipadamente ganador, sin hacerle guiños políticos a ningún sector más allá de su «barra brava». 

En paralelo y teniendo en cuenta que el mensaje es el 50% de una estrategia electoral, la campaña de Lasso no pudo ser más confusa y desesperadamente desorganizada. Comenzó prometiendo un millón de puestos de trabajo para terminar comprometiéndose a duplicar su propuesta inicial, incorporando en la última semana de campaña dos de sus principales promesas electorales: vacunar a nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días de su gobierno y subir el salario mínimo –que en los últimos siete años no dejó de considerarlo excesivo– en un 20%. Ninguna de estas propuestas formaba parte de su plan de campaña inicial.


Resultados y perspectivas

Al momento de escribir este artículo, el conteo oficial señala que la opción con mayor apoyo popular en esta primera vuelta ha sido la candidatura correísta. Arauz cuenta con un respaldo de alrededor de 32% de los votos válidos. El segundo lugar, lo pelean voto a voto Pérez y Lasso, ambos con alrededor de 19% y con una diferencia de apenas unas décimas inicialmente a favor del candidato indígena. Por último, en el cuarto lugar quedaría Hervas con un sorpresivo 16%.

Pese a que el conteo esta muy avanzado, existe un 14% ciento de actas con inconsistencias técnicas cuyo origen mayoritario está situado en mesas electorales de la Costa, territorio donde Lasso tiene mayor apoyo que Pérez. Aquí un paréntesis: tanto el populismo progresista como el populismo conservador tienen históricamente mayor entrada en la región costeña del país que en los territorios de Sierra y amazónicos, caracterizados por una mayor presencia indígena, mayor densidad organizativa popular y una cosmovisión más alejada del clientelismo político. En todo caso, esto hace presuponer que al final de cuentas, Lasso pueda imponerse sobre Yaku Pérez y disputar la segunda vuelta, la alternativa sin duda preferida por el correísmo, que busca presentar la contienda en el clivaje clásico pueblos vs. oligarquía, lo que no podría hacer con el referente de Pachakutik.

Las espadas están cruzadas y el movimiento indígena se mantiene alerta y expectante. Es muy posible que asistamos a movilizaciones importantes de este sector en defensa del voto, cuyo resultado supone un hito histórico sin precedentes en la política ecuatoriana. Sin embargo, el conflicto interno está asegurado en el interior del indigenismo si es Lasso la opción que disputara el balotaje del 11 de abril. De hecho Pérez, difícilmente clasificable desde una visión ideológica clásica pese a provenir de una militancia maoísta en su juventud, apoyó a Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las presidenciales del 2017 frente la candidatura de Lenín Moreno, que entonces se presumía identificada con Correa. Su justificación fue: «es preferible un banquero que una dictadura, que nos ha despojado de nuestros territorios, que ha declarado el estado de excepción...». 

Con Yaku Pérez en segunda vuelta y sin necesidad de tener que negociar nada con los sectores conservadores –la mayor parte del voto no correísta se iría hacia esa opción electoral sin necesidad de tranzas, y el propio Lasso dijo que lo votaría–, Arauz tendría más dificultades para sumar votos a los ya obtenidos el domingo pasado. En paralelo, la bancada legislativa principal será de tendencia correísta, ocupando posiblemente unos 49 curules de los 137 en la Asamblea Nacional, es decir sin mayoría absoluta. En un hipotético gobierno de Arauz, su movimiento no tendría mayoría y tendría que negociar con las otras dos principales fuerzas en el legislativo: Pachakutik, con unos 27 curules, e Izquierda Democrática con otros 18, ambas tendencias políticas no conservadoras.

En resumen, el gran derrotado de este domingo electoral ha sido la derecha y las elites sociales y económicas ecuatorianas. Pero a su vez, el pueblo expresó su deseo de romper la dicotomía correísmo/anticorreísmo que ha marcado los últimos catorce años de la política nacional. La sociedad ecuatoriana exige una regeneración en sus liderazgos y representaciones, así como una narrativa política diferente para los próximos años.

La hipótesis de un triunfo de Lasso en una segunda vuelta parece poco probable. Ni la juventud mayoritaria en el censo electoral ni el mundo rural se sienten identificados con este candidato que se presenta por tercer vez las elecciones presidenciales. A su vez, la tendencia conservadora con predominio en la región de la Costa, el PSC, obtuvo los peores resultados de su historia en varios de los que han sido considerados hasta ahora su feudos territoriales. Ni Lasso ni Nebot tienen condiciones ya para seguir liderando a la derecha ecuatoriana. 

En paralelo, se hace difícil entender la pervivencia del correísmo sin la figura de Rafael Correa ejerciendo el poder o al menos algún cargo de representación popular. Lo más probable es que el progresismo ecuatoriano entre en un proceso de renovación, posiblemente encabezado por Arauz –un joven de 36 años recién cumplidos y ex ministro de Correa–, más vinculado a posiciones ideológicas que a la alabanza a la figura de su líder carismático. De ocurrir, esto generaría inevitablemente fuertes tensiones internas, las cuales de una u otra forma ya se perfilaron durante la actual campaña. En ella, el tema de la lealtad y la traición estuvo siempre presente. En todo caso, hoy Arauz depende de Correa para ganar las elecciones de igual manera que mañana será Correa quien dependerá de Arauz para solventar los procesos judiciales a los que ha sometido, en muchos casos de forma extremadamente forzada, durante estos casi cuatro de residencia fuera del país. Pendientes aun de ver quien disputará el 11 de abril la segunda vuelta y cual será su resultado, las votaciones del 7 de febrero posiblemente signifiquen un punto de inflexión respecto a la historia reciente del Ecuador. Asistiremos a la conformación de una nueva cartografía política nacional que se desarrollará en los próximos dos años, demanda social que quedó claramente expresada en las urnas.

Por último, habrá que ver cómo se desempeña en movimiento indígena en roles institucionales. Su historia reciente, conformada a partir del levantamiento indígena del Inty Raymi en 1990, nos demuestra que su potencial tiene más que ver con el mundo de los movimientos sociales y organización comunitaria que con la representación electoral. La última vez que el Pachakutik participó como aliado de un gobierno nacional, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, entró en una seria crisis de la que le ha costado años recuperarse.

viernes, 5 de febrero de 2021

Estrategia por el control del saber por parte de las élites ecuatorianas


 Por Decio Machado / Miembro del Consejo Editorial de Ecuador Today

Ecuador lleva años inmerso en una tensión social que -entre otros frentes- se disputa en el ámbito cultural y político. A principios del siglo XX el filósofo e intelectual italiano Antonio Gramsci estableció el concepto de “hegemonía cultural” definiéndolo como la forma en que, en una sociedad aparentemente libre, un grupo social impone su sistema de percepciones, explicaciones, valores y creencias sobre los demás al punto de lograr que estos lleguen a sentirlos como propios, naturales y de validez universal; al punto de creer que aquello que beneficia a los grupos dominantes es lo que beneficia a todos.

El desbordamiento de los dolores acumulados por la sociedad ecuatoriana durante los últimos años, fruto de las políticas de austeridad implementadas desde el gobierno nacional, estalló en octubre del 2019. Tras un ficticio cierre de aquel conflicto y enmarcados en el continuo deterioro de indicadores sociales y económicos en el país (incremento del desempleo y la pobreza, pérdida generalizada de capacidad adquisitiva, deterioro de las infraestructuras de cobertura social y de la calidad de los servicios públicos, así como el incremento de la inseguridad ciudadana), la llegada de la pandemia implicó una vuelta de tuerca dramática a la situación que se venía ya acumulando de tiempo atrás.

Es en este clima de tensión en el que se han articulado ataques contra varias instituciones académicas buscando captar el control de estas por parte de determinadas corrientes de pensamiento en disputa hoy en el tablero sociopolítico ecuatoriano. En el caso de la PUCE, la última manifestación de estas intrigas tiene que ver con una carta fechada el pasado 26 de enero y dirigida al Arzobispo de Quito, monseñor Alfredo José Espinoza, firmada por personajes claramente identificados con ideologías conservadoras e históricas estructuras de poder en el país que buscan la forma de cuestionar la figura del actual rector de la PUCE, el padre Fernando Ponce León.

La estrategia de una campaña mentirosa y sumamente reaccionaria

Los firmantes de esta misiva, quienes se presentan como personalidades cercanas a la PUCE, manifiestan que esta institución académica estaría siendo cooptada por una corriente de pensamiento identificada con el progresismo ecuatoriano y que la universidad estaría posicionándose sectariamente en dicha trinchera ideológica. De igual manera se cuestiona el rol de la PUCE durante las movilizaciones sociales de octubre de 2019 y la participación del Centro de Derechos Humanos en defensa de líderes sociales implicados en dicha protesta. Por último, se habla en abstracto de censura a publicaciones de docentes y de decadencia generalizada en ámbitos como la imagen institucional, la infraestructura y la excelencia académica de dicha institución.

Como es habitual en este tipo de estrategias, apenas dos días después de haber sido elaborada esta carta, un medio de opinión (no de información) posiciona un agresivo artículo carente de objetividad. 

En lógica, ciencia formal aplicada a la Filosofía y a las Matemáticas que estudia los principios de la demostración, la “verdad a medias” es considerada una falacia mediante la cual se presenta algo creíble con el fin de hacer creer que el resto de la presentación es verdadera. Eso es exactamente lo que hace esta estrategia de desinformación. Pruebas al canto: el sociólogo Virgilio Hernández -uno a los que cita- entró como docente de la PUCE en 1998, ocho años antes del primer triunfo electoral de Rafael Correa y diecisiete años antes de la designación de Fernando Ponce como rector, y desde julio del pasado año su situación laboral es de licencia sin sueldo. De igual manera, el economista Pedro Páez no es miembro de la planta docente de la universidad, tuvo contrataciones por prestación de servicios profesionales -el primero de ellos en el año 2018 y el segundo entre marzo y agosto del 2019- en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía. La profesora Mercedes Mafla fue desvinculada por aspectos de la planificación académica en la carrera de Lengua y Literatura, no existiendo ninguna relación con su producción literaria. 

Tampoco se sostienen las argumentaciones -tanto de la carta al arzobispo como el artículo de opinión- respecto al supuesto deterioro de la calidad académica de la PUCE. Es más, según Quacquerelli Symonds (QS), empresa internacional líder en el análisis de la educación superior, la PUCE ocupa el primer puesto en el ranking nacional de reputación académica y el tercer lugar en los rankings de reputación del empleador y en el de investigación a nivel internacional. De igual manera, en el ranking Scimago, la PUCE ocupa en el país el primer lugar en resultados generales, el primer lugar en investigación y el segundo en impacto social. En resumen, la PUCE mantiene su tendencia histórica a estar situada entre las cinco mejores universidades del Ecuador, algo que le reconoce también el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) mediante la acreditación que el pasado 26 de octubre le fue otorgada a la institución para los próximos cinco años.

El ethos PUCE y su rol en octubre de 2019

Más allá de rankings académicos mediante los cuales queda demostrada la falsedad de las acusaciones realizadas desde posiciones políticas de barricada, es transcendental entender que la PUCE es una institución que basa su educación en el Paradigma Pedagógico Ignaciano. Este está conformado por cuatro características relacionadas entre sí: utilitas (educación útil), iustitia (educación para la justicia), humanitas (educación con valores) y fides (educación para la fe y la trascendencia).

Lo anterior implica que el modelo pedagógico de la PUCE está basado en una visión positiva del ser humano, entendiendo a este como una persona que puede y debe incidir en la transformación de la sociedad cuando está se encuentra en condiciones negativas y problemáticas a través de un enfoque humanista cristiano, esencia en sí mismo de la Compañía de Jesús (amor y servicio).

Es desde ahí desde donde se entiende la decisión de abrir las puertas del campus de la PUCE en la Floresta durante las movilizaciones de octubre de 2019, la cual fue avalada por el Consejo Superior de la PUCE, la Compañía de Jesús y la Arquidiócesis de Quito. ¿Se comprendería que en una situación como la que se vivía en Quito en aquel momento una institución católica ignorase su deber de acoger a familias, especialmente a los niños, ancianos, enfermos y personas vulnerables que durante aquellos días deambulaban respirando gases lacrimógenos caducados por nuestras calles? Mientras duró el conflicto la PUCE se constituyó en un centro de paz y acogida humanitaria junto a otras instituciones académicas, cada una con sus especificidades (Universidad Central del Ecuador, Escuela Politécnica Nacional y Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Andina Simón Bolívar).

La visión institucional de la PUCE, inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia y en encíclicas papales como Laudato Si y Fratelli Tutti, no son negociables. En todo caso, lo que genera vergüenza ajena es ver a los cuestionadores de esta decisión -varios de ellos se autoreferencian como formados en la PUCE- hacer un alegato en contra de lo que deberían ser valores básicos en su formación humanística y construcción de conciencia ético-social. 

Por último, cabe indicar el inmenso nivel de desconocimiento o de mala fe que conlleva la crítica a la labor del Centro de Derechos Humanos de la PUCE. Esta herramienta de vinculación de académica con la sociedad tiene un acumulado histórico de más de dos décadas trabajando en la promoción y defensa de los derechos de los sectores más necesitados de la sociedad ecuatoriana. Desde ahí se ha apoyado a jubilados, enfermos de cáncer a quienes se les ha negado la medicación necesaria, familiares de desaparecidos, mujeres víctimas de violencia sexual y a pueblos indígenas en la defensa de sus derechos constitucionalmente reconocidos. Que los firmantes de esta carta, personalidades pertinentes a las élites sociales y económicas de nuestro país, más otros que bien quisieran unírseles, cuestionen que las y los dirigentes indígenas sean defendidos por esta institución demuestra la enorme brecha -no solo económica sino también de comprensión- existente entre los sectores privilegiados y los sectores históricamente marginados de nuestra sociedad. Ahí radica el problema de fondo que se esconde realmente detrás de este conflicto.

Quienes son y a quienes representan los firmantes de la carta

Dijo alguna vez Malcolm X, ministro religioso y activista afroestadounidense asesinado en febrero de 1965, respecto a la hipocresía: “tengo más respeto por un hombre que me permite conocer cuál es su posición, incluso si está equivocado, que por otro que viene como un ángel pero que resulta ser un demonio”. Bien, pues basta un somero análisis respecto a los firmantes de la carta acusadora de una supuesta politización de la PUCE para descubrir que la inmensa mayoría de ellos -a diferencia del rector al que cuestionan- tiene claras vinculaciones políticas o les vinculan otro tipo de intereses.

Así, destacan entre los firmantes nombres como el del abogado Andrés Castillo Maldonado, activo miembro del Movimiento Libres -una organización política que se referencia en el partido xenófobo de la extrema derecha española VOX-; Andrés Páez, quien fue binomio de Guillermo Lasso en las presidenciales del 2017. Otro de los “destacados” es Fabricio Villamar, quien pasó de ser asambleísta denunciante de la corrupción del régimen anterior a legislador denunciado por beneficiarse inmoralmente de privilegios derivados de la obtención del carné de discapacidad, incluido la reducción de las pensiones a su hijo. 

Otro grupo de afinidad detectable entre los firmantes corresponde a quienes en algún momento ejercieron como docentes de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, pero hoy ya no forman parte de dicho plantel académico; por ejemplo, Rafael Oyarte Martínez, contra quien un grupo de estudiantes se vieron obligados a solicitar la aplicación del Protocolo de Abuso y Maltrato de dicha facultad por el supuesto acoso y maltrato realizado. En fin, … por ahí se entiende que la PUCE haya prescindido de algunas de estas “eminencias” en su plantilla de docentes. 

Inmersos en este ecosistema, resulta lamentable encontrar las firmas de Abelardo Pachano -exgerente general del Banco Central del Ecuador y cerebro en la sombra de giro neoliberal en política económica del actual gobierno-, Roque Sevilla -ex alcalde de Quito por afinidad con Mahuad y destacado magnate empresarial -, Jaime Mantilla Anderson -director y principal accionista del Grupo Hoy, quebrado en 2014 tras una lenta agonía que sufrieron especialmente sus trabajadores-, o Alan Mendoza, ex jesuita.

Conclusión

Cierto es que la actual práctica política ecuatoriana carece de honestidad ideológica y rigurosidad intelectual en el discurso y narrativa de sus máximos exponentes. En todo caso, si el objetivo de estos sectores conservadores es imponer mediante estrategias de acoso y derribo su hegemonía cultural mediante el control de los espacios del saber cómo lo son las universidades -durante el año 2020 hemos asistido a diferentes ofensivas sobre instituciones académicas-, al menos debe reclamárseles que emprendan dicha disputa desde la decencia y la honradez intelectual.

Los recortes presupuestarios en materia de educación superior, la reducción de becas, así como las dificultades económicas que hoy atraviesan la mayoría de familias ecuatorianas, están suponiendo una fuerte presión competitiva en el mercado de matrículas universitarias. Pese a ello, la PUCE no ha sufrido una reducción significativa de estudiantes, demostrando una rápida capacidad de adaptación y eficiencia al nuevo contexto derivado de la pandemia. Afirmar lo contrario, tal y como se indica en la misiva enviada al Arzobispo de Quito, implica atentar contra los rigurosos principios filosóficos del conocimiento. 

Apenas el 6% de los estudiantes que formalizaron su matrícula en el primer periodo académico del año pasado no renovaron en el segundo período. De igual manera, los nuevos estudiantes matriculados en ese mismo segundo período del 2020 significaron el 78% de la cifra de matrículas alcanzadas en agosto de 2019, el 94% respecto a agosto del 2018 y el 97% de la registrada en agosto del 2017. A la fecha, en estos tiempos pandémicos se han matriculado más estudiantes para el primer período del 2021 que, en febrero de 2020, antes de la pandemia. Resultados porcentuales que firmarían la mayoría de universidades nacionales en la actual coyuntura económica que vive el país.

VERITATEM LABORARE NIMIS SAEPE […] EXISTINGUI NUMQUAM

(Tito Livio, Ab urbe condita, 22, 39, 19)

miércoles, 3 de febrero de 2021

Decio Machado: “El pésimo gobierno de Moreno ha sido el principal jefe de campaña de la vuelta del progresismo”

 Este 7 de febrero se realizan las elecciones presidenciales en Ecuador. La fórmula del correísmo, encabezada por el joven Andrés Aráuz, primerea en los sondeos de las encuestadoras. El binomio de Unión por la Esperanza se acerca a los 40 puntos que le permitirían, si acumula una diferencia de un 10% sobre el segundo, ganar en primera vuelta. 

El análisis de Decio Machado.