lunes, 23 de diciembre de 2013

Crisis de las izquierdas y la necesidad de un nuevo análisis político


Por Decio Machado
Para Revista Rupturas

El período entreguerras (entre la primera y la segunda guerra mundial), fue un proceso de estancamiento económico que llegó a su climax con el crac de 1929 y la Gran Depresión.

Como el capitalismo es un sistema que en si mismo lleva acarreadas estas crisis periódicas como parte de su funcionamiento, al tiempo que la Gran Depresión hundía al sistema en la parálisis económica mundial, restablecía las condiciones para las ganancias capitalistas, consecuencia del abaratamiento del capital constante (masa de inversión en medios de producción) y el alto desempleo (salarios bajos o abaratamiento del capital variable).

Si bien los sindicatos habían sido duramente golpeados por la gran guerra y la crisis económica posterior -alto desempleo y pérdida de afiliación sindical-, fueron capaces de mantener una parte de su poder acumulado, lo que supuso un factor nuevo a ser considerado por el capital. Valorando este factor, sumado al fuerte descontento social fruto de la crisis, el keynesianismo consideró que la fuerza del trabajo ya no podía ser tratada como cualquier otra mercancía, afirmando que “los sindicatos son suficientemente fuertes para intervenir en el libre juego de las fuerzas de la oferta y la demanda”. Su principal mérito entonces, fue reconocer en la clase obrera un momento autónomo en el seno del capital, insertando en la economía la constatación de la relación de fuerza entre las clases en conflicto, y articulando una estrategia que integrara a la clase trabajadora como una fuerza para el desarrollo capitalista.

Desde el ámbito del capital –quien marca la pauta para la posterior política de Estado- ya se habían dado con anterioridad respuestas a la coyuntura del momento, a través de la implementación del “fordismo”, generalizado a escala mundial a partir de la década de 1930.

Las consecuencias fueron inmediatas, en EEUU ganaba las elecciones de 1932 Roosevelt con su New Deal, poniéndose en marcha una política intervencionista para enfrentar la crisis. También en Europa, donde tras la segunda guerra mundial se había generado una devaluación aún mayor de capitales constantes y variables, se aplicarían las políticas fordistas-keynesianas desarrollándose el llamado Estado del Bienestar.

El pleno empleo no era otra cosa que el mecanismo sobre el que sostener la demanda que generan los ingresos de los trabajadores ocupados, lo que produce un efecto estimulador sobre las economías capitalistas deprimidas. La tesis es sencilla: frente al crecimiento del poder del trabajo y la amenaza revolucionaria fruto del descontento social, y teniendo en cuenta que los mecanismos de mercado ya no controlaban la oferta y las condiciones de trabajo de forma unilateral, se hacía necesario reconciliar a los actores involucrados, lo que sin abandonar los requerimientos de la explotación capitalista, convertía en necesaria la incorporación del sindicalismo al escenario como un actor más de la “divina comedia capitalista”.

De esta manera, el keynesianismo se convirtió en un “equilibrista” capaz de regular durante casi cinco décadas (onda larga de crecimiento capitalista), las demandas obreras en interés de la acumulación del capital. Su mecanismos fue simple: sostuvo las frustraciones obreras generadas por el modelo de producción “fordista” a través del incremento de capacidad adquisitiva y cierta cobertura social. En resumen, un diario que significaba: morir en la fábrica para renacer y vivir a través del consumo.

El neokeynesianismo adaptado al capitalismo ecuatoriano

En el conjunto de la región la llegada del presente siglo mostraba el fracaso neoliberal en su más cruda expresión: incremento de la pobreza, aumento de la marginación social, altas tasas de desempleo, incremento de la deuda externa que anulaba toda posibilidad de inversión pública y social, impunidad ante la corrupción institucional, carencia de cultura fiscal y políticas comerciales maniatadas por tratados internacionales y gran dependencia de EEUU.  En Ecuador, la situación se vio agravada por una sucesión de gobiernos débiles que repetían mandatos inconclusos desde 1996. En resumen, de esta manera se hacía imposible poner en marcha el “desarrollo nacional”.

Estas condiciones hacían necesario un cambio enfocado a que las burguesías y economías nacionales recuperasen su competitividad. Ese cambio en Ecuador se llamó Rafael Correa Delgado.

Igual que el movimiento obrero había sido golpeado por la Gran Depresión a partir del crac de 1929, los movimientos sociales y organizaciones políticas de la izquierda en Ecuador llegaron con un fuerte debilitamiento a la campaña electoral del 2006. La crisis de la CONAIE, “agujero negro” sobre el que satelizan los demás movimientos sociales del país, sumado al desgaste y perdida de espacio de los partidos de la izquierda convencional, permitieron que se despejara el panorama político en pro de una alfombra “verde” que pasó a ocupar prácticamente todo el espacio nacional.

En el año 2006, los resultados electorales del Pachakutik apenas alcanzaron el 2,19%, mientras los del MPD el 1,33%. En 2008 la situación no cambiaría demasiado, en las elecciones para asambleístas constituyentes, el Pachakutik en alianza con el Partido Socialista sacaría apenas el 0,71% de los votos, y en el caso del MPD obtendría el 1,68%.

Al igual que Ford y Keynes encontraron el momento apropiado para la modernizaron la economía capitalista de la primera mitad del siglo XX, el correísmo es la fase de modernización de la economía ecuatoriana. La fórmula no difiere en exceso respecto al pasado: intervencionismo estatal en aras a expandir el crédito, el empleo, y el incremento capacidad adquisitiva de los trabajadores, con incorporación de actores sociales de forma funcional al desarrollo capitalista justificado con cierta ampliación de la cobertura social. Es decir, un nuevo modelo de dominación con el mismo patrón de acumulación económica.

Desde la perspectiva ideológica, al igual que Keynes aseguraba “puedo estar influido por lo que me parece de sentido de justicia, pero la lucha de clases me encontrará del lado de la burguesía educada”, el presidente Correa manifiesta públicamente que su éxito se sostiene en que “básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación” en una apuesta por lo que él define como “economía capitalista moderna” (igual que su homóloga argentina habla de “capitalismo serio” y su par boliviano de “capitalismo normal”). En resumen, hoy hablamos de capitalismo posneoliberal al igual que el keynesianismo habló de posliberalismo.

Algunas lecciones a aprender

La izquierda desde hace más de un siglo comete el error de pensar que el marxismo tiene el monopolio de la emancipación, ignorando que el marxismo no es más que un punto de encuentro y no, a pesar de lo que muchos piensan, un sistema acabado. Como diría el propio Marx en su Epílogo de la segunda edición de El Capital: “La investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto, analizar las distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno. Tan solo después de consumada esa labor, puede exponerse adecuadamente el movimiento real.”

Marx y Engels eran conscientes de que el armazón ideológico que habían construido debía evolucionar en el tiempo, acompañando la evolución del sistema socioeconómico que habían analizado y al que se habían opuesto. En otras palabras, las fórmulas mágicas o soluciones de librillo son ajenas al método de análisis marxista.

Dicha desorientación ideológica se agravó en la medida que en los países donde se implementó el Estado del Bienestar, se restó urgencia a las luchas anticapitalistas, convirtiéndose las organizaciones populares en meros cogestores del control social.

La teoría del valor y la explotación se convirtieron en dogmas indiscutibles para la izquierda, sin actualizarse de acuerdo a la evolución capitalista, no aportando nada nuevo para comprender la complejidad que había adquirido el sistema: intervencionismo estatal en la economía, sociedad de consumo, expansión del sector servicios, cada vez mayor desarrollo tecnológico, nueva organización del trabajo, neocolonialismo e intercambio desigual, entre otras cuestiones. Es así, sin querer queriendo, el marxismo se volvió inútil para explicar la realidad vigente en la época, desplazándose desde los sindicatos y partidos “revolucionarios” hacia la Academia, quedándose en el marco de un frustrado juego semi-intelectual en muchos casos carente de realidad política. El Estado de Bienestar, en los países donde se había implementado, había dado paso a un sistema que gozó de una credibilidad de la que anteriormente carecía, a pesar de que la explotación, la pobreza, la desigualdad y la exclusión social seguían existiendo. El coste ecológico de la producción, el cual no había sido considerado por Marx en la ley del valor, supuso un salto cualitativo en las agresiones al ambiente y son los principales responsables de la crisis planetaria a la que nos enfrentamos.

En resumen, las organizaciones populares encajaron perfectamente con el nuevo capitalismo reformado, porque a efectos prácticos no disponían de una política económica propia, a excepción de los comunistas ortodoxos, cuya política consistía en alcanzar el poder y luego seguir el modelo soviético. En la práctica, la izquierda dirigió su atención hacia la mejora de las condiciones de vida de su electorado popular y hacia la introducción de reformas a tal efecto.

Las resistencias al capitalismo olvidaron que las crisis son el método normal para eliminar periódicamente la disensión existente entre la ilimitada capacidad extensiva de la producción y los límites intrínsecos de los que dispone el mercado, convirtiéndose en los mecanismos a través del cual el capital reafirma su autoridad, el derecho a administrar y ordenar, como precondición para todo lo demás. Esto vino a significar en la práctica, que las izquierdas nunca buscaron una opción económica alternativa al capitalismo, sino simplemente la reforma de dicho orden: aminoración de sus excesos capitalistas pero no su alternativa. Se sustentó las relaciones de dominio capitalista, bajo el criterio de que podían ser transformadas por medio de reformas legales al interior del sistema, olvidando que dichas relaciones no son la consecuencia de leyes burguesas, sino del fruto del desenvolvimiento económico. Cuando el keynesiano quebró, no fue porque los Estados destruyeran las organizaciones obreras con las que se había concertado el sistema durante más de cuatro décadas, sino porque el capital vio como inviable el sostenimiento de un modelo económico donde su tasa de ganancia había menguado ostensiblemente (onda larga regresiva).

Hasta 1968 no aparecerían posiciones alternativas con visibilidad en la izquierda. El proceso denominado “mayo del 68” significó la aparición de sensibilidades políticas de naturaleza revolucionaria, que cuestionaron tanto al capitalismo y la hegemonía de los EEUU a escala mundial, como al sistema soviético y la ineficacia de los movimientos de izquierda histórica. Esto conllevó a la necesidad de formular modelos alternativos y democráticos de desarrollo socialista, así como a un posicionamiento político como fuerzas antagónicas y antisistémicas.

Durante la “guerra fría”, a pesar de la rivalidad entre bloques, había un consenso mundial sobre la ideología del “desarrollo nacional”. La significación de 1968 consiste en que es el inicio del cuestionamiento del dogma de fe desarrollista, y la plasmación de otras inquietudes recogidas por los nuevos movimientos sociales conformados a partir de entonces. Citando a Bolívar Echeverría y André Gorz respectivamente, el capitalismo no es más que un sistema que “vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida”, y el “socialismo no vale más que el capitalismo si no cambia de herramientas”.

Situación de la izquierda en Ecuador

En primer lugar, cabe observar a los partidos de la vieja izquierda ecuatoriana luchando por su supervivencia electoral con base en programas centristas eclécticos que no parecen inspirar sentimientos muy fuertes. Sus consignas, compiten en el discurso con el oficialismo neokeynesiano verdeflex, planteando que los principios de la “revolución ciudadana” han sido traicionados, pero carentes de alternativas ideológicas al programa de “desarrollo nacional” impulsado por el gobierno.

En segundo lugar, vemos un movimiento indígena que tras casi diez años de constituida su crisis e incapaz de superarla, se muestra incapaz de reconstituirse como un actor de cambio, sufriendo en gran parte de sus bases un movimiento hacia el reconocimiento de las políticas públicas neokeynesianas y neodesarrollistas impulsadas por el gobierno en el sector del agro.

En tercer lugar, vemos un abanico de organizaciones populares en situación de estancamiento que son herederos diluidos del conato revolucionario de 1968: movimientos ambientales, feministas, de las llamadas minorías oprimidas y comunitarios de base. Los movimientos antisistémicos inspirados en la superación del estricto conflicto capital vs trabajo, tuvieron bastante éxito al cuestionar las premisas básicas de la vieja izquierda, pero desde entonces fracasaron en una estrategia alternativa.

Lo anteriormente descrito condiciona a una izquierda en general muy golpeada por las estrategias gubernamentales de desacreditación a la oposición política y social, lo que se visualiza en la falta de capacidad de articulación de fuerzas “antagónicas” al poder actualmente existente.

Algunos apuntes para la reconsideración de las izquierdas en el Ecuador:
  • Si los países del Sur, y en concreto Ecuador, pretender a través del cambio de matriz productiva un proceso de industrialización nacional que haga viable su estrategia de sustitución de importaciones y una producción con mayores índices de valor añadido, es fundamental un trabajo de revitalización del frente sindical. Aunque la actividad de los sindicatos es muy importante, se limita a la lucha de salarios y a la disminución del tiempo de trabajo, es decir, a regular simplemente la explotación capitalista dentro de las condiciones del mercado.
  • Al igual que 1968 supuso una ruptura con la “vieja izquierda”, en los momentos actuales se hace necesario la irrupción de un nuevo modelo de organización superador del partido leninista y conformado por una agenda de reivindicaciones de nuevo tipo. Es necesaria mayor participación popular y nuevas formas para la toma de decisiones. Los movimientos de la izquierda se han caracterizado por su profunda desconfianza hacia la psicología de masas, lo cual se convirtió en el origen del vanguardismo. Quizás esto fue legítimo en otras épocas, pero las “primaveras árabes” y los “indignados” españoles, demuestran que no habrá transformación del sistema sin el apoyo genuino y profundamente motivado por una ciudadanía consciente e integrada en nuevas fórmulas organizativas.
  • Se debe pensar en el poder estatal, sea cual sea su nivel (gobiernos seccionales de distinto orden o gobierno nacional),  como una táctica que se utiliza coyunturalmente para solucionar necesidades inmediatas, sin invertir esfuerzos en fortalecerlo. La experiencia actual es aleccionadora: la izquierda reivindicó durante el neoliberalismo la reconstrucción del Estado, el cual una vez reconstituido, actúa como el principal ariete contra las organizaciones populares. Debemos dejar de tener miedo al derrumbe del sistema político, sin ese derrumbe no se construirá un mundo nuevo.
  • Se ha de construir alternativas socioeconómicas al modelo imperante. Esto significa discutir nuestra utopías y sueños, conformando una alternativa sustantiva que ofrecer fruto de la creación colectiva y no de libretos escritos hace ciento sesenta años.





miércoles, 11 de diciembre de 2013

Qué hay detrás de la destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá Gustavo Petro


Los intereses de los poderes más conservadores de Colombia están detrás de la inhabilitación del alcalde de Bogotá, progresista, que está abordando programas como Basura cero para reciclar y dar trabajo más de 14.000 personas.
Por Decio Machado
Periódico Diagonal / www.diagonalperiodico.net


El pasado 9 de diciembre, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, destituyó de sus funciones como alcalde de Bogotá a Gustavo Petro, inhabilitándolo a su vez para aspirar a cargos públicos por un período de 15 años.
Dicha sanción hace referencia a supuestas irregularidades y mala gestión en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana, impulsada por Petro en diciembre de 2012.
El mismo día de su destitución, ante 30.000 seguidores reunidos en la Plaza de Bolívar, el edil capitalino desde un balcón del Palacio de Liévano, hizo un llamamiento a crear un movimiento de indignados que defienda “la paz y la democracia” en el país.
En el desarrollo de su discurso, Petro posicionó la “pelota en el tejado” del mandatario colombiano Juan Manuel Santos, indicando: “El presidente de la República lo sepa, él es quien tiene que decidir en última instancia si avala la decisión del procurador o impide su orden arbitraria. Sabremos si el Presidente de la Republica está con la paz o con la reelección”.
Desde entonces, los pronunciamientos tanto de carácter nacional como internacional, así como las movilizaciones de ciudadanos bogotanos en solidaridad con el alcalde sancionado son una constante.

Origen del conflicto

El programa “Basura cero”, plan público de reciclaje lanzado por Gustavo Petro tras asumir la alcaldía de Bogotá en enero del 2012 con el movimiento Progresista, tras apartarse del Polo Democrático Alternativo, busca que se reduzcan las miles de toneladas de basura que produce la urbe todos los días. A la larga, este programa ha generado fuertes críticas y la destitución e inhabilitación de su impulsor.
El programa "Basura cero" pretendía concienciar a la ciudadanía de la urgente necesidad de actuar ante los desafíos que plantea el manejo de los residuos.
El relleno sanitario Doña Juana, situado en los límites de Ciudad Bolívar, a las afueras de Bogotá, que tiene una proyección de vida de una década, recibe cada día unas 7.000 toneladas diarias de basura (el 15% de las que produce toda Colombia) y el nivel de reciclaje por ahora ha sido mínimo.
En La Alquería, el único centro de reciclaje de la capital, que venía funcionando desde 2006 como proyecto piloto para tener información sobre el comportamiento de los ciudadanos frente a las campañas de sensibilización por el reciclaje, tratan cada día 10 toneladas de material potencialmente reciclable de las alrededor de 1.200 que, según estudios, produciría esta urbe que alberga unos 7 millones de habitantes.
Es por ello, que el 18 de diciembre del 2012, la Alcaldía de Bogotá traspasó la competencia de la recogida de basuras, que se encontraba en manos de operadores privados, a la empresa pública Aguas de Bogotá, vehículo de expansión de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Aguas de Bogotá es una empresa participada en más de un 99% por entidades del orden distrital como la EAAB, la Empresa de Energía de Bogotá ESP, Metrovivienda, el Municipio de La Mesa y Colvatel.
Tras este cambio, las calles de Bogotá acumularon basuras durante los primeros tres días por la falta de recogida, lo cual llevó a la oposición política, medios de comunicación y un sector de la ciudadanía a lanzar fuertes críticas contra Petro, al que acusan de improvisación e intransigencia.

Defensor de lo público

El excombatiente del desmovilizado grupo guerrillero M-19 y exsenador del Polo Democrático Alternativo, se vio obligado a firmar transitoriamente nuevos contratos con los operadores privados mientras se consolidó su programa público de recogida y reciclaje. El edil responsabilizó del caos generado por la acumulación de desperdicios a las empresas privadas salientes, a las que acusó de no haber culminado adecuadamente sus contratos. Durante su último día de operaciones, los privados dejaron de recoger entre 2.000 y 3.000 toneladas de desechos, los cuales estaban fuera de la programación prevista en los cálculos realizados por la recién llegada EAAB.
"Están esperando que la ciudad se llene de basuras, para demostrar la ignorancia del Gobierno distrital y a partir de ahí lograr dos objetivos: la restitución de los contratos por vía de hecho de los operadores privados, que vienen ganándose 120.000 millones de pesos al año (unos 67 millones de dólares) y, por otra parte, lograr las condiciones políticas que permitan la revocatoria", afirmaba en aquel entonces Gustavo Petro.
Aunque el plan “Basura cero” reduce las tarifas por el servicio y formaliza las condiciones de unos 14.500 recicladores de Bogotá que quedaron involucrados en el proyecto, la Procuraduría General de la República dirigida por el conservador Alejando Ordoñez, abrió una investigación contra el alcalde, bajo el pretexto de “presuntas conductas irregulares” en el cambio del modelo de recolección de residuos. De aquellos lodos estos barros.
El procurador Ordóñez, que ha criticado otras medidas de Petro como la prohibición del uso de la plaza de toros municipal para las corridas, “arte” del cual Ordoñez es un apasionado, ya suspendió en 2011 de sus funciones al entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por omisión en el manejo de contratos de obras públicas. Moreno sigue enjuiciado por concierto para delinquir y otros delitos de corrupción.

Una acción política coherente combinada con cierta improvisación

La contratación de las empresas EAAB y Aguas de Bogotá para que asumieran la prestación del servicio público de aseo de la capital colombiana, pecó de cierto apresuramiento. Por un lado, Aguas de Bogotá aún no contaba con los equipos necesarios para su nueva tarea, lo que la obligó al alquiler temporal de varias volquetas. De igual manera, el propio alcalde reconoció que la producción de desperdicios en Bogotá aumenta sensiblemente durante las fiestas navideñas, pasando de entre 4.500 y 6.000 toneladas a un promedio de entre 7.000 y 8.000 toneladas, lo que pone en cuestión que el traspaso de funciones se haya realizado en el mejor momento, implicando la contratación temporal de varios operadores privados.
Sin embargo, y en el ámbito de la coherencia política, tres fueron los ejes de la campaña electoral de Petro a la Alcaldía de Bogotá: la defensa de lo público, lo ambiental y la lucha contra las mafias. Estas propuestas fueron las que la ciudadanía bogotana avaló electoralmente. En ese sentido, el conflicto que ahora le cuesta el cargo, está atravesado por estas tres temáticas. Por un lado, la desprivatización de la recolección de basuras de Bogotá para ponerla en manos de un empresa pública; por otro, la formalización de un amplio sector informal, que ahora de forma organizada reciclan los deshechos; y por último, la eliminación de mafias pertenecientes al sector privado, que hasta diciembre del año pasado habían sido responsables de estas tareas en el Distrito de Bogotá.
Con respecto a este último punto, Gustavo Petro indicaba, tras un inspección sorpresa de la Superintendencia de Industria y Comercio a la EAAB pocos días antes del traspaso de competencias a dicha empresa, que se debía respetar la autonomía territorial de la ciudad y que con estas acciones se estaba defendiendo los intereses de la mafia paramilitar.

Antecedentes sobre la recogida de basuras en Bogotá

Una de las estrategias de los opositores a Gustavo Petro, fue resucitar mediáticamente el fantasma de la desaparecida Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS), la cual fue liquidada en 1996 (comenzó su liquidación durante la alcaldía de Andrés Pastrana y concluyó en la de Antanas Mockus), de ingrata recordación para los habitantes capitalinos. Un año antes de que el Concejo ordenara la supresión y liquidación de EDIS, la recolección de las basuras que tenía a cargo esta entidad dejó de prestarse en la mitad de la zona norte, tras que la Procuraduría descubriese sobrecostos de alrededor de $60 mil por tonelada de basura tratada. El panorama en algunas calles de Bogotá fue apocalíptico, generándose una emergencia sanitaria que se hizo semipermanente. Desde entonces, el servicio de aseo en Bogotá fue realizado por empresas de servicio de carácter privado, bajo la modalidad de contrato que incluyen exclusividad. Hasta diciembre del 2012, las empresas contratistas fueron Ciudad Limpia, Lime, Aseo Capital y Atesa.
En realidad las nuevas contrataciones, una vez finalizadas las primeras concesiones, se debieron ejecutar durante el período de tiempo que faltaba para que Antanas Mockus culminara su mandato, durante todo el período de Luis Eduardo Garzón y parte del período del ex alcalde Samuel Moreno. Este último fue suspendido por las investigaciones que se realizaron al calor del escándalo de la contratación de obras públicas en la ciudad de Bogotá, motivo por el cual fue expulsado del Polo Democrático Alternativo en septiembre del 2011 y posteriormente detenido al considerársele responsable de irregularidades respecto a la contratación pública. Correspondía a la administración de Moreno adelantar oportunamente los estudios y trámites para una nueva contratación del servicio bajo la modalidad de áreas de servicio exclusivo (ASE), pero se solicitó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) autorización para prorrogar por el año anunciado los contratos adjudicados durante la administración de Mockus.
Esta prórroga implicó la aplicación por un año más de un régimen tarifario más costoso para los usuarios, en la medida en que los contratos que se mantuvieron vigentes aplicaban una resolución del CRA de 2001 y no la regulación tarifaria que la CRA expidiera en el año 2005 en reemplazo de aquella.
En diciembre de 2011 la Corte Constitucional tumbaba la nueva licitación presentada por Samuel Moreno, dado que en ella existían múltiples irregularidades y no incluía de forma efectiva a los recicladores en el sistema de recogida de basuras de la ciudad, violando una resolución ordenada por la misma Corte.
Esta situación ha significado que la recolección de basuras en Bogotá haya seguido a base de prórrogas y dos declaratorias de urgencia manifiesta. Sin embargo, el Contralor Distrital Diego Ardila, declaraba en 2012 que esta situación ya no podía continuar, dando plazo hasta diciembre de ese año para solventar dicha situación.

Los grandes beneficiarios de la prorrogación de los contratos

Entre los empresarios implicados en los contratos prolongados sin concurso público alguno, están dos de los grandes contratistas del país.  
Uno de ellos es el conocido como “zar de la contratación”,  William Vélez, siendo el otro, el polémico socio de la familia Nule,  el empresario Alberto Ríos. Ambos protagonizaron todo tipo de maniobras para lograr que dichas prórrogas se mantuviesen en el transcurso del tiempo.
Para ello, congestionaron con todo tipo observaciones las licitaciones, obteniendo el vencimiento de los términos establecidos. Dichas observaciones abarcaron un abanico que va desde la modificación de los indicadores de gestión hasta la solicitud de cambios en los sistemas de remuneraciones para quienes cortan el césped, podan los árboles, etc., las cuales son gestiones complementarias al contrato base. Estas observaciones, que son de obligatoria respuesta, significaron el retraso en las adjudicaciones en licitación, con lo se mantuvieron beneficiándose económicamente como operadores de la recolección de basuras, a pesar de que sus concesiones ya hubiesen contractualmente llegado a su fin.
William Vélez, quien durante los últimos diez años se ha convertido en uno de los grandes contratistas de obras públicas en todo el país, es el propietario del holding empresarial colombiano ETHUSS (con más 200 millones de dólares de facturación al año y que también opera en países como México, Panamá, Chile, República Dominicana y Ecuador). El holding se compone de múltiples empresas, y entre ellas está ATESA, operadora desde 2002 hasta diciembre de 2011 de la ASE 2, que cubre las localidades bogotanas de Engativá y Fontibón.
El nombre de Vélez ha sido referido en varias ocasiones por ex jefes paramilitares (Freddy Rendón Herrera, alías “El Alemán”; Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alías “Monoleche”; entre otros) los cuales han identificado a este empresario antioqueño como “testaferro” de Vicente Castaño Gil, alias “El Profe”, uno de los “capos” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su nombre también aparece en memorandos del Bloque Norte de las AUC relacionados con el negocio de las basuras.
En círculos empresariales, Vélez es señalado como un protegido y gran amigo del expresidente Álvaro Uribe.
Otro de los beneficiados es el polémico empresario Alberto Ríos Velilla, quien es socio de   Aseo Capital,  que opera en la ASE 3 (Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santafé, Candelaria y Mártires) y la ASE 4 (Puente Aranda, Tunjuelito y Ciudad Bolívar).
Los integrantes del clan Ríos Velilla fueron socios de la familia Nule (Grupo Nule) en polémicos negocios investigados hoy por las autoridades, como las compras de las empresas Enertolima y Enerpereira.
Cabe recordar en este sentido, que el 25 de junio del 2010 salieron a la luz pruebas que evidenciaban la negociación de multimillonarias comisiones por parte del ex congresista Germán Olano al empresario Miguel Nule Velilla, cuya empresa manejaba gran parte de los contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en Bogotá. La principal obra que se vio directamente afectada por dichas negociaciones irregulares fue la construcción de la tercera fase del sistema de transporte publico TransMilenio, la cual llegó a tener casi dos años de retraso.
En el tiempo inmediatamente posterior, distintas instituciones jurisdiccionales iniciaron investigaciones que se acrecentaron a tal punto que varios políticos, empresarios, dirigentes del Instituto de Desarrollo Urbano y hasta al entonces Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, se vieron involucrados. El Estado llegó a presentar un detrimento patrimonial cercano al billón de pesos colombianos (unos 521 millones de dólares).
En la lista de los implicados en el llamado “Carrusel de Contratación”, aparecen entre otros los contratistas: Miguel Nule, Manuel Nule y Guido Nule, todos ellos detenidos e imputados por la Fiscalía en diferentes delitos vinculados a este escándalo.
En abril del 2013, una investigación periodística descubría la participación de los Ríos Velilla en la sociedad anónima Land Developer Investment Inc, con sede en el paraíso fiscal de Panamá, la cual se beneficia de un porcentaje del pago de los usuarios bogotanos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
Esa concesión, ideada en 2011 durante la gestión de Samuel Moreno y con una duración de 16 años, ha sido la más grande que se ha adjudicado en Colombia. Periodistas del diario El Tiempo documentaron en Bogotá, Cartagena, Panamá y Santiago de Chile la presencia en la sombra de miembros de la familia Ríos Velilla en la firma recaudadora de los pasajes del SITP, así como la conexión panameña.
El presidente de Land Developer es el empresario Danny David Cohen Mubrabi, quien fue inhabilitado y excluido por “falta de honestidad” para participar en contratos con la Autoridad del Canal de Panamá -según un edicto del 25 de enero de 2012-. Cohen Mugrabi también es miembro de la junta directiva de la compañía colombiana Megaterra SA, creada en el 2010 y dedicada a proyectos de inversión, junto con los hermanos Joseph y Daniel Mildenberg Mizrachi. Dichos hermanos forman parte de la Corporación Karibana Beach Golf & Marina Club Cartagena de Indias, donde están asociados a su vez con los hermanos Javier y Alberto Ríos, quienes controlan Aseo Capital. Estas triangulaciones de empresas se complejizan, apareciendo implicación a su vez con la empresa Inversiones Alsacia SA, compañía que presta servicios de transporte público en Santiago de Chile, y tiene entre sus accionistas otros miembros de la familia Ríos Velilla. El balance de Inversiones Alsacia SA del 2011 se señala que Global Public Services SA tiene el 99,98% de sus acciones, siendo este grupo controlado por los Ríos Velilla.
Más allá de sus ingenierías financieras, en lo que respecta al sistema de recogida de basuras en la ciudad de Bogotá, ambos empresarios se mantuvieron por más tiempo de lo que les daba la concesión inicial, operando en el esquema de “libre competencia” con unas tarifas 20% más altas de lo establecido por la regulación vigente.

Un problema heredado

La alcaldía de Gustavo Petro heredó este problema derivado de gestiones anteriores. El 30 de julio del 2012 presenta a la CRA un estudio previo a la licitación, en el que solicitaba la creación de 12 áreas de servicio exclusivo (división de la ciudad en áreas que pretende evitar que las empresas entren a competir por la basura en los barrios más ricos y zonas industriales donde se produce la basura más reutilizable, lo que genera que no se recoja en los barrios más pobres, buscando asegurar un servicio eficiente), el doble de las que existían.
Según Alejandro Gualy, director de la CRA, no se validó el estudio por considerar que “no había un modelo financiero que estableciera por qué 12 áreas de servicio exclusivo eran sostenibles, no se incluían a los recicladores y aunque decían que no se llevarían escombros a Doña Juana no se explicaba qué iban a hacer con ellos”.
Desde entonces, la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, quedaron enfrentados por las discrepancias en el modelo que regirá para la recolección de basuras en la capital del país. Enfrascados en un conflicto que “olía mal”, más allá de las 7.700 toneladas de residuos diarios que produce Bogotá.
En estas circunstancias, Gustavo Petro echó toda la “carne en el asador”. Con un planteamiento claro que tenía que ver con su compromiso de campaña, apostó por un esquema en el que ese servicio en manos privadas pasara al control de lo público a través de EAAB, la cual se convertiría a partir del 18 de diciembre de 2012 en el único operador y por extensión Aguas de Bogota.

El complot de la derecha y el rol de Alejandro Ordoñez

Con las espadas cruzadas en señal de duelo, Petro resolvió las concesiones a favor de la empresa municipal, cortando de raíz una de las fuentes de financiamiento más importantes para algunos personajes y empresas muy vinculados a los poderes fácticos del país y a su gobierno.
La pieza principal de la oposición conservadora para hacerle jaque al “rey” Petro (el rey simboliza la cabeza del ejército en el juego de ajedrez) fue un peligroso alfil (pieza que representa al obispo, recordándonos aquel medioevo de intrigas palaciegas donde algunos se especializaron en asesinar a traición a sus rivales): Alejandro Ordoñez Maldonado, un abogado vinculado al Partido Conservador que hoy ostenta en cargo de Procurador General de la República de Colombia (recientemente reelegido para el período 2013-2017).
Ordoñez es conocido por la intransigencia de sus actuaciones. Es un hombre que reza diariamente el rosario y sigue los cánones de monseñor Lefebvre respecto a la misa en latín. Su despacho se caracteriza por contener entre sus decoraciones religiosas, un crucifijo de respetables dimensiones que por su valor más bien debería estar en un museo de antigüedades y una Biblia sobre la mesa.
Esta soez reencarnación de Torquemada goza en su currículum de un extenso historial como guerrero templario, entre los que destacan episodios como la quema de libros de autores como Thomas Mann, Rousseau, Marcel Proust o Víctor Hugo entre otros, cuando era estudiante en el Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga; así como de haber demandado al director de la revista SoHo por la representación gráfica de “La última cena”, con figuras de la política, cultura y el periodismo.
Este miembro de la Orden de la Legitimidad Proscrita -clan religioso que se integra dentro del ala más radical de la iglesia católica-, fue el encargado de propinar el golpe de gracia al Alcalde de Bogotá. Ante la imposibilidad de derrotarlo políticamente, el acoso y derribo se realiza desde las burocracias. Para ello, el procurador presentó en rueda de prensa diversos motivos por los que impuso a Gustavo Petro la destitución de su cargo y su inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos.
Según Ordoñez, el primero de ellos hace referencia a la improvisación. La Procuraduría determinó que el burgomaestre bogotano, "de manera libre, consciente y voluntaria ordenó asignarle la prestación el servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad". Esto dio como resultado "la grave emergencia que afrontó la ciudad para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012". A esto añadió que la improvisación con la que actuó el gobierno distrital, significó la compra y alquiler de compactadores que generaron detrimento al Patrimonio, habiendo que contratar nuevamente a operadores privados.

También acusó a Petro de implementar un nuevo modelo para el aseo de la ciudad que está fuera de la ley, vulnerando “los principios de la libre empresa y competencia”.
La tercera causa esgrimida fue que el alcalde actuó de forma consciente y voluntaria, sabiendo que sus medidas eran irregulares y contradiciendo las advertencias de entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Contraloría Distrital y el Ministerio del Medio Ambiente.
Referenció que para cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional, respecto a hacer partícipes a los recicladores en el modelo de aseo de la ciudad, no era necesario asignar el servicio de recolección de basuras a empresas municipales.
Y por último, Ordóñez aseguró que Petro cometió una falta disciplinaria “cuando autorizó la prestación de servicio de aseo con volquetas, una de las causas por las cuales el 18, 19 y 20 de diciembre se dejaron de recoger entre 6 mil y 9 mil toneladas de basura".
En resumen, según Alejandro Ordoñez, el alcalde Gustavo Petro había provocado “la crisis y el caos en diciembre de 2012, la incorrecta prestación del servicio de aseo por volquetas hasta junio de 2013 y el riesgo actual de que los compactadores estén a punto de perderse". Para este alto funcionario, se vulneraron el principio de “lealtad de empresa” y se puso en riesgo la salud de los bogotanos.

Perspectivas de futuro

La resolución de la Procuraduría General de la República es de primera instancia, con lo cual queda por resolver un recurso de reposición que ha de presentarse ante este mismo funcionario el próximo 30 de diciembre. Aunque visto la posición de la piezas sobre el tablero, es difícil pensar que Ordoñez recapacite sobre su arbitraria, desmedida y coordinada determinación.
Por su parte, la destitución e inhabilitación de Gustavo Petro será analizada por Naciones Unidas por ser un tema relacionado con los derechos humanos de una persona elegida por voto popular para ocupar una dignidad seccional.  Así lo advirtió Todd Howland, delegado de la ONU, quien se pronunció sobre el tema durante la entrega de un informe relacionado con derechos humanos. Según el funcionario de este organismo multilateral, los representantes de NNUU esperan poder hablar directamente con Ordóñez, lo cual presupone que habrá presión internacional para que el procurador recule respecto a su condena.
En paralelo, los pronunciamientos de indignación y preocupación comienzan a manifestarse en diferentes países de la región, lo que significa un claro cuestionamiento del régimen democrático colombiano con su correspondiente factura al presidente Santos. Queda por ver hasta donde llega la presión internacional.
Otra de las cosas que esta por ver, y sin duda la más importante, es la capacidad de movilización sostenida de la que dispone el alcalde de Bogotá. Petro debe vencer el hándicap de que esta acción se haya ejecutado durante el mes de diciembre. Que la resolución del procurador se haya dado a puertas del feriado navideño no es una casualidad, y en las mediciones estratégico-políticas del conservadurismo colombiano, sin duda está contemplado la inacción que se genera entre la ciudadanía llegado este período del calendario.
Pero toda moneda tiene dos caras. Petro dispone de la posibilidad de utilizar esta agresión como una plataforma política para saltar más lejos. En otras palabras, la decisión de la Procuraduría General puede convertirse en un boomerang que permita al alcalde de Bogotá pivotar a aspiraciones políticas de mayor calado, dato lo desmedido e irracional de la sanción aplicada. Si Petro es capaz de canalizar el descontento generado en la mayor parte de ciudadanos bogotanos y expandirlo al conjunto del país, tendría condiciones para plantear una alternativa electoral en momentos en que el que la izquierda -el Polo Democrático Alternativo-, se encuentra muy debilitado políticamente, pudiendo recurrir a una coalición más amplia de organizaciones que incluya a su antiguo partido.
Por último, queda por ver la afectación de esta resolución en el ámbito de las negociaciones de paz entre el gobierno y la insurgencia. En un comunicado emitido por la delegación de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el día siguiente a la destitución, se señala: "Ayer, de un solo plumazo, Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia y sobre las nulas garantías para un ejercicio político independiente”.
Los negociadores insurgentes llamaron a la sociedad colombiana a "respaldar todas las acciones de repudio" contra el procurador Ordóñez, al que calificaron de "arbitrario", "ultramontano" y dueño de un "poder omnímodo", entre otros calificativos.
"Lo que le quieren cobrar al alcalde Petro es la defensa que ha hecho de lo público, por eso, el momento es de lucha por la auténtica democracia, de lucha unitaria y frontal contra el fascismo y la reacción", indicaban las FARC en su declaración.