Los intereses de los poderes más conservadores de Colombia están detrás de la inhabilitación del alcalde de Bogotá, progresista, que está abordando programas como Basura cero para reciclar y dar trabajo más de 14.000 personas.
Por Decio Machado
Periódico Diagonal / www.diagonalperiodico.net
El pasado 9 de diciembre, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, destituyó de sus funciones como alcalde de Bogotá a Gustavo Petro, inhabilitándolo a su vez para aspirar a cargos públicos por un período de 15 años.
Dicha sanción hace referencia a supuestas irregularidades y mala gestión en la reforma del sistema de recolección de basura de la capital colombiana, impulsada por Petro en diciembre de 2012.
En el desarrollo de su discurso, Petro posicionó la “pelota en el tejado” del mandatario colombiano Juan Manuel Santos, indicando: “El presidente de la República lo sepa, él es quien tiene que decidir en última instancia si avala la decisión del procurador o impide su orden arbitraria. Sabremos si el Presidente de la Republica está con la paz o con la reelección”.
Desde entonces, los pronunciamientos tanto de carácter nacional como internacional, así como las movilizaciones de ciudadanos bogotanos en solidaridad con el alcalde sancionado son una constante.
Origen del conflicto
El programa “Basura cero”, plan público de reciclaje lanzado por Gustavo Petro tras asumir la alcaldía de Bogotá en enero del 2012 con el movimiento Progresista, tras apartarse del Polo Democrático Alternativo, busca que se reduzcan las miles de toneladas de basura que produce la urbe todos los días. A la larga, este programa ha generado fuertes críticas y la destitución e inhabilitación de su impulsor.
El programa "Basura cero" pretendía concienciar a la ciudadanía de la urgente necesidad de actuar ante los desafíos que plantea el manejo de los residuos.
El relleno sanitario Doña Juana, situado en los límites de Ciudad Bolívar, a las afueras de Bogotá, que tiene una proyección de vida de una década, recibe cada día unas 7.000 toneladas diarias de basura (el 15% de las que produce toda Colombia) y el nivel de reciclaje por ahora ha sido mínimo.
En La Alquería, el único centro de reciclaje de la capital, que venía funcionando desde 2006 como proyecto piloto para tener información sobre el comportamiento de los ciudadanos frente a las campañas de sensibilización por el reciclaje, tratan cada día 10 toneladas de material potencialmente reciclable de las alrededor de 1.200 que, según estudios, produciría esta urbe que alberga unos 7 millones de habitantes.
Es por ello, que el 18 de diciembre del 2012, la Alcaldía de Bogotá traspasó la competencia de la recogida de basuras, que se encontraba en manos de operadores privados, a la empresa pública Aguas de Bogotá, vehículo de expansión de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Aguas de Bogotá es una empresa participada en más de un 99% por entidades del orden distrital como la EAAB, la Empresa de Energía de Bogotá ESP, Metrovivienda, el Municipio de La Mesa y Colvatel.
Tras este cambio, las calles de Bogotá acumularon basuras durante los primeros tres días por la falta de recogida, lo cual llevó a la oposición política, medios de comunicación y un sector de la ciudadanía a lanzar fuertes críticas contra Petro, al que acusan de improvisación e intransigencia.
Defensor de lo público
El excombatiente del desmovilizado grupo guerrillero M-19 y exsenador del Polo Democrático Alternativo, se vio obligado a firmar transitoriamente nuevos contratos con los operadores privados mientras se consolidó su programa público de recogida y reciclaje. El edil responsabilizó del caos generado por la acumulación de desperdicios a las empresas privadas salientes, a las que acusó de no haber culminado adecuadamente sus contratos. Durante su último día de operaciones, los privados dejaron de recoger entre 2.000 y 3.000 toneladas de desechos, los cuales estaban fuera de la programación prevista en los cálculos realizados por la recién llegada EAAB.
Aunque el plan “Basura cero” reduce las tarifas por el servicio y formaliza las condiciones de unos 14.500 recicladores de Bogotá que quedaron involucrados en el proyecto, la Procuraduría General de la República dirigida por el conservador Alejando Ordoñez, abrió una investigación contra el alcalde, bajo el pretexto de “presuntas conductas irregulares” en el cambio del modelo de recolección de residuos. De aquellos lodos estos barros.
El procurador Ordóñez, que ha criticado otras medidas de Petro como la prohibición del uso de la plaza de toros municipal para las corridas, “arte” del cual Ordoñez es un apasionado, ya suspendió en 2011 de sus funciones al entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por omisión en el manejo de contratos de obras públicas. Moreno sigue enjuiciado por concierto para delinquir y otros delitos de corrupción.
Una acción política coherente combinada con cierta improvisación
La contratación de las empresas EAAB y Aguas de Bogotá para que asumieran la prestación del servicio público de aseo de la capital colombiana, pecó de cierto apresuramiento. Por un lado, Aguas de Bogotá aún no contaba con los equipos necesarios para su nueva tarea, lo que la obligó al alquiler temporal de varias volquetas. De igual manera, el propio alcalde reconoció que la producción de desperdicios en Bogotá aumenta sensiblemente durante las fiestas navideñas, pasando de entre 4.500 y 6.000 toneladas a un promedio de entre 7.000 y 8.000 toneladas, lo que pone en cuestión que el traspaso de funciones se haya realizado en el mejor momento, implicando la contratación temporal de varios operadores privados.
Sin embargo, y en el ámbito de la coherencia política, tres fueron los ejes de la campaña electoral de Petro a la Alcaldía de Bogotá: la defensa de lo público, lo ambiental y la lucha contra las mafias. Estas propuestas fueron las que la ciudadanía bogotana avaló electoralmente. En ese sentido, el conflicto que ahora le cuesta el cargo, está atravesado por estas tres temáticas. Por un lado, la desprivatización de la recolección de basuras de Bogotá para ponerla en manos de un empresa pública; por otro, la formalización de un amplio sector informal, que ahora de forma organizada reciclan los deshechos; y por último, la eliminación de mafias pertenecientes al sector privado, que hasta diciembre del año pasado habían sido responsables de estas tareas en el Distrito de Bogotá.
Con respecto a este último punto, Gustavo Petro indicaba, tras un inspección sorpresa de la Superintendencia de Industria y Comercio a la EAAB pocos días antes del traspaso de competencias a dicha empresa, que se debía respetar la autonomía territorial de la ciudad y que con estas acciones se estaba defendiendo los intereses de la mafia paramilitar.
Antecedentes sobre la recogida de basuras en Bogotá
Una de las estrategias de los opositores a Gustavo Petro, fue resucitar mediáticamente el fantasma de la desaparecida Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS), la cual fue liquidada en 1996 (comenzó su liquidación durante la alcaldía de Andrés Pastrana y concluyó en la de Antanas Mockus), de ingrata recordación para los habitantes capitalinos. Un año antes de que el Concejo ordenara la supresión y liquidación de EDIS, la recolección de las basuras que tenía a cargo esta entidad dejó de prestarse en la mitad de la zona norte, tras que la Procuraduría descubriese sobrecostos de alrededor de $60 mil por tonelada de basura tratada. El panorama en algunas calles de Bogotá fue apocalíptico, generándose una emergencia sanitaria que se hizo semipermanente. Desde entonces, el servicio de aseo en Bogotá fue realizado por empresas de servicio de carácter privado, bajo la modalidad de contrato que incluyen exclusividad. Hasta diciembre del 2012, las empresas contratistas fueron Ciudad Limpia, Lime, Aseo Capital y Atesa.
En realidad las nuevas contrataciones, una vez finalizadas las primeras concesiones, se debieron ejecutar durante el período de tiempo que faltaba para que Antanas Mockus culminara su mandato, durante todo el período de Luis Eduardo Garzón y parte del período del ex alcalde Samuel Moreno. Este último fue suspendido por las investigaciones que se realizaron al calor del escándalo de la contratación de obras públicas en la ciudad de Bogotá, motivo por el cual fue expulsado del Polo Democrático Alternativo en septiembre del 2011 y posteriormente detenido al considerársele responsable de irregularidades respecto a la contratación pública. Correspondía a la administración de Moreno adelantar oportunamente los estudios y trámites para una nueva contratación del servicio bajo la modalidad de áreas de servicio exclusivo (ASE), pero se solicitó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) autorización para prorrogar por el año anunciado los contratos adjudicados durante la administración de Mockus.
Esta prórroga implicó la aplicación por un año más de un régimen tarifario más costoso para los usuarios, en la medida en que los contratos que se mantuvieron vigentes aplicaban una resolución del CRA de 2001 y no la regulación tarifaria que la CRA expidiera en el año 2005 en reemplazo de aquella.
En diciembre de 2011 la Corte Constitucional tumbaba la nueva licitación presentada por Samuel Moreno, dado que en ella existían múltiples irregularidades y no incluía de forma efectiva a los recicladores en el sistema de recogida de basuras de la ciudad, violando una resolución ordenada por la misma Corte.
Esta situación ha significado que la recolección de basuras en Bogotá haya seguido a base de prórrogas y dos declaratorias de urgencia manifiesta. Sin embargo, el Contralor Distrital Diego Ardila, declaraba en 2012 que esta situación ya no podía continuar, dando plazo hasta diciembre de ese año para solventar dicha situación.
Los grandes beneficiarios de la prorrogación de los contratos
Entre los empresarios implicados en los contratos prolongados sin concurso público alguno, están dos de los grandes contratistas del país.
Uno de ellos es el conocido como “zar de la contratación”, William Vélez, siendo el otro, el polémico socio de la familia Nule, el empresario Alberto Ríos. Ambos protagonizaron todo tipo de maniobras para lograr que dichas prórrogas se mantuviesen en el transcurso del tiempo.
Para ello, congestionaron con todo tipo observaciones las licitaciones, obteniendo el vencimiento de los términos establecidos. Dichas observaciones abarcaron un abanico que va desde la modificación de los indicadores de gestión hasta la solicitud de cambios en los sistemas de remuneraciones para quienes cortan el césped, podan los árboles, etc., las cuales son gestiones complementarias al contrato base. Estas observaciones, que son de obligatoria respuesta, significaron el retraso en las adjudicaciones en licitación, con lo se mantuvieron beneficiándose económicamente como operadores de la recolección de basuras, a pesar de que sus concesiones ya hubiesen contractualmente llegado a su fin.
William Vélez, quien durante los últimos diez años se ha convertido en uno de los grandes contratistas de obras públicas en todo el país, es el propietario del holding empresarial colombiano ETHUSS (con más 200 millones de dólares de facturación al año y que también opera en países como México, Panamá, Chile, República Dominicana y Ecuador). El holding se compone de múltiples empresas, y entre ellas está ATESA, operadora desde 2002 hasta diciembre de 2011 de la ASE 2, que cubre las localidades bogotanas de Engativá y Fontibón.
El nombre de Vélez ha sido referido en varias ocasiones por ex jefes paramilitares (Freddy Rendón Herrera, alías “El Alemán”; Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alías “Monoleche”; entre otros) los cuales han identificado a este empresario antioqueño como “testaferro” de Vicente Castaño Gil, alias “El Profe”, uno de los “capos” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Su nombre también aparece en memorandos del Bloque Norte de las AUC relacionados con el negocio de las basuras.
En círculos empresariales, Vélez es señalado como un protegido y gran amigo del expresidente Álvaro Uribe.
Otro de los beneficiados es el polémico empresario Alberto Ríos Velilla, quien es socio de Aseo Capital, que opera en la ASE 3 (Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Santafé, Candelaria y Mártires) y la ASE 4 (Puente Aranda, Tunjuelito y Ciudad Bolívar).
Los integrantes del clan Ríos Velilla fueron socios de la familia Nule (Grupo Nule) en polémicos negocios investigados hoy por las autoridades, como las compras de las empresas Enertolima y Enerpereira.
Cabe recordar en este sentido, que el 25 de junio del 2010 salieron a la luz pruebas que evidenciaban la negociación de multimillonarias comisiones por parte del ex congresista Germán Olano al empresario Miguel Nule Velilla, cuya empresa manejaba gran parte de los contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en Bogotá. La principal obra que se vio directamente afectada por dichas negociaciones irregulares fue la construcción de la tercera fase del sistema de transporte publico TransMilenio, la cual llegó a tener casi dos años de retraso.
En el tiempo inmediatamente posterior, distintas instituciones jurisdiccionales iniciaron investigaciones que se acrecentaron a tal punto que varios políticos, empresarios, dirigentes del Instituto de Desarrollo Urbano y hasta al entonces Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, se vieron involucrados. El Estado llegó a presentar un detrimento patrimonial cercano al billón de pesos colombianos (unos 521 millones de dólares).
En abril del 2013, una investigación periodística descubría la participación de los Ríos Velilla en la sociedad anónima Land Developer Investment Inc, con sede en el paraíso fiscal de Panamá, la cual se beneficia de un porcentaje del pago de los usuarios bogotanos del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).
Esa concesión, ideada en 2011 durante la gestión de Samuel Moreno y con una duración de 16 años, ha sido la más grande que se ha adjudicado en Colombia. Periodistas del diario El Tiempo documentaron en Bogotá, Cartagena, Panamá y Santiago de Chile la presencia en la sombra de miembros de la familia Ríos Velilla en la firma recaudadora de los pasajes del SITP, así como la conexión panameña.
El presidente de Land Developer es el empresario Danny David Cohen Mubrabi, quien fue inhabilitado y excluido por “falta de honestidad” para participar en contratos con la Autoridad del Canal de Panamá -según un edicto del 25 de enero de 2012-. Cohen Mugrabi también es miembro de la junta directiva de la compañía colombiana Megaterra SA, creada en el 2010 y dedicada a proyectos de inversión, junto con los hermanos Joseph y Daniel Mildenberg Mizrachi. Dichos hermanos forman parte de la Corporación Karibana Beach Golf & Marina Club Cartagena de Indias, donde están asociados a su vez con los hermanos Javier y Alberto Ríos, quienes controlan Aseo Capital. Estas triangulaciones de empresas se complejizan, apareciendo implicación a su vez con la empresa Inversiones Alsacia SA, compañía que presta servicios de transporte público en Santiago de Chile, y tiene entre sus accionistas otros miembros de la familia Ríos Velilla. El balance de Inversiones Alsacia SA del 2011 se señala que Global Public Services SA tiene el 99,98% de sus acciones, siendo este grupo controlado por los Ríos Velilla.
Más allá de sus ingenierías financieras, en lo que respecta al sistema de recogida de basuras en la ciudad de Bogotá, ambos empresarios se mantuvieron por más tiempo de lo que les daba la concesión inicial, operando en el esquema de “libre competencia” con unas tarifas 20% más altas de lo establecido por la regulación vigente.
Un problema heredado
La alcaldía de Gustavo Petro heredó este problema derivado de gestiones anteriores. El 30 de julio del 2012 presenta a la CRA un estudio previo a la licitación, en el que solicitaba la creación de 12 áreas de servicio exclusivo (división de la ciudad en áreas que pretende evitar que las empresas entren a competir por la basura en los barrios más ricos y zonas industriales donde se produce la basura más reutilizable, lo que genera que no se recoja en los barrios más pobres, buscando asegurar un servicio eficiente), el doble de las que existían.
Según Alejandro Gualy, director de la CRA, no se validó el estudio por considerar que “no había un modelo financiero que estableciera por qué 12 áreas de servicio exclusivo eran sostenibles, no se incluían a los recicladores y aunque decían que no se llevarían escombros a Doña Juana no se explicaba qué iban a hacer con ellos”.
Desde entonces, la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional, quedaron enfrentados por las discrepancias en el modelo que regirá para la recolección de basuras en la capital del país. Enfrascados en un conflicto que “olía mal”, más allá de las 7.700 toneladas de residuos diarios que produce Bogotá.
En estas circunstancias, Gustavo Petro echó toda la “carne en el asador”. Con un planteamiento claro que tenía que ver con su compromiso de campaña, apostó por un esquema en el que ese servicio en manos privadas pasara al control de lo público a través de EAAB, la cual se convertiría a partir del 18 de diciembre de 2012 en el único operador y por extensión Aguas de Bogota.
El complot de la derecha y el rol de Alejandro Ordoñez
Con las espadas cruzadas en señal de duelo, Petro resolvió las concesiones a favor de la empresa municipal, cortando de raíz una de las fuentes de financiamiento más importantes para algunos personajes y empresas muy vinculados a los poderes fácticos del país y a su gobierno.
La pieza principal de la oposición conservadora para hacerle jaque al “rey” Petro (el rey simboliza la cabeza del ejército en el juego de ajedrez) fue un peligroso alfil (pieza que representa al obispo, recordándonos aquel medioevo de intrigas palaciegas donde algunos se especializaron en asesinar a traición a sus rivales): Alejandro Ordoñez Maldonado, un abogado vinculado al Partido Conservador que hoy ostenta en cargo de Procurador General de la República de Colombia (recientemente reelegido para el período 2013-2017).
Esta soez reencarnación de Torquemada goza en su currículum de un extenso historial como guerrero templario, entre los que destacan episodios como la quema de libros de autores como Thomas Mann, Rousseau, Marcel Proust o Víctor Hugo entre otros, cuando era estudiante en el Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga; así como de haber demandado al director de la revista SoHo por la representación gráfica de “La última cena”, con figuras de la política, cultura y el periodismo.
Este miembro de la Orden de la Legitimidad Proscrita -clan religioso que se integra dentro del ala más radical de la iglesia católica-, fue el encargado de propinar el golpe de gracia al Alcalde de Bogotá. Ante la imposibilidad de derrotarlo políticamente, el acoso y derribo se realiza desde las burocracias. Para ello, el procurador presentó en rueda de prensa diversos motivos por los que impuso a Gustavo Petro la destitución de su cargo y su inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos.
Según Ordoñez, el primero de ellos hace referencia a la improvisación. La Procuraduría determinó que el burgomaestre bogotano, "de manera libre, consciente y voluntaria ordenó asignarle la prestación el servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad". Esto dio como resultado "la grave emergencia que afrontó la ciudad para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012". A esto añadió que la improvisación con la que actuó el gobierno distrital, significó la compra y alquiler de compactadores que generaron detrimento al Patrimonio, habiendo que contratar nuevamente a operadores privados.
También acusó a Petro de implementar un nuevo modelo para el aseo de la ciudad que está fuera de la ley, vulnerando “los principios de la libre empresa y competencia”.
La tercera causa esgrimida fue que el alcalde actuó de forma consciente y voluntaria, sabiendo que sus medidas eran irregulares y contradiciendo las advertencias de entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Contraloría Distrital y el Ministerio del Medio Ambiente.
También acusó a Petro de implementar un nuevo modelo para el aseo de la ciudad que está fuera de la ley, vulnerando “los principios de la libre empresa y competencia”.
La tercera causa esgrimida fue que el alcalde actuó de forma consciente y voluntaria, sabiendo que sus medidas eran irregulares y contradiciendo las advertencias de entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Contraloría Distrital y el Ministerio del Medio Ambiente.
Referenció que para cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional, respecto a hacer partícipes a los recicladores en el modelo de aseo de la ciudad, no era necesario asignar el servicio de recolección de basuras a empresas municipales.
Y por último, Ordóñez aseguró que Petro cometió una falta disciplinaria “cuando autorizó la prestación de servicio de aseo con volquetas, una de las causas por las cuales el 18, 19 y 20 de diciembre se dejaron de recoger entre 6 mil y 9 mil toneladas de basura".
En resumen, según Alejandro Ordoñez, el alcalde Gustavo Petro había provocado “la crisis y el caos en diciembre de 2012, la incorrecta prestación del servicio de aseo por volquetas hasta junio de 2013 y el riesgo actual de que los compactadores estén a punto de perderse". Para este alto funcionario, se vulneraron el principio de “lealtad de empresa” y se puso en riesgo la salud de los bogotanos.
Perspectivas de futuro
La resolución de la Procuraduría General de la República es de primera instancia, con lo cual queda por resolver un recurso de reposición que ha de presentarse ante este mismo funcionario el próximo 30 de diciembre. Aunque visto la posición de la piezas sobre el tablero, es difícil pensar que Ordoñez recapacite sobre su arbitraria, desmedida y coordinada determinación.
Por su parte, la destitución e inhabilitación de Gustavo Petro será analizada por Naciones Unidas por ser un tema relacionado con los derechos humanos de una persona elegida por voto popular para ocupar una dignidad seccional. Así lo advirtió Todd Howland, delegado de la ONU, quien se pronunció sobre el tema durante la entrega de un informe relacionado con derechos humanos. Según el funcionario de este organismo multilateral, los representantes de NNUU esperan poder hablar directamente con Ordóñez, lo cual presupone que habrá presión internacional para que el procurador recule respecto a su condena.
En paralelo, los pronunciamientos de indignación y preocupación comienzan a manifestarse en diferentes países de la región, lo que significa un claro cuestionamiento del régimen democrático colombiano con su correspondiente factura al presidente Santos. Queda por ver hasta donde llega la presión internacional.
Otra de las cosas que esta por ver, y sin duda la más importante, es la capacidad de movilización sostenida de la que dispone el alcalde de Bogotá. Petro debe vencer el hándicap de que esta acción se haya ejecutado durante el mes de diciembre. Que la resolución del procurador se haya dado a puertas del feriado navideño no es una casualidad, y en las mediciones estratégico-políticas del conservadurismo colombiano, sin duda está contemplado la inacción que se genera entre la ciudadanía llegado este período del calendario.
Por último, queda por ver la afectación de esta resolución en el ámbito de las negociaciones de paz entre el gobierno y la insurgencia. En un comunicado emitido por la delegación de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el día siguiente a la destitución, se señala: "Ayer, de un solo plumazo, Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia y sobre las nulas garantías para un ejercicio político independiente”.
Los negociadores insurgentes llamaron a la sociedad colombiana a "respaldar todas las acciones de repudio" contra el procurador Ordóñez, al que calificaron de "arbitrario", "ultramontano" y dueño de un "poder omnímodo", entre otros calificativos.
"Lo que le quieren cobrar al alcalde Petro es la defensa que ha hecho de lo público, por eso, el momento es de lucha por la auténtica democracia, de lucha unitaria y frontal contra el fascismo y la reacción", indicaban las FARC en su declaración.
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