sábado, 24 de marzo de 2012

22-M: Una marcha revolucionaria versus una contramarcha contrarevolucionaria

Por Decio Machado

La Marcha de los movimientos sociales y la Contramarcha del oficialismo se dieron cita de poder a poder el pasado 22 de marzo en la ciudad de Quito.

La historia reciente de este acontecimiento comienza el pasado 15 de enero del presente año. Unas 2000 personas movilizadas desde diversas partes del país, representantes de diversas organizaciones sociales y políticas, acordaban en Yanzatza, realizar la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos. Su punto de partida sería el cantón El Pargui en Zamora Chinchipe, zona que será afectada por la explotación de la minería a cielo abierto. Su partida estaba prevista para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El arranque de la marcha se dio tres días después de la firma del contrato minero Proyecto Mirador entre el gobierno y la transnacional ECSA (Ecuacorriente SA)[1]de propiedad china.

Más de setecientos kilómetros recorrió la marcha, atravesando parroquias y capitales provinciales donde recibió distintas muestras de solidaridad e incorporaciones a la movilización. Junto a la CONAIE se movilizaron desde El Pangui representantes de la ECUARUNARI – Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, del Frente Popular (UNE, FEUE, FESE, CUBE, CUCOMITAE, UGTE, CONFEMEC, UNAPE, JRE y UCAE) y de la Asamblea de los Pueblos del Sur.
El 21 de marzo la marcha llegaba al sur de Quito. Unos 2.500 marchantes dormían en Guamaní[2], estando la mayoría de ellos enfermos y muy cansados. Habían combinado durante 14 días tramos en vehículos con largas caminatas, durmiendo en pabellones deportivos, colegios y espacios públicos.

A la mañana siguiente, el 22-M, partían desde el sur del sur de Quito hacia el centro de la capital. Seis horas más de marcha. En esta ocasión, marcharon acompañados por miles de manifestantes que se juntaban en distintos tramos del recorrido para participar en la movilización indígena y popular.
Liderando la marcha se encontraba la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) con su presidente Humberto Cholango a la cabeza. A su lado, otros dirigentes indígenas pertenecientes a las diversos pueblos y nacionalidades del Ecuador, entre ellos el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, y otros tantos dirigentes sociales provenientes de barrios, sindicatos, organizaciones de mujeres, estudiantes y organizaciones ambientalistas. Detrás, desfilaban líderes y militantes de las diversas organizaciones políticas de izquierda, que conforman la Coordinadora Plurinacional[3].

Las banderas rojas se combinaban con el multicolor indígena, estandartes con el rostro del Che con pancartas contra la megamineria. De igual manera, organizaciones de mujeres caminaban junto a jóvenes estudiantes, partidos políticos al lado de organizaciones profesionales, o sectores libertarios se movilizaban conjuntamente a organizaciones de corte marxistas y sindicatos obreros. Las imágenes de la marcha, reproducida por múltiples medios de comunicación ecuatorianos y extranjeros, dieron muestra de la variopinta amalgama de organizaciones sociales que las conformaron.

Por otro lado, las movilizaciones oficialistas concebidas como contramarchas contra una supuesta movilización desestabilizadora al gobierno, se congregaron en cuatro espacios físicos diferentes: Plaza de San Francisco, Plaza de la Independencia, Plaza Sto. Domingo y parque El Arbolito. Las posiciones habían sido tomadas incluso días antes con grupos militantes de Alianza PAIS y algunas organizaciones afines.

El presidente Correa visitó los cuatro lugares en el transcurso de la jornada, propiciando mítines y arengas a sus simpatizantes en los diversos espacios, que fueron confluyendo sucesivamente en los entornos del Palacio presidencial de Carondelet.
El discurso presidencial se articuló en base a los siguientes puntos: la marcha de los movimientos sociales tiene un carácter desestabilizador y esta fomentada por golpistas, existe una alianza entre la izquierda y la derecha para derrocar al gobierno, tiene un fin electoral y el resultado de la movilización social resultó un fracaso.

El mandatario ecuatoriano volvió a utilizar la retórica empleada durante la campaña de la Consulta/Referéndum Popular del pasado 7 de mayo, planteando nuevamente el “confíen en mí”, a la par que indicaba que este es el gobierno que ha defendido entre otras cosas el agua en el Ecuador.

Según los cálculos realizados por diversos observadores y profesionales de los medios se estima que la contramarcha oficialista congregó un número más o menos similar a los movilizados por los movimientos sociales, incluso hay quienes calculan que fue inferior, a pesar de las declaraciones del presidente Correa que hacía alusión a un supuesto “10 a 1” a favor del gobierno o los datos emitidos por la ministra de la Política, Betty Tola, donde se habla de 60.000 partidarios del correísmo. Sin duda, las expectativas oficialistas fallaron de largo aunque en su discurso este hecho no quiso reconocerse.
Sin embargo, más allá del empate técnico en la cuestión numérica, las diferencias entre ambas movilizaciones fueron notables en diversos aspectos:

- En primer lugar la movilización social duró 15 días, es decir, desde que salió de El Pangui hasta su llegada a Quito. El oficialismo movilizó –en buses pagados por el Estado- el día del inicio de la marcha en Quito y el día de su llegada también en Quito. La estrategia de generar contramarchas en cada una de las diferentes localidades por las que avanzó la marcha tuvo que ser abandonada debido a la escasez de asistentes y la notable desigualdad numérica entre las convocatorias gubernamentales y las muestras de simpatía y solidaridad que se dieron localidad tras localidad por la que atravesó el recorrido de la marcha. El oficialismo desorientado fue cambiando de estrategia varias veces durante la caminata.

- Mientras la movilización de las organizaciones sociales sufrió varios obstáculos para su realización (negación de los salvoconductos oficiales para circular los buses, controles policiales, infiltración de miembros de la fuerza pública, boicots de autoridades locales afines al gobierno y una fuerte propaganda de desprestigio por parte de los medios públicos o controlados por el gobierno); la oficialista contó con todas las bondades que permiten ser auspiciadas por el Estado.

- Los participantes de una y otra movilización eran claramente diferentes. Mientras el oficialismo movilizaba voluntariamente o no, a funcionarios públicos, juntas parroquiales y organizaciones dependientes del Ministerio Coordinador de la Política, sobre todo provenientes de fuera de Quito; la Marcha por la Vida se nutría de indígenas, sectores sociales y sindicatos que han ido rompiendo vínculos con el correísmo.

- Por último, mientras las marchas de los movimientos sociales mostraban iniciativa política, las contramarchas oficialistas fueron claramente reactivas. A esto hay que añadir el enorme error estratégico por parte del Gobierno, el cual se encerró en el centro de Quito (casco histórico de la ciudad), mientras que la movilización social recorrió barrios populares del sur y centro de la capital, ganándose la simpatía de gran parte de la población. Miles de vecinos aplaudían la movilización social a su paso, entregando fruta, agua e incluso chicha a los movilizados.

En resumen, si ambas movilizaciones se miden desde las enormes diferencias respecto a los medios existentes entre poder y contrapoder, se podría sentenciar que los resultados del oficialismo fueron un rotundo fracaso dada la desigualdad entre los contradictores.

La Marcha por la Vida había ganado la disputa con el gobierno días antes de llegar a Quito

Si bien las reivindicaciones sociales suman 19 puntos, los cuales incluyen temas tan diversos como la oposición a la ampliación de la frontera petrolera, incluyendo la defensa del ITT, la exigencia de reforma agraria, el respeto a los derechos laborales, el rechazo a la firma de acuerdos de libre comercio, el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, o el cuestionamiento a la criminalización social entre otros; el elemento que originó la movilización social fue la defensa del agua y el cuestionamiento a la megaminería.

Las movilizaciones sociales, que se reprodujeron durante el recorrido de la Marcha en diversos puntos del país, hicieron de la cuestión del agua y su afectación por la minería a gran escala un debate social que tomó envergadura nacional desde antes que la movilización llegara a Quito. Recordemos que un grupo de mujeres activistas fue violentamente desalojada y encarcelada por entrar a la Embajada china a entregar una carta en contra de la megaminería el día 8 de marzo. La posición autoritaria del presidente Correa, convertido en el mayor defensor de la megaminería y sin apertura al dialogo con los futuros damnificados, facilitó esta circunstancia.

En Ecuador no es necesaria la propaganda que habitualmente desarrollan las grandes transnacionales mineras en los países donde operan, es el presidente de la República quien personalmente se ha erigido en el principal portavoz de las bondades que ofrecen las grandes multinacionales extractivas (petroleras y mineras fundamentalmente) de capital extranjero.

El hecho de que una movilización de estas características generase las simpatías nacionales que se dieron durante los diferentes días de caminata previa la llegada a Quito, todo ello frente al hobbeliano aparato de comunicación estatal que día tras día cargaba contra una marcha supuestamente golpista y financiada por la ultra-derecha y un presidente de la República que insultaba a los marchantes referenciándolos como unos cuantos con “plumas y ponchos”, funcionó como un boomerang contra el discurso oficial. La ciudadanía ecuatoriana mostró su simpatía por los más débiles, rechazando en gran medida la retórica presidencial y reclamando el derecho a la protesta y la resistencia[4].

Dicha situación se evidenció en la movilización que tuvo lugar en Cuenca el 10 de marzo, cuando aproximadamente 30.000 manifestantes se movilizaron por la defensa del agua y mostraron sus simpatías con la Marcha por la Vida. Las contramarchas del oficialismo con miembros del ejecutivo desplazados al territorio, en dicha ciudad, otrora bastión del correísmo, no superaban los 2.000 asistentes. Ese mismo día llegaba la Marcha a la localidad de Saraguro, al sur.

Ante esta circunstancia, el gobierno desplegó una gran campaña en todo el territorio nacional, cuya estrategia consistía en que más allá de promocionar las obras locales y otros logros del correísmo, se intentó visibilizar un supuesto apoyo indígena al gobierno y en especial al primer mandatario. Para ello se acentuaron las alianzas que desde el Ministerio Coordinador de la Política ya se venían trazando con dirigentes altamente cuestionados en el mundo indígena, entre los que destacan casos como Miguel Lluco[5] en Chimborazo o Antonio Vargas[6] en Pastaza. Este tipo de maniobras generó un mayor rechazo en gran parte de comunidades y organizaciones indígenas.
Dos días antes de las movilizaciones en Quito las organizaciones de la Red Agraria (no alineada a la CONAIE) y que podrían ser definidas como la base indígena y campesina del correísmo, presentaban en la Asamblea Nacional 41.000 firmas respaldando su propuesta de Ley de Tierras[7]. Allá expresaron su decepción con el gobierno y lo que el oficialismo llama “revolución agraria”. El 22 de marzo, aunque de bajo perfil, Luis Andrango presidente de la FENOCIN[8] participaba en la marcha de los movimientos sociales en Quito.

Por último, cabe destacar que según la marcha llegaba a Quito el gobierno se veía forzado a hacer consecutivas concesiones en el campo de la política laboral y económica: subida de salarios retroactiva a maestros, de igual manera con el Ejército, paralización de la medida ya acortada de aumento de un 25% en los pasajes de viajes interprovinciales, entre otras.
La marcha ya antes de llegar a Quito era una victoria social.

Escenarios y reflexiones de cara al futuro

El debilitamiento del gobierno se plasma día a día. Ya no son creíbles para gran parte del país las encuestas contratadas por el Ejecutivo donde le dan el 80% de apoyo al presidente Correa. El hecho de que en la mañana del 23 de marzo el presidente Correa ocupara una hora completa de programación televisiva en Gamanoticias (canal gubernamental) de la mano de un mediocre periodista[9] hoy al servicio del régimen y con anterioridad funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez, es una prueba más de que el oficialismo no salió triunfante el 22 de marzo. El presidente Correa, al igual que el resto de sus ministros, que ocuparon espacios mediáticos en la mañana del 23-M, mantuvieron torpemente la tesis de que la movilización social había sido un fracaso y su asistencia “paupérrima”.

Lamentablemente para el discurso oficial, las imágenes televisivas y el hecho de que gran parte de la población de Quito fuera testigo de la movilización hacen insostenible el argumento gubernamental.

Por su parte, las organizaciones sociales y partidos de la izquierda retoman la iniciativa política, la cual habían perdido incluso antes de la llegada de Rafael Correa al despacho presidencial. Además, han dejado, al menos coyunturalmente, fuera del tablero político a la derecha, la cual por todos los medios intentó involucrarse en la marcha y no fue aceptada en ningún momento por sus convocantes.

Asambleístas conservadores como César Montufar y organizaciones políticas como el Partido Sociedad Patriótica intentaron en reiteradas ocasiones implicarse en la movilización, cosa que la CONAIE y el resto de organizaciones involucradas nunca lo permitió. Durante los quince días de movilización la única acción política implementada desde los partidos políticos conservadores fue instalar un patético monumento en memoria del ex presidente León Febres Cordero[10].

El conflicto político en este momento se define en el ámbito de la izquierda social y política del Ecuador. Por un lado una caricatura de “revolución” auspiciada por un gobierno de perfil socialdemócrata con muchísimas contradicciones en su política económica, laboral e internacional; frente a una oposición a su izquierda que comienza a mostrar capacidad de movilización, agenda común y principios de entendimiento.

El presidente Correa le quedan dos caminos que tomar. Debe optar por girar a la izquierda y demostrar mayor capacidad de consenso con las comunidades afectadas por su política extractivista y neodesarrollista, a la par que con movimientos sociales y las organizaciones a su izquierda; o terminar de dar el giro conservador cada vez más evidente en el cotidiano del ejecutivo, consolidando y estableciendo nuevas alianzas con sectores empresariales y organizaciones políticas a su derecha.
El desgaste gubernamental, agudizado por un fuerte desprestigio internacional tras la sentencia contra el diario El Universo, sumado al caso de la “narcovalija” que ruboriza de igual manera al interior como al exterior del país, así como el descontento popular por la subida de los precios en productos básicos, mientras sectores empresariales rinden beneficios insólitos en un momento de crisis internacional, no permite demasiado margen de maniobra a un gobierno que está a 10 meses de una nueva contienda electoral.

En Ecuador, 62 grupos económicos concentran el 41% del PIB del país; la riqueza no petrolera se queda en manos de importadores, intermediarios financieros y sector comercial; las utilidades de los grupos económicos del país creció entre 2006-2009 un 54% más que en el periodo inmediatamente anterior (previo a la llegada de Correa a la presidencia) y la banca ganó solo en el pasado año un 51% más con respecto al anterior.
En el caso del mundo indígena, principal protagonista de la marcha del 22 de marzo, el Índice de Pobreza por Ingresos se cuantifica en 59,4 % al cierre del ejercicio 2011 y la tasa de analfabetismo en el 20,4 % (datos INEC, Censo de población, 2010).

Respecto a la tenencia de las tierras, el Ecuador tiene uno de los índices más altos de inequidad en el acceso a la tierra, el índice Gini[11] sobre la tierra es de 0.81, y la acción gubernamental ha sido prácticamente nula durante estos algo más de cinco años de gobierno correísta; es más, Correa se ha pronunciado una y otra vez en contra de la reforma agraria. La condición de inequidad es tan aguda que el 50% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) están por debajo de una extensión que no permite reproducción plena de los campesinos y campesinas[12].

La tendencia monopolizadora del agua en el agro también es notoria. La población campesina, sobre todo indígena, con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, este grupo apenas tiene el 22% de la superficie regada y accede apenas al 13% del caudal. De esta manera los grandes consumidores, que no representan el 1% de unidades productivas, concentran el 67% del caudal de agua para riego. Hasta ahora el gobierno de Correa no ha dado señales de querer revertir esta situación y cumplir con el mandato constitucional que en su artículo 312 dice claramente que “se prohíbe toda forma de privatización del agua”. Y no solo eso, luego de aprobada la Constitución, el gobierno amplió el plazo de la concesión de agua a la empresa privada Interagua, en la ciudad de Guayaquil.

Volviendo a los escenarios posibles, si bien primero de ellos es el deseado por las organizaciones sociales convocantes de la marcha, la aptitud gubernamental aparece como muy alejada de esa posibilidad, negándose el diálogo con las organizaciones sociales en lucha y los partidos políticos a la izquierda del régimen. Sin embargo, respecto al segundo escenario, ya aparecen elementos que han de ser valorados de manera adecuada: la amnistía a Alberto Dahik[13], la cual fue propugnada personalmente por el propio presidente Correa, tal como sucedió con el expresidente Gustavo Noboa Bejarano[14] durante la Asamblea Constituyente; la incorporación a Alianza PAIS de autoridades locales provenientes de la partidocracia conservadora; la cada vez más probable firma de un TLC con la UE, que propiciará alguna dimisión notable en el aparato de la Cancillería ecuatoriana; así como algunos hechos sorprendentes en el estricto escenario electoral que podrían responder a acciones tácticas gubernamentales.

Respecto a lo último son destacables dos circunstancias novedosas. Por un lado, el banquero Guillermo Lasso, líder del Movimiento CREO, a quien se le consideraba como un potencial candidato opositor de la derecha en la contienda electoral contra el gobierno, ha bajado prácticamente a cero su aparición pública mientras su entidad bancaria, el Banco de Guayaquil, con el Banco del Barrio; este banco sigue siendo una de las herramientas fundamentales para la distribución del Bono al Desarrollo Humano y otras subvenciones dadas por el Estado a sectores populares. Por otro lado la fusión de Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano, quienes han manifestado hace apenas unos días su voluntad de presentar un candidato presidencial propio, ignorando la posibilidad de unificar una candidatura común entre las organizaciones del conservadurismo ecuatoriano.

Los movimientos que se han podido visibilizar por parte del gobierno están consistiendo en censurar a las organizaciones convocantes de la marcha o los partidos y autoridades locales que de una u otra forma la han apoyado. Este es el caso de la retórica sumamente agresiva utilizada por el presidente Correa contra el Movimiento Popular Democrático (MPD), organización de perfil marxista leninista que apoyó la movilización social, o las diferentes acciones emprendidas contra la Prefectura del Azuay, institución a la cual se le han eliminado varias competencias delegadas (se le niegan las licencias comerciales a la empresa de lácteos propiciada desde la prefectura o se le retiran las competencias ambientales y viales entre otras acciones de carácter punitivo).

En estas condiciones, queda en manos de las organizaciones sociales y políticas de la izquierda la responsabilidad de generar una agenda común de mínimos que tenga como punto de partida el mandato plurinacional de los 19 puntos reivindicados por la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, que se sustenta en los principios constitucionales de Montecristi. Es desde esa plataforma reivindicativa y la coherencia política, el lugar del cual debe articularse una coordinación de luchas comunes, abierta a nuevas incorporaciones, en donde los protagonismos y ambiciones electorales queden en un segundo plano.

No hay duda, el 22-M marcha un nuevo tiempo político en Ecuador.-


[1]ECSA, propiedad de dos compañías chinas, iniciará operaciones en una gran mina a cielo abierto en la provincia de Zamora Chinchipe. Ecuacorriente es propiedad de China RailwayConstructionCorporation, la cuarta mayor constructora del mundo, y de TonglingNonferrousMetalsGroup Holding, la sexta mayor productora de cobre del planeta. Sus directivos ha hecho público que la mina “Mirador” tendrá dos kilómetros de diámetro y 800 metros de profundidad y de ella se extraerán 60.000 toneladas de material al día. La compañía exportará el concentrado de mineral, que en un 85% será de cobre y el resto de oro y plata. Con la firma del contrato entre el Estado y Ecuacorriente se abrió la puerta a la primera explotación minera a gran escala en la historia de Ecuador.

[2] Parroquia urbana ubicada en el sur del Distrito Metropolitano de Quito.

[3]La Coordinadora Plurinacional es un frente común conformado por organizaciones de perfil político a la izquierda del correísmo: Pachatukit, Movimiento Popular Democrático, Participación, la Corriente Revolucionaria Socialista del Partido Socialista y Montecristi Vive.

[4]La vigente Constitución de Montecristi reconoce en su artículo 98 el derecho a la resistencia de una manera amplia y generosa, abarcando a todos los derechos: los que están taxativamente puntualizados y los denominados derechos implícitos que derivan de la dignidad del ser humano.

[5]Lluco apareció como representante en el 2005 del fideicomiso Progreso Recapitalization Trust, donde el banquero Fernando Azpiazu puso las empresas eléctricas Emelec y Electroecuador. Azpiazu conoció la cárcel por defraudar al fisco.

[6] Vargas fue presidente de la CONAIE y ministro de Bienestar Social en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Antonio Vargas es considerado como uno de los responsables principales del pasado descalabro direccional de la CONAIE.

[7] El pasado 12 de octubre, organizaciones campesinas afines al Gobierno, junto con la Conferencia de Soberanía Alimentaria (Copisa), presentaron en la Asamblea un anteproyecto de Ley de Tierras, que limita su tenencia en manos privadas: 200 hectáreas en la Sierra y 500 en Costa y Amazonía. El argumento central es la injusta distribución de la tierra que existe en el país.

[8]FENOCIN es junto a la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, las dos organizaciones más importantes numéricamente de la Red Agraria.

[9]Carlos Ochoa fue asesor de la actual ministra de Desarrollo Social, Doris Soliz, cuando ejerció como ministra de Turismo en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Gran parte de profesionales de los medios ecuatorianos consideran que su responsabilidad actual como jefe de noticieros de Gamavisión responde a su relación con Doris Soliz y a los pactos políticos al interior del gobierno entre esta y los hermanos Alvarado. De hecho Ochoa era extremadamente crítico respecto a la candidatura de Correa durante las elecciones presidenciales del 2006, cuando ejercía como corresponsal en Cuenca de los “medios de comunicación corruptos”.

[10] La Comisión de la Verdad en Ecuador levantó 310 casos de violaciones de derechos humanos durante el gobierno del socialcristiano Febres Cordero.

[11] El coeficiente Gini es una medida de la desigualdad. Cuando el coeficiente se acerca a 1, implica una mayor desigualdad (1 = una persona tiene toda la tierra, los demás no tienen tierra).

[12]Atlas tenencia de la tierra en el Ecuador. SIPAE, 2011.

[13] Dahik fue vicepresediente en el gobiernod e Sixto Durán Ballén. Es considerado el padre del neoliberalismo ecuatoriano. Y estuvo prófugo por corrupto, por el mal uso de los fondos reservados del Estado.

[14] Noboa Bejarano fue responsable de uno de los manejos más dolosos de la deuda externa, duramente criticada por Correa cuando aún no era presidente de la república.

martes, 13 de marzo de 2012

Y el Che Guevara cayó detenido…

Por Decio Machado

Especial para Revista Vanguardia

El pasado 3 de marzo, un operativo conformado por efectivos de la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), procedían a la detención de diez personas que se encontraban reunidas en un domicilio ubicado en Luluncoto, al sur de Quito.

El ministro del Interior, José Serrano, declaraba al día siguiente que los detenidos son “dirigentes” de un grupo considerado subversivo, el Grupo de Combatientes Populares (GCP), los cuales planeaban “actos de violencia a partir del 8 de marzo”, fecha de comienzo de la marcha indígena y de movimientos sociales que concluiría en Quito el 22 de este mes.

Serrano aseveró que el objetivo de este grupo sería “tomarse el poder a través de las armas, pretendía atentar contra nuestra democracia” y que el operativo policial respondía a una investigación iniciada hacía más de cuatro meses.

Según declara Luís Alberto Merchán, un estudiante de 23 años detenido en el operativo, “llevábamos tres horas reunidos debatiendo sobre la situación política del país, somos gente vinculadas a redes sociales, dirigentes estudiantiles y profesiones. A las 16 horas, unos veinte efectivos del GIR, diez de la ULCO y otros diez de la Fiscalía, irrumpieron en el departamento, echando la puerta abajo y encañonándonos con armamento sofisticado, nos botaron al suelo y nos esposaron”.

Corroborando dicha declaración, César Enrique Zambrano, otro joven de 18 años, nos indica, “entraron en el apartamento a las 16 horas y tras tenernos tumbados en el suelo durante horas nos separaron en dos habitaciones distintas a hombres y mujeres. Hasta aproximadamente las 22,30 horas de la noche no se nos leyó nuestros derechos ni nos dejaron llamar a nuestros familiares y abogados”. Los detenidos declaran que nunca les fue mostrada ninguna orden de allanamiento, y que durante seis horas y media estuvieron retenidos en la vivienda sin mayor explicación, con lo cual desconocen que tipo de manipulación pudieran haber realizado los miembros del operativo policial sobre sus computadoras o memorias flash incautadas.

Así lo confirma Ivette Estupiñan, esposa del detenido Javier Estupiñan: “Eran las once de la noche del sábado cuando recibí la llamada de mi esposo indicándome que había sido detenido, confusamente me decía que no entendía lo que pasaba pero que le estaban acusando de participar en acciones terroristas”. Ivette tiene una hija de cuatro años a la que le explica la ausencia su padre por estar de viaje fuera del país. Carmen Tapia, hermana de Fadua Elizabeth, otra joven de 18 años que fue detenida en el operativo no sale de su asombro. “Mi hermana es una joven estudiante muy solidaria, daba clases de inglés gratis a hijos de familias pobres. Pensar que una niña de esas características, embarazada de casi cuatro meses, estaba preparando acciones terroristas contra el Estado es inconcebible”. Fadua Elizabeth es la única detenida que no está recluida en Centros de Detención Provisional. En su caso y debido a su situación de embarazo se encuentra con arresto domiciliario, donde comparte vida con tres policías realizan de forma permanente la custodia, llegando incluso a dormir uno de ellos en la habitación de la acusada.

El domingo 4 de marzo, la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos debía haberse dado en las dependencias de la Policía Judicial (PJ), según señala el Ab. Marco Cadena, uno de los defensores de los acusados. “Fueron detenidos en el sur de Quito, ¿cómo se explica que la audiencia se realizará en el norte? Esto transgrede toda lógica judicial”. Cristhiam Royce Gómez, un odontólogo de 25 años nos narra como fue el proceso: “Estábamos en la PJ metidos en unas celdas frías y húmedas divididos en grupos de 2 y 3 personas. De repente nos sacaron de allí y nos montaron en un furgón, no entendíamos nada, esperábamos que la audiencia se diera en la PJ. Sin dejarnos comunicar con nuestros abogados y sin informales de nada, nos llevaron 30 minutos antes de la audiencia a la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Marianas (vía Carapungo). Nos quisieron imponer abogados de oficio, pero todos nos negamos. La audiencia fue una vergüenza, el juez estaba más preocupado de su celular que del caso, en un receso de 10 minutos previo a la decisión final, se encerró con la fiscal en un despacho”.

Cadena va más allá e indica: “Hubo violaciones constantes sobre el debido proceso; los jóvenes estuvieron casi siete horas incomunicados; no existe cadena de custodia sobre las computadoras y memorias electrónicas incautadas; pretendieron dejarles en indefensión en la audiencia, no se nos comunicó el traslado de los detenidos; les acusan de atentar contra la seguridad del Estado pero no especifican bajo que artículo; y hasta tenían preparada ya la lona con las fotos y los cargos contra los detenidos sin haber terminado la audiencia…”. En la audiencia realizada en Carapungo, la cual se realizó a puerta cerrada, se personó el viceministro del Interior Oscar Bonilla, un alto funcionario público que ni siquiera consiguió graduarse en la universidad. Por otro lado, “casualmente” el juez de turno en Carapungo era Juan Pablo Hernández Cárdenas, magistrado por el cual se originó la destitución del anterior titular del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos. También fue el juez que ordenó la destrucción de maquinaria minera que trabajaba en zonas de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, así como el responsable de dictaminar orden de prisión preventiva contra el policía Giovanny Chancusi, quien estuvo detenido seis meses acusado de tentativa de asesinato del presidente Correa. Tras aceptar el policía Jaime Paucar haber sido el real responsable de intentar retirar la mascara de gas del rostro del primer mandatario en los sucesos del 30-S, el propio presidente Correa se vio obligado a pedir disculpas públicas, y el magistrado Hernández afronta una demanda por daño moral interpuesta por el policía injustamente encarcelado.

La opinión generalizada entre abogados y familiares de los jóvenes detenidos es que son la “cabeza de turco” con la cual se pretende justificar políticas represivas que se llevaran a cabo por parte del gobierno contra toda disidencia que se manifieste en torno a la marcha que llegará a Quito el 22 de marzo.

En las puertas del penal García Moreno, el Ab. Cadenas es concluyente: “Si hoy este tipo de jueces con este tipo de gobierno tuviesen que juzgar a Eloy Alfaro, el viejo luchador otra vez sería condenado”.

El parte policial y el informe al fiscal señala que las evidencias encontradas correspondía a: varios pen drives, computadoras portáles, un billete de 20 dólares, otro de 5 dólares, tres monedas de: 50 centavos y dos de 25 centavos. La Policía menciona documentos subversivos no especifica de contenidos, un cuaderno de tapa dura, manual de lucha de guerrillera… Solo faltó encontrar el Manuel de la Guerra de Guerrillas, del subversivo argentino, Ernesto Che Guevara.

domingo, 11 de marzo de 2012

Gota a gota se va conformando un torrente

Por Decio Machado

En Quito, el pasado 5 de marzo, se firmó el contrato para la explotación del Proyecto Mirador entre el gobierno ecuatoriano y ECSA (Ecuacorriente SA) de propiedad del consorcio chino CRCC-Tongguan[1].

Tan ansiado y glorioso día para el gobierno ecuatoriano fue retransmitido en señal abierta de satélite, mientras el presidente Correa aseguraba ante los medios de comunicación que este contrato era un hito histórico para América Latina dado que según sus cuentas, al Ecuador le quedaba un 52% de participación de la renta minera, mientras que Argentina o Perú apenas tienen el 35 y el 33% respectivamente.

Este “evento histórico” para la revolución ciudadana había sido empañado horas antes por ocho mujeres pertenecientes a diversos movimientos sociales que habían ocupado pacíficamente la embajada de China. La reacción gubernamental era previsible, y las ocho activistas fueron golpeadas y llevadas a la Policía Judicial.

¿Qué es el Proyecto Mirador?

El proyecto Mirador es un yacimiento minero que se ubica en la Cordillera del Cóndor, en la frontera con Perú. La zona es una de las más ricas en biodiversidad del Ecuador, y entre otros hallazgos, se registran 2.030 especies de plantas, 142 de mamíferos, 613 de aves, 9 de reptiles y 56 especies de sapos y ranas[2].

Mirador, uno de los cinco proyectos metálicos “estratégicos” identificados por el gobierno de Correa, recibirá una inversión de 1.830 millones de dólares en desarrollo de la mina y 6.910 millones de dólares en gastos operativos.

La explotación de sus minerales se hará extrayendo la roca a cielo abierto, generando un boquete cuya profundidad será al menos de 250 metros y su diámetro de 1,2 kilómetros, según datos de la misma empresa. Se prevé la extracción de 54.000 toneladas por día de roca, lo que generará un desecho cuantificado en al menos 326 millones de toneladas[3].

La minería industrial moderna no es otra cosa que extraer del subsuelo enormes cantidades de roca, las cuales contienen arsénico, azufre, cadmio, cromo y plomo, entre otros elementos químicos. La generación de ácido ocurre cuando la roca descartada y las colas contienen estos metales que quedan expuestos al agua y al oxígeno. El resultado no es otro que agua tóxica y contaminada, cual causará los daños más serios dentro del abanico de irresponsabilidades ambientales de la industria minera. La condición del Ecuador como país de pluviografía abundante y creciente por efecto del cambio climático, incrementara aun más estos impactos[4].

Cuando el discurso oficial de la transnacionales mineras dice que la tecnología actual les permite desarrollar sus actividades extractivas sin la utilización de productos tóxicos (cianuro y mercurio), discurso oficialmente incorporado por el Estado ecuatoriano, ignora intencionadamente que el principal impacto de la mega minería es el drenaje ácido de mina, el cual produce una contaminación que puede perdurar durante miles de años.

Una visión retrospectiva

Durante el primer año de gobierno de Correa el oficialismo combinó contenidos ambientalistas con una praxis contradictoria. En varias ocasiones el presidente Correa prometió que no daría paso a la explotación de recursos en ecosistemas sensibles y en caso de que no hubiera acuerdo con las comunidades locales, se planteó como mecanismo de resolución la consulta previa.

A la par que se caminaba en los primeros meses de gobierno los conflictos ambientales iban cobrando cada vez mayor importancia. Esta situación desembocó en el operativo represivo militar que se dio en Dayuma (provincia de Orellana) un día después de instaurarse la Asamblea Constituyente. Tras la humillación de la población local por efectivos militares, se encarceló a la prefecta de la provincia, Guadalupe Llori, la cual una vez liberada revalidó en las urnas su mandato con el apoyo popular de su pueblo.

La Asamblea Constituyente buscó regular la actividad minera bajo nuevos mecanismos jurídicos y de control, para lo cual se estableció el mandato minero. Mientras los indígenas criticaban la minería a gran escala, demandando el fortalecimiento de los mecanismos de consulta previa comprometidos por el gobierno, la mesa de recursos naturales bajo presión gubernamental eliminaba el carácter vinculante de dicha consulta[5].

En noviembre de 2008 la Ley de Minería es presentada en la Comisión Legislativa, mientras la CONAIE asumía el liderazgo de la movilización anti minera en el país. La minería se convertía así en uno de los ejes fundamentales de la agenda política ecuatoriana.

La presión gubernamental hizo que la Comisión de Legislación, compuesta por asambleístas carentes de capacidad de crítica, aprobase la nueva Ley de Minería. Mientras las protestas sociales se multiplicaban, de forma paralela el aparato de propaganda gubernamental ponía su punto de mira sobre el movimiento indígena. A partir de entonces se acuñan las estrategias de desprestigio sobre sus dirigentes: se les llama “ponchos dorados” y se empiezan a fraguar las primeras acusaciones de que están al servicio de intereses extranjeros.

A mediados de marzo de 2009 la CONAIE presenta una demanda de inconstitucionalidad a la Ley, demanda que como era de prever fue rechazada por una Corte Constitucional muy cuestionada por sus vinculaciones al aparato oficialista.

Inmediatamente después aparecía otro elemento de tensión entre indígenas y el gobierno de Correa: la nueva Ley de Uso de Recursos Hídricos, popularmente conocida como la Ley de Aguas.

En esta ocasión y ya escarmentados por las circunstancias anteriores, el movimiento indígena denunció desde el primer momento varias argucias jurídicas que se encontraban en la Ley, a la par que la cuestionaba por no estar acorde con el principio constitucional que prohíbe la privatización del agua. Además dicha Ley abría la posibilidad de que se modificase el orden de prioridad para el uso del agua en base al interés nacional, con lo apuntaba a que las actividades extractivas se sobrepusiesen sobre las prioridades de las comunidades.

La cerrazón gubernamental provocó que en septiembre del 2009 la CONAIE convocaba un levantamiento a nivel nacional. La movilización paralizó la iniciativa gubernamental, era la primera vez que el presidente Correa tenía que rectificar desde su poltrona presidencial, aunque tuvo como costo el fallecimiento del Bosco Wizuma cuando se movilizaba contra la iniciativa gubernamental.

Prepotencia y consecuencias

Aunque fueron anteriores gobiernos neoliberales los que definieron un marco legal e institucional que permitiera la inversión extranjera en el sector minero, es el gobierno de Correa el primero que convierte a la mega minería en una actividad estratégica que marque impronta sobre el futuro modelo de desarrollo ecuatoriano.

El objetivo es claro, en la medida en que el Ecuador alcanza el pico de Hubbert[6] o cénit de su petróleo, la intencionalidad gubernamental es sustituir un extractivismo por otro.

Así se llega al momento actual: la firma del contrato entre ECSA y el Estado ecuatoriano con una fuerte oposición social, de manera especial en la zona afectada. En menos de sesenta días se firmará el contrato con Kinross para explotar el yacimiento Fruta del Norte, otra nueva fuente de conflictos que se avecina.

Más allá de la resistencia indígena y de los pobladores de la zona, el contrato de ECSA abrió muchas interrogantes entre la población ecuatoriana. Básicamente estas consisten en: ¿Por qué Ecuador, situado en el puesto 120 del Índice de Percepción de la Corrupción 2011 de Transparency Internaciotional[7] firma un contrato con la transnacional china sin aclarar las 17 irregularidades que la Contraloría ecuatoriana indica en la concesión?

Efectivamente el gobierno firmó el contrato para la explotación del proyecto Mirador sin resolver las 17 dudas que la Contraloría General tiene sobre la concesión. Los auditores de la Contraloría encontraron desde errores geográficos en la delimitación de la concesión hasta problemas administrativos que involucran a la extractiva y a los ministerios del Ambiente (MAE) y de Recursos no Renovables. Otras observaciones indican que 1.447 hectáreas del área concesionada están dentro del Bosque Protector Cordillera del Cóndor, sin embargo la empresa tiene a su favor un certificado emitido por el MAE donde se asegura que el proyecto Mirador “no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”.

Otro problema grave es la posible afectación a las fuentes y nacientes de agua: se identificaron 227 fuentes en la concesión. Según la Contraloría, la existencia de estas fuentes de agua es razón para que la concesión se extinguiese.

El 27 de julio de 2010, el MAE aprobaba la auditoría ambiental señalando algunas No Conformidades Menores al cumplimiento del plan de manejo ambiental. La Contraloría no las menciona, pero sí enumera ocho problemas que los técnicos del ministerio no detectaron. Entre ellos: “No se detalló de manera específica las especies existentes en el lugar ni se realizó un monitoreo de la flora y fauna del proyecto”. Tampoco se “realizó el control de la disposición final de los residuos”.[8]

La respuesta presidencial se daba el 10 de diciembre de 2011 cuando el presidente Correa indicaba: “Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos más ni un segundo que perder, (…) los que nos hacen perder tiempo también son esos demagogos, no a la minería, no al petróleo, nos pasamos discutiendo tonterías. Oigan en Estados Unidos, que se vayan con esa tontería, en Japón, los meten al manicomio”[9].

Con todos estos ingredientes arrancaba el 8 de marzo la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos desde el cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe, zona de afectación de la explotación minera. Los movimientos sociales habían convocado de forma paralela movilizaciones en las principales ciudades ecuatorianas.

El oficialismo concentraba sus fuerzas en la capital del país, utilizando el día de la mujer como escusa para que desde los ministerios se convocaran a los seguidores del régimen. Unas veinte mil personas juntó el oficialismo, trayendo a gran parte de los convocados en buses financiados por las gobernaciones y con compromiso de suministro de desayuno, comida y 20 dólares como pago. Bajo el lema de “No pasaran”, el correísmo ponía en uso las mismas practicas desarrolladas por el franquismo para llenar la Plaza de Oriente de Madrid cada 20 de noviembre mientras vivió el dictador. En oposición, movimientos sociales y organizaciones de la izquierda política convocaban ese mismo día a unas siete mil personas a una manifestación en solidaridad con las reivindicaciones de la Marcha.

El presidente Correa en el mitin central de la movilización oficialista ironizaba sobre la marcha indígena, definiéndola como un fracaso. Allí, el primer mandatario bailó y cantó junto a su canciller Ricardo Patiño, quien se encuentra altamente cuestionado tras el descubrimiento en Italia de 40 kilos de cocaína en la valija diplomática ecuatoriana.

En efecto, la marcha arrancó con tan solo 300 personas en el cantón El Pargui, aunque el apoyo fue multitudinario a su paso por Yanzatza y su llegada a Zamora. Al día siguiente, los marchantes caminaron a Loja y la entrada a la capital sureña fue protagonizada por 2.000 personas. Por último, en el día de ayer eran 2.500 las que llegaban a Saraguro, siendo recibido por un pueblo en fiestas.

De forma paralela, la ciudad de Cuenca, tercera ciudad en número de habitantes del país, protagonizaba una movilización contra la minería a gran escala y en solidaridad con los marchantes que llegarán allá el próximo lunes, alcanzando más de quince mil manifestantes. Las contramanifestaciones oficialistas apenas llegaron a juntar los 2.500 convocados.

Esa misma mañana un desencajado Rafael Correa anunciaba con claro talante xenófobo durante su enlace sabatino que “el 22 nos vemos centenas de miles en Quito, si ellos son 500 nosotros seremos 5.000. No permitiremos que la izquierda infantil, con plumas, con ponchos, desestabilice ese proceso de cambio”.

Así las cosas, mientras la marcha indígena y las expresiones de solidaridad con esta crecen gota a gota como un torrente, la intolerancia que esta genera desde las estructuras de poder también crecen de forma paralela.



[1] El consorcio CRCC-Tongguan es una filial de las empresas chinas Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co. Ltd y Railway Construction Corporation Limited, se abrió la puerta a la era de la mega minería en el Ecuador.
[2] Datos extraídos de la revista Tierra Incognita No.36.
[3] Estudio Impacto Ambiental Ampliatorio Proyecto Mirador, Ecuacorriente SA – Terrambiente C. Ltda, pag 11.
[4] Sacher, William y Acosta, Alberto. La minería a gran escala en Ecuador. Abya Yala. Quito, 2012. Pag. 77.
[5] Martínez, Mateo. El Cascabel del Gatopardo. FLACSO-Abya Yala. Quito, 2011. Pag. 99.
[6] La teoría del pico de Hubbert, también conocida como cenit del petróleo, petróleo pico o agotamiento del petróleo, es una influyente teoría acerca de la tasa de agotamiento a largo plazo del petróleo, así como de otros combustibles fósiles
[7] Ecuador aparece en el puesto 120 de 182 países clasificados. Su puntuación global es 2’7, más cercana al 1’0 del último país de la lista, Somalia, que al primero, Nueva Zelanda con 9’5.
[8] http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=3048705&idcat=19308&tipo=2
[9] Cita del president Rafael Correa en la ciudad de Macas, 10 de diciembre de 2011.

martes, 6 de marzo de 2012

Correa reprime una movilización pacífica contra la mega minería en el país

El proyecto de la multinacional Ecsa pone en peligro un espacio protegido

Decio Machado (Quito) /Fotos: Edu León

La ocupación pacífica de la embajada china en protesta por la firma de un contrato entre Ecuador y una multinacional minera fue reprimida violentamente por la policía nacional ecuatoriana.
En el día de ayer, ocho mujeres vinculadas a diversas organizaciones sociales ocuparon pacíficamente, a primera hora de la mañana, la embajada de China en Quito para mostrar su repulsa ante la entrada de la mega minería en el país. En esa misma tarde, se firmó el contrato entre el gobierno ecuatoriano y la transnacional ECSA para la explotación del proyecto Mirador, situado en una zona de alta sensibilidad ambiental.

El proyecto Mirador consiste en la explotación de cobre, oro y plata en la cordillera del Cóndor, situado en la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe, en la frontera con Perú. Dicha cordillera registra 2.030 especies de plantas diferentes, 142 de mamíferos, 613 aves, 9 de reptiles y 56 especies de sapos y ranas. El proyecto minero de la empresa ECSA afectará de forma irremediable este paraíso que los pueblos indígenas han cuidado durante siglos y que muchos ecuatorianos han defendido incluso con sus vidas.

Los grupos ambientalistas y comunidades locales que se oponen al proyecto indican que en el proyecto Mirador se prevé la extracción de 54.000 toneladas de roca por día. De estas rocas un tercio será acumulado al costado en dos montañas artificiales de desechos (escombreras) y el resto será procesado para extraer los minerales a través de tratamientos químicos que generan residuos contaminantes.

Las estimaciones de los ambientalistas y técnicos que cuestionan el proyecto indican que por cada 100 toneladas de roca extraída, solo se podrá extraer en torno a una tonelada de “concentrado de cobre”. Se calcula un acumulado de desechos tras la vida productiva de la mina a cielo abierto de 325.000.000 toneladas.

A media mañana un desproporcionado dispositivo policial, en el que se incluían cuerpos de élite de la Policía Nacional ecuatoriana, rodeaban los accesos a la embajada China. Mientras, medios de comunicación y ciudadanos autoconvocados se aglutinaban en torno al edificio para manifestar su repulsa al contrato minero propugnado por el gobierno de Rafael Correa y demostrar sus simpatías con las activistas que se encontraban en el interior de la embajada.

A las 12,30 horas las activistas sociales eran sacadas violentamente de la embajada China a pesar de la mediación de asambleístas y embajadores ecuatorianas en busca de una resolución pacífica del desalojo. Según las autoridades asiáticas, la orden provenía del Gobierno ecuatoriano y manifestaban ante los interlocutores de los movilizados que por parte de ellos no había voluntad de proceder judicialmente contra las mujeres que habían ocupado sus instalaciones.

Los activistas que se encontraban a las afueras de la embajada se sentaron frente al bus policial con el fin de evitar que las detenidas fueran enviadas a los calabozos policiales. La Policía Nacional emprendió una acción represiva contra los manifestantes que dejó atónitos a los periodistas allí presentes.

La situación se tensionó aun más cuando dentro del bus policial los agentes comenzaron a emprender forcejeos con las mujeres detenidas a la vista de los manifestantes en el exterior.

El terror se hizo presa de todos los presentes, mientras transeúntes y vehículos que pasaban por una avenida adyacente manifestaban con estupor su solidaridad con los detenidos y manifestantes que estaban siendo agredidos.

Diversos manifestantes eran brutalmente arrastrados por la Policía Nacional para liberar el paso de los vehículos policiales.

La acción de violencia perpetrada por las fuerzas del orden ecuatorianas a tres días de que comience la marcha por el agua y la vida en el Ecuador, movilización que comenzará en la zona de explotación de ECSA el próximo día 8 y terminará en Quito en 22 de marzo, indica hasta donde en los próximos días puede incrementarse el nivel de represión en este pequeño país andino.

El presidente Correa manifestaba el pasado 10 de diciembre en la ciudad de Macas, una de las capitales amazónicas: “Hemos perdido demasiado tiempo para el desarrollo, no tenemos más ni un segundo que perder, (…), los que nos hacen perder el tiempo son esos demagogos, no a la minería, no al petróleo, nos pasamos discutiendo tonterías. Oigan en Estados Unidos, que vayan con esa tontería, en Japón, los meten al manicomio.”

Ver fotos aquí:

lunes, 5 de marzo de 2012

Violento desalojo protagonizado por las fuerzas del orden ante una acción pacífica de mujeres en la embajada China en Ecuador

Por Decio Machado

Lunes, 5 de marzo de 2012, diez mujeres vinculadas a diferentes organizaciones sociales ecuatorianas ocupaban pacíficamente la embajada de China en Quito para significar su repulsa, así como la de gran número de movimientos sociales y comunidades afectadas, a la firma del contrato minero anunciado para la tarde entre el Estado ecuatoriano y la transnacional ECSA.

 La acción de protesta, realizada a primera hora de la mañana por estas activistas sociales goza de una clara simpatía por amplios sectores de la sociedad ecuatoriana, dado el enorme desprestigio levantado alrededor de esta empresa por los números casos de criminalización que se le atribuyen en informes elaborados por organizaciones defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, además del incumplimiento de los procedimientos de ley como estudios de impacto ambiental.


El proyecto Mirador en la Cordillera del Cóndor consiste en la explotación de cobre, oro y plata por parte de la empresa ECSA (Ecuacorriente SA) de propiedad del consorcio CRCC-Tongguan, una filial de las empresas Chinas Tongling Nonferrous Metals Group Holdings Co. Ltd. y la China Railway Construction Corporation Limited. El proyecto Mirador es el primer paso para la explotación minera industrial metálica a gran escala en Ecuador.

La Cordillera del Cóndor, ubicada en la cuenda del río Zamora es una de las zonas más ricas en biodiversidad y culturas del Ecuador. Se registran 2.030 especies de plantas, 142 de mamíferos, 613 aves, 9 de reptiles y 56 especies de sapos y ranas. El proyecto Mirador tendrá un impacto irreparable para esta zona que durante siglos ha estado al cuidado de los pueblos indígenas que la habitan.

Mientras las diez activistas sociales se encontraban dentro, en torno a la embajada China se agruparon diversos ciudadanos que expresaban su rechazo a la firma de este contrato, a la introducción de la mega minería en el país y en simpatía con el gesto de estas mujeres. De igual manera, gran número de medios de comunicación ecuatorianos se posicionaron atentos en la puerta de la embajada, alarmados por el desproporcionado contingente policial que se dio cita en las instalaciones para reprimir la acción pacífica protagonizada por estas diez mujeres.

La represión no se hizo esperar. A media mañana las protagonistas de la acción ya habían sido detenidas al interior de la embajada China. En ese momento, el asambleísta del MPD por la provincia de Imbabura, Ramiro Terán, se personaba en el lugar de los hechos a fin de intermediar una salida negociada a la detención de las compañeras. La propia embajada China notificaba a través de sus portavoces que no tenía voluntad de emprender ninguna denuncia contra las diez mujeres detenidas al interior pues su acción había sido pacífica y no habían causado ningún tipo de daños al inmueble. Si bien advertía que era el gobierno ecuatoriano quien les indicaba sobre la necesidad de detener a las militantes sociales.

A las 12,30 horas las diez mujeres eran sacadas violentamente de la embajada asiática por la Policía Nacional. Entre empujones, golpes, y un sin número de agentes secretos inmiscuidos entre las y los ciudadanos que expresan su indignación por la brutal acción policial, un bus de la Policía Nacional se llevaba a las detenidas camino de las instalaciones de la Policía Judicial (PJ) para proceder con las denuncias.



Los viandantes que circulaban en ese momento por las calles aledañas, así como los vehículos que formaban parte de la densa circulación existente a esas horas en la Av. Amazonas suspendieron el tráfico mientras se bajaban de sus carros indignados para protestar con indignación contra la violencia acción policial.



Con estos hechos el gobierno ecuatoriano demuestra el nivel de represión que está dispuesto a ejercer contra toda protesta social por pacífica que esta sea. Con los sucesos de hoy se lanza un claro aviso de hasta donde puede llegar el autoritarismo que emana en todo proyecto político que tiene su matriz en el extractivismo.

A tres días de que se inicie la marcha constitucional y democrática se arrancará en el Zamora Chinchipe convocada por los movimientos sociales más significativos del país, el presidente Correa decidió calentar a grados extremos el ambiente.

A nivel internacional esta acción inaugura las movilizaciones contra los mega proyectos chinos ambientalmente insostenibles en el país.