viernes, 8 de noviembre de 2013

Detenciones y violaciones de derechos humanos en la provincia de Oaxaca


Por Decio Machado / Oaxaca (México)

www.diagonalperiodico.net

Tras la declaración de “guerra” contra la delincuencia organizada y el narcotráfico que tuvo su inicio durante el gobierno de Felipe Calderón, son múltiples los casos de violaciones de derechos humanos y procesos judiciales irregulares que se han desarrollado en México, los cuales permiten encubrir, de forma paralela, la represión selectiva contra dirigentes y activistas sociales a lo largo y ancho del país.

Pancarta cinco activistas detenido      Foto: Decio Machado 
Según los voceros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de diversas organizaciones sociales de Oaxaca, es en ese contexto en el que se enmarca la detención, los días 17 y 18 del pasado mes de mayo, de Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva, Leonel Manzano Sosa, Sara Altamirano Ramos y Damián Gallardo Martínez, por su presunta colaboración en un secuestro de dos menores de edad. Dos de estos detenidos son maestros pertenecientes al ala más combativa del SNTE, la sección 22, siendo los otros tres, miembros del Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO), una organización que  interviene políticamente con sectores excluidos y poblaciones indígenas.

Argelia Manzano Sosa, hermana de uno de los detenidos, indica que sólo ha podido ver a Leonel una vez desde su detención, gracias a una movilización organizada por la sección 22 de la SNTE frente al Penal de Máxima Seguridad Puerta Grande en Jalisco. “Mi hermano y otros tres compañeros suyos fueron detenidos el 17 de mayo por cuerpos de élite al servicio de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), cuando transitaban por una de las calles céntricas de la ciudad. Fueron llevados a un sitio de detención clandestino, en donde fueron torturados hasta hacerles firmar sus respectivas confesiones” denuncia la hermana del detenido. Los familiares de los encarcelados no supieron de la detención de estos hasta 36 horas después de su desaparición, cuando mediante un enlace con varios medios de comunicación la Secretaría de Gobernación [equivalente al Ministerio del Interior] y la Procuraduría General Federal los presentó como responsables del secuestro de dos menores de edad vinculados familiarmente de la máxima autoridad empresarial del país.

De manera similar se manifiesta Gregorio Gallardo Vázquez, padre de otro de los detenidos, indicando que “mi hijo Damián [el quinto activista detenido] se lo llevaron de su domicilio a las dos de la madrugada del 18 de mayo, y también estuvo desaparecido hasta el domingo, lo golpearon y le hicieron confesar crímenes que no ha cometido”.

Sara Altamirano Ramos, única mujer detenida en el operativo policial, había sido nominada como candidata a la alcaldía del municipio de Jalapa del Marques –comunidad ubicada en el Estado de Oaxaca- por una alianza electoral entre PRD, PAN y PT unos días antes, lo que motivó la reunión de apoyo que se dio en un céntrico café oaxaqueño momentos previos a su detención.

“¿De verdad alguien se cree que maestros, activistas sociales e incluso una candidata electoral estén involucrados en un secuestro de niños?”, se pregunta Elisa Ivonne Santos Carrasquedo, maestra y portavoz del FACMEO. Según esta profesora de enseñanza primaria, “lo que busca el gobierno con estas detenciones es atemorizar a los dirigentes sociales que se oponen a las reformas de profundización neoliberal que estamos viviendo en el país, la estrategia no es nueva y la han aplicado con anterioridad sobre los sectores más sociales más combativos”. Santos Carrasquedo hace referencia a las acusaciones que se vertieron en el 2002 sobre Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, quien fuera fundador y presidente de FACMEO e imputado también por el secuestro de un menor, cargo por el que fue detenido durante seis años para ser posteriormente liberado por falta de pruebas. Rodríguez Enríquez, fue asesinado el 24 de diciembre de 2011, al ser baleado al interior de su vehículo por unos desconocidos sin que hasta la fecha se haya realizado detención alguna por dicho homicidio.

Inconsistencias en la acusación

Entre el 17 y el 19 de mayo fueron detenidas doce personas por el secuestro ocurrido el pasado 14 de enero de dos sobrinos menores de edad del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, e hijos del distribuidor de mercancías al mayoreo en Oaxaca, Juan José Álvarez Candiani. Entre los encarcelados se encuentran los cinco dirigentes sociales, sobre los cuales se piden condenas de hasta 75 años de prisión.  

Dossier violaciones derechos humanos Oaxaca Foto: DM
Para el secretario de Relaciones de la sección 22 del SNTE, David Estrada Baños, las detenciones realizadas sobre los cinco dirigentes sociales se basan en pruebas fabricadas y buscan involucrar a estos activistas en crímenes que no han cometido. En ese sentido, Argelia Manzano Sosa denuncia que los cuerpos de seguridad nunca presentaron orden de detención contra ninguno de los activistas, y “en el caso de mi hermano, mientras le golpeaban, le decían que tenían en su poder a sus hijas y que si no firmaba la autoinculpación, estas serían violadas frente a él y posteriormente asesinados todos los miembros de su familia. De igual manera, no pudieron contactar con sus abogados hasta un mes después de haber sido detenidos, no permitiendo tampoco el acceso de los familiares a los penales donde habían sido recluidos”.

Según Elías González Luna, coordinador de sección magisterial del Derechos Humanos, hasta el testimonio de los menores durante el proceso evidencian la inocencia de los activistas detenidos, pues señalan que en sus conversaciones con los secuestradores, estos les indicaron que “trabajaban a las órdenes de una persona muy cercana a su padre, que lo odiaba y lo envidiaba, situación que nada tiene que ver con nuestros compañeros”, y añade, “nuestra constitución señala que toda declaración obtenida bajo tortura no es válida, y a nuestros compañeros les tuvieron que levantar el brazo y guiar sus manos tras las torturas recibidas para que lograran firmar sus autoinculpaciones”.

Los abogados de defensores de los detenidos informan que se interpuso un recurso legal de revisión sobre las detenciones de los cinco activistas sociales, y aunque su resolución se pospone de forma permanente, aun mantenemos la esperanza de que sean liberados. “Mientras tanto mantendremos nuestro plantón diario, que se aproxima ya a los seis meses, frente al Palacio de Gobierno en la Plaza del Zócalo de Oaxaca”, anuncia César León, miembro de la comisión de prensa y propaganda de la Unión de Comunidades Indígenas de Oaxaca (UCIO), una de las múltiples organizaciones sociales que se han solidarizado con la causa de los detenidos.


“Oaxaca vive una guerra hacia los movimientos sociales"


César Martínez            Foto: Carolina Viola
Decio Machado (Diagonal) entrevista a César Martínez (maestro, sindicalista de la sección 22 de la SNTE y miembro del colectivo El Cortamortaja)

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Decio Machado (Diagonal) – Cuéntanos como se desencadenaron las luchas en Oaxaca en el 2006 y como se conformó la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO).

César Martínez - Oaxaca ha sido siempre un Estado [provincia] muy pobre y plagada de injusticias, por lo tanto también de protesta social. Entre 2004 y 2010 tuvimos como gobernador a Ulises Ruíz Ortiz, un político vinculado al PRI que ya indicaba durante su campaña electoral que no iba a permitir más movilizaciones sociales, bloqueos de carreteras, marchas o plantones. En mayo del 2006 el Magisterio, como era habitual se concentró en la ciudad de Oaxaca [capital del Estado de Oaxaca] y se mantuvo en un plantón en la plaza del Zócalo del cual fuimos desalojados violentamente el 14 de junio. Esta situación fue el detonante para que el conjunto de organizaciones sociales del Estado, hartos de la política represiva impulsada por Ulises Ruíz, estallaron con una serie de movilizaciones en la ciudad. Esta situación propició que la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, conocida en todo el país por ser una de las más combativas a nivel nacional, convocará a estos movimientos a la conformación de la APPO.

A partir de entonces todas las organizaciones involucradas en la APPO, más de 360 organizaciones sociales, pedimos la renuncia del gobernador Ulises Ruíz, lo que se convirtió en la bandera de lucha para la mayoría de la población en este Estado. En realidad se desató una insurgencia civil, hubo tomas del Palacio Gobierno, la Cámara de Diputados, la Presidencia Municipal, así como de otras instituciones públicas,  llegó un momento en el que ya no había gobierno, aquí la gente se gobernaba sola.

D.M. – Estas movilizaciones vinieron acompañadas de represión. ¿Cómo se desencadenó?

C.M.- Efectivamente, el empoderamiento popular que se dio en ese momento conllevó a que interviniese el Gobierno Federal a través de unidades traídas incluso desde otros Estados y desencadenando una gran represión. En los meses posteriores están documentados veintiséis asesinatos contra activistas sociales, siete desaparecidos, y unos trescientos encarcelamientos. A partir de ahí se ha desarrollado una guerra de baja intensidad por parte del Gobierno que va acompañada de una estrategia paralela enfocada a dividir y sembrar desconfianza entre las organizaciones afines.

Foto archivo: represión policial ciudadano Oaxaca
A las organizaciones más combativas se les asesinó o encarceló dirigentes. Están documentados muchos casos, entre ellos los asesinatos de Artemio Norberto Camacho en agosto del 2009 durante una marcha de maestros, Eleazar Martínez Almaraz en diciembre del 2009 cuando se dirigía a dar clases en su centro de trabajo, los defensores de derechos humanos Jyri Jakoola y Betty Cariño en abril del 2010 cuando fue atacada la Caravana Humanitaria que se dirigía a San Juan Cópala, Gregorio Jaime Rosas Chávez en noviembre de 2010, Carlos René Román Salazar quien fue desaparecido en marzo del 2011, Luís Quiroz Quiroz quien además de maestro desarrollaba funciones municipales en San Agustín Chayuco en abril del 2011, Guadalupe Pérez Sánchez quien fue desaparecido en mayo del 2011, Edwin Omar García Sánchez baleado en agosto del 2011, Rafael Vicente Rodríguez Enríquez tras haber sido falsamente acusado de secuestro y detenido por seis años en diciembre del 2011, Bernardo Vásquez Sánchez activista antiminero en enero del 2012 o Luís Enrique Martínez Cruz síndico municipal de la comunidad de Santa Cruz Xitla Miahuatlán en agosto del 2012.

Ante estos casos y otros, el Gobierno actúa como en el viejo oeste, ofrecen plata a través de anuncios televisivos para quien de información de estas desapariciones o asesinatos, pero no se ha llegado a nada más, la impunidad anda a sus anchas en el Estado de Oaxaca por estos asesinatos.

D.M.- ¿La situación no cambió con la llegada de Gabino Cué a la Gobernación del Estado de Oaxaca?

C.M.- Cué llegó a la Gobernación a través de una coalición denominada Unidos por la Paz y el Progreso y conformada por los partidos políticos PAN, PRD, Convergencia y PT. Fue investido gobernador el 11 de julio del 2010, y aunque la gente depositó su confianza en él y pensó que incluso podría hacer pagar con cárcel las acciones emprendidas por Ulises Ruíz, como puedes comprobar por las fechas de los asesinatos y desapariciones a las que te he hecho referencia, la situación no ha cambiado nada con el actual gobernador.

D.M.- Viviendo una situación de estas características, ¿crees que hay condiciones para reconstruir la APPO?

C.M.- A pesar de la situación de represión y asesinatos selectivos que vivimos en el Estado de Oaxaca, entre diversas organizaciones sociales, un total de 176 hasta el momento, hemos logrado construir desde mayo de este año en el Frente Único de Lucha (FUL). Seguimos llamando al resto de las organizaciones sociales del Estado a la unidad y seguimos pidiendo también que se le aplique las responsabilidades penales que corresponde a Ulises Ruíz, quien en la actualidad vive en la Ciudad de México y sigue conectado con los políticos del PRI. El Frente Único de Lucha desarrollará este mes de noviembre un congreso en el cual posiblemente se reconstruya nuevamente la APPO y se defina la hoja de ruta a seguir para un futuro inmediato.

D.- ¿Qué opinión te merece la detención de los cinco activistas sociales que están presos en cárceles de máxima seguridad desde mayo de este año?

C.M.- El Frente y el Magisterio están reivindicando la libertad de los compañeros presos. Son claramente inocentes, su detención es una operación gubernamental contra las organizaciones que estamos en resistencia. En México cualquiera puede acusarle de un delito, la justicia no existe, está al servicio del poder. Los compañeros detenidos han sufrido toda clase de vejaciones y violación de sus derechos, se les ha hecho firmar autoinculpaciones sobre un secuestro en el que no han participado a base de torturas y los métodos más viles que se pueda uno imaginar.

D.M.- El Magisterio en su conjunto se moviliza contra la Reforma Educativa que ha sido aprobada por el Gobierno Federal. ¿En qué consiste dicha reforma?

Foto archivo: movilización trabajadores enseñanza en el Zócalo
C.M.- Lo que ellos definen como “reforma educativa” no es más que una reforma laboral implementada por dictados de la OCDE. Buscan privatizar la educación y con esta reforma le quitan además derechos y garantías a los maestros, buscando eliminar la capacidad de negociación colectiva y anular al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. A partir de ahora cualquier desempleado con cierta formación puede ocupar una plaza de maestro tras la aprobación de un examen previo. ¿Te imaginas que va hacer un abogado, un veterinario o un doctor desempleado que tras pasar un test se incorporé al magisterio, sin haber tenido ninguna formación pedagógica, cuando se encuentre a un niño llorando en la puerta del colegio porque no quiere asistir al aula? Al maestro, por nuestra vocación y formación pedagógica nos sale el amor paternal, el maestro para eso estudió, el maestro canta, el maestro juega, el maestro sueña, el maestro baila, el maestro hace de todo en un país como México, el maestro es hasta guía en la comunidad en donde vive. Precisamente por esto, es por lo que el Estado no ha podido acabar con uno de los sectores más reivindicativos del país, un movimiento que lleva 33 años de lucha. El maestro es un ser que está metido en la comunidad, el maestro es el compadre en su pueblo. Por ejemplo, hace falta una carretera y hay una reivindicación, pues ahí está el maestro.

D.M.- Hay todo un paquete de reformas neoliberales por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto tras la vuelta del PRI al poder…

C.M.- El actual Gobierno está atentando contra derechos sagrados que están en la Constitución de nuestro país. El derecho a la educación que se ganó con la revolución mexicana está siendo cuestionado, el petróleo que es nuestro y que se nacionalizó durante el gobierno de Lázaro Cárdenas pretende ser nuevamente privatizado a través de la reforma energética, de igual que están planteando ahora con la energía eléctrica. Ya lo hicieron así con TELMEX [compañía de  telecomunicaciones], que era una empresa nacional y ha sido entregada al señor más rico del mundo, el mega multimillonario Carlos  Slim.

D.M.- ¿Cómo visualizas el futuro?

C.M.- La gente ya no se deja, los maestros de Veracruz están en paro total, igual que los de Chiapas, Oaxaca o Quintana Roo, en la actualidad hay 22 estados en protesta.

En el istmo de Tehuantepec, aquí en el Estado de Oaxaca, se están introduciendo empresas españolas, de Dinamarca, Japón y China, con megaproyectos energéticos a pesar de la oposición de muchas de las comunidades afectadas. Para ello hicieron la reforma del artículo 27 de la Constitución, lo que permite el fraccionamiento de tierras comunales. A pesar de ello, en la actualidad hay comunas que no dejan entrar a las transnacionales en sus territorios, lo que vuelve a generar conflictos y la represión del Estado contra los dirigentes locales.

La minería es otro conflicto con el Gobierno Federal, en nuestro Estado, riquísimo en uranio, plata y oro, se pretende establecer y potenciar la minería a cielo abierto en San José del Progreso a través de una multinacional canadiense con su consiguiente impacto contaminante en ríos y del medio ambiente en general. Hemos tenido ya dos compañeros asesinados por estas luchas, pero no por ello ha cesado la resistencia antiminera.

En resumen, el pueblo mexicano no va a permitir que un represor como Peña Nieto, quien fuera gobernador del Estado de México cuando la masacre de Atenco, imponga su agenda de profundización neoliberal sin luchas y conflictos. Se agudizará la represión pero también las resistencias.