martes, 18 de octubre de 2011

Derivas del régimen correísta

Por Decio Machado

A las 4,30 horas del día de hoy, 18 de octubre de 2011, aproximadamente 300 efectivos de la Policía Nacional Ecuatoriana incluidos miembros de las fuerzas de élite incursionaban en Río Grande (Chone) de manera violenta, ocasionando lesiones sobre mujeres, niños y el anciano líder de la comunidad campesina montubia que habita en este territorio.

El operativo policial estuvo comandado por el coronel Wilmer Cuellar, jefe de la Policía Rural de Manabí, y fue apoyado por operativos policiales llegados desde Quito y dotaciones militares, según denuncian las víctimas.

Se reportaron entre los heridos dos mujeres vecinas de la comunidad, una de ellas embarazada; el líder comunitario Alfredo Zambrano -de 73 años-, quien tuvo que ser atendido en el Hospital General de Chone por lesiones en su cabeza; y dos niños de 6 y 10 años resultaron desaparecidos durante el operativo policial y militar, habiéndose encontrado a tan solo uno de ellos avanzada la tarde de los sucesos.
En la actualidad aproximadamente 500 efectivos, tanto militares como policiales, mantienen rodeado los territorios de Río Grande impidiendo el acceso a sus casas a la población local que se vio obligada a abandonar la zona, y habiendo dejado incomunicados en su interior a los pobladores que quedaron cercados. El único personal autorizado para entrar en la zona son los funcionarios de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA)[1] y el personal de la compañía contratista de la obra, la empresa china Tiesiju.

Mientras los operarios de la empresa contratista entran y salen cabizbajos del territorio ocupado militarmente, y los funcionarios estatales se bañan públicamente en su ignominia, un millar de pobladores se agrupan en los entornos del territorio violentado. La tensión se mantiene y hay riesgos de que se desate un nuevo brote de violencia contra los moradores de la zona.

¿Por qué se desarrolló este operativo de las fuerzas represivas del Estado?

El territorio ocupado policial y militarmente será inundado por una represa que forma parte del Proyecto Propósito Múltiple Chone, entendido por el gobierno de Correa como un “estandarte” para el desarrollo local de Chone (provincia de Manabí).

El Proyecto Propósito Múltiple Chone implica una represa en el río Grande que deberá almacenar 113,24 Hm3 de agua y tendrá una altura de 57,50 metros. El polémico proyecto cuenta con la oposición de los pobladores de Río Grande, campesinos montubios que cultivan una fértil tierra que produce para Chone cerca de 20 millones de dólares al año en productos agrícolas y da de comer a unas 1.700 familias.

El gobierno del presidente Correa a través de la SENAGUA puso en marcha este proyecto con la concesión definitiva de la obra el año pasado. La concesionaria, la empresa china Tiesiju, se encontró con la resistencia de la población local al proyecto de la represa, lo cual ha significado sustantivos retrasos en la ejecución de la obra.

El aparato de propaganda gubernamental falseaba la realidad el pasado mes de septiembre cuando indicaba que la resistencia local al proyecto había disminuido “y cada vez son más los choneros que ven al Proyecto Propósito Múltiple Chone (PPMCH), como un sinónimo de desarrollo y progreso”[2]. La realidad se plasmaba en esta violenta acción emprendida contra la población local, cuando ante la oposición de los moradores han sido las fuerzas represivas del Estado las encargadas de atemorizar, gasear, agredir y detener a pobladores locales con el fin de infundir el miedo entre los pobladores y desalentar la resistencia pacífica emprendida por estos desde hace más de un año.

La lógica economicista del régimen ha convertido la resolución de este tipo de conflictos en una dinámica que prioriza la violación de derechos humanos por encima de la justicia social. El socialmente cuestionado Proyecto Propósito Múltiple Chone es un ejemplo de ello. Justificado el proyecto por las inundaciones que se producen desde hace años en la zona, se prefiere agredir a los pobladores locales e inundar más de 5.000 hectáreas de tierras fértiles cultivadas por humildes campesinos montubios, antes que actuar sobre la fuente real de conflicto.

Las graves inundaciones en Chone se dan a raíz de en los años 70 se desarrollara fuertemente la industria del camarón en la Costa ecuatoriana. La represa Simbocal, la cual se encuentra aguas debajo de la unión entre los ríos Carrizal y Chone, se ha transformado en un obstáculo para el desagüe rápido del río. Esta represa, la cual destruyó el entorno natural del humedal La Segua, está destinada al beneficio de criaderos de Chame río arriba manteniendo agua dulce represada, y de igual manera al beneficio de camaroneras situadas río abajo, controlando los desbordes crecientes del río.

La disminución de la zona de inundación, debido a los muros construidos por las camaroneras y la destrucción de los manglares generados a partir de dicha actividad, redujo de forma notable la capacidad de evacuación del río Chone. Esto sumado al almacenamiento de sedimentos en las compuertas de las 12 compuertas del Simbocal, hace que el río Chone quede gravemente obstaculizado en zonas de desembocadura, inundando a comunidades vecinas y prolongando estas inundaciones a la ciudad de Chone.

La SENAGUA priorizó la construcción de este proyecto hidráulico, cuestionados por técnicos y habitantes de la zona, antes de la eliminación de las camaroneras ubicadas en el estuario del río –verdaderos responsables de las inundaciones- y la correspondiente restauración de los manglares extinguidos por esta destructiva actividad productiva.

¿Cómo se entiende una actuación militar y policial tan desmedida?

Han sido múltiples las ocasiones en las que el presidente Correa ha descalificado la resistencia de la población local de Río Grande, asociándola con políticos opositores a su gobierno, definiéndolos como socialmente violentos, y acusándolos de estar opuestos al progreso de la nación. Su última “perla” dialéctica tuvo lugar en el último Enlace Ciudadano –programa sabatino protagonizado por el presidente Correa- en el cual se volvió a amenazar con sacar por la fuerza a la población local opositora al proyecto. Apenas dos días y medio después se desencadenaba la represión en Río Grande.

La actitud presidencial vulnera el artículo 98 de la Constitución de Montecristi, en el cual se indica: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos”.

La presencia en el operativo de unidades de operaciones especiales de la Policía Nacionales es un sinsentido, como lo es también la utilización de operativos militares contra la población civil, máxime cuando los ministerios del Interior y Defensa son parte de un gobierno que se define a sí mismo como el “gobierno de la Revolución Ciudadana”.

La tendencia por parte de los poderes del Estado ecuatoriano hacia una lógica represiva es incuestionable, por poner tan solo unos ejemplos: cerca de doscientos líderes sociales –mayoritariamente indígenas- sufren acusaciones de sabotaje y terrorismo en un país donde el terrorismo no existe; en este mismo momento un estudiante, Édison Cocíos de 17 años, se debate entre la vida y la muerte fruto del impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza consecuencia de los operativos policiales articulados ante la protesta social de los estudiantes de secundaria el mes pasado; o la existencia de siete defensores de los derechos humanos y de la Naturaleza que se han visto obligados a pasar a la clandestinidad por resistir a la empresa Minera Explosur SA –propiedad de la oligárquica familia Eljuri-, quienes realizaron una actividad de exploración extractiva sin contar con los permisos necesarios en el cantón Nabón –provincia del Azuay-.

Según las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos existentes en el Ecuador, dicha situación se verá agravada con la aprobación del nuevo Código Penal auspiciado por el Gobierno, en el cual se pretende sancionar con pena privativa de libertad (de uno a tres años) a actos tan pueriles como cortar una carretera o resistir la ejecución de una obra. En definitiva, el mal llamado gobierno de la “Revolución Ciudadana” trata de neutralizar de forma definitiva el tan violentado artículo 98 de la Constitución de Montecristi.

La falta de autocrítica gubernamental

A diferencia de lo sucedido en Bolivia el mes pasado, donde tras violenta agresión de fuerzas policiales sobre los marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el presidente Evo Morales pidió perdón a la nación entera y convocó un referéndum popular sobre las obras de infraestructura vial que afectarán gravemente a este territorio indígena, el caso ecuatoriano se convierte en su antítesis.

De la agresividad verbal, el presidente Correa ha pasado a imponer un régimen que cada vez genera más miedos. Miedos a los cooperantes internacionales que trabajan y colaboran con poblaciones indígenas locales, miedos a organizaciones sociales que desarrollan su labor en el marco de la defensa de los derechos humanos, miedo en las organizaciones que tienen como eje de intervención la defensa de la Pachamama, o miedo en las comunidades que cuestionan y ejercen resistencia pacífica contra los megaproyectos o la actividad extractiva auspiciada por el Gobierno bajo un criterio más que cuestionable de desarrollo.

Mientras en Bolivia la acción policial generaba la dimisión de varios altos funcionarios públicos, entre ellos algunos ministros; en Ecuador, acciones de similar envergadura generan tan solo la justificación de políticos mediocres que forman parte de las élites del poder en un régimen con tendencias cada vez más autoritarias.

Esta situación explica porque estratégicamente el aparato de propaganda del gobierno correísta insiste de manera “machacona” y demencial en calificar los sucesos del 30 de septiembre del año pasado como un golpe de Estado.

Que el 30-S fuese un intento por parte de las fuerzas reaccionarias ecuatorianas de tomar el poder ha pasado a ser lo de menos en la coyuntura actual. La estrategia oficialista consiste simplemente en erigir al Gobierno como el único defensor de la democracia ecuatoriana (tanto la derecha como la izquierda estaban involucradas en el golpe de Estado según la versión oficial), cuando en la práctica lo que realmente está sucediendo es precisamente lo contrario.




[1] La Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) es el órgano institucional rector del agua en el Ecuador. Tiene rango de ministerio.
[2] http://www.senagua.gob.ec/?p=6889

martes, 11 de octubre de 2011

Chone: el Estado arrasa con todo

Por Decio Machado / Especial para Revista Vanguardia 3 al 9 de octubre 2011

Desde mediados de año el Presidente Rafael Correa insiste una y otra vez en sus descalificaciones a la población montubia moradora en la micro cuenca de Río Grande, zona situada a unos ocho kilómetros de la manabita ciudad de Chone, donde se pretende instalar una represa con capacidad de almacenar 113,24 Hm3 (hectómetros cúbicos) de agua como parte del Proyecto Propósito Múltiple Chone, en la provincia de Manabí.

Mientras según el Jefe de Estado, la oposición a la represa de la población de Río Grande obedece a la manipulación política ejercida por “politiqueros” que tratan de hacerle daño al Gobierno y “ahí están los lucios, Prian, el grupo de Gustavo Larrea, Pachakutik y el MPD tratando de evitar que se haga el proyecto Multipropósito Chone”; la Secretaría Nacional del Agua anunciaba el pasado 22 de septiembre que las tensiones en Río Grande estaban bajando y que cada vez son más los choneros que ven en este megaproyecto un sinónimo de desarrollo y progreso.
Para Lenin Alcívar, un joven formado académicamente en Chone que decidió acompañar a su abuelo en su vida campesina en Río Grande, “el Gobierno miente de forma sistemática cada vez que hace alusión a Río Grande y Chone”. Como el resto de moradores de Río Grande, este joven montubio piensa que al Presidente Correa “ya no le engañan sobre esto, sino que es él el que nos trata de engañar” y prosigue indicando “pensábamos que le daban la información mal, que sus asesores eran incompetentes o tenían algún tipo de interés oculto, pero la última vez que estuvo en Chone conseguimos entregarle una carpeta llena de documentos que explicaban el porqué de nuestra oposición al proyecto y que es lo que la SENAGUA está haciendo aquí. A pesar de ello nos sigue amenazando y descalificando sin atender a razones. Para nosotros este Presidente es una gran decepción”.

La zona en fuerte tensión
El pasado 19 y 20 de septiembre se emitieron varias cadenas gubernamentales sobre los presuntos beneficios de la represa de Chone para la población local; entrando el 21 de septiembre la maquinaria de obra pesada en la zona, junto a un nutrido contingente de la Policía Nacional. Para el intendente de Policía, Luis Córdova, dicho operativo se justifica por bajo la finalidad de “prevenir cualquier incidente”. Pero “si como dice el Presidente de la República y los funcionarios de la SENAGUA apenas somos unos pocos habitantes los que estamos en contra de la represa, porque es que solo han podido comprar, y a precio de oro, dos pequeños predios en los que han instalado la maquinaria de obra en lugar de las seis mil hectáreas que pretenden inundar”. Quien hace la pregunta es Antonio Álvarez, campesino de la comunidad de Sánchez ubicada en las tierras altas de Río Grande.

Álvarez no relata su caso: “Para mi familia la cosa es más grave, en caso de materializarse el proyecto de represa, quedaríamos aislados en tierras altas de Río Grande, sin embargo y a pesar de ello, la SENAGUA no nos pagaría nada, dado que nuestras tierras no serían inundadas. ¿Usted entiende algo? Necesitaríamos barcas o helicópteros para poder sacar nuestro ganado, nuestra cosecha o viajar a Chone para cualquier cuestión de urgencia”.
Naiser Vera Guerrero es profesor de una de las 13 escuelas de primaria donde estudian aproximadamente 1.500 alumnos, que también quedarán bajo el agua. Él cuenta que desde la firma del contrato entre la SENAGUA y la empresa china, el 24 de julio del año pasado, todos los pobladores del lugar nos turnamos mañana, tarde y noche, para la vigilancia permanente de los caminos que permiten al acceso a sus tierras. "Sabemos que nos enfrentaríamos a la Policía o el Ejército en caso de invasión, nosotros no tenemos armas y eso no nos importa, defenderemos con nuestra sangre nuestra tierra, la cual es a su vez la tierra de nuestros ancestros”.

Según indican los moradores, la SENAGUA habría pagado 250 mil dólares por una propiedad de 23,2 hectáreas y otros 80 mil dólares por otra de 12 hectáreas, en las cuales se ha iniciado recientemente el movimiento de tierras con maquinaría de la constructora china Lu Zheng Lai.
Según Alfredo Zambrano, un veterano propietario de 40 hectáreas de terreno ubicadas estratégicamente donde se supone estará el dique de la represa, “han pagado a un precio desorbitado las pocas tierras que han podido comprar de las 6.000 hectáreas que pretenden inundarnos en Río Grande”. A esto, Lenin Alcívar le complementa, “mientras a algunos nos han ofrecido sobreprecios para la compra de nuestras tierras, a otros propietarios no les pagarían las suyas por quedar sus tierras en áreas de protección de la represa, vegas y zonas que quedarían aisladas tras la inundación, pero no por debajo del nivel del agua. Todo el proyecto de SENAGUA es un sin sentido”.

Los pobladores dudan
El proyecto consiste en la construcción de una represa en el río Grande y su desagüe en la parroquia San Antonio. Su presupuesto referencial en la adjudicación realizada en abril del 2010 era de 46,5 millones de dólares sin IVA, y la construcción debería estar lista en 36 meses contados a partir de la entrega del anticipo del 35 %  del valor de la obra.
La represa de río Grande deberá almacenar 113,24 Hm3 (hectómetros cúbicos) de agua, y tendrá una altura de 57,50 metros y una longitud de 276 metros. Los caudales vertidos desde El Olimpo serán conducidos hasta la laguna de inundación de La Sabana situada en la margen derecha del tramo inferior del río Carrizal, la longitud total de este canal es de 5.520 metros. Se inundarán entre cinco y seis mil hectáreas pero el impacto será mucho mayor, alcanzado este según técnicos del Municipio de Chone un radio de 19 mil hectáreas.

El proyecto se justificó por la necesidad de dotar de agua zonas adyacentes ubicadas en torno a lo que será la represa; dotar de agua potable a la ciudad de Chone en los meses de sequía y controlar las graves inundaciones que se generan en Chone.
 Alfredo Zambrano, reconocido por los pobladores como el "padre” o “hombre sabio” de Río Grande no lo cree así: “todo es una falacia, pretender regar 2.200 hectáreas de sembradíos que se extienden desde la parroquia Ricaute hasta la entrada de San Andrés, sin embargo estas tierras son de por sí fértiles, dado que su nivel freático se encuentra entre 3 y 5 metros por debajo del nivel del suelo. ¿Usted puede entender que se inunden 6.000 hectáreas de la tierra más fértil para regar apenas 2.200? Es evidente que alguien está mintiendo”.

El médico Elvis Suárez, quien tiene un consultorio particular en Chone cuestiona el segundo objetivo de la represa, “el problema de Chone con el agua potable es consecuencia de la antigüedad de su planta de tratamiento, la cual no tiene capacidad de procesar más que 10 mil metros cúbicos de agua al día, cuando las necesidades actuales de nuestra querida Chone son de 30 mil metros cúbicos diarios, el proyecto de represa en Río Grande no va a solucionar esta cuestión”.

Pero cuando los habitantes de Río Grande más se indignan es abordando la cuestión del necesario e indiscutible control de inundaciones.
“Si quieren actuar adecuadamente sobre el control de inundaciones deben actuar sobre sus responsables, no sobre el río Grande. Las imágenes dantescas convertidas en gigantografías por la SENAGUA en la ciudad de Chone para convencer a su población sobre las bondades de la represa son ciertas, pero no cuentan toda la verdad”, indica Zambrano. El problema, según su versión, viene desde que en los años 70 se instalaron en la parte baja del río Chone las empresas camaroneras, quienes a parte de destruir nuestros manglares y cortar el libre acceso del río al mar, les obsequiaron con la represa de Simbocal la cual está a su servicio y cuyas doce compuertas se obstruyen con facilidad debido a los sedimentos que arrastra la corriente.

Katherine Heredia, portavoz de la Asociación de Montubias Agroproductivas del Río Grande, enfatiza en esta cuestión: “La solución pasa por dragar el río, limpiar sus cauces para que Chone sea navegable, sacar a las camaroneras que obstaculizan su desembocadura e incluso dragar la Bahía de Caráquez, puesto que en breve cruzaremos andando de Bahía a San Vicente por la cantidad de sedimentos depositados en su fondo, el río ya no tiene fuerza para expulsarlas mar adentro. Si esto sigue así, en pocos años el flamante puente de Bahía de Caráquez valdrá para nada”.
En las comunidades de Río Grande se piensa que el proyecto oculta otra realidad distinta a la versión oficial. Zambrano cree “que el Gobierno tiene una carta bajo la manga que no se atreve a decir públicamente debido a los riesgos que para la población de Chone y sus alrededores entraña la construcción de una represa de estas características en territorio con alta intensidad sísmica. Sabemos por fuentes extraoficiales que nos llegan desde el propio Gobierno que el agua de esta represa está pensada más para las necesidades de la Refinería del Pacífico, donde se procesaran alrededor de 300 mil barriles diarios de crudo, que para las necesidades locales del cantón Chone”.

Mientras la SENAGUA prosigue con sus acciones legales para la expropiación de determinados predios entre los que destaca las 40 hectáreas dedicadas al cultivo de cacao, platanales, pastizales y bosque primario de Don Alfredo Zambrano, las dotaciones de la Policía Nacional se visualizan a escasos metros de su finca.
 Los moradores mantienen la calma, incluso después de que el territorio en disputa haya sido declarado “Zona de Seguridad Nacional” por el Presidente Correa y algunas represalias que ya han sufrido sus habitantes.

Según Elvis Suárez la población local ya sufre las consecuencias de este desencuentro con el Presidente de la República y sus política desarrollistas basada en grandes obras faraónicas: “Le puedo hablar en nombre propio, soy el único doctor especializado en medicina deportiva en la zona, sin embargo y consecuencia de mi posición en defensa de Río Grande, el Municipio me ha excluido como profesional en mis labores para la Liga Cantonal en Chone”. De momento solo se oyen tambores de guerra en Río Grande: presencia de maquinaría de obra no deseada en la zona, creación de puestos de la Policía Nacional zonas cercanas a los predios en litigio o las contra manifestaciones organizadas por militantes de Alianza PAIS ante las concentraciones en apoyo a Zambrano frente a los juzgados durante los procesos de expropiación auspiciados por SENAGUA.
Los moradores de Río Grande aseguran no haber sido previamente consultados sobre la obra, la licitación y el contrato con la empresa constructora china. De igual manera ha sido ya durante este mes de septiembre (más de un año después de firmar el contrato de obra) cuando la SENAGUA, acompañada de otras instituciones públicas ha comenzado a desarrollar actos de socialización del proyecto con la población local. Los pobladores consideran violentado su derecho constitucional a la resistencia y a la defensa de sus tierras y viviendas, de manera específica cuando en su Enlace Ciudadano No.228 Correa les acusaba de que forman parte de conspiraciones políticas y tramas palaciegas, diciendo que “la oposición reúne gente para boicotear, oponerse y obstaculizar los grandes proyectos que ejecuta el Gobierno”. Pero ellos creen que aún se puede dialogar con el gobierno pero no después de las imposiciones.

Mientra tanto, las mujeres de Río Grande preparan alegremente una olla popular para dar de comer a sus vecinos que hacen guardia frente a la Policía. Una de ellas, Carmen Alcívar, lamenta que el Presidente Correa no nos haya querido dar audiencia, "si nos conociera pienso que opinaría otra cosa sobre nuestras gentes. Nosotras consideramos que quien no defiende la tierra donde están enterrados sus ancestros es un maldito”.

sábado, 1 de octubre de 2011

Aznar, nuevo fichaje de la minera Barrick Gold

El expresidente José María Aznar se incorpora de la mano de George H. W. Bush, su hijo George W. Bush y Gustavo Cisneros como director del área internacional de Barrick Gold, la empresa más cuestionada del sector minero. Las explotaciones de la multinacional minera más poderosa han provocado graves impactos ambientales en sus explotaciones.
- El truco de la Barrick Gold / Vía Los movimientos contraatacan

Decio Machado / Quito (Ecuador)

“En el actual mundo globalizado hablar de oro es hablar de Barrick Gold Corporation”. Con esta contundencia se expresaba Jamie Sokalsky, vicepresidente ejecutivo de la transnacional canadiense, en una conferencia realizada en 2010 ante círculos empresariales londinenses.
En dicho evento, Sokalsky posicionaba los objetivos a corto plazo de la compañía minera más poderosa del planeta: “Esperamos alcanzar mediante el desarrollo de proyectos y la ampliación de las minas que ya poseemos, una producción anual de nueve millones de onzas de oro antes de cinco años”.
Pocos meses después de esta declaración, Barrick Gold fichó como directivo estrella en su área internacional al expresidente español, José María Aznar, quien ha llegado a la compañía a través de George Bush, quien figura en el directorio de la transnacional como “asesor honorario de la junta internacional de la empresa” y es miembro destacado en su junta de accionistas.

La superficie de los glaciares afectados por als actividades de la Barrick Glod disminuyó entre un 56% y un 70%.

Otro notable de la Junta Directiva de Barrick Gold es el venezolano Gustavo Cisneros, uno de los hombres más ricos del continente, propietario de más de 30 compañías que operan en todo el planeta. Cisneros fue vinculado a la trama del fallido golpe de Estado de abril de 2002 en Venezuela por la revista Newsweek, donde se afirma que el golpista Pedro Carmona “fue visto salir de la oficina de Cisneros” antes de ir al Palacio de Gobierno para jurar como presidente provisional, cargo que ostentó tan solo un día. En febrero de este año, George H. W. Bush, junto a su hijo George W. Bush, José María Aznar y Álvaro Uribe, compartían vacaciones con el ex primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, en la mansión residencial de Gustavo Cisneros, ubicada a 96 kilómetros de Santo Domingo (República Dominicana).

Para Marcelo Caumán, dirigente local comunitario de Santo Domingo,“es más que posible que en la reunión de expresidentes organizada en la casa de campo de Cisneros se decidiera la incorporación de Aznar al lobby de Barrick Gold, sin embargo, lo más grave para nosotros, es que decidieron, tras su reunión con nuestro presidente Leonel Fernández, la explotación de yacimientos mineros en la provincia de Monseñor Nouel, lo que tendrá un impacto irreversible sobre nuestra agua, vegetación, producción agrícola y ganadera”.
Esta provincia dominicana ya tiene experiencia en los daños que ocasiona la explotación minera, motivo por el cual en la actualidad se está creando un frente de organizaciones sociales para resistir la actividad extractiva que pretende iniciar Barrick Gold antes de final año. “No vamos a permitir que estos criminales que usan elementos tóxicos en su actividad productiva nos generen más tragedias como el desplazamiento forzoso, la deforestación, la destrucción de nuestras producción agrícola y la contaminación del medioambiente”, advierte Caumán.
 
MINA NORTH MARA. La multinacional Barrick Gold cuenta con gran cantidad de explotaciones, una de ellas en Tanzania, en la imagen. ZAHRA MOLOO
“Operación Aznar”
En Argentina, la compañía canadiense opera sobre dos proyectos de gran envergadura: el yacimiento Veladero, que comenzó su producción en octubre de 2005, y cuyas reservas de oro alcanzan los 18.200 millones y Pascua Lama, primer proyecto minero entre dos Estados que se realiza en el mundo y que consiste en desarrollar una mina de oro en la frontera entre Chile y Argentina. Las denuncias sobre violación de derechos sindicales e impacto ambiental han acompañado ambas explotaciones.
Según los representantes de Greenpeace en Argentina, “un informe técnico del año 2005 indica que la superficie de los glaciares afectados por las actividades de la Barrick disminuyó entre un 56% y un 70%”. Y prosiguen: “En febrero de este año se sancionó a la empresa por continuar afectándolos”.Tanto los yacimientos de Pascua Lama como Veladero se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera San Guillermo de la UNESCO y “están emplazados en ambiente periglacial, algo prohibido por la Ley de Glaciares”.
En ese contexto, José María Aznar se entrevistaba en julio con la presidenta Cristina Fernández Kirchner. Los resultados fueron inmediatos: un mes después, el juez Federal de San Juan procedía a la suspensión de la aplicación de la Ley de Preservación de Glaciares que había sido sancionada tras un intenso debate en el Congreso argentino. La Ley había llegado al Legislativo auspiciada por un centenar de organizaciones de la sociedad civil y hubiese supuesto la paralización de las actividades extractivas de Barrick Gold en la cordillera andina.
Barrick Gold es la transnacional minera dedicada a la extracción de oro a cielo abierto más grande del mundo. Con sede en Toronto (Canadá), fundada y dirigida por el polémico magnate de origen judío Peter Munk, la empresa opera en 27 minas de una quincena de países. Desde su constitución en 1983, las actividades de la Barrick Gold han venido acompañadas por constantes denuncias de irregularidades y violación de derechos humanos. Según el director cinematográfico y actual diputado argentino, Fernando‘Pino’ Solanas, la “historia negra” de la Barrick se remonta a sus orígenes, dado que “Munk fundó la empresa con dinero del principal traficante de armas de la tierra Adnan Kashogui, socio de personajes como Monzer al Kassar”.
Entre las denuncias contra Barrick Gold, destacan los sucesos de 1996 en Tanzania. Allí, la compañía estuvo involucrada en la masacre de más de medio centenar de mineros artesanales (pirquineros) de la mina Bulyanhulu, que fueron enterrados vivos por el apuro del Gobierno en desalojar el lugar y rellenar los pozos con tierra. La empresa primero intentó censurar un libro que denunciaba los hechos (Noir Canada. Pillage, corruption et criminalité en Afrique de A. Deneault, D. Abadie y W. Sacher), impidió su distribución y denunció a los autores.

18 millones de onzas de oro

El 4 de junio varias organizaciones ambientales convocaron una manifestación en el valle de Huasco, enla frontera de Chile y Argentina, contra la extracciones en la mina Pascua Lama. El valle de Huasco es barrera natural contra el avance del desierto de Atacama. Se estima que en esa mina existen un 14% de las reservas de oro mundiales por explotar.
La cantidad de reservas calculadas es de 18 millones de onzas de oro, 731 millones de onzas de plata y 662 millones de libras de cobre, hay, además, otros minerales. Un 75% de esos recursos se encuentran en el lado chileno y el resto en Argentina. Para extraer el oro se emplea gran cantidad de cianuro que ponen en peligro el entorno natural.