domingo, 27 de abril de 2014

Penúltimo capítulo del culebrón entre Gustavo Petro y el presidente Santos


Gustavo Petro vuelve a la Alcaldía de Bogotá

Por Decio Machado // Quito (Ecuador)
Para periódico Diagonal
www.diagonalperiodico.net

Bogotá vive inmerso en un galimatías jurídico propio de aquellas viejas películas hollywoodenses como “12 hombres sin piedad”, “Matar a un ruiseñor” o “Testigo de cargo”, pero con una dirección cinematográfica notablemente deficiente si la comparamos con las de Sidney Lumet, Stanley Kramer o Billy Wilder.

Para Martín Maldonado, un estudiante bogotano que ha estado en prácticamente todas las movilizaciones de respaldo a Gustavo Petro en estos últimos meses, el nivel baja de su estatus cinematográfico al de “culebrón” latinoamericano. Según este universitario, “lo que vivimos en la ciudad es como una telenovela de la cual Petro es el protagonista, y cuyo guionista se ha propuesto sorprendernos en cada capítulo, semana tras semana, para mantenernos en tensión permanente y que no nos perdamos ningún episodio de la serie”.

Pero más allá de referencias cinematográficas y libretos especializados en “punto de giro” y otras estrategias de enganche y adicción televisiva, lo que sucede en Bogotá pasará factura más temprano que tarde a sus 7,8 millones de habitantes. Así lo asegura Jaime Castro, ex-alcalde de la ciudad, cuando indica: “Estamos en un verdadero laberinto jurídico, político, administrativo, institucional y nadie sabe cuál será la salida, porque están pendientes muchas acciones judiciales más. Sin duda alguna esto afecta la ciudad”. De momento están sin suministro hídrico algunos barrios de la capital, motivo por el cual se comienzan a enviar camiones con tanques de agua a diversos hospitales y otros centros de atención prioritaria.

El más reciente de estos episodios se dio el pasado martes, 22 de abril, cuando para sorpresa de todos, incluida la alcaldesa encargada María Mercedes Maldonado, el Tribunal Superior de Bogotá a través de un fallo de tutela se pronunció a favor de la restitución de Gustavo Petro, respetando así las medidas cautelares emitidas con anterioridad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas habían sido previamente ignoradas por el presidente Juan Manuel Santos, motivo que permitió que se consumara la destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde capitalino promovida por el procurador Alejandro Ordoñez.

La acción de tutela es como se denomina al mecanismo previsto en el artículo 86 de la Constitución colombiana, por el cual se busca proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Según el profesor académico Galo Stalin Blacio, la tutela “es la garantía constitucional del derecho que tiene toda persona a la protección judicial de sus derechos fundamentales a través en un recurso efectivo”.  No es baladí que esta carta magna, en vigor desde 1991, sea conocida popularmente como la “Constitución de los Derechos”, habiendo sido fruto del proceso de paz y desarme del grupo insurgente M-19, así como de una fuerte movilización estudiantil que obligó al Estado colombiano a proceder en su día con un proceso constituyente.

Sin embargo, las garantías constitucionales existentes en la ley de leyes colombiana históricamente siempre han molestado a sus mandatarios, y el presidente Santos no es una excepción. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá no ha sido un plato de buen gusto para Juan Manuel Santos, aun resuenan en los oídos de la ciudadanía bogotana su frase “no tengo alternativa”, mientras firmaba el acta de restitución de Gustavo Petro a su alcaldía. Ese mismo día, al primer mandatario tampoco le faltó tiempo para hacer un llamado de atención sobre la aplicación de las garantías constitucionales establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano, señalando que el “uso indiscriminado de la acción de tutela puede conducir a la inseguridad jurídica, al caos administrativo y político”.

El presidente Santos, más allá del procurador general Alejandro Ordoñez, es el responsable de que la ciudad de Bogotá sume tres alcaldes diferentes en tan solo una semana, con el consiguiente caos administrativo y parálisis de su gestión. En ese sentido, Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la CIDH, recordó que el 18 de marzo pasado la institución a la que representa había dictado medidas cautelares en favor de Gustavo Petro, por las cuales se pedía al Estado no ejecutar la decisión de destitución e inhabilitación demandada desde la Procuraduría General del Estado. Santos desoyó dicho mandato, alegando que las medidas de la CIDH no eran obligatorias y que pesaban más las decisiones de las autoridades nacionales, por lo que firmó al día siguiente lo que en aquel momento era la “sentencia de muerte política” de Petro.

Queda por ver el desenlace de este drama judicial o lo que para el joven Maldonado sería el capitulo final del “culebrón Petro”, dado que el procurador Ordoñez –responsable también entre otras de la destitución e inhabilitación de la ex senador Piedad Córdoba- ya anunció que impugnará de forma inmediata la restitución de Gustavo Petro.

En todo caso, y para bien, las coyuntura actual ha propiciado un gran debate social en este país andino, el cual va desde cuestionar los ultra-poderes otorgados a un cargo no electo por la ciudadanía como es la Procuraduría General de la Nación, hasta la necesidad cambios estructurales en el sistema de justicia colombiano.


sábado, 19 de abril de 2014

Las maniobras del Gobierno de Correa para evitar una consulta popular por el Yasuni

ECUADOR: IRREGULARIDADES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA RECOGIDA DE FIRMAS


“Se ve, se siente, hasta se huele, el miedo del Gobierno a una consulta popular sobre este tema”, decía el expresidente de la Asamblea Constituyente Alberto Acosta.
Redacción periódico Diagonal (Quito, Ecuador)


El pasado 12 de abril, Yasunidos, un colectivo cuya composición social es básicamente juvenil y cuyas formas de acción son muy similares al movimiento de indignados en España, entregaba un total de 756.623 firmas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador.
Foto de Edu León

Dichas firmas tienen como finalidad exigir una consulta popular sobre el futuro de los campos Ishipingo, Tiputini y Tambococha (ITT) ubicados al interior del Parque Nacional Yasuní, el área con mayor biodiversidad de América de Latina. El número de firmas presentadas por Yasunidos suma casi un 30% más de las exigidas por el Código de la Democracia, en el cual se señala la necesidad de obtener un apoyo del 5% del patrón electoral, es decir, 584.116 firmas para que se dé un proceso ciudadano participativo de estas características. Cabe señalar al respecto que el patrón electoral ecuatoriano alcanza la inverosímil cifra de 11,4 millones de electores en un país de 14,5 millones de habitantes con una tasa de fertilidad de 2,44 hijos por mujer, con lo cual se evidencia lo inflado que está, actuando como un impedimento agregado para que se den este tipo de procesos.
La campaña de firmas se sostuvo durante seis meses, donde Yasunidos compitió con otras dos organizaciones, que planteaban preguntas alternativas a la propuesta por este grupo. Por un lado, la organización Amazonía Vive, que plantea una pregunta de apoyo a la determinación tomada por el presidente Rafael Correa el pasado 15 de agosto de explotar el crudo existente al interior de la zona calificada por la UNESCO como reserva de la biósfera Yasuní.
Por otro, el Frente de Defensa Total de la Amazonía (FDTA), que planteaba a su vez la pregunta de declarar todo el Ecuador libre de cualquier actividad extractiva, fuere del tipo que fuere. Hasta el momento Amazonía Vive apenas ha sido capaz de presentar 400.000 firmas -debiendo entregar la totalidad de éstas el próximo 15 de mayo- y el FDTA estima, según sus representantes, haber presentado en torno a 600.000.
El sentimiento generalizado en gran parte de las organizaciones ambientalistas ecuatorianas es que la aparición repentina de estas dos organizaciones en el escenario político responde a una estrategia establecida desde el gobierno y destinada a generar confusión informativa en la sociedad. Al respecto, es importante indicar que Amazonía Vive es una organización compuesta por dirigentes y autoridades locales del correísmo, mientras que los representantes del FDTA son absolutamente desconocidos en los ámbitos sociales y políticos del país. Llama la atención que incluso la publicidad y propaganda emitida por estas organizaciones fueran plagios de los contenidos y diseños gráficos desarrollados por Yasunidos en su campaña, lo que generó confusión y desconfianza entre los ciudadanos sobre a quién estaban avalando con su firma.
“Nuestra pregunta es clara, a diferencia de los demás”, declaran los voceros de Yasunidos, “y ésta consiste en preguntar sobre si se está de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga indefinidamente el crudo del ITT bajo el suelo”.
Dicho cuestionamiento responde a un sentimiento popular expresado incluso por encuestadoras cercanas al oficialismo, como es el caso de Perfiles de Opinión, quien en un reciente sondeo indica que el 72,3% de la población se manifiesta a favor de ser consultada al respecto. Fue el mismo presidente Correa quien desafió a los movimientos sociales a recolectar las firmas necesarias para exigir esta consulta popular.“Si quieren una consulta, de acuerdo, pero no sean vagos, recojan las firmas si tienen tanto apoyo”, indicaba el mandatario el 18 de agosto del año pasado en una sus habituales cadenas televisivas.
Sin embargo, tras el último proceso electoral -las elecciones seccionales del pasado 23 de febrero- donde el correísmo a pesar de mantenerse como primera fuerza política perdió 21 puntos porcentuales de votos, la seguridad con la que se expresaba Correa parece haber cambiado. Según el expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, Alberto Acosta, hoy crítico con el Gobierno, “se ve, se siente, hasta se huele, el miedo del Gobierno a una consulta popular sobre este tema”. 
Los hechos parecen darle la razón, pues apenas cuatro días después de la entrega de firmas, miembros del colectivo Yasunidos documentaron mediante vídeo quefuncionarios públicos habían abierto una de las cajas que contenían copias de los documentos de identificación de sus recolectores de firmas. Según los abogados de este colectivo, ninguna de estas cajas debe ser abierta sin la presencia de los afectados, y este hecho invalida incluso la verificación de firmas pues supone la ruptura de la cadena de custodia que requiere el debido proceso.

Documentación desaparecida

La normativa legal obliga a que en cada formulario de recolección de firmas se identifique al recolector, el cual debe a su vez presentar la fotocopia de su identificación personal al CNE con el fin de que dichos impresos sean validados. Del listado de 1.400 recolectores propiciados por Yasunidos al CNE, ahora muchos de estos no aparecen, lo cual significaría la invalidación de aproximadamente 200.000 firmas recogidas según denuncian voceros de esta organización.
 Según Esperanza Martínez, presidenta de la organización Acción Ecológica, “asistimos a una estrategia para invalidar gran parte de las firmas recogidas por Yasunidos, pues nos hemos encontrado con la sorpresa de que las identificaciones de varios recolectores, entre los cuales me incluyo, han desaparecido del CNE”.
De igual manera se manifiesta David Suárez, miembro del colectivo afectado, quien indica que “las firmas que hemos recogido representan la voluntad popular de nuestro pueblo a ser consultado sobre el futuro del Yasuní, representamos a una generación de jóvenes que hemos estado en la lucha para defender la naturaleza, los pueblos no contactados que allí viven y a la democracia de nuestro país; ahora todo nuestro esfuerzo está puesto en cuestión”. Estos hechos son negados por el vicepresidente del CNE, Paul Salazar, quien indica que los auspiciantes de la consulta nunca presentaron dicha documentación.
Para Julio César Trujillo, uno de los más respetados y veteranos juristas del país, “esta situación ha conllevado que se interponga un escrito al CNE para que se detenga el proceso de verificación de firmas, buscando que se aclaren las irregularidades denunciadas”.

Intervención militar

Haciendo caso omiso de estos reclamos, el CNE prosiguió con su proceso. El jueves 17 de abril, y tras haber solicitado Yasunidos públicamente garantías legales para el manejo de las firmas, las Fuerzas Armadas se personaron en las instalaciones del CNEcon el fin de trasladar las cajas con los formularios a un recinto militar en el cual se ha instalado el centro de verificación firmas. Efectivos de la Policía Nacional intervinieron frente a los jóvenes que protagonizaban acciones de resistencia pacífica para intentar impedir dicho traslado. Patricio Chávez, vocero de la organización Amazonía por la Vida se cuestiona al respecto: “No entendemos como se llevaron las firmas a un centro militar custodiado por el Ejército para su revisión, cuando estos procesos se han realizado tradicionalmente en las instalaciones del mismo CNE”.
En la actualidad, el proceso de verificación y validación de firmas se desarrolla en dichas instalaciones militares. A éstas, se les ha prohibido el paso a los miembros de Yasunidos, que carecen de veedores propios para la fiscalización del proceso. Según Paul Salazar, la verificación transcurre con normalidad al interior del complejo militar, estando las veedurías ciudadanas garantizadas con miembros del Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo.
En todo caso, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y el titular de la Defensoría del Pueblo son personalidades que han ejercido con anterioridad destacados cargos políticos durante el Gobierno actual. Ambos están vinculados al oficialismo correísta, de igual manera que lo está el propio Salazar y el presidente del CNE, Domingo Paredes, quien con militancia en Alianza PAIS ocupó cargo como ministro en el Gobierno de Rafael Correa. En este sentido, Chávez es categórico: “La veeduría conformada por el CNE para el proceso de verificación de firmas que debe legitimar este proceso teóricamente democrático nos excluye y no nos representa”.
Aunque queda por ver la resolución final de la verificación de las firmas, el conflicto en torno a la consulta popular sobre el futuro del Yasuní-ITTagudiza aún más ya acelerado distanciamiento entre las organizaciones sociales y el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador.
Según diversos analistas académicos de la izquierda social ecuatoriana, es de prever que esta situación se verá agravada por la intención del actual gobierno de promover una reforma constitucional para permitir el cultivo de transgénicos, la reelección indefinida del actual mandatario o el futuro acuerdo con la Unión Europea para la conformación de un Tratado de Libre Comercio, eufemísticamente denominado como Acuerdo de Asociación.

sábado, 5 de abril de 2014

Caso Gustavo Petro: FLAGRANT SYSTEM ERROR




Para Revista Nueva Sociedad Número 250


Resumen:
La destitución e inhabilitación de Gustavo Petro por la Procuraduría General de la Nación, ha abierto una crisis institucional que va acompañada de un debate nacional sobre la necesidad de una reforma integral del sistema de justicia. El conflicto en torno a la alcaldía de Bogotá ha implicado a múltiples actores –nacionales e internacionales-, que cuestionan la legitimidad del proceso y los “megapoderes” otorgados a una institución no elegida por sufragio universal. Su resolución consolidará o deteriorará aún más el sistema “democrático” colombiano.

Decio Machado: sociólogo y periodista. Miembro del equipo fundador del periódico español Diagonal e investigador de la ecuatoriana Fundación Alternativas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA).

Palabras claves: Procuraduría General de la Nación, Alejandro Ordoñez, recolección de basura, Gustavo Petro, Bogotá, Colombia.

El pasado 9 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación consumaba el proceso iniciado meses atrás de destitución e inhabilitación por 15 años para aspirar a cargos públicos del alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Dicha sanción se basa en supuestas irregularidades y mala gestión en la reforma del sistema de recolección de basura en la capital colombiana, hechos acontecidos en diciembre del 2012 y a través de los cuales el gobierno municipal desprivatizó este servicio público.

El origen del caso Petro

La destitución del alcalde capitalino se originó en la puesta en marcha del programa “Basura Cero”, un compromiso electoral que Gustavo Petro asumió como dirigente del Movimiento Progresista -tras apartarse del Polo Democrático Alternativo- durante su campaña electoral en la segunda mitad del 2011[1].

Mediante la aplicación de este programa, la alcaldía de Bogotá buscaba reducir en miles de toneladas la basuras que produce diariamente dicha urbe[2]. Así, el 18 de diciembre de 2012, el gobierno municipal de Bogotá decidió el traspaso de competencias de la recogida de basuras de manos de operadores privados a la empresa pública Aguas de Bogotá, vehículo de expansión de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB)[3]. La medida, aplicada con cierta improvisación y apresuramiento, provocó que a través de una acción concertada por parte de determinados contratistas privados, quienes hasta entonces se habían beneficiados por prórrogas permanentes de sus contratos, se acumularan basuras durante los tres primeros días de esta medida[4]. Fruto de esta situación, el gobierno municipal tuvo que afrontar de forma transitoria la firma de nuevos contratos con operadores privados, mientras consolidaba su programa público de recogida de basuras y reciclaje.

A pesar de que el plan “Basura cero” reduce notablemente las tarifas del servicio de recolección de desechos, a la par que formaliza las condiciones laborales de unos 14.500 recicladores que quedaron vinculados al proyecto, la Procuraduría General de la Nación, liderada por el ultraconservador Alejandro Ordoñez, resolvió abrir una investigación por “presuntas conductas irregulares” [5]. En descargo del dirigente socialdemócrata, cabe indicar que la medida aplicada está estrechamente vinculada a lo que fueron los principales ejes de su campaña electoral: la defensa de lo público, lo ambiental y la lucha contra las mafias.

Mafias ancladas a la recolección de basura

Entre los empresarios beneficiados por las prórrogas sine die de la recolección de desechos en Bogotá, destacan dos grandes y controvertidos contratistas colombianos: William Vélez y Alberto Ríos[6]. Ambos fueron protagonistas de diversas maniobras que tuvieron como objetivo la prórroga de sus contratos, congestionando con todo tipo de observaciones las licitaciones que en diferentes momentos se dieron por parte del municipio bogotano. Esta estrategia se basó en el impulso de un amplio abanico de observaciones a los términos de referencia contractuales propuestos por la alcaldía, los cuales iban desde la modificación de los indicadores de gestión propuestos hasta la solicitud de cambios en los sistemas de remuneraciones para funciones complementarias, como era el caso de quienes cortan el césped o podan los árboles. Debido a que dichas observaciones conllevan la necesidad de respuesta rápida por parte de una burocracia administrativa incapaz de cumplir con tales fines, lograron en sucesivas ocasiones el retraso de las licitaciones, manteniéndose como beneficiarios de los contratos a pesar de que sus concesiones hubieran finalizado.

En lo referente a la vinculación de determinados grupos empresariales y políticos con el paramilitarismo, el caso de William Vélez es paradigmático[7]. En los últimos diez años, Vélez se convirtió en uno de los grandes contratistas de obras públicas del país, habiendo construido el holding empresarial Grupo ETHUSS, el cual factura por encima de los 200 millones de dólares anuales y opera más allá de las fronteras colombianas[8]. El nombre de Vélez ha sido referido en múltiples ocasiones por ex jefes paramilitares –destacan las declaraciones de Freddy Rendón Herrera, alias “el Alemán”; Salvatore Mancuso y Jesús Ignacio Roldán Pérez, alías “Monoleche”-, los cuales le identifican como testaferro de Vicente Castaño, alias “el Profe”, uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) [9]. Su nombre aparece también en memorandos del Bloque Norte de las AUC relacionados con el negocio de la basura. En círculos empresariales, Vélez es señalado como protegido y gran amigo del ex presidente Álvaro Uribe.

Con respecto al empresario Alberto Ríos Velilla, quien es socio de la empresa Aseo Capital, cabe señalar que el clan Ríos Velilla es socio de la familia Nule –Grupo Nule- en polémicos negocios que en la actualidad son investigados por las autoridades judiciales. Al respecto, a mediados del 2010 salieron a la luz pruebas que evidencian la negociación de multimillonarias comisiones por parte del ex congresista Germán Olano al empresario Miguel Nule Velilla, cuya empresa manejaba contratos de distintas obras públicas que se desarrollaban en Bogotá durante la gestión de Samuel Moreno. La principal obra que se vio directamente afectada en dichas negociaciones irregulares fue la construcción del sistema de transporte público TransMilenio, la cual llegó a tener casi dos años de retraso y notables incrementos en sus costos iniciales.

En la lista de los implicados en el llamado “Carrusel de Contratación” –hechos que sacudieron la gestión municipal de Samuel Moreno-, aparecen entre otros los contratistas Miguel, Manuel y Guido Nule, todos ellos detenidos e imputados por la Fiscalía en diferentes delitos vinculados a este escándalo. En abril del 2013, una investigación periodística descubría la participación del clan Ríos Velilla en la sociedad anónima Land Developer Investment Inc[10], con sede en el paraíso fiscal de Panamá, la cual se beneficia de un porcentaje del pago de cada uno de los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP)[11]. Periodistas del diario El Tiempo[12] [13] documentaron en Bogotá, Cartagena, Panamá y Santiago de Chile la presencia en la sombra de miembros de la familia Ríos Velilla en la firma recaudadora de los pasajes del SITP, así como su conexión panameña. Estas triangulaciones de empresas se complejizan con la aparición de empresas como Inversiones Alsacia SA, compañía que presta servicios de transporte público en Santiago de Chile, y tiene entre sus accionistas de forma indirecta a los Ríos Velilla[14].

Más allá de lo anteriormente expuesto, el hecho de que ambos empresarios se mantuvieran por más tiempo de lo estipulado en la recolección de basuras de Bogotá, implicó unas tarifas 20% más altas de lo establecido por la regulación vigente.

Procuraduría General de la Nación: el ariete contra Petro

La Procuraduría General de la Nación ejerce como un organismo de control autónomo del Estado que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir irregularidades de los gobernantes, los funcionarios públicos y las agencias del Estado colombiano. Dicho organismo pretende garantizar la vigencia de los derechos colectivos de la ciudadanía, actuando en representación de la sociedad civil. Su máximo representante, el procurador general, es elegido por el Senado por un periodo de cuatro años a partir de una terna integrada por candidatos postulados por el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Según Claudia Ruíz, ex investigadora de la Corporación Arco Iris y ex secretaria de acción social de la administración Peñalosa en la Alcaldía de Bogotá, el procurador Alejandro Ordóñez "compró” su reciente reelección (2013-2017) “vendiéndole a los congresistas puestos y contratos en la Procuraduría". Más allá de la polémica, cabe recordar que el propio Petro avaló con su voto como senador (2009) el primer nombramiento de Ordoñez como procurador general[15] [16].

Alejandro Ordóñez, un hombre que reza diariamente el rosario y es un fiel seguidor de la doctrina ortodoxa del monseñor Lefebvre, goza de fama por lo intransigente de sus actuaciones[17]. Sus antecedentes se remontan a la quema de libros considerados “eróticos” de autores como Thomas Mann, Rousseau, Marcel Proust o Víctor Hugo, cuando aún era estudiante en el Colegio San Pedro Claver de Bucaramanga[18]. En la actualidad, más allá de la destitución e inhabilitación de Gustavo Petro, el procurador mantiene duras batallas contra el “matrimonio igualitario” –habiendo la Procuraduría anulado todos matrimonios de personas del mismo sexo que se han dado en el país-[19]; obstaculizando paralelamente todos los esfuerzos que se generan desde diversos ámbitos por garantizar la prestación de los servicios de interrupción de embarazos incluso en los casos admitidos por la ley[20]; para terminar ejerciendo una férrea oposición a los debates sobre la legalización de la droga y al Proceso de Paz que se desarrolla con la insurgencia[21].

Respecto al caso Petro, la Procuraduría General de la Nación esgrimió varias acusaciones de irresponsabilidad para sostener su destituir e inhabilitación. La primera hace referencia a la improvisación, determinando que el burgomaestre “de manera libre, consciente y voluntaria ordenó asignarle la prestación del servicio de aseo a dos entidades sin ninguna experiencia, conocimiento y capacidad”. Según el Procurador, esto generó “la grave emergencia que afrontó la ciudad para los días 18, 19 y 20 de diciembre de 2012”. Añadiendo que dicha improvisación significó la compra y alquiler de compactadores en detrimento al patrimonio distrital, habiendo que contratar nuevamente a operadores privados.

La Procuraduría considera a su vez, que desde el gobierno distrital se implementó un modelo para el aseo de la ciudad que está fuera de la ley, vulnerando así “los principios de la libre empresa y competencia”. Ordoñez sostiene que Petro actuó de forma consciente y voluntaria, sabiendo que sus medidas eran irregulares. Por último, el procurador le imputa como falta disciplinaria la autorización de “prestación de servicio de aseo con volquetas”, decisión que se tomó ante la acumulación de “entre 6 mil y 9 mil toneladas de basura” durante los tres días de caos en Bogotá.

En resumen, según la Procuraduría General de la Nación, el alcalde Petro había provocado “la crisis y el caos en diciembre de 2012, la incorrecta prestación del servicio de aseo por volquetas hasta junio de 2013 y el riesgo actual de que los compactadores estén a punto de perderse”. De esta manera, se habría vulnerado el principio de “lealtad de empresa”, poniendo en riesgo la salud del conjunto de ciudadanos de Bogotá.

Las estrategias de Gustavo Petro

A partir de su destitución, Gustavo Petro jugó a liderar un proceso que pretende tener características similares a los “indignados”, el cual tuvo su origen en la “primavera árabe” –diciembre del 2010- y que posteriormente se expandió a través del 15-M español, la toma de Wall Street en Nueva York o las más reciente protestas masivas en distintas ciudades brasileñas contra el alza del transporte y los gastos del mundial de fútbol[22]. Para ello se posicionaron mensajes como “Bogotá se levanta indignado”, y un llamado a la movilización permanente en protesta contra la desproporcionada sanción emitida por la Procuraduría. Petro llegó a afirmar, la misma noche de su destitución, desde la Plaza Bolívar –hoy rebautizada como “plaza de los indignados”- que “el alcalde se queda si ustedes se quedan”, en referencia a las acampadas urbanas protagonizadas en otros países.

Sin embargo, los indignados que han protagonizado movilizaciones en otros países se han movilizado en protesta contra los altos niveles de desempleo, la corrupción o la ausencia de libertades políticas. Sus discursos comparten ejes que van desde el cuestionamiento al poder de las transnacionales hasta la bancocracia y los malos servicios públicos, derrocando a regímenes dictatoriales o en otras ocasiones, evidenciando las falencias de sistemas “democráticos” a través de la consigna “somos el 99%”.

Si bien Petro supo aglutinar al conjunto de afectados por las arbitrariedades de la Procuraduría –jóvenes por la despenalización del consumo de las drogas, movimientos de mujeres pro-abortistas o el frente LGBT-, lo cierto es que el alcalde de Bogotá no deja de representar una burocracia de más de 80.000 servidores públicos y una institución-plataforma[23] para aspirar a la Presidencia de la República, en la cual su último presupuesto municipal suma 14 billones de pesos (casi 500 millones de dólares). Con estos condicionantes, la Plaza Bolívar quedó lejos de equipararse a la Plaza Tahrir, en Egipto, aunque la capacidad de movilización del petrismo es indudable[24].

El alcalde destituido supo, tras la medida propugnada por la Procuraduría, convertir una gestión hasta entonces escasamente considerada –su imagen favorable era tan solo del 30%-, en una poderosa herramienta de propaganda que conllevó incluso pronunciamientos al respecto de Naciones Unidas. Petro y su equipo están haciendo todo lo posible por situar el caso en el ámbito internacional, cuya estrategia se basa en la solicitud de medidas cautelares a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), bajo el argumento de la persecución ideológica[25]. El corregidor bogotano también viajó a Washington, reuniéndose con un grupo de congresistas estadounidenses, incluido el senador demócrata Jim McGovern -un habitual en temas colombianos-, ejerciendo presión sobre el Palacio de Nariño[26]. En paralelo, Petro ha recibido declaraciones de apoyo desde los alcaldes de la Red de Ciudades Sudamericanas (REDCISUR)[27] y de los diputados de Izquierda Verde del Parlamento Europeo[28].

Con esta visibilidad internacional, los petristas lograron dilatar los efectos del fallo, aumentando el costo político de sus adversarios en el supuesto de que este se hiciera efectivo. Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha fallado varias tutelas a favor de Petro, lo cual también frena provisionalmente decisión del procurador. Estos recursos fueron interpuestos por ciudadanos –en el marco de las disposiciones constitucionales-  a los que se les dio la razón bajo el argumento de que “la destitución de un funcionario elegido popularmente limita el goce efectivo del derecho fundamental al control político”. Dicha decisión ha sido impugnada por la Procuraduría, dejando en un limbo jurídico la destitución de burgomaestre.

Revocatoria: estrategia uribista que actúa como “boomerang” petrista

Tras los sucesos de diciembre del 2012, el congresista Miguel Gómez -Partido de la U- impulsó la recolección de firmas con el objetivo de revocar a Gustavo Petro. Para ello, necesitaba 289.263 firmas –40% del total de votos de Petro en las últimas elecciones-, presentando en total 640 mil.

Si el cuestionado alcalde hubiera aceptado enfrentar la revocatoria, tenía grandes posibilidades de ser relegitimado, el referéndum se habría realizado entre septiembre u octubre del pasado año[29]. Sin embargo, su estrategia optó por dilatar el proceso lo máximo posible, reivindicando su derecho a la revisión de firmas. Tras la validación de 355.000 de estas, y la interposición de sucesivos recursos legales, el proceso llegaría a su fin cuando la Registraduría certificó de forma definitiva las firmas. El pasado 18 de diciembre era denegada la última de las más de 200 tutelas interpuestas por los petristas, con lo cual la revocatoria ya no tenía vuelta atrás, fijándose el 2 de marzo como la fecha para su realización.

Las acciones de la Procuraduría comenzaron seis meses después de que el uribismo iniciase su recogida de firmas, y lo cierto es que la situación generada por el fallo de destitución no pudo tener mejor impacto para el corregidor bogotano. Una encuesta de la firma Cifras y Conceptos, realizada pocos días después del fallo, indicaba que la solidaridad generada con el alcalde de Bogotá había elevado su nivel de aprobación del 30% al 53%[30]. Esta misma firma encuestadora, reafirmaba a finales del mes de enero, la progresión positiva de la imagen de Petro, la cual ya alcanzaba el 58%. A la pregunta concreta referente a si se está de acuerdo con su destitución, tan sólo un 30% dijo respaldar la sanción de la Procuraduría General[31].

La decisión del presidente Santos, al momento de terminar este artículo, de desestimar las medidas cautelares de la CIDH y validar el fallo de la Procuraduría clausura la consulta por la revocatoria y cierra legalmente el caso. Posiblemente lo que no quede cerrado con el nombramiento del nuevo alcalde interino Rafael Pardo Rueda sea el descontento generalizado con la Procuraduría, a la que se le cuestionan sus «megapoderes» por romper el equil
ibrio de fuerzas existente en un sistema democrático y en un estado de derecho.

Lo anteriormente descrito a propiciado un debate social de gran magnitud, en el que se debate desde reformar el rol de la Procuraduría hasta la necesitan cambios estructurales en el sistema de justicia de Colombia.






[1] Algunos analistas políticos manifestaron que su inscripción para las elecciones municipales podría ser declarada nula, en la medida que el candidato podría haber incurrido en doble militancia -según el artículo 2º de la ley estatutaria que da forma a la reforma política aprobada en el 2009-. Según esta versión, Gustavo Petro debería haber renunciado al Polo Democrático Alternativo al menos un año antes de su postulación como candidato por otra formación política. El 30 de octubre del 2011 Petro fue elegido alcalde de Bogotá, cuyo mandato comenzó el 1 de enero del siguiente año. De los 4.904.572 de votantes potenciales, 2.324.885 participaron, recibiendo Petro 721.308 (32,16%), mientras que su rival más próximo, Enrique Peñalosa, obtuvo 559.307 (24,93%), quedando en tercer lugar Gina Parody con 375.574 (16,74%).
[2] Bogotá es una ciudad que tiene una extensión de 1.776 km2, con una población aproximada de ocho millones de habitantes, en permanente crecimiento territorial y poblacional, en la que cada bogotano produce una media de 24 kilos de basura al mes.
[3] Aguas de Bogotá es una empresa participada en más de un 99% por entidades del orden distrital como la EAAB, la Empresa de Energía de Bogotá ESP, Metrovivienda, el Municipio de La Mesa y Colvatel.
[4] Durante su último día de operaciones, los privados dejaron de recoger entre 2.000 y 3.000 toneladas de desechos, los cuales estaban fuera de la programación prevista de la recién llegada EAAB. La privatización de la recogida de basuras en Bogotá llegó de la mano de la desaparición de la Empresa Distrital de Servicios Públicos (EDIS), liquidada en 1996 tras escándalos de corrupción y sobrecostos. Las nuevas contrataciones, una vez finalizadas las primeras concesiones, debieron ser ejecutadas durante el último período del mandado de Antanas Mockus, posteriormente durante la gestión de Luís Eduardo Garzón y parte del mandato de Samuel Moreno. Los trámites al respecto, protagonizados por este último, se vieron interrumpidos por las investigaciones que se realizaron al calor del escándalo sobre la contratación de obras públicas durante su gestión. La corrupción en la contratación pública en la alcaldía de Bogotá, en parte denunciada por el propio Gustavo Petro, motivó la expulsión de Samuel Moreno del Polo Democrático Alternativo (septiembre de 2011), quien posteriormente fue detenido al considerársele responsable de dichas irregularidades.
[5] El procurador Alejandro Ordóñez, que ha criticado otras medidas de Petro como la prohibición del uso de la plaza de toros municipal para las corridas -“arte” del cual Ordoñez es un apasionado-, fue el protagonista de la suspensión de Samuel Moreno como alcalde de Bogotá en 2011. En la actualidad, Moreno sigue enjuiciado por concierto para delinquir y otros delitos vinculados a la corrupción.
[6] Las sucesivas prórrogas de los contratos de recogida de basuras en Bogotá, incluidas dos declaratorias de urgencia manifiesta, vinieron a significar que incluso el Contralor Distrital de la ciudad, Diego Ardila, declarara en 2012 que esta situación no podía continuar, dando plazo hasta diciembre de ese año –fecha de la aplicación del plan “Basura cero”- para solventar dicha situación.
[7] Fue precisamente Gustavo Petro, en representación del Polo Democrático Alternativo, quien desde el Senado denunció, entre otras tramas corruptas y criminales, el escándalo de la “parapolítica”, destapando los vínculos económicos y políticos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lo que llevó a investigar, procesar y encarcelar a un tercio de los miembros del Congreso de entonces, en su mayoría aliados del uribismo.
[8] Las empresas del Grupo ETHUSS desarrollan su actividad en países como México, Panamá, Chile, República Dominicana y Ecuador, además de Colombia.
[9] José Vicente Castaño Gil, paramilitar y narcotraficante colombiano, es hermano de Carlos Castaño –jefe y fundador de las AUC-, y está pedido en extradición por la corte del sur de Nueva York por el delito de narcotráfico, aunque su paradero en la actualidad es desconocido.
[10] El presidente de Land Developer es el empresario Danny David Cohen Mubrabi, quien fue inhabilitado y excluido por “falta de honestidad” para participar en contratos con la Autoridad del Canal de Panamá -según un edicto del 25 de enero de 2012-. Cohen Mugrabi también es miembro de la junta directiva de la compañía colombiana Megaterra SA, creada en el 2010 y dedicada a proyectos de inversión, junto con los hermanos Joseph y Daniel Mildenberg Mizrachi. Dichos hermanos forman parte de la Corporación Karibana Beach Golf & Marina Club Cartagena de Indias, donde están asociados a su vez con los hermanos Javier y Alberto Ríos.
[11] Esta concesión, ideada en 2011 con una duración de 16 años, ha sido la más grande que se ha adjudicado en Colombia.
[12] http://www.eltiempo.com/noticias/carrusel-de-la-contratacion-en-bogota
[13] http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/nule/
[14] En el balance de Inversiones Alsacia SA del 2011, se señala que la firma Global Public Services SA –quien coparticipa de la primera- tiene el 99,98% de sus acciones, siendo este grupo controlado por los Ríos Velilla.
[15] http://www.kienyke.com/confidencias/asi-defendio-petro-su-voto-al-procurador-en-2008/
[16] En múltiples movilizaciones pro-petristas se han visualizado carteles con la frase "Cría Ordoñez y te sacarán los ojos" en alusión a este hecho.
[17] Su decisión de cambiar el retrato del general Francisco de Paula Santander que adornaba la sala plenaria de esta la Procuraduría por un enorme crucifijo, dejó constancia de su disposición a ejercer sus cargos públicos con profundo apego a su fe religiosa, a pesar de que Colombia se define como un Estado laico.
[18] Durante esa época, Alejandro Ordoñez se desempeñaba como jefe departamental de las Juventudes Conservadoras. Posteriormente ejerció como concejal del Partido Conservador en Bucaramanga, juez del tribunal administrativo de Santander, docente e investigador de varias universidades, llegando a presidente del Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo de Colombia.
[19] Esta situación se da a pesar de que tanto la Corte Constitucional de Colombia como el Consejo de Estado ya determinaran que las parejas del mismo sexo también pueden constituir una familia.
[20] Desde mayo de 2006 la ley colombiana autoriza la interrupción del embarazo en tres casos: cuando hay malformación del feto, en embarazos producto de una violación, o cuando peligra la vida o la salud mental de la madre.
[21] El procurador Alejandro Ordóñez fue quien inhabilitó por 18 años a la senadora Piedad Córdoba, por supuestos vínculos con las FARC.
[22] En Colombia ya ha habido fracasados intentos de apropiarse del modelo “indignados” con anterioridad. Destaca en este sentido la fallida reforma a la Justicia, donde mucha gente se indignó con el Congreso y con el presidente Santos, aunque el conato de desobediencia no duró lo suficiente como para consolidarse en un movimiento más allá de su efímera vida en las redes sociales.
[23] La alcaldía de Bogotá se considera el segundo cargo de mayor importancia en el país.
[24] Para ese propósito, entre otras cosas, el equipo de la Alcaldía dispone de un Comité de Defensa de la Bogotá Humana que coordina la ex secretaria de Integración de Bogotá, Teresa Muñoz. Este Comité está organizado por más de 30 nodos que agrupan distintas comunidades como los animalistas, las mujeres, las fuerzas políticas o la población LGBT.
[25] Actualmente, la CIDH tiene un atraso procesal de más 8.000 peticiones, y la de Petro al parecer no tiene las características suficientes para que se aplique el per saltum -la prioridad que se le da a casos de, por ejemplo, víctimas de tortura o menores de edad-, por lo que deberá esperar en la extensa fila de carpetas.
[26] La agenda de Gustavo Petro en EEUU incorporó también reuniones con ONGs y think tanks relacionados con temas latinoamericanos y derechos humanos, entre los que destacan Human Rights Watch, Diálogo Interamericano, el Centro Woodrow Wilson y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
[27] La REDCISUR manifestó su preocupación mediante una misiva a la CIDH, cuestionando que “una acción de una autoridad administrativa destituya a un gobernante elegido por voto popular de manera legítima”. El grupo, que incluye a los alcaldes de 11 capitales suramericanas, fue liderado por la alcaldesa limeña Susana Villarán quien ya salió airosa de un intento de revocatoria en su contra.
[28] Estos diputados europeos enviaron un carta al presidente Juan Manuel Santos preocupados por el trasfondo político de su destitución.
[29] Desde la entrada en vigor de la Constitución de 1991 ninguna de las más de 40 revocatorias que llegaron a las urnas fue exitosa.
[30] Polimétrica. Análisis sobre instituciones, política, economía y sociedad. Especial Bogotá. Diciembre de 2013. http://cifrasyconceptos.com/cms/modules/productos/files/FXXW.2013%20Polimétrica%20%20Diciembre%20Alcald%C3%ADa%20Bogotá.pdf
[32] La posición del presidente Santos se complica aún más estando en la antesala de las elecciones presidenciales, las cuales tendrán lugar el próximo 25 de mayo.