martes, 2 de mayo de 2023

El progresismo como parte del sistema

 


Por Decio Machado / Director Fundación Nómada

Arranco esta breve reflexión rememorando a José Ortega y Gasset, quien fue el más destacado referente de una generación de intelectuales españoles que en 1914 toma consciencia y se levanta contra la “vieja política”.

En el ámbito filosófico Ortega y Gasset, arqueólogo de la verdad y del conocimiento, plantea su teoría de la razón vital como alternativa al intelectualismo racionalista (razón pura cartesiana), la cual se fundamenta sobre dos perspectivas: la perspectiva de la vida que viene dada como realidad y la perspectiva de la razón donde el individuo se sitúa en su esfuerzo por comprender la realidad.

Parte del pensamiento orteguiano se condensa en la famosa frase “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”, contenida en su obra “Meditaciones del Quijote” (1914), y que viene a indicar que vivir es tratar con el mundo y entendiendo el contexto actuar en él. Partiendo de esa filosofía y como respuesta a un cuestionamiento puntual a su accionar político Ortega indicó: “No me pidan que sea coherente con mis ideas, pídanme que sea coherente con la realidad”.

Pues bien y tras esta introducción, la realidad de la izquierda latinoamericana en este momento es que, moderado su discurso político hasta la enésima expresión y en varios casos hasta obligados a forjar alianzas electorales con la centro derecha y el liberalismo ante el ascenso de nuevas tendencias filofascistas en la región, en la actualidad el progresismo se enfrenta a una grave pérdida de identidad y de confusión en su perfil ideológico.

Teniendo en cuenta, desde un enfoque estrictamente político, que el denominador común que transversaliza el primer ciclo de hegemonía progresista en el subcontinente es su incapacidad para generar transformaciones políticas, sociales y económicas de perfil estructural en los respectivos países en los que fue gobierno con excepción de Venezuela -lo cual es un caso singular de estudio-, en las condiciones actuales las posibilidades de alcanzar tales objetivos se muestra sustancialmente más lejanas.

Todos los gobiernos progresistas actualmente existentes en América Latina, tanto los que repiten como los que se estrenan en tales funciones, en la coyuntura política actual optaron por temperar sus discursos y propuestas políticas a cambio de alcanzar el poder. Sin embargo, el actual desplazamiento político y programático del progresismo hacia el centro implica una influencia cada vez mayor del conservadurismo moderado y sectores corporativos sobre dicha sensibilidad política. En estos momentos, esto es visible en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador sin ser el progresismo gobierno e incluso en Venezuela. En la práctica, lo que en corto puede parecer una concesión que posibilita su acceso al poder y en cierto modo les proporciona cierta estabilidad política, a la larga les aleja de los sectores sociales que históricamente les respaldaron y de la presión social que necesitan para implementar las reformas políticas instaladas en sus respectivos programas de gobierno y/o compromisos electorales.

Entregados al pragmatismo y la renuncia a lo que originariamente posicionaron como identidad ideológica, en este segundo ciclo de hegemonía progresista en curso la izquierda institucional poco se distinguen en su accionar de otras fuerzas existentes en el actual ecosistema político. En la gestión de los actuales gobiernos progresistas en el subcontinente la implementación de políticas públicas direccionadas hacia la transformación social es prácticamente inexistente, se carece de alternativas al modelo económico vigente y no se implementan fórmulas diferenciadas a la tendencia punitivista imperante que aporten soluciones en el corto plazo a los crecientes problemas de criminalidad e inseguridad ciudadana. Al menos en ambos casos, siendo la economía y la seguridad las principales preocupaciones en nuestras sociedades latinoamericanas, las políticas planteadas desde el progresismo se asemejan cada vez más a las a las propuestas históricamente identificadas con la derecha moderada.

Así las cosas, la izquierda progresista muestra su incapacidad para recuperar el entusiasmo popular que generó en su pasado reciente, cundiendo la apatía política en sus respectivas sociedades latinoamericanas que visualizan -con cada vez mayor claridad- la incapacidad de dicha sensibilidad política para producir las profundas transformaciones sociales que se reclaman y son necesarias en los distintos países de la región.

Es en este contexto donde el populismo de derecha radical acumula capital político, mostrándose -pese a sus reciente derrotas electorales- como una propuesta alternativa al actual establishment político latinoamericano del cual el progresismo pasó a formar parte, lo cual supone por momentos una amenaza cada vez mayor para nuestras frágiles, deficientes y limitadas democracias.

lunes, 1 de mayo de 2023

Ecuador: Crisis Orgánica

 


Por Decio Machado / Semanario La Brecha


El pasado 19 de abril la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento del Ecuador) inauguro el proceso, aun en curso, de recepción de testimonios y pruebas enmarcado en el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de malversación de fondos públicos.

Dicha Comisión de Fiscalización, compuesta por nueve legisladores, tendrá hasta el próximo 6 de mayo para aprobar su informe, el cual debe recomendar o no que el proceso vaya al pleno de la Asamblea Nacional, donde una mayoría calificada (92 votos de los 137 legisladores que la componen) podría destituir de sus funciones al presidente Lasso.

La iniciativa legislativa, impulsada desde las bancadas correísta y socialcristiana con el apoyo de otras facciones políticas representadas en el parlamento, enfrenta un escenario complejo: no hay mayorías políticas claramente establecidas en el actual legislativo y la debilidad de los argumentos por parte de los promotores del juicio político ha generado que la acusación inicial por peculado en torno a una contratación pública mutara hacía la legitimidad del mecanismo de renovación automática aplicada sobre dicho contrato. Entre tanto, maniobras destinadas a la “compra de voluntades” por parte de operadores políticos gubernamentales restan paulatinamente votos a una mayoría inicial de 104 legisladores que se pronunciaron el pasado 4 de marzo a favor de que tuviera lugar dicho proceso.

Mientras y en paralelo a esta disputa político institucional entre oficialismo y oposición que incendia en estos momentos las redes sociales, una sociedad ecuatoriana cada vez más distanciada del establishment político que dice representarla ve como entre 2021 y 2022 las muertes violentas crecieron un 82% en el país y como este indicador se mantiene espectacularmente al alza durante el año en curso. Tan solo en la ciudad de Guayaquil, cuyo puerto se ha convertido en el principal hub logístico de la región para la cocaína que va a Europa y norte del continente, se registraron más de 800 muertes violentas en lo que va de año, casi el doble de las contabilizadas en este mismo período en 2022.

Incapaz de controlar el avance de las redes delincuenciales y el incremento de la inseguridad ciudadana en el país, cuestión que se tornó de máxima preocupación para la sociedad ecuatoriana, el Gobierno Nacional centra su discurso en haber logrado poner en orden las finanzas públicas y bajo políticas de austeridad haber equilibrado el déficit fiscal. Todo ello, mientras siguen deteriorándose los servicios públicos especialmente en los ámbitos de salud, educación y atención a sectores históricamente olvidados.

Ecuador es uno de los pocos países de la región que aún no recuperó sus indicadores sociales y económicos existentes previos a la pandemia. La carencia de políticas públicas enfocadas a la dinamización del mercado interno hace que no se estén creando fuentes de empleo reales y inversión pública en infraestructuras es prácticamente inexistente, lo que ha derivado en una nueva ola de migración regular e irregular -arriesgando su vida vía selva del Darién- hacia Estados Unidos. Entre 2021 y 2022 más de 189 mil ecuatorianos salieron del país, cifra que supera el saldo migratorio de los últimos doce años en el país.

En estas condiciones y en términos gramscianos, con un Gobierno cuya popularidad apenas alcanza el 16% y una Legislativo con una credibilidad inferior al 6%, Ecuador se encamina de forma acelerada hacia una crisis orgánica donde ya comenzó a reposicionarse en la narrativa popular la vieja consigna “¡Que se vayan todos!”.