lunes, 15 de noviembre de 2010

La corrupción policial guatemalteca, pendiente de la justicia española

JUNTO AL EX MINISTRO VIELMAN, HAY NUMEROSOS CARGOS POLÍTICOS Y POLICIALES ACUSADOS

Por Decio Machado

Carlos Vielman está acusado de delitos de ejecución extrajudicial y asociación ilícita por las muertes de siete reos en 2006 y de tres diputados salvadoreños en 2007.

Desde el 13 de octubre, Vielman, ex ministro del Interior guatemalteco, está en una prisión española, a la espera o no de su extradición a Guatemala. Un principio básico internacional en las extradiciones es que los ciudadanos con nacionalidad del país donde son detenidos se juzgan allí. Y Vielman tiene ciudadanía española, por lo que es muy posible que no sea extraditado, sino juzgado en el Estado español.

El ex ministro del interior Carlos Vielman aparece imputado, al menos, en dos casos emblemáticos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales. En septiembre de 2006 fueron asesinados siete reos en la Granja de Rehabilitación Pavón en Guatemala. La versión oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) es que los fallecimientos fueron resultado del intercambio de disparos entre policías y amotinados. Sin embargo, las declaraciones de 60 testigos presenciales indican que los reclusos murieron por disparos a quemarropa de miembros de la PNC encapuchados, los cuales antes los habían torturado.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) –dependiente de la ONU– investiga este caso desde primeros de 2009 y ha solicitado entre otras la captura de Vielman. Entre la lista de implicados destacan también el ex ministro de Gobernación, Alejandro Giammettei –candidato a las últimas elecciones presidenciales y detenido hace dos meses en Guatemala tras negarle el asilo político el Gobierno de Lobo en Honduras– y Edwin Sperisen, ex director de la PNC –en la actualidad en paradero desconocido.

Según declaró a DIAGONAL Nelson Villarroel, jurista cercano a la Cicig, “la acusación original del Ministerio Público se planteó contra los hermanos Henry Danilo y José Luis Benítez Barrios, integrantes de un grupo especial de la PNC que participó en el operativo. Pero, como suele ser habitual en este tipo de casos en nuestro país, ambos fueron acribillados en una gasolinera de la zona 11, en junio de 2008”. En septiembre de 2010 fueron asesinados también otros dos testigos, Anthony Alexander Cruz García y Sindy Janeht Alvarado, colaboradores de la Cicig en la investigación.

Asesinato de diputados

En febrero de 2007 tres diputados salvadoreños, William Pichinte, Eduardo D’Aubuisson y Jorge González, del Parlamento Centroamericano (Parlacen) fueron secuestrados, torturados y posteriormente asesinados por miembros de la PNC guatemalteca cuando iban en sus vehículos hacia el Parlacen, en Ciudad de Guatemala.

Los cuerpos de los tres diputados salvadoreños, del partido ultraconservador Arena, aparecieron calcinados, al igual que el cadáver de su chófer, en las afueras de la capital guatemalteca. Horas después fueron detenidos cuatro policías de un grupo especial de la PNC como responsables directos de las ejecuciones y trasladados a un penal de alta seguridad donde fueron asesinados violentamente por un grupo de exterminio que operó con toda impunidad dentro de prisión.

Las investigaciones sobre el caso demuestran que los diputados arenistas, entre los que destaca uno de los hijos del ya fallecido Roberto D’Aubuisson –máximo dirigente de los escuadrones de la muerte salvadoreños y fundador de Arena–, llevaban un importante alijo de droga en su coche aprovechando la ausencia de control sobre los coches y personas pertenecientes al órgano legislativo centroamericano. Esta situación provocó que bandas organizadas en coordinación con miembros de la PNC hubieran articulado el asesinato de los diputados con el fin de hacerse con el clandestino cargamento de estupefacientes.

El juicio de este caso comenzó el 21 de octubre en Guatemala. En su primera declaración, el ex diputado Manuel Castillo, también entre los acusados, declaró: “Quienes los cuidaban eran policías, quienes los secuestraron eran policías y quienes los mataron eran policías, díganme qué hago yo aquí. Quienes deberían estar acá son el ex ministro de Gobernación (Carlos Vielman), el ex director de la Policía (Erwin Sperisen) y el ex director de investigación (Javier Figueroa). Ellos dirigían el grupo de ejecuciones en la Policía”.

Quien conoce Guatemala no necesita tener mucha imaginación para atar cabos entre redes de narcotráfico, grupos paramilitares, narcopolítica, sicariato y PNC. Según Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización de derechos humanos: “Todo esto indica que esas organizaciones criminales son manejadas desde muy altas esferas”. La existencia de mafias organizadas en la PNC ha sido reiteradamente denunciada por diversas organizaciones de derechos humanos, pero “nunca ha pasado nada”.

Redes de corrupción en PNC

Para Polanco, durante el actual Gobierno de Colom la estrategia de “aparentar hacer algo, pero no hacer nada” ha sido aplicada repetidas veces. A mediados de enero de 2008, días después de conformarse su Gobierno, 269 agentes de la PNC fueron despedidos por actos de corrupción. El entonces ministro de Interior, Vinicio Gómez, explicó que la destitución era un claro mensaje a los miembros de la Policía implicados en corrupción. Entre los destituidos se incluían cinco comisarios, ocho inspectores y varios oficiales. “La finalidad es devolver la credibilidad a la institución, blanco de denuncias de corrupción y de limpieza social”, afirmó entonces Gómez.

Para Claudia Miracán, del movimiento indígena guatemalteco, “las medidas de Colom tampoco pueden ser calificadas de muy novedosas o valientes. En el Gobierno anterior de Óscar Berger, en el cual Vielman, Giammetei o Sperisen ocuparon altos cargos, fueron destituidos al menos 2.245 agentes de la PNC por diversos delitos similares, nunca nada cambió y ellos eran la cabeza real de la corrupción interna en la PNC”.

A primeros de marzo de este año, la Cicig, en coordinación con las autoridades del país centroamericano, desarticuló “una estructura criminal” incrustada en la PNC dirigida por su propio director. Según fuentes cercanas a la policía, la forma de operar de esta red era simple gracias a la información que manejaba la policía. Robaban armas y droga, para luego venderlas a diversos grupos de narcotráfico dentro y fuera del país.

A Baltazar Gómez ya se le abrió una investigación en 2002, cuando un comando armado robó 1.604 kilos de cocaína de las bodegas del Departamento de Operaciones Antinarcóticas, incluso se le destituyó y luego fue reinstalado por no haber pruebas en su contra. Gómez fue nombrado director de la PNC el 7 de agosto de 2009 –en el Gobierno de Colom– en sustitución de Porfirio Pérez Paniagua, a quien también se detuvo por sindicación del robo de droga y dinero del narcotráfico. Incluso, el propio presidente Colom ha sido acusado en varias ocasiones de recibir financiación de estos sectores, pero nunca ha sido probada ninguna de estas acusaciones.

“El PNC al descubierto”

En marzo era desestructurado un grupo criminal en la propia PNC, con la implicación de altos cargos policiales. Según el jurista español Carlos Castresana, entonces jefe de la Cicig: “Con esas capturas quedó al descubierto que el director de la PNC, Baltazar Gómez, la principal responsable del combate del tráfico de estupefacientes, Nelly Bonilla y el oficial Fernando Carrillo, destacado en la Dirección de Puertos y Aeropuertos de esa institución, formaban parte de la cúpula responsable de varios robos de droga”.

Publicado en el periódico Diagonal, 15 de noviembre de 2010

viernes, 12 de noviembre de 2010

Brasil: interrogantes para el próximo ciclo político

Por Decio Machado

La actual presidenta electa de la República Federal de Brasil, ganadora en segunda vuelta con el 56% de votos válidos frente al 43% de su opositor José Serra, tomará posesión de la presidencia del gigante latinoamericano el próximo 1 de enero.

La Dilma Rousseff que ejercerá como primer mandataria de una de las economías emergentes más importantes del sistema mundo, hace ya mucho tiempo que no tiene nada que ver con la mítica militante revolucionaria contra la dictadura castrense de los años 60, imagen venerada durante la campaña electoral por sectores de la izquierda europea y estadounidense con sensibilidad latinoamericanista. Sobre su pasado, como integrante del movimiento revolucionario Política Operária (1) y la posterior “Juana de Arco de la revolución” (2) del grupo armado insurgente Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares, la propia Dilma renuncia, habiendo sido muy escueta cuando los medios le han hecho mención a esta cuestión durante toda su carrera política institucional.

Si hubiese que definir en la actualidad una impronta ideológica para la actual Dilma Rousseff, esta sería una tan difusa como la de pensamiento “social-desarrollista”. A pesar de lo confuso del término, no es baladí una definición de estas características para la futura presidenta del actual Brasil, dado que su principal desafío será mantener el crecimiento económico a la par que articular soluciones a los problemas sociales de carácter estructural que azotan a un país que según el Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y Caribe – 2010 elaborado por el PNUD, es uno de los más desiguales del mundo (3).

La futura mandataria brasileña deberá como primer objetivo llevar adelante la segunda fase del Programa de Aceleración del Crecimiento (Programa de Aceleração do Crescimento – PAC), el cual fue diseñado con la finalidad de impulsar el crecimiento económico brasileño con el compromiso de la superación de la miseria.

El pasado 29 de marzo Lula lanzó la segunda fase del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC 2), anunciando inversiones estimadas en US$ 526 mil millones (R$ 958,9 mil millones) durante el período 2011 al 2014. El PAC 2 incluye nuevos proyectos de inversión para los períodos 2011-2014 y pos-2014, como también proyectos iniciados durante PAC 1 cuyas actividades concluirán después de 2010. Para el período posterior a 2014, la inversión estimada es de US$ 346,4 mil millones (R$ 631,6 mil millones). Sumados los dos períodos, hablamos de un monto de inversión de US$ 872,3 mil millones (R$ 1,59 mil millón).

El PAC se trata de un programa de inversión estratégica que combina iniciativas gerenciales y obras públicas. En su primera fase el programa demandó inversiones de US$ 349 mil millones (R$ 638 mil millones), de los cuales ya se habían concretado el 63.38% en el momento del lanzamiento del PAC 2 (finales de marzo).

Por su parte, el PAC 2 (4) se asemeja a la primera fase del programa, enfocándose en inversiones en las áreas de logística, energía y desarrollo social, organizadas en 6 grandes iniciativas: Ciudades Mejores (infraestructura urbana); Ciudadanía para la Comunidad (seguridad e inclusión social); Mi Casa, Mi Vida (vivienda); Agua y Luz Para Todos (saneamiento y acceso a la energía eléctrica); Energía (energía renovable, petróleo y gas); y Transportes (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos).

Para este proyecto de continuidad desarrollista, Dilma se verá acompañada en su nuevo gobierno por ministros de pasado izquierdista que han desarrollado virajes ideológicos, algunos de ellos asombrosos, hacia el liberalismo económico (caso del ex ministro de Hacienda, Antonio Palocci, o del actual ministro de Planificación, Paulo Bernardo Silva, entre otros). Otro de los acompañantes de Dilma durante su campaña electoral y que tendrá peso en su gobierno es el actual asesor para Asuntos Internacionales de la presidencia, Marco Aurelio García, considerado por muchos como el “Maquiavelo de la política exterior brasileña” (5) y verdadero ideólogo del proyecto de Brasil como potencia mundial durante la etapa Lula.

A pesar de que Dilma fue una apuesta contra “viento y marea” del presidente Lula, quien consciente de la evaluación positiva hacia su gobierno, modificó la lógica tradicional de las elecciones brasileñas, convirtiendo la elección de 2010 en un plebiscito entre sus dos períodos de gobierno y los de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso del PSDB (6) (1995-2002), gobierno en el cual el opositor de Dilma, José Serra, fue ministro de Planificación y Salud.

Diseñada esa cancha de juego, la victoria del PT estaba asegurada: Lula disfruta de índices de popularidad del 80% al final de su mandato mientras Cardoso salió del Palacio de Planalto con menos del 40%.

Curiosamente, como una suerte de círculo taoísta de la vida, en el mismo punto donde se encuentra la explicación del triunfo de Dilma Rousseff y su fortaleza, se encuentra también su mayor debilidad: la futura primera mandataria brasileña será permanentemente comparada con su antecesor, Lula de Silva, quien aparte de gozar de una popularidad enorme y estar muy bien evaluado socialmente por su gestión, dispone de una experiencia y liderazgo no comparable a la de su sucesora.

Algunos apuntes sobre la biografía de la primera mujer que ejercerá la presidencia de Brasil

La biografía de Dilma Rousseff se resume en que una vez liberada de la cárcel (1973) en la que estuvo tres años por militar contra la dictadura militar, se graduó en 1977 como economista en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, a la par que participaba en la reestructuración del Partido Trabajador Brasileño, que más tarde pasaría a denominarse Partido Democrático Laborista (Partido Democrático Trabalhista-PDT) (7).

Durante el gobierno de Alceu Collares en Rio Grande do Sul (1991-1995), fue nombrada secretaria de Energía. En 1998, Olivio Dutra, miembro del PT, ganó las elecciones estatales con el apoyo de Partido Democrático Trabajador y Rousseff volvió a ocupar ese mismo puesto. Un año después, con la ruptura de la coalición, PDT pidió a sus miembros que abandonaran sus cargos, situación frente a la cual Rousseff optó por abandonar el partido y se integró al Partido de los Trabajadores, continuando su gestión en este gobierno local.

Es desde entonces que Dilma Rousseff se integra en la estructura de un pujante PT, dirigido por Luiz Inácio Lula da Silva, carismático ex obrero metalúrgico y líder sindical que desarrollando un fuerte discurso socialista había aupado al PT como segunda fuerza política en las elecciones presidenciales de 1989, 1994 y 1998. En ese momento Lula y la dirección del PT preparaban su cuarto asalto a la presidencia brasileña, las elecciones del 6 de octubre de 2002. La decisión de la dirección “petista” era clara, aunque el programa del partido se había ido moderando proceso electoral tras proceso electoral, en esta ocasión se lanzarían a una lógica de pragmatismo decidido, dulcificando de igual manera la imagen de su líder, concebido socialmente aun como un dirigente revolucionario y radical proveniente de los polígonos industriales del cinturón productivo paulista.

El 27 de octubre de 2002 el PT, con el apoyo de prácticamente toda la izquierda brasileña gana las elecciones en la segunda vuelta ante al oficialista José Serra del PSDB. A mediados de noviembre Rousseff se integraba en el equipo técnico de transición entre los gobiernos saliente y entrante, ejecutando la responsabilidad de coordinadora de una de las seis áreas de transición, en concreto la de Infraestructuras. El 1 de enero de 2003, Lula asume la presidencia de la república.

En enero del 2003, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva la nombró Ministra de Energía (8), cargo que ocupó hasta el 21 de junio del 2005 (9), día en que fue nombrada Jefa de la Casa Civil (un cargo equivalente a la jefatura de Gabinete), después de que su antecesor José Dirceu renunciara tras fuertes acusaciones de corrupción, generándose el momento más débil por el que atravesó el gobierno de Lula (10). Dilma hasta su presentación como candidata presidencial ejerció paralelamente como presidenta del consejo de directores de la empresa semi-pública petrolera brasileña Petrobras (la cuarta mayor empresa de energía del mundo y la segunda petrolera del continente americano tras la Exxon).

Durante toda su gestión, tanto en Energía como en la Casa Civil, Dilma Rousseff siempre fue considerada una ministra más técnica que política, situación que no se modificó hasta bien entrada la campaña electoral del 2010.

En su primera aparición pública como presidenta electa, la noche del pasado 31 de octubre, la futura mandataria brasileña recalcó como el primero de sus compromisos, su intención de "honrar a todas las mujeres, para que este hecho inédito de hoy se multiplique" en toda la sociedad. "Quiero que los padres y las madres miren hoy a sus hijas y les digan que una mujer puede ser presidenta de Brasil", declaró.

Indicó a su vez, su voluntad de garantizar el derecho a la opinión y la expresión, el empleo, la distribución de renta, la vivienda digna, la paz social, las más absolutas libertades de prensa, religiosa y de culto y que velará por el estricto respeto a la Constitución.

También se comprometió con la meta de "erradicar la pobreza", siguiendo la senda iniciada por el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, y terminó haciendo un llamamiento a los "empresarios, trabajadores, iglesias, a la prensa y a todas las personas de bien del país" a colaborar con un Gobierno que será "para todos, sin exclusión".

El IV Congreso del PT y la consagración de Dilma como sucesora de Lula

El Partido de los Trabajadores se fundó por un grupo bastante heterogéneo de personalidades, entre los que destacaban líderes sindicales, intelectuales progresistas y católicos ligados a la Teología de la Liberación. Nacido de las luchas de 1979 y 1980, su fundación oficial se dio el 10 de febrero de 1980 en el Colegio Sión en Sao Paulo. El partido es fruto de la aproximación entre diferentes movimientos sindicales de la Conferencia de las Clases Trabajadoras-CONCLAT (que vino a ser el embrión de lo que posteriormente conoceríamos como Central Única de los Trabajadores-CUT), con antiguos sectores de la izquierda política y social brasileña. En las elecciones de 1982, el PT fue la única organización que se construyó de abajo hacia arriba, arraigándose en sectores populares, en la lucha de los movimientos sociales y el frente sindical. Desde su origen el PT fue un partido distinto en América Latina, desarrollando una fuerte democracia interna con permisibilidad para la existencia de tendencias, y un sistema de elección por voto directo de sus dirigentes, con representación proporcional en todos los órganos de decisión internos.

El PT nació con una postura muy crítica al reformismo de los partidos políticos socialdemócratas. En su programa original podemos leer: "Las corrientes socialdemócratas no presentan hoy ninguna perspectiva real de superación histórica del capitalismo imperialista". De esta manera el PT se organizó y asumió liderazgo en la lucha política y social, partiendo desde estas formulaciones de marcado carácter ideológico marxista. Esta realidad no le eximió que fruto de su pluralidad interna (diversas corrientes y sectores), el PT desde su inicio dispusiera de posicionamientos políticos provenientes especialmente desde sectores sindicales (los cuales además constituyeron el “núcleo duro” de la organización) que apuntaban a una aceptación del orden social burgués, y cuya importancia interna fue creciendo en la misma medida en que el PT creció en aspiraciones electorales.

En el IV Congreso del PT que tuvo lugar entre el 18 y el 20 de febrero en el Centro de Convenciones Ulisses Guimarães de Brasilia, Dilma Rousseff fue aclamada por unanimidad como candidata presidencial por los mismos compañeros y compañeras que hasta hacía poco no habían visto clara su candidatura más allá del empecinamiento de su presidente y líder del partido, Luíz Inacio Lula da Silva.

Es de señalar que la deriva ideológica del PT hacia posiciones cada vez más pragmáticas ha tenido una agudización importante durante la gestión presidencial de Lula, desarrollándose una alianza con sectores de la burguesía tradicional brasileña que se ha ido incrementando desde el primer al segundo mandato lulista, generándose una alianza con el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) (11).

En ese sentido, el mismo IV Congreso del PT es sintomático de la evolución del partido, en él sus delegados aprobaron resoluciones como la siguiente: “El objetivo estratégico es transformar a Brasil en un país desarrollado, con indicadores de bienestar social aproximados a la media de los países desarrollados e indicadores de sustentabilidad ambiente superiores a la media de los practicados por los países de la OCDE”. Los objetivos marcados durante la jornada congresual fueron: ensanchar el mercado, integrar a millones de excluidos, disminuir las distancias entre pobres y ricos y crear grandes empresas nacionales que generen apertura de nuevos mercados en América Latina. En resumen, “reformar el capital”, lo cual fue la política de Lula desde el primer día de su gestión, y que a partir de febrero de este año se institucionaliza como la hoja de ruta política del Partido de los Trabajadores para el ciclo político venidero. Para el PT, oficialmente, el socialismo ha dejado de ser la tarea central para el próximo período histórico. Dicha posición política que se agudiza tras la alianza política formalizada en ese congreso con el PMDB, situación que sienta en la vicepresidencia del gobierno de Dilma al presidente de dicho partido, Michel Temer (12).

El futuro vicepresidente de la república es un experimentado político de 70 años, quien a pesar de haber declarado recientemente, "Seré un vice en los límites de la Constitución Federal. Seré extremadamente discreto, como conviene a un vicepresidente", ha realidad política manifiesta lo contrario. Varios dirigentes del PMDB, entre ellos Sarney, ya han manifestado públicamente que en esta ocasión “el PT no gobernará solo”.

Michel Temer, que ha presidido la Cámara de Diputados brasileña en tres ocasiones, está avalado por José Sarney, quien fue el primer presidente brasileño en el retorno de la democracia entre 1985 y 1990, y que en la actualidad ejerce como presidente del Senado. El binomio de Dilma con Temer responde al pago político efectuado por Lula como contraprestación al respaldo político recibido por el PMDB durante sus dos mandatos como jefe de Estado (13). De hecho, el PMDB continúa siendo el partido más grande del Brasil, habiendo obtenido en estas últimas elecciones cinco gubernaturas, 17 senadores frente a los 14 del PT y 79 diputados frente a 88 petistas.

Retos para la agenda política 2011-2014


Las tensiones al interior del PT están manifestándose en la conformación de lo que será en nuevo ejecutivo de Dilma Rousseff. Desde la izquierda del PT se apuesta por una lógica más social-desarrollista que apueste por un sistema más productivo y menos economicista-liberal, es decir, menos financiero.

Las perspectivas de superación de la crisis económica mundial son otro factor que preocupa fuertemente al interior del PT, dado que a pesar de los buenos resultados iniciales de superación de la crisis, la economía brasilera es cada vez más dependiente del mercado mundial y de los capitales extranjeros.

Por su parte, la futura primer mandataria es consciente de que las políticas de subsidio social desarrolladas durante los gobierno de Lula da Silva, solo podrán mantenerse si la economía brasileña crece por encima del 5% (lo que permitirá que el Estado pueda redistribuir una parte de la riqueza sin afectar los intereses de sus élites económicas), evitando así conflictos con los sectores sociales y posibilitando una política de “pax social” frente a los antagónicos intereses de una sociedad de marcada estructura de clases.

La necesidad de una reforma política institucional (normativizar adecuadamente los mecanismos de financiamiento de campañas electorales o la generación de mecanismos para que a través de iniciativas populares legislativas, la ciudadanía pueda convocar por sí mismo plebiscitos, referéndums, consultas sobre temas de interés, o revocar cargos electos, sin necesidad de aprobación de los parlamentarios, se ha convertido en asuntos urgentes) y una ley que democratice la propiedad de los medios de comunicación y regule su accionar cotidiano (los siete grupos mediáticos existentes en Brasil reaccionan ante cualquier propuesta democratizante acusando al gobierno de coartar la libertad de expresión, impidiendo la participación y control ciudadano), se han convertido en temas necesarios de abordar en la agenda política inmediata.

Desde la izquierda social, el debate se centra en la necesidad de articular frentes de lucha que empujen al nuevo gobierno de coalición a tomar medidas resolutorias en cuestiones como el desempleo, a elevación de los salarios, la jornada de 40 horas, el acceso a vivienda digna por parte de los sectores populares, el reparto de la tierra y el acceso de los y las jóvenes de extractos humildes a una formación adecuada y a la enseñanza superior. Pensar que este tipo de derechos, privilegios hoy en manos de las élites dominantes brasileñas, van a ser conquistados por la mera acción gubernamental sin necesidad de presión por parte de los movimientos sociales, podría ser definido como “izquierdismo infantil”, término cada vez más utilizado por los gobiernos progresistas latinoamericanos lamentablemente de manera muy inadecuada. A este respecto, preocupan unas recientes declaraciones del vicepresidente electo, en las cuales declaró que la solución para la educación superior es el cobro de aranceles en las universidades públicas (14).

Derechos fundamentales como la educación y la salud siguen siendo asuntos por resolver adecuadamente desde la perspectiva de lo público, a pesar de los ocho años de gobierno de Lula. En Brasil una atención sanitaria eficaz o una educación cualificada sigue siendo un ámbito acotado al sector privado, y en ese sentido, convertido en un privilegio que tan solo lo puede disfrutar una minoría con capacidad de costeárselo.

Una política fiscal adecuada que permita una mayor redistribución de la riqueza, se convierte en una exigencia de primer orden desde una perspectiva de izquierdas. Esta situación que se agudiza cuando hablamos de un país, que según indica un estudio (15) presentado el pasado mes de marzo por Naciones Unidas, es uno de los líderes del ranking de desigualdad a nivel planetario.

Según el estudio referenciado, las ciudades brasileñas de Goiâna, Fortaleza y Belo Horizonte solo tienen por delante en niveles de desigualdad de renta a ciudades sudafricanas y a la capital nigeriana, Lagos. Las tres ciudades brasileñas presentaron un Indice Gini (que mide la desigualdad) igual o superior a 0.61, en una escala de 0 a 1, en que los números más altos muestran mayor desigualdad. Las nueve metrópolis sudafricanas analizadas presentaron índices entre 0,67 y 0,75, y Lagos 0,64.

Entre otras observaciones, el informe indica que el país podría haber invertido mayores recursos en dignificar las zonas de favelas y sus autoridades podrían haberse esforzado más con el objetivo de haber mejorado al progreso promedio de América Latina. A favor de Lula hay que indicar que, siendo cierto lo que indica la ONU, el índice de desigualdad en Brasil se redujo cerca del 9,2% en los últimos diez años, de manera más acelerada en los años de mandato petista. En el Brasil actual, el 10% de los operarios con los mejores ingresos concentra hasta el 42,7% del total de la renta del país (datos oficiales). Brasil es un teatro que combina escenas como que Sao Paulo -17 millones de habitantes- sea la ciudad con mayor número de helicópteros privados del planeta, dedicados a liberar a su élite con mayor capacidad adquisitiva de calles saturadas de tráfico y los riesgos derivados de los altos niveles de inseguridad ciudadana; junto a escenarios decorados por cientos de miles de favelas arracimadas como uvas, que componen un paisaje que invita a la reflexión.

Dilma dispone de las herramientas para emprender una profundización en las reformas estructurales que la sociedad brasileña necesita. Durante la próxima legislatura, en la Cámara de Diputados gozará de una mayoría de 311 diputados sobre los 513 existentes, y de igual manera gozará también de mayoría en el Senado (59 de los 81 senadores existentes). Ahora, entender que por ello la dirección del PT esté dispuesta a entrar en una dinámica de conflictividad importante con el capital nacional e internacional, elemento que podría afectar a sus niveles de crecimiento económico interno (aunque sea tan injustamente distribuido) y por ende, a su cada vez mayor hegemonía económica y política en la región, al igual que en el contexto mundial, ya se convierte en cosa algo más que dudable.

Queda por ver cual será la capacidad política y de liderazgo de Dilma, la necesitará para sostener los niveles de conflictividad social en indicadores similares a los desarrollados en la gestión de Lula.

Notas:

(1) Organización de la izquierda revolucionaria surgida de rupturas juveniles en los partidos comunista (PCB), socialista (PSB) y trabalhista (PTB).

(2) Dilma Rousseff fue detenida en 1970, siendo condenada por un tribunal militar sin ningún tipo de garantías legales. Estuvo detenida durante 3 años de 1970 a 1973, durante sufriendo severas torturas durante su cautiverio.

(3) Según el V Foro Urbano Mundial desarrollado por NNUU en Río de Janeiro el pasado mes de marzo, la mitad de la riqueza en el Brasil está en manos del 10% de los más adinerados, mientras que los más pobres ganan apenas un 0,8%.

(4) INVERSIONES PAC 2: En US$ mil millones (R$ mil millones)
INICIATIVAS PAC 2 2011-2014 POS-2014 TOTAL
CIUDADES MEJORES 31,3 (57,1) - 31,3 (57,1)
CIUDADANÍA PARA LA COMUNIDAD 12,6 (23,0) - 12,6 (23,0)
VIVIENDA 152,5 (278,2) - 152,5 (278,2)
AGUA Y LUZ PARA TODOS 16,6 (30,6) - 16,6 (30,6)
TRANSPORTE 57,3 (104,5) 2,4 (4,5) 59,7 (109,0)
ENERGÍA 255,3 (465,5) 343,9 (627,1)599,2 (1.092,6)
TOTAL 526,0 (958,9) 346,4 (631,6)872,3 (1.590,5)

(5) Marco Aurelio García, quien ha reconocido públicamente que llega a reunirse con el presidente Lula cinco o seis veces al día, es considerado por muchos como el verdadero canciller brasileño en la sombra.

(6) PSDB son las siglas del Partido de la Social Democracia Brasileña, fundado el 25 de junio de 1988 de ideología política de centro derecha, democracia cristiana y social-liberalismo, surgido de una escisión del mayor partido de la burguesía brasileña, el PMDB).

(7) El PDT fue fundado en 1980 por un grupo de políticos de izquierda liderado por Leonel Brizola, principal figura del partido hasta su muerte en 2004. Reivindicando el legado de Getúlio Vargas, es el único partido brasileño que pertenece a la Internacional Socialista. Durante la década de 1990, junto al Partido dos Trabalhadores (PT) eran las mayores fuerzas de izquierda del país, siendo los principales opositores al gobierno del entonces presidente Fernando Henrique Cardoso. En ese periodo también hubo una polarización de fuerzas dentro del partido, teniendo a de un lado a Leonel Brizola y del otro al ex gobernador de Rio de Janeiro Anthony Garotinho. Al final de la década, fue avasallado por el PT, que pasó a ser la fuerza más dominante de la izquierda.

(8) Como ministra de Energía combinó la inversión pública y privada para construir plantas hidroeléctricas, centrales térmicas y parques eólicos a lo largo y ancho del país, buscando acabar con el crónico déficit de generación energética brasileño. El Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica (PROINFA), instituido en 2004, se enmarcó en este esfuerzo. De igual manera, Dilma dio un fuerte impulso a la producción de combustibles obtenidos de la biomasa, convirtiendo a Brasil en un referente mundial en esta materia. Se trataban del bioetanol, o alcohol etílico producido por la fermentación de cosechas (en el caso de Brasil, la caña de azúcar), alternativo a la gasolina, y del biodiésel, sintetizado a partir del tratamiento industrial de diversos aceites vegetales obtenidos de oleaginosas, como la soja y el ricino, alternativo al gasoil. El Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiésel (PNPB) fue inaugurado por el Ministerio de Minas y Energía el 6 de diciembre de 2004.

(9) Si bien aplaudida por Lula y la dirección del PT, su gestión ministerial en Energía le acarrearon múltiples confrontaciones con Marina Silva, en aquel momento titular de Medio Ambiente, y con la que tuve que verse en las recientes elecciones del 2010. Por otro lado, su gestión produjo fuertes conflictos con los grupos conservacionistas, ONG sociales y algunos medios gubernamentales, en los cuales se formularon serias dudas y denuncias de diverso calibre en torno a las supuestas bondades del etanol: cuestionamiento sobre su vertiente ambiental y sostenible (pues si bien se trataba de un carburante renovable, no era en absoluto "limpio", ya que su proceso de fabricación y su misma combustión, pese a las menores emisiones carbónicas en comparación con la gasolina, producen abundantes agentes contaminantes del suelo y el aire), cuestionamiento sobre su impacto en superficies cultivable (exige el cultivo exclusivo de vastas superficies de terreno susceptibles de ser arrebatadas a la selva virgen -recicladora por excelencia del anhídrido carbónico atmosférico- y empujaba al alza el precio de los alimentos agrícolas), y el perjuicio social (en este tipo de producción proliferan violaciones de derechos humanos, condiciones laborales y en materia de salud). En cualquier caso, Rousseff gozó en todo momento del apoyo del presidente Lula y de sus colaboradores del ala más conservador del PT -Antonio Palocci, José Dirceu,…-.

(10) El escándalo del mensalão, llamado así porque los sobornos se pagaban a los legisladores corruptos cada mes, abrió una crisis sin precedentes en el PT y puso a Lula, exonerado por Roberto Jefferson (diputado federal y presidente de PTB) de cualquier culpa, en un tremendo aprieto.

(11) El Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) está entre los mayores partidos brasileños, teniendo una orientación de centro derecha en su época congregó al grueso de la oposición política a la organización política pro régimen militar, la Alianza Renovadora Nacional (ARENA). Es uno de los partidos con mayor representación en todo el territorio nacional, y ha desarrollado un rol destacado en todos los gobiernos desde el fin del régimen militar y donde han destacado figuras de perfil ideológico conservador como José Sarney, Jader Barbalho o Renan Calheiros. En el libro “Políticos do Brasil”, cuyo autor es el periodista Fernando Rodríguez, y que fue publicado por Publifolha en 2006, aparecen los políticos del PMDB, del PFL y del PSDB como los que lideran el ranking de los políticos brasileños más ricos.

(12) En la llamada 'Operación castillo de arena', que investiga supuestas corruptelas en el sector de la construcción, el nombre del vicepresidente electo aparece en 21 ocasiones en listas de contabilidad paralela de una empresa. Evidentemente es acusación ha sido negada por Temer. En otra operación de la Policía Federal en Brasilia, la 'Operación Caja de Pandora', el político aparece señalado como beneficiario de un esquema de corrupción que involucraba a políticos y empresas.

(13) Durante el segundo mandato de Lula, el PMDB colocó a sus miembros en las carteras ministeriales de Defensa, Salud, Agricultura, Integración Nacional, Comunicaciones y Minas y Energía.

(14) Ante el conflicto interno generado en el PT, Temer tuvo de desdecirse con posterioridad.

(15) Estudio divulgado el pasado 19 de marzo por la ONU-Habitat (Agencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos).

jueves, 4 de noviembre de 2010

Redes de corrupción policial en Guatemala

El pasado 13 de octubre fue detenido en Madrid el ex ministro del interior guatemalteco, Carlos Vielman, a solicitud de una petición de extradición de Guatemala por delitos de ejecución extrajudicial y asociación ilícita.

Por Decio Machado

Con excepción del gobierno de Colombia, quienes han extraditado ciudadanos colombianos a los EEUU, un principio básico internacional es que los ciudadanos que tienen nacionalidad del país donde son detenidos son juzgados en él. Vielman tiene la ciudadanía española, por su abuelo, lo que significa que muy posiblemente no será extraditado a Guatemala, aunque sí será juzgado en el Estado español por los delitos que se le imputan.

El ex ministro del interior Carlos Vielman, aparece imputado al menos en dos casos emblemáticos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales en Guatemala.

Caso Pavón

El 25 de septiembre de 2006 fueron asesinados siete reos en la Granja de Rehabilitación Pavón en Guatemala. Aunque la versión oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) fue que las víctimas habían sido fruto del intercambio de disparos entre policías y amotinados, las declaraciones de 60 testigos presenciales indican que los siete reclusos murieron por disparos a quemarropa aplicados por miembros de la PNC encapuchados, los cuales previamente les habían torturado.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -dependiente de Naciones Unidas- que investiga este caso desde primeros de 2009, solicitó fruto de las pesquisas del caso la captura no solo de Carlos Vielman. Entre la lista de implicados, destacan también el ex ministro de gobernación, Alejandro Giammettei –quien fue candidato en las últimas elecciones presidenciales y quien tras la negación de darle “asilo político” por parte del gobierno de Porfirio Lobo de Honduras, fue detenido hace dos meses en Guatemala- y de Edwin Sperisen, ex director de la PNC –en la actualidad en paradero desconocido-.

Según declaró a DIAGONAL Nelson Villarroel, jurista cercano al CICIG, “la acusación original del Ministerio Público se planteó contra los hermanos Henry Danilo y José Luis Benítez Barrios, integrantes de un grupo especial de la PNC que participó en el operativo. Pero como suele ser habitual en este tipo de casos en nuestro país, ambos fueron acribillados en una gasolinera de la zona 11, en junio de 2008”.

En septiembre de este año fueron asesinados también otros dos testigos –Anthony Alexander Cruz García y Sindy Janeht Alvarado- que colaboraban con el CICIG en estas investigaciones, evitando con ello sus declaraciones ante el juez encargado del caso.

Asesinato de los diputados salvadoreños del PARLACEN

El 19 de febrero de 2007 tres diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) fueron secuestrados, torturados y posteriormente asesinados por miembros de la PNC guatemalteca cuando se dirigían en sus vehículos hacia el PARLACEN, ubicado en Ciudad de Guatemala.

Los cuerpos de los tres diputados salvadoreños (William Pichinte, Eduardo D´Aubuisson y Jorge González), miembros del partido ultraconservador ARENA, y aparecieron calcinados con claros signos de haber sido previamente torturados junto a su vehículo y el cadáver de su chofer en las afueras de la capital guatemalteca.

Detenidos horas después cuatro policías de un grupo especial de la PNC como responsables directos de las ejecuciones, estos fueron trasladados a un penal de alta seguridad donde fueron asesinados violentamente por un grupo de exterminio que operó con toda impunidad dentro del recinto penitenciario.

Las investigaciones sobre el caso demuestran que los diputados arenistas, entre los que destaca uno de los hijos del ya fallecido Roberto D´Aubuisson -máximo dirigente de los escuadrones de la muerte salvadoreños y fundador de ARENA-, llevaban un importante alijo de droga en su vehículo aprovechando la ausencia de control sobre los vehículos y personas pertenecientes al órgano legislativo centroamericano. Esta situación provocó que bandas delincuenciales en coordinación con miembros de la PNC hubieran articulado el asesinato de los diputados con el fin de hacerse con el clandestino cargamento de estupefacientes.

El juicio de este caso comenzó el pasado 21 de octubre en Guatemala. En su primera declaración, el ex diputado Manuel Castillo, también en el banquillo de los acusados declaró: "Quienes los cuidaban eran policías, quienes los secuestraron eran policías y quienes los mataron eran policías, díganme qué hago yo aquí. Quienes deberían estar acá son el ex ministro de gobernación (Carlos Vielman), el ex director de la policía (Erwin Sperissen) y el ex director de investigación (Javier Figueroa). Ellos dirigían el grupo de ejecuciones en la policía".

Redes de corrupción en la PNC de Guatemala

Quien conoce Guatemala no necesita tener mucha imaginación para atar cabos entre redes narcotraficantes, grupos paramilitares, narcopolítica, sicariato y PNC. Según Mario Polanco del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), organización de derechos humanos: "Todo esto indica que esas organizaciones criminales se están manejando desde muy altas esferas".

La existencia de redes delincuenciales en la PNC han sido reiteradamente denunciadas desde hace años por diversas organizaciones de derechos humanos, sin embargo “nunca ha pasado nada”.

Para Polanco, durante el gobierno de Álvaro Colon la estrategia de “dar la apariencia de estar haciendo algo pero no hacer nada", ha sido aplicado repetidas veces. A mediados de enero del 2008, apenas unos días después de haberse instalado su gobierno, 269 agentes de la PNC fueron despedidos por actos de corrupción. El entonces ministro del Interior, Vinicio Gómez, explicó a la prensa que la destitución era un claro mensaje a los miembros de la policía que incurran en actos de corrupción. Entre los destituidos se incluían a cinco comisarios, ocho inspectores y varios oficiales. "La finalidad es devolver la credibilidad a la institución, blanco de denuncias de corrupción y de limpieza social", afirmó Gómez.

Para Claudia Miracán, perteneciente al movimiento indígena guatemalteco, “las medidas de Colon tampoco es que puedan ser calificadas de muy novedosas o valientes. En el gobierno anterior de Oscar Berger, en el cual Vielman, Giammetei o Sperisen ocuparon altos cargos, fueron destituidos al menos 2.245 agentes de la PNC por diversos delitos similares, nunca nada cambió y ellos eran la cabeza real de la corrupción interna en la PNC.”

A primeros del pasado mes de marzo, la CICIG en coordinación con las autoridades del país centroamericano, desarticuló “una estructura criminal” incrustada en la PNC dirigida por el mismo director de esta institución.

Según el jurista español Carlos Castresana, entonces todavía jefe de la CICIG: "Con esas capturas quedó al descubierto que el director de la PNC, Baltazar Gómez, la principal responsable del combate del tráfico de estupefacientes, Nelly Bonilla y el oficial Fernando Carrillo, destacado en la Dirección de Puertos y Aeropuertos de esa institución, formaban parte de la cúpula responsable de varios robos de droga."


Los tres están acusados de ''asociación ilícita, almacenamiento ilícito de drogas, tenencia y depósito ilegal de armas de fuego ofensivas, explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas, experimentales y trampas."


Según fuentes cercanas a la policía, la forma de operar de esta red era simple y se facilitaba a través de la información que manejaba la policía. Robaban armas y droga, para luego venderlas a diversos grupos de narcotráfico dentro y fuera del país.


A Baltazar Gómez, ya se le abrió una investigación en el 2002, cuando un comando armado robó 1.604 kilos de cocaína de las bodegas del Departamento de Operaciones Antinarcóticas, incluso se le destituyó y luego fue reinstalado por no encontrarse pruebas en su contra. Gómez fue nombrado director de la PNC el 7 de agosto de 2009 –en el gobierno de Colom- en sustitución de Porfirio Pérez Paniagua, a quien también se detuvo por sindicación del robo de droga y dinero del narcotráfico.

El propio presidente Álvaro Colom ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por haber recibido financiamiento de sectores oscuros del país, por grupos corruptos e incluso ligados al narcotráfico. Estos hechos nunca pudieron ser clarificados, no obstante, han ido mermando la credibilidad del mandatario.