jueves, 2 de octubre de 2008

Nueva Constitución para Ecuador


Tras la consulta popular para la aprobación de la nueva Constitución, Ecuador y en especial la ciudad de Guayaquil muestran una clara polarización social sin precedentes en el país.


La campaña del referéndum constitucional ha tenido un elevado tono de enfrentamiento durante los meses de agosto y septiembre en Ecuador. A pesar de que el ex presidente Lucio Gutiérrez, principal figura de la oposición a nivel nacional, anunciara sospechas de fraude en el referéndum, el propio jefe de la misión de observadores internacionales de la OEA, Enrique Correa, lo desmintió públicamente : “No existen indicios de fraude electoral en el Ecuador, aunque sí hemos asistido a una campaña basada en la lógica de la confrontación basada en la descalificación del contrario”.

El 28 de septiembre, el proceso de transformación social que vive Ecuador, conocido popularmente como la “revolución ciudadana”, se jugaba el todo por el todo. Con la aprobación de la Constitución se pone en marcha uno de los catálogos de derechos más extensos del mundo, con sus correspondientes garantías, que llevan a convertir incluso a la naturaleza en sujeto de derecho, algo hasta ahora insólito en los tratados constitucionales.

Esta nueva Constitución sienta las bases para una democracia participativa, con la posibilidad, por poner un ejemplo, de poder destituir al jefe de Estado por votación popular. El texto incorpora derechos fundamentales entre los que destaca el derecho al agua, a la alimentación, los derechos de las mujeres embarazadas, de los adultos mayores o de los pueblos indígenas.

La nueva Constitución de Ecuador rescata un término kichwa, el sumak kawsay (traducido al castellano como “el buen vivir”), y lo convierte en el principal objetivo del poder público. Horas antes de que se abrieran las urnas, el presidente Rafael Correa definía la situación por la que pasa el país : “Estamos ante un momento histórico. Es una oportunidad maravillosa para construir el nuevo Ecuador, por el que hemos venido luchando durante muchas generaciones”. De igual manera declaraba a DIAGONAL Manuela Gallegos, titular de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana : “No tiene viabilidad el proyecto de transformación social que se está desarrollando en el Ecuador si el pueblo no aprobase la Constitución. Por fin las minorías étnicas se ven reflejadas en la carta magna en toda su magnitud. Por fin las mujeres, los indígenas, los negros…, se empoderarán. Este proceso de cambio ya no tiene freno”.

Las élites, intranquilas

La Iglesia ha sido uno de los actores claves de la oposición durante la campaña por el ‘no’ a la Constitución. Monseñor Arreguí, cura de origen vasco y miembro destacado del Opus Dei, así como presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, se manifestó claramente en contra de la Constitución. Sus motivos : “Esta Constitución atenta contra los principios de la Iglesia. Es abortista, da pie al matrimonio entre parejas del mismo sexo, y en su preámbulo invoca el nombre de Dios junto al de la Pachamama”. De igual manera, manipulando y tergiversando los contenidos del proyecto constitucional, la oligarquía y extensos sectores empresariales llamaban a votar por el ‘no’, indicando a través de múltiples vocerías que la nueva Constitución atenta contra el principio de la propiedad privada, que es comunista, que se ha hecho a través de asesores extranjeros financiados por el presidente venezolano Hugo Chávez, que no permitirá las inversiones extranjeras en el país... Walter Larrea, trabajador de la cadena comercial AKI, con múltiples establecimientos en diversas ciudades de Ecuador, declara a DIAGONAL : “En nuestros puestos de trabajo, nuestros jefes nos amenazaron con el despido si votábamos ‘sí’ a la Constitución. Mi hermano y mis primos, que trabajan en negocios que nada tienen que ver con el mío, también fueron amenazados”.

Ecuador se ha caracterizado por ser un país razonablemente tranquilo, a pesar de que Rafael Correa sea el sexto presidente de la República en tan solo 12 años. Muchos de sus antecesores fueron derrocados por movimientos populares, así como por procesos judiciales. Según declara a DIAGONAL el sociólogo Jon Avatares : “La sociedad ecuatoriana se ha caracterizado por no haber vivido grandes procesos de represión política, los militares no protagonizaron dictaduras del estilo de las que existieron en el Cono Sur, y el nivel de enfrentamiento político ha tenido habitualmente un perfil relativamente bajo dentro del contexto social”. Y prosigue : “Sin embargo esto está cambiando, la campaña para el referéndum constitucional es un claro ejemplo de ello. Nuestra sociedad se está polarizando entre quienes están a favor o en contra de Correa, y este fenómeno se da de manera especial en Guayaquil”.

“No jodas a Guayaquil”

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se transformó en el vocero fundamental de la campaña por el ‘no’ a la Constitución. Bajo el lema “No jodas a Guayaquil”, puso en marcha gigantescas brigadas ‘puerta a puerta’ por toda la ciudad, con el fin de convencer a sus ciudadanos de que la Constitución es centralista y negativa para la ciudad que él dirige. Guayaquil es la ciudad más poblada de Ecuador, con dos millones de habitantes, y se ha convertido en el bastión de la oligarquía tradicional ecuatoriana. Nebot, histórico militante del Partido Social Cristiano, es el portavoz de esa oligarquía y, de hecho, junto con la provincia de Zulia en Venezuela y los territorios de la ‘medialuna’ en Bolivia, Guayaquil es socio fundador de CONFILAR, la Confederación que agrupa a los territorios secesionistas de América Latina. El presidente Correa ha alertado varias veces sobre el peligro de que se dé en Guayaquil un proceso de características similares al de Santa Cruz en Bolivia. Correa advertía sobre las declaraciones autonomistas de Nebot durante la campaña : “Lean bien lo que quiere decir esa oligarquía. Nos quieren convertir en otra Bolivia donde, pese a que Evo Morales saque el 68% del apoyo popular, la oligarquía separatista de Santa Cruz quiere destrozar a Bolivia porque nunca se sintieron bolivianos”.

Este artículo fue publicado en el Diagonal nº 86 del 2 de octubre de 2008

martes, 30 de septiembre de 2008

Ecuador: comienza a hacerse justicia 10 años después


El Estado incauta 195 empresas pertenecientes a una de las familias oligárquicas más importante del país. Los medios de comunicación en manos de la derecha comienzan una dura campaña de desprestigio sobre Rafael Correa. Los medios de comunicación internacional: CNN, grupo PRISA, etc… secundan la campaña de la derecha.
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De igual manera que se manipuló la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión de Radio Caracas TV (RCTV) el 27 de mayo del año pasado, los medios de comunicación ecuatorianos e internacionales ya están manipulando la incautación de varias empresas de comunicación en la madrugada del día de ayer, 8 de julio, por la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Garantías de Depósito (AGD) ecuatoriana.

Mientras los medios recogen declaraciones del tipo de “atentado y atropello a la libertad de expresión”, emitida entre otros muchos periodistas, por Nicolás Vega, gerente de la televisión Gamavisión; o incluso las del alcalde de Guayaquil, el líder “secesionista” socialcristiano y portavoz de la oligarquía tradicional, Jaime Nebot , en las cuales advierte demagógicamente: “es el inicio del fin de la libertad de expresión en el país”; la realidad se corresponde, al igual que pasó en Venezuela hace algo más de un año, a algo muy distinto.

¿Qué ha sucedido en realidad?

La Agencia de Garantías y Depósito AGC, conforme al artículo nº 29 de la Ley de Reordenamiento en materia económica y tributaria, dispuso la incautación de todos los bienes de propiedad de los administradores y accionistas del ex Filanbanco, al 2 de diciembre de 1998; cuyas pérdidas fueron determinadas por la Junta Bancaria, por 661 millones de dólares, conforme lo previsto en la resolución JB-2008-01084, con fecha 26 de febrero de 2008.

Artículo 29, Ley AGD: “…en aquellos casos en que los administradores hayan declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés, garantizarán con su patrimonio personal los depósitos de la institución financiera, y la AGD podrá incautar aquellos bienes que son de público conocimiento de propiedad de estos accionistas y transferirlos a un fideicomiso en garantía mientras se prueba su real propiedad…”.

No es una incautación única sobre medios de comunicación o por el mero hecho de ser medios de comunicación. El gobierno ecuatoriano ha incautado 195 empresas entre ellas: empresas agrícolas, de comercio, de seguros; de construcción; yates, aviones y otro tipo de bienes inmuebles, además de las empresas mediáticas. Sus propietarios, el llamado Grupo Isaías, eran los propietarios de Filanbanco, entidad que junto con otras articularon la estafa más grande de la historia del Ecuador, hace 10 años. De hecho, la familia Isaías, vive desde entonces en Miami, Estados Unidos.

Con esta medida, que debió ser tomada hace 10 años, renace la esperanza de los cientos de ciudadanos a los que nunca se les devolvió su dinero luego de la quiebra de Filanbanco. Además estas incautaciones no vulneran ningún derecho laboral ni paralizará ninguna de las empresas en cuestión, es el Estado ecuatoriano el que ahora velará y garantizará la estabilidad laboral.

La intoxicación mediática a la que una vez más esta siendo sometida la comunidad internacional por medio de los grandes grupos de comunicación, intenta hacer creer que el llamado gobierno de la Revolución Ciudadana, presidido por Rafael Correa, ha desarrollado una acción para hacerse con los medios de comunicación opositores, y que dicha acción carece de legitimidad jurídica.

Lo cierto es que, entre las 195 empresas de la familia Isaías incautada, se encuentra tres canales de televisión (TC Televisión, Gamavisión, Cable Noticias CN3), más la televisión por cable, Cable Deportivo. Además, los Isaías, tiene entre su holding empresarial, media docena de radios (entre ellas destacan Súper K8 800 y Radio Carrusel), así como otra media docena de revistas (La Onda, Generación XXI, El Agro, Samborondón,…). Todos ellos han quedado incautados por el Estado.

¿De quién son los medios de comunicación en el Ecuador?

La industria mediática ecuatoriana, al igual que la del resto del planeta, ha derivado en dos efectos importantes en los últimos treinta años. Por un lado, una creciente privatización monopólica que genera significativos lazos entre grupos de poder y medios de comunicación. Pero además, dicha relación tiene un efecto directo sobre la intención y direccionalidad de la información, instrumentalizada desde los intereses de quienes son propietarios de los medios.

Esta relación -prensa-grupos económicos- no es nueva. La tendencia mundial por comercializar los medios de comunicación responde a la importancia ideológica que tienen, y al poder que supone el manejo de información. En ese sentido, Ecuador no ha sido una excepción.

Los medios ofrecen la posibilidad de controlar de manera indirecta, a través de la unificación de pensamiento y la injerencia en la percepción ciudadana. Se trata de una hábil estrategia, considerando que se ampara en el discurso de la democracia y la libertad de expresión.

La manipulación de información responde a un interés específico de control social a través de la homogenización de percepciones, incidiendo directamente en el imaginario social y el debate público. El papel de los medios ya no es informar sino moldear una sociedad funcional a los grandes poderes económicos.

Durante los últimos años, en Ecuador se han producido una serie de acontecimientos que han ido modificando la configuración de los grupos económicos del país. En este sentido, resulta importante destacar el papel de la crisis bancaria de 1998 en el reordenamiento de los grupos de poder económico del país.

En la actualidad, la propiedad sobre los medios en el Ecuador presenta características monopólicas. Son los grandes grupos económicos del país los que concentran los espacios mediáticos, bajo el tradicional formato de familias cerradas. Un cruce de información sobre accionistas y directorios de medios revela además una importante imbricación entre estos grupos vinculados a través de relaciones comerciales, familiares y por propiedades compartidas.

En la actualidad, y a falta de una oposición sólida capaz de estructurar alternativas al gobierno del presidente Correa, son los medios las herramientas utilizada por la oligarquía para intentar desprestigiar y deslegitimar el actual momento de transformación social que vive el Ecuador.

Los grupos tradicionales que controlan los medios en el en Ecuador son:

- Isaías de Guayaquil Eljuri de Cuenca y Vivanco de Quito, entre estos tres grandes grupos, conforman el supergrupo IEV, el holding multimedia más importante. Cada familia mantiene el control total sobre determinados medios pero además tienen un conjunto de intereses mutuos en un número importante de medios de comunicación.

- Mantilla Mosquera y Mantilla Anderson, ambos de Quito, conforman el supergrupo Mantilla: Relación familiar (primos hermanos). Intereses comunes en sector editorial. Cuentan con empresas que los enlazan económicamente. Separación de intereses a nivel de prensa escrita.

- Y los grupos sueltos, Vivanco y Egas de Quito; así como, Alvarado, Pérez y Martínez de Guayaquil.

Todos ellos son de perfil conservador, no habiendo sectores progresistas mediáticos más allá de la televisión estatal –Ecuador TV, sin emisión permanente-, el periódico El Telégrafo (también estatal y con una limitada tirada de 25.000 ejemplares) y una red de radios comunitarias, entre las que destaca La Luna (activa protagonista durante el derrocamiento del coronel Lucio Gutiérrez).

En el Ecuador actualmente son 19 familias oligárquicas, las que controlan a nivel nacional la pantalla chica: de 348 concesiones, 287 están en manos de estos grupos familiares, ya sea como personas jurídicas o como personas naturales. El resto de concesiones se encuentran en provincias, principalmente en posesión de políticos o empresarios locales.

Entre estas familias, los Isaías son los más importantes, teniendo en su poder el 27% de la concentración mediática televisiva.

Los antecedentes investigativos.

El pasado 4 de agosto de 2007, el presidente Rafael Correa, afirmaba que el atraco bancario de 1999 al que se vio sometido el país es una “historia tenebrosa” que “no quedará en la impunidad” y pidió a los ecuatorianos estar atentos al futuro.

En ese momento, Correa advertía a los ciudadanos que los resultados del informe que la comisión de auditoría del salvataje bancario “eran estremecedores”. Dicho informe fue presentado públicamente el 9 de agosto del año pasado, y a partir de ahí, el gobierno pidió al Fiscal General de la Nación que investigue a los responsables y conforme una veeduría ciudadana para que estos delitos fueran sancionados y no quedasen en la más absoluta impunidad.

Correa denunciaba entonces, que “todo fue un plan para quebrar al país y llenar el bolsillo de los banqueros” (en la actualidad, todos instalados en los Estados Unidos), indicando también que ese “atraco” financiero de 1999 y 2000 tuvo como antecedentes la manipulación de las leyes.

La banca controló la Constituyente de 1998.

Los banqueros intervinieron en varias leyes en elaboración de la Asamblea Constituyente de entonces, dominada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Cristiana, con el fin de realizar modificaciones legales para su beneficio.

Se modificó por ejemplo la transitoria número 42 de la Constitución en relación con la gestión del Banco Central para incorporar el siguiente contenido: “Hasta que el Estado cuente con los instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras y por el plazo no mayor de dos años, contados a partir de la vigencia de esta Constitución, el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras, así como crédito para atender el derecho de preferencia a las personas naturales depositantes en las instituciones que entren en proceso de liquidación”.

Los banqueros se prepararon la legislación, ya sabiendo que venía la crisis e hicieron una Constitución a su medida para que todo el pueblo ecuatoriano pagase su irresponsabilidad y sus lucros indecorosos.

Tras este primer paso para atracar el país, vino el segundo, en diciembre de 1998, con la aprobación de ley de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), cuyo lema parece haber sido, según Correa: “quiebren no más que todo el Ecuador paga”.

Después de marzo de 1999, llegó el congelamiento de depósitos, que se convirtió en el mayor decomiso de la historia del país (versión ecuatoriana del “corralito” argentino), y se registró una devaluación del sucre (moneda del país en aquel momento), que pasó de un tipo de cambio de 5.000 sucres por dólar a 25.000 sucres por dólar, con lo que se consumó el robo de las cuatro quintas partes de los depósitos del pueblo ecuatoriano.

Los presidentes implicados.

Toda esta operación de robo a escala nacional, comenzó durante el mandato de Fabián Alarcón, declarado presidente interino después de la destitución, tras fuertes movilizaciones populares, de Abdalá Bucaram, el 11 de febrero de 1997. Esto llevó a una crisis política, ya que constitucionalmente la sucesión correspondía a la entonces vicepresidenta, Rosalía Arteaga, que había asumido el poder sin la autorización del Congreso el 6 de febrero. Arteaga ejerció de manera oficial como presidenta entre 9 al 11 de febrero, pero cedió finalmente ante Alarcón, que asumió de manera interina hasta el 10 de agosto de 1998.

Su gobierno fue caótico. La crisis constitucional desatada a partir de su designación acabó con un referéndum que dio paso a la Asamblea Constituyente anteriormente referenciada, que redactó la nueva Carta Magna de 1998.

El interinazgo de Alarcón se prolongó hasta el 10 de agosto de 1998, cuando asumió un nuevo presidente elegido en las urnas, el alcalde de Quito Jamil Mahuad.

Mahuad, líder de la Democracia Popular, gobernó el país entre 1998 y su derrocamiento en el 2000. Recordado como el presidente más nefasto de la historia del Ecuador desde su regreso a la vida democrática, actualmente dicta clases en Harvard, donde imparte cursos de escenarios políticos.

La consecuencia: el éxodo de un pueblo.

El masivo robo desarrollado por los tenebrosos banqueros ecuatorianos, en contubernio con el Gobierno de Jamil Mahuad, causó repercusiones terribles, valorándose el desfalco económico en unos 6.000 millones de dólares.

Sin embargo, el costo de este asalto ha tenido repercusiones aún más graves para la población ecuatoriana. Desde 1995, con énfasis principalmente en 1999 y 2000 (momento del atraco bancario), cerca del 25 % de la población del Ecuador, tuvo que emigrar.

Los estragos económicos de la última guerra contra el Perú (1995), la devastación causada a lo largo de toda la costa del país por el Fenómeno del Niño durante 1998, y en especial, que quiebra fraudulenta de los principales bancos (1999), fueron los principales causantes del éxodo masivo ecuatoriano a Europa y Estados Unidos.

El atraco bancario y la posterior dolarización del país, en el año 2000, dejó a la economía ecuatoriana contra las cuerdas, la cual de hecho se salvó consecuencia de las divisas enviadas por los inmigrantes que tuvieron que salir del país.

Lo que está por venir...

El presidente Correa ya lo ha advertido, se hará justicia, aunque sea 10 años después, no son los Isaías los únicos que serán incautados por el gobierno de la Revolución Ciudadana.

Un acto de valentía como este por parte del Ejecutivo ecuatoriano, con Correa a la cabeza, merece ser aclarado, con independencia de la manipulación mediática a la que se le intente someter por parte de medios de comunicación que desde hace ya muchos años, dejaron de lado la ética períodística y su función primordial: la facilitación de una información objetiva para el conjunto de la ciudadanía.

Sr. Rafael Correa, al margen de lo que los medios estén publicando en el día de hoy, no dude nunca que una acción como esta, su pueblo se lo agradece. Han tenido que pasar 10 años para que se empiece a hacer justicia.

Publicado en Rebelión el 8 de julio de 2008

Balcanizar América Latina, la receta definitiva de EE UU

A medida que los procesos transformadores avanzan en países como Bolivia, Venezuela o Ecuador, se multiplican las pulsiones separatistas de las élites de las regiones más ricas en recursos naturales. La ‘medialuna’ en Bolivia (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) ; Zulia, en Venezuela ; y Guayaquil, en Ecuador, se han transformado en la avanzadilla de los intentos de ‘balcanización’, tal como se empieza a denominar esta nueva estrategia.

Detrás de los partidos autonomistas, la financiación de EE UU : desde 2005, Washington ha entregado 120 millones de dólares a la oposición boliviana.

Tras la balcanización de América Latina

Después de los referéndum autonomistas en Santa Cruz, Beni y Pando en Bolivia, ha quedado abierta una puerta hacia un proyecto de balcanización en América Latina que deja muchos interrogantes para el futuro de la región.

El reclamo autonómico de los prefectos de la llamada ‘medialuna’ boliviana (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija), que pretende socavar el poder del presidente Evo Morales, está sentando precedentes peligrosos en el resto de América Latina. De esta manera, el eje conformado por Santa Cruz (Bolivia), Zulia (Venezuela) y Guayaquil (Ecuador), intenta quebrar el proceso de integración regional. La particularidad de este eje autonomista es que las mismas regiones son bastiones fuertes de la oposición a los presidentes Morales, Chávez y Correa respectivamente. Asimismo, poseen ingentes recursos naturales (petróleo y gas) y representan una parte importante del PIB de sus respectivos países.

Según declara a DIAGONAL Rigoberto Martínez, investigador asociado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, “todo este movimiento es una estructuración de un conjunto de instituciones que propician el libre comercio en regiones ricas, promocionando las autonomías como una simple estrategia de desestabilización de gobiernos progresistas y planteando el control de las oligarquías locales sobre sus recursos naturales”.

Zulia, Estado petróleo

Desde el siglo XIX alrededor del Zulia ronda la idea del separatismo. Hoy, a pesar de que el país es una republica única e indivisible, los planes secesionistas, impulsados por las elites opositoras, parecen retomar posición en el tapete político nacional.

El presidente Hugo Chávez denunciaba ante los medios de comunicación el pasado 30 de mayo : “Zulia es tierra de petróleo, de pueblo alegre y dicharachero. Pero al mismo tiempo hay que recordar que más allá de toda esa belleza geográfica, histórica y cultural que reúne, aquí está el epicentro del plan separatista contra Venezuela, y ese plan se expande ahora hacia Táchira y Mérida”, y proseguía : “Tomando el ejemplo de Bolivia, los opositores a la revolución bolivariana han ideado un plan divisionista que se expande ahora hacia el Estado Apure, en lo que ellos han llamado el arco, la media luna venezolana”.

Según el mandatario venezolano, la intención separatista va a intentar ser puesta en marcha en caso de que la oposición obtenga gobiernos regionales “estratégicos” en las elecciones del próximo noviembre.

El gas secesionista de Bolivia

A pesar de lo que ocurre en Venezuela, es en Bolivia donde los sectores autonomistas están más empoderados. El pasado 4 de mayo se realizó en Santa Cruz la primera consulta autonómica. A pesar del triunfo del ‘sí’, es necesario recordar que dicho referéndum fue convocado fuera de los canales que estipula la Constitución del Estado y que no gozó del aval de la Corte Nacional Electoral boliviana ni de los exigidos controles electorales. De igual manera, el 1 de junio también se desarrollaron referéndum en Beni y Pando, con objetivo de convalidar los estatutos redactados por sus correspondientes comités cívicos locales. Representantes de la oligarquía cruceña, como el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branco Marinkovic, viajaron a estas regiones para respaldar la “causa autonómica”.

Durante las votaciones llevadas a cabo en Beni y Pando, se sucedieron fuertes disturbios con varios heridos en algunas localidades de estos departamentos. En estos sucesos fue asesinado Carlos Ali, simpatizante del MAS y opositor a las consultas autonómicas. La víctima murió por ocho disparos de bala. Los enfrentamientos se dieron entre opositores al referéndum con el grupo de choque Unión Juvenil Cruceñista. Esta organización recorrió las calles armada para amedrentar a la población. La propuesta secesionista del Comité Cívico de Santa Cruz no tiene discusión : “Serán de dominio originario del Departamento, la región o la nación que le corresponda, todos los recursos naturales que contengan el suelo y el subsuelo. Toda la concesión de los mismos a empresas nacionales o extranjeras deberá ser aprobada, previamente, por las instancias legislativas y ejecutivas a nivel departamental o regional”.

Según Ramiro Vinueza, director del periódico ecuatoriano Opción, vinculado al Movimiento Popular Democrático, “este regionalismo y localismo reaccionario está exacerbado por los intereses del capital financiero internacional y las transnacionales del petróleo, que pretenden sustituir el supuesto centralismo establecido desde la capital boliviana, por la sumisión al centralismo de las grandes transnacionales, los separatistas pretenden negociar con éstas la entrega de los inmensos recursos naturales que posee esta región, de los cuales recibirán miserables privilegios, pero que les asegura su posición dominante frente a los pueblos pobres y explotados”.

Guayaquil, capital opositora

A primeros de mayo, el embajador boliviano en Quito, Javier Zárate, denunció que grupos opositores están coordinando en Ecuador y Venezuela referendos autonómicos como los organizados en Bolivia. Según declaró a DIAGONAL el mandatario ecuatoriano Rafael Correa : “Lo que está ocurriendo en Bolivia no es una acción aislada, tiene el soporte de países extranjeros, que quieren desestabilizar la región ; y de las elites separatistas de Guayaquil y de Zulia en Venezuela”. Guayaquil es considerada la ciudad más próspera y poblada del Ecuador, bastión de la derecha que se opone a Correa y cuyo alcalde Jaime Nebot, se referencia ante la ciudadanía guayaquileña por su proyecto de regeneración urbana y la privatización de la administración pública municipal. Su proyecto autonómico es un plan económico, político y social de carácter local y no nacional : intenta convertir a Guayaquil en una plataforma de exportación de bienes y servicios, sin pasar por el Estado central.

En la actualidad, Nebot intenta pactar con los 25 alcaldes existentes en la provincia del Guayas la formalización de un proyecto autonómico de corte separatista, que pudiera extenderse a través de la costa ecuatoriana, incluyendo entre sus objetivos la colindante provincia de Manabí, cuya segunda ciudad más importante es Manta. En esta ciudad se ubica la base norteamericana más importante del continente, que será desmantelada a finales del año que viene, según indicaciones del presidente Rafael Correa, y cuya única posibilidad de subsistencia sería a través de una proceso secesionista o bien por el derrocamiento del régimen.

¿Quién financia el separatismo?
Bolivia supone un buen ejemplo. La abogada venezolana-estadounidense Eva Golinger demostró documentalmente hace apenas un mes, que el Gobierno de los EE UU ha transferido 120 millones de dólares a la oposición desde 2005.

El Gobierno estadounidense ha utilizado a la National Endowment for Democracy (NED) y a la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otros organismos, para financiar a la oposición a Evo, incluso momentos antes de su ascenso. La argumentación fue la de destinar fondos a la lucha contra el narcotráfico. Este reparto de millones se desarrolló entre organizaciones de todo tipo, incluyendo estudiantiles, periodistas y empresas mediáticas, partidos políticos, empresariado y otros. El objetivo era preciso : provocar el fracaso de la Asamblea Constituyente. Los medios, amplios : fuerzas de choque, enfrentamientos, movimientos por las autonomías, paros “cívicos”, movilizaciones permanentes en las siete regiones del país, “violencia callejera”, hasta llamamientos para derrocar al Gobierno. Todo esto es palpable en la mayoría de los medios de comunicación masiva, en manos de la derecha, y activos protagonistas políticos de la disidencia, que impulsan un enfrentamiento interno y una intervención externa.

Durante 2007 incluso se produjeron atentados con dinamita contra el consulado de Venezuela y una residencia de médicos cubanos en Santa Cruz, sin olvidar el intento de atacar a un avión venezolano en el aeropuerto de esa ciudad. Entre otros graves hechos, destacó una serie de atentados realizados por una pareja de estadounidenses y la detención de una funcionaria de EE UU que traía cajas de municiones para su ‘sede’ diplomática, según explicación oficial de la Embajada de los EE UU. Durante el mes de abril, previo al referéndum, EE UU posicionó en diversas regiones de Bolivia a la USAID a través de la empresa Casals & Associates para entregar 13,3 millones de dólares a 379 organizaciones de la “sociedad civil”, partidos opositores y proyectos separatistas.

CONFILAR : UN PROYECTO SECESIONISTA EN UN CONTINENTE EN TRANSFORMACIÓN
La Confederación Internacional por la Libertad y la Autonomía Regional (Confilar) fue creada el 19 de septiembre de 2006 en Guayaquil (Ecuador), y tiene como misión, según recoge su acta fundacional, “impulsar y difundir en Latinoamérica y el mundo el ideario de libertad y autonomía mediante foros, cursos, talleres, seminarios, conferencias y otros medios de difusión”. Se definió explícitamente que esta Confederación brinde total apoyo a los cuatro departamentos “autonómicos” bolivianos (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando). La iniciativa del evento provino de Alberto Mansueti, vicepresidente del Movimiento Rumbo Propio para el Zulia, y director presidente de la Conferencia Liberal Hispanoamericana. En este evento se eligió como presidente de la Confilar a Carlos Dabdoub, ex candidato a la vicepresidencia de Bolivia y secretario departamental de Autonomía y Constituyente del Gobierno de Santa Cruz. También fue nombrado José Luis Tapia como secretario general. Tapia es miembro del Instituto de Libre Empresa y director ejecutivo de la Conferencia Liberal Hispanoamericana, recibe donaciones en una cuenta bancaria en Georgia, Estados Unidos, y cuenta entre sus “asesores académicos” con dos conocidos ideólogos de la derecha latinoamericana como Carlos Alberto Montaner, buscado por actividades terroristas en Cuba, y Álvaro Vargas Llosa, director del Centro de Prosperidad Global del Independent Institute de EE UU. Firmaron su creación organizaciones de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela, y acordaron hacer su segundo foro en Santa Cruz, el cual se realizó en septiembre de 2007. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció en su enlace radial del pasado 3 de mayo que esta Confederación es promotora de “intentos separatistas” en Bolivia, y mencionó que estas acciones son apoyadas por elites de Guayaquil y de Zulia, en Venezuela. Agregó a su vez que intereses internacionales “están financiando estos grupos para crear problemas a gobiernos progresistas, y una balcanización en América Latina”.

LOS LIBERTADORES DE LAS CLASES ALTAS

Branko Marinkovic

Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz. Proviene de una familia de inmigrantes croatas que tuvieron relación con la ultraderecha de su país, los ustachis. Es partidario de conformar la “media luna” empresarial y de firmar el TLC con EE UU. Una de sus funciones es defender los intereses de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, el gremio petrolero. Se le considera como el más lúcido del movimiento empresarial. En las elecciones a la presidencia del Comité Cívico de Santa Cruz, se denunció la compra de votos a su favor de los delegados. Inicialmente vendió una imagen de persona joven, sin militancia anterior en partidos políticos desgastados y de empresario “productor”. En la actualidad, proyecta la imagen de un fascista fanático y soberbio y es un apólogo del terrorismo verbal, que practica conciente de su influencia. Tiene el apoyo de los medios, prácticamente todos en manos de la derecha, que se esmeran en amplificar su discurso. Con su marcado anticomunismo Marinkovic tuvo papel central en el juego nada cívico de generar pánico en la población para obligarla a obedecerles ciegamente, con declaraciones que señalan gran ignorancia, una dañina ligereza y mentalidad de señor feudal que dispone de la vida de la gente.

Jaime Nebot

Alcalde de Guayaquil. Proviene del Partido Social Cristiano y está casado con Cinthia Bohrer. Su cuñado Leonardo Bohrer fue presidente del Barcelona de Guayaquil y dirigió CATEG (empresa de energía eléctrica de la ciudad). Hace un año, CATEG presentó una demanda contra Leonardo Bohrer, por supuesta asociación ilícita con los representantes de la compañía Bismark para perjudicarla a través de la compra de servicios de telemetría de los medidores de consumo de energía de grandes usuarios en Guayaquil, por un monto de 10.380.000 dólares. Actualmente las elites de la ciudad constituyen el eje de la oposición al Gobierno de Rafael Correa. La imagen que proyecta en los medios, casi todos en manos de la derecha, es la de un líder mesurado, que realiza una gran obra con eficiencia a través del municipio. Según Nebot, su propuesta busca evitar una crisis similar a la de Bolivia. Sin embargo su historia lo delata : durante el Gobierno de León Febres Cordero, el más sangriento de la historia reciente del Ecuador, Nebot fue su mano derecha, ejerciendo la gobernación del Guayas durante aquel período. Tiene asesores llegados directamente desde Miami, como es el caso de Enrique Campuzano, actual líder de la ‘Colaboración Cívica del Guayas’. A través de las mafias locales, Nebot ha conseguido desplegar una estrategia organizativa clientelar y subordinada a la oligarquía guayaquileña. Sin éxito, ha intentado posicionarse como un líder nacional, alejado de los viejos partidos políticos de donde proviene e intentando ocultar su historia pasada. Sin embargo se declara dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para “defender a Guayaquil” de los ataques del supuesto “centralismo comunista” de Rafael Correa.

Manuel Rosales

Gobernador del Zulia. Fue el único gobernador venezolano que firmó el acta que disolvía los poderes públicos durante el golpe de Estado de abril de 2002. Representa a los sectores de los viejos y defenestrados partidos como Acción Democrática, y de igual manera a sectores poderosos de la oligarquía regional como Fedecámaras o la federación de ganaderos. Rosales ha sido concejal, parlamentario regional y alcalde de Maracaibo, la segunda ciudad del país. Dirige un partido zuliano (Un Nuevo Tiempo) desde que en 1995 rompió con el desprestigiado Acción Democrática. Fue el candidato opositor a Chávez en las elecciones de diciembre de 2006, por la alianza Unidad Nacional. Siendo un personaje bastante gris, ha podido dar la imagen de hombre capacitado y conocedor de la realidad política de la región que dirige y del país. Mucho hicieron sus asesores para mejorar su léxico y su oratoria, si bien el actual gobernador del Zulia lo echa todo a perder en sus arranques de espontaneidad. Recientemente ha sido acusado de llevar ocho años financiando sus campañas políticas con recursos públicos, entre ellos becas estudiantiles y desviando los recursos de la región para su beneficio personal, así como de recibir financiación constante desde los EE UU.

Este artículo ha sido publicado en el Diagonal num. 81 de la primera quincena de julio/2008

Uribe y el Congreso de Colombia, en la picota


La detención del primo de Álvaro Uribe o el inicio de una causa contra el propio presidente son sólo dos muestras del gigantesco escándalo de la parapolítica.
Colombia vive una parálisis política sin precedentes en la era Uribe. El 20% de los 268 integrantes del Congreso está en la cárcel y otros 27, entre los que se encuentra la presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, están bajo proceso de investigación. Son indagados por la colaboración en sus candidaturas de grupos paramilitares de la extrema derecha. En varios casos, incluso, estos políticos están acusados de planear asesinatos junto a los ‘paras’.

El mes pasado, el primo de Uribe, el ex senador Mario Uribe y líder del partido Colombia Democrática, fue encarcelado por este motivo. En una entrevista divulgada el pasado 23 de abril en RCN radio, el encarcelado ex jefe paramilitar, Salvatore Mancuso, denunció que más del 50% del Congreso podría estar involucrado en la “parapolítica”.

El Ejército, también tocado
La fiscalía dictó medidas de control contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez y el teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha por delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados al margen de la ley y homicidio. Los militares permanecerán recluidos en una guarnición militar en Bogotá. Con ellos, son 32 militares del Batallón La Popa de Valledupar los que están siendo investigados por vinculación con el paramilitarismo.

La investigación sobre estos oficiales comenzó en enero de 2007, cuando se relevó de su cargo al coronel Mejía Gutiérrez por denuncias que le implican en la conformación de un grupo especial con 14 militares al que se le conoció como el grupo Zarpazo, de acción rápida y que cada vez que operaba causaba bajas. Entre 2002 y 2004, mientras Mejía estuvo al frente del batallón, aumentaron los asesinatos de indígenas kankuamos (sólo en el primer semestre de 2003 fueron asesinados 53 indígenas). Los kankuamos denunciaron a dicho Batallón ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como responsables de varios de estos asesinatos.

Bloqueado el TLC con EE UU
La crisis política de Uribe puede acentuarse aún más si el Partido Demócrata en el Congreso de los EE UU sigue bloqueando la aprobación del TLC con Colombia.

La desesperación del mandatario colombiano es tal que a primeros de mayo contrató a una nueva firma, The Fratelli Group, como lobbista en EE UU con el costo de 300.000 dólares anuales. Aparte de esta empresa de relaciones públicas, la Embajada de Colombia recibe en Washington el apoyo de otras empresas lobbistas : Jonson, Madigan, Pech, Boland & Stewart Inc, y el Glover Park Group.

El presidente Bush había presentado al Congreso estadounidense la propuesta a mediados de abril, pero la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, consiguió que los congresistas aplazaran la votación sobre el tratado hasta nueva orden. No se sabe cuándo se fijará la nueva fecha, aunque los candidatos demócratas en sus campañas han declarado estar en contra del TLC dado que traerá como consecuencia la pérdida de empleo en EE UU.

Compra de congresistas
La ex congresista de Barranca, Yidis Medina, ha acusado a altos funcionarios públicos de haberle “comprado” con puestos su voto para que diera el sí a la reforma constitucional que permitía la reelección presidencial inmediata. Esta reforma permitiría a Uribe presentarse para su tercer mandato.

El pasado 30 de abril, Yidis entregó lo que se podría considerar la prueba reina : diez resguardos de consignaciones de dinero, por 200 millones de pesos, en una cuenta del ex representante Teodolindo Avendaño, para que se ausentase de la sesión en que sería votada la reelección.

Este artículo ha sido publicado en el número 78 del periódico Diagonal, en la segunda quincena de mayo/2008

La Base de Manta y la estrategia de militarización en América Latina

En los últimos quince años, Estados Unidos consolidó su sistema de bases militares en un nuevo sistema global de control planetario. Según datos del Pentágono, hay más de 735 bases militares estadounidenses en 130 países, lo cual constituye una estrategia global de expansión y control de naciones, recursos naturales y seres humanos. En este listado, no se incluyen instalaciones proporcionadas por otras naciones en el exterior, por lo cual si se tomara en cuenta todas las bases, el ejército estadounidense contaría con más de 1000 bases en otros tantos países. Según denuncia el presidente del Japan Policy Research Institute, Chalmers Johnson (1), las bases extranjeras tienen 5 misiones:

- Mantener la supremacía militar absoluta en el mundo.
- Interferir comunicaciones.
- Intentar controlar el mayor número posible de fuentes petroleras.
- Dar trabajo e ingresos al complejo industrial militar.
- Asegurar que los militares y sus familias vivan con comodidad.

Bajo su “Programa de Transformación de Defensa”, EE.UU. ha convertido el noreste asiático en una gran plataforma para sus operaciones militares globales y regionales, y en la actualidad tiene la mayor concentración militar en el Golfo Pérsico y en el área andina en América Latina.

La militarización de América Latina

Richard Burton, estratega del Comando Conjunto de Estados Unidos, señalaba en los años 90 que existían 16 áreas de “real trouble” (verdaderos problemas) en el mundo, y comenzaba su lista por aquel entonces con Haití, Colombia y Brasil-Argentina.

Quizás por eso, EE.UU. mantiene una compleja red de instalaciones militares y de operaciones en América Latina y el Caribe, denominada por el Comando Sur estadounidense, como su “arquitectura del teatro”. Desde allí desarrolla la lucha antinarcóticos, no enfrentándolo como un problema de salud pública, sino como un ataque a la oferta. Desde mediados de los 80, se comenzó a transformar la lucha antinarcóticos en la región andina en un asunto de orden militar. Para ello se utilizan los Forward Operanting Locations (FOL, Centro Operativos de Avanzada), antes considerados simplemente bases militares.

En el norte de América Latina y en el Caribe las instalaciones militares estadounidenses son oficialmente reconocidas:

- 17 sitios con instalaciones de radar (principalmente Colombia y Perú).
- 4 bases miliares FOL, situados en Ecuador, El Salvador, Aruba y Curazao.
- La base de “Tres Esquinas” en Colombia juega un papel fundamental en la implementación del Plan Colombia.
- La base Puerto Buchanan en Puerto Rico.
- 2 bases militares: Guantánamo en Cuba y Toso Cano/Palmerola en Honduras.

La estrategia militar estadounidense hacia América Latina y el Caribe se controla desde el Comando Sur con base en Key West, Florida. Este Comando Sur tiene más empleados trabajando sobre América Latina que la suma de los Departamentos de Estado, Agricultura, Comercio, Tesoro y Defensa.

La presencia militar directa en la región se ha incrementado desde el cierre en 1999 de la Base Howard (Panamá) que utilizaba el ejército de los EEUU para las operaciones anti-drogas. EEUU instaló 4 FOL, hoy redefinidas bajo el eufemismo de Puestos de Seguridad Cooperativa (CSL), entre las cuales se incluye Manta. A esto se suma la Base de Guantánamo (sin fecha de expiración), Cuba, como base logística para operaciones antinarcóticos, y hoy universalmente conocida como uno de los espacios donde se han cometido mayor número de violaciones de los Derechos Humanos en el planeta (2).

Pero los FOL/CSLs tienen objetivos más allá de la lucha contra las drogas, e incluyen la migración, el “terrorismo” y una estrategia de control sobre la zona. En efecto, en las FOL/CLSs funcionan la DEA (Departamento Anti-narcóticos), la Guardia Costera y la Aduana de EEUU.

Base de Manta (Ecuador).

Ecuador ha sido un lugar estratégico para el control del Pacífico desde hace dos siglos. En 1812, EEUU estableció en las Islas Galápagos una primera base naval para atacar a barcos ingleses en el Océano Pacífico. Luego quiso comprar o arrendar las islas, y, en la Segunda Guerra mundial, levantó allí una nueva base militar, que abandonó en 1946.

Manta es el segundo puerto más grande de Ecuador, con una población de 200.000 habitantes, ubicada en la provincia de Manabí, se encuentra a solo 20 minutos en avión de la frontera colombiana, país en el cual se implementa el Plan Colombia de lucha contra el narcotráfico y la insurgencia.

Como decía anteriormente, Manta forma parte de un estructura militar estratégica de interrelación entre Centros Operativos de Avanzada (FOL/CSL), junto a Comalapa, en El Salvador; Reina Beatriz en Aruba; y Hato Rey en Curazao. Así, según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, “los cuatro sitios juntos cubren un área geográfica más grande que la Base Aérea Howard… y ofrecen una cobertura más profunda”.

Manta forma parte de las estrategias de control desarrolladas por el gobierno de los Estados Unidos con el objetivo de proteger sus intereses e inversiones militares y comerciales a nivel mundial.

La mayor inversión entre las cuatro FOL/CSL antes mencionadas, se realizó en Manta, con un montante de 80 millones de dólares, habiéndose convertido el aeropuerto de la base aérea en uno de los mejores equipados de América Latina.

En la región andina, el Plan Colombia es el que define las operaciones militares, como se evidencia en la interrelación entre la Base de Manta y la frontera ecuato-colombiana. Desde 1999, la Base de Manta se constituyó en un enclave ilegítimo de militares estadounidenses, que gozan de inmunidad y cuyas acciones vulneran la soberanía nacional. Desde 2002, se crearon 16 nuevos puestos militares ecuatorianos en la frontera con Colombia, para la vigilancia fronteriza, los cuales aún se mantienen. En el gobierno de Lucio Gutiérrez, en 2003, se unificaron las operaciones aeronavales que establecían a Manta como un “nuevo eje de seguridad de la frontera norte”. EE.UU. aprobó fondos en ese mismo año para la adquisición de 18 helicópteros, 150 vehículos y la construcción de una base antidrogas en Manta, en un lateral de la pista de la FOL/CSL.

“La Base de Manta es muy importante dentro del Plan Colombia. Estamos muy bien ubicados para operar en esta área”, declaró el teniente coronel Javier Delucca, Comandante del Puesto de Avanzada de Operaciones de EEUU en la Base Aérea Ecuatoriana de Manta (17 de agosto de 2006).

Afirmaciones como la del coronel Jorge Brito reafirman esta cuestión: “la Base de Manta es como los ojos y los oídos del Plan Colombia. Con el sofisticado sistema integrado de inteligencia electrónica, la base proporciona los datos de inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de la guerrilla de las FARC para que sean utilizados por los tres batallones contrainsurgentes que está entrenando EE.UU. y que estarían integrados por 1000 hombres cada uno”.

La actuación de la Base de Manta en el asesinato de Raúl Reyes.

Los últimos sucesos acaecidos en el pasado primero de marzo, en el que fueron asesinados casi una treintena de guerrilleros mientras dormían, entre ellos el número 2 de las FARC, el comandante Raúl Reyes, y el comportamiento posterior del mandatario colombiano vienen a determinar que EE.UU. se mantiene firme en sus objetivos de internacionalizar el conflicto interno de Colombia.

La continua provocación del presidente Uribe a su homólogo ecuatoriano, viene a indicar que EE.UU. pretende un mayor involucramiento del Ecuador en el conflicto colombiano y para ello intentará desplegar todos los medios posibles.

Aunque el director de prensa de la embajada estadounidense, Michael Geernnald, decía que la base de Manta nada tenía que ver con el operativo militar colombiano, fue el comandante de la FOL/CSL –Base de Manta-, el coronel Bud Leonard, quien aseguró que una avión C 130 de la Base de Manta se encontraba en el aire en el momento de la operación colombiana. El comandante Leonard dijo que efectivamente el FOL/CSL proporciona información a los estamentos militares y reconoció que esa información es recabada por un “centro de inteligencia en Dey West, Florida, donde tienen acceso diferentes departamentos del gobierno estadounidense y se la entrega en caso de ser requerida a 14 países latinoamericanos”.

Existen muchas posibilidades que las labores de información y localización del campamento clandestino de la FARC en territorio ecuatoriano hayan sido facilitadas por ese C 130 que se encontraba en vuelo. Lamentablemente este tipo de operaciones de información no dejan rastro, lo que excluye la posibilidad de poder demostrar tal actuación, lo que significaría la implicación del Ecuador en el conflicto. Si se diera este caso, la soberana Asamblea Nacional Constituyente actualmente en vigor en el Ecuador, tendría la posibilidad de determinar la salida inmediata de las fuerzas militares estadounidenses de Manta.

Antecedentes históricos del acuerdo para la utilización estadounidense de la Base de Manta.

El año 1999 fue clave para el norte de Sudamérica, pues en este año, los Estados Unidos inician una arremetida político-militar para consolidar su hegemonía en la región; éste es el año de la implementación del Plan Colombia, con el afán de desarticular a los movimientos subversivos colombianos; paralelamente, en el plano comercial, se intenta consolidar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); también se inician conversaciones en Centroamérica para la implementación del denominado Plan Puebla Panamá, como una extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que vinculaba a México, Estados Unidos y Canadá.

A pesar de la ofensiva de EE.UU. en el plano comercial, perdía terreno en el geopolítico (consolidación del régimen de Chávez y emergencia del PT en Brasil). También pasaba a ser indispensable buscar una compensación a la pérdida de la Base Howard (pese a los esfuerzos de última hora, los norteamericanos se vieron obligados a abandonar esta referencial base militar) para mantener su presencia militar en la zona.

Tras una serie de visitas y evaluaciones, donde especialistas militares norteamericanos consideraron las posibilidades de ubicar la base militar diferentes puntos estratégicos, se miró al Ecuador, dominado entonces por el conservador partido Democracia Popular, y con Jamil Mahuad en la presidencia de la República. Además de Manta, se consideró la posibilidad de ubicar la base en el puerto de Guayaquil y la base de Salinas. En enero de 1999 se inician conversaciones entre miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y algunos oficiales ecuatorianos. Este primer sondeo resultó positivo para los estadounidenses y, en febrero, ya el cabildeo involucró a la Cancillería ecuatoriana, el Ministro de Defensa y la Embajada de los Estados Unidos. El 19 de febrero estaba listo un borrador de acuerdo que fue avalado por el embajador estadounidense Richard Brown, Negociador Especial de Asuntos del Hemisferio Occidental.

El primer acuerdo de acceso estadounidense a la Base de Manta se firmó el 1 de abril de 1999. Hasta entonces, todo el proceso se había mantenido en secreto, tan solo con notas diplomáticas en las que la Cancillería y la Embajada de Estados Unidos acordaban firmar un primer documento, que tendría vigencia por seis meses y en el que se concedía el acceso y uso de las instalaciones de la Base Aérea Eloy Alfaro, de Manta, a militares y personal civil estadounidense, con el fin de realizar una serie de operaciones incluyendo la operación de aeronaves para controlar el narcotráfico.

El acuerdo que logró Estados Unidos con Ecuador y Holanda para acceder a las bases de Manta, Aruba y Curazao se diseñó con el fin de reemplazar a la Base Howard y mantener sus operaciones militares en la región. En los acuerdos se hablaba de Puestos de Operaciones de Avanzada (FOL – Forward Operating Location), y no de una base militar; esto se hizo con el fin de evitar que dichos convenios pasasen a revisión de los Congresos de los países implicados, tal y como lo establecían los principios constitucionales.

Así, el 12 de noviembre de 1999 se firmó el convenio entre ambos países que otorgaba al ejército estadounidense el acceso a la Base de Manta por diez años, renovables. Dicho acuerdo se estableció con suma rapidez, con el fin de sortear las voces disidentes de varios oficiales del ejército ecuatoriano, algunos miembros de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores, Congreso Nacional, Tribunal Constitucional y de las principales organizaciones de la sociedad civil, incluyendo partidos políticos de la izquierda.

Para estas fechas, Ecuador entraba en una profunda espiral inflacionaria, la economía liberal presentaba su verdadero rostro profundizando la pobreza; las instituciones del Estado empezaban a desgajarse y el gobierno se veía fuertemente deslegitimado.

En diciembre de 1999, el país es conminado a aceptar una serie de decisiones económicas que permiten el saqueo de los dineros depositados en la banca nacional. Un total de ocho mil millones de dólares (3) se licuaron en las arcas de banqueros que habían llevado a la quiebra al sistema financiero nacional, lo que provocó una grave crisis entre la población, dado que todos los usuarios de la banca nacional vieron esfumarse sus ahorros.

Las movilizaciones populares inmediatas que se dieron encaminadas a derrocar al gobierno de Mahuad enfocaron sus argumentos en la economía, convirtiendo el tema de la Base de Manta en un punto secundario y poco relevante ante la situación nacional que se vivía. La sublevación popular de enero del 2000 que derrocó a Mahuad, fue manipulada por la derecha, que logró mantenerse en el poder, manteniendo la dolarización, sin sentar en los banquillos a los responsables del fraude bancario y consolidando a los estadounidenses en la Base de Manta.

La Base de Manta desde el ámbito local.

Para convencer a la población de Manta de la aceptación de la presencia militar estadounidense en la Base y por ende en la ciudad, las élites mantenses esgrimieron argumentos tales como:

- La presencia de los militares estadounidenses en Manta, es una oportunidad para romper la dependencia de Guayaquil y constituirse en un polo autónomo de desarrollo.
- Los sectores oligárquicos de la ciudad, esperaban acceder a los beneficios de la construcción del puerto de transferencia y aeropuerto internacional. También pretendían que la presencia de la Base, permitiera el financiamiento del plan maestro de agua potable y alcantarillado de Portoviejo y Manta. Se habló de modernización de la ciudad al conjunto de los mantenses.
- Con respecto al empleo, se dijo que la Base de Manta generaría cientos de empleos. Incluso periódicos de corte conservador como El Mercurio indicaban que se trabajaría en Ecuador, pero se ganaría como en Estados Unidos.
- También se esgrimió el argumento de que la presencia estadounidense significaría mayor seguridad frente a la delincuencia y la lucha contra el narcotráfico.
- Se desarrolló la tesis de que la base militar dinamizaría el comercio, se incrementaría el turismo (vendrían familiares y amigos de los militares) y la inversión.
- E incluso se llegó a enunciar, que con el matrimonio entre estadounidenses y ecuatorianas, se llegaría a alcanzar un mejoramiento de la raza.

La realidad se ha convertido en una dura decepción. Las promesas realizadas por las élites matenses no se cumplió, ni para la población de escasos recursos, ni para la clase media; éstos últimos habían invertido mucho dinero para mejorar sus negocios a la espera de los nuevos consumidores, los cuales nunca llegaron.

Con respecto al empleo, tampoco se creó apenas nada, siendo la única excepción de importancia el tiempo que duró la reconstrucción de la pista del aeropuerto y fue la empresa ABB Susa la que subcontrató a empresas locales esta tarea.

Tampoco los norteamericanos han participado en los planes de seguridad de la ciudad, ni han evitado el narcotráfico. Es más, en ese sentido es de destacar la presencia en Manta de la empresa de seguridad norteamericana Dyn Corp (4), relacionada con el tráfico de personas y drogas en otros países, así como por la contratación de mercenarios ecuatorianos y colombianos para Irak.

La Base de Manta ha desarrollado un papel importante en el control del flujo migratorio a los Estados Unidos, interceptando y hundiendo barcos de inmigrantes en altamar, a pesar de presentarse ante la opinión pública como “salvadores de inmigrantes” de “barcos averiados, a la deriva, a punto de hundirse…” (5). En el mar, también los pescadores artesanales han denunciado en innumerables ocasiones los abusos cometidos por los soldados gringos en contra de sus embarcaciones (el caso más emblemático fue el hundimiento del pesquero Jorge IV y la desaparición de su tripulación) (6).

Por último, la página web de la Embajada de los Estados Unidos, indica que la FOL/CSL aporta a la economía de Manta 6,5 millones de dólares, cifra que hay que relativizar porque en estos rubros se encuentran los gastos operacionales de la base, sobre todo combustible, mantenimiento y atención de los militares. La base sólo ha contratado de manera directa a 167 personas encargadas de la limpieza y de los servicios con sueldos promedio de 300 dólares mensuales (aproximadamente 200 euros). El propio alcalde de la ciudad, Jorge Zambrano, ha relativizado la incidencia económica de la Base en Manta. Según él, el cambio de la ciudad se debe a las inversiones en el sector pesquero, las indemnizaciones por la caída del avión de Million Air (7) y las remesas de los inmigrantes.

La Base de Manta en el contexto de la política exterior ecuatoriana.

Si bien la Base de Manta se presentó como necesaria para el control del narcotráfico y la migración, enseguida quedó desvelado que sus instalaciones servían para la intervención militar estadounidense en cualquier parte de la región, pues el aeropuerto está en capacidad de recibir aeronaves que pueden transportar tropas y pertrechos militares, incluidos tanques y helicópteros (material poco apropiado para la lucha antinarcóticos o para el control de flujos migratorios). El conocimiento público en el año 2003 del denominado “Convenio Operativo” desveló la certeza de que la Base de Manta se había convertido en una base militar operativa con capacidad para recibir contingentes y material de guerra aerotransportado.

El incumplimiento de las ofertas de desarrollo y nuevos ingresos, empezó a molestar a Manta, al punto que su alcalde, Jorge Zambrano, en repetidas ocasiones afirmó que Manta no le debe nada al FOL/CSL; pero el descontento se agudizó por las acciones que realizaban los militares estadounidenses (8), y también por lo que no hacían.

Una muestra de que la seguridad de Manta no estaba en manos de los militares estadounidenses fue el incendio del 21 de julio del 2005, el cual consumió casi una manzana de edificaciones históricas de Manta, en el que la FOL/CSL, a pesar de sus equipos avanzados tecnológicamente, no prestó la ayuda oportuna para controlar el incendio.

El derrocamiento de Lucio Gutiérrez, en abril del 2005, puso en el escenario político a Alfredo Palacio, y con él, a un nuevo canciller: Antonio Parra Gil. Las declaraciones del nuevo canciller ecuatoriano desataron una serie de críticas en los círculos políticos estadounidenses y colombianos, enfriando las relaciones diplomáticas. Colombia y Ecuador retiraron sus embajadores titulares por largos periodos y de manera intermitente.

Antonio Parra, siguiendo las directrices de Palacio, definió la política que guiaría la gestión diplomática: soberanía nacional y no intervención en asuntos internos de otros Estados.

Estas directrices, que han sido postulados tradicionales del Ecuador, han permitido al Ecuador mantenerse al margen de los conflictos de los países vecinos. Dichos posición fue violentada por Mahuad, al ceder la Base de Manta a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y, paralelamente votar en el seno de las Naciones Unidas a favor de una resolución contra Cuba contrariando incluso a los mismos funcionarios de carrera de la diplomacia ecuatoriana. De igual manera actuó Lucio Gutiérrez, al comprometer al país con una estrategia militar ajena y convertirse, tras el presidente colombiano, en el principal portavoz latinoamericano de los estadounidenses y de los intereses del gobierno colombiano.

La nueva realidad política del Ecuador.

La elección de Rafael Correa como Presidente de la República, puso en apuros a la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, e inmediatamente inició una agresiva campaña de relaciones públicas con las élites mantenses para evitar el anunciado cierre de la Base de Manta. Este proceso de lobby le llevó a reunirse con las cámaras de producción de Manta, ofrecer ayuda para obras, los soldados estadounidenses salieron a la ciudad para jugar beisbol con algunos jóvenes ciudadanos aficionados; además pintaron escuelas y regalaron equipos nuevos a los bomberos locales, a los mismos que no ayudaron durante el incendio en el centro histórico de Manta.

El más agresivo plan de lobby político de los estadounidenses se desarrolló fuera de territorio ecuatoriano, generando dudas sobre la palabra del Presidente Correa. El jefe del Comando Sur de los EE.UU., realizó declaraciones en Perú y Colombia, asegurando que se estaba negociando la renovación del convenio con Ecuador. La entonces canciller, María Fernanda Espinoza, tuvo que aclarar que el Ecuador no renovará el Convenio.

Para generar una opinión pública favorable, la Embajada invitó a periodistas a visitar sus instalaciones en la Base de Manta, incluso los hizo subir a sus aviones, y se llevó a algunos de ellos a las oficinas centrales del Comando Sur, en Florida.

El proceso de lobby político de los EE.UU. se extendió a sectores de fuerte incidencia en la población, como lo es la Iglesia Católica, especialmente, las parroquias. Así, los curas párrocos de Manta también fueron invitados a la base. Con excepción de aquellos vinculados a las bases sociales, la mayoría de los párrocos quedaron convencidos que en la base no hay nada que huela a militarización, al contrario, son varios los beneficios sociales de la base y lo que en adelante puede aportar.

Pero el proceso de transformación social en el Ecuador ha dejado definitivamente cerrado el camino a cualquier posible renovación al convenio de la FOL/CSL.

El pasado 1 de abril, la Asamblea Nacional Constituyente aprobaba los 5 primeros artículos que tendrá la nueva Carta Magna ecuatoriana. En esta nueva redacción, el artículo 5 de la nueva Constitución dirá: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. No se puede ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

El Movimiento PAIS, organización que llevó a Correa a la presidencia, se impuso con 89 votos a favor sobre el total de 130. Además de los asambleístas de PAIS, también votaron a favor de dicha redacción los dos asambleístas presentes de la RED (Luís Hernández y Martha Roldós). Tanto el partido de Lucio Gutiérrez, Partido Sociedad Patriótica, como el Partido Social Cristiano y Futuro Ya, fueron incapaces de impedir que en noviembre de 2009, las fuerzas militares estadounidenses se vean obligadas a abandonar el país.


Notas:
(1) Chalmer Johnson es autor de libros como “Blowbak: The Costs and Consequuences of American Empire” o “The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and teh End of the Republic”, entre otros.
(2) Estas bases albergan o pueden albergar el siguiente personal militar:
- Guantánamo, Cuba 8100
- Soto Cano, Honduras 550
- Manta, Ecuador 475
- Puerto Buchanan, Puerto Rico 118
- Comalapa, El Salvador 100
- Aruba y Curazao 450
A esto se suman las bases que pertenecen a ejércitos latinoamericanos, construidas o utilizadas por militares de EE.UU., como el Centro de Capacitación conjunto Riverino de Perú en Iquitos y el ingreso de militares estadounidenses para entrenamientos y las denominadas acciones cívicas.
(3) Datos de la Comisión Especial de Investigación del Feriado Bancario.
(4) La empresa Dyn Corp mantiene una plantilla entorno a 134 empleados en Manta, desde marzo de 2002. Esta empresa estadounidense que mantiene un contrato con el Comando Sur de EE.UU., ha sido cuestionada en muchos países por sus actividades de paramilitarismo, trata de blancas, narcotráfico, secuestro y explotación infantil. La Dyn Corp presta “servicios de apoyo” en los FOL/CSL de Ecuador, Aruba y Curazao. Y aunque el contrato con Dyn Corp se limitaría a tareas relacionadas con infraestructura, mantenimiento y apoyo técnico, sin incluir actividades operativas, en Colombia esta misma empresa realiza las aspersiones con glifosato en Putumayo y la frontera colombo-ecuatoriana, con lo cual no solo destruye los cultivos ilícitos, sino la vida misma. También entrena pilotos y, “maneja sitios operativos de avanzada en varias bases aéreas de la policía y del ejército colombianos”. Según el Acuerdo de la Base de Manta, EE.UU. puede contratar cualquier compañía nacional o extranjera cuando así lo estime conveniente a sus intereses, sin que el gobierno ecuatoriano pueda opinar. Más aún, el personal de Dyn Corp goza de inmunidad diplomática.
(5) Pese a que el Convenio de la Base de Manta establece que las acciones de interdicción marítima sólo serán realizadas por la Armada del Ecuador, buques militares estadounidenses han desarrollado del orden de 45 abordajes ilegales a barcos que llevaban migrantes o estaban en faenas de pesca, hundiendo o causando destrozos al menos a ocho embarcaciones ecuatorianas desde el 2001 hasta junio del 2005.
(6) EE.UU. aborda barcos pesqueros donde no encuentran ni drogas ni migrantes y hunden los barcos que consideran peligrosos para el tráfico marítimo. Uno de estos casos fue el Buque Pesquero “Santa María” que fue hundido el 3 de marzo de 2004 en faenas de pesca en aguas ecuatorianas. Otro caso referente, fue el barco “Don Ignacio”, el 2 de diciembre de 2002, según testimonio de los marineros: “los marinos gringos nos hicieron bajar del barco y luego hundieron la nave de nueve cañonazos” (la nave ecuatoriana no llevaba droga, según el expediente judicial en el Tribunal Sexto de lo Penal de Manabí. Los casos de los barcos “Guayaipe”, “Tiwintza”, “Santa Martha”, “Santa María” y “Challenger”, también pasaron por situaciones similares. El “Santa María” fue interceptado y hundido por torpedos lanzados desde una fragata estadounidense. El maltrato a los pescadores durante las interdicciones es permanente.
(7) El 22 de octubre de 1996, el avión cayó en el barrio de La Dolorosa, las indemnizaciones a los moradores del barrio, a los familiares de las víctimas, así como a la Alcaldía y a la Curia manabita, fueron millonarias y permitieron en embellecimiento de la ciudad de Manta.
(8) Desde la instalación de la Base de Manta, se han devenido algunos conflictos que afectan a la población local, entre ellos: la afectación a la población de Chorrillos por la explotación de canteras para aprovisionar el material necesario para la construcción de la pista del aeropuerto, el acelerado crecimiento de los registros de trabajadoras sexuales, y el desalojo desde hace 30 años a más de 800 familias campesinas para consolidar el actual territorio de la Base Naval de Jaramijó (también involucrada en el convenio de la Base de Manta).

La guerra global llega a América Latina


La operación de las fuerzas militares colombianas, que abatieron a cerca de 30 personas en un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano ha generado una crisis diplomática de imprevisibles consecuencias.

Los apretones de manos y abrazos repartidos por doquier tras la inusitada cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, el pasado día 7 de marzo, gestan un hipotético final feliz que ha llenado de optimismo e ilusión en un futuro de paz, las bocas de prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos. Aunque parezca que todo está dicho sobre la incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano para eliminar a un grupo de guerrilleros de las FARC, cada vez aparecen más interrogantes sobre el caso y el futuro de la región.

Si bien es cierto que las contundentes denuncias del presidente de Ecuador, Rafael Correa, obligaron a Álvaro Uribe a arrepentirse en público de sus pecados, declarando que no volvería a cometer acciones de estas características en territorio extranjero, también es verdad que aparecen cada vez más datos que apuntan a toda una estrategia de desestabilización de la zona.

Evolución geopolítica

Si en el mes de abril las elecciones en Paraguay le dan la victoria, según apuntan las encuestas, al candidato de la coalición progresista Fernando Lugo, ya solo quedarán en América Latina dos gobiernos de perfil conservador: Perú y Colombia. Según declaró a DIAGONAL Ignacio Velarde, analista político peruano: “Los bajos índices de popularidad del Gobierno de Alán García –apenas un 28,2% de los peruanos apoya su gestión– y el alto nivel de convulsión social existente en Perú, permiten prever la posibilidad de que el mandatario peruano no llegue ni siquiera a terminar su mandato, todo ello en beneficio de su opositor izquierdista Ollanta Humala”. Con este escenario, el único país que mantendría un gobierno conservador claramente aliado de los Estados Unidos, y con signos de continuidad sería Colombia. Para Fernando Feito, sociólogo brasileño del Centro Universitario Araraquara: “Colombia está pasando a desarrollar en Sudamérica el mismo papel que desarrolla Israel en Oriente Medio. Aislado políticamente y siendo la cabeza de puente de los intereses norteamericanos en la zona, ejerce un rol obstruccionista para la integración latinoamericana y, debido a su enorme capacidad militar, es un potencial elemento de desestabilización en la zona”.

Capacidad militar colombiana

Según denuncia el periodista y analista político uruguayo Raúl Zibechi, la capacidad militar colombiana ha tenido un crecimiento asombroso en los últimos años: “En estos momentos, las tres ramas de las fuerzas armadas colombianas tienen 270.000 uniformados a los que deben sumarse 142.000 policías. En total, más de 400.000 personas en armas en siete divisiones, con una Fuerza de Despliegue Rápido y una Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas”. Y prosigue: “Sólo en 2007 el ejército creó 52 nuevas unidades. Recibió donaciones de helicópteros Black Hawk de EE UU, compró 13 aviones caza a Israel y 25 aviones de combate Super Tucano a Brasil en 2006”. Colombia, en muy pocos años y con una fuerte inversión en material bélico proveniente de fondos norteamericanos a través del Plan Colombia, ha desarrollado una capacidad militar comparable con la de Brasil (país de mayor capacidad militar de Sudamérica), que tiene cuatro veces más población y siete veces más territorio, pero con una diferencia fundamental: Colombia cuenta con tropas especializadas en combate en la selva y un fuerte respaldo logístico norteamericano. Comparativamente con Venezuela, la capacidad militar de los colombianos supera a su vecina en un índice de seis a uno. Mientras que con Ecuador, esta diferencia se ve acentuada disparándose a once a uno, según publicó la revista Military Power Review a finales del año pasado.

Entrenamiento y armas israelíes

Varias voces, y entre ellas, la del presidente venezolano Hugo Chávez, han venido denunciando en reiteradas ocasiones la presencia de instructores militares israelíes en territorio colombiano.

A primeros del pasado mes de febrero trascendió la noticia de que Colombia cerró una operación con Israel para la compra de 24 aviones supersónicos “renovados” del tipo “cachorro de león” (Kfir, en hebreo). Para calmar los ánimos de los países periféricos, el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, declaró: “Se piensa en el conflicto armado interno, no en los vecinos”. Santos cerró dicha operación en su última visita a Tel Aviv, señalando que el motivo del viaje es “el fortalecimiento de las relaciones entre Israel y Colombia”. Israel ha pasado a ser uno de los principales proveedores de armas y entrenamiento del ejército colombiano, según han indicado recientemente en la prensa israelí fuentes de la fuerzas armadas de este país, que apuntaron que las relaciones con Colombia son de “importancia estratégica”. Al fin y al cabo, decían, “ellos combaten allá a las FARC, al igual que nosotros combatimos aquí a Hamas”.

¿Qué pasó en Santo Domingo?

De forma acertada o no, la labor diplomática desarrollada en la cumbre del Grupo de Río en Santo Domingo, vino a desarticular una carrera de agresiones mutuas entre Colombia, Venezuela y Ecuador que podrían haber desencadenado un grave conflicto regional auspiciado por EE UU. Siendo conscientes de que los compromisos adquiridos por Uribe son “pan para hoy y hambre para mañana”, Brasil construirá nuevos emplazamientos militares y creará una base de control aéreo en la frontera con Colombia, y de igual manera posicionará nuevas unidades militares en la región de Acre limítrofe con Bolivia en prevención de una profundización de la crisis política en ese país. Según declaró a DIAGONAL Joao Amarelo, general brasileño en la reserva: “Brasil, hasta ahora la mayor potencia militar latinoamericana, se prepara para blindarse ante posibles operaciones de desestabilización auspiciadas por los gringos en la zona”.

¿Cuántos países intervinieron en la Operación Fénix?

Muchas dudas quedan sobre lo que sucedió en la llamada ‘Operación Fénix’, en la madrugada del pasado 1 de marzo en el campamento clandestino de las FARC, en territorio ecuatoriano. Por un lado, la intervención colombiana en Ecuador tiene varios elementos de similitud con los procedimientos utilizados en las operaciones de incursión militar y eliminación de líderes opositores desarrollados por los israelíes en los territorios de sus países fronterizos: alta precisión militar, un alto grado de desarrollo tecnológico militar y una brutalidad desmesurada, en este caso sin precedentes en el territorio de Ecuador, considerado en todo el continente como un país de paz.

Hay que tener en cuenta que diez bombas de 226 kg fueron lanzadas cayendo en un radio de 600 metros, todas en el corazón del campamento, cuando este es imposible de detectar desde la visión aérea por lo frondoso y tupido de la vegetación selvática en esa zona. Sin duda, se utilizaron censores para detectar el calor humano, así como tecnología de espionaje muy avanzada.

También es importante destacar que la masacre se perpetró con un nivel de sangre fría impresionante, y fue desarrollado por comandos especiales. Tras los bombardeos, esperaron algo más de una hora para perpetrar una nueva incursión, en esta ocasión con helicópteros Black Hawk, con el fin de exterminar a los guerrilleros que quedaron vivos e intentaban auxiliar a sus compañeros heridos tras el bombardeo. Además, las investigaciones forenses y de balística realizadas por las autoridades ecuatorianas demuestran que varios de los guerrilleros masacrados fueron asesinados con disparos a quemarropa y en diferentes horas de la mañana, por parte de los comandos que descendieron desde los helicópteros al territorio ecuatoriano.

Según indican estos informes forense, por las horas de muerte de los guerrilleros, la operación militar y ocupación del campamento de las FARC pudo extenderse hasta altas horas de la madrugada, lo que vislumbra que pudo haber torturas, antes de las ya confirmadas ejecuciones extrajudiciales. Por último, queda otra duda por despejar: hasta donde se sabe, hoy por hoy, la aviación militar colombiana no tiene capacidad de cargar con bombas inteligentes de 500 libras (250 kilos), lo cual apunta a la intervención de aviones pertenecientes muy posiblemente a EE UU y procedentes de alguna base aérea del Comando Sur.


Publicado en el periódico Diagonal número 74, marzo 2008

Repsol miente sobre un vertido en la amazonía ecuatoriana


El petróleo derramado en el parque Yasuní no se corresponde a 100 barriles, como declaró la multinacional, sino a unos 2.500. El Gobierno ecuatoriano interpondrá una denuncia por mentir y contaminar.


El pasado 1 de febrero, las autoridades ecuatorianas tuvieron constancia de un derrame de petróleo en los límites de la reserva natural del Yasuní causado por Repsol YPF. El viceministro de Minas y Petróleo, José Serrano, declaró públicamente que Ecuador sancionará a la transnacional española por haber tardado en informar al Gobierno sobre el vertido.

El derrame tuvo lugar al menos una semana antes de que las autoridades conocieran el vertido, pero la multinacional española lo ocultó, violando el reglamento de seguridad ecuatoriano. En su nota oficial, días más tarde de los sucesos, Repsol indicaba que “se había logrado contener un pequeño derrame de petróleo en un bloque que limita con el mayor parque tropical de Ecuador”. El portavoz de Repsol, Federico Cruz, dijo que la compañía no había determinado la causa del derrame, el cual se estima en unos 100 barriles de crudo. “Sabemos que el derrame no causó contaminación en ríos o comunidades”, aseveró Cruz.

Las investigaciones que están siendo llevadas a cabo por las autoridades de protección ambiental ecuatorianas demuestran que la compañía española, una vez más, mintió. El petróleo derramado no se corresponde a 100 barriles, como declaró Repsol, sino a unos 2.500 barriles, de los cuales unos 1.500 son de agua de formación. Esta mezcla dificulta aún más la determinación exacta del daño ecológico. Además, intentaron aprovechar el periodo de fiestas de carnaval, considerando que los funcionarios medioambientales estaban de descanso para ocultar lo sucedido, pero afortunadamente las autoridades inspeccionaron y se verificó el delito.

En este mar de falsedades vertido por la compañía española, también es importante determinar las causas del derrame. Mientras Repsol expone ante sus filiales internacionales que la extracción de crudo que ellos desarrollan en el Ecuador es un modelo a seguir en todos los países en los cuales tienen inversiones, la realidad demuestra lo contrario. Según organizaciones medioambientales, la falta de inversión en infraestructura fue la causa real del derrame en Ecuador. La tubería afectada sufre un deterioro considerable y debería haber sido cambiada hace tiempo por parte de los equipos de mantenimiento de la compañía. Lamentablemente, la legislación ecuatoriana, en materia de sanciones medioambientales, aún mantiene vigente el régimen de sanciones de los antiguos Gobiernos conservadores. La multa por la falsa información y por el impacto ambiental es irrisoria y Repsol posiblemente no sea sancionado por más de 50.000 dólares.

Según Adela Chilonango, de la comunidad indígena de los huaoranis, “es urgente que el Gobierno de la revolución ciudadana que encabeza el presidente Rafael Correa tome medidas sobre el control de las actuaciones de las multinacionales en la Amazonía, así como que aplique un régimen de sanciones severas ante la violación de la legislación vigente”.

Imagen corporativa

Un anuncio publicitario presentado en la TV ecuatoriana muestra a un colibrí tomando néctar de una flor, casi sin tocarla. Ese es el mensaje subliminal que Repsol YPF pretende transmitir en el Ecuador. Sin embargo la actividad petrolera es una de las industrias que mayores impactos produce en el ambiente y en las comunidades locales asentadas en su área de influencia. El Parque Yasuní tiene una extensión aproximada de un millón de hectáreas donde se encuentran, según autoridades locales, el 44% de las especies de aves existentes en la Amazonía, el 40% de todas las especies de mamíferos de la cuenca amazónica y más de 100.000 clases de insectos por hectárea. El Yasuní, que además acoge cientos de pueblos indígenas tradicionales, que han protegido estos bosques porque de ellos depende su supervivencia material y cultural, es la región con mayor diversidad biológica del mundo. Para su desgracia este incomparable parque natural tiene en su subsuelo petróleo.

Publicado en el número 74 marzo del 2008 en el periódico Diagonal

La gran mentira de El País y su periodista Maite Rico sobre como sucedieron los hechos del asesinato de Raúl Reyes y otros 23 guerrilleros de las FARC


Sonroja desde la perspectiva periodística que el diario “El País” se considere el periódico con mayor seriedad informativa existente en el Estado español, y también sonroja el nivel de infamia, intoxicación y falta de ética profesional que son capaces de desarrollar varios de sus articulistas.

La intoxicación mediática a la que nos somete dicho diario y el conjunto del Grupo Prisa no es nueva, y desde América Latina sorprende menos si uno tiene la ocasión de escuchar las emisiones de Radio Caracol, insigne bandera de Prisa en Colombia, convertida en el "panfleto de los panfletos uribistas" entre los medios de comunicación colombianos. Esta manipulación informativa ha sido denunciada “una y mil veces” por muchos analistas comunicacionales en diferentes medios de información alternativa, por lo tanto no voy a centrarme en ello.

Sin embargo en este artículo quiero denunciar la farsa descrita en el reportaje titulado “Así fue la Operación Fénix”, publicado en el día de ayer, domingo 9 de marzo por este diario y firmado por la periodista Maite Rico.

Para los desconocedores de este personaje, esta señora es popularmente conocida en el mundo de la información por su tendencia pro norteamericana, así como por embestir contra todo aquello que suene a progresismo en América Latina. Junto con Bertrand de la Grange, Rico ha publicado libros como “Marcos, la genial impostura” (1998), sobre la figura del supcomandante Marcos, o “¿Quién mato al Obispo?” (2004), los cuales son considerados en el mundo de la política como “novelas policíacas”, más que como libros que ayuden a documentar históricamente la realidad de los temas que tratan.

Una de sus grandes perlas literarias se dio en la revista Letras Libres en febrero del año pasado, donde esta licenciada en Historia, especializada en desvirtuar la Historia, cuestionó que los huesos trasladados desde Bolivia a Cuba e instalados desde 1997 en el mausoleo del Che en Santa Clara, correspondiesen a la figura del mítico guerrillero. Tanto Rico como De la Grande, no tuvieron ningún rubor en contradecir las declaraciones de Harry Villegas, alias “Pombo”, compañero del Che en la guerrilla boliviana, como a los médicos forenses y argentinos que asistieron el reconocimiento del cadáver, como al propio biógrafo estadounidense Jon Lee Anderson, al cual Maite Rico definió como “ingenuo”, un personaje con “afán de protagonismo” y “agresivo” con sus detractores.

La argumentación de esta más que cuestionada periodista, consistía en definir la identificación y posterior traslado de los huesos, como “una mentira de Estado”, diseñada por Fidel Castro con el fin de desviar la atención y manipular a la opinión pública cubana, de la grave crisis que se cernía sobre la isla. Todo ello con el mismo criterio invetigativo que caracterizan sus trabajos y que veremos a continuación.

Las mentiras de Maite Rico sobre la muerte de Raúl Reyes.

En el artículo elaborado por Maite Rico y publicado en el día de ayer en el diario “El País”, dicha periodista procede a cometer un alto nivel de intoxicación informativa que paso a denunciar punto por punto:

1.) Según Maite Rico y El País, se asegura que: “El 1 de marzo, la onda expansiva de un bombazo puso fin a la vida del número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.

Hasta el momento las autoridades colombianas no han hecho pública la autopsia de Raúl Reyes, sin embargo las fotografías que hemos podido ver por los medios de comunicación colombianos, demuestran que el jefe guerrillero tiene entre otras heridas un orificio en la parte izquierda de su cara, lo que perfectamente podría significar un impacto de bala. De ser así, su muerte podría haber sido posterior a las cuatro bombas lanzadas por aviones no ecuatorianos que invadieron el espacio aéreo ecuatoriano. La existencia de esta incursión aérea ha sido denunciada por las autoridades locales, los colonos de la zona y las tres guerrilleras que se han encontrado vivas en el lugar de los hechos.

Los trabajos de investigación que se están desarrollando por las autoridades ecuatorianas, así como la existencia de orificios, en varios casos en la espalda, de múltiples guerrilleros muertos, indica que se ejercieron ejecuciones extrajudiciales por parte de los comandos especiales que descendieron desde los helicópteros colombianos. Raúl Reyes podría ser perfectamente uno de los ejecutados, el hecho de que su cuerpo esté en manos de las autoridades colombianas dificulta la posibilidad de investigar si los orificios de su cuerpo son de bala, y en caso de ser así, si estas se han disparado desde corta distancia.

2.) Según Maite Rico y El País, se indica que en el momento de su muerte, Raúl Reyes: “Dormía a pierna suelta. Lo último que podía imaginar era que el Ejército colombiano lo fuera a alcanzar en su santuario de Ecuador”.

Efectivamente Raúl Reyes dormía, al igual que el conjunto de guerrilleros instalados en el campamento, lo cual demuestra que Uribe y el conjunto de autoridades colombianas mintieron cuando decían que se había actuado en territorio ecuatoriano en caliente (durante un combate), y que el ejército había recibido disparos de las FARC desde territorio ecuatoriano. Pero más allá de Uribe, donde miente la reportera de El País, es en definir a la República del Ecuador como un santuario. Durante el año 2007 fueron descubiertos y desmantelados 47 campamentos de retaguardia y descanso de las FARC en territorio ecuatoriano. También hubo varios guerrilleros detenidos al ser localizados por las fuerzas armadas del Ecuador, y pasados a disposición judicial. El concepto santuario tendría sentido cuando hay connivencia entre el gobierno local y la fuerza externa que utiliza el territorio, no es el caso del Ecuador, aunque si tiene antecedentes en América Latina, recuérdese por ejemplo, las posiciones de la “contra” nicaragüense, armada y entrenada con instructores norteamericanos, que tenía sus principales cuarteles en territorio hondureño, zona a la que nunca pudo penetrar el Ejército Popular Sandinista, dado que habría podido justificar la invasión de este país por los “marines” estadounidenses.

3.) Según Maite Rico y El País: “El general colombiano Freddy Padilla extiende una enorme fotografía aérea de la región de Piñuña Blanco. Separando a los dos países, las aguas rojizas del río Putumayo discurren en meandros. Algunas manchas amarillas rompen la monotonía verde de la vegetación selvática. Son "chacras de coca" abandonadas. "Sabíamos que estaba en su campamento madre", explica, señalando a una cruz roja en el lado ecuatoriano, a 1.850 metros de la frontera”.

La periodista de El País, en un alarde de sagacidad sin igual, ni cuestiona ni se documenta sobre las palabras del general colombiano. El campamento no estaba a 1.850 metros, estaba a casi 2.500 metros, además suponer que el campamento “madre” de Raúl Reyes constaba de una infraestructura de 7 camas y en él, un dispositivo de unos 25 guerrilleros, demuestra que el nivel de documentación de la reportera o bien su capacidad intelectual, es realmente escaso. De no ser así, el hecho es más grave, pues demuestra una voluntad por manipular la noticia. Los campamentos "madre" de las FARC son innacesibles, su composición militar es enorme y el nivel de sus infraestructuras están muy lejos del que destruyeron violando las normas del derecho internacional, los operativos militares colombianos. Por si la señora Rico no se había percatado, estamos hablando de un grupo armado que lleva más de 50 años operando en la selva.

4.) Según Maite Rico y El País: “Ecuador ha denunciado que las aeronaves penetraron 10 kilómetros y bombardearon el campamento de las FARC. "No entramos en su espacio aéreo", asegura el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. "El recorrido está registrado en los sistemas de navegación. Y hay un enorme radar ecuatoriano a 46 kilómetros del lugar, que los hubiese detectado". Quito esgrime que su radar no funcionaba. "¡Qué casualidad!", ironiza Padilla, y dibuja parábolas y flechas en un papel para explicar que es posible atacar sin traspasar la frontera. "¿Sabe qué entró? Cuatro helicópteros Blackhawk con tropa de élite y 44 policías judiciales, para registrar y verificar si estaba Reyes".”

Las investigaciones que están siendo desarrolladas por las autoridades ecuatorianas demuestran que los aviones que bombardearon el campamento de las FARC atacaron por el sur (lado opuesto a la frontera con Colombia), entraron en el espacio aéreo del Ecuador haciendo una maniobra de media luna para no ser escuchados por la vigilancia guerrillera del campamento, y este es el motivo que explica que se hubiesen introducido hasta 10 km sobre territorio ecuatoriano. Para cualquier experto en investigación militar no es difícil deducir la orientación desde donde se lanzaron las bombas, así como la posición de los árboles derribados.

La República del Ecuador se caracteriza por ser un territorio de paz. Efectivamente desde el año 2000 existe en ese sector un radar, un grupo antiaéreo y armas antiaéreas, pero el sistema de defensa aéreo no funcionó. Ecuador como país de paz, carece de recursos para mantener de forma permanente su sistema operativo de defensa fronterizo. Colombia no era considerado por las autoridades ecuatorianas como un país agresor, los operativos militares y de protección aérea estaban dedicados a trabajos de ayuda humanitaria en la costa del Ecuador, donde las fuertes lluvias han asolado a la población, motivo por el cual Ecuador se ha visto en la necesidad de solicitar cooperación humanitaria a la comunidad internacional.

No poner en cuestión las palabras del colombiano general Padilla, demuestra una vez más un escaso interés en informar debidamente por parte de una reportera que pretende contarnos que sucedió realmente en la madrugada del 1 de marzo. Los orificios encontrados por doquier en la arboleda destrozada entre la que se encontraba el campamento demuestra que una infinidad de disparos procedieron de los helicópteros colombianos y a través de los cuales se continuó asesinando a los guerrilleros que pudieron haber quedado heridos tras el bombardeo.

5.) Según Maite Rico y El País, se asegura que: “A la una de la mañana, Uribe telefonea a su homólogo Rafael Correa. Le comenta que ha habido un enfrentamiento que ha rebasado la frontera. Han muerto un soldado y una veintena de guerrilleros, entre ellos Raúl Reyes. Correa se inquieta: "¿Dónde cayó Reyes?". "Estoy casi seguro que en territorio de Ecuador", responde Uribe. "Con algún rubor", el colombiano admite que no le dijo que era una operación planificada. "Asumo mi responsabilidad. Pero si lo hubiera comunicado antes, estoy seguro de que todo hubiera fracasado".”

La llamada de Álvaro Uribe ha Rafael Correa se da a entorno a las ocho horas de la mañana, esto justifica que el ejército ecuatoriano no llegara hasta después a la zona de la masacre. Uribe no podía avisar antes al mandatario ecuatoriano, pues según confirman los testigos y colonos de la zona, el bombardeo duró hasta altas horas de la madrugada en diferentes fases de incursiones aéreas. El mero hecho de que se encontraran camillas fabricadas artesanalmente en el campamento guerrillero, indica que tras el bombardeo con armamento pesado, posiblemente los guerrilleros que quedaron vivos en un primer momento, o los que se encontraban de guardia en la periferia del campamento, intentaron rescatar a sus compañeros heridos, siendo masacrados cuando llegaron los helicópteros colombianos, entorno a una hora después según indican los testimonios de los moradores de la zona. Testimonios por cierto, ignorados por la corresponsal de El País.

Si tanto Maite Rico, como el diario El País, no están dispuestos a ponerle oído a los testimonios de las guerrilleras que quedaron vivas tras la masacre desarrollada por operativos militares colombianos bajo beneplácito del presidente Álvaro Uribe; serán los informes de balística los que demostrarán a la comisión de la OEA, que varios de los guerrilleros muertos, especialmente los que tienen disparos por la espalda, fueron asesinados a quemarropa.

Una vez más el diario El País, así como su reportera Maite Rico, vienen a demostrarnos que la veracidad de la información que emiten, o la ética profesional periodística a la que debieran estar sujetos, carece de cualquier tipo de fiabilidad.

Toda la verdad sobre la muerte de Raúl Reyes


Las investigaciones desarrolladas por las autoridades ecuatorianas van arrojando luz sobre lo que realmente sucedió en la madrugada del pasado 1 de marzo, donde fuerzas armadas colombianas abatieron entre 20 y 22 guerrilleros en territorio ecuatoriano. Emboscada en la que fue abatido, el comandante Raúl Reyes, número 2 en la estructura de mando de las FARC.

Las imágenes, los testimonios de los colonos de la zona, las declaraciones de tres guerrilleras que se encontraron aun con vida, los informes de balística e inteligencia militar ecuatoriana, vienen a demostrar el montón de mentiras declaradas por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, tanto al presidente Rafael Correa, del Ecuador, como al conjunto de la comunidad internacional y los medios de comunicación.

La versión colombiana.

Según la versión colombiana, se venía persiguiendo al frente 48 de las FARC, en base a una información que indicaba que el líder guerrillero, Raúl Reyes, haría presencia en un poblado denominado Granada, cerca de los límites fronterizos con Ecuador, pero aun en territorio colombiano.

El ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos, indicó que durante dicha operación, las fuerzas armadas colombianas habían sido atacadas desde un campamento de las FARC situado a 1.800 metros de la frontera, en el interior del territorio ecuatoriano.

Se indica que entonces la fuerza aérea colombiana procedió a localizar y atacar el campamento guerrillero, teniendo siempre en cuenta la orden de no violar el espacio aéreo ecuatoriano; indicando que luego entró la fuerza armada colombiana para asegurar la zona y dejando a la Policía colombiana a cargo del campamento atacado, hasta la llegada del ejército ecuatoriano.

La verdad de los hechos.

Las investigaciones que se están desarrollando por parte de las autoridades ecuatorianas demuestran que nunca hubo combate por parte del comando atacado de las FARC. Con excepción de tres de ellos que cumplían funciones de vigilancia, los 18 fallecidos estaban durmiendo en ropa interior, ninguno del comando guerrillero tuvo ocasión de entrar en combate o rendirse.

El armamento existente en el campamento estaba apilado, no tuvieron la ocasión ni siquiera de acceder a sus fusiles y granadas, fueron masacrados mientras dormían.
Los testimonios de los colonos de la zona, así como los socavones desarrollados sobre el piso de tierra del campamento demuestran que se dispararon cuatro bombas desde aviones colombianos que incursionaron sobre territorio ecuatoriano. Según las investigaciones de inteligencia militar, estas se dispararon desde el sur del campamento, lo que quiere decir que los aviones habían incursionado a más de 10 kilómetros al interior del territorio ecuatoriano cuando se procedió al ataque.
Tras el lanzamiento de bombas desde estos aviones, incursionaron varios helicópteros “Supertucanes”, pertenecientes a la fuerza aérea colombiana. Desde ellos se continúo atacando el campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. De dichos helicópteros descendieron comandos especiales que remataron a los guerrilleros que quedaron heridos en el campamento, según se demuestra por las balas que tienen en sus cuerpos gran parte de los cadáveres de los guerrilleros, muchos de ellos apilados en una zona determinada del campamento y asesinados por la espalda. Incluso las fotografías enseñadas por el gobierno colombiano del cadáver del comandante Raúl Reyes, muestra como este tiene un disparo en la parte izquierda de su cara.

Las informaciones que provienen de inteligencia militar ecuatoriana, indican que el espacio aéreo del Ecuador no solo se violó en la madrugada del 1 de marzo, si no que en la madrugada del 2, hay una nueva penetración de helicópteros con visores nocturnos para sacar a miembros de las fuerzas armadas y policía colombiana que aún se mantenían sobre territorio ecuatoriano.

La posición de los árboles derribados en el bombardeo, los múltiples orificios de disparos en los árboles, así como la posición de los cadáveres, viene a demostrar que mientras las FARC vigilaban el campamento en su posición norte, la que mira hacía la frontera con Colombia, la incursión aérea sobrevino del sur, lo que indica que la fuerza aérea colombiana invadió sin permiso, sin notificar y contraviniendo todo tipo de normativa internacional el espacio aéreo ecuatoriano.

Los testimonios de los moradores de la zona, indican que el ataque se prolongó desde aproximadamente pasada la media noche hasta las seis de la mañana del 1 de marzo.
La precisión del ataque demuestra también la utilización de una importante tecnología militar que también pone sobre la mesa, la posibilidad de la participación de los Estados Unidos en la masacre, al menos en tareas de información y localización del comando guerrillero.

Los testimonios de los pobladores hablan de la posibilidad de que los helicópteros colombianos se hayan llevado cuatro cadáveres y no dos, los correspondientes a Raúl Reyes y Julián Conrado, como indican las autoridades del país agresor.
Por su parte el ejército ecuatoriano no descarta la posibilidad de localizar algún cadáver más en la frondosa zona selvática donde se dio la matanza.

La reacción del presidente Correa.

En un acto de soberanía y dignidad, el gobierno de la República del Ecuador ha retirado a su embajador en Bogotá, ha expulsado al embajador de Colombia en Quito, y movilizado a las tropas hacia la frontera, a la vez que ha solicitado la reunión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, la CAN y el MERCOSUR.
Rafael Correa llamó mentiroso al presidente Uribe, denunciando que había sido notificado por parte de este sobre las 8,30 horas y engañado por su homólogo colombiano, el cual justificó la incursión en territorio ecuatoriano por el calor del combate.

Acusaciones desde Colombia.

Que las FARC operan en Ecuador, es una denuncia que ha sido permanente desde la cancillería y la presidencia de Colombia, versión que se vio agravada tras la liberación el 27 de febrero de cuatro ex congresistas colombianos por parte de las FARC. Uno de ellos, Luis Eladio Pérez, declaró a Radio Caracol que al comienzo de su cautiverio estuvo retenido en territorio ecuatoriano, añadiendo que las FARC se suministran de productos provenientes de Ecuador, Brasil y Venezuela. “Yo dormí en el Ecuador: con eso digo todo. Usábamos botas de marca ecuatoriana, desodorantes, drogas brasileñas y jabones venezolanos”, declara al día siguiente de su liberación Luís Eladio Pérez.

Por su parte el ejército ecuatoriano en el transcurso del año pasado descubrió varios campamentos de avituallamiento y descanso de las FARC en territorio del Ecuador, siempre cercanos a la frontera, y en un territorio muy difícil de controlar debido a lo frondoso y extenso que es esta zona selvática que abarca ambos países.

Antecedentes en las relaciones entre Ecuador y Colombia.

Las relaciones entre Ecuador y Colombia se habían caracterizado hasta ahora, por un bajo nivel de conflictividad desde el ascenso a la presidencia de Ecuador del economista Rafael Correa Delgado, el 15 de enero del año pasado.
Esta realidad no fue siempre así, habiendo habido situaciones muy tensas durante gobiernos anteriores al de Correa. Así, en el año 2005 se dieron un conjunto de situaciones que cuestionaron la soberanía del Ecuador. En julio de ese año durante el mandato de Alfredo Palacios, Parra Gil, entonces canciller del Ecuador, luego de una reunión con Carolina Barco, entonces canciller de Colombia, cuestionó las fumigaciones de las plantaciones de coca ordenadas desde Bogotá en la línea fronteriza común. A pesar de dicho cuestionamiento y sin tener respuesta positiva por parte de Colombia, Ecuador votó a favor del colombiano Luís Moreno como presidente del BID a solicitud del gobierno colombiano y de los Estados Unidos. Precisamente Luís Moreno había sido embajador de Bogotá en Washington y fue cuestionado por participar en la gestación del Plan Colombia.

Otro hecho que ha evidenciado una postura de ambigüedad en la relación histórica del Ecuador con respecto a Colombia, sucede cuando el 31 de julio del 2005, un reportero ecuatoriano denuncia que “…el ejército de Ecuador se unió a la operación contra los frentes 21, 13 y 48 de las FARC, que estarían escoltando al guerrillero Raúl Reyes y que tienen bloqueado en el departamento del Putumayo”. Esta información fue confirmada por el Mayor General ecuatoriano Reinaldo Castellanos Trujillos.
Pero la violación más grave realizada por el anterior gobierno de Alfredo Palacios, con respecto a la histórica neutralidad del Ecuador ante el conflicto armado en el país hermano se dio cuando ese mismo año, un operativo coordinado de inteligencia de las policías de Ecuador y Colombia ubican y capturan en Quito a presuntos guerrilleros de las FARC que estaban internados en una clínica. Esa coordinación existe, y el hecho más significativo de esta realidad se dio cuando durante la presidencia del Lucio Gutiérrez, en el año 2004, una operación conjunta entre fuerzas del orden colombianas, ecuatorianas y estadounidenses, permitió la captura en Quito de Ricardo Palmero, más conocido por Simón Trinidad, ahora procesado y preso, con una condena de 60 años, en Estados Unidos por la extradición que facilitó el gobierno de Uribe.

Crisis regional.

La pretensión del Álvaro Uribe de aplicar en la lucha contra lo que él define como “terrorismo”, la misma estrategia que utiliza Israel en su combate contra el mundo árabe, puede tener repercusiones impredecibles en el continente latinoamericano.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el comandante Hugo Chávez, ante la posibilidad de que el gobierno de Colombia incursione y viole la soberanía de Venezuela, tal y como lo hizo con Ecuador, ha ordenado el cierre definitivo de su embajada en Bogotá, así como el reforzamiento militar de toda la zona fronteriza con Colombia. Se espera en las próximas horas la expulsión del embajador colombiano en Caracas.

“Señor ministro de Defensa muévame 10 batallones hacia la frontera con Colombia de inmediato. Batallones de tanques. La aviación militar que se despliegue. Nosotros no queremos guerra pero no le vamos a permitir al imperio norteamericano, que es el amo, y a su cachorro el presidente Uribe y la oligarquía colombiana que nos vengan a dividir, que nos vengan a debilitar, no lo vamos a permitir”, ordenó el mandatario venezolano.

Chávez ofreció todo el respaldo necesario, en su conflicto diplomático con Colombia, a Ecuador, indicando: “Pongo a Venezuela en alerta y apoyaremos a Ecuador en cualquier circunstancia”.

Por su parte, el presidente Correa se ha puesto en contacto durante el domingo 2 de marzo con una decena de países con el fin de recabar su apoyo y hacerles partícipes de la gravedad de los hechos ocurridos en la incursión y masacre colombiana en territorio del Ecuador.

La respuesta del ejecutivo colombiano no se ha hecho esperar, y en la misma noche del 2 de marzo, el director de la Policía, general Óscar Naranjo, reveló documentos preliminares por los cuales se pretende demostrar que Raúl Reyes tenía contactos con el Ministro Coordinador de Defensa Interna y Externa del Ecuador, Gustavo Larrea. Estos documentos, fueron supuestamente hallados en tres ordenadores incautados por el ejército colombiano en el campamento donde fue asesinado Reyes.

Los objetivos de Uribe.

A pesar de que las FARC han hecho público un comunicado por el cual indican que el asesinato de Raúl Reyes no afectará a las negociaciones por el intercambio humanitario, lo cierto es que los objetivos del presidente Uribe son claros: bloquear el proceso de entrega de rehenes de tal manera que quede bloqueada la posibilidad de devolución por parte de las FARC de Ingrid Betancourt.

Si bien la voluntad del ejecutivo colombiano de que Betancourt no regrese viva es una realidad difícilmente cuestionable, lo cierto es que tras las declaraciones de los cuatro ex congresistas liberados el pasado 27 de febrero, donde se indicaba la voluntad de la secuestrada de presentarse a las elecciones presidenciales de Colombia con un programa de paz para este país, ha puesto muy nervioso a Uribe.
Paralelamente a esto, la intervención colombiana en el Ecuador, pretende claramente convertir al país vecino, en una suerte de Camboya, con respecto al conflicto militar colombiano.

La finalización del acuerdo suscrito por 10 años entre los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos, para la utilización por parte de las fuerzas armadas norteamericanas de la base de Manta, el cual expirará a finales del presente año, y sobre el cual ya se ha posicionado el presidente Correa, con respecto a su voluntad de no renovarlo, también es un elemento a tener en cuenta en la escalada de la crisis diplomática en el área andina.

La base de Manta es una herramienta fundamental dentro de la estructura y estrategia del Plan Colombia, y aunque el gobierno norteamericano no ha hecho declaraciones en firme sobre su salida de la base a finales del 2008, es evidente que forma parte de su agenda de preocupaciones con respecto a la nueva política desarrollada en el Ecuador a partir de la llegada al poder de la llamada “Revolución Ciudadana”.

Artículo elaborado en la noche del 2 de marzo de 2008, publicado en Rebelión, Vamos a cambiar el Mundo y Kaos en la Red, entre otros.