De la propiedad al desalojo...

Los vecinos de Ayangue, Montañita y Pechiche se resiten a perder los terrenos comunales. El desencanto llega a las playas de Santa Elena

Por Decio Machado
Publicado en Vanguardia número correspondiente del 5 al 11 de septiembre de 2011 (versión íntegra)

“Cayeron sobre nosotros  en una actuación desmesurada y violenta, llegaron como llega un ejército de ocupación. Siete personas de la comuna nos encontrábamos en la playa de Portete, cuando aparecieron unos trescientos policías uniformados y otras cincuenta personas con atuendo civil. Me detuvieron a mí, al vicepresidente de la comuna, a una persona simplemente por preguntar y a cuatro más, un pescador con su familia que llegó allá. Todas las detenciones las realizaron sin explicaciones ni motivos”.

Así comienza su relato Dña. Ana Isabel Basilio, presidenta de la comuna de Ayangue, denunciando los hechos de la madrugada del pasado 24 de agosto, en la cual fueron desalojados y detenidos siete vecinos de la comuna. Desde entonces, los vecinos de Ayangue y sus pescadores artesanales ya no tienen acceso a la playa de Portete.

Rodeada de una quincena de sus compañeros, la vocera de Ayangue expresa su indignación, “estábamos en la playa, las playas son públicas, porque nos detienen, somos víctimas de un abuso de autoridad”; y su sensación de abandono, “las autoridades provinciales y gubernamentales están mirando para otro lado, nadie hace nada, nos dejaron solos luchando contra un poder que ni siquiera sabemos dimensionar”.

Doce horas pasaron detenidos sin mayor explicación. Las primeras nueve horas en los despachos de la Policía Judicial, y las tres últimas en un Centro de Detención Provisional (CDP). La comunera Jaqueline Salinas, denuncia “querían que los compañeros firmaran una declaración donde se auto inculpaban por alteración del orden público, no era verdad. Al negarse fueron enviados al CDP, como si fueran criminales”.

La angustia se refleja en la cara de Dña. Basilio cuando rememora ese episodio, “hubo un momento, rodeada de delincuentes, uno de ellos incluso se autolesionaba, que sentí mucho miedo. Ninguno de nosotros comprendía porque estábamos allí”.

Conflicto en Portete

El desalojo es fruto del fallo de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena del pasado 11 de agosto, donde sentencia sobre la propiedad de las tierras en litigio a favor de la Compañía ZEMECKIS SA, quienes disponen de escrituras públicas fechadas el 29 de marzo de 2010 e inscritas en el Registro de la Propiedad de Santa Elena el 3 de junio del pasado año.

En dicha sentencia se le daba a la comuna veinticuatro horas  para retirarse de los predios “pertenecientes” a ZEMECKIS SA.

Para el abogado Francisco Romero, asesor legal de la comuna, la violación de derechos es evidente. “Carecían de orden de desalojo, el coronel Roberto Viteri -jefe de la Policía Judicial- dirigió un operación absolutamente desmedida sobre mujeres y pescadores artesanales de Ayangue. El Ministerio Fiscal debería actuar de oficio. Han secuestrado la playa para beneficio de intereses privados, no hay accesos para la población e incluso la aptitud de los policías destacados en el Portete es inadecuada y provocadora con cualquiera que se aproxime al lugar”.

La playa se encuentra cerrada y protegida por una combinación de fuerzas entre Policía Nacional y seguridad privada al servicio de la Compañía ZEMECKIS. Se ha construido, con maquinaria de obra, un muro de tierra de dos metros de altura para impedir el acceso a la playa, colocándose una garita de seguridad en la única zona de paso, la cual está custodiada conjuntamente por fuerza pública y privada.

“ZEMECKIS presentó unas escrituras del año pasado. En la Ley de Comunas de 1937, aun en vigor y ratificada por la Constitución de Montecristi, se indica claramente que ningún notario podrá extender escritura pública que diga relación con los bienes colectivos de las comunas”, añade Romero.

En el artículo 21 de dicha Ley se añade que: “si llegare a otorgar escritura pública en contravención con estas prescripciones, tal instrumento adolecerá de nulidad, a costa de los que hubieren intervenido en su otorgamiento, inclusive el notario y el registrador de la propiedad, de llegar a inscribirse la escritura”.

La Compañía ZEMECKIS SA pertenece al señor Guillermo Roseney Salcedo, quien ejerce el cargo de gerente en dicha compañía. Roseney está casado con una nieta del ya fallecido Ing. León Febres Cordero; forma parte de la alta alcurnia de la provincia y aún se recuerda entre los vecinos de Salinas los dispendios en la celebración de su último cumpleaños en la discoteca Boa Lua el pasado mes de febrero.

Las tierras en disputa tuvieron como propietario anterior al Dr. Leonidas Plaza Verduga, quien entre otros cargos políticos, ocupó la Procuraduría General del Estado durante la presidencia de Abdalá Bucaram. El Dr. Plaza se vio obligado a dejar su cargo tras ser acusado de beneficiarse económicamente al interceder entre los damnificados por el accidente del carguero aéreo en Manta en 1996.

Según Jaqueline Salinas, “los parentescos no acaban ahí, la mama de Roseney manifestó en una asamblea de la comuna a la que fue invitada que su hijo y el Ing. Jorge Wated, gerente de la Corporación Financiera Nacional, son primos. Tenemos las grabaciones de esa reunión”.

La tensión en los habitantes de Ayangue es palpable, basta con pasear estos días por sus calles para percibirla. “El Portete es nuestro, no nos lo van a quitar ni nos van a silenciar, seguiremos peleando por lo que es de nuestra comunidad”, indican un grupo de pescadores mientras arreglan sus redes en la pequeña bahía de Ayangue.

Según manifiestan los habitantes de la comuna, la gobernadora provincial, Noralma Zambrano, les prometió una intervención interinstitucional coordinada para el desarrollo de la localidad, a cambio de que la comuna acate los fallos a favor de ZEMECKIS y desistan de su intención de resistir.

Dña. Basilio manifiesta, “nos ofreció un PITI (programa de intervención territorial integral) en el que actuarían de manera sincronizada ministerios del área económica y del área social. Incluso nos ofreció un cerramiento para nuestro colegio que se haría a través de una fundación del propio Roseney”. Lo hizo tras el anterior intento de desalojo, 30 de junio, donde los moradores resistieron durante tres horas y tuvieron varios heridos consecuencia de otra violenta acción policial. Y termina indicando, “mucho nos han hablado desde diferentes ministerios e instituciones públicas, pero hasta ahora los únicos que nos han apoyado son los estudiantes de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, con quienes hemos desarrollado un borrador de proyecto turístico para Portete, el cual queremos aplicar una vez recuperemos las tierras comunales que pretenden arrebatarnos”.

Tierras comunales en Montañita

En la comunidad vecina de Montañita cunde la preocupación por la operación de desalojo desarrollada en Ayangue.

Don Leonel  del Pezo, presidente de la comuna Montañita, indica, “si el objetivo es atemorizarnos, la verdad es que lo están consiguiendo, pero esto es una cuestión de dignidad para nuestra gente, no vamos a dejar de luchar por nuestras tierras”.

La comuna Montañita mantiene dos litigios con la Compañía Manglaralto SA (MASA): uno por 2,5 hectáreas en zona de playa donde la comuna incluso ha construido pequeñas infraestructuras turísticas y tiene diseñado un plan de desarrollo para dichas actividades; y otro sobre 100 cuadras en la zona conocida como El Carmen y otro predio de más de 50 hectáreas.

“Si MASA ganase los conflictos y consiguiese la titularidad de estas tierras, Montañita quedaría estrangulada en la mitad de sus propiedades”, alerta Leonel del Pezo y continúa, “los conflictos de tierras comunales en Santa Elena son conflictos entre ricos y pobres, MASA es de la familia Andrade Peñaherrera, vinculada al grupo Andrade, los mismos de la quiebra de Solbanco y dueños de otras entidades financieras”. 

La comuna de Montañita, en su lucha en los juzgados, consiguió reverter transitoriamente –a la espera de resolución sobre recurso de casación interpuesto por la familia Andrade- una sentencia emitida por el Juez Décimo Séptimo de lo Civil, Ab. Leonidas Litardo Plaza, en favor de la Compañía MASA.

Según del Pezo, “estamos ante una pelea muy desigual, incluso la gobernadora Noralma Zambrano nos define a los comuneros como invasores, tomando públicamente partido por los intereses privados en lugar de defender a los vecinos de Montañita”. También aporta información sobre el Juez Litardo, “lleva más de diez años ejerciendo en el cargo como juez de lo civil en la provincia, su aptitud es lamentable, tras la revocatoria de su fallo a favor de MASA por parte de la Sala Única de la Corte Provincial de Santa Elena, presentó un alegato de ocho páginas insultantes contra los órganos de Justicia implicados y contra nosotros”.

En efecto, el Ab. Litardo presentó un recurso de casación por las costas que se le imputan en la cual manifiesta que la comuna de Montañita ha practicado rituales “diabólicos o de fuerzas ocultistas”, “quemado féretros” o haciendo “declaratorias de personas non gratas” entre otras graves acusaciones. Curiosamente, el Ab. Leonidas Litardo está emparentado con el Dr. Leonidas Plaza Verduga, quien fue propietario anteriormente de las tierras en litigio en Portete y quien ejerce como juez patrocinador en su queja ante el Consejo de la Judicatura de la provincia.

Para Francisco Romero, quien ejerce como abogado también de la comuna Montañita, esta situación es insostenible, “los vecinos de nuestras comunas ya no pueden ni dormir, teniendo que defender sus tierras comunales incluso en la madrugada”.

“Hemos creado infraestructura turística para el bien de la comunidad de Montañita, en tierras comunales hay inversiones también del Estado, tenemos un puesto para surfistas, viviendas sociales construidas por el MIDUVI, infraestructura que quedaron paralizadas para un planta de tratamiento de agua, como puede venir una empresa ahora querer quitarnos lo que poco a poco hemos ido construyendo para bien de nuestra comunidad”, concluye del Pezo.

Pechiche, una comuna amenazada

Igual que el resto de comunas afectadas, los voceros de la comuna Pechiche denuncian como han sido reiteradamente amenazados por pistoleros y grupos no identificados pero que presumen vinculados a los sectores que disputan sus tierras.

“No es la primera vez que nos amenazan, cada día van a más, tenemos miedo. La policía viene cuando la llamamos pero luego no hacen nada. Incluso el coronel Viteri nos ha indicado que como vamos a ser desalojados en breve plazo, no puede brindarnos vigilancia”.

De esta manera, Josefina Alfonso, una de las voceras de la comuna Pechiche, nos cuenta los sucesos del pasado 30 de julio en las tierras comunales, “entraron por la noche seis carros y un canguro –retroexcavadora-, cortaron el acceso a las tierras comunales con grandes piedras que volcaron en el camino, llegaron a la zona de explotación agrícola haciendo sonar las bocinas de sus autos, incluso dispararon al aire, los compañeros que mantenían permanencias en nuestras tierras tuvieron que salir corriendo campo a través. El canguro destrozó gran parte de nuestros cultivos, robaron nuestras bombas de agua y dañaron todo lo que podían dañar”

Pechiche es una de las pocas comunas que tienen acceso al agua. Los accesos al canal del transvase de Santa Elena están en manos de empresas privadas y terratenientes.

EL MAGAP cuando aún constaba entre sus competencias, dictaminó 200 hectáreas para la comuna de Pechiche sobre un territorio de 500 hectáreas en litigio. La reforma  del Estatuto Jurídico de las Organizaciones Campesinas realizado el 9 de marzo de 2009 le quito al MAGAP las competencias  en la resolución de conflictos en tierras comunales para trasladarlas a los jueces de lo civil. En opinión de Francisco Romero, “este es uno de los motivos por los cuales se ha incrementado el nivel de conflictividad en los últimos años. Muchos intereses que habían quedado en los cajones del MAGAP debido a la falta de ejecutividad, intencionada o no, de sus funcionarios, ahora salen a la luz en los juzgados de lo civil”.

La resolución del MAGAP sobre las 200 hectáreas de Pechiche fue revertida, fallando la propiedad de la tierra a favor de la Compañía RILESA SA.  Esta última, durante el conflicto jurídico le vendió estas propiedades a la Compañía FUTUROCELL SA, representada por Dña. Ana María Caputti Ollague. En la actualidad los comuneros son definidos por el propio MAGAP como invasores, tras las inspecciones ordenadas por el director distrital de la Subsecretaría de Tierras, el Ab. Eduardo Carriel.

Igual que las demás comunas, la consigna de Pechiche es resistir. Alfonso nos indica, “estas tierras estaban baldías, los comuneros en forma cooperativa hemos dado vida a esta tierra. Somos pobres, podrán robarnos nuestra bombas de agua o destrozar los cultivos con los que damos de comer a nuestros hijos. Los funcionarios del MAGAP podrán ser cómplices de los intereses privados o mirar para otro lado mientras nos matan, pero no vamos a abandonar lo que con tanto esfuerzo hemos construido”.

Entre banderas verdes y afiches del Presidente Correa, los comuneros de Ayangue, Montañita y Pechiche, se preguntan qué pasó con las promesas de apoyo y defensa de sus tierras comunales realizadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana.

“Están favoreciendo a los grandes holdings empresariales, prefieren que sean este tipo de inversores quienes desarrollen las infraestructuras turísticas y agrícolas en la provincia. Lamentablemente esta realidad queda lejos de las promesas de campaña que realizaron los dirigentes de Alianza PAIS en nuestra provincia y el propio Presidente de la República cuando ha visitado nuestros cantones”, sentencia Valerio Martín, un anciano pescador artesanal de la provincia de Santa Elena.