Decio Machado / La Brecha
“La Escuela de Cadetes de la Policía Nacional, es una instalación militar; allá reciben instrucción y entrenamiento los oficiales que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares, participan activamente en la guerra contrainsurgente y dan trato de guerra a la protesta social. Por tanto la operación realizada contra dichas instalaciones y tropas, es lícita dentro del derecho de la guerra, no hubo ninguna víctima no combatiente…”
Lo anterior es un extracto del comunicado emitido por la dirección nacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pocos días después de la explosión del pasado 17 de enero de un carro bomba en la escuela policial General Santander, al sur de Bogotá, donde fallecieron 21 personas y que quedaron además 68 heridos.
Es así que el ELN decidió romper de forma definitiva los diálogos con el gobierno colombiano, los cuales llevaban meses estancados dado que el presidente Iván Duque condicionaba su restablecimiento a la liberación de todos los secuestrados por parte de la guerrilla y el cese total de actividades insurgentes.
La reacción inmediata del gobierno de Colombia ha sido desconocer los protocolos pactados en caso de ruptura de la negociaciones de paz (donde se establecen 15 días para planear y concretar -con marcos de seguridad- el retorno a Colombia de la delegación del ELN) y exigirle a Cuba la entrega de los negociadores elenos. Esta condición genera en la actualidad un conflicto diplomático entre Bogotá y La Habana, dada la posición cubana de respetar los acuerdos previamente pactados con el ex mandatario colombiano Juan Manuel Santos.
El atentado de Bogotá era relativamente previsible como desenlace del estado de bloqueo existente en la relación guerrilla y gobierno colombiano. La mesa de negociación no funcionaba desde los momentos finales del mandato de Juan Manuel Santos, y menos aún desde la investidura del gobierno de Duque. Por su parte, tampoco la insurgencia ha puesto por su parte los gestos necesarios para destrabar el estancamiento del dialogo.
El propio Iván Duque se mostraba partidario -hace apenas unas semanas- de finalizar el proceso de negociación, sin embargo prefirió darse un plazo a ver que sucedía en lugar de ser él quien rompiera formalmente la mesa de diálogo. Para el gobierno no se trataba de reanudar dicho diálogo, sino de crear las condiciones para que se generase unas nuevas reglas de juego y por lo tanto un nuevo marco de diálogo en condiciones más favorables para sus posiciones. En paralelo, los sectores más políticamente duros al interior del ELN se radicalizaban y se hacían más resistentes a hacer concesiones. Sin duda, la estructura federada que gobierna el ELN -donde desde el primer día se visualizan tendencias claramente resistentes al diálogo- complejiza mucho la coordinación con los 10 comisionados como negociadores en La Habana.
El atentado en la escuela de cadetes de la policía inaugura una nueva fase de recrudecimiento de la guerra interna en Colombia. Si bien el ELN es un guerrilla con una capacidad operativa notablemente inferior a lo que fueron las FARC, también es cierto que su eliminación es más compleja para el ejército regular colombiano, dado que sus militantes se articulan mejor con las poblaciones de los territorios donde operan.
En todo caso, ante un gobierno que comenzaba a ser acusado de no tener rumbo por parte de los sectores más duros del uribismo y en caída libre en sus indicadores de popularidad, cabe decir que las últimas acciones del ELN le dan un balón de oxígeno, permitiéndole justificar nuevamente el predominio de la vía militar sobre la política en el marco de un horizonte de paz para Colombia.
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