Decio Machado colabora con varios medios de comunicación en Europa y América Latina, vive en Quito y fue asesor de Rafael Correa antes de dejar el cargo en 2010 y tomar aptitudes críticas respecto al gobierno.
Entrevista completa realizada por Lamia Oualalou - Opera Mundi (Brasil)
Ecuador vive, desde hace semanas, una serie de movilizaciones nacionales convocadas por sindicatos y movimientos sociales, entre los cuales existen importantes grupos indígenas. El presidente Rafael Correa dice que estas protestas son organizanidas por “ciertos grupos” y que considera legítimo responder “por al fuerza”, mientras muchas voces denuncian una escalada de represión. Este es el caso del consultor y analista político de origen hispano-brasileño Decio Machado. Vive en Quito y colabora con varios emdios de comunicación en Europa y América Latina. Fue asesor de Rafael Correa durante los dos primeros años de mandato, antes de dejar el cargo en enero del 2010 y convertirse en un crítico al oficialismo.
En entrevista a Opera Mundi, considera que el gobierno “cruzó la linea con el nivel desproporcionado de violencia utilizada por las fuertas de seguridad del Estado contra los manifestantes”. Según Machado, la llamada “revolución ciudadana” de Rafael Correa abandonó el inicial proyecto de transformación del país. La capacidad de comunicación del presidente es lo que, para él, explica que Correa todavía se mantenga en el poder tras nueve años de su primera elección.
Indígenas, sindicalista y otros sectores de la sociedad se movilizan contra distintos proyectos de ley del gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre la reacción del presidente Rafael Correa?
El pasado 13 de agosto, el movimiento indígena y el sindical convocaron conjuntamente a la movilización indefinida, con una larga lista de demandas. El objetivo principal de estas movilizaciones es que se archiven una serie de reformas constitucionales impulsadas por el gobierno que buscan, entre otras cuestiones, limitar derechos de participación y consulta a la ciudadanía, militarizar la seguridad pública, eliminar el derecho a la sindicación en la función pública, y posibilitar la reelección indefinida del Presidente de la República.
Los estudios de opinión desarrollados en los últimos meses indican que una notable mayoría de la sociedad ecuatoriana esta en contra de estas medidas y quiere ser consultada al respecto. El oficialismo, consciente de que perdería esta demandada consulta popular, pretende aprobar estas reformas en el Legislativo, donde aún goza de mayoría.
Personalmente considero que el presidente Correa cruzó la línea durante estas protestas, debido al desproporcionado nivel de violencia utilizado por los cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas en contra de los manifestantes, lo que causó la detención de 95 civiles. Quiero resaltar que Ecuador no es Venezuela, entre los detenidos no hay representantes de las élites económicas del país. Los presos son indígenas, campesinos y militantes de organizaciones sociales. Para las gentes que nos consideramos de izquierda, no cabe justificación alguna en el ejercicio de la represión por parte del Estado contra sectores sociales que históricamente han sido y siguen siendo marginados en nuestra sociedad.
¿Usted fue asesor del presidente Rafael Correa durante los dos primeros años en su primer mandato, porque denunció?
El gobierno del presidente Correa contó con el apoyo y la involucración de mucha gente que provenía de la militancia política en las izquierdas. Al poco tiempo de gobierno comenzaron las contradicciones entre el discurso revolucionario y una práctica antagónica. En esos momentos algunos entendimos que estábamos ante un gobierno en disputa entre las tendencias más transformadoras y los sectores que respondían a lógicas modernizadoras del gran capital. La balanza terminó declinándose a favor de aquellos. Por ética y coherencia política, muchos fuimos abandonando paulatinamente nuestra colaboración con el gobierno. En mi caso, renuncié a mis funciones de asesoramiento en los primeros días del año 2010.
¿Cuál ha sido el impacto de la llamada Revolución Ciudadanía de Rafael Correa? ¿Cómo cambio el país?
Considero que el proceso político auspiciado por el correísmo, el cual nada tiene de revolucionario, ha cumplido un rol que fue necesario para la modernización tecnológica y económica del país. Bajo lógicas neodesarrollista, Correa modernizó el Estado, mejoró la infraestructura pública, adecuando al país a la realidad de un mundo globalizado.
Este desarrollo ha sido posible gracias al boom de los precios de los commodities debido a las demandas del capitalismo global. El gobierno del presidente Correa es el que más recursos ha dispuesto en la historia del Ecuador. Personalmente considero de esta fase de transición hacia la modernización del país ya acabó, igual que terminó también el ciclo de bonanza económica al que hemos asistido en la región. En estos momentos, el gobierno está realizando diversos recortes en el presupuesto público, despidiendo funcionarios e congelando múltiples proyectos de inversión. Paralelamente, la deuda externa crece agresivamente. Este conjunto de circunstancias está generando un fuerte desgasta al gobierno. Esta por ver si el oficialismo es capaz de mantener el gobierno tras las próximas elecciones presidenciales y legislativas que tendrán lugar en febrero del 2017, pero lo que es evidente que ya no goza del masivo apoyo popular de otros tiempos.
En febrero del 2013 el presidente Rafael Correa conquistó un nuevo mandato con holgada ventaja sobre sus rivales y en la primera vuelta. ¿Tras nueve años en el poder, que tipo de relación se estableció con la población?
Es un poder neopopulista. El neopopulismo es una forma de acción política que busca su legitimación en base a un discurso centrado en el pueblo, buscando una fuerte reacción emocional en el público al cual se dirige. Todo ello se articula bajo criterios ideológicos muy poco definidos y donde el discurso vive en permanente contradicción con su praxis. Es un nuevo estilo de representación política-electoral que reproduce lo viejo: el caudillismo, el paternalismo, las estructuras sociales jerárquicas, el desmantelamiento de las organizaciones sociales autónomas, y la subordinación de la sociedad al poder político.
¿Cómo usted explica que todo eso pase en un régimen que se dice progresista?
El correísmo no es más que la expresión política del fenómeno de modernización emprendido por el capital nacional tras la crisis financiera de los años 1999 y 2000. Si usted analiza las cuentas de resultados, tanto de la banca privada como de las grandes empresas capitalistas que monopolizan la mayoría de los sectores de la economía ecuatoriana, verá que sus beneficios actuales son notablemente superiores a los que obtenían durante el neoliberalismo.
¿Cómo funciona el aparato institucional en el Ecuador?
Todo poder articula formas diversas y combinadas para legitimarse. Esto genera un abanico de acciones muy amplio que va desde la manipulación psicológica hasta la violencia física. En el caso del Ecuador, la práctica correísta implementó un modelo de gobierno donde la independencia entre los poderes del Estado no existe, quedando el poder Legislativo y el Judicial subordinados al Ejecutivo. En ese contexto, la interpretación y aplicación del Derecho se ve instrumentalizado por el poder político, encubriéndolo, justificándolo y convirtiéndolo en “orden” social.
La aplicación de la Justicia en Ecuador conlleva a que bajo el arcaico principio del dura lex sed lex (la ley es dura) se estén aplicando sentencias desproporcionadas y enfocadas a la implementación de un Estado disciplinario. Fue lo que sucedió por ejemplo, con la ciudadana brasileña Manuela Picq. El Estado determinó el retiro discrecional de su visa –obligándola a salir del país- por el mero hecho de acompañar a su pareja sentimental, un reconocido líder indígena ecuatoriano, durante una manifestación reivindicativa en Quito, sin que hubiera la más mínima evidencia que pudiera implicarla en algún caso de alteración del orden público.
La implementación de este tipo de estrategias basadas en generar miedo, desembocan en autocensura entre los periodistas y desincentivan la participación ciudadana. Se busca anular la capacidad de movilización de lo poco que queda de tejido social organizado en nuestra sociedad. Las movilizaciones sociales son entendidas por el gobierno como estrategias que buscan la desestabilización política del gobierno, motivo por el cual se termina criminalizando la protesta social.
¿Cómo ve la capacidad de comunicación del presidente Rafael Correa?
Uno de los rasgos que caracterizan al presidente Correa es su gran potencial comunicador. Los líderes neopopulistas requieren de esa virtud y los que no la tienen, como es el caso de Nicolás Maduro, sufren de un deterioro político muy rápido.
El pulso que durante casí nueve años lleva manteniendo Rafael Correa contra todos los medios de comunicación privados del país e incluso contra algunos mass media globales, no hubiera sido posible sin sus notables dotes como comunicador. Sin embargo es de señalar que la credibilidad de la palabra del presidente en estos momentos está en franca decadencia. Los últimos sondeos de opinión realizados en el mes de junio indican que el 53% de los ecuatorianos ya no creen en la palabra de Correa. La tendencia de este indicador lleva meses en aumento.
Usted considera a Correa como un neopopulista ¿Cuál es la afectación de ese modelo político sobre la comunicación?
El neopopulismo entiende a la comunicación y sus medios exclusivamente como un campo de batalla. Intenta subordinarlos buscando convertirlos en una plataforma de conexión de su líder con las masas. Esta idea de construir un modelo de sociedad que sea culturalmente homogénea y afín al régimen, conlleva la necesidad de generar una opinión pública relativamente dócil. Para lograr estos objetivos, el control de la comunicación y la información pasa a ser estratégicamente clave. Esto explica el tipo de políticas basabas en el control de la información que se ha establecido el correísmo durante estos años. Correa rompe ejemplares de periódicos durante sus apariciones públicas y define a la prensa privada como corrupta. Una de las 16 reformas constitucionales impulsadas por el gobierno en la actualidad tiene como objetivo convertir a la comunicación en un servicio público. Esto es una aberración, dado que significa equiparar a la comunicación al servicio de agua y electricidad o a la educación y la salud, estableciendo el control de sus servicio en manos del Estado. El antecedente más famoso de esta concepción sobre la comunicación es la Ley de Prensa española que fue promulgada durante la dictadura militar del general Francisco Franco. Entender la comunicación como un servicio público atenta contra los principios de independencia y veracidad que debemos exigirle a los medios de comunicación, ya que los convierte en dependientes de los intereses del Estado. Si queremos construir alternativas al actual control oligárquico de los medios de comunicación, este tipo de medidas son sin lugar a dudas inadecuadas.
¿Cuál es su visión de los medios de comunicación privados en Ecuador?
Podríamos dividir a los medios de comunicación privados en dos grupos. Aquellos que por mantener la rentabilidad de sus negocios y seguir recibiendo publicidad estatal –el gobierno tiene una fuerte dotación presupuestaria destinada a su aparato de propaganda y contrata mucha publicidad en los medios- carecen de información crítica respecto al oficialismo; y, los que vinculados a intereses políticos de la vieja oligarquía, son meras herramientas políticas de la oposición más conservadora.
¿Y sobre los medios públicos?
Según el Consejo de Regulación de la Información y Comunicación (Cordicom), un órgano teóricamente autónomo del Gobierno pero conformado en su totalidad por personas vinculadas al partido de gobierno, se reconoce la existencia de 61 medios de información nacionales en el Ecuador. De ellos, 12 son propiedad del Estado, es decir, el mayor holding mediático existente actualmente en el país está al servicio del gobierno. Es por ello que considero que estos medios de comunicación deberían definirse más como gubernamentales que como públicos, ya que no están al servicio de la sociedad sino al del poder político. La gestión de estos medios es dependiente de la Secretaria Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República. La información que emiten es grotescamente tendenciosa en favor del gobierno y funcionan también como herramientas destinadas a mantener la estrategia oficialista de culto a la personalidad del presidente Correa. En definitiva, son herramientas al servicio de la propaganda.
¿Existe un fuerte nivel de tensión entre los medios públicos y privados?
La lucha a la que asistimos en la actualidad en Ecuador y otros países suramericanos entre los mass media privados y los nuevos holdings mediáticos de carácter “público” no están basadas en el derecho que tenemos los ciudadanos a estar debidamente informados. Es tan solo una disputa entre facciones rivales a la hegemonía política de nuestras sociedades y en base a ello, por el control de la información. Ambos muestran en su práctica cotidiana los mismos vicios de manipulación informativa. Esta situación nos obliga a plantear alternativas desde la sociedad, liberando o conquistando espacios autónomos a través de la construcción de medios independientes y alternativos.
¿Cómo son hoy los medios sociales independientes ecuatorianos?
En la lógica de conflicto anteriormente descrita, lo que podríamos definir como medios independientes es muy minoritaria y marginal en el Ecuador. La vigente Ley de Comunicación incorporó algunas demandas históricas provenientes desde los movimientos sociales por la cual se plantea la repartición equitativa del espectro radioelectrico ecuatoriano. En esta ley se plantea que el 34% de las frecuencias están destinadas para medios comunitarios, el 33% para los medios privados, y el otro 33% para los medios públicos. Pasados más de dos años de la aprobación de dicha ley, la asignación de frecuencias para los medios comunitarios no supera el 4%. Esto demuestra la falta de voluntad gubernamental por fomentar la comunicación comunitaria, alternativa e independiente.
Usted habla de una permanente estrategia de propaganda desde el gobierno. ¿Puede explicar como funciona?
La estrategia de marketing y propaganda impulsada desde gobierno tiene como elemento innovador la articulación de técnicas empresariales enmarcadas en la comunicación política. En base a ello y con ayuda de diversos consultores internacionales, se desarrolló un “branding” –técnica desarrollada en el campo de la mercadotecnia para la construcción de marcas- asociado al nombre y figura de Rafael Correa. Todo está perfectamente diseñado y no hay cabida para la espontaneidad. Por poner tan solo un ejemplo, el régimen define al proceso político actualmente en marcha como “Revolución Ciudadana”, iniciales que coinciden con el nombre del mandatario. El mensaje es claro, la revolución ciudadana no es un conjunto de ideas o ideología alguna, es en si mismo Rafael Correa.
Estas estrategias comunicaciones buscan convertir al mandatario en un “lovemarks”, -técnica innovadora utilizada en la publicidad comercial que busca fidelizar a los consumidores con una marca-. Es así que el rostro del presidente Correa aparece por todas partes, su voz cierra los spots publicitarios de toda la propaganda emitida por los diferentes ministerios, llegándose incluso a sancionar a medios de comunicación que no informen respecto a alguno de sus viajes al extranjero o sus charlas “magistrales” en universidades extranjeras. En definitiva, se intenta mediante técnicas relacionadas con el neuromarketing construir vínculos profundos y duraderos entre los electores y el mandatario.
Contar con los mejores profesionales del sector publicitario para la implementación de estas técnicas tiene sin duda su costo económico. Le pongo un ejemplo: la última campaña electoral del presidente Correa, en 2013, contó con los servicios de los consultores políticos mexicanos José Adolfo Ibinarriaga y Roberto Trad, quienes fueron galardonados con el Victory Awards, el más prestigioso premio de consultoría política otorgado en EEUU a consultores de habla hispana.
¿De manera general, como ve las nuevas regulaciones sobre medios de comunicación adoptadas en varios países de Sudamérica?
Por razones históricas, en América Latina la libertad de prensa ha tenido una existencia muy frágil, lo que ha impedido la construcción de una cultura periodística independiente.
La limitación ideológica de las oligarquías latinoamericanas, así como la concentración de la riqueza en muy pocas manos, son elementos que obstaculizan el pluralismo periodístico y la información.
Los medios de comunicación han estado históricamente en manos de las élites, siendo prostituidos sus objetivos fundacionales. En diversos países es fácil apreciar como los medios de comunicación son utilizados como herramientas de confrontación ideológica frente a estos nuevos gobiernos autodefinidos como “progresistas”. En respuesta a esto, estos gobiernos han entendido que la libertad de prensa debe estar en manos del gobierno, creando órganos subordinados para el control de los medios y creando en paralelo sus propios aparatos de información y propaganda. Todo esto ha complicado notablemente la labor informativa en la región.
Las nuevas regulaciones que se han ido dando en diversos de nuestros países tienen aspectos positivos, como la mejora de condiciones para ejercer el derecho humano a la comunicación, la supuesta intencionalidad de asegurar la información fidedigna para el conjunto de la ciudadanía, e incluso el acceso universal a las tecnologías y medios que lo facilitan. Criterios basados en la prohibición de concentración medios o acumulación de frecuencias radiales o televisivas, es otro aspecto que es fundamental destacar.
El problema de estas leyes, más allá de cuestionamientos puntuales sobre algunos de sus artículos, es la forma en que estos gobiernos entienden su aplicación. Está bien crear una institución que controle y fiscalice a los medios en sus formas de emitir la información, pero si la conformación de este no es independiente al gobierno, nos encontramos en la práctica con órganos sancionadores del pensamiento crítico y la disidencia informativa, mientras que por otro lado, se permite la impunidad de los medios gubernamentales cuando distorsionan la información en función de los intereses del poder político.
Hablemos claro, los medios de comunicación se definen en base a su postura ante el poder, sea este del tipo que sea, lo que viene a su vez determinado por su capacidad de solvencia e independencia económica. Los gobiernos latinoamericanos no están apoyando la construcción de medios de comunicación alternativos, comunitarios o independientes. En este sentido, no es creíble que estas nuevas leyes de comunicación tengan como intención final democratizar el acceso a la comunicación y dar voz a los que históricamente han carecido de voz en nuestros respectivos países.
¿Cuál es la responsabilidad de los medios, que muchas veces actúan como actor político opositor?
La responsabilidad de los medios de comunicación privados que funcionan como herramientas al servicio de la oposición política, es exactamente la misma que la que tienen los medios de comunicación públicos puestos al servicio de los interés políticos de sus correspondientes gobiernos. Ambos no cumplen con los objetivos de interés social que tienen encomendados, no emitiendo información veraz y no respetando el pluralismo de opinión. Al final unos y otros aplican aquello que Winston Churchill expresó cuando dijo que “la verdad es algo tan preciado que debe ser cuidada por un guardaespaldas de la mentira”.
Mi condición al respecto del periodismo, es la misma que defendió el periodista Rodolfo Walsh hasta que fue asesinado por la dictadura militar argentina: “el periodismo es libre o es una farsa”.
Entrevista completa realizada por Lamia Oualalou - Opera Mundi (Brasil)
Ecuador vive, desde hace semanas, una serie de movilizaciones nacionales convocadas por sindicatos y movimientos sociales, entre los cuales existen importantes grupos indígenas. El presidente Rafael Correa dice que estas protestas son organizanidas por “ciertos grupos” y que considera legítimo responder “por al fuerza”, mientras muchas voces denuncian una escalada de represión. Este es el caso del consultor y analista político de origen hispano-brasileño Decio Machado. Vive en Quito y colabora con varios emdios de comunicación en Europa y América Latina. Fue asesor de Rafael Correa durante los dos primeros años de mandato, antes de dejar el cargo en enero del 2010 y convertirse en un crítico al oficialismo.
En entrevista a Opera Mundi, considera que el gobierno “cruzó la linea con el nivel desproporcionado de violencia utilizada por las fuertas de seguridad del Estado contra los manifestantes”. Según Machado, la llamada “revolución ciudadana” de Rafael Correa abandonó el inicial proyecto de transformación del país. La capacidad de comunicación del presidente es lo que, para él, explica que Correa todavía se mantenga en el poder tras nueve años de su primera elección.
Indígenas, sindicalista y otros sectores de la sociedad se movilizan contra distintos proyectos de ley del gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre la reacción del presidente Rafael Correa?
El pasado 13 de agosto, el movimiento indígena y el sindical convocaron conjuntamente a la movilización indefinida, con una larga lista de demandas. El objetivo principal de estas movilizaciones es que se archiven una serie de reformas constitucionales impulsadas por el gobierno que buscan, entre otras cuestiones, limitar derechos de participación y consulta a la ciudadanía, militarizar la seguridad pública, eliminar el derecho a la sindicación en la función pública, y posibilitar la reelección indefinida del Presidente de la República.
Los estudios de opinión desarrollados en los últimos meses indican que una notable mayoría de la sociedad ecuatoriana esta en contra de estas medidas y quiere ser consultada al respecto. El oficialismo, consciente de que perdería esta demandada consulta popular, pretende aprobar estas reformas en el Legislativo, donde aún goza de mayoría.
Personalmente considero que el presidente Correa cruzó la línea durante estas protestas, debido al desproporcionado nivel de violencia utilizado por los cuerpos de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas en contra de los manifestantes, lo que causó la detención de 95 civiles. Quiero resaltar que Ecuador no es Venezuela, entre los detenidos no hay representantes de las élites económicas del país. Los presos son indígenas, campesinos y militantes de organizaciones sociales. Para las gentes que nos consideramos de izquierda, no cabe justificación alguna en el ejercicio de la represión por parte del Estado contra sectores sociales que históricamente han sido y siguen siendo marginados en nuestra sociedad.
¿Usted fue asesor del presidente Rafael Correa durante los dos primeros años en su primer mandato, porque denunció?
El gobierno del presidente Correa contó con el apoyo y la involucración de mucha gente que provenía de la militancia política en las izquierdas. Al poco tiempo de gobierno comenzaron las contradicciones entre el discurso revolucionario y una práctica antagónica. En esos momentos algunos entendimos que estábamos ante un gobierno en disputa entre las tendencias más transformadoras y los sectores que respondían a lógicas modernizadoras del gran capital. La balanza terminó declinándose a favor de aquellos. Por ética y coherencia política, muchos fuimos abandonando paulatinamente nuestra colaboración con el gobierno. En mi caso, renuncié a mis funciones de asesoramiento en los primeros días del año 2010.
¿Cuál ha sido el impacto de la llamada Revolución Ciudadanía de Rafael Correa? ¿Cómo cambio el país?
Considero que el proceso político auspiciado por el correísmo, el cual nada tiene de revolucionario, ha cumplido un rol que fue necesario para la modernización tecnológica y económica del país. Bajo lógicas neodesarrollista, Correa modernizó el Estado, mejoró la infraestructura pública, adecuando al país a la realidad de un mundo globalizado.
Este desarrollo ha sido posible gracias al boom de los precios de los commodities debido a las demandas del capitalismo global. El gobierno del presidente Correa es el que más recursos ha dispuesto en la historia del Ecuador. Personalmente considero de esta fase de transición hacia la modernización del país ya acabó, igual que terminó también el ciclo de bonanza económica al que hemos asistido en la región. En estos momentos, el gobierno está realizando diversos recortes en el presupuesto público, despidiendo funcionarios e congelando múltiples proyectos de inversión. Paralelamente, la deuda externa crece agresivamente. Este conjunto de circunstancias está generando un fuerte desgasta al gobierno. Esta por ver si el oficialismo es capaz de mantener el gobierno tras las próximas elecciones presidenciales y legislativas que tendrán lugar en febrero del 2017, pero lo que es evidente que ya no goza del masivo apoyo popular de otros tiempos.
En febrero del 2013 el presidente Rafael Correa conquistó un nuevo mandato con holgada ventaja sobre sus rivales y en la primera vuelta. ¿Tras nueve años en el poder, que tipo de relación se estableció con la población?
Es un poder neopopulista. El neopopulismo es una forma de acción política que busca su legitimación en base a un discurso centrado en el pueblo, buscando una fuerte reacción emocional en el público al cual se dirige. Todo ello se articula bajo criterios ideológicos muy poco definidos y donde el discurso vive en permanente contradicción con su praxis. Es un nuevo estilo de representación política-electoral que reproduce lo viejo: el caudillismo, el paternalismo, las estructuras sociales jerárquicas, el desmantelamiento de las organizaciones sociales autónomas, y la subordinación de la sociedad al poder político.
¿Cómo usted explica que todo eso pase en un régimen que se dice progresista?
El correísmo no es más que la expresión política del fenómeno de modernización emprendido por el capital nacional tras la crisis financiera de los años 1999 y 2000. Si usted analiza las cuentas de resultados, tanto de la banca privada como de las grandes empresas capitalistas que monopolizan la mayoría de los sectores de la economía ecuatoriana, verá que sus beneficios actuales son notablemente superiores a los que obtenían durante el neoliberalismo.
¿Cómo funciona el aparato institucional en el Ecuador?
Todo poder articula formas diversas y combinadas para legitimarse. Esto genera un abanico de acciones muy amplio que va desde la manipulación psicológica hasta la violencia física. En el caso del Ecuador, la práctica correísta implementó un modelo de gobierno donde la independencia entre los poderes del Estado no existe, quedando el poder Legislativo y el Judicial subordinados al Ejecutivo. En ese contexto, la interpretación y aplicación del Derecho se ve instrumentalizado por el poder político, encubriéndolo, justificándolo y convirtiéndolo en “orden” social.
La aplicación de la Justicia en Ecuador conlleva a que bajo el arcaico principio del dura lex sed lex (la ley es dura) se estén aplicando sentencias desproporcionadas y enfocadas a la implementación de un Estado disciplinario. Fue lo que sucedió por ejemplo, con la ciudadana brasileña Manuela Picq. El Estado determinó el retiro discrecional de su visa –obligándola a salir del país- por el mero hecho de acompañar a su pareja sentimental, un reconocido líder indígena ecuatoriano, durante una manifestación reivindicativa en Quito, sin que hubiera la más mínima evidencia que pudiera implicarla en algún caso de alteración del orden público.
La implementación de este tipo de estrategias basadas en generar miedo, desembocan en autocensura entre los periodistas y desincentivan la participación ciudadana. Se busca anular la capacidad de movilización de lo poco que queda de tejido social organizado en nuestra sociedad. Las movilizaciones sociales son entendidas por el gobierno como estrategias que buscan la desestabilización política del gobierno, motivo por el cual se termina criminalizando la protesta social.
¿Cómo ve la capacidad de comunicación del presidente Rafael Correa?
Uno de los rasgos que caracterizan al presidente Correa es su gran potencial comunicador. Los líderes neopopulistas requieren de esa virtud y los que no la tienen, como es el caso de Nicolás Maduro, sufren de un deterioro político muy rápido.
El pulso que durante casí nueve años lleva manteniendo Rafael Correa contra todos los medios de comunicación privados del país e incluso contra algunos mass media globales, no hubiera sido posible sin sus notables dotes como comunicador. Sin embargo es de señalar que la credibilidad de la palabra del presidente en estos momentos está en franca decadencia. Los últimos sondeos de opinión realizados en el mes de junio indican que el 53% de los ecuatorianos ya no creen en la palabra de Correa. La tendencia de este indicador lleva meses en aumento.
Usted considera a Correa como un neopopulista ¿Cuál es la afectación de ese modelo político sobre la comunicación?
El neopopulismo entiende a la comunicación y sus medios exclusivamente como un campo de batalla. Intenta subordinarlos buscando convertirlos en una plataforma de conexión de su líder con las masas. Esta idea de construir un modelo de sociedad que sea culturalmente homogénea y afín al régimen, conlleva la necesidad de generar una opinión pública relativamente dócil. Para lograr estos objetivos, el control de la comunicación y la información pasa a ser estratégicamente clave. Esto explica el tipo de políticas basabas en el control de la información que se ha establecido el correísmo durante estos años. Correa rompe ejemplares de periódicos durante sus apariciones públicas y define a la prensa privada como corrupta. Una de las 16 reformas constitucionales impulsadas por el gobierno en la actualidad tiene como objetivo convertir a la comunicación en un servicio público. Esto es una aberración, dado que significa equiparar a la comunicación al servicio de agua y electricidad o a la educación y la salud, estableciendo el control de sus servicio en manos del Estado. El antecedente más famoso de esta concepción sobre la comunicación es la Ley de Prensa española que fue promulgada durante la dictadura militar del general Francisco Franco. Entender la comunicación como un servicio público atenta contra los principios de independencia y veracidad que debemos exigirle a los medios de comunicación, ya que los convierte en dependientes de los intereses del Estado. Si queremos construir alternativas al actual control oligárquico de los medios de comunicación, este tipo de medidas son sin lugar a dudas inadecuadas.
¿Cuál es su visión de los medios de comunicación privados en Ecuador?
Podríamos dividir a los medios de comunicación privados en dos grupos. Aquellos que por mantener la rentabilidad de sus negocios y seguir recibiendo publicidad estatal –el gobierno tiene una fuerte dotación presupuestaria destinada a su aparato de propaganda y contrata mucha publicidad en los medios- carecen de información crítica respecto al oficialismo; y, los que vinculados a intereses políticos de la vieja oligarquía, son meras herramientas políticas de la oposición más conservadora.
¿Y sobre los medios públicos?
Según el Consejo de Regulación de la Información y Comunicación (Cordicom), un órgano teóricamente autónomo del Gobierno pero conformado en su totalidad por personas vinculadas al partido de gobierno, se reconoce la existencia de 61 medios de información nacionales en el Ecuador. De ellos, 12 son propiedad del Estado, es decir, el mayor holding mediático existente actualmente en el país está al servicio del gobierno. Es por ello que considero que estos medios de comunicación deberían definirse más como gubernamentales que como públicos, ya que no están al servicio de la sociedad sino al del poder político. La gestión de estos medios es dependiente de la Secretaria Nacional de Comunicación de la Presidencia de la República. La información que emiten es grotescamente tendenciosa en favor del gobierno y funcionan también como herramientas destinadas a mantener la estrategia oficialista de culto a la personalidad del presidente Correa. En definitiva, son herramientas al servicio de la propaganda.
¿Existe un fuerte nivel de tensión entre los medios públicos y privados?
La lucha a la que asistimos en la actualidad en Ecuador y otros países suramericanos entre los mass media privados y los nuevos holdings mediáticos de carácter “público” no están basadas en el derecho que tenemos los ciudadanos a estar debidamente informados. Es tan solo una disputa entre facciones rivales a la hegemonía política de nuestras sociedades y en base a ello, por el control de la información. Ambos muestran en su práctica cotidiana los mismos vicios de manipulación informativa. Esta situación nos obliga a plantear alternativas desde la sociedad, liberando o conquistando espacios autónomos a través de la construcción de medios independientes y alternativos.
¿Cómo son hoy los medios sociales independientes ecuatorianos?
En la lógica de conflicto anteriormente descrita, lo que podríamos definir como medios independientes es muy minoritaria y marginal en el Ecuador. La vigente Ley de Comunicación incorporó algunas demandas históricas provenientes desde los movimientos sociales por la cual se plantea la repartición equitativa del espectro radioelectrico ecuatoriano. En esta ley se plantea que el 34% de las frecuencias están destinadas para medios comunitarios, el 33% para los medios privados, y el otro 33% para los medios públicos. Pasados más de dos años de la aprobación de dicha ley, la asignación de frecuencias para los medios comunitarios no supera el 4%. Esto demuestra la falta de voluntad gubernamental por fomentar la comunicación comunitaria, alternativa e independiente.
Usted habla de una permanente estrategia de propaganda desde el gobierno. ¿Puede explicar como funciona?
La estrategia de marketing y propaganda impulsada desde gobierno tiene como elemento innovador la articulación de técnicas empresariales enmarcadas en la comunicación política. En base a ello y con ayuda de diversos consultores internacionales, se desarrolló un “branding” –técnica desarrollada en el campo de la mercadotecnia para la construcción de marcas- asociado al nombre y figura de Rafael Correa. Todo está perfectamente diseñado y no hay cabida para la espontaneidad. Por poner tan solo un ejemplo, el régimen define al proceso político actualmente en marcha como “Revolución Ciudadana”, iniciales que coinciden con el nombre del mandatario. El mensaje es claro, la revolución ciudadana no es un conjunto de ideas o ideología alguna, es en si mismo Rafael Correa.
Estas estrategias comunicaciones buscan convertir al mandatario en un “lovemarks”, -técnica innovadora utilizada en la publicidad comercial que busca fidelizar a los consumidores con una marca-. Es así que el rostro del presidente Correa aparece por todas partes, su voz cierra los spots publicitarios de toda la propaganda emitida por los diferentes ministerios, llegándose incluso a sancionar a medios de comunicación que no informen respecto a alguno de sus viajes al extranjero o sus charlas “magistrales” en universidades extranjeras. En definitiva, se intenta mediante técnicas relacionadas con el neuromarketing construir vínculos profundos y duraderos entre los electores y el mandatario.
Contar con los mejores profesionales del sector publicitario para la implementación de estas técnicas tiene sin duda su costo económico. Le pongo un ejemplo: la última campaña electoral del presidente Correa, en 2013, contó con los servicios de los consultores políticos mexicanos José Adolfo Ibinarriaga y Roberto Trad, quienes fueron galardonados con el Victory Awards, el más prestigioso premio de consultoría política otorgado en EEUU a consultores de habla hispana.
¿De manera general, como ve las nuevas regulaciones sobre medios de comunicación adoptadas en varios países de Sudamérica?
Por razones históricas, en América Latina la libertad de prensa ha tenido una existencia muy frágil, lo que ha impedido la construcción de una cultura periodística independiente.
La limitación ideológica de las oligarquías latinoamericanas, así como la concentración de la riqueza en muy pocas manos, son elementos que obstaculizan el pluralismo periodístico y la información.
Los medios de comunicación han estado históricamente en manos de las élites, siendo prostituidos sus objetivos fundacionales. En diversos países es fácil apreciar como los medios de comunicación son utilizados como herramientas de confrontación ideológica frente a estos nuevos gobiernos autodefinidos como “progresistas”. En respuesta a esto, estos gobiernos han entendido que la libertad de prensa debe estar en manos del gobierno, creando órganos subordinados para el control de los medios y creando en paralelo sus propios aparatos de información y propaganda. Todo esto ha complicado notablemente la labor informativa en la región.
Las nuevas regulaciones que se han ido dando en diversos de nuestros países tienen aspectos positivos, como la mejora de condiciones para ejercer el derecho humano a la comunicación, la supuesta intencionalidad de asegurar la información fidedigna para el conjunto de la ciudadanía, e incluso el acceso universal a las tecnologías y medios que lo facilitan. Criterios basados en la prohibición de concentración medios o acumulación de frecuencias radiales o televisivas, es otro aspecto que es fundamental destacar.
El problema de estas leyes, más allá de cuestionamientos puntuales sobre algunos de sus artículos, es la forma en que estos gobiernos entienden su aplicación. Está bien crear una institución que controle y fiscalice a los medios en sus formas de emitir la información, pero si la conformación de este no es independiente al gobierno, nos encontramos en la práctica con órganos sancionadores del pensamiento crítico y la disidencia informativa, mientras que por otro lado, se permite la impunidad de los medios gubernamentales cuando distorsionan la información en función de los intereses del poder político.
Hablemos claro, los medios de comunicación se definen en base a su postura ante el poder, sea este del tipo que sea, lo que viene a su vez determinado por su capacidad de solvencia e independencia económica. Los gobiernos latinoamericanos no están apoyando la construcción de medios de comunicación alternativos, comunitarios o independientes. En este sentido, no es creíble que estas nuevas leyes de comunicación tengan como intención final democratizar el acceso a la comunicación y dar voz a los que históricamente han carecido de voz en nuestros respectivos países.
¿Cuál es la responsabilidad de los medios, que muchas veces actúan como actor político opositor?
La responsabilidad de los medios de comunicación privados que funcionan como herramientas al servicio de la oposición política, es exactamente la misma que la que tienen los medios de comunicación públicos puestos al servicio de los interés políticos de sus correspondientes gobiernos. Ambos no cumplen con los objetivos de interés social que tienen encomendados, no emitiendo información veraz y no respetando el pluralismo de opinión. Al final unos y otros aplican aquello que Winston Churchill expresó cuando dijo que “la verdad es algo tan preciado que debe ser cuidada por un guardaespaldas de la mentira”.
Mi condición al respecto del periodismo, es la misma que defendió el periodista Rodolfo Walsh hasta que fue asesinado por la dictadura militar argentina: “el periodismo es libre o es una farsa”.
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