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SEGUNDA PARTE
Los
desalojos por un Guayaquil Ecológico
El otro eje de intervención prioritario son los 40
kilómetros de ribera del Estero Salado. Esta intervención implica el desalojo
de 8000 familias que han de ser reubicadas en los complejos habitacionales de
Socio Vivienda en Nueva Prosperina, siempre y cuando sean considerados
residentes anteriores a diciembre del 2010. Sin duda, la situación del Estero
Salado es alarmante, según estudios realizados por la Escuela de Ciencias
Ambientales de la Universidad Espíritu Santo y la Municipalidad de Guayaquil en
el 2010, el 60% del cuerpo hídrico está repleto de lodo sin oxígeno y de
residuos domésticos e industriales. Estos lodos pueden generar enfermedades
como cólera y hepatitis.
No cabe duda de que las invasiones realizadas en la
ribera del Estero Salado vienen deforestando el mangle desde hace 30 años,
rellenándose éste con escombros y generando un promedio de 196 kilogramos de
basura diaria, aunque también recibe 3,5 toneladas de desperdicios, de las
embarcaciones del Golfo y desechos que navegan desde otros puntos de la ciudad
.
Los desalojos, según indica el Miduvi, se realizarán
hasta la zona considerada como cuota máxima en marea alta -entre 5 y 15 metros
desde la orilla- y se pretende la recuperación ambiental del Estero Salado;
aunque quedan por ver cuáles son las medidas que se tomarán sobre las más de
cuatrocientas empresas identificadas por el MAE como potenciales contaminadoras
que deberán recibir un proceso de inspecciones in situ para verificar el
cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Paralelo al proceso de desalojos se creó el plan
Socio Vivienda en Nueva Prosperina. Mientras Socio Vivienda I tiene un costo
entre USD 1600 y USD 1800; Socio Vivienda II, con entre 11 000 y 12 000
viviendas, en lugar de salir al mercado se ofrece como reasentamiento. Aunque,
en principio, estas viviendas se habían considerado con costo cero para los
realojados, dicho criterio se encuentra en la actualidad en revisión, pues se
plantea la necesidad de "corresponsabilidad" por parte de las
familias reubicadas. Está en estudio la posibilidad de que estas paguen el 10%
del costo total de la vivienda, que significaría una inversión por familia de
unos USD 1300 a pagar entre 7 y 10 años. Esta situación viene nuevamente a
complicar la capacidad de adquisición de vivienda por parte de estas familias.
Una vez liberada la ribera de pobladores, a través de
la realización de parques lineales -áreas verdes- con la correspondiente
recuperación del mangle extinguido en la zona, el plan de intervención busca
evitar que la zona sea nuevamente invadida.
Según Flora Cortés, moradora de Isla Trinitaria, hubo
mucha gente que no estaba en sus casas cuando se desarrolló el censo. "La
gente sale a trabajar muy temprano, a los que no nos censaron nos dicen que no
nos realojarán", señala ella. "Además muchos de nosotros no queremos
ser reubicados, hemos vivido acá desde que éramos niños, acá hemos establecido nuestros
lazos sociales, nuestros mecanismos de apoyo mutuo, acá estudian nuestros niños
y nuestros vecinos los cuidan cuando no podemos hacerlo nosotras, en este
entorno tenemos nuestros trabajos", dijo. En su descargo, los funcionarios
destacados en la zona indican que se está haciendo un nuevo censo y se cotejan
fotos aéreas con información vecinal para establecer quiénes estaban o no antes
de diciembre del 2010.
El hecho de que los moradores reubicados de Isla
Trinitaria estén siendo reasentados en Nueva Prosperina, lejos de donde fueron
desalojados, es una de las cuestiones que más resistencias genera entre la
población afectada.
Cortés también denuncia que todo el plan de
reubicación se está haciendo sin consulta previa, "en cada puerta pusieron
un código, con ese código vamos al Miduvi y allá nos piden los papeles de
identificación, pero nunca fueron claros en indicarnos cuál era el proyecto y
qué pretendían hacer". Muchos moradores comenzaron a construir con
posterioridad al 2010, aunque sus terrenos fueran adquiridos con fechas
anteriores, "para este tipo de casos el gobierno no nos da ningún tipo de
solución", sentencia la afectada.
Objeto
desconocido
Según Navarrete, "los moradores indican que la
información llegó a esta comunidad a través de un medio de comunicación
público, de ser así, había una planificación que no fue consultada con la
comunidad". De igual manera opina Lucetti Pachito Quintero, otra de las
moradoras que manifiesta su voluntad de mantenerse en la zona hasta que haya
soluciones a sus demandas: "tenemos derecho a la información, la gente ha
rellenado los lugares donde edifican sus casas, somos pobres y el esfuerzo
económico de estas familias es grande, decir a la gente que ahora tienen que
salir es muy duro, además no está claro si hay o no que pagar por las nuevas
viviendas, las cuales no superan los 40 metros cuadrados, dimensión que no se
ajusta al tamaño de nuestras familias".
Para Norma Enríquez Riascos, portavoz del Comité
América Latina y Caribe para la Defensa de las Mujeres (Cladem), quien también
formó parte de la misión de verificación internacional que se dio en la zona,
la situación es muy preocupante. Enríquez señala que "en los desalojos
violentos las mujeres sufren mucho más que los varones, pues ellas suelen
cargar con los hijos. Para nosotras la vivienda es un espacio de seguridad,
pero por seguridad no entendemos ver desfilar por aquí a la gente uniformada y
con armas, sino que haya un reconocimiento de lo que hemos ido construyendo a
lo largo de nuestra vida. La vivienda es un derecho y los estados deben buscar
cómo asegurarnos unas condiciones de vida digna".
En la actualidad de los 40 kilómetros de ribera bajo
intervención ya se han "limpiado" cuatro kilómetros, sin que se haya
realizado ningún tipo de intervención o iniciativas económicas que apoyen a las
familias.
Un modelo
habitacional importado
Lorena Zárate, especialista internacional en modelos
urbanísticos, sostiene que "el modelo aplicado por el Miduvi tuvo sus
orígenes en Chile durante la época de la dictadura militar del general Augusto
Pinochet. Se mejoró después y fue promovido por el Banco Mundial". De
hecho, Ecuador suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en
mayo del 2012, un contrato de préstamo por USD 75 millones para la
implementación del llamado Plan Nacional de Desarrollo Urbano a realizarse en
un plazo de cinco años, para una intervención en las 1300 ha que comprenden el
Monte Sinaí. Sin embargo, Zárate señala que "investigaciones hechas al
respecto, indican que con una inversión de aproximadamente 10 000 dólares por
vivienda y con la construcción de la propia gente que va a habitar
posteriormente en ellas, es posible construir hogares que alcanzan hasta los 90
metros cuadrados, generando a su vez tejido social organizado y coparticipación
con los moradores en el modelo de ciudad a desarrollarse. En México existen
experiencias de este tipo y debe tenerse en cuenta que allá los materiales para
la construcción son incluso más caros".
Desde esta perspectiva, Zárate considera que cuando
se proyecta y planifica la ejecución de vivienda social, esta debe ser
considerada para el bien, en todos los sentidos, de los estratos humildes que
van a utilizarla, y no con base en las exigencias del sector privado, quienes a
través de la estandarización del sistema constructivo, la pequeña dimensión de
los hogares y los bajos salarios de la mano de obra utilizada, logran un
beneficio económico alto pese a los bajos precios que por ella perciben.
Lo anunciado por la presidenta de Habitat
International Coalition, confronta con la palabras de Sonia España, una
moradora de Monte Sinaí, que indica: "tenemos nuestra forma de vivir y nos
están imponiendo otras, limitando los espacios de nuestra vivienda y eliminando
nuestros huertitos, los cuales nos han permitido resolver carencias en el
acceso a la canasta básica. Los asambleístas vienen para conocer sobre el
terreno y tener criterios para aprobar la Ley Reformatoria de Tenencia de
Tierras y se limitan a sobrevolar en helicóptero Monte Sinaí, ni siquiera
hablan con nosotros o escuchan nuestras demandas, y ahora el Estado nos dice a
las madres de los asentamientos irregulares que no podemos tener más hijos
porque las viviendas que nos han asignado no sobrepasan los 40 metros cuadrados
y no podemos ampliarlas".
1 comentario:
Yo tengo mi casa de cemento que la construí en el 2006 pero el solar tiene mas de 25 años, a nosotros por lo menos deberían de reconocernos el valor de nuestras casas o que nos exoneren de los pagos de las viviendas que nos van a signar eso seria lo mas justo porque somos gente pobre que hemos trabajado para poder tener un techo donde vivir. Le pedimos al Sr. Presidente que se conmueva con la gente que tiene casa de cemento y nos exonere de pagar dichos valores o que nos reconozca lo que hemos invertido en nuestras vivienda.
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