Por Decio Machado /
para revista digital PlanV
www.planv.com.ec
El mítico Monte Sinaí es célebre por su importancia
en el libro bíblico del Éxodo. Ahí fue donde supuestamente Dios entregó a
Moisés los diez mandamientos. Su versión guayaquileña más bien se asemeja a una
especie de purgatorio para una multitud de familias moradoras. Lea la primera
parte de este revelador reportaje.
PRIMERA PARTE
El 28 diciembre del 2010 se expide el decreto
presidencial 607, por el cual se declara área de reserva de seguridad a 9300
hectáreas, en la zona donde se desarrollan los actuales asentamientos
informales, que incluye una zona crítica de 444 hectáreas ya
"invadidas". El presidente Correa anunciaba de esta manera el hecho:
"Se ha declarado zona de seguridad las riberas, los costados de los
canales del trasvase, en realidad todo el sistema hidráulico que abastece a la
península, presa de Chongón, etc. y un zona muy amplia del norte de Guayaquil
para evitar que se sigan extendiendo invasiones". En la práctica, las 3622
familias entonces asentadas en la zona serían reubicadas en planes
habitacionales promovidos por el Estado, aunque el anuncio presidencial disparó
la construcción de viviendas precarias en los lotes desocupados, los cuales han
ido siendo violentamente desalojados por parte de las autoridades, según
denuncian los moradores.
En Monte Sinaí, fuera de la zona reservada, lo que se
denomina como zona consolidada, se legalizarán 750 hectáreas, en las cuales se
mejoraran viviendas y se harán infraestructuras y servicios básicos, entre
ellos un hospital de 400 camas y varias delegaciones ministeriales. En palabras
de los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Miduvi: "allá se va a
construir ciudad".
En la zona reservada, donde vivían más 3600 familias,
ya no quedan en la actualidad más de un millar. Los desalojos de este año se
hicieron en las zonas de Thalía Toral y Las Marías, y según indican varios
pobladores desalojados, la brutalidad con la cual se realizaron fue
premeditada: se hizo para que mucha gente se marchara sin necesidad de que
derribasen sus casas.
María Sevillano, una de las personas desalojadas en
mayo del 2013 recuerda aquel episodio: "Llegaron a las 7:30 horas de la
mañana, en mi caso ni siquiera teníamos aviso de desalojo. Tuvimos que dejar
las cosas en la calle toda la noche. Una retroexcavadora arrasó con nuestro
hogar mientras nos sobrevolaba un helicóptero. Eran cientos de militares y
policías, venían armados hasta los dientes. Yo vivía de dar comidas en mi
casita, tengo tres hijos y desde entonces ya no dispongo de ningún
ingreso". Su relato no difiere en dramatismo respecto de otros afectados.
Vanessa G., colombiana con estatus de refugiada, relata entre sollozos cómo su
casa fue destruida en ese mismo desalojo: “Nunca vi a tanto niño llorar
mientras quemaban sus casas. Aunque mi esposo compró la tierra en 2008,
construimos y vivimos acá desde hace dos años y medio. Tan solo pude salvar
tres paredes de mi casa, la cual estoy pagando aun al Hogar de Cristo. Dormí
dos semanas en la calle frente a lo que había sido mi casa en una carpita que
me fabriqué, no tenía a donde ir, pero la policía llegó y me obligó a
marcharme. Éramos tres familias viviendo juntas, nunca nos llegó la
notificación. Vine a este país refugiada desde Colombia, nunca pensé que en
Ecuador el Ejército fuera a tumbarme mi casa. Hasta mi hija de nueve meses se
enfermó de los ojos por el humo de los incendios de las viviendas desalojadas.
Mi esposo es tanquero, no aplica para el Plan Vivienda, no sé qué vamos a hacer
y a donde ir”.
Según Lorena Zárate, presidenta de Habitat
International Coalition, organización colaboradora de Naciones Unidas que
estuvo en una misión de supervisión internacional en la zona, "ser tratado
como delincuente porque eres pobre es muy triste, este tipo de acciones con
desproporcionada violencia se hace hoy en muy pocos países, los cuales además
son altamente cuestionados por su carencia de talante democrático".
En la actualidad, efectivos de la Policía Nacional
controlan los accesos a Monte Sinaí. No permiten el paso de materiales de
construcción, tras la orden de cierre a todos los establecimientos que los
comercializaban. Francisco Cedeño, uno de los afectados por esta medida, nos
indica: "yo vine en un programa retorno de inmigrantes desde España,
invertí mis ahorros en adquirir unos lotes acá y monté también una ferretería;
en la actualidad mi establecimiento está cerrado, tuve que despedir a los
trabajadores y ahora me dicen que para tener buen vivir me tengo que ir a una
casita adosada de 36 metros cuadrados y abandonar mi terreno y vivienda".
Según el estudio realizado por la Fundación Hogar de
Cristo, “Monte Sinaí: La herencia de los vulnerados”, realizado con una muestra
de 8.012 personas socias a esta fundación, casi el 30% de la población que vive
en la zona percibe un ingreso menor a los USD 40 per cápita, el 48% de hogares
dispone de un solo trabajador, y en el 16% de las familias ningún miembro
trabaja. Además, el 85% de familias que participaron en el estudio, tiene un
ingreso per cápita entre 0 y 120 dólares mensuales. Del total de familias
registradas, un 89.6% depende del trabajo femenino.
Estas condiciones imposibilitan a la mayoría de las
familias de la zona poder acceder a una vivienda en los planes habitacionales
generados por el Miduvi. El ejemplo de esto se da en el complejo habitacional
Ciudad Victoria, modelo a seguir, donde la vivienda más económica que se
ofrece, tiene un costo de USD 12 500 y un área de 40 m2, con un subsidio
habitacional de USD 6000. Para la adjudicación de dichas viviendas se exige un
ahorro de USD 1250 y un crédito aprobado por instituciones financieras de USD
6250, a pagarse entre 10 y 12 años, en cuotas de USD 56 mensuales en promedio.
Sin embargo, a pesar de las facilidades ofrecidas por el gobierno para la reubicación
de los beneficiarios, la respuesta de las familias sorprende a las autoridades;
de las 3622 familias favorecidas con la reubicación, solo 421 han presentado
sus solicitudes.
Billy Navarrete, presidente del Comité por la Defensa
de los Derechos Humanos (CDH), denunció que "se han registrado múltiples
casos de moradores que denuncian haber sido desalojados sin que exista un aviso
previo, notificación, sobre el operativo que se ejecutó en sus viviendas.
También se tiene evidencias de notificaciones en las cuales no consta el nombre
del propietario de la vivienda, sino las siglas N.N., lo cual significa una
violación a las normativas al respecto". Por otro lado, las observaciones
al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señalan que los estados
firmantes -entre ellos Ecuador- se comprometen a dar salidas jurídicas y
alternativas a los pobladores cuando se realice un desalojo forzoso.
De igual manera, un reciente estudio realizado en
Monte Sinaí y denominado "Malestar y consecuencias subjetivas: el desalojo
y la incertidumbre", auspiciado por la CDH, destaca entre sus conclusiones
que los desalojos y la incertidumbre de las familias que viven en Monte Sinaí
ha conllevado consecuencias subjetivas al conjunto de la población sin importar
las edades de los implicados. En este informe se destaca que: "El impacto
del desalojo, trae consigo efectos para los pobladores del Monte Sinaí, tales
como problemas en el dormir, descensos en el rendimiento académico,
intensificación de enfermedades anteriores, quebrantos emocionales y respuestas
violentas por la brotada ansiedad y angustia relacionada al suceso".
Este hecho coincide con las declaraciones de Roberto
Borja, otro de los moradores de la zona, quien indica que el miedo se ha
adueñado de la población: "los niños, cuando pasa un helicóptero salen de
las casas llorando y pensando que ya vienen a desalojar nuevamente". El
miedo cundió incluso entre moradores que todavía no están afectados por el
desalojo. Ese es el caso de Ángel Pavón, vecino de la cooperativa Esfuerzo
Propio, quien llegó en el 2009 invirtiendo USD 2500 en un terreno de unos 100
m2. "Vendo agua, cepillos y otros productos por las calles de Guayaquil.
Con cuatro hijos, uno de ellos de apenas seis años, ¿a dónde vamos a ir? Tengo
osteoporosis, no consigo un trabajo formal, todavía le debo algo de dinero al
Hogar de Cristo por la casita de caña en la cual vivo, y a pesar de no estar
aún notificado tengo miedo, todas mis ilusiones de construir un futuro digno
para mi familias se han ido al traste".
Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de
Derechos Humanos del Ecuador y vicepresidenta de la Federación Internacional de
Derechos Humanos, señala que "el derecho a la vivienda es un tema
fundamental, pero debemos entender que no estamos hablando solamente de las
paredes o el techo de la vivienda, hablamos del acceso a la salud, a la
educación, a los servicios, y todos los derechos que tenemos a vivir
dignamente. Estamos hablando del derecho a la vida digna, sin miedos y sin
traumas".
Una ciudad
de invasiones
Según un informe elaborado por la Secretaría Técnica
del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos
Irregulares, Guayaquil sería el cantón más afectado por las invasiones. Este
hecho es corroborado por diversos urbanistas guayaquileños, los cuales
coinciden en que la ciudad ha crecido en función de estos asentamientos
irregulares, los cuales desde la década de los noventa han sido controlados por
traficantes de tierras.
La arquitecta Patricia Sánchez, experta en mercados
informales de suelo, dice: "el sector marginal urbano ha carecido de
otras formas de acceder a la vivienda que no sea a través de los traficantes de
tierras, pues ni el Ministerio de la Vivienda ni la Municipalidad han ofrecido
alternativas adecuadas a las condiciones económicas y sociales de la población,
no dando respuestas al grave problema habitacional que sufre la ciudad".
En este sentido, cabe destacar que en Guayaquil, la informalidad urbana es un
fenómeno que compromete al 65,47% de su población, siendo 7 de cada 10
viviendas construidas por el esfuerzo propio de las familias, lo que constituye
la forma predominante de crecimiento urbano. Según datos del INEC –Censo 2010-,
la población urbana de Guayaquil es de 2 278 691 habitantes, de los cuales el
70% es pobre. El Municipio estima que unas 6.465 familias humildes demandan
vivienda anualmente, lo que viene a significar unas 39 000 viviendas en los
últimos seis años. Sin embargo, según los datos extraídos del estudio Mercado
de suelo informal y políticas de Hábitat de suelo en la Ciudad de Guayaquil realizado
por esta misma arquitecta para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), los bonos para nueva vivienda entregados en toda la provincia del
Guayas entre 2007 y 2012 suman 12 360, siendo la vivienda construida por el
Municipio de la ciudad en ese mismo período de apenas 3145 viviendas. En
resumen, durante la gestión del actual gobierno no se habrían cubierto las
necesidades generadas en materia de vivienda durante en ese mismo período,
agravándose más aun la situación de déficit habitacional en la ciudad,
calculada en el 2006 en unas 750 000 viviendas.
Los barrios urbano marginales de Guayaquil, tienen su
origen tras la crisis cacaotera de los años 30 y asumen importancia a partir de
los años 50, con la formación del Suburbio Oeste. A finales de los 70, el
crecimiento de barrios informales se dirige hacia el norte en los sectores
Mapasingue y Prosperina, y por el sur con la ocupación de los Guasmos. Será ya
a mediados de los años 80, cuando las ocupaciones avanzan por la vía a Daule,
con una lógica en la que con consentimiento de sus propietarios, o bajo amenaza
de “invasión”, se vende la tierra a través de “dirigentes barriales y/o
promotores informales”. Esto dió paso a los mercados informales de suelo. Así
surgen Juan Montalvo, Bastión Popular y Flor de Bastión, en donde a más de los
intereses económicos de la venta de la tierra, está el control social y
político de sus ocupantes.
En los años 90 se ocupan las tierras aledañas a la vía
Perimetral con las cooperativas Flor de Bastión, Paraíso de la Flor, Balerio
Estacio, Zenaida Castro y Sergio Toral. Las actuales ocupaciones
desarrolladas a partir del 2000, en el noroeste de la ciudad –Monte Sinaí,
Marcos Solís, Ciudad de Dios, Tierra Prometida, Israel, etc-, son motivadas por
una mezcla de intereses mercantiles y redención evangélica.
Desde 1967 la ciudad vivió una ambigüedad política
frente a los asentamientos informales, habiéndose impulsado periódicos decretos
de legalización hasta el 2010. Sin embargo, es en diciembre de ese año cuando
el presidente Correa declara públicamente la “guerra” a los traficantes de
tierras, manifestando su voluntad de no permitir ningún asentamiento irregular
más a partir de entonces.
Con el fin de hacer cumplir los pertinentes desalojos
que dicha decisión conlleva, se crea la Secretaría Técnica de Prevención de
Asentamientos Humanos Irregulares, poniendo al frente de esta al funcionario
Julio César Quiñonez, quien había ejercido con anterioridad como Intendente de
Policía del Guayas. Él abandonó la Intendencia durante el episodio de denuncias
por presunto abuso de autoridad en contra de diversos comisarios de Policía en
abril del pasado año.
Las intervenciones de desalojos –bajo responsabilidad
de la Secretaría de Asentamientos Irregulares- y dependiendo de los casos de
reubicación –bajo responsabilidad del Miduvi-, tienen focalizado su actuación
en este momento sobre dos sectores geográficos de Guayaquil: Monte Sinaí y
Estero Salado.
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