Una economía de servicios

La transformación de la economía española en las dos últimas décadas ha supuesto un importante desarrollo que no tiene una contrapartida en la mejora de las condiciones y derechos laborales.

Con un Producto Interior Bruto (PIB) de 838.672 millones de euros y una renta per capita de 24.690 dólares (datos de 2005), el Estado español se ha convertido en términos absolutos en la quinta economía más grande de la Unión Europea y en la octava mundial, según la clasificación del Banco Mundial para 2004. Sus tasas actuales de crecimiento se estiman oficialmente en un 3,5% anual. Aunque moderadas, estas cifras superan de momento las de sus socios europeos.
La entrada en la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de 1986 obligó a que se abriera la economía, se modernizara la base industrial, mejoraran las infraestructuras y se revisara la legislación económica conforme a las pautas del Tratado de Maastricht y la UE. Las significativas aportaciones de capital de la UE (fondos de la Política Agraria Común y fondos de cohesión) han contribuido de forma notable al llamado “milagro económico español”. Los datos revelan desde entonces un acelerado crecimiento del PIB, una reducción de la tasa de desempleo del 23% al 8,7% al cierre de 2005 (un dato de lectura discutible, debido a los cambios hechos en la Encuesta de Población Activa para suavizar sus resultados), y un menor recorte de la inflación, que se sitúa en el 3,9% actual (2005).

La transformación de la economía española

En las últimas décadas, la estructura productiva ocupacional de la fuerza de trabajo se ha modificado. Son varios los motivos que han contribuido a esta transformación. Por un lado, la intervención del Estado en la economía se ha transformado radicalmente. Frente a la concepción productiva del pasado, que generó un tejido industrial importante, hoy el Estado es un mero gestor de las privatizaciones y de la subvención al sector privado. Por otro, destaca una importante reconversión del sector agrícola y pesquero, y de las industrias tradicionales: la fabricación de piezas industriales, los astilleros, el acero y los textiles, que sufrieron duramente los ciclos de recesión económica. El Estado español dispone de una economía industrializada con la particularidad de tener un sector agrícola bastante grande. La agricultura aporta el 3,5% del PIB y ocupa al 5,3% del mercado de trabajo. El crecimiento de la productividad en la agricultura se mantiene especialmente competitivo en frutas, hortalizas, aceite de oliva y cereales, si bien corre el riesgo de la dependencia de las importaciones, ante una política agraria común europea de selección destructiva de las bases productivas agroganaderas y pesqueras.

El sector industrial aporta el 28,5% del PIB y ocupa un 30,1% del mercado de trabajo (industria, minería y construcción). Dentro de este sector, hay que destacar la severa crisis sufrida por la industria ligera o industria de bienes de consumo, que ha sido prácticamente pulverizada. La reconversión industrial y el efecto de las deslocalizaciones hacia países asiáticos, del Este y del Magreb se ha hecho sentir con fuerza. La política en el terreno industrial se ha encaminado, en las dos últimas décadas, a desmantelar el sector público empresarial; a implantar una política de liberalizaciones indiscriminada y una política tecnológica que, lejos de converger con la UE, nos ha alejado de los primeros puestos en competitividad tecnológica en los mercados internacionales.
Sin embargo, se ha conservado de manera relativamente estable el peso de la ocupación en las ramas dedicadas a los medios de producción intermedios y básicos, con especial interés por el crecimiento de la ocupación en la construcción y la fabricación de equipo. Por el contrario, el sector servicios ha disfrutado de un crecimiento sin precedentes, con un 68% del PIB y un 64,6% del mercado de trabajo. La transformación de la estructura empresarial fordista ha significado importantes procesos de externalización y subcontratación, lo que ha ocasionado que multitud de departamentos técnicos internos hayan engrosado empresas de servicios auxiliares, de consultoría, de contabilidad, distribución, entre otros. La especialización del Estado español se orienta al capital comercial (país de consumo de turistas con gran potencial hostelero) y con un tipo de consumo dual -subconsumo de austeridad en bienes duraderos y estilos de vida ostentosos en bienes de distinción- y financiero (prácticamente la única rama en manos nacionales).

Baja productividad

El índice de productividad es clave para medir la solidez y potencia de las economías. La española muestra una extrema debilidad en esto: es el país de la UE que más ha retrocedido en los últimos 15 años. Las organizaciones empresariales reclaman un esfuerzo mayor a los trabajadores, incrementando los ritmos de trabajo y la jornada laboral para elevar las tasas de productividad. Sin embargo, bastan unos datos para visualizar sobre quién recae la responsabilidad de la escasa competitividad de la economía española: España, Italia y Portugal aportan el 22% del PIB comunitario y suponen casi la cuarta parte de la población de la UE-25, pero tan sólo ejecutan el 12% del gasto en I+D de la UE y sus investigadores son menos del 16% del total.

Burbuja inmobiliaria
La construcción acapara el 60,6% de las inversiones y representa casi el 12% del empleo total. Sin embargo, este crecimiento vertiginoso no genera confianza económica: la burbuja inmobiliaria ha alcanzado dimensiones descontroladas en el Estado español. La afluencia masiva de capital al sector ha alimentado la sobrevaloración del precio de las viviendas en más de un 35% (datos del Banco de España, 2004). El boom inmobiliario no tiene bases sólidas, se sustenta en un notable endeudamiento de las unidades familiares que se sitúa en un 110% de la renta bruta disponible (Banco de España). El riesgo de un endeudamiento masivo para una economía cuyo PIB depende de un 60% del consumo interno es un riesgo notable.

Congelación salarial
Estudios sobre el mercado de trabajo de la UE estiman que los trabajadores españoles trabajan hasta 2,3 horas por encima de la media europea. Si sumamos el desempleo, el empleo temporal y a tiempo parcial, casi el 50% de la población activa trabaja en precario. El Indicador Laboral de Comunidades Autónomas realizado por IESE-Adecco el pasado mes de febrero indica que el salario medio ha descendido por quinto trimestre consecutivo. El informe indica que en junio de 2006 el salario medio se situará en 1.541 euros, que tras descontar el efecto de la inflación, supone estar en los mismos niveles de 1997. Es decir, en nueve años el salario medio no habrá crecido nada, mientras que los beneficios empresariales se han multiplicado por 200%.

Este artículo fue publicado por el periódico Diagonal nº 29 en abril del 2006