El sistema bancario de Panamá surge como resultado de un plan perfectamente diseñado por la Dirección General de Planificación y Política Económica. Se puede decir que el comienzo del proceso bancario en Panamá es fruto del reconocimiento del dólar estadounidense como moneda de curso legal desde 1904. Desde entonces, la banca se transformó en el sector estrella de la economía panameña, siendo alimentado de manera constante por el desarrollo de leyes bancarias afines a los objetivos del capital financiero.
El desarrollo de las sociedades capitalistas ha provocado complejos fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos. En la era de la globalización se han proyectado nuevas formas de delincuencia, especialmente con contenido económico. Vivimos una etapa de esplendor para los llamados “delitos de cuello blanco”.
Estos delincuentes actúan impunemente de forma general. Al hecho de que las deficiencias del sistema normativo punitivo convierten en ineficaz el sistema penal panameño hay que sumarle que éste posee, como el de otros muchos países, un corte clasista que reprime los delitos perpetrados por personas de bajos niveles económicos y educativos pero que, sin embargo, es benigno y a veces nulo con la delincuencia practicada desde las altas esferas económicas y sociales. Con esta situación, Panamá ha sido y es terreno abonado para los delitos de fraude fiscal, blanqueo de dinero y estafas financieras.
Sistema bancario panameño
Panamá acepta la confidencialidad de documentos o registros, lo que permite que tanto empresas multinacionales como personas residentes en países con regímenes tributarios impositivos puedan utilizar dichos mecanismos para transferir fondos y ocultar la información. De esa forma obtienen una ventaja final evidente, al ahorrarse los impuestos que tendrían que haber pagado en sus lugares de origen. A Panamá este sistema le permite capturar fondos que de otra forma no recibiría. Sin embargo, la doble tributación también origina problemas, motivo por el que diversos organismos internacionales han elaborado formas de contrarrestar estas fórmulas fiscales que les perjudican y que, además, han generado muchos problemas de blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas.
En el año 2000, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), compuesta por 30 países desarrollados cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas, elaboró una lista en la que aparecían 48 paraísos fiscales y entre los cuales, de manera destacada, estaba Panamá. La OCDE puso en marcha un mecanismo de sanciones unilaterales entre las que se encontraba la negación de créditos para financiar operaciones transaccionales. Panamá se convirtió en un país identificado como paraíso fiscal, es decir, que permite el blanqueo de dinero, y “no cooperativo”, puesto que no colabora en la transmisión de información.
El mundo globalizado ha significado competencia para Panamá. Debido a la recesión en que este país se ha encontrado en los últimos años y a la reducción de la demanda de créditos, el sistema bancario ha visto disminuido su ámbito de incidencia y se ha visto mermado. Además, muchos bancos internacionales se han mudado fuera del país. Hace veinte años operaban en Panamá 120 bancos con 49.000 millones de dólares USA, pero ahora hay solamente 83 bancos con 37.000 millones, según el informe de Jarón Lukasiewicz La industria bancaria en Panamá. El 90 por ciento de los bancos que desarrollaban sus acciones en el país hace veinte años eran internacionales. Ahora, esta cifra se ha visto reducida al 54 por ciento. Sin embargo, el sector bancario mantiene, a pesar del “reajuste”, su predominio sobre los otros sectores económicos y posee un valor que supera dos veces el PIB del país.
Pero la industria bancaria panameña ya se ha dado cuenta de que no puede sostenerse sólo por ser un paraíso fiscal. El hecho de que el país esté dolarizado, y que el balboa (moneda nacional) esté a la par que el dólar desde 1904, ha hecho que no exista banco central. Es la Superintendencia de Bancos de Panamá, el organismo puesto en marcha por el gobierno tras el año 2000, el responsable de “fiscalizar” las operaciones bancarias en el país.
La Superintendencia ha alcanzado recientemente algunos acuerdos, entre los que se incluye la transmisión de información sobre los bancos que operan en territorio panameño a instituciones fiscales de otros países. Esto ha permitido que, desde entonces, la OCDE considere a Panamá “paraíso fiscal cooperante” y vuelva a recibir un trato de favor. A pesar de los eufemismos, Panamá continúa siendo un paraíso fiscal. Su sistema financiero permite a empresas extranjeras hacer negocios en el país mientras mantengan simplemente un local físico en el interior. Sin embargo, muchas bancas han desaparecido por causa de la intensificación de las regulaciones a las que se han visto obligadas por la presión internacional y la competencia cada vez mayor de otros “paraísos fiscales” en la zona. El sistema bancario se ha reestructurado y los que quedan se han fusionado o han adquirido otros bancos para remodelar su situación dentro del sistema panameño.
Los informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad creada con el fin de evitar el blanqueo de capitales, indican con cierta ironía que el país “no está mal” en la incidencia de este delito, aunque reconocen que el mismo es “dinámico, evolutivo y cambiante”. Para la UAF, a medida que el país crece aumentan las operaciones sospechosas pero, al mismo tiempo, este organismo asegura que el crecimiento económico actual es sano y está impulsado por jubilados extranjeros retirados y la construcción como sectores fundamentales.
Ampliación del Canal e intereses del capital español
El Estado español es el segundo socio comercial de Panamá, por detrás de Estados Unidos. La inversión española en este país supera ya los 1.000 millones de dólares y va en aumento. En el mes de mayo, el Ministerio de Economía y Hacienda español acordó con una delegación de gobierno en Panamá constituir una comisión específica para retirar a dicho país de la lista de paraísos fiscales. El objetivo es claro: que las empresas españolas participen en la ampliación del Canal, cuyo presupuesto inicial asciende a más de 4.000 millones de euros.
La ampliación del Canal de Panamá abre muchas expectativas para las grandes constructoras: ACS, Sacyr Vallehermoso, Acciona, Ferrovial, OHL y FCC, algunas de ellas con importante presencia ya en el extranjero. Además de las constructoras se verían favorecidas empresas de ingeniería, consultoría, telecomunicaciones y otros tipos de infraestructuras interesadas en el proyecto. Pero, al igual que ha hecho con otros países como condición para que puedan estar presentes en el concurso internacional, Panamá ha exigido a España que retire al país centroamericano de la lista de paraísos fiscales o que lo califique como “paraíso fiscal cooperante”.
El que vivamos en sociedades donde todo está supeditado al mercado conlleva serias contradicciones. En la actualidad, la mayor parte del club de los “países ricos” ya no incluye en su lista negra a Panamá. Francia y Rusia han dejado de hacerlo recientemente e Italia ha abierto un proceso parecido al español, mientras que Alemania, Reino Unido, EE UU, Japón, China y Suecia ni siquiera consideraban anteriormente que Panamá fuera un paraíso fiscal.
A la ampliación de las obras del Canal, aprobadas en 2006, se unen otros proyectos en el sector marítimo, industrial y de infraestructuras que convertirán a este país en un objetivo prioritario de los flujos de inversión internacional en los próximos años. Cuando en 2014 se inaugure la reforma del Canal, la vía acuática que une el Atlántico y el Pacífico será ya centenaria. Por las esclusas de esos 80 kilómetros que cruzan esta vía marítima pasan unos 14.000 barcos al año, el cuatro por ciento del comercio mundial: el 68 por ciento de las mercancías que salen de EE UU, el 23 de las de China y el 16 por ciento de las de Japón.
Empresas españolas y paraísos fiscales
Tres zonas de baja tributación como Holanda, Luxemburgo y Delaware (EE UU) y más de quince paraísos fiscales al uso son los destinos preferidos de las inversiones de las empresas que cotizan en el Ibex-35, según revela un informe de la revista Capital, del Grupo G+J, en su número de mayo de 2007. Este documento desgrana, compañía por compañía, las plazas internacionales de baja tributación a las que recurren los grandes grupos españoles para evitar el pago de impuestos.
En el análisis por sectores destaca no sólo la gran presencia de entidades financieras como el BBVA o el Banco Sabadell sino también la de grupos constructores, los más reacios y opacos a la hora de informar en sus memorias sobre las actividades en paraísos fiscales. Entre las empresas energéticas, Repsol es la más activa, mientras que Telefónica se lleva la palma a través de su presencia en plazas off shore de baja tributación.
Si bien es cierto que la inversión española en paraísos fiscales descendió en casi 900 millones de euros en 2006, datos del Ministerio de Economía muestran cómo los destinos preferidos dentro y fuera del Ibex en los siete últimos años han sido los siguientes: Islas Caimán (565 millones de euros en inversiones españolas), Panamá (284 millones) y Bahamas (181 millones).
La realidad social panameña
Más allá del “espejismo” de las cifras del mercado panameño o de su sector bancario, la situación social del país se ajusta a las duras realidades de la zona. El 41,5 por ciento de los hogares rurales en Panamá está por debajo de la línea de pobreza establecida por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que para esta zona es de unos 22,50 dólares mensuales. Según las cifras oficiales, un 14,2 por ciento de la población (es decir, 434 mil panameños) vive con menos de un dólar al día.
En las áreas rurales no indígenas, más de la mitad de sus habitantes (54,2 por ciento) son pobres y una de cada cinco personas (22,3 por ciento) se encuentra en situación de pobreza extrema. Por su parte, el 98,5 por ciento de la población de las áreas rurales indígenas (es decir, casi la totalidad de su población) es pobre; mientras que el 89,7 por ciento se encuentra en pobreza extrema, según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas.
De las nueve provincias del país, cuatro de ellas muestran tasas de pobreza total mayores al 50 por ciento de sus habitantes: Darién, Bocas del Toro, Coclé y Veraguas. En estas provincias, la pobreza extrema oscila entre el 19,6 y el 37,4 por ciento de su población. Al desglosar las estadísticas se observa que la provincia de Colón tiene menos del 50 por ciento de sus habitantes en situación de pobreza total (42,8 por ciento), pero se sitúa por encima del promedio de pobreza total para el país (37,2 por ciento). La pobreza extrema incide en el 10,7 por ciento de su población, tasa menor al promedio nacional, que es de 16,7 por ciento.
Esta dura realidad hace que más de cincuenta mil niños y adolescentes trabajen hoy en Panamá en situación de explotación económica, la mayoría en la agricultura y en instalaciones de servicios, según reveló recientemente un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Panamá es signatario de dos convenios internacionales sobre el trabajo infantil, pero esto no ha sido suficiente para erradicar este flagelo. Cifras de la OIT reflejan que los menores indígenas son los más afectados por este problema debido a los mayores índices de pobreza entre los pueblos autóctonos.
Este artículo ha sido publicado en el nº 27 de la revista Pueblos, julio de 2007, Especial América Latina
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