La historia oculta del camarón

Una industria con buenos resultados, pero donde abundan las denuncias de violencia contra los cangrejeros y concheros. El decreto ejecutivo 1391 aceleró ese proceso, aseguran los comuneros. Los camaroneros acusan ataques de la delincuencia.

DECIO MACHADO / www.planv.com.ec 

La industria camaronera se inicia en el Ecuador a finales de la década de los sesenta, cuando se empieza la explotación de las pampas salinas o salitrales y, por su rentabilidad, se amplía a tierras agrícolas y manglares. En los ochenta, esta actividad había crecido un 600%, posicionando al Ecuador entre los primeros exportadores a escala mundial.

La crisis del camarón llegó a finales de los noventa, como consecuencia del  virus de la mancha blanca, lo cual provocó una caída en la producción que pasó de 250 millones de libras a 80 millones. Desde el 2006 la producción nacional recupera su volumen y en el 2012 se exportaron 450 millones de libras. Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e InversionesProecuador, las exportaciones del camarón generaron divisas por USD 1276,9 millones durante el 2012, y fueron el segundo rubro en exportaciones no petroleras del país, tras el banano.

En octubre del 2008, el gobierno del presidente Rafael Correa emitió el Decreto Ejecutivo 1391 de “regularización de la acuacultura industrial del camarón”. El fin era “poner en orden la casa” y regularizar una industria que, a pesar de su importancia exportadora, se mantenía en gran parte en la ilegalidad.

Así lo señaló Vicente Jácome, director de Protección Ambiental Marino-Costera de la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, Dirnea, en enero del presente año, cuando dijo a diario Expreso que el proceso de regularización detectó 559 nuevas camaroneras en el país. Aunque los resultados del proceso no han sido oficialmente publicados por las autoridades, expertos del sector estiman que a escala nacional la superficie ocupada por camaroneras es de 263 000 ha, según el registro de la Subsecretaría de Acuacultura.

Pero los avances no se quedaron en el crecimiento del área camaronera del país. Según José Camposanto, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, el rendimiento por hectárea pasó de 1200 libras en 1998 a 2400 libras en la actualidad, superando a sus principales competidores asiáticos.

Depredación, despojo y muerte en el manglar

El Acuerdo Ministerial 498, de 1986, del Ministerio de Agricultura y Ganadería declaró como bosque protector 362 742 hectáreas  de superficie de tierras cubiertas de bosque manglar. Sin embargo, en el Mapa Forestal del Centro de Levantamiento Integrado de Recursos Naturales por Sensores Remotos (Clirsen) del 2000 ya sólo se detectaban 108 299 ha de manglar. Paralelamente, el Censo Nacional Agropecuario desarrollado en 1999 reconocía la existencia de 234 359 ha de piscinas camaroneras. Bajo el análisis de estos datos, podríamos deducir que el desarrollo de la industria camaronera ha ido acompañado de la pérdida del 70% del ecosistema manglar nacional.

La familia Jara en su casa de Huaquillas, frontera sur del Ecuador. Jorge Luis Jara cuenta cómo su padre, conchero artesanal, murió electrocutado en la cerca de una camaronera (Fotos: Bianca Juhl Andersen)

Para los habitantes del Litoral, el impacto de la industria camaronera en el país no sólo ha sido ambiental. Jorge Luís Jara Abril, pescador artesanal de Huaquillas, población fronteriza con Perú, en la provincia de El Oro, recuerda cómo su padre falleció electrocutado el pasado 2 de mayo del 2011 en la cerca electrificada de una camaronera propiedad de un capitán de la Fuerza Aérea Ecuatoriana  en servicio pasivo. “Mi padre tenía 49 años y cinco hijos. No nos indemnizaron; es más, acusaron a mi padre de estar robando, lo cual no era cierto. Mi papá estaba recolectando cangrejo y llevaba su ropa de faena”.

No es el único caso en Huaquillas. Victoria Bella Fajardo quedó viuda el 24 de noviembre del 2007 con cinco hijos a su cargo. Quien fuera su marido, Harris Eduardo Martínez, era mecánico de motores fuera de borda y fue presuntamente secuestrado y torturado en una camaronera en el estero El Ceibo, y murió de un disparo en la cabeza, según denunció su familia. La versión de quien fuera propietario de la camaronera se limitó a afirmar que encontraron su cuerpo cerca de su propiedad.

Victoria Bella Fajardo y dos de sus hijos. Su esposo murió de un disparo en la cabeza en el estero El Ceibo, en El Oro. Su familia denunció que fue secuestrado y sufrió torturas.

En Puerto Jelí, en la parte sur de la provincia de El Oro, también es fácil encontrar testimonios de violencia atribuidos a la industria camaronera. Willian José Navarro, de 36 años años, dijo a Plan V que en mayo de este año, cuando recogía cangrejos, guardias de una camaronera en el estero Boca del Lagarto le dispararon. “No me dieron previo aviso, sólo me insultaron y dispararon. Estábamos a unos 10 metros de sus cercas”, dijo Navarro, mientras enseñaba las radiografías que comprobaban el impacto de perdigones en su cabeza. Él es miembro de la Asociación de Mariscadores 19 de Octubre, y manifiesta que al menos dos miembros más han sido atacados por perros que cuidan las camaroneras: “hay muchos lugares donde la gente tiene miedo de ir a recoger cangrejos o conchas porque los vigilantes nos disparan”. Su compañero de faena, José Reyes, de 54 años, relata su caso: “Estaba recolectando cangrejos en el estero Pongal cuando me cogieron los vigilantes y me tuvieron retenido durante siete horas por órdenes del dueño de la camaronera”, y prosigue “sucedió hace cinco años, desde entonces nadie se acerca a esa camaronera. Fue la Marina la que nos dijo que el propietario era complicado y que era mejor no ir por allá a trabajar”.

Los círculos muestran los perdigones incrustados en la cabeza de Willian Navarro, de 36 años. Él aseguró haber recibido disparos de guardias de una camaronera ubicada en Puerto Jelí, El Oro

Puerto Jeli tiene al menos 300 recolectores de concha y cangrejo que viven de su precario oficio en medio de la pobreza y combinan la recolección con la pesca artesanal como única fuente de subsistencia. Ramón Ruiz, presidente de la Asociación de Mariscadores 11 de Enero, de esa localidad, denunció también que muchos camaroneros han cortado pasos fluviales entre los esteros, con cercas de bambú, mangle o guayacán. “Nos impiden el acceso a áreas de trabajo donde ancestralmente nuestros pueblos han trabajado y se han alimentado”. Según Ruiz existe una profunda contradicción entre el discurso y la práctica gubernamental. “Nos dicen que el ser humano está por encima del capital, ¿pero dígame si esto se corresponde al discurso? Nuestras alternativas económicas son cada vez más limitadas”, manifiesta este vocero mientras señala diversas cercas que cortan el paso en varios puntos del estero La Atalaya.

Para estas poblaciones, que históricamente viven y subsisten del ecosistema manglar, la situación comienza a ser preocupante. Mientras la industria camaronera y el Estado se felicitan por los resultados económicos del pasado año, los recolectores cobran tan sólo 15 dólares por cada 100 conchas recolectadas, 5 dólares por el tacho de 40 libras de ostión y 75 centavos por cangrejo, todo ello sometidos a los intermediarios que son los que realmente rentabilizan estos productos. Por ejemplo, un cangrejo en el mercado de Guayaquil llega a costar hasta dos dólares la unidad.

Bajo Alto es una de las comunas que han sufrido desalojos en el sur de El Oro. Su presidente, Fulton Jaén, manifiesta que “se presentó una petición a la Presidencia de la República para que sean revertidas las concesiones a las camaroneras que están instaladas en tierras comunales ancestrales”. Según Jaén, unas 60 familias que vivieron durante cinco años y medio en cuatro hectáreas de una camaronera que había sido abandonada por Esteban Quirola, uno de los grandes de esta industria, fueron desalojados con violencia por parte de las fuerzas policiacas,  el 24 de agosto pasado. “Diez personas fueron detenidas y una mujer abortó -dice-, la Policía actuó en su momento sin orden de desalojo, siendo los detenidos enjuiciados por rebelión por defender su derecho a la vivienda”, sentencia el Presidente del Cabildo. El proceso sigue abierto a la espera de resolución judicial.

Los círculos muestran los perdigones incrustados en la cabeza de Willian Navarro, de 36 años. Él aseguró haber recibido disparos de guardias de una camaronera ubicada en Puerto Jelí, El Oro

Washington Véliz, vocero de la Asociación de Recolectores de Marisco Ni Un Paso Atrás, de la vecina comunidad Puerto Grande indica, “los camaroneros son los grandes destructores del manglar en el país, las comunidades que vivieron ancestralmente a la vera del mar fueron desplazadas sin indemnización alguna. Las zonas del mangle donde se reproducen y alimentan los peces en la zona están muy afectadas”. En eso coincide Alberto Campos, presidente de la Asociación 24 de Octubre de Bajo Alto, quien indica que “la tala de mangle significa que todo lo que está alrededor se seca y se muere”.

Lucio Cacao, portavoz de la Asociación Venecia del Mar, de Puerto Bolívar, asegura que “desde 1990 tenemos constancia de al menos nueve muertes tan solo en la provincia de El Oro”. Cacao narró cómo los perros de una camaronera mataron a su primo, hace cinco años, en el estero Casa Camarón: “se llamaba Santiago Cruz, tenía 45 años, y mientras trabajaba recogiendo concha en los alrededores de una camaronera fue despedazado por más de diez perros de raza "rottwailer”. Cuando se supo lo que pasó, la indignación en Puerto Bolívar llegó a tal nivel que la camaronera fue ocupada, siendo sus muros reventados por la población. El entonces propietario tuvo que abandonar el lugar, vendiendo la camaronera a su actual concesionario. Cacao se pregunta cómo pueden vender propiedades que son bienes de uso público según la Constitución. Incluso en la actualidad, tras la regularización, estas áreas están en concesión por 10 años y no en propiedad.

El último cangrejero muerto en El Oro fue Heriberto Antonio Hidalgo, quien falleció electrocutado en las cercas de una camaronera en el estero Nuevo Pilo en Puerto Bolívar, a mediados del pasado mes de agosto. Su hijo Darío Hidalgo, uno de los cinco huérfanos, manifestó al ser interrogado por este medio que había recibido una llamada de la abogada del camaronero momentos antes y no quería problemas.

En Manabí sigue la historia

La historia de Patricia Rocío Valencia también es dramática. Esta joven narra como el 20 de septiembre de 2010 se enteró de que su esposo, Verdi Elis Anchundía, había sido asesinado dentro de la camaronera Feba en la comuna Santa Teresa en Manabí: “Nosotros teníamos una casita de caña con animales tras la camaronera Feba, todos los días mi marido cruzaba un camino comunal en el interior de la finca para llegar hasta allí, donde manteníamos animales y algunos cultivos. El día de su muerte su cadáver fue encontrado en ese camino del interior de la camaronera, tenía signos de haber sido golpeado y murió de un disparo en la cara”. La camaronera es otra que ha ido cambiando de titularidad constantemente. Según Patricia, “tras el asesinato los guardianes se dieron a la fuga y el camaronero se desentendió. Cuando llegó el día de las últimas elecciones me preocupé de enterarme dónde tenían que sufragar estos guardianes y allí capturamos a uno de ellos, entregándoselo a las autoridades. Habían pasado dos años y medio del asesinato y la Policía no había hecho nada por detenerlos”. El juez lo liberó el pasado mes de junio. Apenas estuvo cuatro meses en la cárcel. “Desde entonces lo único que pido es justicia”, manifiesta la joven viuda, quien denuncia a su vez haber tenido múltiples mensajes de amenaza en su celular, los cuales aún conserva y sobre los cuales la Fiscalía no ha desarrollado acción alguna.

El esposo de Patricia Rocío Valencia murió por disparos en una camaronera de Manabí. Ella quedó con sus dos hijos pequeños. Patricia Rocío buscó y encontró al presunto asesino.

Ante estos casos de violencia, parece una incongruencia que el gobierno haya puesto en marcha, desde mediados del pasado año, la entrega de permisos por los cuales se faculta al gremio camaronero a portar armas de fuego en el interior de sus haciendas o concesiones y durante el traslado de su mercancía, con el fin de precautelar su seguridad en dichas zonas.

Los desalojos de moradores en zonas del manglar continúan. El pasado 4 de diciembre fue desalojada una docena de familias en la comunidad Bilsa, en la provincia de Esmeraldas. Sus viviendas fueron quemadas. Según la abogada Lourdes Proaño, de la Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (Ccondem), esta acción se hizo sin comunicación previa por parte de la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura. Por lo cual, dijo, se hizo caso omiso a la disposición constitucional del debido proceso y seguridad jurídica. Las víctimas no pudieron ejercer su legítimo derecho a la defensa.

La foto corresponde a la comunidad de El Verdún, en el estuario del río Chone, Manabí. Sus moradores denuncian intentos de desalojo para ampliar la frontera de las piscinas.

Este estado de tensión se vive actualmente en la comunidad de El Verdún en la provincia de Manabí, donde la comunidad ha puesto un recurso de amparo, que se perdió en primera instancia, contra una camaronera propiedad de Jefferson Loor Moreira, quien reivindica como suyas las zonas de cultivo, de las cuales más de noventa familias, de dicha comuna, subsisten económicamente.

Según Líder Góngora, director de la Cconcem, “hay que aclarar que los manglares son bienes nacionales de uso público y por lo tanto no son propiedad privada de alguien. Son los pueblos ancestrales del manglar, los mismos que en las últimas cuatro décadas sufren la violencia de una industria criminal y desordenada, quienes han conservado este ecosistema de vida para nuestros pueblos”. Góngora recuerda que en 1999 se planteó una moratoria desde Ramsar, convención internacional de la cual el Ecuador es parte, hasta que se hagan los estudios y análisis de la capacidad de carga de estos sistemas marino costeros, cosa que no se respetó en su momento y que sigue sin aplicarse.

La basura desborda en ocasiones los límites de las camaroneras, causando un atentado al medio ambiente.

Ramsar es la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. Entró en vigencia en 1975 con el apoyo de 160 países. El Convenio Ramsar (nombre de una ciudad iraní) gira en torno al uso racional de los humedales y sus órganos ejecutores tienen escogidos 1900 humedales de importancia mundial.

Para este vocero, “tras el proceso de regularización generado a partir del Decreto 1391, esta industria pasa de un estado ilegal a legal pero manteniendo sus consecuencias desastrosas. La violencia se profundizó a raíz de que los camaroneros pasan a considerarse propietarios del manglar. La demanda de inconstitucional a este decreto fue presentada en abril del 2009 y la Corte Constitucional mantiene hasta hoy el silencio como respuesta”.

Entrevista a Segundo Calderón

Presidente Cámara de Productores de Camarón de la provincia de El Oro

¿Cuál es la situación del camarón ecuatoriano en este momento?

La industria del camarón en Ecuador supo levantarse tras tres crisis fitosanitarias entre 1988 y 2001, el síndrome de la gaviota, el síndrome de Taura y la mancha blanca. Hoy en la industria camaronera de nuestro país el 95% de nuestra exportación se realiza en piscinas con procesos de calidad y criterio ambiental. La inversión en el mejoramiento genético fue clave para que este sector de gran importancia nacional recupere y genere más ingresos. En nuestra provincia las unidades de producción camaronera se mueven en una dimensión de entre 1 y 49 hectáreas, somos pequeños productores, el 90% de nuestros asociados tiene una media de 10 hectáreas. Nos da para vivir y educar a nuestros hijos.

¿Se cumple por parte de los productores la obligación de reforestar manglar considerada en el Decreto 1391 que emitió el Presidente de la República en octubre del 2010 para la regularización del sector?Se cumple y pueden verse las zonas reforestadas en los mapas elaborados por el Ministerio del Ambiente. El viejo concepto de camaronero talador de manglar ya no existe, tenga en cuenta que existe una sanción de 80 000 dólares por hectárea talada y al camaronero que tale se le quita la concesión y podemos ser incluso sancionados con penas de seis años de prisión.Además, el Presidente de la República pudo comprobar en una visita que hizo a Balao –provincia del Guayas– que había pequeñas zonas de reforestación que se morían. Esa situación generó que se declarara un instructivo donde las camaroneras se pueden asociar y reforestar fuera de sus zonas de producción. En El Oro tenemos iniciativas exitosas en ese sentido. Se ha llegado a acuerdos con comunidades en zonas donde ellos se convierten en los responsables de cuidar y asegurar la reforestación.

Hay múltiples denuncias en las comunidades ancestrales del manglar sobre la violencia que genera la industria camaronera. ¿Qué opina usted del cuestionamiento que tienen esas comunidades respecto a las cercas electrificadas, el uso de perros para la seguridad de las haciendas camaroneras y el porte de armas?

En El Oro nuestra relación con pescadores y recolectores de concha y camarón es muy buena. Estamos aprendiendo a coexistir entre los diferentes sectores que vivimos en el manglar. Buscamos una relación positiva con pescadores y recolectores.

Hay un problema de inseguridad en las camaroneras de la zona, en el año 2009 tras un acuerdo interministerial se derogaron todos los permisos y se prohibió el porte de armas a civiles, pero posteriormente, debido a la incapacidad del Estado para dar seguridad en determinadas áreas costeras, se extendieron permisos temporales que limitan el porte de armas al interior de la provincia. Respecto a esto, se han hecho talleres de capacitación a camaroneros con empresas de seguridad debido a los actos de piratería que sufrimos de manera constante. Debemos tener en cuenta que en nuestra provincia sumamos ya ocho muertes debido a la piratería. Hay sucesos terribles en nuestro sector, los piratas no sólo nos roban, actúan de forma violenta, han llegado incluso a cortar cabezas.

En la concesión donde murió el último cangrejero electrocutado en sus cercas, están documentados en la Fiscalía varios intentos de robo con anterioridad al suceso.

Nosotros tenemos una relación fluida con las autoridades, pero aún falta dotación en materia de seguridad, personal y lanchas, para cubrir las necesidades de protección a la producción, así como al acompañamiento durante el traslado de mercancías. Por nuestra parte, hemos apoyado económicamente incluso mediante la construcción de un retén de la Marina en Las Huacas, para lograr que aumente la protección en la zona.

¿Considera positivo el Decreto 1391 para la regularización del sector?

Era necesario. Por nuestra parte estamos trabajando en el marco de la regularización sobre tres ejes: en primer lugar el tributario, pago de impuestos; en segundo lugar en la parte social, generación de empleo en las comunidades, y en el tema ambiental, recogida de basura y fundamentalmente en la reforestación.

Yasuní convoca a la vida

Por Decio Machado

Revista del Observatorio de los Servicios Públicos (Guayaquil)

El proceso sociopolítico de modernización acelerada que vive el Ecuador desde hace seis años y medio, no solo generó cambios en el entorno físico (desarrollo de infraestructuras) y en la reducción de los indicadores de pobreza, sino también en el plano de los actores con mayor incidencia en el ámbito social. Aunque el gobierno ha tenido la capacidad de generar una red clientelar en el entorno de las organizaciones sociales, lo que le ha permitido controlar en gran medida la capacidad de reacción de estas a políticas públicas que podrían generar convulsión social (despidos de trabajadores en el sector público, políticas de criminalización de la protesta social, negociación del TLC con la UE…), no ha podido desarrollar el control sobre nuevos actores políticos en construcción o reconstrucción

La decisión del presidente Correa, anunciada el pasado 15 de agosto, de explotar los pozos petroleros del Bloque 43 –el Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT)- desató la incorporación en el ámbito de la política nacional de un actor que durante la era correísta había permanecido aletargado: la juventud.

El fin de la Iniciativa Yasuní ITT, lo que fuera la carta de presentación más revolucionaria del gobierno ecuatoriano, aunque genera malestar en amplios sectores de la población, movilizó de forma especial a la gente más joven. Desde entonces hasta hoy, diversas ciudades del país están siendo escenario de movilizaciones diarias protagonizadas por jóvenes, quienes manifiestan su rechazo a la decisión y reclaman una consulta popular en la cual el conjunto de la ciudadanía pueda expresar su posición.

La reacción de un gobierno acostumbrado a no tener oposición ni movilización social sostenida en las calles no ha podido ser otra, paralelamente al crecimiento del número de las manifestantes ha crecido también las descalificaciones, la desinformación y la represión respecto a quienes democráticamente pretenden ejercer su derecho a la participación social.

De lo viejo a lo nuevo

Según Antonio Gramsci, una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer. En el tiempo y en el espacio donde esto ocurre, ahí se presenta una auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total.

La opción electoral de Alianza PAIS se presentó en el año 2006 como algo nuevo, pretendió ser una nueva forma de hacer política frente a un deslegitimado sistema político controlado por la oligarquía y una decadente partidocracia. Sin embargo, la adopción por parte del presidente Correa de los discursos y prácticas utilizados históricamente por la partidocracia, han convertido a Alianza PAIS en el paradigma de lo que pretendió superar. El acelerado retroceso ideológico del correísmo ha hecho que termine sufriendo de lo que en medicina científica se conoce como el síndrome Hutchinson-Gilford, un cuadro clínico caracterizado por el envejecimiento prematuro de las personas (llegan a envejecer entre 5 y 10 veces más rápido de lo normal). Mientras cada día mayor número de jóvenes se manifiestan en las calles bajo consignas por la vida, la no explotación del Yasuní y un modelo de desarrollo marcadamente diferente, el oficialismo con el presidente Correa a la cabeza lanza los mismos mensajes que todo gobierno ecuatoriano ha emitido en los últimos cuarenta años: “la explotación de petróleo es para combatir la pobreza”, “sin explotación de petróleo no habría escuelas”, “la explotación de recursos naturales es la fuente que permite nuestro desarrollo”, “sin petróleo no habría subsidio de gasolina”… Es esto, lo que según los jóvenes, convierte a este proceso en una “caricatura de revolución”.

La mayoría de las personas que hoy protagonizan estas movilizaciones tenían a la llegada del presidente Correa al poder entre 14 y 20 años. Han crecido y se han formado durante el proceso correísta, carecen de pertenencia política organizada y lo que les moviliza es la construcción de un mundo más justo y respetuoso con una planeta que aceleradamente está siendo destruido. Estos jóvenes que han crecido oyendo hablar de la necesidad de preservar a los pueblos en aislamiento voluntario, de que la verdadera riqueza del Yasuní esta en su biodiversidad y no en el petróleo, o que edificamos esta sociedad sobre los pilares ancestrales del Buen Vivir y no sobre el desaforado consumo capitalista, hoy, coherentemente se movilizan diciéndole al gobierno y al Ecuador entero que ellos realmente sí aman a la vida.

La reacción del poder no ha podido ser otra que la que viene día tras día agudizándose en los últimos años: la descalificación sistemática. El aparato de propaganda gubernamental los descalifica intelectualmente a través de cadenas televisivas en las cuales indican que quienes organizan y dirigen las movilizaciones son los líderes políticos de los partidos de la oposición. En las contra manifestaciones organizadas por el oficialismo (minoritarias y sostenidas con funcionarios públicos y una gutierrista dosis de sandwiches y colas) se corean consignas que les hacen alusión como desestabilizadores y golpistas. La miopía política habitualmente existente en los gobiernos que ejercen el “todo-control” -por su capacidad de incidencia en todos los poderes del Estado-, se agudiza en el caso ecuatoriano, generando un nivel de confrontación contra los movilizados que supera las dimensiones de los hechos y que carece en el fondo de cualquier ética política. Son muchos los sectores de la sociedad que legítima y democráticamente demandan un plebiscito sobre el futuro del Bloque 43 y el Yasuní.

La prepotencia gubernamental ha generado tal ceguera que no terminan de entender que el Yasuní rebosa vida por todos los lados, tanta que permitió a una sociedad que estaba políticamente moribunda volver a resucitar. Nuevos actores sociales, reincorporación de la sociedad al debate político y un punto focal: manipulen o pongan a sus lacayos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es igual,  pero el Estado no debe negar el derecho que tiene la ciudadanía a la participación democrática en la toma de decisiones.

Lo político -su origen etimológico remite al ámbito de lo “público”, de lo comunitario, de lo colectivo- hoy en el Ecuador, afortunadamente supera su concepto de reducción al campo del Estado o al sistema de partidos, al tiempo que rompe con el “fetichismo del poder” que se expresa en el ejercicio autorreferencial de la autoridad. Un sector cada vez más grande de la sociedad le está diciendo “basta” a un gobernante que se cree único soberano del poder, a la vez que asume su rol como actor político, rompiendo con una tradición política servil basada en el clientelismo político y social heredado de populismos anteriores.

Ecuador: la decisión de explotar el Yasuní lanza a miles de jóvenes a las calles

Por Decio Machado
Para Periódico Diagonal

El pasado 15 de agosto, el Presidente Rafael Correa anunciaba el fin de la Iniciativa Yasuní-ITT. “Hemos esperado bastante, el mundo nos ha fallado”, sentenció el mandatario ecuatoriano frente a todos sus ministros en una cadena televisiva desde el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet.

La Iniciativa consistió en un compromiso por parte del Estado en dejar bajo tierra, de forma indefinida, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo situados en Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT) en la reserva ecológica del Yasuní, el lugar de mayor biodiversidad por metros cuadrado del planeta. Se pretendía evitar así, la emisión a la atmósfera, de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono –consecuencia de la quema de combustible fósil- a cambio de una compensación económica (3.600 millones de dólares) de la comunidad internacional por el 50% de las utilidades que se percibiría por su explotación.

El fin de la Iniciativa Yasuní ITT, lo que fuera la bandera más revolucionaria del gobierno ecuatoriano durante seis años ante la comunidad internacional, generó malestar en amplios sectores de la población, especialmente entre la gente más joven. Desde entonces hasta hoy, diversas ciudades del país han sido escenario de movilizaciones protagonizadas por jóvenes, quienes manifiestan su rechazo a dicha decisión y reclaman una consulta popular en la cual el conjunto de la ciudadanía pueda expresar su decisión.

Para Roque Sevilla, ex presidente de la Comisión Negociadora de la Iniciativa Yasuní-ITT, no se está contando toda la verdad y la explotación de los campos petroleros se da porque Ecuador ya comprometió ese crudo con China. Sevilla considera que la próxima puesta en marcha de una mega-refinería en la costa del Pacífico, donde se pretenden refinar diariamente 300 mil barriles de los cuales un terció serían provenientes del ITT demuestra que el plan de explotación estuvo siempre antes que la iniciativa de dejar en crudo en tierra. Además, Sevilla indica que “según los datos periodísticos que el propio Gobierno ha expresado, están muy avanzadas las conversaciones con las empresas chinas para hacer la inversión de $12 mil millones en la refinería”.

La propuesta gubernamental de “superar el extractivismo con más extractivismo” también es cuestionada por el sociólogo ecuatoriano y colaborador de la International Gramsci Society (IGS) Francisco Hidalgo, quien indica que “la retórica que justifica el extractivismo es aquella de nutrir las arcas fiscales para el combate a la pobreza, con mas carreteras, hidroeléctricas, aeropuertos, a las que se añaden políticas que afectan a los ingresos monetarios de la población, pero no pretenden topar las estructuras del poder económico y social. Incluso las clases del poder político se reciclan y se renuevan alrededor de clientelas de los herederos de los viejos caciques”.

Movilizaciones juveniles por una Consulta Popular

A partir de la decisión presidencial diversos grupos sociales, entre los que destacan la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE), han manifestado su rechazo a la decisión presidencial. Sin embargo, quienes han protagonizado las movilizaciones hasta el momento han sido jóvenes no vinculados a estructuras partidistas que en su mayoría hacen su primera incursión en la política nacional.

Varias movilizaciones realizadas en Quito han terminado frente a la fachada del palacio presidencial de Carondelet, donde el oficialismo también convocó a sus partidarios en formato de contramanifestación, generándose situaciones de tensión y algunas cargas policiales.

Para estos jóvenes, existe una responsabilidad de la comunidad internacional en no apoyar la iniciativa pero tampoco ha existido credibilidad ni compromiso por parte gubernamental.

Eduardo Pichilingue, coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador, indica que el planteamiento del presidente Correa de que con ese petróleo Ecuador saldrá de la pobreza no es acertado. “Desde enero del 2007 hasta enero 2013 el gobierno ha tenido ingresos petroleros por valor $51.497 millones y eso no ha hecho al país salir de la pobreza”, señala el joven ambientalista. Este nuevo movimiento en pro del Yasuní está contraponiendo propuestas económicas a la extracción de crudo. En ese sentido varios de sus voceros denuncian que los grandes grupos económicos del país no pagan más del 4% de impuestos, y cobrándoles sólo el 1,5% adicional se obtendrían unos 2.000 millones de dólares adicionales a lo que se piensa extraer del ITT. Según el economista Pablo José Iturralde, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), “el capitalismo es el real problema de explotación de la naturaleza y el ser humano”.

Ante el descontento social, el presidente Correa aceleró los trámites para que la propuesta de explotación del ITT llegue cuanto antes a la Asamblea Nacional, órgano donde el oficialismo cuenta con más del 75% de curules y no habrá dificultades para su aprobación. Por otro lado y aunque la Asamblea tiene también potestad para pedir una consulta sobre el tema, el mandatario retó públicamente a los sectores sociales a que recojan firmas por el 5% del padrón electoral, condición a través de la cual se podría exigir constitucionalmente la consulta.

La problemática de los “no contactados”

Varios dirigentes sociales alertan también de que una explotación petrolera en el Yasuní pone en riesgo la vida de pueblos indígenas en aislamiento voluntario como los Tagaeri y los Taromenane. El presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, aseveró que ni Correa y sus asambleístas “pueden tomar una decisión que afectará la vida de pueblos no contactados y otros seres vivos”, e informó que las organizaciones indígenas acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Naciones Unidas para que pedir apoyo en la convocatoria y realización de la consulta popular.

“Ecuador y el mundo perdieron la posibilidad de cristalizar una de las propuestas más revolucionarias que se han planteado”

Entrevista a Alberto Acosta

Por Decio Machado

Para Periódico Diagonal (29 de agosto de 2013)

Alberto Acosta fue ministro de Energía y Minas y presidente de la Asamblea Constituyente durante el actual gobierno, y tras su salida del oficialismo, candidato por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas en los últimos comicios presidenciales.  

(DM) ¿Cómo se construyó la Iniciativa Yasuní ITT?

(AA) La idea primigenia de suspender la actividad petrolera en la Amazonía surgió desde quienes sufrían los impactos de las petroleras, sobre todo de la Chevron-Texaco. Desde entonces esta Iniciativa fue construyéndose poco a poco en la sociedad civil. Cuando fui titular, en el año 2007, de la cartera de Energía y Minas, introduje la propuesta a nivel gubernamental dado que previamente había sido recogida en el plan de gobierno que llevó a Rafael Correa al sillón presidencial.

La aceptación de la Iniciativa por parte del presidente Correa fue fundamental. La utopía se convirtió en una posibilidad. Se pudo enfrentar con argumentos potentes las pretensiones de extraer el crudo del campo petrolero ITT, que habían cobrado renovada fuerza desde el año 2004. La salida salomónica -en esas circunstancias- fue establecer dos posibilidades: opción A, dejar el crudo en el subsuelo, buscando una contribución internacional, y opción B, extraerlo.

Desde entonces estuvo latente, con diversos grados de intensidad, la pugna entre estas dos opciones que reflejan con claridad dos posiciones de cómo abordar el tema petrolero y la misma forma de entender el mundo.

Lo grave fue que el presidente de la República no se cansó nunca de insistir, tal como sucedió, por ejemplo, en Cancún en el año 2010, en una de las grandes cumbres internacionales, que si no se conseguía el apoyo internacional se explotaba el petróleo del ITT. Eso sonaba a una suerte de chantaje. Ese repetitivo posicionamiento no daba señales de seguridad a los potenciales contribuyentes. Y a esto podemos añadir las agresiones, desplantes e insultos del mandatario en contra de quien osaba hacer una crítica o alguna sugerencia de cambio en relación a la Iniciativa; basta recordar lo que les dijo a los posibles contribuyentes del fideicomiso: “métanse los centavitos... por las orejas”, a inicios del 2010, cuando desarmó la comisión negociadora, lo que incluso provocó la dimisión de su canciller.

(DM) ¿Cómo vives la decisión del presidente Correa?

(AA) De forma muy desilusionante. El Ecuador y el mundo pierden la posibilidad de cristalizar una de las iniciativas más revolucionarias que se han propuesto frente a la insaciable explotación petrolera. El proyecto no era sólo económico. Hablamos de un proyecto políticamente ético, en el cual se combinaban los derechos de los grupos vulnerables (tribus en aislamiento voluntario) con los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución del 2008. El presidente Correa priorizó una visión de “mercader de petrodólares” por encima de lo que hubiera sido la de un lúcido estadista.

(DM) ¿Cuáles serán los daños por la explotación del ITT?

(AA) En Ecuador, lamentablemente, conocemos muy bien las consecuencias de la actividad petrolera, lo cual se complica aún más en una región tan frágil como el Yasuní. Pensar que el lugar de mayor densidad de biodiversidad del planeta no sufrirá efectos negativos o que ellos podrán ser minimazados con tecnología punta es como pensar que el Conde Drácula se convierte en vegetariano y podemos encargarle la administración de un banco de sangre.

(DM) ¿Porqué fracasó la Iniciativa Yasuní ITT?

(AA) El principal responsable del fracaso es el presidente Rafael Correa, que con sus vacilaciones respecto al proyecto, generó un ambiente poco propicio de confianza y credibilidad internacional en la Iniciativa. Además, el último equipo negociador del proyecto careció de ideas claras, fruto de la ausencia de un concepto definido sobre lo que significaba la Iniciativa Yasuní ITT. El presidente Correa dice ahora que “la iniciativa se adelantó a los tiempos, y no fue comprendida”, sin embargo pienso que fue Correa quien no comprendió y no estuvo a la altura de este desafío propuesto al mundo desde Ecuador.

(DM) ¿Qué pasará ahora?

(AA) La Iniciativa volvió a sus orígenes, a la sociedad, desde ella se plantea una consulta popular para que sea el pueblo el que decida el futuro del Yasuní. La definición será entre el petróleo y la vida.