"Ha corrido demasiada sangre ya en Colombia, esta es la parte que ni Uribe, ni los halcones del Pentágono, ni las redes del narcotráfico entienden"

La periodista Natalia Cabrero entrevista al sociólogo, periodista y analista político hispano-brasileño Decio Machado para Información Internacional.

En cuanto a las dos legislaturas de Uribe, ¿en qué aspectos favorecieron las políticas de Uribe a la resolución del conflicto?

Empecemos por el principio. En lo referente al conflicto que vive Colombia, el reto que afrontaba el ex presidente Álvaro Uribe Vélez tras su primera elección consistía en avanzar en la superación de la guerra interna y sus consecuencias, para lo cual se debían articular políticas institucionales dirigidas sobre los siguientes ejes: fortalecimiento institucional y gobernabilidad, lo que implicaba también ampliar el Estado a territorios donde su realidad era inexistente; necesidad de valentía en la aplicación de reformas políticas e institucionales, garantizando las libertades públicas y el derecho a la crítica y la disidencia; democratización, legitimación y fortalecimiento de la fuerza pública; defensa del respeto a los derechos humanos en un país que está en el punto de mira de la comunidad internacional; desarrollo de una política internacional independiente de los intereses de los Estados Unidos en la región; aplicación de políticas efectivas en la lucha contra el narcotráfico; así como el desarrollo de una propuesta de negociación viable y creíble para todos los actores implicados, inclusive para el conjunto de la sociedad colombiana.

Decio Machado

En su gestión, el gobierno de Uribe articuló sus ejes fuerza específicamente en el plano militar, teniendo como pilar fundamental la llamada política de “Seguridad Democrática”. Bajo este concepto tan amplio, las acciones gubernamentales se basaron en aumentar la capacidad coactiva del Estado, el control territorial y golpeó las fuentes de financiaciamiento más importantes de los grupos armados insurgentes. De esta forma, se ignoró el transfondo político del conflicto, la insurgencia quedó reducida a una cuestión de grupos terroristas al calor de los sucesos del 11-S y la política de George W. Bush definida como “guerra global permanente”. Los golpes militares sobre una guerrilla que goza de cada día menos apoyos sociales consiguieron debilitarla, pero a pesar de ello, la insurgencia aun está lejos de la derrota militar.

Sorprende y es contradictorio en este sentido, que a pesar de que la guerrilla sea considerada por el uribismo como un grupo de delincuentes comunes, su gobierno fue muy persistente en proponerle a la ONU y otros actores internacionales un papel de facilitación frente al conflicto. Sin duda es una de las múltiples contradicciones del uribismo, pues ningún gobierno solicita que la comunidad internacional desarrolle un rol de estas características frente a un grupo delictivo.

Con respecto a los resultados, se aumentó el control estatal sobre el territorio nacional, especialmente sobre las cabeceras municipales. Se dio seguridad a carreteras y ejes de conectividad, y se consiguió la desmovilización de una parte del paramilitarismo. Hay que referenciar en este aspecto, que el paramilitarismo nace del concepto desarrollado por el mismo Álvaro Uribe cuando era gobernador de Antioquia a través de las tristemente famosas Convivir, y que gran parte de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y otros grupos paramilitares se han reconstituido como bandas criminales (Bacrim) y mantienen bajo su control varias rutas de narcotráfico que anteriormente controlaban las AUC y otros grupos escindidos de estas.

¿Cree que mejoro la situación de la población y del país respecto al conflicto durante esos años?

La sociedad colombiana se entusiasmo con el discurso de los avances en materia de seguridad durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y si bien es cierto que esos avances existieron, también es de recibo reflejar que la tendencia comienza a alterarse a partir del 2007, cuando repuntan nuevamente las masacres sobre población civil, las extorsiones, la actividad insurgente y las correspondientes víctimas civiles que dicha actividad genera, el florecimiento de nuevos grupos armados, así como el incremento de bajas entre la fuerza pública consecuencia del aumento de las actividades militares. También se incrementaron los homicidios en diversas capitales colombianas, entre las que destacan Medellín y Cali. Las grandes operaciones armadas que golpearon seriamente a la insurgencia propiciaron un discurso triunfalista que en el fondo, obstaculizó la operatividad cotidiana.

¿Qué consecuencias ha tenido su política de mano dura para la población?

A pesar de que en sus discursos, Uribe ha expresado sistemáticamente mantener una posición de “tolerancia cero” respecto a las violaciones de los derechos humanos, son muchas las organizaciones internacionales, entre ellas Human Right Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), que han hecho públicos y dirigidos duros informes a NNUU respecto a las violaciones a los derechos humanos en Colombia, sobre las cuales se ha dicho textualmente: “continúan siendo graves, masivas y sistemáticas”. Le remito a la lectura de dichos informes donde encontrará amplitud de datos respecto a desplazamiento forzoso dentro y hacia fuera del país, población civil desaparecida, asesinato de líderes sindicales y comunitarios, etc.

¿Cree que fue positiva la política de Uribe para la resolución del conflicto?

El conflicto está aun lejos de resolverse, aunque parece que en la actualidad se vuelven a dar pasos para buscar soluciones reales en este sentido. Habrá que ver sus resultados, así como la voluntad real de las partes.

¿Se alejó de la situación que había heredado de Pastrana posterior a El Caguán?

Si estamos hablamos sobre si se avanzó respecto a la posibilidad de resolución del conflicto armado interno, la respuesta es que no hubo avances. Uribe no dejó un país más cercano a la paz. Si la pregunta hace referencia a lógicas militares, considero que la guerrilla está hoy más debilitada que antes, fruto de la acción militar. Entender que dicho debilitamiento te aproxima a la paz es no entender las lógicas políticas y la estrategia militar de la insurgencia colombiana.

¿Supo Uribe gestionar políticamente un país que salía del conflicto del Caguán con pocas esperanzas para la paz?

No hay esperanzas para la paz si no hay negociación real. Ya le dije que la lógica uribista se basó en la victoria militar, todo ello en decremento de salidas negociadas. La resolución del conflicto como objetivo fundamental sigue muy lejano.

¿Qué efectos tuvo en el conflicto la Ley de Justicia y Paz del año 2005?

Facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, a la par que permitir la articulación de nuevos grupos armados, las llamadas “Bacrim”.

¿Cree que en durante esos años hubo un rebrotamiento de las diferentes guerrillas?

La política de seguridad democrática dejó multitud de flancos abiertos, fundamentalmente en lo concerniente a seguridad ciudadana. La estrategia actual contra la insurgencia privilegia las operaciones aéreas y los “blancos de alto valor” –abatir a comandantes guerrilleros con alto prestigio interno-, pero continúa sin capacidad de detener las acciones guerrilleras que se reacomodaron hace ya tiempo a los nuevos escenarios y con nuevas formas de intervención militar (repliegue). La estrategia de lucha contra las llamadas bandas criminales (bacrim) no es efectiva, y aunque hay logros en materia de detenciones no se afecta a las estructuras y redes de estos grupos narcotraficantes. Por otro lado, el sistema judicial heredado por Santos de la gestión uribista es patético y está en situación crítica, la impunidad actualmente existente en el ámbito penal solo acentúa los incentivos para el crimen. Ni siquiera el actual gobierno ha sabido afrontar adecuadamente esto, lo cual le hizo perder popularidad al presidente Santos hace apenas unos meses con la fallida reforma judicial.

Desde el 2007, en muchas regiones se han incrementado los combates e incursiones de grupos irregulares. La Policía tiene más de una decena de departamentos bajo "especial atención" y aunque hay menos municipios afectados que en el pasado, la situación continua siendo muy grave. Le remito al estudio realizado el pasado año por la Fundación País Libre de Alfredo Rangel, donde podrá visualizar como han crecido las acciones guerrillas a la par que disminuye la operatividad de las Fuerzas Armadas.

¿Y la postura mantenida con Estados Unidos?

La política exterior de Uribe podría resumirse en mirar durante ocho años consecutivos al “amigo” del norte, agudizando su dependencia y perdiendo importantes opciones para insertarse adecuadamente en la región entre socios similares. Hay que recordar que cuando Uribe abandonó el Palacio de Nariño, Colombia tenía rotas las relaciones con Venezuela y Ecuador, había tensionado de gravedad sus relaciones con Brasil y no se quedaban más amigos en la región que los gobiernos conservadores de Chile y el Perú del entonces presidente Alán García.

Más allá de operaciones como la captura de Rodrigo Granda en Venezuela o la violación de la soberanía ecuatoriana en la operación de Angostura, los reales elementos de tensión generados por Colombia en la región respondieron a intereses estadounidenses y no a políticas propias provenientes de Bogotá. En concreto: el intento de utilización de siete bases militares colombianas por parte de los Estados Unidos, y la obstaculación permanente al funcionamiento interno de UNASUR.
La Cancillería colombiana desarrolló un rol propia al de una subsecretaría del Departamento de Estado de Washington. Esta realidad, combinada por los escándalos de la narcopolítica que afectaron al entorno político y familiar de Uribe, golpeó fuertemente la imagen de Colombia en el exterior.

En relación a los dos años de gobierno del presidente Santos, ¿a  qué cree que se debe el distanciamiento de su política con la de su antecesor? ¿por qué cree que Uribe tiene una postura tan clara de oposición al nuevo gobierno? ¿Qué influencia tiene en el país?

Si bien es cierto que existe un distanciamiento y enfrentamiento entre Uribe y Santos, matizaría esta cuestión desde la perspectiva de la política pública.

El gobierno del presidente Santos es conservador y como tal se comporta, lo cual supone mantener líneas de intervención afines a las desarrolladas durante la gestión de Uribe.

En materia económica la apuesta se mantiene en lógicas neodesarrollistas, apostándole al modelo exportador de recursos naturales para beneficio del mercado global, todo ello apuntalado por la inversión extranjera. En Colombia los recursos naturales se transportan, no se procesan, lo cual hace que el valor añadido quede en metrópolis muy lejanas al país. En resumen, la lógica de Santos en este sentido es exactamente lo mismo que hizo Uribe, y el proceso de negociación recién abierto con las FARC se explica en la medida en que el Estado colombiano necesita mayor seguridad con el fin de generar seguridad a la inversión extranjera y a los territorios concesionados a las transnacionales extractivas.

En materia de orden público se mantiene la ofensiva contra la insurgencia, y el inicio de acercamientos entre gobierno y FARC no conlleva la paralización de las actividades militares. La guerra interna continúa.
En materia de relaciones internacionales el lineamiento con los Estados Unidos continúa, y aunque si bien es cierto que hay una mirada más coherente respecto al entorno regional y los procesos de integración, la dependencia con los Estados Unidos se agudizará a raíz de la reciente firma TLC.

En todo caso, si se detectan cambios respecto a políticas sociales y públicas como la atención a las víctimas y la restitución de tierras para las miles de familias despojadas de ellas por el terror; así como el interés en materias como la anticorrupción, la seguridad urbana, ley de regalías o el ordenamiento territorial.

Como la política también es estilo y formas, para ser justos hay que decir que también existe un cambio de estilo. Se pasó del estilo pendenciero de Uribe –desprecio a los opositores, insultos, descalificación al diálogo con los oponentes- a formas más políticamente correctas. El gobierno de Santos visibiliza su gabinete mientras que el estilo uribista era unipersonal, más al estilo de los neopopulismos socialdemócratas instalados en los países vecinos (Ecuador y Venezuela).

Respecto a su pregunta sobre el comportamiento actual de Álvaro Uribe, pienso con sinceridad que el ex mandatario cada vez se ve más cercano a la cárcel. Su círculo más cercano políticamente ha ido paulatinamente cayendo fruto de las tramas de la narcopolítica. El conflicto entre intereses encontrados dentro del capital colombiano se decanta a favor del sector empresarial representado por Santos, Uribe ya no les hace falta. El enfrentamiento generado por Uribe a través de su twitter y su injerencia en la política venezolana no es más que una huida hacia adelante que no lleva a ningún lugar. Para los Estados Unidos Uribe ya no es ni útil ni necesario, lo que hace que sobre él recaiga la sombra de Manuel Antonio Noriega.

¿Cómo valora la Ley de tierras de Santos?

A pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Santos para impulsar e implementar la restitución de tierras, si realizamos un balance desde enero del presente año -cuando se implementó la Ley- a hoy, llegaremos a la conclusión de que sus resultados son muy escasos. Sobre todo si tenemos en cuenta que se fijó como meta 160 mil hasta el 2014 en el Plan Nacional de Desarrollo.

La Ley de Tierras no será efectiva mientras exista una deficiente institucionalidad en el país, lo que sucede tanto a nivel local como nacional, y es la consecuencia de que una gran parte de esta institucionalidad fue capturada por las redes internas del narcotráfico durante la era uribista.

De igual manera, la impunidad existente en el país actúa como un elemento obstaculizador para la restitución de tierras. Bajo la estrategia del miedo, se han asesinado a decenas de líderes de la restitución, lo cual ha generado pánico entre los beneficiarios de dicha Ley.

Por último, está en marcha un proceso de extranjerización de tierras dado que el miedo de los desplazados a regresar a sus territorios, facilita la adquisición de tierras por parte del capital extranjero.

En resumen, si las cosas siguen así, la Ley de Tierras de Santos seguirá siendo muy poco efectiva, y reposará el sueño de los justos.

¿Se han tenido en cuenta a la comunidad indígena en la Ley de protección de víctimas? ¿Qué pasos se están dando?

La comunidad indígena es la gran olvidada de los procesos no solo en Colombia, sino en el conjunto de la región.

En el caso colombiano, las comunidades indígenas son afectadas de forma desproporcionada por el conflicto armado, generándose graves efectos de desplazamiento forzado, confinamiento, víctimas de minas antipersonal, masacres, homicidios, reclutamiento, entre otras cuestiones. Problemas como los derechos indígenas a la tierra y los recursos naturales, así como su participación en la toma de decisiones que afectan a sus vidas, su cultura y sus territorios están sin resolverse y se carece de voluntad política para ello. Las enormes brechas existentes en ámbitos como los derechos económicos, sociales y culturales con respecto al resto de la población son evidentes y sonrojan a cualquier analista sobre la materia.

La precariedad en la que subsisten las comunidades indígenas colombianas reflejan la inoperancia de una legislación que pretende ser avanzada y progresista, pero nula respecto a su efectividad. Una vez más es visible la falta de voluntad política por parte de las instituciones responsables.

Los territorios indígenas en Colombia ocupan algo más de 30 millones de hectáreas, las cuales pertenecen a 710 resguardos titulados. Se tiene tierra pero no se tiene comida. Tan sólo el 7,68% (1.290 hectáreas) de estas tierras son aptas para el cultivo, y en ellas vive el 65% de población indígena. El territorio restante está en áreas de selva amazónica, sabanas de la Orinoquía y desierto en la Guajira. La pobreza indígena en Colombia se cuantifica en un 63% de su población.

¿Es favorable la relación con el exterior que mantiene Santos para la resolución del conflicto?¿Son Cuba y Venezuela tan determinantes?

Cualquier país que pretenda hacer una inserción inteligente en el sistema mundo globalizado de hoy, debe diversificar tanto sus relaciones exteriores como su comercio internacional. Seguir dependiendo del gigante del norte, el cual además agudiza por momentos su crisis existencial como imperio, es un suicidio para el futuro de cualquier país. En un mundo donde emergen nuevos países que están asumiendo un rol protagónico en el contexto internacional –BRIC más México y Sudáfrica-, un país con el potencial de Colombia debe entender sus relaciones internacionales con amplitud.

No fue Santos, fue Uribe quien llamó insistentemente a la comunidad internacional a intermediar en el conflicto armado interno. Países como Francia y Venezuela han tenido un rol destacado en diversos momentos en el ámbito de la negociación entre las partes en conflicto. Si se quiere actuar con el hígado, uno puede negar lo determinante o no de un país en materia de ayuda para resolver una guerra que se prolongo por más de cuarenta años en el país. Si un gobernante es inteligente, utilizará todos los recursos posibles para erradicar la lacra que significa para la sociedad colombiana seguir rehén de una guerra interminable que nada aporta ya para el bienestar y la construcción de un futuro común para Colombia.

Por último, unas preguntas a modo de cierre. ¿Hacia dónde cree que deben ir los pasos hacia la paz?

Se debe negociar, y eso significa que la negociación debe ser real, donde las partes tengan capacidad de generar marcos de entendimiento y concesiones tanto por un lado como por otro. Ni la insurgencia guerrillera es una organización en estricto sensu delincuencial, pues tiene su origen en una estructural injusticia social que sigue sin resolverse en el país, ni el gobierno tiene la legitimidad democrática e institucional existente en otros países. Ahí están los hechos relacionados con la parapolítica y las innumerables denuncias de violaciones de derechos humanos en el país.

Santos tiene en sus manos pasar a la historia como el mandatario que tuvo la inteligencia y la firmeza para pasar la página del conflicto armado en Colombia. Necesita entereza, sufrirá muchas presiones desde dentro y fuera del país. Personalmente dudo de su capacidad para enfrentar adecuadamente este asunto. Por su parte, tanto las FARC como el ELN, deberán valorar adecuadamente si tiene sentido su estrategia militar en la América Latina de hoy, y demostrarle al conjunto de la sociedad colombiana que no quedaron presas de las redes internacionales del narco.

Después de los gobiernos de derechas, ¿se está más cerca ahora de la paz? ¿Está Colombia preparada para la paz? ¿Se da la apertura de diálogo en un contexto adecuado?

Cualquier momento es bueno para hablar de paz. Esta ha sido una demanda histórica de la sociedad colombiana. No se ha llegado acá por la buena gestión de gobierno alguno, sino por el hartazgo existente en la sociedad colombiana. Ha corrido demasiada sangre ya en Colombia, esta es la parte que ni Uribe, ni los halcones del Pentágono, ni las redes del narcotráfico entienden.

"No habrá revolución sin democracia y a cada medida de autoritarismo se debe responder con más y más democracia"

Intervención del analista político Decio Machado en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito en el foro debate "Análisis del Debido proceso en el caso Luluncoto".

Quito, 5 de septiembre de 2012

Buenas tardes noches a todos y a todas,

Hace unos días tenía el gusto de encontrarme con mi buen amigo Ramiro Ávila, compañero de fatigas en la lucha por las libertades y el respeto a los derechos humanos y profesor en esta prestigiosa universidad. Fue Ramiro quien me puso al corriente de este evento en solidaridad con los detenidos en Luluncoto, extendiéndome su invitación a participar en él.

De manera inmediata dije sí a esta invitación. Esta contestación afirmativa a mi querido amigo Ramiro tiene la siguiente motivación: tuve ocasión de visitar y entrevistar en el Centro de Detención Preventiva del Penal Eloy Alfaro a los muchachos allí encerrados apenas una semana o diez días después de su detención. Estas entrevistas respondían a una colaboración periodística que en su momento hice con la revista más importante del país en materia de periodismo investigativo, la Revista Vanguardia, cuyo editor, Iván Flores, también nos acompaña hoy aquí.

Decio Machado

Tras salir de aquellas instalaciones penitenciarias sentí una tremenda desolación. Durante los días posteriores me pregunté en innumerables ocasiones como es posible que un proceso que se define como revolucionario y de transformación social, por muchas contradicciones que tenga a lo interno, no tenga pudor en proceder con la detención, bajo acusación de terrorismo, de un grupo de militantes y activistas sociales sobre los cuales la mayor sospecha que recae, es poseer literatura revolucionaria y entre ella, libros del comandante Che Guevara. Entonces, hoy, los que cantan al Che Guevara meten presos a los que leen al Che Guevara.

Los 10 detenidos de Luluncoto forman parte de los más de 200 activistas sociales con acusaciones de sabotaje y terrorismo que en la actualidad existen en el país. Absurdo mecanismo de criminalización utilizado por el Estado, pues todos sabemos que en el Ecuador no existe el terrorismo ni grupos que lo practiquen.

No voy a entrar en los aspectos jurídicos de este caso, no soy un especialista en la materia, y hoy conmigo comparten ponencias gentes con amplio conocimiento y experiencia en materia jurídica. Mis palabras se limitarán a intentar interpretar como puede deteriorarse de tal manera un proceso político que se supone progresista, hasta llegar a cometer atropellos sobre las libertades políticas de estas características.

Haciendo algo de memoria, recuerdo haber visto en televisión, el pasado 21 de mayo, un extracto de la presentación que hizo el Vicepresidente de la República del Ecuador, el Sr. Lenin Moreno, sobre el Informe Nacional de Derechos Humanos que se realizó en Ginebra ante las NNUU.

En dicha alocución, el Sr. Moreno enumeró uno por uno los diversos “hitos” alcanzados por el Gobierno en materia de Derechos Humanos. En dicha exposición se afirmó que el respeto a los derechos humanos es la base de la Constitución de Ecuador.

Debo indicar que coincido con el Sr. Vicepresidente de la República en que uno de los pilares de la Constitución de Montecristi es el respeto a los Derechos Humanos, es por ello que levanto la ceja y me llena de preocupación oír al Sr. Presidente de la República que la Carta Magna ecuatoriana es demasiado garantista.

Dicha Constitución define al Ecuador como un Estado social de derechos y justicia; atribuyendo derechos no solo a personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, sino también a la naturaleza. En su Art. 11 la Constitución de Montecristi explicita “la directa e inmediata vigencia de los derechos humanos”, incluso ante la ausencia o desconocimiento de normativa jurídica. Y de igual manera, a través de su Art. 98, el cual contempla el derecho a la resistencia, se indica: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”

Sin embargo, y más allá del texto constitucional, asistimos a actuaciones institucionales que no pueden ser definidas de otra forma, más que como políticas represivas que buscan la criminalización de la protesta social. Aunque desconozco en absoluto que es lo que se discute en los órganos de decisión del Ministerio del Interior y de las fuerzas de orden público, este tipo de actuar no puede ser entendido más que bajo un objetivo: el desarrollo de mecanismos de control que tienen como finalidad intimidar y neutralizar las disidencias que se consideran peligrosas, y que cuestionan las políticas emanadas desde Carondelet. De manera especial, en los ámbitos que tienen que ver con el cuestionamiento a un modelo de desarrollo obsoleto que tiene más de doscientos años de antigüedad y que acentúa sus consecuencias negativas en los países del Sur debido a su matriz extractivista.

Que triste para un gobierno que se llama revolucionario entender que sus mayores enemigos o la disidencia más peligrosa para él es la que emana de los movimientos sociales y organizaciones de la izquierda política...

Es precisamente esa lógica extractivista en los gobiernos autodenominados “socialistas” o de “izquierda”, el eslabón que les engancha con los gobiernos anteriores, es decir, con los gobiernos neoliberales predecesores. Más allá de que el neoextractivismo del siglo XXI, que no “socialismo”, pueda ejercer un margen mejor de negociación económica con las transnacionales extractivas, las consecuencias ambientales, sociales, políticas, culturales y económicas son las mismas. Y sus efectos en las lógicas autoritarias desarrolladas por los Estados, también son similares.

Los 10 detenidos de Luluncoto fueron apresados en un operativo policial que se dio el pasado 3 de marzo, precisamente cinco días antes de que arrancara la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos que llegó a Quito el 22 de ese mismo mes entre multitudes. Los detenidos fueron vinculados a la Marcha, en la medida en la que se habló de que conformaban un comando que iba realizar operaciones terroristas en este contexto político. ¿Qué se buscó entonces? Pues es de suponer que la detención de los 10 de Luluncoto podría tener que ver con generar una atmósfera de tensión en la ciudadanía del país en torno a la intencionalidad de la Marcha por la Vida. Así se entiende el hecho de que una manifestación de descontento frente a las políticas gubernamentales se la definió como desestabilizadora e incluso golpista en su momento.

Si uno hace un análisis de los casos de criminalización de la protesta social en el país, llegará a la conclusión de que estos se dan básicamente en las siguientes áreas temáticas: resistencia ante la intervención minera a gran escala, rechazo a la expedición de la última ley minera (2009), disidencias respecto al proyecto oficial de Ley de Aguas (2010), denuncias por la contaminación provocada por la minería de áridos y la pequeña minería de metales, reclamos en defensa de derechos de los pueblos indígenas, defensa de los bosques de manglar, lucha por la no privatización de espacios públicos y ancestrales, así como críticas al desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos.

A estos habría que sumar también los abusos en materia laboral y los atentados contra la libertad de expresión.
En estos procesos se criminalizan indiferentemente individuos y organizaciones: desde líderes y dirigentes sociales, pasando por autoridades públicas locales, hasta llegar a organizaciones sociales que defienden el agua, la naturaleza o sus territorios. De la misma manera, han sido criminalizadas personas o familias que de alguna manera obstaculizan la ejecución de determinados megaproyectos estatales.

En el ámbito judicial (penal y civil), se han producido una treintena de casos de criminalización cifrándose en cerca de 200 las personas implicadas. Generalmente, las denuncias en el ámbito judicial y en el administrativo involucran a varias personas y una vez avanzado el proceso terminan siendo implicados también dirigentes y líderes sociales.
Toda esta situación anteriormente descrita, evidencia la inmensa contradicción existente en el actual régimen, a la par que la mediocridad intelectual de algunas de las notables plumas del pensamiento de la izquierda internacional que todavía siguen definiendo a este proceso político como modélico y ejemplar.

Personalmente me hago una pregunta: ¿cómo es posible que un gobierno que se considera progresista pretenda controlar la movilización social?

La movilización social es un proceso de organización social que se realiza a través de formas múltiples y mecanismos varios, que busca objetivos plurales, resignificando socialmente las instituciones, los sujetos y la democracia participativa. La movilización en la práctica es la única forma efectiva de participación para diversos sectores sociales, ciudadanía y sus representaciones sociales. Sin movilización estos sectores carecen de mecanismos efectivos para intervenir en aquellos asuntos de los cuales son excluidos.

Estimados oyentes, para un gobierno que se dice revolucionario y transformador, propiciar condiciones para la movilización social y política de los sectores organizados de la sociedad, debería ser un objetivo institucional en la búsqueda de conformar mayores niveles de autonomía, organización y participación de la población en la toma de decisiones. ¿Cómo sino se puede entender una democracia participativa?

Me viene a la mente la cita de una ilustre revolucionaria llena de ternura de principios del pasado siglo, Rosa Luxemburg, quien decía: “La libertad solamente para seguidores del gobierno, solamente para miembros de un partido - por más numeroso que fuere - no es libertad. La libertad siempre es libertad de quienes piensan distinto”.

Lejos de esta visión, el régimen se ha caracterizado por el intento de controlar y domesticar a las organizaciones sociales, tratando de anular su capacidad de movilización, y entendiendo dicha movilización como un elemento de desestabilización política.

En estos momentos, el resurgimiento de la movilización social aparece como un elemento de presión política a la izquierda del gobierno, lo cual se debería entender como positivo incluso desde los sectores más progresistas que se mantienen en el actual gobierno, si es que alguno queda todavía.

La construcción de contrapoder desde las organizaciones sociales es fundamental para impedir las consecuencias históricas que para el Ecuador ha constituido el uso y abuso del poder. El objetivo central del proyecto político de la mal llamada revolución ciudadana fue el monopolio de la vida política, lo cual le llevó a pasar de la utilización instrumental de lo popular al desprecio e intento de control sobre todo tipo de articulación social.

Algunos de los grises teóricos del oficialismo tienen la indecencia de citar a Gramsci en sus argumentos en defensa del régimen, sin embargo para la Gramsci, la hegemonía es una composición de dominación y dirección, lo cual significa presencia ideológica en la sociedad y el Estado, así como el control sobre la dirección económica (control de los medios de producción). El correísmo confundió hegemonía con el monopolio de la vida política, si en algún momento se logró lo segundo, está lejos de construir una nueva hegemonía. El hecho que evidencia esto es que los grupos de capital históricos existentes en el país han ganado el 50% más de beneficios durante estos 6 años de gobierno correísta que en los 6 años neoliberales anteriores.

En la medida en que Alianza PAIS se fue constituyendo en una máquina electoral y agencia de colocación para sus afiliados en las estructuras del Estado, dicha organización dejó de ser un espacio de elaboración de un proyecto político en el seno de la sociedad, careciendo de espacios de debate y generación de participación política. Hoy en lugar de generar debates importantes en la sociedad, los intentan obstruir.

Seamos claros, sin procesos de movilización social como los que se viven en diferentes partes del planeta –la primavera árabe, los indignados españoles o el Occupy Wall Street-, no habrá profundización y radicalización en los procesos de cambio. Esto se demuestra claramente en la falta de transformaciones estructurales en el modelo de acumulación: en la actualidad, los grupos económicos poderosos nunca estuvieron mejor, y en todo caso, si queremos ver el lado positivo, los sectores más excluidos nunca estuvieron menos mal.

Los detenidos de Luluncoto son la demostración práctica del deterioro político de este régimen. No habrá revolución sin democracia y a cada medida de autoritarismo debemos responder con más y más democracia. Citando al Che Guevara: “La revolución no es, como pretenden algunos, una estandarizadora de la voluntad colectiva y la iniciativa colectiva, sino todo lo contrario, es una liberadora de la capacidad individual del hombre”.

Se criminaliza a la disidencia, se criminaliza al que resiste porque piensa diferente.

El gobierno se convirtió en algo que es igual a la Patria y el Ejecutivo pasó a estar, por dogma, libre de cometer errores: siempre tiene y tendrá razón. Sin embargo, es curioso que ya en 1870 el decreto de infalibilidad papal del Concilio Vaticano I contemplaba que hasta el Papa puede equivocarse. El Papa sí, pero el Gobierno del presidente Correa no.
Pensar diferente hoy en el Ecuador significa además cuestionar al inmenso aparato de propaganda construido desde el Estado al servicio del gobierno. Y es que ese aparato de propaganda expresa lo que ya advertía el ilustre dramaturgo irlandés Oscar Wilde en el siglo XIX: “cuanto más conservadores son las ideas más revolucionarios son los discursos”.
La propaganda oficial se ha convertido en lo que ya nos indicaban años atrás pensadores antifascistas como Max Horkheimer y Theodor Adorno, los cuales indicaban que: “la propaganda hace de la lengua un instrumento, una máquina (...).La propaganda manipula a los hombres; al gritar libertad se contradice a sí misma. La falsedad es inseparable de la propaganda. Los jefes y los hombres gregarios se reencuentran en la comunidad de la mentira a través de la propaganda, aun cuando los contenidos sean justos”.

La propaganda oficialista convirtió incluso a la verdad en una herramienta cuyo valor se mide por su capacidad de captar más adeptos y mantenerse en el poder.

Compañeros y compañeras, los detenidos de Luluncoto son un efecto colateral de las movilizaciones sociales que se emprendieron en defensa del agua, contra la mega minería y por la dignidad de los pueblos. Es responsabilidad de los movimientos sociales asumir su libertad como un objetivo político fundamental.

Quiero cerrar esta intervención haciendo público, fundamentalmente tras haber conocido personalmente la entereza de las y los compas detenidos en Luluncoto, mi compromiso con la causa por la libertad de estos jóvenes.

Don Quijote de la Mancha le decía a su escudero en un bello párrafo del más famoso libro de Cervantes: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”.

Gracias por la invitación para estar aquí y mi más solidario abrazo al conjunto de familiares de los detenidos.

Tres voces distintas y seis manos unidas en defensa de la Iniciativa Yasuni-ITT

Por Decio Machado

Entrevista realizada por el periodista y analista político internacional Decio Machado a tres voces muy diferentes sobre la viabilidad y el estado actual de la Iniciativa Yasuni ITT impulsada de forma contradictoria por el gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador.

Franco Viteri, Decio Machado, Vandana Shiva y Alberto Acosta

Los entrevistados provienen de realidades diversas pero marcada por una característica común: su apuesta por la defensa de los derechos de la naturaleza. Reunidos con Decio Machado estuvieron conjuntamente: la científica, escritora y activista social Vandana Shiva proveniente de la India que visitó recientemente el Ecuador; el actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) -estructura amazónica de la CONAIE-, Franco Viteri, activista contra la explotación petrolera en su comunidad de Sarayacu; y el economista, académico e intelectual Alberto Acosta, recientemente elegido como candidato único de las izquierdas para los comicios presidenciales que tendrán lugar en Ecuador el próximo mes de febrero.

(DM) Vandana, recientemente visitaste por invitación oficial al Parque Nacional Yasuní, considerado como la región de mayor diversidad biológica del mundo. ¿Cuáles son tus sensaciones tras ese viaje?

(VS) No conocía en Yasuní, agradezco de todo corazón a la secretaria de Estado para la Iniciativa Yasuní-ITT, Ivonne Baki, y al gobierno ecuatoriano su invitación, lo que me ha permitido poder vivir esta maravillosa experiencia.

Básicamente hay tres cosas muy importantes de las que puedo hablar tras volver de allá: primero, la enorme riqueza en materia de biodiversidad existente en el Parque Yasuni; en segundo lugar, el profundo sentido de pureza sagrada que uno siente al estar allí; y por último, la diversidad y  multipiclidad de vida existente en esta zona protegida.

Le agradezco enormemente al pueblo ecuatoriano haber imaginado y generado un proyecto de estas características. La Iniciativa Yasuní-ITT no es solo un proyecto que debe ser defendido por las comunidades indígenas afectadas, las organizaciones ambientales o el conjunto de la sociedad ecutoriana, es un proyecto vital para todo el planeta.

(DM) Franco, tu acabas de llegar del Parque Natural Yasuní por una ruta diferente a la utilizada por Vandana en su visita. ¿Cómo ves la situación en la que se encuentra el Yasuní en estos momentos?

Franco Viteri, presidente de la CONFENAIE

(FV) En efecto, acabo de llegar del Yasuni, y debo confesar que vengo mucho más preocupado que antes de viajar para allá. Aunque teníamos información de las actividades en la construcción de infraestructura petrolera que se esta realizando en el Bloque 31 y alrededor del parque, una vez allí debo indicarte que el Plan B del gobierno, es decir la lógica que se encamina a la extracción del petróleo en el ITT, está avanzando en el Yasuni. El discurso oficial a nivel internacional es bonito y seductor, el gobierno de Correa dice defender a la naturaleza, el medio ambiente y a los pueblos indígenas, sin embargo la realidad dista mucho del mensaje propagandístico.

(DM) Alberto, tu eres uno de los impulsores de esta propuesta. ¿Cuéntanos básicamente que es la Iniciativa Yasuní-ITT?

(AA) Hablamos de una propuesta que supera las visiones sectoriales e incluso la visión nacional. La iniciativa busca mantener el petróleo en tierra en el Parque Nacional Yasuní, a cambio de recursos financieros de la comunidad mundial, propuesta con la que en el año 2007, el Ecuador sorprendió al mundo.

Dicha iniciativa no tiene padre ni gerente alguno, recoge las propuestas de varias personas y organizaciones de la sociedad civil acumuladas en el tiempo, es el producto de un largo proceso de resistencias y luchas de los pueblos indígenas y los colonos de la Amazonía, así como de muchas personas que, desde otras regiones del país, acompañamos consecuentes este proceso.

La Iniciativa Yasuní-ITT constituye un punto de ruptura en la historia ambiental. Supera la etapa de los discursos sin propuestas efectivas, desarrollándose como un paso vigoroso para cuestionar la lógica del desarrollo extractivista, a la par que una opción para construir globalmente el buen vivir, entendido este como la vida en armonía de los seres humanos consigo mismos y con la naturaleza. El proyecto, en concreto, se sustenta en una visión respetuosa de la naturaleza y de las opciones culturales de los pueblos libres en aislamiento voluntario que todavía habitan en ese territorio amazónico.

(DM) Vandana, ¿te parece viable en el mundo de hoy, sometido al poder de las transnacionales petroleras, la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo que conlleva la Iniciativa Yasuní-ITT?

(VS) Al contrario que el Ecuador, la India es un país inmensamente poblado pero en el que aún dejamos espacio para la subsistencia de los animales que consideramos sagrados en nuestra cultura.

En un mundo interdependiente como en el que habitamos en la actualidad, hemos desarrollado desde la segunda mitad del pasado siglo el concepto de “aldea global” en referencia a la manera en que las nuevas tecnologías de la comunicación han transformando nuestra idea de distancia y nuestra relación con lugares y sociedades lejanas del mundo. Debo indicar que el Yasuní es el corazón de nuestra “aldea global”. Hablar del Yasuní es hablar de algo que va mucho más allá del manejo de parques naturales o de la conservación de la vida animal. Hablar de la Iniciativa Yasuní-ITT es hablar del reconocimiento que hace la Constitución del Ecuador a la Madre Tierra.

Vandana Shiva

En este sentido vale la pena matizar que la Madre Tierra merece de todos nuestros respetos. No somos nosotros los que le damos derechos a la Madre Tierra, es la Madre Tierra la que nos proporciona derechos a nosotros.

La Constitución del Ecuador a través del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ha dado respuesta a más de 500 años de explotación salvaje de los recursos naturales existentes en nuestra naturaleza. La colonización de nuestras tierras se desarrolló sobre el sacrificio de los pueblos autóctonos, de los pueblos indígenas. A partir de ahí se desarrolló la colonización de la naturaleza, de las comunidades indígenas, de las mujeres, de la cultura y del futuro. Todo ello está interrelacionado.

Por lo tanto, en consonancia con la Constitución del Ecuador, la Iniciativa Yasuní-ITT debe seguir adelante, y por lo tanto también, el petróleo existente en su subsuelo del ITT debe mantenerse en él. Trabajaremos firmes para que dicha propuesta tenga éxito a nivel internacional.

Hablar sobre los derechos de la naturaleza, implica hablar sobre la Iniciativa Yasuni-ITT, hablar sobre la descolonización de la naturaleza, y dejar de pensar en la naturaleza como algo que esta muerto. En el mundo globalizado de hoy y ante la depredación a la que está sometido el planeta, estamos obligados a pensar en la descolonización de los pueblos indígenas, la descolonización de la naturaleza y de las mujeres. Debemos descolonizar el futuro, debemos dejar de pensar egoístamente bajo el criterio de que queremos todo para el momento de hoy y empezar a pensar seriamente en las generaciones futuras y en la viabilidad del planeta.

Para mi conocer el Yasuni no fue solo una experiencia sagrada. El Yasuní se convirtió para mi en una universidad de la naturaleza y de la vida, algo que requiere la necesidad de pensar de una forma diferente. Cada cosa que necesitamos, es la naturaleza quien nos la da. Más allá del número de reptiles y pajaros existentes en el Yasuní, estamos hablando de la interconectividad de la vida. El Yasuni representa en realidad la riqueza de la vida frente a la sociedad de consumo y la riqueza material.

(DM) Franco, el gobierno ecuatoriano promueve para el próximo mes de octubre la Onceava Ronda Petrolera a través de la cual se licitarán al menos doce nuevos bloques petroleros del centro y sur oriente del país. ¿No te parece una contradicción el planteamiento de la Iniciativa Yasuní-ITT con respecto a la afectación ambiental que tendrá en territorio amazónico esta nueva ampliación de la frontera petrolera?

(FV) Cierto, vivimos efectivamente en una contradicción. Mientras se esboza un discurso ecologista en los ámbitos internacionales, el gobierno del presidente Rafael Correa ha lanzado la XI Ronda Petrolera. Pero primero de hablar de esto, quiero matizar algunas cuestiones al respecto de la Iniciativa Yasuní-ITT.

Dejar el crudo en el subsuelo del Yasuní es una iniciativa gubernamental que ha sido el fruto de la presión de los pueblos indígenas. Tenemos como objetivo en este aspecto, hacer entender a los diferentes pueblos de este mundo que debe dejar de practicar el colonialismo sobre nuestras comunidades.

Si bien en algún momento logramos actuar juntos para la defensa de la Iniciativa Yasuni-ITT, ¿qué nos asegura hoy que los fondos recaudados por esta iniciativa que llegaran al Ecuador no serán utilizados para seguir profundizando una lógica depredadora que irrespeta la naturaleza y a los pueblos indígenas? El actuar cotidiano del gobierno ecuatoriano nos genera muchas dudas e inquietudes en este sentido.

Para nosotros no es tan importante el dinero que se pueda recaudar a través de la Iniciativa Yasuni-ITT como lo es la defensa de la vida. Es desde esa perspectiva, como entendemos la propuesta revolucionaria que se encarna en la Iniciativa Yasuni-ITT. Para nosotros, el objetivo es la defensa de la riqueza natural amazónica, su espiritualidad y nuestras formas de vida tradicionales. Hablamos de una riqueza que no se puede medir en términos cuantitativos, forma parte de nuestra cosmovisión, de nosotras y nosotros mismos. No nos interesa tanto el dinero, a pesar de que lo necesitamos dada los altos porcentajes de pobreza existente en el mundo indígena. La pobreza en el mundo indígena está cuantificada oficialmente en un 60%, algo vergonzoso. Lo que buscamos es que la gente aprenda algo de como nosotros amamos la vida, una vida en la que hombres y mujeres son un elemento mas en el contexto de la naturaleza y por lo tanto pretendemos vivir en armonía con ella.

Volviendo a lo concerniente a la XI Ronda Petrolera, la CONFENIAE ha denunciado recientemente a la opinión pública que la Constitución ecuatoriana y los derechos de los pueblos indígenas han sido atropellados al implementarse irresponsablemente el Decreto Ejecutivo 1247 –emitido el 19 de julio de 2012- correspondiente a la consulta previa, libre e informada para la extracción de hidrocarburos, el mismo que ya está siendo aplicado sin ningún tipo de consulta.

La Declaración de NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Tratados, Convenios y Pactos sobre derechos indígenas y colectivos en el marco de los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no han sido acatados a plenitud por el régimen.

La campaña publicitaria y mediática desplegada por el gobierno en las comunidades amazónicas, así como el proceso de socialización impulsado para promover la XI Ronda Petrolera, utiliza información parcializada hacia los intereses extractivistas, que convierten al pueblo en un simple receptor de información. Los relacionadores comunitarios están haciendo un trabajo de colonización y alienación al transmitir las supuestas bondades de las políticas públicas del Estado a las comunidades ya que es más fácil negociar con las comunidades que han perdido todo.

(DM) ¿No existe entonces Franco, según tu visión, una consulta real a las comunidades indígenas?

El Estado ecuatoriano ha reducido la consulta previa, libre e informada a una simple charla de información de socialización de funcionarios de la Subsecretaría de Hidrocarburos que no cumplen los parámetros que determina el Sistema Interamericano pero que si han servido para confundir a la opinión pública y a algunos miembros de las nacionalidades quienes con botiquines regalados por dicha subsecretaría han dado sus rúbricas como es el caso de la comunidad Sápara, quienes están sufriendo la intromisión del gobierno y causando división en su territorio.

Cabe recordar en este sentido, que la Nacionalidad Sápara fue declarada por la UNESCO como “patrimonio oral e inmaterial de la humanidad”. Tememos seriamente la intervención de las fuerzas armadas para llevar adelante la implementación de la XI Ronda Petrolera en las comunidades que se opongan a la extracción de sus recursos naturales.

(DM) Alberto, explícanos cuales son los orígenes y en que consiste el Plan A y el Plan B del gobierno respecto a la Iniciativa Yasuni-ITT, cual es el estado de las tensiones internas entre los que defienden una posición y otra.

La Iniciativa ITT, en referencia a las reservas petroleras del corredor Ishpingo-Tambococha-Tiputini, ubicado en el Parque Yasuní y que representa apenas una fracción de este parque, fue asumida oficialmente por el presidente Correa en la sesión del directorio de Petroecuador del 30 de marzo del año 2007. La posición asumida por el presidente Correa zanjó transitoriamente la pugna existente entre el Ministerio de Energía del cual yo era en aquel momento titular, y que proponía dejar el crudo en el ITT a cambio de una compensación económica internacional, y Petroecuador, quien aceleraba subrepticiamente la firma de acuerdos de intención para llegar a la extracción del crudo allá existente.

Alberto Acosta, candidato presidencial por la Unidad Plurinacional

Desde ese momento se aceptó el Plan A como primera opción, es decir, dejar el crudo represado en tierra, con el fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida es considerada siempre que la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo, lo cual se valora económicamente en unos 3.600 millones de dólares.

Esta decisión es innovadora y contradijo la lógica dominante en el planeta, la cual se basa en extraer hasta la última gota de crudo de los yacimientos descubiertos en cualquier lugar del mundo.

Mantener el crudo bajo tierra en el campo ITT tiene importantes implicaciones éticas, sociales e incluso económicas, y como bien indica Franco, no todas cuantificables en términos monetarios. En primer lugar, evitaría la extinción de la cultura waorani, cuya subsistencia se ha basado en la caza, recolección y agricultura itinerante. Es un hecho que la actividad petrolera y la permanente y expansiva explotación de los bosques han afectado irreversiblemente a la mayor parte de la población waorani y a otros grupos indígenas. Se trata de salvar a los pocos que quedan a salvo del asedio occidental: los tagaeri, los taromenane y los oñamenane.

Por otro lado, a través de esta propuesta, se evitaría la emisión de unas 410 millones de toneladas métricas de CO2; es decir, ahorraría al mundo el costo de su abatimiento.  Evitaría también los efectos de la deforestación causada por la explotación petrolera. Las reservas de petróleo del ITT se encuentran bajo un territorio que consta de la mayor biodiversidad concentrada del planeta, donde existen al menos 165 especies de mamíferos, 110 de anfibios, 72 de reptiles, 630 de aves, 1.130 de árboles y 280 de lianas, sin contar con innumerables especies de invertebrados todavía no clasificados.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el presidente Rafael Correa ha mantenido posiciones inconsistentes y contradictorias respecto a dicha propuesta, ambigüedad que pone en riesgo la Iniciativa Yasuní-ITT. Nos encontramos con que periódicamente se hacen compromisos públicos por el Plan A, al tiempo que se amenaza con desarrollar el Plan B, la explotación del crudo existente en el Yasuní. Esta situación genera dudas en la comunidad internacional, condición que es utilizada por está para no apoyar de forma contundente una iniciativa que coincide en tiempos con una grave crisis económica a nivel internacional.

(DM) Entiendo Vandana que la riqueza para ti no significa necesariamente dinero. Sin embargo la Iniciativa Yasuní-ITT se soporta sobre aportaciones económicas provenientes de la comunidad internacional. ¿Cómo ves eso?

Por su puesto que la riqueza no implica necesariamente dinero. En el Yasuni uno puede experimentar la riqueza de la naturaleza. Uno experimenta el bienestar simplemente por el hecho de estar allí. Sin embargo, esto no es así en el mundo de las corporaciones.

Simplemente cruzando el río Napo, ya no se aprecia esa gran riqueza de pájaros y monos, lo que se ve es una gran cantidad de camiones transportando materiales y maquinaría al servicio de la extracción del petróleo.

Uno debe ser fuerte con los valores de su cultura. El Yasuni es fuerte en si mismo, es una fuente de fuerza para la vida, es allí donde esta el valor real de las cosas, lo que se refleja en el valor real de dejar el petróleo en el subsuelo. Yo diría que no podemos darnos el lujo de destruir uno de los pocos lugares del mundo donde la naturaleza y la vida están intactos.

(DM) En 7 mil millones de dólares cuantifica el gobierno del Ecuador el valor del crudo enterrado en su subsuelo.

¿Qué son los 7 mil millones de dólares que están enterrados en su subsuelo? Las compañías transnacionales que comercializan semillas genéticamente modificadas -transgénicas- obtienen mucho más de 7 mil millones de dólares de beneficio. Se han gastado mucho más de 70 mil millones de dólares en salvar a los bancos de Wall Street. El dinero que se gastó para salvar a Wall Street carece de valor si se compara ante el  compromiso que tiene que ver con salvar esta riqueza natural. Es un reto que el conjunto de la humanidad debe asumir, es parte de la lucha por la vida.

Y por otro lado, yo confió que sea la sociedad del Ecuador sea quien asuma el compromiso de dejar el petróleo en el subsuelo del Yasuni. Yo personalmente asumo el rol de impulsar la iniciativa internacional del Yasuni, y acepté hace unos días la propuesta realizada por la Secretaria de Estado Ivonne Baki de ejercer como embajadora de buena voluntad para recaudar fondos que den viabilidad a la iniciativa. La Iniciativa Yasuní-ITT lleva al Ecuador al centro de los derechos de la naturaleza a nivel internacional.

(DM) Ecuador en la actualidad extrae unos 500 mil barriles de petróleo diario y se pretende ampliar la extracción a través de explotación de nuevos campos. Paralelamente el pasado 8 de marzo se firmó la primera concesión para minería a gran escala en una zona altamente sensible con la transnacional china ECSA, y en la actualidad se modifica la legislación para facilitar la firma de una nueva concesión en ese territorio con una empresa de similares características llamada Kinross. Sin embargo, la agenda estratégica nacional, así como el Plan Nacional del Buen Vivir y la propia Constitución hablan de avanzar a una sociedad postextractivista. ¿Te parece que esa es la hoja de ruta para llegar a una sociedad postextractivista Vandana?

(VS) Pienso que el extractivismo actual es una contradicción a todo lo escrito en la Constitucion del Ecuador. La Constitución debería ser la línea base sobre la cual se define el paradigma para el buen vivir y la conformación de una futura sociedad posextractivista.

Debemos pensar en que no siempre tendremos recursos para educación, salud y demás cuestiones a través de la explotación de recursos naturales, tenemos que renovar la economía de los países. Veamos en Ecuador cuales son los  daños causados por Chevron Texaco y cuales son sus consecuencias, y ahora pensemos que aunque la Chevron pagase todos los daños que ha causado nada será igual ya en las zonas que contaminaron.

En la actualidad las comunidades indígenas son consideradas como culturas primitivas, sin embargo pienso que son ellos los que nos van a dar el camino para seguir adelante. Debemos superar el concepto por el cual las corporaciones son consideradas en decremento de los ciudadanos, entendiendo que estas son las que nos van a generar el dinero que necesitamos.

Tenemos que dirigirnos hacia los derechos de la naturaleza, esa es la gran valía de proyectos como la Iniciativa Yasuní-ITT, debemos caminar hacia una nueva ideología.

(DM) Franco, ¿cómo se llega a lo que nos plantea Vandana?

Franco Viteri

(FV) Para nosotros, los pueblos indígenas, visualizamos el desarrollo desde una perspectiva diferente. Nosotros no tenemos muchas cosas, pero lo más importante para nosotros es estar al aire libre, y sentirnos en contacto con la naturaleza y formar parte ella, así como cultivar la convivencia comunitaria y familiar.

Observamos cosas ridículas que se hacen en nuestro territorio, como el hecho de que se esté construyendo una ciudad del milenio en Pañacocha minusvalorando el conocimiento ancestral y las formas de vida locales. Se mete cemento en la selva y otros materiales constructivos nocivos y alejados de nuestra cultura, tradición y formas de vida. Seguimos viviendo la prevalecencia del pensamiento único. En la selva el pensamiento es diverso, y exigimos el respeto a nuestra cultura, nuestras formas de vida y organización social. Trabajemos con sentido común y razón.

(DM) Alberto, ¿Cuál es la propuesta en este momento para salvar el Yasuní-ITT?

Una vivencia en el Yasuni nos da una nueva forma de entender la vida. Todos los habitantes del país deberían poder visitar alguna vez el Parque Nacional Yasuni para entender que todos los seres vivos tienen una razón de ser.

Hace cuarenta años comenzó la actividad petrolera en Lago Agrio, nombre por cierto que proviene del primer pozo petrolero de la Texaco en la región. Un agosto de 1972 comenzamos a exportar petróleo y pensamos que todos los problemas se iban a resolver exportando petróleo. Estábamos a las puertas del desarrollo se nos decía, algo parecido a lo de hoy. Tras 4.500 millones de barriles de petróleo extraídos en 40 años, Ecuador de no se ha desarrollado y las provincias amazónicas son las mas pobres del país. ¿Porque repetir lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes?

Lo interesante de la Iniciativa Yasuní-ITT es que nos abre la puerta a buscar soluciones para toda la humanidad. Ya no se trata de recibir fondos en base a una compensación, se trata de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Todos debemos proteger a la naturaleza, pero hay unos que tienen mayor responsabilidad en la situación actual de deterioro en el planeta que otros. Vamos a requerir no solo un Yasuní, sino dos, tres, cinco, diez y mil Inicitivas Yasuní-ITT para defender al planeta.

Debemos entonces inventar una nueva opción, el Plan C: vamos a defender el Yasuní aunque no tengamos un solo dólar. Debemos transformar al Yasuni en una herramienta para grandes transformaciones internacionales. Pero para ello necesitamos un gobierno coherente que no se desdiga permanentemente y que además actúe consecuentemente con sus objetivos. No se puede explotar el petróleo en el Bloque 31, el cual está al interior del Yasuní y pone en riesgo al conjunto del ITT. Además se debería llegar a acuerdos con el Perú para ampliar la zona protegida hacia el país vecino.

La Amazonia ha sido nuestra zona de colonización, ha sido la periferia de la periferia. No podemos seguir tratando a la Amazonia como el patio trasero de la Republica. Para ello debemos desmercantilizar la naturaleza, debemos ver el verde de los árboles y no el verde los dólares en el Yasuní. La Iniciativa trata de construir un esquema de justicia ecológica global, para ello, el factor fundamental no esta basado en la lógica del dinero.

(DM) ¿Cómo ves Alberto la Onceava Ronda Petrolera?

Vandana Shiva y Alberto Acosta

La XI Ronda Petrolera no es más que la continuidad de la lógica extractivista del actual gobierno. Generará graves conflictos sin tener siquiera una gran expectativa económica de extracción de petróleo. Se estima entre 100 y 120 millones de barriles de petróleo lo contenido en el subsuelo correspondiente a los pozos implicados en la XI Ronda Petrolera, mientras que en el subsuelo del Yasuni hablamos de entre 850 y 900 millones. Desde un punto de vista social, todas las comunidades indígenas serán afectadas. Y desde la perspectiva ambiental, destruir en centro sur de la amazonia es algo que no nos van a perdonar nuestros hijos ni nuestros nietos.

(DM) ¿Algo que añadir Vandana? 

(VS) Quiero indicar que efectivamente, se debe replicar la Iniciativa Yasuní-ITT, evitar que los ríos y mares se contaminen y que los últimos bosques sean destruidos. Debemos trabajar para luchar contra las semillas genéticamente modificadas, y luchar contra el poder de las corporaciones. A su escala, cada semilla libre es igual a un Yasuní.

Un socialismo del siglo XXI con más de 100 años de existencia

Por Decio Machado // Revista Rupturas

El socialismo del siglo XXI es un concepto que aparece en la escena mundial en 1996, a través del sociólogo y analista político alemán Heinz Dieterich. El término adquirió difusión mundial a partir de que el presidente Hugo Chávez lo mencionara durante un discurso en el V Foro Social Mundial, el 30 de enero de 2005.

Según su obra Socialismo del Siglo XXI,  Dieterich determina un modelo de Estado que se inspira en la filosofía y la economía marxista, y que se sustenta sobre cuatro pilares: el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y las organizaciones de base.

Dieterich descubrió la aplicación práctica de sus teorías en la Venezuela chavista, gobierno del que fue asesor hasta 2007, momento en el que cayó en desgracia para el régimen. A pesar de que varios gobiernos latinoamericanos mantienen como definición ideológica el socialismo del siglo XXI, tanto para bien como para mal, todos ellos han hecho renuncia de la mayoría de las tesis teóricas esbozadas por el pensador alemán.

A mediados del 2006, el presidente Chávez expresaba públicamente: "Hemos asumido el compromiso de dirigir la Revolución Bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad". Y con notable indefinición sobre su hoja de ruta proseguía: "debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada día".

Más tarde, el 8 de enero de 2007, Chávez le diría a la jerarquía eclesiástica venezolana durante el acto de juramentación de una recomposición de su gabinete: “Les recomiendo a los obispos que lean a Marx, a Lenin, que vayan a buscar la Biblia para que vean el socialismo en sus líneas, en el viejo y nuevo testamento, en el sermón de la montaña”. Este mismo día Chávez se definió también como trotskista e identificó al socialismo del siglo XXI como una doctrina que posee elementos ideológicos tan variados como el marxismo-leninismo, el trotskismo y el socialismo cristiano.

Para Chávez, el primer elemento sobre el que se articula el socialismo del siglo XXI es su vinculación con la práctica política que tuvo sus orígenes en la década de los 80 con el diseño de lo que vinieron a llamar el “árbol de las tres raíces”: raíz bolivariana –planteamiento afrancesado sobre la igualdad y la libertad, combinado con la visión regional de integración latinoamericana-; raíz zamorana –basada sobre la figura de Ezequiel Zamora, espíritu romántico de los liberales de su tiempo y combinado con fuerte reivindicación de reforma agraria-; y raíz robinsoniana –basada en la figura de Simón Rodríguez, tutor de Bolívar y uno de los precursores de la educación popular en América Latina-. El tronco de este “árbol de las tres raíces”, a su vez impregnado de marxismo, es el pilar sobre el que se sustentó inicialmente la ideología del proceso bolivariano y el socialismo del siglo XXI en Venezuela.

En medio de semejante “tutti frutti” ideológico, el presidente Chávez afirmaba que el primer socialista de la historia de la Humanidad fue Cristo, y que por lo tanto el socialismo del siglo XXI debe nutrirse de las corrientes más auténticas del cristianismo.

Bajo el discurso del socialismo del siglo XXI, a Chávez le siguieron Evo Morales en Bolivia (enero del 2006), y Rafael Correa en Ecuador (enero del 2007).

Pero más allá del debate filosófico sobre la religión, hay varios elementos que marcan la diferencia entre el socialismo del siglo XXI y las diversas alternativas revolucionarias que se ido construyendo a lo largo de la historia.

Remontándonos al pasado

Tras la muerte de Friedrich Engels (1895), el alemán Eduard Bernstein, considerado como el padre del revisionismo y uno de los fundadores de la socialdemocracia, plantearía entre otras cuestiones, que el socialismo no se construiría como consecuencia de la toma del poder por parte de fuerzas revolucionarias, sino fruto de la acumulación de pequeños cambios producidos por la acción social dentro de los límites establecidos por las necesidades mismas del desarrollo económico. Bernstein entendía como fundamental combinar y armonizar las ventajas de una economía capitalista, prestando especial atención a las fuerzas productivas que el capitalismo genera, sin cuestionar la propiedad privada de los medios de producción, aunque sí contemplando una necesaria regulación estatal del mercado y la economía.
Si observamos las políticas propugnadas por los llamados gobiernos “revolucionarios” de Venezuela, Bolivia o Ecuador, podremos comprobar que en ningún momento dichos gobiernos han cuestionado al capitalismo, sino más bien se ha procedido a mejorar las condiciones económicas de los sectores más debilitados a través de fuertes programas asistenciales e incrementos salariales superiores a los desarrollados en la época neoliberal.

De igual manera, tras el neoliberalismo que dejó al Estado reducido a su mínima expresión, los gobiernos del socialismo del siglo XXI reconstruyeron dicho Estado,  incrementando notablemente su intervención sobre el mercado y convirtiéndolo en ejes motores de sus respectivas economías nacionales.

El presidente Correa resumía muy bien esta cuestión en referencia a su gestión: “básicamente estamos
haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa” (El Telégrafo, 15/01/12).

Para Bernstein, las instituciones políticas creadas por el liberalismo eran un avance fundamental de la humanidad y los socialistas lo que debían hacer era mejorar dichas instituciones en lugar de cuestionarlas. El viejo socialdemócrata consideraba fundamental la permanencia del sistema parlamentario de representación, lo que en la práctica significó en Europa la imposibilidad de desarrollar políticas dirigidas a la consagración de la democracia participativa, radical y directa, hoy tan demandada por los movimientos contestatarios a la crisis actual.

A ese respecto, los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI –especialmente Bolivia y Ecuador- no han buscado fortalecer los niveles de autonomía, organización y participación de la sociedad en la toma de decisiones, como tampoco han desarrollado políticas de resignificación social de sus instituciones. En lugar de eso, estos gobiernos se han caracterizado por intentar controlar a través de políticas clientelares a las organizaciones sociales, anulando su anterior capacidad de movilización –por considerarla un factor de desestabilización política- y criminalizando la protesta social.

En contraposición, basta ver como el partido de gobierno en Ecuador procesa como metodología de selección para sus candidatos a legisladores ante el próximo comicio electoral, un mecanismo que combina la popularidad con los niveles de lealtad hacia su líder, ignorando procesos democráticos internos que pudieran contemplar mecanismos de primarias u otros por los cuales participe el conjunto de la sociedad.

De igual manera, la búsqueda del estado del bienestar por la socialdemocracia europea, es confundida por los gobiernos del socialismo del siglo XXI con los objetivos plasmados en las constituciones de Bolivia y Ecuador de la búsqueda del Buen Vivir (suma qamaña en Bolivia o sumak kawsay en Ecuador), ignorando así que el concepto del Buen Vivir nace en la periferia social de la periferia mundial carente de los elementos engañosos del desarrollo convencional que ha conocido mundo industrializado.

En resumen, el llamado socialismo del siglo XXI no pone en cuestión ni la economía de mercado, ni la propiedad de los bienes de producción, ni tampoco el sistema de precios, con lo cual carece de elementos nuevos que merezcan destacarse, quedando lejos de la fórmula planteada por el marxismo de Mariátegui en cual indicaba que “tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano”.

Contradicciones socialistas

Es desde esos parecidos con la socialdemocracia europea desde donde se puede entender que los procesos latinoamericanos que se denominan a sí mismos como los más radicales, generen incongruencias en el ámbito del sector financiero privado como las siguientes:

• En Venezuela, la Superintendencia de las instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ha definido el pasado mes de abril a este período como “el mejor momento en su historia”, haciendo referencia a la situación actual de la banca. La Sudeban calificó con 71.67 puntos la salud de su sistema bancario, aplicando el método internacional de evaluación Camel, el cual toma en cuenta aspectos como: suficiencia patrimonial, calidad de activos, gestión administrativa, liquidez y rentabilidad. Así, los primeros siete bancos privados en ganancias para abril de 2012, obtuvieron unos resultados netos de 4.951 millones de bolívares. Según fuentes oficiales, en julio del 2011, la banca privada había ganado ya un  81,7% más que en el mismo período del año anterior, pasando de 498,5 millones de dólares a mediados de 2010 a 846,2 millones doce meses después, todo ello a pesar de la que economía se había contraído un 7,1%.

• En Bolivia, según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) se revela que las utilidades que obtuvieron las entidades pertenecientes al sistema financiero a junio del 2011 fueron de 176,2 millones de dólares, superando en 7,88% las obtenidas por este sector durante toda la gestión 2010. Son 21 grupos corporativos, empresariales y de inversiones los propietarios de todo el sistema bancario boliviano.

• En Ecuador, el crecimiento acumulado del sector bancario privado fue durante los tres primeros años de gobierno de Correa (2007-2009) un 70% superior al de los gobiernos  neoliberales anteriores en el mismo período. En 2010 el sector bancario privado alcanzó un 15’4% de utilidades más que en el ejercicio 2009, y en el 2011 un 52% que en el ejercicio 2010, aproximándose sus utilidades a 500 millones de dólares.

Y similares incongruencias encontramos respecto al sector económico privado:

• En Venezuela, el mismo presidente Chávez declaró el pasado 18 de mayo que el crecimiento del sector privado está por encima del público. Pero no solo es el sector privado que más crece, sino que si consideramos el excedente de explotación venezolano, concepto que comprende los pagos a la propiedad (intereses, regalías y utilidades) y las remuneraciones a los empresarios, así como los pagos a la mano de obra no asalariada, veremos que este pasó del 49,02% en 1999 al 61,30% en el 2010. Es decir, los 400 mil empresarios existentes en Venezuela se llevan mayor parte de la tarta, por encima del trozo que le corresponde a los 14 millones de trabajadores asalariados existentes (sumados trabajadores formales e informales). Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela y a pesar de las mejoras respecto al índice Gini en el país, tras más de una década de gobierno “revolucionario”, el 20% de los hogares con mayores ingresos económicos devenga el 45,56% del ingreso total, mientras el 40% de los hogares más pobres apenas se apropia del 15,1% del ingreso.

• En Bolivia, hasta noviembre del 2011, las recaudaciones  fiscales lograban un record histórico. Según el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, el ingreso tributario más importante es el Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE), que representa el 24% del total de las recaudaciones impositivas. Dicho monto representa que prácticamente un cuarto de los ingresos de impuestos que recibe el Tesoro, y está generado por las utilidades proporcionadas por el sector privado. Arce se congratulaba de dicha situación indicando que “le está yendo muy bien al sector privado, porque están pagando grandes cantidades por el Impuesto a las Utilidades Empresas. Y nos alegramos que les vaya bien a los empresarios privados, porque mientras sigan contribuyendo (…) a las recaudaciones tributarias, el país seguirá teniendo estos récords de recaudaciones impositivas”.

• En Ecuador, tras más de cinco años de gobierno de la revolución ciudadana, 62 grupos económicos concentran el 41% del PIB, teniendo el sector privado un beneficio superior al 54% del que obtuvo durante los mismos períodos de gobiernos inmediatamente anteriores a Correa, los cuales eran de perfil neoliberal.

En resumen, el llamado socialismo del siglo XXI, carente como se puede ver del histórico concepto de lucha de clases, ha permitido que en sus respectivos países, los sectores excluidos de la sociedad nunca estuvieran menos mal, y que sus grupos económicos poderosos nunca estuvieran mejor. Algo muy parecido al rol desarrollado en Europa por la socialdemocracia durante la segunda mitad del siglo pasado.

El golpe contra Paraguay y el nuevo escenario político

LOS CONSERVADORES DEL SENADO, DESTITUYEN AL PRESIDENTE LEGÍTIMO FERNANDO LUGO

El golpe contra Paraguay y el nuevo escenario político

El golpe de Estado protagonizado por los representantes de los partidos conservadores mayoría en el Senado, devuelve a la oligarquía al poder. El presidente legítimo Fernando Lugo ha sido destituido tras un ’juicio’ que cuestiona la democracia en Paraguay.

DECIO MACHADO / QUITO (ECUADOR)
www.diagonalperiodico.net  //  NÚMERO 177

Lugo pagó caro, con su destitución fulminante tras juicio sumarísimo, la muerte de seis policías y once campesinos durante un desalojo de "sin tierras" el pasado día 15 en la hacienda del político y empresario "colorado" Blas N. Riquelme en Curuguaty (nordeste del país).

El Senado destituyó a Fernando Lugo tras hallarlo culpable de mal desempeño en sus funciones, en el juicio político impulsado desde el Congreso por los conservadores Alianza Nacional Republicana –histórico Partido Colorado-, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido UNACE, el Partido Patria Querida y el socialdemócrata Partido Democrático Progresista.

Los cambios al frente de la cúpula policial y su promesa de encomendar la investigación a una comisión especial con apoyo de la OEA no calmaron los ánimos de una oposición furibunda que lejos de importarle la situación del campesinado paraguayo llevaba meses esperando una coyuntura política como esta.

Entre el 15 de junio, día de los sucesos de Curuguaty y el 22 de junio, fecha de su destitución, Fernando Lugo volvió a revivir la inestabilidad política que le ha acompañado de forma constante en estos casi cuatro años de gestión. En ese sentido, es importante recordar como en noviembre de 2009, Lugo se vio obligado a recambiar gran parte de su cúpula militar tras haber recibido reportes creíbles deque estaban conspirando en contra de él en complicidad con su oposición política.

Su trayectoria

Lugo, quien como obispo se destacó como defensor de los pobres y de la Teología de la Liberación, consolidó su liderazgo social en la empobrecida Diócesis de San Pedro Apóstol, donde su trabajo religioso estuvo enfocado a mejorar el bienestar de su pueblo.

El creciente liderazgo social de Lugo y su influencia sobre los sectores más pobres de Paraguay pusieron en alerta a El Vaticano, que le advirtió que debía abandonar sus aspiraciones políticas y dedicarse en exclusiva a su labor pastoral.

Con el respaldo del Partido Liberal –quien le aportó entorno al 75% de los votos- y una coalición de movimientos sociales populares en lo que se conoció como Alianza Patriótica para el Cambio, Lugo concurrió como candidato presidencial a las elecciones generales del 20 de abril de 2008, en las que se impuso con el 40,82 por ciento del sufragio, aunque los "colorados" mantuvieron su mayoría en el Legislativo.

Sin embargo, la Presidencia de la República fue una carga demasiada pesada para el ex obispo, quien defraudó como el depositario de la esperanza de un pueblo que aspiró a cambiar el oscuro escenario político de su país, gobernado por el Partido Colorado desde hacía 61 años, período durante el cual la mayoría de este tiempo (1947-1989) fue una dictadura. Lugo, incapaz de tejer alianzas adecuadas que le permitieran cumplir sus promesas electorales, se alejó de su electorado tras una serie de escándalos sexuales y el incumplimiento respecto a la reforma agraria.

La alianza anti-natura desarrollada entre Lugo y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que llevó a Federico Franco a la vicepresidencia, generaron una fricción permanente que finaliza el pasado 22, con la destitución del ex obispo paraguayo. Ante el horizonte de las presidenciales del próximo año, faltaban 14 meses de gestión de Lugo, el PRLA entendió que era el momento de desembarazarse del ex obispo y asumir la presidencia del país por primera vez desde que el partido fuera refundado en la clandestinidad en 1978, como oposición a la dictadura del general Stroessner.

Carente de organización política propia y bases de apoyo estructuradas, los conflictos entre Lugo y su vicepresidente Franco, le llevaron a aproximarse a los colorados. Esta nueva alianza política se visualizó cuando el día después de los asesinatos de Curuguaty, Lugo nombra como nuevo ministro del Interior a el ex fiscal colorado Rubén Candia. La torpeza política de Lugo, decidió la actual posición de los liberales, quedando desamparado en las Cámaras.

El nuevo escenario político

En la actualidad se abre un nuevo escenario en la política paraguaya. Por un lado, los colorados tienen una disputa interna por quien será su candidato en los próximos comicios electorales, con altas posibilidades de que su binomio sea encabezado por el empresario conservador Horacio Cartes.

Por otro lado, y ya desde el poder, el PRLA, quien gobernará el país los próximos 14 meses, pretende invertir las tendencias de intención de voto favorables a los colorados, a través de la gestión del recién nombrado presidente Franco.

Entre tanta estrategia electoral, los movimientos sociales paraguayos quedan en la encrucijada. Estos, desde una postura crítica pero no de confrontación con el gobierno del ex presidente Lugo, se mueven en la actualidad entre dos vías: la radicalización de sus posiciones o intentar construir una propuesta electoral para el próximo año.

¿Al borde de los transgénicos?

Por Decio Machado y Benito Bonilla / Revista Vanguardia (semana del 18 al 24 de junio de 2012)

En su visita del pasado 11 de mayo a Cutuglagua en el sur de Quito, el presidente de la República, Rafael Correa, recorrió las instalaciones de la estación Santa Catalina, propiedad del Instituto Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (Iniap).

Allá, el mandatario llamó duramente la atención a los representantes de esta institución por no estar apoyando adecuadamente el desarrollo del sector agrícola en el país. Contrariado entre otras cuestiones por la no experimentación con semillas transgénicas por parte de los técnicos del laboratorio de biotecnología del Iniap, de hecho algo prohibido y condicionado en el articulo 401 de la Constitución de Montecristi para este tipo de semillas. El presidente Correa manifestaba que esta situación se debía a "un error de los noveleros de siempre, que son los defensores de la Pachamama, y que no tienen el menor criterio académico", en alusión a las organizaciones sociales, campesinas e indígenas que han defendido históricamente que el Ecuador sea un país libre de cultivos y semillas transgénicas.

Para Ana Lucía Bravo, vocera de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt), las declaraciones del mandatario generan preocupación. "Nuestra Constitución es el resultado de un proceso participativo y democrático. Es también un ejemplo para el mundo, por eso sus mandatos deben ser respetados y garantizados por el Estado y la sociedad en conjunto", indica la ambientalista, añadiendo que el modelo agrícola del Ecuador debe apuntar a un nuevo paradigma que enfrente los retos actuales del cambio climático, la dependencia petrolera y los incrementos continuos sobre el precio de los alimentos.

En esa línea de pensamiento, desde hace más de una década, múltiples organizaciones sociales, indígenas, campesinas han rechazado la introducción de cultivos y semillas transgénicas al país. Según Bravo, "en los últimos doce años  se ha dado una presión muy fuerte y permanente sobre los diferentes gobiernos ecuatorianos para liberalizar el uso de transgénicos. Hubo múltiples visitas de especialistas norteamericanos en esta materia al Ecuador, se desarrolló un cuestionado reglamento de Agro-Bioseguridad, así como la propuesta de Ley del 2002 sobre Biodiversidad". El conflicto reabierto por el presidente Correa parecía haber culminado en el 2008, con la elaboración del Artículo 401 de la Constitución, según el cual se declara al país "libre de cultivos y semillas transgénicas". A escala internacional son muy pocas las empresas transnacionales que monopolizan la producción de semillas transgénicas, desplazando la agricultura orgánica, controlando los precios de los alimentos y eliminando a los campesinos e indígenas de la producción agropecuaria tradicional.

El poder de dichas transnacionales se demuestra en el cable, cuya referencia es 10QUITO54, emitido el 15 de enero de 2010 por la embajada de los Estados Unidos en Quito, y filtrado a los medios por Wikileaks. En él se indica que la excepción a la prohibición incorporada en el Artículo 401 de la Constitución, en el cual se dice que "excepcionalmente, y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados", es el "resultado de las presiones en Ecuador de influyentes agronegocios".

El wikicable revela a su vez la voluntad por parte de la embajada estadounidense de financiar el viaje de un "grupo clave" de periodistas a los Estados Unidos con el fin de influir en "el debate nacional sobre la biotecnología", indicándose que "Ecuador es un mercado comercial para estos productos, (en el 2008, Estados Unidos exportó al Ecuador más de USD 33 millones en harina de soja y más de USD 44 millones en los cereales secundarios), está en el interés del gobierno de Estados Unidos obtener apoyo público para la biotecnología".

A finales del 2010 apareció en la página web del Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), un documento denominado "Armonización de la propuesta de Reglamentación sobre la Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados con la Nueva Constitución". Este era una nueva versión del proyecto presentado años atrás dentro del Marco Nacional de Bioseguridad, el cual pretendía que la excepción constitucional se convierta en la norma. Esta situación derivó en que decenas de organizaciones sociales, campesinas e indígenas de todo el país manifestaran su repulsa a dicho reglamento mediante una carta dirigida a la ministra Marcela Aguiñaga, paralizándose así, ante el inminente conflicto, las pretensiones ministeriales.

Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, Confederación Kichwa del Ecuador, dijo en este sentido: "Cuando nos enteramos de que las semillas transgénicas podrían afectar nuestra propia semilla, hicimos un análisis y un debate profundo sobre lo que son las semillas para los pueblos indígenas. Entonces encontramos que se estaban perdiendo semillas y muchos tipos de maíz, papa y otros productos, así que nos pusimos a trabajar para recuperarlos". Según el dirigente indígena, "existe un rechazo total y rotundo a los cultivos y semillas transgénicas en el campo y la alimentación; estas semillas son solamente un proyecto de destrucción de la madre naturaleza, y de la identidad cósmica y armónica de los pueblos".

La revista Gestión Economía y Sociedad, en su número 214 del pasado mes de abril, dedicó 15 páginas al tema de los transgénicos y los agrocombustibles, indicando que según datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobioctecnológicas (Isaaa) -organización financiada por empresas transnacionales como Monsanto, CropScience y CropLife International, entre otras-, en el 2011 se sembraron en el planeta 160 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, y que "el Ecuador debe dejarse de mirar solo al ombligo para evitar caídas mortales".

En la actualidad el MAE vuelve a retomar su intención de normativizar la producción de semillas y cultivos transgénicos a través de la elaboración de una nueva Ley de Bioseguridad.

Según Silvia Sevilla, especialista jurídica del Proyecto Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad, "la Constitución declara al país libre de semillas y cultivos trasngénicos pero no se indica expresamente cuáles son esas semillas y cultivos transgénicos que no están permitidos. Compete al MAE definir mediante una Ley cuáles son exactamente esos cultivos, dado que la Constitución define una norma muy general". Para la funcionaria del MAE, es rol del Estado definir cuales son los productos transgénicos que atentan contra nuestro patrimonio, el ambiente y la salud, de esta manera, mientras no exista una certeza científica comprobada de qué es lo que causa daño, difícilmente se podrán prohibir determinados transgénicos.

De acuerdo al criterio de Sevilla, se debe probar y determinar que una tecnología es riesgosa para prohibir su uso; criterio discutido por distintas organizaciones sociales, las cuales consideran que con esto se estaría violando el principio de precaución establecido en la Constitución en su Artículo 396, el cual indica que "en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas eficaces y oportunas". Respecto a los riesgos derivados de los transgénicos, la investigadora María Elena Álvarez-Buylla Roces, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opina que según estudios realizados en los Estado del norte de México, donde se siembra un programa piloto para organismos genéticamente modificados, se demuestra que "existe un riesgo de flujo génico o intercambio de genes modificados con las especies convencionales, que no se puede controlar y no se conocen aún las consecuencias a la salud ni a la biodiversidad que podrían causar. Lo que sí se sabe es que cuando se instalen serán irreversibles".

Con respecto a los postulados constitucionales, según varios especialistas en la materia consultados, la regulación del cultivo de semillas transgénicas en el país iría en contra de la Constitución, dado que en su Artículo 424 se indica que "las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficiencia jurídica", a la par que el Artículo 427 recalca que "las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad". En este sentido, en ningún caso se indica en el Artículo 401 de la Constitución que el Ecuador es libre solo de algunos cultivos y semillas transgénicas.

En esa línea se manifiesta la abogada y analista constitucional colombiana, Diana Murcia, quien indica que "no se puede regular el uso de tecnología y biotecnología, dado que la Constitución del Ecuador lo prohíbe en su Art. 401, cuando dice textualmente que se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales". Para Murcia, se estaría violando la Constitución en la medida en que "el Estado no puede regular sobre algo que está prohibido constitucionalmente; no puede haber una ley que regule lo que el Estado no puede hacer".

De igual manera piensa Tenesaca, quien indica: "Nosotros decimos que las leyes tienen que regular, pero también nos queda claro que dichas leyes no pueden regular algo que está prohibido. Estamos pensando que lo que se pretende es atentar contra la vida de los pueblos y de la naturaleza".

Para el dirigente indígena existe la sospecha de que pudiera haber una maniobra combinada entre los lineamientos fundamentales del gobierno en esta materia y los intereses de las transnacionales del sector. "Los funcionarios que están trabajando en esa Ley [Bioseguridad] y ese reglamento, son personas que quizás están trabajando en función de los intereses de las empresas multinacionales que tienen gran capital".

Los transgénicos crean dependencia hacia las empresas multinacionales, que son las dueñas de las patentes tanto de las semillas transgénicas, como del paquete tecnológico con el cual se venden. Los agricultores que adoptan esta tecnología, se ven obligados a firmar convenios que los atan a estas empresas, y pueden enfrentar juicios millonarios en caso de incumplimiento. Para Elizabeth Bravo, vocera de Acción Ecológica en esta materia, el uso de transgénicos genera riesgo de que "los campesinos terminen sometidos al uso intensivo de agroquímicos en las fumigaciones de las plantaciones como el glifosato que en caso de Argentina y el emblemático barrio de Ituzaingó Anexo ha producido impactos nefastos sobre la salud de los pobladores, generando cáncer, leucemia, alergias y enfermedades autoinmunes".

Según un informe presentado en Río+20 por Greenpeace, entidad internacional de defensa del ambiente, la cual rechaza el uso de cultivos y semillas modificadas genéticamente, "tan solo diez multinacionales controlan casi el 70% del mercado mundial de semillas, lo cual significa que los países que entran en este tipo de producción quedan con muy poco margen de elección en el mercado".

En dicho informe se sostiene que "la agricultura industrial utiliza fertilizantes sintéticos y agroquímicos que contaminan suelos y aguas, recursos necesarios para producir alimentos sanos ahora y en el futuro", y sostiene además que el "excesivo uso de fertilizantes de síntesis en la agricultura industrial contribuye al agravamiento del cambio climático".

Se estrecha el cerco sobre Álvaro Uribe

Por Decio Machado / Periódico Diagonal

Ana María Uribe Cifuentes, sobrina del ex presidente Álvaro Uribe, y su madre, Dolly Cifuentes Villa, están a la espera de la extradición a EEUU, donde son acusadas de mantener estrechos vínculos con el Cartel de Sinaloa, dirigido por el poderoso capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Los detalles del estatus judicial de ambas mujeres se conocieron en los últimos días, saliendo a la luz pública a raíz de una investigación que el periodista colombiano Gonzalo Guillén, ex colaborador del periódico estadounidense El Nuevo Herald, publicará en el portal de la ONG Corporación Nuevo Arco Iris (www.arcoiris.com.co).

El material reveló que Ana María Uribe Cifuentes es hija de Dolly Cifuentes Villa, alias ‘La Meno’, y del difunto hermano del ex mandatario colombiano, Jaime Alberto Uribe Vélez, quien fue conocido como ‘El Pecoso’ o ‘Arepa’.

Un reporte de la DEA estadounidense precisó que las dos mujeres integran el clan criminal de los Cifuentes Villa, responsabilizándolas de la introducción de al menos 30 toneladas de cocaína en el mercado estadounidense entre el 2009 y el 2011, así como del lavado de decenas de millones de dólares para el narcotráfico mexicano.

Según Guillén, el hermano del expresidente "murió de cáncer en el 2001 con un historial de relaciones con el clan Cifuentes Villa y con Pablo Escobar, pero no fue llevado a juicio".
Álvaro Uribe negó en un primer momento el parentesco con las detenidas, aunque en la actualidad se ha visto obligado a guardar silencio.