Tres voces distintas y seis manos unidas en defensa de la Iniciativa Yasuni-ITT

Por Decio Machado

Entrevista realizada por el periodista y analista político internacional Decio Machado a tres voces muy diferentes sobre la viabilidad y el estado actual de la Iniciativa Yasuni ITT impulsada de forma contradictoria por el gobierno del presidente Rafael Correa en Ecuador.

Franco Viteri, Decio Machado, Vandana Shiva y Alberto Acosta

Los entrevistados provienen de realidades diversas pero marcada por una característica común: su apuesta por la defensa de los derechos de la naturaleza. Reunidos con Decio Machado estuvieron conjuntamente: la científica, escritora y activista social Vandana Shiva proveniente de la India que visitó recientemente el Ecuador; el actual presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) -estructura amazónica de la CONAIE-, Franco Viteri, activista contra la explotación petrolera en su comunidad de Sarayacu; y el economista, académico e intelectual Alberto Acosta, recientemente elegido como candidato único de las izquierdas para los comicios presidenciales que tendrán lugar en Ecuador el próximo mes de febrero.

(DM) Vandana, recientemente visitaste por invitación oficial al Parque Nacional Yasuní, considerado como la región de mayor diversidad biológica del mundo. ¿Cuáles son tus sensaciones tras ese viaje?

(VS) No conocía en Yasuní, agradezco de todo corazón a la secretaria de Estado para la Iniciativa Yasuní-ITT, Ivonne Baki, y al gobierno ecuatoriano su invitación, lo que me ha permitido poder vivir esta maravillosa experiencia.

Básicamente hay tres cosas muy importantes de las que puedo hablar tras volver de allá: primero, la enorme riqueza en materia de biodiversidad existente en el Parque Yasuni; en segundo lugar, el profundo sentido de pureza sagrada que uno siente al estar allí; y por último, la diversidad y  multipiclidad de vida existente en esta zona protegida.

Le agradezco enormemente al pueblo ecuatoriano haber imaginado y generado un proyecto de estas características. La Iniciativa Yasuní-ITT no es solo un proyecto que debe ser defendido por las comunidades indígenas afectadas, las organizaciones ambientales o el conjunto de la sociedad ecutoriana, es un proyecto vital para todo el planeta.

(DM) Franco, tu acabas de llegar del Parque Natural Yasuní por una ruta diferente a la utilizada por Vandana en su visita. ¿Cómo ves la situación en la que se encuentra el Yasuní en estos momentos?

Franco Viteri, presidente de la CONFENAIE

(FV) En efecto, acabo de llegar del Yasuni, y debo confesar que vengo mucho más preocupado que antes de viajar para allá. Aunque teníamos información de las actividades en la construcción de infraestructura petrolera que se esta realizando en el Bloque 31 y alrededor del parque, una vez allí debo indicarte que el Plan B del gobierno, es decir la lógica que se encamina a la extracción del petróleo en el ITT, está avanzando en el Yasuni. El discurso oficial a nivel internacional es bonito y seductor, el gobierno de Correa dice defender a la naturaleza, el medio ambiente y a los pueblos indígenas, sin embargo la realidad dista mucho del mensaje propagandístico.

(DM) Alberto, tu eres uno de los impulsores de esta propuesta. ¿Cuéntanos básicamente que es la Iniciativa Yasuní-ITT?

(AA) Hablamos de una propuesta que supera las visiones sectoriales e incluso la visión nacional. La iniciativa busca mantener el petróleo en tierra en el Parque Nacional Yasuní, a cambio de recursos financieros de la comunidad mundial, propuesta con la que en el año 2007, el Ecuador sorprendió al mundo.

Dicha iniciativa no tiene padre ni gerente alguno, recoge las propuestas de varias personas y organizaciones de la sociedad civil acumuladas en el tiempo, es el producto de un largo proceso de resistencias y luchas de los pueblos indígenas y los colonos de la Amazonía, así como de muchas personas que, desde otras regiones del país, acompañamos consecuentes este proceso.

La Iniciativa Yasuní-ITT constituye un punto de ruptura en la historia ambiental. Supera la etapa de los discursos sin propuestas efectivas, desarrollándose como un paso vigoroso para cuestionar la lógica del desarrollo extractivista, a la par que una opción para construir globalmente el buen vivir, entendido este como la vida en armonía de los seres humanos consigo mismos y con la naturaleza. El proyecto, en concreto, se sustenta en una visión respetuosa de la naturaleza y de las opciones culturales de los pueblos libres en aislamiento voluntario que todavía habitan en ese territorio amazónico.

(DM) Vandana, ¿te parece viable en el mundo de hoy, sometido al poder de las transnacionales petroleras, la propuesta de dejar el crudo en el subsuelo que conlleva la Iniciativa Yasuní-ITT?

(VS) Al contrario que el Ecuador, la India es un país inmensamente poblado pero en el que aún dejamos espacio para la subsistencia de los animales que consideramos sagrados en nuestra cultura.

En un mundo interdependiente como en el que habitamos en la actualidad, hemos desarrollado desde la segunda mitad del pasado siglo el concepto de “aldea global” en referencia a la manera en que las nuevas tecnologías de la comunicación han transformando nuestra idea de distancia y nuestra relación con lugares y sociedades lejanas del mundo. Debo indicar que el Yasuní es el corazón de nuestra “aldea global”. Hablar del Yasuní es hablar de algo que va mucho más allá del manejo de parques naturales o de la conservación de la vida animal. Hablar de la Iniciativa Yasuní-ITT es hablar del reconocimiento que hace la Constitución del Ecuador a la Madre Tierra.

Vandana Shiva

En este sentido vale la pena matizar que la Madre Tierra merece de todos nuestros respetos. No somos nosotros los que le damos derechos a la Madre Tierra, es la Madre Tierra la que nos proporciona derechos a nosotros.

La Constitución del Ecuador a través del reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ha dado respuesta a más de 500 años de explotación salvaje de los recursos naturales existentes en nuestra naturaleza. La colonización de nuestras tierras se desarrolló sobre el sacrificio de los pueblos autóctonos, de los pueblos indígenas. A partir de ahí se desarrolló la colonización de la naturaleza, de las comunidades indígenas, de las mujeres, de la cultura y del futuro. Todo ello está interrelacionado.

Por lo tanto, en consonancia con la Constitución del Ecuador, la Iniciativa Yasuní-ITT debe seguir adelante, y por lo tanto también, el petróleo existente en su subsuelo del ITT debe mantenerse en él. Trabajaremos firmes para que dicha propuesta tenga éxito a nivel internacional.

Hablar sobre los derechos de la naturaleza, implica hablar sobre la Iniciativa Yasuni-ITT, hablar sobre la descolonización de la naturaleza, y dejar de pensar en la naturaleza como algo que esta muerto. En el mundo globalizado de hoy y ante la depredación a la que está sometido el planeta, estamos obligados a pensar en la descolonización de los pueblos indígenas, la descolonización de la naturaleza y de las mujeres. Debemos descolonizar el futuro, debemos dejar de pensar egoístamente bajo el criterio de que queremos todo para el momento de hoy y empezar a pensar seriamente en las generaciones futuras y en la viabilidad del planeta.

Para mi conocer el Yasuni no fue solo una experiencia sagrada. El Yasuní se convirtió para mi en una universidad de la naturaleza y de la vida, algo que requiere la necesidad de pensar de una forma diferente. Cada cosa que necesitamos, es la naturaleza quien nos la da. Más allá del número de reptiles y pajaros existentes en el Yasuní, estamos hablando de la interconectividad de la vida. El Yasuni representa en realidad la riqueza de la vida frente a la sociedad de consumo y la riqueza material.

(DM) Franco, el gobierno ecuatoriano promueve para el próximo mes de octubre la Onceava Ronda Petrolera a través de la cual se licitarán al menos doce nuevos bloques petroleros del centro y sur oriente del país. ¿No te parece una contradicción el planteamiento de la Iniciativa Yasuní-ITT con respecto a la afectación ambiental que tendrá en territorio amazónico esta nueva ampliación de la frontera petrolera?

(FV) Cierto, vivimos efectivamente en una contradicción. Mientras se esboza un discurso ecologista en los ámbitos internacionales, el gobierno del presidente Rafael Correa ha lanzado la XI Ronda Petrolera. Pero primero de hablar de esto, quiero matizar algunas cuestiones al respecto de la Iniciativa Yasuní-ITT.

Dejar el crudo en el subsuelo del Yasuní es una iniciativa gubernamental que ha sido el fruto de la presión de los pueblos indígenas. Tenemos como objetivo en este aspecto, hacer entender a los diferentes pueblos de este mundo que debe dejar de practicar el colonialismo sobre nuestras comunidades.

Si bien en algún momento logramos actuar juntos para la defensa de la Iniciativa Yasuni-ITT, ¿qué nos asegura hoy que los fondos recaudados por esta iniciativa que llegaran al Ecuador no serán utilizados para seguir profundizando una lógica depredadora que irrespeta la naturaleza y a los pueblos indígenas? El actuar cotidiano del gobierno ecuatoriano nos genera muchas dudas e inquietudes en este sentido.

Para nosotros no es tan importante el dinero que se pueda recaudar a través de la Iniciativa Yasuni-ITT como lo es la defensa de la vida. Es desde esa perspectiva, como entendemos la propuesta revolucionaria que se encarna en la Iniciativa Yasuni-ITT. Para nosotros, el objetivo es la defensa de la riqueza natural amazónica, su espiritualidad y nuestras formas de vida tradicionales. Hablamos de una riqueza que no se puede medir en términos cuantitativos, forma parte de nuestra cosmovisión, de nosotras y nosotros mismos. No nos interesa tanto el dinero, a pesar de que lo necesitamos dada los altos porcentajes de pobreza existente en el mundo indígena. La pobreza en el mundo indígena está cuantificada oficialmente en un 60%, algo vergonzoso. Lo que buscamos es que la gente aprenda algo de como nosotros amamos la vida, una vida en la que hombres y mujeres son un elemento mas en el contexto de la naturaleza y por lo tanto pretendemos vivir en armonía con ella.

Volviendo a lo concerniente a la XI Ronda Petrolera, la CONFENIAE ha denunciado recientemente a la opinión pública que la Constitución ecuatoriana y los derechos de los pueblos indígenas han sido atropellados al implementarse irresponsablemente el Decreto Ejecutivo 1247 –emitido el 19 de julio de 2012- correspondiente a la consulta previa, libre e informada para la extracción de hidrocarburos, el mismo que ya está siendo aplicado sin ningún tipo de consulta.

La Declaración de NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los Tratados, Convenios y Pactos sobre derechos indígenas y colectivos en el marco de los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no han sido acatados a plenitud por el régimen.

La campaña publicitaria y mediática desplegada por el gobierno en las comunidades amazónicas, así como el proceso de socialización impulsado para promover la XI Ronda Petrolera, utiliza información parcializada hacia los intereses extractivistas, que convierten al pueblo en un simple receptor de información. Los relacionadores comunitarios están haciendo un trabajo de colonización y alienación al transmitir las supuestas bondades de las políticas públicas del Estado a las comunidades ya que es más fácil negociar con las comunidades que han perdido todo.

(DM) ¿No existe entonces Franco, según tu visión, una consulta real a las comunidades indígenas?

El Estado ecuatoriano ha reducido la consulta previa, libre e informada a una simple charla de información de socialización de funcionarios de la Subsecretaría de Hidrocarburos que no cumplen los parámetros que determina el Sistema Interamericano pero que si han servido para confundir a la opinión pública y a algunos miembros de las nacionalidades quienes con botiquines regalados por dicha subsecretaría han dado sus rúbricas como es el caso de la comunidad Sápara, quienes están sufriendo la intromisión del gobierno y causando división en su territorio.

Cabe recordar en este sentido, que la Nacionalidad Sápara fue declarada por la UNESCO como “patrimonio oral e inmaterial de la humanidad”. Tememos seriamente la intervención de las fuerzas armadas para llevar adelante la implementación de la XI Ronda Petrolera en las comunidades que se opongan a la extracción de sus recursos naturales.

(DM) Alberto, explícanos cuales son los orígenes y en que consiste el Plan A y el Plan B del gobierno respecto a la Iniciativa Yasuni-ITT, cual es el estado de las tensiones internas entre los que defienden una posición y otra.

La Iniciativa ITT, en referencia a las reservas petroleras del corredor Ishpingo-Tambococha-Tiputini, ubicado en el Parque Yasuní y que representa apenas una fracción de este parque, fue asumida oficialmente por el presidente Correa en la sesión del directorio de Petroecuador del 30 de marzo del año 2007. La posición asumida por el presidente Correa zanjó transitoriamente la pugna existente entre el Ministerio de Energía del cual yo era en aquel momento titular, y que proponía dejar el crudo en el ITT a cambio de una compensación económica internacional, y Petroecuador, quien aceleraba subrepticiamente la firma de acuerdos de intención para llegar a la extracción del crudo allá existente.

Alberto Acosta, candidato presidencial por la Unidad Plurinacional

Desde ese momento se aceptó el Plan A como primera opción, es decir, dejar el crudo represado en tierra, con el fin de no afectar un área de extraordinaria biodiversidad y no poner en riesgo la existencia de varios pueblos en aislamiento voluntario o pueblos no contactados. Esta medida es considerada siempre que la comunidad internacional entregue al menos la mitad de los recursos que se generarían si se opta por la explotación del petróleo, lo cual se valora económicamente en unos 3.600 millones de dólares.

Esta decisión es innovadora y contradijo la lógica dominante en el planeta, la cual se basa en extraer hasta la última gota de crudo de los yacimientos descubiertos en cualquier lugar del mundo.

Mantener el crudo bajo tierra en el campo ITT tiene importantes implicaciones éticas, sociales e incluso económicas, y como bien indica Franco, no todas cuantificables en términos monetarios. En primer lugar, evitaría la extinción de la cultura waorani, cuya subsistencia se ha basado en la caza, recolección y agricultura itinerante. Es un hecho que la actividad petrolera y la permanente y expansiva explotación de los bosques han afectado irreversiblemente a la mayor parte de la población waorani y a otros grupos indígenas. Se trata de salvar a los pocos que quedan a salvo del asedio occidental: los tagaeri, los taromenane y los oñamenane.

Por otro lado, a través de esta propuesta, se evitaría la emisión de unas 410 millones de toneladas métricas de CO2; es decir, ahorraría al mundo el costo de su abatimiento.  Evitaría también los efectos de la deforestación causada por la explotación petrolera. Las reservas de petróleo del ITT se encuentran bajo un territorio que consta de la mayor biodiversidad concentrada del planeta, donde existen al menos 165 especies de mamíferos, 110 de anfibios, 72 de reptiles, 630 de aves, 1.130 de árboles y 280 de lianas, sin contar con innumerables especies de invertebrados todavía no clasificados.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el presidente Rafael Correa ha mantenido posiciones inconsistentes y contradictorias respecto a dicha propuesta, ambigüedad que pone en riesgo la Iniciativa Yasuní-ITT. Nos encontramos con que periódicamente se hacen compromisos públicos por el Plan A, al tiempo que se amenaza con desarrollar el Plan B, la explotación del crudo existente en el Yasuní. Esta situación genera dudas en la comunidad internacional, condición que es utilizada por está para no apoyar de forma contundente una iniciativa que coincide en tiempos con una grave crisis económica a nivel internacional.

(DM) Entiendo Vandana que la riqueza para ti no significa necesariamente dinero. Sin embargo la Iniciativa Yasuní-ITT se soporta sobre aportaciones económicas provenientes de la comunidad internacional. ¿Cómo ves eso?

Por su puesto que la riqueza no implica necesariamente dinero. En el Yasuni uno puede experimentar la riqueza de la naturaleza. Uno experimenta el bienestar simplemente por el hecho de estar allí. Sin embargo, esto no es así en el mundo de las corporaciones.

Simplemente cruzando el río Napo, ya no se aprecia esa gran riqueza de pájaros y monos, lo que se ve es una gran cantidad de camiones transportando materiales y maquinaría al servicio de la extracción del petróleo.

Uno debe ser fuerte con los valores de su cultura. El Yasuni es fuerte en si mismo, es una fuente de fuerza para la vida, es allí donde esta el valor real de las cosas, lo que se refleja en el valor real de dejar el petróleo en el subsuelo. Yo diría que no podemos darnos el lujo de destruir uno de los pocos lugares del mundo donde la naturaleza y la vida están intactos.

(DM) En 7 mil millones de dólares cuantifica el gobierno del Ecuador el valor del crudo enterrado en su subsuelo.

¿Qué son los 7 mil millones de dólares que están enterrados en su subsuelo? Las compañías transnacionales que comercializan semillas genéticamente modificadas -transgénicas- obtienen mucho más de 7 mil millones de dólares de beneficio. Se han gastado mucho más de 70 mil millones de dólares en salvar a los bancos de Wall Street. El dinero que se gastó para salvar a Wall Street carece de valor si se compara ante el  compromiso que tiene que ver con salvar esta riqueza natural. Es un reto que el conjunto de la humanidad debe asumir, es parte de la lucha por la vida.

Y por otro lado, yo confió que sea la sociedad del Ecuador sea quien asuma el compromiso de dejar el petróleo en el subsuelo del Yasuni. Yo personalmente asumo el rol de impulsar la iniciativa internacional del Yasuni, y acepté hace unos días la propuesta realizada por la Secretaria de Estado Ivonne Baki de ejercer como embajadora de buena voluntad para recaudar fondos que den viabilidad a la iniciativa. La Iniciativa Yasuní-ITT lleva al Ecuador al centro de los derechos de la naturaleza a nivel internacional.

(DM) Ecuador en la actualidad extrae unos 500 mil barriles de petróleo diario y se pretende ampliar la extracción a través de explotación de nuevos campos. Paralelamente el pasado 8 de marzo se firmó la primera concesión para minería a gran escala en una zona altamente sensible con la transnacional china ECSA, y en la actualidad se modifica la legislación para facilitar la firma de una nueva concesión en ese territorio con una empresa de similares características llamada Kinross. Sin embargo, la agenda estratégica nacional, así como el Plan Nacional del Buen Vivir y la propia Constitución hablan de avanzar a una sociedad postextractivista. ¿Te parece que esa es la hoja de ruta para llegar a una sociedad postextractivista Vandana?

(VS) Pienso que el extractivismo actual es una contradicción a todo lo escrito en la Constitucion del Ecuador. La Constitución debería ser la línea base sobre la cual se define el paradigma para el buen vivir y la conformación de una futura sociedad posextractivista.

Debemos pensar en que no siempre tendremos recursos para educación, salud y demás cuestiones a través de la explotación de recursos naturales, tenemos que renovar la economía de los países. Veamos en Ecuador cuales son los  daños causados por Chevron Texaco y cuales son sus consecuencias, y ahora pensemos que aunque la Chevron pagase todos los daños que ha causado nada será igual ya en las zonas que contaminaron.

En la actualidad las comunidades indígenas son consideradas como culturas primitivas, sin embargo pienso que son ellos los que nos van a dar el camino para seguir adelante. Debemos superar el concepto por el cual las corporaciones son consideradas en decremento de los ciudadanos, entendiendo que estas son las que nos van a generar el dinero que necesitamos.

Tenemos que dirigirnos hacia los derechos de la naturaleza, esa es la gran valía de proyectos como la Iniciativa Yasuní-ITT, debemos caminar hacia una nueva ideología.

(DM) Franco, ¿cómo se llega a lo que nos plantea Vandana?

Franco Viteri

(FV) Para nosotros, los pueblos indígenas, visualizamos el desarrollo desde una perspectiva diferente. Nosotros no tenemos muchas cosas, pero lo más importante para nosotros es estar al aire libre, y sentirnos en contacto con la naturaleza y formar parte ella, así como cultivar la convivencia comunitaria y familiar.

Observamos cosas ridículas que se hacen en nuestro territorio, como el hecho de que se esté construyendo una ciudad del milenio en Pañacocha minusvalorando el conocimiento ancestral y las formas de vida locales. Se mete cemento en la selva y otros materiales constructivos nocivos y alejados de nuestra cultura, tradición y formas de vida. Seguimos viviendo la prevalecencia del pensamiento único. En la selva el pensamiento es diverso, y exigimos el respeto a nuestra cultura, nuestras formas de vida y organización social. Trabajemos con sentido común y razón.

(DM) Alberto, ¿Cuál es la propuesta en este momento para salvar el Yasuní-ITT?

Una vivencia en el Yasuni nos da una nueva forma de entender la vida. Todos los habitantes del país deberían poder visitar alguna vez el Parque Nacional Yasuni para entender que todos los seres vivos tienen una razón de ser.

Hace cuarenta años comenzó la actividad petrolera en Lago Agrio, nombre por cierto que proviene del primer pozo petrolero de la Texaco en la región. Un agosto de 1972 comenzamos a exportar petróleo y pensamos que todos los problemas se iban a resolver exportando petróleo. Estábamos a las puertas del desarrollo se nos decía, algo parecido a lo de hoy. Tras 4.500 millones de barriles de petróleo extraídos en 40 años, Ecuador de no se ha desarrollado y las provincias amazónicas son las mas pobres del país. ¿Porque repetir lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes?

Lo interesante de la Iniciativa Yasuní-ITT es que nos abre la puerta a buscar soluciones para toda la humanidad. Ya no se trata de recibir fondos en base a una compensación, se trata de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Todos debemos proteger a la naturaleza, pero hay unos que tienen mayor responsabilidad en la situación actual de deterioro en el planeta que otros. Vamos a requerir no solo un Yasuní, sino dos, tres, cinco, diez y mil Inicitivas Yasuní-ITT para defender al planeta.

Debemos entonces inventar una nueva opción, el Plan C: vamos a defender el Yasuní aunque no tengamos un solo dólar. Debemos transformar al Yasuni en una herramienta para grandes transformaciones internacionales. Pero para ello necesitamos un gobierno coherente que no se desdiga permanentemente y que además actúe consecuentemente con sus objetivos. No se puede explotar el petróleo en el Bloque 31, el cual está al interior del Yasuní y pone en riesgo al conjunto del ITT. Además se debería llegar a acuerdos con el Perú para ampliar la zona protegida hacia el país vecino.

La Amazonia ha sido nuestra zona de colonización, ha sido la periferia de la periferia. No podemos seguir tratando a la Amazonia como el patio trasero de la Republica. Para ello debemos desmercantilizar la naturaleza, debemos ver el verde de los árboles y no el verde los dólares en el Yasuní. La Iniciativa trata de construir un esquema de justicia ecológica global, para ello, el factor fundamental no esta basado en la lógica del dinero.

(DM) ¿Cómo ves Alberto la Onceava Ronda Petrolera?

Vandana Shiva y Alberto Acosta

La XI Ronda Petrolera no es más que la continuidad de la lógica extractivista del actual gobierno. Generará graves conflictos sin tener siquiera una gran expectativa económica de extracción de petróleo. Se estima entre 100 y 120 millones de barriles de petróleo lo contenido en el subsuelo correspondiente a los pozos implicados en la XI Ronda Petrolera, mientras que en el subsuelo del Yasuni hablamos de entre 850 y 900 millones. Desde un punto de vista social, todas las comunidades indígenas serán afectadas. Y desde la perspectiva ambiental, destruir en centro sur de la amazonia es algo que no nos van a perdonar nuestros hijos ni nuestros nietos.

(DM) ¿Algo que añadir Vandana? 

(VS) Quiero indicar que efectivamente, se debe replicar la Iniciativa Yasuní-ITT, evitar que los ríos y mares se contaminen y que los últimos bosques sean destruidos. Debemos trabajar para luchar contra las semillas genéticamente modificadas, y luchar contra el poder de las corporaciones. A su escala, cada semilla libre es igual a un Yasuní.

Un socialismo del siglo XXI con más de 100 años de existencia

Por Decio Machado // Revista Rupturas

El socialismo del siglo XXI es un concepto que aparece en la escena mundial en 1996, a través del sociólogo y analista político alemán Heinz Dieterich. El término adquirió difusión mundial a partir de que el presidente Hugo Chávez lo mencionara durante un discurso en el V Foro Social Mundial, el 30 de enero de 2005.

Según su obra Socialismo del Siglo XXI,  Dieterich determina un modelo de Estado que se inspira en la filosofía y la economía marxista, y que se sustenta sobre cuatro pilares: el desarrollismo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y las organizaciones de base.

Dieterich descubrió la aplicación práctica de sus teorías en la Venezuela chavista, gobierno del que fue asesor hasta 2007, momento en el que cayó en desgracia para el régimen. A pesar de que varios gobiernos latinoamericanos mantienen como definición ideológica el socialismo del siglo XXI, tanto para bien como para mal, todos ellos han hecho renuncia de la mayoría de las tesis teóricas esbozadas por el pensador alemán.

A mediados del 2006, el presidente Chávez expresaba públicamente: "Hemos asumido el compromiso de dirigir la Revolución Bolivariana hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo del siglo XXI que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la libertad y en la igualdad". Y con notable indefinición sobre su hoja de ruta proseguía: "debemos transformar el modo de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir cada día".

Más tarde, el 8 de enero de 2007, Chávez le diría a la jerarquía eclesiástica venezolana durante el acto de juramentación de una recomposición de su gabinete: “Les recomiendo a los obispos que lean a Marx, a Lenin, que vayan a buscar la Biblia para que vean el socialismo en sus líneas, en el viejo y nuevo testamento, en el sermón de la montaña”. Este mismo día Chávez se definió también como trotskista e identificó al socialismo del siglo XXI como una doctrina que posee elementos ideológicos tan variados como el marxismo-leninismo, el trotskismo y el socialismo cristiano.

Para Chávez, el primer elemento sobre el que se articula el socialismo del siglo XXI es su vinculación con la práctica política que tuvo sus orígenes en la década de los 80 con el diseño de lo que vinieron a llamar el “árbol de las tres raíces”: raíz bolivariana –planteamiento afrancesado sobre la igualdad y la libertad, combinado con la visión regional de integración latinoamericana-; raíz zamorana –basada sobre la figura de Ezequiel Zamora, espíritu romántico de los liberales de su tiempo y combinado con fuerte reivindicación de reforma agraria-; y raíz robinsoniana –basada en la figura de Simón Rodríguez, tutor de Bolívar y uno de los precursores de la educación popular en América Latina-. El tronco de este “árbol de las tres raíces”, a su vez impregnado de marxismo, es el pilar sobre el que se sustentó inicialmente la ideología del proceso bolivariano y el socialismo del siglo XXI en Venezuela.

En medio de semejante “tutti frutti” ideológico, el presidente Chávez afirmaba que el primer socialista de la historia de la Humanidad fue Cristo, y que por lo tanto el socialismo del siglo XXI debe nutrirse de las corrientes más auténticas del cristianismo.

Bajo el discurso del socialismo del siglo XXI, a Chávez le siguieron Evo Morales en Bolivia (enero del 2006), y Rafael Correa en Ecuador (enero del 2007).

Pero más allá del debate filosófico sobre la religión, hay varios elementos que marcan la diferencia entre el socialismo del siglo XXI y las diversas alternativas revolucionarias que se ido construyendo a lo largo de la historia.

Remontándonos al pasado

Tras la muerte de Friedrich Engels (1895), el alemán Eduard Bernstein, considerado como el padre del revisionismo y uno de los fundadores de la socialdemocracia, plantearía entre otras cuestiones, que el socialismo no se construiría como consecuencia de la toma del poder por parte de fuerzas revolucionarias, sino fruto de la acumulación de pequeños cambios producidos por la acción social dentro de los límites establecidos por las necesidades mismas del desarrollo económico. Bernstein entendía como fundamental combinar y armonizar las ventajas de una economía capitalista, prestando especial atención a las fuerzas productivas que el capitalismo genera, sin cuestionar la propiedad privada de los medios de producción, aunque sí contemplando una necesaria regulación estatal del mercado y la economía.
Si observamos las políticas propugnadas por los llamados gobiernos “revolucionarios” de Venezuela, Bolivia o Ecuador, podremos comprobar que en ningún momento dichos gobiernos han cuestionado al capitalismo, sino más bien se ha procedido a mejorar las condiciones económicas de los sectores más debilitados a través de fuertes programas asistenciales e incrementos salariales superiores a los desarrollados en la época neoliberal.

De igual manera, tras el neoliberalismo que dejó al Estado reducido a su mínima expresión, los gobiernos del socialismo del siglo XXI reconstruyeron dicho Estado,  incrementando notablemente su intervención sobre el mercado y convirtiéndolo en ejes motores de sus respectivas economías nacionales.

El presidente Correa resumía muy bien esta cuestión en referencia a su gestión: “básicamente estamos
haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa” (El Telégrafo, 15/01/12).

Para Bernstein, las instituciones políticas creadas por el liberalismo eran un avance fundamental de la humanidad y los socialistas lo que debían hacer era mejorar dichas instituciones en lugar de cuestionarlas. El viejo socialdemócrata consideraba fundamental la permanencia del sistema parlamentario de representación, lo que en la práctica significó en Europa la imposibilidad de desarrollar políticas dirigidas a la consagración de la democracia participativa, radical y directa, hoy tan demandada por los movimientos contestatarios a la crisis actual.

A ese respecto, los gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI –especialmente Bolivia y Ecuador- no han buscado fortalecer los niveles de autonomía, organización y participación de la sociedad en la toma de decisiones, como tampoco han desarrollado políticas de resignificación social de sus instituciones. En lugar de eso, estos gobiernos se han caracterizado por intentar controlar a través de políticas clientelares a las organizaciones sociales, anulando su anterior capacidad de movilización –por considerarla un factor de desestabilización política- y criminalizando la protesta social.

En contraposición, basta ver como el partido de gobierno en Ecuador procesa como metodología de selección para sus candidatos a legisladores ante el próximo comicio electoral, un mecanismo que combina la popularidad con los niveles de lealtad hacia su líder, ignorando procesos democráticos internos que pudieran contemplar mecanismos de primarias u otros por los cuales participe el conjunto de la sociedad.

De igual manera, la búsqueda del estado del bienestar por la socialdemocracia europea, es confundida por los gobiernos del socialismo del siglo XXI con los objetivos plasmados en las constituciones de Bolivia y Ecuador de la búsqueda del Buen Vivir (suma qamaña en Bolivia o sumak kawsay en Ecuador), ignorando así que el concepto del Buen Vivir nace en la periferia social de la periferia mundial carente de los elementos engañosos del desarrollo convencional que ha conocido mundo industrializado.

En resumen, el llamado socialismo del siglo XXI no pone en cuestión ni la economía de mercado, ni la propiedad de los bienes de producción, ni tampoco el sistema de precios, con lo cual carece de elementos nuevos que merezcan destacarse, quedando lejos de la fórmula planteada por el marxismo de Mariátegui en cual indicaba que “tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano”.

Contradicciones socialistas

Es desde esos parecidos con la socialdemocracia europea desde donde se puede entender que los procesos latinoamericanos que se denominan a sí mismos como los más radicales, generen incongruencias en el ámbito del sector financiero privado como las siguientes:

• En Venezuela, la Superintendencia de las instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ha definido el pasado mes de abril a este período como “el mejor momento en su historia”, haciendo referencia a la situación actual de la banca. La Sudeban calificó con 71.67 puntos la salud de su sistema bancario, aplicando el método internacional de evaluación Camel, el cual toma en cuenta aspectos como: suficiencia patrimonial, calidad de activos, gestión administrativa, liquidez y rentabilidad. Así, los primeros siete bancos privados en ganancias para abril de 2012, obtuvieron unos resultados netos de 4.951 millones de bolívares. Según fuentes oficiales, en julio del 2011, la banca privada había ganado ya un  81,7% más que en el mismo período del año anterior, pasando de 498,5 millones de dólares a mediados de 2010 a 846,2 millones doce meses después, todo ello a pesar de la que economía se había contraído un 7,1%.

• En Bolivia, según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) se revela que las utilidades que obtuvieron las entidades pertenecientes al sistema financiero a junio del 2011 fueron de 176,2 millones de dólares, superando en 7,88% las obtenidas por este sector durante toda la gestión 2010. Son 21 grupos corporativos, empresariales y de inversiones los propietarios de todo el sistema bancario boliviano.

• En Ecuador, el crecimiento acumulado del sector bancario privado fue durante los tres primeros años de gobierno de Correa (2007-2009) un 70% superior al de los gobiernos  neoliberales anteriores en el mismo período. En 2010 el sector bancario privado alcanzó un 15’4% de utilidades más que en el ejercicio 2009, y en el 2011 un 52% que en el ejercicio 2010, aproximándose sus utilidades a 500 millones de dólares.

Y similares incongruencias encontramos respecto al sector económico privado:

• En Venezuela, el mismo presidente Chávez declaró el pasado 18 de mayo que el crecimiento del sector privado está por encima del público. Pero no solo es el sector privado que más crece, sino que si consideramos el excedente de explotación venezolano, concepto que comprende los pagos a la propiedad (intereses, regalías y utilidades) y las remuneraciones a los empresarios, así como los pagos a la mano de obra no asalariada, veremos que este pasó del 49,02% en 1999 al 61,30% en el 2010. Es decir, los 400 mil empresarios existentes en Venezuela se llevan mayor parte de la tarta, por encima del trozo que le corresponde a los 14 millones de trabajadores asalariados existentes (sumados trabajadores formales e informales). Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela y a pesar de las mejoras respecto al índice Gini en el país, tras más de una década de gobierno “revolucionario”, el 20% de los hogares con mayores ingresos económicos devenga el 45,56% del ingreso total, mientras el 40% de los hogares más pobres apenas se apropia del 15,1% del ingreso.

• En Bolivia, hasta noviembre del 2011, las recaudaciones  fiscales lograban un record histórico. Según el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, el ingreso tributario más importante es el Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE), que representa el 24% del total de las recaudaciones impositivas. Dicho monto representa que prácticamente un cuarto de los ingresos de impuestos que recibe el Tesoro, y está generado por las utilidades proporcionadas por el sector privado. Arce se congratulaba de dicha situación indicando que “le está yendo muy bien al sector privado, porque están pagando grandes cantidades por el Impuesto a las Utilidades Empresas. Y nos alegramos que les vaya bien a los empresarios privados, porque mientras sigan contribuyendo (…) a las recaudaciones tributarias, el país seguirá teniendo estos récords de recaudaciones impositivas”.

• En Ecuador, tras más de cinco años de gobierno de la revolución ciudadana, 62 grupos económicos concentran el 41% del PIB, teniendo el sector privado un beneficio superior al 54% del que obtuvo durante los mismos períodos de gobiernos inmediatamente anteriores a Correa, los cuales eran de perfil neoliberal.

En resumen, el llamado socialismo del siglo XXI, carente como se puede ver del histórico concepto de lucha de clases, ha permitido que en sus respectivos países, los sectores excluidos de la sociedad nunca estuvieran menos mal, y que sus grupos económicos poderosos nunca estuvieran mejor. Algo muy parecido al rol desarrollado en Europa por la socialdemocracia durante la segunda mitad del siglo pasado.

El golpe contra Paraguay y el nuevo escenario político

LOS CONSERVADORES DEL SENADO, DESTITUYEN AL PRESIDENTE LEGÍTIMO FERNANDO LUGO

El golpe contra Paraguay y el nuevo escenario político

El golpe de Estado protagonizado por los representantes de los partidos conservadores mayoría en el Senado, devuelve a la oligarquía al poder. El presidente legítimo Fernando Lugo ha sido destituido tras un ’juicio’ que cuestiona la democracia en Paraguay.

DECIO MACHADO / QUITO (ECUADOR)
www.diagonalperiodico.net  //  NÚMERO 177

Lugo pagó caro, con su destitución fulminante tras juicio sumarísimo, la muerte de seis policías y once campesinos durante un desalojo de "sin tierras" el pasado día 15 en la hacienda del político y empresario "colorado" Blas N. Riquelme en Curuguaty (nordeste del país).

El Senado destituyó a Fernando Lugo tras hallarlo culpable de mal desempeño en sus funciones, en el juicio político impulsado desde el Congreso por los conservadores Alianza Nacional Republicana –histórico Partido Colorado-, el Partido Liberal Radical Auténtico, el Partido UNACE, el Partido Patria Querida y el socialdemócrata Partido Democrático Progresista.

Los cambios al frente de la cúpula policial y su promesa de encomendar la investigación a una comisión especial con apoyo de la OEA no calmaron los ánimos de una oposición furibunda que lejos de importarle la situación del campesinado paraguayo llevaba meses esperando una coyuntura política como esta.

Entre el 15 de junio, día de los sucesos de Curuguaty y el 22 de junio, fecha de su destitución, Fernando Lugo volvió a revivir la inestabilidad política que le ha acompañado de forma constante en estos casi cuatro años de gestión. En ese sentido, es importante recordar como en noviembre de 2009, Lugo se vio obligado a recambiar gran parte de su cúpula militar tras haber recibido reportes creíbles deque estaban conspirando en contra de él en complicidad con su oposición política.

Su trayectoria

Lugo, quien como obispo se destacó como defensor de los pobres y de la Teología de la Liberación, consolidó su liderazgo social en la empobrecida Diócesis de San Pedro Apóstol, donde su trabajo religioso estuvo enfocado a mejorar el bienestar de su pueblo.

El creciente liderazgo social de Lugo y su influencia sobre los sectores más pobres de Paraguay pusieron en alerta a El Vaticano, que le advirtió que debía abandonar sus aspiraciones políticas y dedicarse en exclusiva a su labor pastoral.

Con el respaldo del Partido Liberal –quien le aportó entorno al 75% de los votos- y una coalición de movimientos sociales populares en lo que se conoció como Alianza Patriótica para el Cambio, Lugo concurrió como candidato presidencial a las elecciones generales del 20 de abril de 2008, en las que se impuso con el 40,82 por ciento del sufragio, aunque los "colorados" mantuvieron su mayoría en el Legislativo.

Sin embargo, la Presidencia de la República fue una carga demasiada pesada para el ex obispo, quien defraudó como el depositario de la esperanza de un pueblo que aspiró a cambiar el oscuro escenario político de su país, gobernado por el Partido Colorado desde hacía 61 años, período durante el cual la mayoría de este tiempo (1947-1989) fue una dictadura. Lugo, incapaz de tejer alianzas adecuadas que le permitieran cumplir sus promesas electorales, se alejó de su electorado tras una serie de escándalos sexuales y el incumplimiento respecto a la reforma agraria.

La alianza anti-natura desarrollada entre Lugo y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que llevó a Federico Franco a la vicepresidencia, generaron una fricción permanente que finaliza el pasado 22, con la destitución del ex obispo paraguayo. Ante el horizonte de las presidenciales del próximo año, faltaban 14 meses de gestión de Lugo, el PRLA entendió que era el momento de desembarazarse del ex obispo y asumir la presidencia del país por primera vez desde que el partido fuera refundado en la clandestinidad en 1978, como oposición a la dictadura del general Stroessner.

Carente de organización política propia y bases de apoyo estructuradas, los conflictos entre Lugo y su vicepresidente Franco, le llevaron a aproximarse a los colorados. Esta nueva alianza política se visualizó cuando el día después de los asesinatos de Curuguaty, Lugo nombra como nuevo ministro del Interior a el ex fiscal colorado Rubén Candia. La torpeza política de Lugo, decidió la actual posición de los liberales, quedando desamparado en las Cámaras.

El nuevo escenario político

En la actualidad se abre un nuevo escenario en la política paraguaya. Por un lado, los colorados tienen una disputa interna por quien será su candidato en los próximos comicios electorales, con altas posibilidades de que su binomio sea encabezado por el empresario conservador Horacio Cartes.

Por otro lado, y ya desde el poder, el PRLA, quien gobernará el país los próximos 14 meses, pretende invertir las tendencias de intención de voto favorables a los colorados, a través de la gestión del recién nombrado presidente Franco.

Entre tanta estrategia electoral, los movimientos sociales paraguayos quedan en la encrucijada. Estos, desde una postura crítica pero no de confrontación con el gobierno del ex presidente Lugo, se mueven en la actualidad entre dos vías: la radicalización de sus posiciones o intentar construir una propuesta electoral para el próximo año.

¿Al borde de los transgénicos?

Por Decio Machado y Benito Bonilla / Revista Vanguardia (semana del 18 al 24 de junio de 2012)

En su visita del pasado 11 de mayo a Cutuglagua en el sur de Quito, el presidente de la República, Rafael Correa, recorrió las instalaciones de la estación Santa Catalina, propiedad del Instituto Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (Iniap).

Allá, el mandatario llamó duramente la atención a los representantes de esta institución por no estar apoyando adecuadamente el desarrollo del sector agrícola en el país. Contrariado entre otras cuestiones por la no experimentación con semillas transgénicas por parte de los técnicos del laboratorio de biotecnología del Iniap, de hecho algo prohibido y condicionado en el articulo 401 de la Constitución de Montecristi para este tipo de semillas. El presidente Correa manifestaba que esta situación se debía a "un error de los noveleros de siempre, que son los defensores de la Pachamama, y que no tienen el menor criterio académico", en alusión a las organizaciones sociales, campesinas e indígenas que han defendido históricamente que el Ecuador sea un país libre de cultivos y semillas transgénicas.

Para Ana Lucía Bravo, vocera de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt), las declaraciones del mandatario generan preocupación. "Nuestra Constitución es el resultado de un proceso participativo y democrático. Es también un ejemplo para el mundo, por eso sus mandatos deben ser respetados y garantizados por el Estado y la sociedad en conjunto", indica la ambientalista, añadiendo que el modelo agrícola del Ecuador debe apuntar a un nuevo paradigma que enfrente los retos actuales del cambio climático, la dependencia petrolera y los incrementos continuos sobre el precio de los alimentos.

En esa línea de pensamiento, desde hace más de una década, múltiples organizaciones sociales, indígenas, campesinas han rechazado la introducción de cultivos y semillas transgénicas al país. Según Bravo, "en los últimos doce años  se ha dado una presión muy fuerte y permanente sobre los diferentes gobiernos ecuatorianos para liberalizar el uso de transgénicos. Hubo múltiples visitas de especialistas norteamericanos en esta materia al Ecuador, se desarrolló un cuestionado reglamento de Agro-Bioseguridad, así como la propuesta de Ley del 2002 sobre Biodiversidad". El conflicto reabierto por el presidente Correa parecía haber culminado en el 2008, con la elaboración del Artículo 401 de la Constitución, según el cual se declara al país "libre de cultivos y semillas transgénicas". A escala internacional son muy pocas las empresas transnacionales que monopolizan la producción de semillas transgénicas, desplazando la agricultura orgánica, controlando los precios de los alimentos y eliminando a los campesinos e indígenas de la producción agropecuaria tradicional.

El poder de dichas transnacionales se demuestra en el cable, cuya referencia es 10QUITO54, emitido el 15 de enero de 2010 por la embajada de los Estados Unidos en Quito, y filtrado a los medios por Wikileaks. En él se indica que la excepción a la prohibición incorporada en el Artículo 401 de la Constitución, en el cual se dice que "excepcionalmente, y solo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados", es el "resultado de las presiones en Ecuador de influyentes agronegocios".

El wikicable revela a su vez la voluntad por parte de la embajada estadounidense de financiar el viaje de un "grupo clave" de periodistas a los Estados Unidos con el fin de influir en "el debate nacional sobre la biotecnología", indicándose que "Ecuador es un mercado comercial para estos productos, (en el 2008, Estados Unidos exportó al Ecuador más de USD 33 millones en harina de soja y más de USD 44 millones en los cereales secundarios), está en el interés del gobierno de Estados Unidos obtener apoyo público para la biotecnología".

A finales del 2010 apareció en la página web del Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE), un documento denominado "Armonización de la propuesta de Reglamentación sobre la Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados con la Nueva Constitución". Este era una nueva versión del proyecto presentado años atrás dentro del Marco Nacional de Bioseguridad, el cual pretendía que la excepción constitucional se convierta en la norma. Esta situación derivó en que decenas de organizaciones sociales, campesinas e indígenas de todo el país manifestaran su repulsa a dicho reglamento mediante una carta dirigida a la ministra Marcela Aguiñaga, paralizándose así, ante el inminente conflicto, las pretensiones ministeriales.

Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, Confederación Kichwa del Ecuador, dijo en este sentido: "Cuando nos enteramos de que las semillas transgénicas podrían afectar nuestra propia semilla, hicimos un análisis y un debate profundo sobre lo que son las semillas para los pueblos indígenas. Entonces encontramos que se estaban perdiendo semillas y muchos tipos de maíz, papa y otros productos, así que nos pusimos a trabajar para recuperarlos". Según el dirigente indígena, "existe un rechazo total y rotundo a los cultivos y semillas transgénicas en el campo y la alimentación; estas semillas son solamente un proyecto de destrucción de la madre naturaleza, y de la identidad cósmica y armónica de los pueblos".

La revista Gestión Economía y Sociedad, en su número 214 del pasado mes de abril, dedicó 15 páginas al tema de los transgénicos y los agrocombustibles, indicando que según datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobioctecnológicas (Isaaa) -organización financiada por empresas transnacionales como Monsanto, CropScience y CropLife International, entre otras-, en el 2011 se sembraron en el planeta 160 millones de hectáreas de cultivos transgénicos, y que "el Ecuador debe dejarse de mirar solo al ombligo para evitar caídas mortales".

En la actualidad el MAE vuelve a retomar su intención de normativizar la producción de semillas y cultivos transgénicos a través de la elaboración de una nueva Ley de Bioseguridad.

Según Silvia Sevilla, especialista jurídica del Proyecto Implementación del Marco Nacional de Bioseguridad, "la Constitución declara al país libre de semillas y cultivos trasngénicos pero no se indica expresamente cuáles son esas semillas y cultivos transgénicos que no están permitidos. Compete al MAE definir mediante una Ley cuáles son exactamente esos cultivos, dado que la Constitución define una norma muy general". Para la funcionaria del MAE, es rol del Estado definir cuales son los productos transgénicos que atentan contra nuestro patrimonio, el ambiente y la salud, de esta manera, mientras no exista una certeza científica comprobada de qué es lo que causa daño, difícilmente se podrán prohibir determinados transgénicos.

De acuerdo al criterio de Sevilla, se debe probar y determinar que una tecnología es riesgosa para prohibir su uso; criterio discutido por distintas organizaciones sociales, las cuales consideran que con esto se estaría violando el principio de precaución establecido en la Constitución en su Artículo 396, el cual indica que "en caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas eficaces y oportunas". Respecto a los riesgos derivados de los transgénicos, la investigadora María Elena Álvarez-Buylla Roces, del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), opina que según estudios realizados en los Estado del norte de México, donde se siembra un programa piloto para organismos genéticamente modificados, se demuestra que "existe un riesgo de flujo génico o intercambio de genes modificados con las especies convencionales, que no se puede controlar y no se conocen aún las consecuencias a la salud ni a la biodiversidad que podrían causar. Lo que sí se sabe es que cuando se instalen serán irreversibles".

Con respecto a los postulados constitucionales, según varios especialistas en la materia consultados, la regulación del cultivo de semillas transgénicas en el país iría en contra de la Constitución, dado que en su Artículo 424 se indica que "las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficiencia jurídica", a la par que el Artículo 427 recalca que "las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad". En este sentido, en ningún caso se indica en el Artículo 401 de la Constitución que el Ecuador es libre solo de algunos cultivos y semillas transgénicas.

En esa línea se manifiesta la abogada y analista constitucional colombiana, Diana Murcia, quien indica que "no se puede regular el uso de tecnología y biotecnología, dado que la Constitución del Ecuador lo prohíbe en su Art. 401, cuando dice textualmente que se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales". Para Murcia, se estaría violando la Constitución en la medida en que "el Estado no puede regular sobre algo que está prohibido constitucionalmente; no puede haber una ley que regule lo que el Estado no puede hacer".

De igual manera piensa Tenesaca, quien indica: "Nosotros decimos que las leyes tienen que regular, pero también nos queda claro que dichas leyes no pueden regular algo que está prohibido. Estamos pensando que lo que se pretende es atentar contra la vida de los pueblos y de la naturaleza".

Para el dirigente indígena existe la sospecha de que pudiera haber una maniobra combinada entre los lineamientos fundamentales del gobierno en esta materia y los intereses de las transnacionales del sector. "Los funcionarios que están trabajando en esa Ley [Bioseguridad] y ese reglamento, son personas que quizás están trabajando en función de los intereses de las empresas multinacionales que tienen gran capital".

Los transgénicos crean dependencia hacia las empresas multinacionales, que son las dueñas de las patentes tanto de las semillas transgénicas, como del paquete tecnológico con el cual se venden. Los agricultores que adoptan esta tecnología, se ven obligados a firmar convenios que los atan a estas empresas, y pueden enfrentar juicios millonarios en caso de incumplimiento. Para Elizabeth Bravo, vocera de Acción Ecológica en esta materia, el uso de transgénicos genera riesgo de que "los campesinos terminen sometidos al uso intensivo de agroquímicos en las fumigaciones de las plantaciones como el glifosato que en caso de Argentina y el emblemático barrio de Ituzaingó Anexo ha producido impactos nefastos sobre la salud de los pobladores, generando cáncer, leucemia, alergias y enfermedades autoinmunes".

Según un informe presentado en Río+20 por Greenpeace, entidad internacional de defensa del ambiente, la cual rechaza el uso de cultivos y semillas modificadas genéticamente, "tan solo diez multinacionales controlan casi el 70% del mercado mundial de semillas, lo cual significa que los países que entran en este tipo de producción quedan con muy poco margen de elección en el mercado".

En dicho informe se sostiene que "la agricultura industrial utiliza fertilizantes sintéticos y agroquímicos que contaminan suelos y aguas, recursos necesarios para producir alimentos sanos ahora y en el futuro", y sostiene además que el "excesivo uso de fertilizantes de síntesis en la agricultura industrial contribuye al agravamiento del cambio climático".

Se estrecha el cerco sobre Álvaro Uribe

Por Decio Machado / Periódico Diagonal

Ana María Uribe Cifuentes, sobrina del ex presidente Álvaro Uribe, y su madre, Dolly Cifuentes Villa, están a la espera de la extradición a EEUU, donde son acusadas de mantener estrechos vínculos con el Cartel de Sinaloa, dirigido por el poderoso capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Los detalles del estatus judicial de ambas mujeres se conocieron en los últimos días, saliendo a la luz pública a raíz de una investigación que el periodista colombiano Gonzalo Guillén, ex colaborador del periódico estadounidense El Nuevo Herald, publicará en el portal de la ONG Corporación Nuevo Arco Iris (www.arcoiris.com.co).

El material reveló que Ana María Uribe Cifuentes es hija de Dolly Cifuentes Villa, alias ‘La Meno’, y del difunto hermano del ex mandatario colombiano, Jaime Alberto Uribe Vélez, quien fue conocido como ‘El Pecoso’ o ‘Arepa’.

Un reporte de la DEA estadounidense precisó que las dos mujeres integran el clan criminal de los Cifuentes Villa, responsabilizándolas de la introducción de al menos 30 toneladas de cocaína en el mercado estadounidense entre el 2009 y el 2011, así como del lavado de decenas de millones de dólares para el narcotráfico mexicano.

Según Guillén, el hermano del expresidente "murió de cáncer en el 2001 con un historial de relaciones con el clan Cifuentes Villa y con Pablo Escobar, pero no fue llevado a juicio".
Álvaro Uribe negó en un primer momento el parentesco con las detenidas, aunque en la actualidad se ha visto obligado a guardar silencio.

De Rusia, con amor atómico

Por Decio Machado y Benito Bonilla / Revista Vanguardia semana 11 al 17 de junio de 2012

A raíz de la sesión del pasado 30 de mayo de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, se hizo público el articulado del convenio firmado 31 meses antes entre los gobiernos de la República del Ecuador y la Federación Rusa para la cooperación en materia de “energía atómica para fines pacíficos”. Dicho texto ha generado convulsión entre los asambleístas, organizaciones sociales y sectores especializados del mundo académico.

Según el presidente de dicha Comisión, el oficialista Fernando Bustamante, “al momento lo que se ha hecho es conocer el Convenio por parte de la Comisión e iniciar los procesos pertinentes dentro de la Asamblea para la redacción de un informe que puede ser favorable o no, el cual pasará al Pleno de la Asamblea Nacional, donde será votado para su posterior aprobación o archivo. A partir de aquí, tenemos 45 días para emitir un informe favorable o no antes de que éste pase al Pleno de la Asamblea”.

Para la asambleísta Betty Amores, quien se posiciona crítica respecto al acuerdo, “el uso de energía nuclear, así sea para fines pacíficos, sería riesgosa para la población. Además no se entiende como siendo el propio presidente Correa quien nos dice que a través de los megaproyectos en construcción, en 2016 el Ecuador exportará de energía hidroeléctrica, sector en el que se ha invertido 1600 millones de dólares, se pretenda ahora instalar una energía infinitamente más costosa y peligrosa de reactores nucleares”.

La historia de dicho convenio se remonta a febrero de 2009, cuando el entonces ministro de Electricidad y Energía Renovable, Alecksey Mosquera, se reunió con Raúl Ramírez, representante del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para conversar sobre la adopción de tecnología nuclear por parte de Ecuador.

De hecho, el 25 de marzo de 2009, era el director general del OIEA, Mohamed ElBaradei, quien declaraba: "El Ecuador está participando en un proyecto regional de exploración de uranio de cara a su posible explotación y su uso en el futuro como alternativa para cambiar su matriz energética".

En agosto de ese mismo año, el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable suscribía un memorando de entendimiento con la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica, Rosatom, con el fin de trabajar en conjunto actividades de investigación en materia nuclear. En aquel momento,  la agencia de noticias del gobierno ruso, Novosti, informaba de forma telegráfica que el acuerdo incluía: formación de expertos en las áreas de física y energía nuclear, cooperación en investigación geológica y en el desarrollo de campos de uranio.

La estrategia gubernamental de desarrollo en energía nuclear fue diseñada a largo plazo, pero se destaca en ella el interés de explotar uranio en el país cuanto antes. Según declaraba entonces el ministro Albornoz, “la cooperación con Rusia no se puede medir en términos monetarios, sino a partir del beneficio que esta transferencia de tecnología y ciencia significa para los países como el nuestro, que están en vías de desarrollo”.

El 28 de octubre de 2009 el presidente Correa llegaba a Moscú, su visita tenía como objetivo “fortalecer las relaciones políticas, diplomáticas y comerciales, y crear mecanismos de cooperación en el campo de la ciencia y la tecnología, así como en el ámbito financiero”, según manifestaron fuentes de la Cancillería rusa. Un día después, el ministro Esteban Albornoz, en presencia del mandatario, firmaba junto al vicedirector general de Rosatom, el convenio de cooperación en energía atómica entre ambos países.

Con anterioridad a dicha firma, delegados de la Rosatom habían visitado el Ecuador por tres oportunidades: la primera fue en mayo de 2008, reuniéndose con el entonces ministro Alecksey Mosquera; la segunda en abril de 2009; y, la tercera, en julio de 2009, cuando tuvieron un encuentro con el ya ministro Albornoz.

Así lo confirmaban portavoces de la subsecretaria de Control, Investigación y Aplicaciones Nucleares (SCIAN), cuando indicaban que en Ecuador, al igual que en Brasil, Argentina, México y otros países, la llamada energía nucleoeléctrica existe hace 50 años lo que pasa es que aquí “nos quedamos dormidos”.

Ecuador retomaba su sueño nuclear en los albores el gobierno del presidente Correa, y en noviembre de 2008 se hacía público el proyecto RLA 3006 durante el encuentro ‘Desarrollo de actividades sobre el ciclo de producción de uranio’ celebrado en Brasil. En dicho documento se plantea el desarrollo de energía nuclear o nucleoenergética para el país en los próximos 15 años, indicándose la necesidad de poner en marcha un “programa intenso de exploración de minerales radioactivos”, así como impulsar la minería, procesamiento de minerales, metalurgia, seguridad para explotar los recursos uraníferos y obtener “uranio enriquecido”.

A dicho informe se adjuntaron mapas donde destacan cinco sitios como potenciales depósitos de minerales radioactivos catalogadas como “con favorabilidad uranífera”: El Limo-Catamayo (Loja) con un zona uranífera de 6.000 km2, Cuenca con 4.000 km2, Tena-La Barquilla (Napo-Pastaza) con 9.000 km2, Macas (Morona Chinchipe) con 4.000 km2, y Zamora con otros 6.000 km2 de área de interés.

Según Ivonne Yánez , vocera de la organización ambientalista Acción Ecológica, “la extracción de uranio libera gas Radon, un gas altamente cancerígeno que se traslada según la dirección del viento; se generaría también riesgos de contaminación de acuíferos y la grave exposición al uranio, podría desembocar en enfermedades cancerígenas para los trabajadores de las minas”.

Mantenido con sigilo por las autoridades ecuatorianas, tuvo que pasar un año desde su aprobación para que el convenio fuese enviado por el Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, a la Corte Constitucional con el fin de que ésta emita su dictamen de constitucionalidad. La Corte entendió como constitucional el texto, aunque amparado en la curiosa figura de “constitucionalidad condicionada”, es decir, siempre y cuando se adecue su contenido a la Constitución. Para varios constitucionalistas consultados, cuesta entender la aplicación de dicha figura legal en este tipo de acuerdos, “en convenios bilaterales no deberían existir reservas sobre su constitucionalidad”. En este marco, la Constitución de Montecristi aclara en su Artículo 15.- “(…) Se prohíbe la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.”

Ignorando lo anterior y ante la inquietud de la congresista republicana estadounidense, Ileana Ros-Lethinen, ante posibles acuerdos entre Ecuador e Irán en materia de uranio, la delegación diplomática ecuatoriana en los EEUU emitía un comunicado el 12 de enero del presente año indicando: “En el Ecuador no se han descubierto indicios de yacimientos de uranio que atraigan interés comercial para su explotación. Por lo mismo el Ecuador no ha iniciado ningún tipo de acción de búsqueda o prospección para explotar uranio en su territorio y tampoco podría celebrar convenios alrededor de la explotación de ese mineral con ningún país del mundo”. Ese mismo día en Quito, en rueda de prensa realizada con su homólogo iraní, Mahmud Ahmadineyad, el mandatario ecuatoriano declaraba entre risas: “Primera vez en mi vida que me entero que Ecuador tiene uranio (…). Así que lamento si ha venido a buscar eso presidente. No le vamos a poder dar ni un gramo”.

Para Betty Amores, esta es una demostración palpable de como “el presidente Correa le mintió al conjunto de los ecuatorianos manifestando su desconocimiento sobre los proyectos que el mismo propugna en materia de extracción de uranio”.

El Artículo 2 del convenio con la Federación Rusa, firmado en presencia del mandatario ecuatoriano más de dos años, antes indica en otras cuestiones: “Las Partes llevarán a cabo la cooperación (…) para exploración y explotación de yacimientos de uranio”.

Los riesgos de la energía nuclear

Yánez alerta sobre la “posible existencia de uranio en el bosque de Puyango y en la cordillera del Cóndor”. De hecho en el lado peruano, la empresa canadiense Dorato realizó actividades de prospección hasta que se vio obligada a abandonarlas por la oposición de los moradores de la zona.

Uno de los elementos más conflictos del convenio está en el punto 4 del Artículo 2 donde se indica que se procederá al “suministro de servicios en la esfera del ciclo de combustible nuclear, específicamente suministro de combustible nuclear para los reactores energéticos y de investigación, la evacuación del combustible nuclear utilizado de producción rusa, tratamiento de residuos radioactivos”. Para Yánez: “el
Ecuador se convertirá en un basurero nuclear”.

Interrogada por esta cuestión, Nancy Edith Mantilla Samaniego, subsecretaría del SCIAN, dijo que “existe una mala interpretación del acápite relacionado a desechos nucleares”, y ofreció que en el futuro se emitirá, de parte del ministro Esteban Albornoz una posición oficial en representación del Ejecutivo.

Según el experto académico español en Energía Nuclear, José María Novoa, “los países que han utilizado esta tecnología buscan ubicar los desechos en lugares distantes de su país y uno de ellos y a un menor costo es América del Sur, pues está comprobado que no existe lugar seguro y en algún momento esta contaminación se liberará y causará muerte”.

Los residuos radiactivos se pueden clasificar en función de su peligrosidad en residuos de baja, media y alta actividad. Haciendo referencia tan solo a los de baja y media actividad, los más “inocuos”, estos emiten radiactividad durante periodos que pueden alcanzar centenares de años. Un gramo de Plutonio-239, elemento metálico radioactivo que se utiliza en reactores nucleares, es capaz de causar cáncer a un millón de personas y emite radioactividad por aproximadamente 2.5 millones de años, lo cual indica que muchas generaciones aun por venir tendrían que soportar el riesgo.

Novoa afirma en su tesis académica ‘Dos visiones de la energía nuclear’ que “los sitios donde se construyen los reactores nucleares resultan contaminados en forma permanente, y los desechos radioactivos que producen contaminan cualquier lugar donde se depositen, liberen o almacenen”.

El convenio firmado con los rusos indica lineamientos para la “producción de isótopos radioactivos y su utilización en la industria, medicina y agricultura”. Sin embargo fuentes especializadas alertan sobre el hecho de que muchos de los radio isótopos contenidos en los desechos nucleares tienen tan larga vida, que se hace imposible asegurar que contenedores artificiales o formaciones geológicas naturales puedan evitar su paso al ambiente habitado durante cientos de años.

Todos los reactores de energía nuclear y los sitios de almacenamiento de material radioactivo podrían ser a la larga tan peligrosos como la explosión de armas nucleares. En la actualidad la opción preferida por la mayoría de países nucleares es enterrar bajo tierra los desechos. Sin embargo en un país como el Ecuador, con cambiantes capas freáticas, permanente riesgo sísmico y otros factores geológicos de riesgo, podrían perturbarse fácilmente los desechos enterrados, generándose alto riesgo de contaminación del suelo, el agua y el aire. En un país de alta tecnología como son los EEUU, se constata que al menos tres cementerios para estos residuos de baja actividad han sufrido fugas en los últimos años.

Control social: criminalización de la protesta social y la disidencia política

Por Decio Machado / Revista Opción S

El pasado 21 de mayo en Ginebra, el Vicepresidente Lenin Moreno, presentaba ante Naciones Unidas el Informe Nacional de Derechos Humanos, en el cual se enumeran diversos hitos alcanzados por el Gobierno en dicha materia. En dicha exposición se afirmaba que el respeto a los derechos humanos es la base de la Constitución de Ecuador.

Sin embargo y más allá de la retórica diplomática oficialista, en Ecuador se visualizan tres ámbitos en los que son identificables elementos violatorios en esta materia.

Criminalización de defensores de los Derechos Humanos y la Naturaleza

La Constitución define al Ecuador como un Estado social de derechos y justicia; atribuyendo derechos no solo a personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, sino también a la naturaleza. En su Art. 11 la Constitución de Montecristi explicita “la directa e inmediata vigencia de los derechos humanos”, incluso ante la ausencia o desconocimiento de normativa jurídica. Y de igual manera, a través de su Art. 98, el cual contempla el derecho a la resistencia, se indica: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”

Más allá del articulado constitucional, se evidencia que la criminalización de la protesta social esta siendo utilizada por el Gobierno como un mecanismo de control que tiene como objetivo intimidar y neutralizar las disidencias que cuestionan las políticas emanadas desde Carondelet, en especial sus lógicas neoextractivistas.

Es así, que son detectables numerosos casos de criminalización de la protesta básicamente en las siguientes áreas temáticas: resistencia ante la intervención minera a gran escala, rechazo a la expedición de la última ley minera (2009), disidencias respecto al proyecto oficial de Ley de Aguas (2010), denuncias por la contaminación provocada por la minería de áridos y la pequeña minería de metales, reclamos en defensa de derechos de los pueblos indígenas, defensa de los bosques de manglar, lucha por la no privatización de espacios públicos y ancestrales, así como críticas al desarrollo de megaproyectos hidroeléctricos.

En estos procesos se criminalizan indiferentemente  individuos y organizaciones: desde líderes y dirigentes sociales, pasando por autoridades públicas locales, hasta llegar a organizaciones sociales que defienden el agua, la naturaleza o sus territorios. De la misma manera, han sido criminalizadas personas o familias que de alguna manera obstaculizan la ejecución de determinados megaproyectos estatales.

En el ámbito judicial (penal y civil), se han producido una treintena de casos de criminalización cifrándose en cerca de 200 las personas implicadas. Generalmente, las denuncias en el ámbito judicial y en el administrativo involucran a varias personas y una vez avanzado el proceso terminan siendo implicados también dirigentes y líderes sociales.

Persecución de la protesta laboral

El proceso de criminalización de trabajadores públicos se da en el marco de un claro retroceso en las relaciones laborales entre el Estado empleador y los trabajadores del sector público.

El resultado ha sido el despido de miles de trabajadores bajo el argumento de la eficiencia y la modernización del aparato del Estado, generándose de forma paralela persecución política y  descrédito contra dirigentes sindicales, lo que ha concluido en muchos casos en procesos judiciales realizados por el Estado en su contra.

Esta vulneración de derechos ha ido acompañada por una escasa protección desde el ámbito jurídico hacia los trabajadores, dado que los análisis y resoluciones de las autoridades y jueces ha favorecido de forma permanente al Estado, en este caso, en su status de empleador. Los reclamos presentados por los trabajadores afectados del sector público, a través de la vía administrativa en el Ministerio de Relaciones Laborales –donde la autoridad encargada de su resolución es juez y parte-, ha generado escasos fallos favorables para los trabajadores. De igual manera, las demandas legales o constitucionales interpuestas por los trabajadores y sus asociaciones no han prosperado positivamente en los despachos judiciales, para muchos, consecuencia de las presiones que sufre el Poder Judicial respecto del Ejecutivo.

Esta situación se ha visto agudizada a partir del decreto ejecutivo 813, por el cual se articulan sucesivas oleadas de despidos intempestivos bajo la cuestionada, por anticonstitucional, figura de renuncias obligatorias.

Otro aspecto de importancia es el despido de dirigentes sindicales, mecanismo habitual para disuadir a los trabajadores de sus reclamos y pretensiones organizativas, aplicados en instituciones como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Universidades y Escuelas Politécnicas, diversos ministerios y varias empresas municipales.

De igual manera, varios representantes de organizaciones sindicales han sido señalados como responsables de actos de sabotaje y terrorismo, invasión de edificios públicos o de atentar contra la seguridad interna del Estado, al realizar diferentes tipos de manifestación y reivindicaciones.

Coerción de la libertad de expresión

Por último cabe señalar los mecanismos aplicados por el Gobierno para la autocensura a la crítica en los medios de comunicación privados. El caso El Universo y las multas a los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita –autores del libro de investigación periodística “El Gran Hermano”- son claros ejemplos que pretenden posicionar la alerta para periodistas y comunicadores.

Ya desde mediados de los 80, los teóricos de la gestión de empresas elucubraron que para tener éxito había que producir ante todo marcas y no productos. Además, en la actualidad y ante la perdida de control sobre la producción y las políticas monetarias (globalización), el poder del gobierno se basa en la capacidad de emitir señales a través de los medios.

Controlar a los medios de comunicación críticos -con independencia de su profesionalidad y tendencia ideológica- con el fin de posicionar la marca de la Revolución Ciudadana, así como emitir señales positivas en un régimen que ocupa el puesto 120 (por detrás de países como Botswana, Bután, Bahrein, Ruanda, Liberia, Etiopía o Burkina Faso)  en el ranking de países menos corruptos de Transparencia Internacional, es una necesidad urgente para un gobierno que pretende perdurar prolongadamente en el tiempo.