Por Decio Machado
Algo más de tres años han pasado desde el referéndum que
propició la anexión rusa de Crimea y el posterior estallido de la guerra civil que aun
vive la región ucraniana de Donbáss. A pesar del tiempo transcurrido siguen sin habitarse vías serías para la resolución de este conflicto armado, así como
tampoco iniciativas diplomáticas enfocadas a garantizar los derechos de las
minorías étnicas colateralmente golpeadas por este conflicto.
Antecedentes
Según revelaron diferentes cables de WikiLeaks, ya
desde primeros de febrero del 2008 el entonces embajador de Estados Unidos en
Rusia, William Burns, informaba a la OTAN y al Pentágono sobre la preocupación
rusa respecto al deseo de Ucrania y Georgia de unirse a la OTAN. Textualmente
Burns indica que tales decisiones “no solo tocan una fibra sensible de Rusia,
sino que también engendran graves preocupaciones acerca de las consecuencias
para la estabilidad en la región”. Lo anterior poco le importó a las potencias
occidentales. En 2011, la OTAN reconocía oficialmente a Georgia como miembro
aspirante junto a Bosnia y Herzegovina, Macedonia y Montenegro. En el caso
ucraniano, el proceso se paralizó tras la vuelta de Viktor Yanukovich a la
presidencia del país en 2010. Sin embargo, tras su caída, Putin necesitó
articular un conflicto de escala dimensionada y sostenido en el tiempo para controlar
la península de Crimea -un territorio con clara mayoría poblacional pro rusa- y
de forma paralela debilitar a la Ucrania de Petró Poroshenko (un acaudalado
empresario pro occidental que se erigió como mandatario del este país en 2014 y
cuyo gobierno está conformado básicamente pro personalidades provenientes del
ámbito de los negocios). Esta estrategia rusa no es nueva, teniendo sus
antecedentes en Osetia del Sur y Abjasia entre 1991 y 1993 bajo una calculada
estrategia de desgaste contra Georgia.
Cabe señalar que este conflicto tiene su
origen inmediatamente después de que la corporación estadounidense Shell –una
de las cuatro grandes compañías que dominan el mercado petrolero mundial- firmase
un acuerdo con el gobierno ucraniano cuyo objetivo era explotar su gas de
esquisto. Los principales yacimientos contemplados en dicho acuerdo se
encuentran “casualmente” ubicados en Donbáss, actual territorio en disputa, y
su explotación hubieran permitido la independencia energética de Ucrania y un suministro de gas más barato a Europa que el de las tarifas actuales de Gazprom.
Enmarcado en la lógica anterior, el 16 de marzo del 2014 la hoy denominada República Autónoma de
Crimea y la ciudad federal de Sebastopol celebrarían un referéndum donde su
población votó mayoritariamente a favor de su ingreso en la Federación de
Rusia. Dicho referéndum no fue reconocido por la comunidad internacional, donde
se considera -especialmente por parte de Estados Unidos y la Unión Europea- que
Rusia se ha apoderado indebidamente de un pedazo de Ucrania. No piensa igual la
mayoría de la población crimea, quienes viendo lo que actualmente sucede en Ucrania
consideran que sin la intervención rusa su territorio estaría hoy en las mismas condiciones. En todo caso y transcurrido ya un trienio de la
anexión rusa de Crimea, Ucrania sigue considerando a esta península como parte de
su territorio, utilizando el término de región “temporalmente ocupada” para definir
su situación actual.
En la actualidad Crimea carece de relaciones
comerciales con Ucrania, lo que obliga a que sus suministros lleguen por vía
aérea y marítima, encareciéndose considerablemente el valor de estos productos.
Buscando soluciones a dicha circunstancia, Rusia trabaja de forma acelerada en
la construcción de un puente de ferrocarril y una carrera que transitando por encima del Mar Negro
pretende estar operativa próximamente. Lo anterior, rompería el aislamiento
actual al que está sometida la península de Crimea.
Independientemente de cual sea el desenlace futuro
del conflicto armado existente en la región de Donbáss, las infraestructuras
destinadas a conectar Rusia con Crimea apuntan a la escasa voluntad rusa por
reunificar a esta región con Ucrania. El Kremlin entiende que más allá del
movimiento de piezas que actualmente se desarrolla en el tablero geopolítico de
Europa del Este, recae sobre sus espaldas la responsabilidad de proteger a ese
58,32% (datos censo 2001) de población crimea que es étnicamente rusa.
Intentos
fallidos de la diplomacia internacional y continuidad del conflicto
La Unión Europea tiene un interés estratégico
respecto a lo que sucede en la zona en conflicto, dado que importa de Rusia más
del 40 por ciento del gas que actualmente consume. Pese a que los europeos han
puesto en marcha un plan estratégico destinado a reducir dicha dependencia
energética mediante la construcción de 14 proyectos gasísticos distribuidos por
todo el continente, además de una estación de gas licuado (LNG) en Croacia,
varios gasoductos en Finlandia y el Báltico, así como otra red de gasoductos en
Rumania, Bulgaria y Grecia, dichas infraestructuras no estarán operativas hasta
avanzada la década del 2030.
Lo anterior explica el hecho de que la Unión Europea –especialmente
Alemania y Francia- haya desarrollado numerosas iniciativas diplomáticas de intermediación en el conflicto de Donbáss (Declaración Conjunto de Ginebra sobre
Ucrania, los Acuerdos Minsk I y Minsk II, el Formato de Normandía y el Grupo de
Contacto Trilateral), teniendo todas ellas dos cuestiones en común: el escaso
cumplimiento de los acuerdos alcanzados por ambas partes y el haber ignorado en dichas
negociaciones la cuestión de Crimea. Esta última cuestión es imputable al éxito
estratégico de la diplomacia rusa, la cual en palabras de Dmitri Peskov -portavoz
del Kremlin- considera que Crimea “es una región de la Federación rusa y Rusia
no aborda ni abordará nunca con nadie la situación de sus regiones”.
Pese a que los responsables de desencadenar la guerra
civil ucraniana son los países occidentales, dada su pretensión por ampliar la
OTAN hasta el mismo corazón de lo que fue la extinta Unión Soviética, la actual
disputa geopolítica se decanta a favor de Putin. Con el Acuerdo de Minks II
estancado y con dos regiones secesionistas -Donetsk y Lugansk- al interior de Ucrania,
dicho país queda impedido de unirse militarmente a la OTAN y comercialmente a
la Unión Europea.
Las
víctimas
Pero más allá de los interés geopolíticos de las
diferentes potencias involucradas en el conflicto y el número de víctimas por
el conflicto bélico en Donbáss (cifra que oscila entre 10 mil y 50 mil
personas, según la fuente), lo que aparece como una urgencia humanitaria hasta
ahora ignorada en la agenda diplomática internacional es la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos
de las minorías étnicas en Crimea.
A mediados del pasado mes de diciembre, el informe In the Dark: The silencing of dissent
elaborado por Amnistía Internacional, acusa a las autoridades
rusas de “persecución sistemática” a los líderes y activistas de la comunidad
tártara de Crimea. En dicho informe se relata con cierto detalle las lógicas
represivas utilizadas por las autoridades rusas contra su minoría tártara. Esta
comunidad, cuantificada como el 12 por ciento de la población de Crimea se
muestra mayoritariamente contraria a la ocupación rusa, condición por la que
sufren una oleada represiva cuyo objetivo es silenciar su disidencia y
garantizar su sometimiento a la anexión. De esta manera, según el informe, se
han enjuiciado y forzado a exiliarse prácticamente a todas las voces críticas
en Crimea, incluidos los principales líderes y activistas de tártaros.
Entre las estrategias represivas aplicadas por la
autoridad rusa en Crimea, se destaca el uso de hospitales psiquiátricos
como espacios donde están siendo enviados los activistas tártaros que no han
podido salir del territorio, utilizando lógicas de psiquiatría punitiva, algo
que ya tal se practicó durante la era estalinista. Los
allá trasladados son extraoficialmente acusados de participación en la
organización Hizb ut-Tahrir (Partido de la Liberación), una organización panislamista
que pese a desechar el uso de violencia como forma de intervención política ha
sido fuertemente reprimida en países como Turkestán y Uzbekistán, y a la que
Rusia considerada como un grupo terrorista pese de la inexistencia de acciones
terroristas en Crimea.
El silencio internacional respecto a la violación
sistemática de derechos fundamentales sobre la minoría tártara es un ejemplo más de las falencias
del sistema internacional de los derechos humanos, el cual se supone está
integrado por una amplia red de tratados, protocolos y organismos
internacionales, regionales y nacionales, cuya estructura fundamental se
articula en las NNUU.
Cabe recordar que el ejercicio de la represión sobre
la comunidad tártara de Crimea no es algo nuevo. En 1944, a finales de la
Segunda Guerra Mundial, dicha población ya sufrió una brutal oleada represiva durante
el régimen de Stalin. En aquel momento fueron acusados de colaboracionismo con los invasores
nazis, lo que derivó en deportaciones masivas en las muchos de ellos murieron
por enfermedades e inanición. Desde finales de la década de 1980,
aproximadamente unos 250.000 tártaros volvieron a Crimea, generándose entonces
tensiones con la mayoría rusa debido al no reconocimiento de sus derechos
territoriales, la carencia de viviendas adecuadas para los repatriados e
incluso la denegación de la entonces ciudadanía ucraniana a muchos de ellos.
El hecho de que la mayoría de la población de Crimea
respalde la anexión a Rusia de su territorio no puede justificar la violación
de derechos humanos a sus minorías. La rectificación sobre las condiciones a la que actualmente está sometida la disidencia tártara en Crimea que debe comenzar por la
anulación de la sentencia emitida por su Corte Suprema, mediante la cual se
proscribe al “Mejlis” (Congreso del Pueblo Tártaro de Crimea), el cual fue fundado en 1991 y es el cuerpo representativo de dicha comunidad.
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