La "izquierda" en Ecuador

Por Decio Machado / Director Ejecutivo de la Fundación ALDHEA

El posicionamiento en la segunda vuelta de los partidos políticos de la “izquierda” a la “izquierda” del correísmo llamando al voto a favor de la candidatura de Guillermo Lasso, representante político del capital financiero e impulsor de un plan de gobierno de marcado perfil neoliberal, abre una serie de debates sobre la utilidad estas viejas estructuras organizativas y sus direcciones políticas como herramientas útiles para la transformación social en este pequeño país andino.

El origen del concepto político “izquierda”

El término “derecha” e “izquierda” en política tiene su origen histórico en Francia en una votación que se desarrolló en la Asamblea Constituyente el 14 de julio de 1789, el mismo día en que el pueblo de París asaltó la fortaleza de la Bastilla, cuando se discutía la propuesta de un artículo de la nueva Constitución en la que se establecía el veto absoluto del rey a las leyes aprobadas en la futura Asamblea Legislativa.

Los diputados que estaban a favor de la propuesta (girondinos), que suponía el mantenimiento del poder absoluto del monarca, se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea, mientras que los que defendían que el rey sólo tuviera derecho a un veto suspensivo y limitado en el tiempo (jacobinos), posicionando lógicas más democráticas por encima de la autoridad real, se situaron a su izquierda. Es así que el concepto de “izquierda” quedó asociado a las opciones que propugnaban un cambio político y social, mientras que el término “derecha” quedó asociado al conservadurismo.

Sin embargo, desde la toma de la Bastilla hasta hoy el mundo ha cambiado notablemente y un término tan ambiguo como “izquierda”, definido en otros momentos por el concepto y rol de Estado, del mercado y de las personas al interior de la sociedad, debe ser inevitablemente actualizado.

Haciendo historia, sería al propio Vladimir Lenin a quien nunca le agradó en exceso dicho término, prefiriendo la denominación de bolcheviques (en ruso, “miembro de la mayoría”) para diferenciarse de forma contundente de las posiciones políticas socialdemócratas rusas (también conocidos como mencheviques). El mismo Lenin escribiría, en 1920, la obra La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo, uno de los textos más importantes del marxismo y donde se aborda la tarea de la construcción del partido revolucionario en clara relación entre el marxismo y el movimiento proletario.

No es casualidad entonces que pese a que el concepto político “izquierda” tenga un origen marcadamente parlamentarista, la revolución bolchevique fuese -entre otras cuestiones- un conjunto de sucesos históricos de connotaciones marcadamente antiparlamentarias. Lenin llegaría a definir a la actividad legislativa como “cretinismo parlamentario”, impulsando junto a León Trotsky –quien tuvo a su cargo la creación del Ejército Rojo- la construcción de los Sóviets (asambleas de obreros, soldados y campesinos) en contraposición terminológica y conceptual a un viejo sistema parlamentario burgués que apenas había permitido la participación de las masas en el gobierno de la nación. Visto desde esa perspectiva, ¿es aplicable el término “izquierda” en una América Latina donde el modelo parlamentario esta lejos de ser el espacio para encontrar una expresión política para sus problemas sociales?

A punto de cumplirse el centenario de la revolución bolchevique, no hay país -tanto del Norte industrializado como del Sur en vías de desarrollo- donde la “izquierda”, las “izquierdas” en realidad, no conformen una amplia diversidad de opciones políticas diferenciadas.

Esta multiplicidad de opciones ideológicas (socialdemócratas, comunistas, socialistas, anarquistas…) y su abanico de matices (trotskistas, leninista, maoístas, anarco-comunistas, social-liberales, bolivarianos…) hacen complejo el llegar a un consenso sobre qué es hoy ser de “izquierda”. Esto se agudiza bajo la inconsecuencia de que hay sectores políticos de rancia ortodoxia “izquierdista” que, aun hoy, excluyen de sus identidades ideológicas a todo aquel que no venda su fuerza de trabajo a cambio de un salario (el viejo proletariado carente de propiedades y medios de producción). Sin embargo nuestras sociedades y sus sistemas productivos evolucionan de forma cada vez más acelerada, lo cual implica aberraciones tan grotescas como que, siguiendo los viejos parámetros ortodoxos, un gerente corporativo que no tenga acciones en la empresa que dirige podría ser considerado como clase explotada, mientras que un operario de esa misma corporación que trabaje en su casa con una computadora de su propiedad ya no formaría parte de esta. En definitiva, la compleja evolución del capitalismo y su mutación tecno-organizativa promovida en el marco de la producción/reproducción global del sistema sigue siendo un fuerte obstáculo para la comprensión del mundo actual por parte de sectores que aun leen el sistema productivo bajo las lógicas de demanda de fuerza de trabajo existentes en épocas pasadas.

A estas dificultades para entender el entorno por parte de sectores anclados a una mirada decimonónica, hay que añadir que la complejidad del mundo actual hace que los conceptos y acciones que definen a la “izquierda” en un país, puedan ser entendidas de forma contraria en otro al mismo tiempo. Un ejemplo de lo anterior podría remontarnos a 1948, donde apoyar la creación del Estado de Israel en Europa era una posición de “izquierda”, mientras que en los países árabes dicha posición tan solo fue apoyada por las corrientes políticas conservadoras. Es desde esa dislocación geográfica desde donde se entiende que la gestión del presidente Rafael Correa sea considerada por gran parte de la “izquierda” eurocéntrica -inmersa en el desmantelamiento del Estado “protector”- como un referente en materia de políticas públicas progresistas, mientras que en Ecuador los movimientos sociales y organizaciones populares viven desde hace años en permanente conflicto con el gobierno.

La problemática en el ámbito de las definiciones sobre que es “izquierda” transversalizan hoy diferentes aspectos de la realidad social, cultural, política y económica en la que vivimos. Respecto a lo económico, ¿hasta donde se es de “izquierda” aceptando la economía de mercado? ¿es que por impulsar la intervención del Estado en la economía, tal y como lo hizo Barak Obama en su primer mandato, se es de “izquierda”? ¿es que por democratizar el acceso al consumo, aunque esto beneficie al capital especulativo bajo lógicas de endeudamiento popular, un gobierno puede ser definido como de “izquierda”? Respecto a lo político, ¿es que toda persona que se considera de “izquierda” respeta las libertades, los derechos colectivos y está contra las dictaduras? ¿es que porque un gobierno establezca parámetros de modernización para un modelo de capitalismo tardío que entró en crisis, dicho gobierno puedo ser considerado de “izquierda”? Respecto a la orientación sexual, ¿es que por no seguir los cánones preestablecidos por el modelo patriarcal ya se hace una apuesta por el socialismo? Respecto a nuestra posición ante al derecho de las mujeres ¿es que toda persona que se considera de “izquierda” es de por sí feminista? Respecto a nuestra sensibilidad ambiental ¿es que por tener una posición proteccionista respecto a la riqueza de nuestro entorno natural se esta propugnando un modelo de sociedad más justo e igualitario? La lista de preguntas con respuestas contradictorias podría ser ostensiblemente más larga, pero en la práctica lo que se demuestra es que la calificación “izquierda” quedó como un concepto demasiado estático y requiere ser actualizado dada la realidad tan dinámica en la que actualmente estamos inmersos.

En todo caso no se trata de hacer de la dialéctica un tramposo bastión revisionista e intentando conceptualizar, lo más simplistamente posible, lo que en general se entiende en la actualidad como como “izquierda”, cabe rescatar la visión liberal-socialista del filósofo y politólogo italiano Norberto Bobbio, quien lo caracteriza como una sensibilidad ideológica que busca la igualdad. Si queremos ampliar este concepto de forma más académica, podríamos citar a Steven Levitsky y Kenneth Roberts en su obra The Resurgence of the Latin American Left:

Los partidos de izquierda buscan utilizar la autoridad pública para distribuir la riqueza o los ingresos hacia los sectores con menores ingresos, erosionar las jerarquías sociales y fortalecer la voz de los grupos desaventajados en el proceso político. En la arena socioeconómica, las políticas de izquierda procuran combatir las desigualdades enraizadas en la competencia de mercado y en la propiedad concentrada, aumentar las oportunidades para los pobres y proveer protección social en contra de las inseguridades de mercado. Aunque la izquierda contemporánea no se opone necesariamente a la propiedad privada o a la competencia de mercado, sí rechaza la idea de que pueda confiarse en las fuerzas no reguladas del mercado para satisfacer las necesidades sociales. En el ámbito político, la izquierda procura aumentar la participación de los grupos menos privilegiados y erosionar las formas jerárquicas de dominación que marginan a los sectores populares. Históricamente, la izquierda se ha concentrado en las diferencias de clase, pero muchos partidos de izquierda contemporánea, han ampliado ese foco para incluir las desigualdades basadas en el género, la raza o la étnia (Levtisky y Roberts, 2011: 5)

Conscientes de lo muy limitado del concepto, pues ignora la tensión en torno a la propiedad privada y la hoja de ruta para la construcción del socialismo, el control del mercado y de los medios de producción, la lucha contra el modelo patriarcal, la sostenibilidad del planeta, la participación política de la ciudadanía y la democratización de la sociedad, o como se destruye o al menos se transforma el Estado (Marx habló de la disolución del Estado y Lenin de un Estado “no Estado”), nos quedaremos en principio con esta escueta definición.

¿Hubo un gobierno de “izquierda” en la última década en Ecuador?

Pese a su limitación conceptual, dimos por bueno en el punto anterior que un gobierno de izquierda sería aquel que basase sus políticas públicas fundamentalmente en la lucha contra la desigualdad económica.

Si partimos de esto, el elemento más convencional de lucha contra la desigualdad ha de enmarcarse en el ámbito de la distribución de la riqueza y de la dignificación del ingreso hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Sin embargo, para que esa distribución de la riqueza no se coyuntural -tal y como ha sucedido en América Latina durante el llamado boom de los commodities- dichas políticas públicas han de basarse en la desconcentración de la propiedad, y es evidente que las “izquierdas” en el poder en la región tienen una deuda pendiente al respecto.

Tras más de un década de gobiernos de “izquierda”, en la América Latina de hoy el 10% más rico de la población concentra el 71% de la riqueza regional, y es el propio Banco Mundial –nada “izquierdista” por cierto- quien reconoce públicamente que de continuarse esta tendencia, en menos de diez años el 1% más rico del subcontinente tendrá más riqueza que el 99% restante.

En ese sentido Ecuador no ha sido una excepción. Las empresas más grandes que operan en su mercado nacional han ganado más durante la gestión correísta que durante los años anteriores a la llegada del presidente Correa al gobierno de la nación. Así, en 2006, con un PIB de 46,8 mil millones de dólares, las 300 empresas más grandes en Ecuador ingresaron 20.363 millones de dólares, lo que viene a significar un 43,6% del PIB; mientras que seis años después, en 2012, con un PIB de 84.700 millones de dólares –casi el doble que en 2006-, estas mismas empresas ingresaron 39.289 millones de dólares, lo que implica un tres puntos porcentuales más del PIB nacional. En la actualidad, con un PIB en torno a los 100.000 millones de dólares la situación no ha cambiado y se agudiza la concentración semi monopólica de empresas en los diferentes sectores del mercado. El fisco ecuatoriano reconoce la existencia de 118 grandes grupos económicos que operan en el mercado nacional de los cuales 16 de ellos controlan la mayor parte de la economía (ver Figura 1). En pocas palabras, los mismos que antes ganaban más ahora ganan todavía más.

Figura 1: Grupos económicos – Ingresos vs IR Declarados

No existe discusión respecto a que la distribución del ingreso requiere mejoras en los niveles de empleo digno y productivo, incremento de los salarios reales, un gasto público social enfocado hacia los sectores históricamente ignorados y de una mayor equidad en la tributación.

Más allá de los escasos avances durante está última década en materia de empleo digno, en el ámbito de lo tributario -cuestión fundamental para enfrentar la distribución de la riqueza-, cabe reseñar y volviendo a ese 10% más rico de la población latinoamericana, que este sector tan solo tributa un promedio del 5,4% de su renta en la región. El problema se agudiza cuando miramos al Ecuador, pues más allá del propagandístico discurso confrontativo contra las élites económicas que se ha desarrollado durante esta última década, podemos apreciar en el Gráfico 1 que mediante estructuras impositivas regresivas (principalmente impuesto al consumo), tolerancia respecto a la evasión fiscal y política de excepciones impositivas, la política gubernamental no ha hecho recaer sobre estas castas privilegiadas el peso fundamental de la carga fiscal en el país.

Gráfico 1: Proporción de impuestos a la renta que pagan los más ricos en distintos países

La consecuencia de lo anterior deriva en el creciente déficit fiscal y el mantenimiento de la desigualdad social existente. Más allá de su retórica, el gobierno correista no pasa de ser un gobierno caracterizado por del diseño tecnocrático de sus políticas, la implementación de un Estado-control sobre la ciudadanía basado en sus miedos a la movilización popular, una fuerte concentración de poder en torno a la figura presidencial, la limitación respecto a derechos civiles y políticos en la sociedad, una preocupante incapacidad para plantear acciones efectivas de lucha contra la corrupción, así como un articulador de políticas complacientes con las élites económicas que más sirvieron para salvar el mercado tras el nefasto caos neoliberal que para cuestionarlo.

No podemos negar que el gobierno de Rafael Correa ha reducido los indicadores de pobreza, especialmente durante los primeros seis años de su mandado, sin embargo, si consideramos por ello que es un gobierno de “izquierda”, deberíamos también considerar a todos los gobiernos de América Latina -desde el año 2000 al 2013- como gobiernos de “izquierda”, lo cual evidentemente sería una imprecisión.

Los otros: esos partidos que se gustan de llamarse a si mismos la verdadera “izquierda”

No ha sido fácil el reto que han tenido que afrontar durante esta década los movimientos sociales ecuatorianos y la autodenominada verdadera “izquierda”. El aparato de propaganda correista les dejó sin banderas, entendiendo por estas la dialéctica política en pro de los de abajo. En todo caso, difícil justificación para un mal estudiante es decir que suspendió el examen porque este era difícil…

Este sector de la izquierda -marxistas se dicen de sí mismos- desde hace casi un siglo comete el error de pensar que el marxismo tiene el monopolio de la emancipación, ignorando que dicho pensamiento no es más que un meeting point y no un dogma de fe religioso a trasmitir, entre bostezos, a cada vez menor número de feligreses. Es así que ante el surgimiento del correísmo como una herramienta electoral efectiva que llena el significante vacío de cualquier cosa arropándose bajo un discurso de “izquierda”, esta “izquierda” ha entrado en una crisis existencial que contagió a las organizaciones populares que en años anteriores destacaron por sus resistencias contra las políticas de la “larga noche neoliberal”.

Lo anterior deriva en que esta “izquierda” durante la última década haya tenido muy poco que aportar en el debate sobre intervencionismo estatal en la economía; el desarrollo de la sociedad de consumo; el cada vez mayor desarrollo tecnológico; la nueva organización del trabajo impuesta por el capitalismo cognitivo; y, la reactualización del colonialismo económico, cultural y académico en el país. Es más, en estos últimos años dicha “izquierda” se ha olvidado de descentrar el problema del poder y la dominación de la lógica del Estado y la soberanía; ignorando principios foucaultianos tan básicos como que el Estado no es el punto de partida para una analítica del poder moderno, sino más bien su punto de llegada (la forma histórica que han adquirido en un determinado momento un conjunto de relaciones de poder). Es de esta manera que el debate sobre el biopoder (modos en que el poder gobierna la vida desde su exterior, tratando de capturarla, controlarla, fagocitarla y reprimirla) se desplazó al ámbito de lo académico, quedándose en el marco de un frustrante juego semi-intelectual que en la mayoría de los casos carece de efectividad para articular prácticas de resistencia (biopolítica). Afortunadamente y pese a lo anterior, las prácticas de resistencia persisten, pues son inmanentes a la vida misma, bloqueando, resistiendo y creando nuevos modos o formas de vida sobre los que hemos de retroalimentarnos a futuro.

El resumen de esta cuestión es que la mayoría de estos partidos políticos de la “izquierda” continúan haciendo infructuosos esfuerzos por encajar de forma adecuada en la nueva cartografía socio-política estructurada por el correísmo, la cual se ha desarrollado de forma efímera –mientras duró la plata- mediante un nuevo modelo de capitalismo posneoliberal con amplia intervención del Estado. El mismo hecho de que diez años después de la llegada al poder de Rafael Correa, esta “izquierda” siga teniendo dificultades a la hora en caracterizar el proceso político en el que estamos inmersos, genera su propia incapacidad a la hora de construir contra-modelos al poder hegemónico. Sus discursos y construcciones políticas quedan cortos e inadecuados a la hora de dar respuestas a una sociedad que demanda cosas concretas en el día a día de la realidad político económica vigente. Lo anterior implica que esta “izquierda” viva ante cada contienda electoral una lenta agonía ante mortem, presentando programas electorales centristas y eclécticos cuyos planes de gobierno y vistos sus resultados, pocos sentimientos fuertes inspiran en la población.

Pero más allá de lo que tiene que ver con los partidos políticos de la “izquierda”, vemos también a un movimiento indígena incapaz de superar la crisis a la que se abocó solito tras pretender cogobernar junto al gobierno de Lucio Gutiérrez (2003-2005). En estas condiciones y pese a que son las y los compañeros indígenas quienes en la mayoría de los casos han puesto sus cuerpos frente a la represión estatal, hace años que el movimiento indígena navega entre tinieblas demostrando -en el marco de este proceso de modernización acelerada implementada por el correísmo- su incapacidad para reconstruirse como un actor político de cambio y de igual manera el notable estancamiento discursivo de su dirigencia.

Lo anteriormente descrito condiciona a una “izquierda” a la “izquierda” del correísmo que en general se encuentra muy golpeada por las estrategias gubernamentales de desacreditación a la oposición política y social, lo que se visualiza en la falta de capacidad para la articulación de fuerzas “antagónicas” en los escenarios políticos actualmente existente. Inmersos en la falta de propuestas y carencia de proyecto alternativo de sociedad, sonroja ver como en la actualidad gran parte de estos sectores piden el voto activo al partido del capital financiero (la candidatura presidencial de Guillermo Lasso) en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Pero sonroja más aún ver como la escenificación dialéctica de su dirigencia se basa en la autojustificación permanente de dicha medida, a la que llaman “gratuita”.

Haciendo memoria histórica, el marxismo fue inicialmente introducido y socializado en América Latina por inmigrantes alemanes, italianos y españoles a finales del siglo XIX. Fue a partir de la década de 1920 cuando aparecieron los primeros partidos obreros y sus primeros líderes. Entre estos destacó la figura de Julio Antonio Mella, quien al grito de guerra de “Wall Street debe ser destruida” proponía un frente único compuesto de “trabajadores de todas las tendencias, campesinos, estudiantes e intelectuales independientes” donde no tuviera cabida la burguesía nacional.

Sin embargo, la actual posición de la “izquierda” ecuatoriana recuerda más bien al segundo período del marxismo en América Latina (1930 al 1959), cuando en pleno apogeo stalinista la interpretación soviética del marxismo fue hegemónica y por consiguiente la teoría de la revolución por etapas de Stalin. Así esta “izquierda” no se refunda, sino que retrocede entre sesenta y noventa años, momentos cuando la teoría marxista en el subcontinente se limitaba a transplantar mecánicamente a América Latina conceptos europeos, considerando que la estructura agraria del continente era feudal como la europea, su burguesía local era progresista como la francesa y el campesinado era un sujeto hostil al colectivismo socialista. La máxima de la “izquierda” en aquel momento fue: las condiciones económicas y sociales en América Latina no están lo suficientemente maduras para una revolución socialista; por el momento, el objetivo es concretar una etapa histórica democrática y antifeudal, tal y como se hizo en la Europa de los siglos XVIII y XIX.

De esta manera tan absurda, Stultiae laus lo llamaría Erasmo de Rotterdam si renaciera quinientos años después, una “izquierda” que dice determinar su posición política actual en aras a la defensa de la democracia se sumerge en una campaña activa pidiéndole voto a favor de un programa neoliberal (como si en el subcontinente hubiera sido compatible neoliberalismo y democracia), en lugar de plantear la defensa irrestricta de aquello que el filósofo francés Claude Lefort definiera hace cuarenta años como “democracia salvaje”. Es decir, defender un modelo de democracia no domesticada ni domesticable, cuyo principio es anárquico: sin orden, sin fundamento y con un sentido enmarcado en la ampliación permanente de derechos.