Por Decio Machado // Redacción (Ecuador)
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Las encuestas más recientes no pueden ser más desfavorables para Dilma Rousseff. El 69% de la población brasileña considera a la presidente de Brasil corresponsable de la trama de corrupción de Petrobras. Unos datos que se trasladan a su índice de aceptación: su popularidad se desplomó al 10,8%, mientras que el 77,7% de la población desaprueba su liderazgo.
Esos mismos estudios indican que el 92,8% de la ciudadanía está preocupada por el estado de la economía nacional. Según una proyección realizada a primeros de marzo por el Banco Central de Brasil, el país sufrirá una contracción del 0,58% este año, su peor desempeño económico en las últimas dos décadas.
Corrupción en el PT
El 16 de marzo, el Ministerio Público Federal imputó al tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari Neto, por corrupción y lavado de dinero. Junto a Vaccari, la tercera fase de la Operación Lava Jato (lavado exprés) conllevó denuncias a otras 26 personas, entre las que están varios exdirectivos de Petrobras acusados de recibir sobornos de empresas a cambio de la asignación de contratos de la petrolera. Existen "pruebas más que suficientes" de que Vaccari solicitó donaciones a exdirectores de compras y servicios de la petrolera estatal, así como a ejecutivos de empresas de ingeniería y constructoras involucradas en el desvío de dinero hacia políticos y partidos, según ha manifestado recientemente el fiscal Deltan Dallagnol. El conjunto de los imputados está siendo acusado de crímenes por lavado de dinero, corrupción y asociación ilícita.
Según sostiene la Fiscalía, Vaccari tenía contactos con directores de Petrobras, con quienes negociaba comisiones provenientes de los contratos, cuyos precios se inflaban. El tesorero del PT recibía el dinero "disfrazado" en forma de donaciones legales para campañas del PT.
Fruto de estas indagaciones, el Gobierno se ha visto obligado a autorizar una investigación sobre representantes de seis partidos políticos, entre ellos el presidente del Senado, Ranan Callheiros, y el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, ambos del Partido Movimiento Demócrata Brasileño (PMDB).
La Operación Lava Jato motivó también que el procurador general de la República, Rodrigo Janot, entregase -a primeros del mes de marzo- al Supremo Tribunal Federal una lista con 28 preguntas dirigidas a los políticos involucrados en este esquema de financiación irregular.
Operación Lava Jato
Con inicio en un surtidor de gasolina -de donde surge su nombre-, la Operación Lava Jato nació hace algo más de un año. A través de un operativo que involucra al Ministerio Público, la Policía Federal y el Tribunal de Cuentas de la Unión, se investiga una gran trama de lavado y desvío de dinero vinculado a contratos públicos con la petrolera estatal.
Una de las primeras detenciones realizadas fue la del contrabandista Alberto Youssef -con anterioridad nueve veces preso-, quien pasó de vender empanadas en la calle a manejar a través de diversos negocios de dudosa reputación miles de millones de reales. Una de sus más sonadas detenciones fue por su participación en el caso Banestado, una trama a través de la cual 19.000 millones de dólares fueron enviados ilegalmente en remesas desde Brasil a EEUU durante la segunda mitad de los 90.
Convertido en hombre de confianza del poderoso exdiputado del Partido Progresista José Janene, imputado en el Caso Mensalao (sobornos a varios diputados para que votaran a favor de los proyectos impulsados por el Gobierno de Lula), la muerte de éste en 2010 lo convirtió en el eje por el que se canalizó gran parte de la corrupción en Petrobras. Youssef se convirtió en el lobbista número uno de la petrolera estatal, en la "pieza" mediante la cual se lavaron no menos de 7.600 millones de dólares. La Policía Judicial descubrió en su despacho 750 contratos tramitados bajo su supervisión.
Tres días después fue detenido Paulo Roberto Costa, exdirector de compras de Petrobras entre 2004 y 2012. Costa era investigado por supuestas irregularidades en la compra por Petrobras de la refinería Pasadena (Texas) en 2006. Reconoció haber aceptado 1,5 millones de dólares por facilitar dicha operación, delatándose ingenuamente ante la Policía Federal tras haber recibido en marzo de 2013 un lujoso vehículo como "regalo" de Alberto Youssef.
Ambos firmaron un acuerdo de colaboración para reducir sus eventuales condenas a cambio de detallar ante la Justicia el funcionamiento de la trama corrupta en Petrobras. Por sus declaraciones han sido involucrados legisladores, empresas y distintos directivos de la compañía. Según los colaboracionistas el sistema de sobornos abastecía las cajas del Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido Progresista (PP), Solidaridade (SD) y el Partido Laborista Brasileño (PTB).
Tras las declaraciones de los delatores, el primero en ser afectado fue el diputado federal André Vargas, quien a su vez ejerció como secretario nacional de comunicación del PT. Vargas, quien por la información que maneja es considerado por el petismo como una "bomba ambulante", está siendo investigado por intermediar en las relaciones de Youssef con Petrobras, otras instituciones y el Ministerio de Salud en la adjudicación de contratos fraudulentos y comisiones canalizadas a través de empresas fantasmas.
En noviembre de 2014 arrancaría la segunda fase de la Operación Lava Jato, en la que fueron implicadas importantes transnacionales brasileñas. Las denuncias realizadas motivaron la orden de detención de otras 39 personas, entre las cuales no se encuentra ningún político, dado que éstos poseen un foro privilegiado que implica al Supremo Tribunal Federal como único órgano competente para poder investigarlos y proceder con su detención.
Entre las informaciones reveladas por la Fiscalía aparecen datos que involucrarían también al exministro José Dirceu, actualmente preso por el escándalo Mensalao; así como un documento en el que se detalla el pago de 1.200 millones de reales en sobornos al PT, a los exdirectores de Petrobras Paulo Roberto Costa, Renato Duque y Nestor Cerveró, y al exgerente de la estatal Pedro Barusco.
Cártel de empresas
Dos de las empresas investigadas por estos millonarios desvíos de dinero, Setal Engenharia y SOG Óleo e Gás, se acogieron recientemente a un acuerdo con las autoridades antimonopolio de Brasil a través del cual admitieron haber formado parte de un cártel para repartirse los contratos de Petrobras. Dicho acuerdo de confesión consiste en el suministro de información a cambio de la reducción de las sanciones que les serán impuestas por violación de las leyes de libre competencia.
Estas firmas admitieron formar parte de un cártel constituido desde finales de los años 90 e integrado por 23 compañías que se distribuían los contratos públicos a cambio del pago millonario de sobornos. Este "club de empresas" actuaba coordinadamente en las licitaciones de Petrobras desde la época del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, prolongando su modus operandi hasta inicios del 2012.
"Esas conductas fueron desarrolladas, principalmente, por medio de reuniones presenciales, contactos telefónicos y SMS entre los representantes de las empresas, centrados en la supresión y reducción de competitividad en las licitaciones de contrataciones realizadas por Petrobras en obras de montaje industrial onshore (producción en tierra), con previo acuerdo con el ganador del contrato respecto a precios presentados, condiciones, división de lotes, abstenciones y propuestas de cobertura, entre otros", según se lee en la declaración.
Las empresas participantes del cártel, además de las declarantes son: Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Odebrecht, Mendes Junior, MPE Montagens y Projetos Especiais, Promon, Technint, UTC Engenheria, OAS, Engevix, Galvao Engenharia, GDL, Iesa Óleo e Gás, Quiroz Galvao y Skanska Brasil. Aunque el acta recoge también otras que "participaban esporádicamente en estas combinaciones": Alusa Engenharia, Construcap, Fidens, Jaraguá Engenheria, Schahin y Tomé Engenharia.
En la declaración de Augusto Mendoca, exrepresentante de Setal, se indica que "el cártel pasó a ser más efectivo a partir de 2004", tras la llegada del PT al poder.
Más allá de los escándalos
Swissleaks
El Senado de Brasil analiza las denuncias de cuentas de ciudadanos brasileños no declaradas en la filial suiza del banco HSBC en el caso Swissleaks. Con 8.667 nombres en la lista, Brasil es uno de los países más personas vinculadas al escándalo.
Pesimismo
El pesimismo sobre la recuperación económica se extiende a las perspectivas sobre la erradicación de la corrupción: el 65,7% de los consultados dice que no cree que los responsables de los sobornos vayan a ser castigados.
"Ladrones"
Tras haber posicionado la educación como un objetivo central de sus tareas en este segundo mandato. Dilma Rousseff tuvo que aceptar el pasado 18 de marzo la dimisión del titular de esta cartera, Cid Gomes, quien definió a la bancada oficial en el Congreso como "oportunistas" y "ladrones".
Inflación
Tras aumentar con fuerza en los últimos meses, la inflación se ha aproximado al 8%, el nivel más alto de los últimos diez años. Éste es uno de los factores fundamentales que han movilizado a cientos de miles de ciudadanos en todo Brasil reclamando el impeachment de Dilma Rousseff.
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