Por Decio
Machado (Quito / Ecuador)
Periódico Diagonal
Al mediodía del pasado 31 de mayo se registra la
alerta en las dependencias del Ministerio de Ambiente, Secretaría Nacional de
Gestión de Riesgos y la empresa estatal Petroecuador. Tras una serie de
llamadas telefónicas comienzan a desplegarse mapas del nororiente ecuatoriano
sobre diversas mesas de trabajo. A su alrededor se concentran autoridades y
técnicos de diversa índole. El punto señalado es la pequeña población amazónica
El Reventador, en el kilómetro 82 de la carretera que une Quito con Lago Agrio,
la capital petrolera del país.
El despliegue es rápido, en las siguientes dos horas
aparecen una multitud de vehículos oficiales y camiones militares en la zona del
siniestro. Los vecinos de El Reventador, una localidad con algo más de 1.500
habitantes de los cuales aproximadamente el 70% son pobres, repiten una y otra
vez su narración de los hechos al ser interrogados. Unos y otros comentan que
sobre las 9:30 horas de la mañana, tras dos días de fuertes lluvias en la zona,
“se produjo un fuerte deslave en una loma situada a pocos metros de la entrada
a la población”. El desprendimiento de tierras ocasionó la ruptura del
oleoducto que recorre el lugar. “Sonó durísimo, así como cuando explotó el
Reventador”, indican algunos moradores señalando al volcán que da nombre a la parroquia
y que tuvo su última erupción en noviembre del 2002. El talud ocasionó la
ruptura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), una red de tuberías conocida
como la “serpiente metálica” que atraviesa gran parte de la amazonia
ecuatoriana hasta llegar a la ciudad de costera de Esmeraldas –donde el crudo
es embarcado hacia otros países-, cruzando previamente la Cordillera de los
Andes.
Algunos pobladores denuncian que sus animales
enfermaron tras la ingestión del agua del río y aproximadamente unas 60.000
personas quedaron desabastecidas del líquido vital. Automáticamente el Estado
puso en marcha una flota de camiones que movilizándose desde Quito suministró agua
embotellada a los afectados; de igual manera, llegaron tanqueros con agua
potable desde Lago Agrio y Shushufindi; y Petroecuador construyó de manera
inmediata un acueducto de dos kilómetros para transportar el líquido desde el
río Payamino a la planta de tratamiento de agua del Coca, desde donde se
abastece a toda la capital de la provincia de Orellana.
Los altos funcionarios del gobierno ecuatoriano
tienen sus prioridades claras. De inmediato aparece un comunicado oficial
indicando que “la emergencia no afectará a las exportaciones de crudo ni al
abastecimiento de las refinerías”. Técnicos de la empresa estatal de cudro
manifiestan que “tenemos suficiente crudo almacenado tanto en Lago Agrio como
en Esmeraldas para que no se vean afectadas ni las refinerías del país ni
nuestras exportaciones”.
Operadores de distintos ministerios recorren las
poblaciones afectadas dejando diversas hojas informativas. En ellas se
distinguen frases como “ahora si el petróleo es para la Amazonía”, “estamos
construyendo la sociedad del Buen Vivir”, “nuestros recursos naturales son la
base de nuestro desarrollo” o “Ecuador ama la vida”.
Los pronunciamientos oficiales indican que la ruptura
de la tubería ha provocado un derrame de unos 11.480 barriles de petróleo, provocando
contaminación en los ríos Coca y Napo. La reparación del oleoducto fue rápida,
en apenas tres días el SOTE reanudó su bombeo de crudo, a la par que ya se
trabaja en el plan de remediación ambiental. Según los dirigentes de
Petroecuador la intervención del Estado ha sido un éxito. Este mensaje junto al
de que Ecuador es el país con la Constitución “más verde del planeta” es
repetido de manera continuada por diversas autoridades en los actos oficiales
que se enmarcan en la “semana del ambiente”, la cual irónicamente tuvo su
inicio apenas tres días después del derrame.
Sin embargo, y a pesar de la propaganda
oficial, no todo es perfecto. El informe de la compañía estadounidense Oil Spill Response Limited, contratada
por Petroecuador para la evaluación de las actividades de respuesta en el área
afectada, señala que el derrame afectó a 400 kilómetros a lo largo de las riberas
del río Coca y el río Napo, desde el Reventador hasta la entrada de la laguna
Añangucocha en el Perú. Según manifiestan algunos de los 300 trabajadores que
han sido contratados para la remediación ambiental, ésta no estará terminada
hasta dentro de seis meses dada la extensión de terreno por la cual se ha
esparcido el crudo. Mientras, voceros de las organizaciones ambientalistas y
dirigentes indígenas señalan que un río afectado por un derrame de petróleo
pierde su capacidad de sostener flora y fauna acuática, muchas de las
sustancias que contiene el crudo se depositan en los sedimentos y son de
difícil degradación y fácilmente bioacumulables. Se calcula que metales pesados
como el vanadio puede permanecer en los sedimentos de los ríos por lo menos
unos 10 años.
Para el biólogo Diego Mosquera, director
de la Estación de Biodiversidad de Tiputini del Parque Nacional Yasuní, "en
los últimos 30 años por las operaciones petroleras en la Amazonía se han
derramado algo así como 20 millones de galones de petróleo". Los datos del
Ministerio del Ambiente constatan la magnitud del problema: la media de
accidentes entre 2000 y 2011 fue de casi 50 al año. Pero nadie parece tenerlo
tan claro como Lizbeth Wachapa, una joven estudiante de la ciudad del Coca que
nos indica: “mientras de la Amazonía se siga viendo el verde de los dólares por
delante del verde de nuestros árboles, se perpetuará la devastación y
contaminación de nuestro entorno”.
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