Foto: Edu LeónLa firma de un acuerdo de explotación de cobre con una empresa minera china ha generado una gran oposición en Ecuador debido al impacto de la explotación en la zona.
Decio Machado / Quito (Ecuador)
www.diagonalperiodico.net // Número 170 Número 171
El 22 de marzo la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos hacía su entrada en la capital de Ecuador, recibida y acompañada por miles de ciudadanos quiteños. En paralelo, el Gobierno del presidente Rafael Correa organizaba contramarchas en diferentes puntos de la ciudad desplazando a un notable número de seguidores desde diversas provincias del país utilizando las infraestructuras del Estado. En las calles de Quito “se mascaba la tensión ante el posible enfrentamiento de ambos grupos, pero afortunadamente no hubo incidentes graves”, indica Miguel Carbón, uno de los agentes movilizados en los operativos policiales que se articularon en la ciudad.
El oficialismo correísta y los movimientos sociales se disputaron el triunfo en sus respectivas convocatorias. No obstante, queda como precedente el hecho de que esta movilización ha sido la más importante muestra de rechazo a las políticas gubernamentales que se han dado en los más de cinco años de gobierno del presidente Rafael Correa.
Marcha contra la minera
Esta marcha tuvo sus orígenes quince días atrás, cuando desde El Pangui, localidad ubicada en el suroriente del país, partieron medio millar de personas tres días después de la firma del contrato minero Proyecto Mirador entre el Estado ecuatoriano y la transnacional china ECSA.
Mirador, una explotación que abre las puertas a la megaminería en el país, generará un cráter de dos kilómetros de diámetro por unos 900 metros de profundidad en la zona, del cual se extraerán 60.000 toneladas de roca cada día, lo quegenerará un desperdicio final estimado en 326 millones de toneladas de residuos al final de su actividad. El Pangui, una pequeña población rural con deficientes servicios básicos y notables carencias de infraestructura, cuya renta per cápita mensual oscila entre los 200 y 400 dólares, recibirá el impacto directo de la explotación de cobre por parte de la transnacional china.
Según manifiesta Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, provincia afectada por la concesión minera, “el Gobierno puso todo tipo de inconvenientes para impedir el paso de la marcha durante los quince días de caminatas, sin embargo nosotros avanzamos y día tras día demostramos que hemos perdido el miedo a un Gobierno que en lugar del diálogo utiliza la descalificación y la mentira contra los movimientos sociales y los pueblos indígenas”.
Los 700 kilómetros recorridos por la marcha, combinando tramos en vehículos con largas caminatas,ha levantado grandes muestras de simpatía por todas las localidades por donde pasaron. A su llegada a Quito, el número de movilizados ya se había quintuplicado. Las calles de los barrios populares por donde transitaron fue un clamor, incorporándose miles de personas al paso de una marcha que recorrió durante más de seis horas diversas calles de la capital andina.
Para Humberto Cholango, presidente de la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE), principal convocante de la movilización, la marcha ha sido un triunfo, y se han cumplido varios de sus objetivos: “el primero de todos era posicionar el tema minero en el debate político, y esto se ha logrado, porque se ha generado conciencia de que la minería a gran escala es perjudicial”.
En respuesta a la campaña orquestada desde el Gobierno en la cual se descalificaba la marcha de los movimientos sociales considerándola golpista y financiada por la extrema derecha, el presidente de la Ecuarunari (organización indígena de la Sierra), Delfín Tenesaca, destacó para DIAGONAL que, “pese a toda la campaña sucia emprendida por el régimen contra la marcha, no se ha caído en las provocaciones, lo que hizo que la ciudadanía se diera cuenta de que veníamos en paz y sin planes desestabilizadores”.
19 puntos demandas de los movimientos sociales
La Marcha por la Vida entregó un pliego de 19 puntos como demandas de los movimientos socialesconvocantes a las diferentes instancias del Estado. Entre ellas destacan su rechazo a la minería a gran escala y a la ampliación de la frontera petrolera en el país, la exigencia de una reforma agraria y la redistribución del agua.
Además, exigen que que no se firmen acuerdos de libre comercio con la UE, el respeto a los derechos laborales, la no criminalización de la protesta social y el cumplimiento de la consulta previa con las comunidades afectadas, según el artículo 169 de la OIT. De momento, el presidente Correa se niega al diálogo con el conjunto de organizaciones.
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