Refugiados: una especie en vías de extinción
El 20 de diciembre el presidente Rafael Correa recibió en Quito al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el ex presidente portugués Antonio Guterres, con el fin de analizar la temática de los refugiados colombianos en suelo ecuatoriano.
Ecuador es el país con mayor número de refugiados en América Latina, el registro oficial asciende a cerca de 53.000 personas colombianas con ese estatus, lo que supone el 98% de los refugiados en el país, tras un proceso acelerado de registro desarrollado por el Gobierno de Correa entre marzo de 2009 y abril de 2010 denominado Sistema de Registro Ampliado. Sin embargo, diversos estudios desarrollados por organizaciones no gubernamentales estiman que el número de refugiados se eleva en realidad a unas 135.000 personas, lo cual indica que, a pesar de los esfuerzos gubernamentales, aún faltaría más de la mitad de refugiados por regularizar, dado que el proceso tan sólo se desarrolló en las tres provincias fronterizas del norte del país.
Se estima que el 60% de la población refugiada en territorio ecuatoriano vive en las ciudades –aproximadamente 40.000 en Quito– y la mayoría del 40% restante permanece cerca de la frontera con Colombia, en regiones poco desarrolladas y aisladas, con limitados servicios básicos y carentes de infraestructuras.
Según ACNUR, la situación empeora paulatinamente, dado que se registra un flujo creciente de entrada de población refugiada, unas mil personas al mes, por la frontera con Colombia. Es por ello que Antonio Guterres ha levantado la voz de alarma ante los propios refugiados colombianos en su visita a la frontera norte: “Quiero apelar a la comunidad internacional para que dé más apoyo para mejorar vuestra vida”.
Problemas en la frontera
La migración forzosa de miles de colombianos que todos los meses escapan de la guerra, los secuestros, los “falsos positivos” y los abusos de grupos armados y del Ejército, ha llevado a que el Estado ecuatoriano se vea desbordado a la hora de cubrir las necesidades básicas de este colectivo, a pesar de una política voluntarista en ese sentido.
Consultado por DIAGONAL, el ministro saliente de Seguridad Interna y Exterior ecuatoriano, Miguel Carvajal, declara que la ecuatoriana “es una política de brazos abiertos, pero implica gastos en salud, educación y energía. Calculamos que, por año, sólo en lo que tiene que ver con refugiados, Ecuador invierte entre 39 y 50 millones de dólares”.
Al problema de los gastos que acarrean los refugiados se le suma el problema de seguridad interna que implica para Ecuador su situación fronteriza con Colombia, 700 kilómetros de frontera de los cuales el 80% es zona selvática de difícil control. Los gastos en seguridad y equipamiento militar han aumentado sustancialmente desde que en marzo de 2008 el país fuera atacado en una operación militar colombiana contra un campamento clandestino de las FARC en Angostura, zona selvática a 1.800 metros de la frontera con Colombia. En la llamada Operación Fénix, el operativo militar colombiano con apoyo logístico de EEUU asesinó a 22 guerrilleros insurgentes mientras dormían, entre ellos a Raúl Reyes, segundo comandante en rango de las FARC colombianas. Según Carjaval, desde entonces Ecuador mantiene una presencia militar de diez a once mil efectivos, lo que significa al menos cien millones de dólares al año. “La frontera norte de Ecuador” explica Carvajal “ha visto cómo se han agravado los problemas de seguridad, el tráfico de armas, el narcotráfico, porque hay cerca de 30.000 hectáreas de cultivos de coca frente a Ecuador, y su procesamiento requiere de laboratorios, muchos de los cuales están instalados a ambos lados de la frontera”.
Oswaldo Padilla, refugiado colombiano ubicado en el poblado fronterizo de Mataje, ha explicado a este periódico que los refugiados viven en un territorio que, “a pesar de ser Ecuador, sufre el azote de la guerra civil existente en nuestro país”. Padilla refiere que la frontera es frecuentemente violada por los grupos armados –FARC, ELN y paramilitares– que se disputan el control del territorio en el sur del departamento colombiano de Nariño. “A pesar de la inseguridad a la que seguimos sometidos, el documento de identidad de refugiado ha sido una bendición para nosotros; ahora se lo podemos enseñar a la policía ecuatoriana para que vea que somos legales en este país y respeten nuestros derechos” concluye Padilla.
Violencia contra los refugiados
A pesar de ello, el Comité contra la Tortura de la ONU denunció en un dictamen presentado el 19 de noviembre en Ginebra, “continuos abusos y actos de violencia contra la población civil –en particular solicitantes de asilo y refugiados de nacionalidad colombiana– por parte de grupos armados ilegales y miembros de las fuerzas de seguridad ecuatorianas y colombianas”, en zonas de frontera. En el ámbito de responsabilidad de Ecuador, el informe da cuenta de “agresiones sexuales a refugiadas y solicitantes de asilo, presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas ecuatorianas”; y, aunque reconoce que no es la política impulsada desde el Gobierno, en la práctica mujeres y niñas, en su gran mayoría de nacionalidad colombiana, son acosadas sexualmente y amenazadas por los uniformados ecuatorianos.
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