Ecuador en la encrucijada

Ecuador volverá a las urnas el próximo 13 de abril para elegir su próximo mandatario. Tras una primera vuelta donde la diferencia entre las dos principales candidaturas en disputa fue menor a 20 mil votos, el actual presidente Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González mantienen un pulso muy igualado en esta segunda vuelta.

Por Decio Machado

Durante las próximas cuatro semanas Daniel Noboa, joven millonario perteneciente a las élites tradicionales del país y que busca la reelección tras poco más de 14 meses al frente del gobierno nacional, y Luisa González, candidata progresista representante del movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa, se disputarán voto a voto la presidencia del Ecuador en el balotaje. Todo ello en un país flagelado por una espiral de violencia que registra 1.300 asesinatos en los primeros 50 días del año (un crimen por hora), donde tan solo un 33% de sus ciudadanos en edad de trabajar tiene empleo formal, el 28% de la población es pobre y más del 12% están en situación de pobreza extrema.

Desde el año 2020, punto de arranque de la grave crisis multifacética que transversaliza el país, la sociedad ecuatoriana ha asistido a seis procesos electorales, entre elecciones municipales y provinciales, consultas populares y comicios presidenciales. En paralelo, el pesimismo como estado de ánimo predominante y la desafección política de los ecuatorianos ha ido paulatinamente creciendo.

En este contexto de desencanto generalizado, estos comicios ponen fin a una diversidad política ficcional derivada de la amplia cartografía de actores existente en el sistema de partidos ecuatoriano. El Consejo Nacional Electoral contabiliza 78 organizaciones políticas registradas en este último proceso electoral, 17 de ellas son de carácter nacional y 61 de ámbito provincial. Lo anterior implicó la existencia de 16 candidaturas en la papeleta de votación presidencial en primera vuelta, obteniendo 12 de estas un resultado electoral inferior al 1% de la votación. A la par, el 88% del voto se concentró sobre las dos candidaturas -Noboa y González- que se disputarán la segunda vuelta, estableciéndose el voto nulo como la tercera opción preferencial del electorado ecuatoriano.

Así las cosas y más allá de los inciertos resultados que deriven del balotaje, el inmediato escenario político ecuatoriano parecería apuntar a una lógica bipartidista en la Asamblea Nacional que pondría fin a un período marcado por la protesta social, la debilidad gubernamental y protagonismo de actores políticos externos al ecosistema institucional existente.

De hecho y pese a que Ecuador sea un país históricamente caracterizado por sus periódicos desbordes y estallidos que derivan de la lucha social, las últimas movilizaciones masivas capaces de rebasar los marcos impuestos por la institucionalidad dominante tuvieron lugar en octubre de 2019  (última antes de la pandemia) y junio de 2022 (la única postpandemia). Esa identidad política de perfil rebelde e insumisa que anteriormente protagonizaba la esfera pública confrontando en las calles a los distintos gobiernos nacionales y las élites tradicionales del país, parece haber optado en la actualidad por expresarse electoralmente. Aunque muy lejos de quienes disputarán el balotaje, ese 5,29% de votos alcanzados por el dirigente indígena Leonidas Iza en este proceso electoral convierte al movimiento Pachakutik en la tercera fuerza política del país.

Militarización y control social

Los ecuatorianos irán a las urnas en estado de “conflicto armado interno”, fruto de la declaratoria decretada catorce meses atrás por el presidente Noboa en respuesta a los altos niveles de inseguridad y violencia que vive Ecuador. Legitimada en las urnas la política gubernamental de “mano dura” en materia de seguridad, el proceso de militarización que lo acompaña se profundiza en el país.

Pese a que la data empírica demuestra el fracaso rotundo de la estrategia de militarización aplicada por el gobierno del presidente Noboa, la “normalización” de la guerra y de todas sus consecuencias (asesinatos sicariales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, despojos violentos, extorsión, secuestros, vulneración de la legalidad por parte del aparato represivo…) permitió ir instalando socialmente la tesis sobre la necesidad de un mayor cierre democrático bajo el fin de garantizar mayor seguridad, reducida la comprensión de esta seguridad a la regulación y control del “orden público”. De igual manera, todo lo que concierne al nuevo “orden de violencia” va gradualmente desplegándose a través de múltiples modalidades y justificado bajo el mismo propósito.

Así las cosas, mientras el actual discurso mainstream insiste en afirmar que el incremento de la delincuencia es producto de una Constitución que consideran “blanda, garantista y protectora de los delincuentes”, reforma legislativa tras reforma legislativa se van eliminando garantías constitucionales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano que antes constituían interesantes avances en la progresión de los derechos.

Resultado de lo anterior, la aun vigente Constitución de Montecristi -otrora referente del neo-constitucionalismo social posneoliberal- se va convirtiendo con el paso del tiempo en un “frankenstein” cada vez más desarticulado respecto a su marco teórico fundacional.

En septiembre de 2024, una investigación publicada por la Fundación Periodistas Sin Cadenas reveló información hasta entonces reservada según la cual entre enero y julio del 2024, la Fiscalía General del Estado abrió 145 causas a miembros de las Fuerzas Armadas por extralimitación en el ejercicio de actos de servicios; mientras también en ese mismo período, el Ministerio Público habilitó 12 investigaciones previas por ejecuciones extrajudiciales.

La sociedad ecuatoriana comenzó a tener conocimiento de esta realidad oculta a finales del pasado año por la cobertura mediática dada al “caso Las Malvinas”. Un siniestro episodio que involucra a miembros de las Fuerzas Armadas en la desaparición forzada y posterior asesinado de cuatro niños afroecuatorianos, con edades comprendidas entre 11 y 15 años, hijos de familias pobres.

A los datos anteriores, habría que sumar también otras seis denuncias por desapariciones forzadas en la provincia de Los Ríos y más de 200 denuncias de presos que habrían recibido torturas y malos tratos en las cárceles ecuatorianas, que desde enero del pasado año están bajo control militar, a raíz de la declaratoria de “conflicto armado interno”. Todos estos expedientes están bajo seguimiento de  diferentes organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la defensa a los derechos humanos, las cuales han puesto en marchas sus propios sistemas de monitoreo ante la opacidad de la información por parte de la Fiscalía General del Estado y las instituciones del Ejecutivo ecuatoriano.

Cierre democrático

Más allá del perfil despótico del presidente Daniel Noboa, quien violentando el marco normativo vigente combina de forma indebida el ejercicio de su cargo presidencial con su rol como candidato a la reelección haciendo uso del patrimonio público para fines políticos personales, el proceso de militarización que vive el país ha provocado que las cúpulas de las fuerzas militares y policiales -el aparato represivo del Estado- se ubiquen hoy en una posición distinta a la que la democracia liberal tradicionalmente les había asignado.

La política de mano dura y militarización aplicada por el presidente Daniel Noboa en un país inmerso desde hace años en una crisis de debilitamiento institucional, se evidencia como una herramienta de destrucción de los fundamentos de la democracia, desvirtuando la competencia política, atentando contra el principio de separación de poderes y erosionando aun más la escasa confianza en las instituciones.

De prolongarse esta situación en el tiempo, lo que ahondaría aun más el quiebre ya existente en el deficiente sistema democrático ecuatoriano, se abriría el camino hacia un estado de indefensión cuya afectación sobre los sectores populares consolidaría el actual proceso de desmovilización social que vive el país, permitiendo a su vez el avance de acciones gubernamentales perfectamente compatibles con la categoría de la necropolítica.

Es esto último lo que le da relevancia al actual proceso electoral. Más allá de la disputa del poder entre el cada vez menos progresista progresismo ecuatoriano y la fracción de las élites que captura el Estado, los movimientos sociales y las organizaciones populares del país deben entender que Ecuador vive un momento de encrucijada.
 

Entrevista a Decio Machado en el programa Enclave Político de TeleSUR: Descenso de la popularidad del Presidente Daniel Noboa"

 

                Pinchar sobre la imagen para visualizar la entrevista

Proyecciones económicas globales y su impacto en el Ecuador

 

Por Decio Machado / Revista Enfoque Aduanero

Contexto económico internacional y regional

Según informe Balance Preliminar de las Economía de América Latina y el Caribe, publicado por CEPAL en diciembre de 2023, la actividad económica de la región latinoamericana continúa exhibiendo una trayectoria de bajo crecimiento. Todas las subregiones registrán un crecimiento menor en 2023 que en 2022 y para el 2024 se espera una tasa de crecimiento inferior aun a la de 2023, lo que acentúa la dinámica de desaceleración del crecimiento del PIB, de la creación de empleo y del volumen del comercio internacional.

Estaríamos entonces ante la primera de las “D” que posiblemente caracterice el ejercicio 2024, de D de “desaceleración”.

En el ámbito de lo global, según ese mismo informe, se espera que la economía mundial experimente un crecimiento del 3,0% en 2023 y del 2,9% en 2024, estimaciones que continúan por debajo del promedio histórico del 3,8% mantenido entre 2000 y 2019 (ver Gráfico 1). En otras palabras, sigue la tendencia al estacancamiento prolongado (1) desde la crisis del 2008-2009, con la salvedad del “efecto rebote” (2) posterior a la pandemia del Covid-19, lo que implica escaso dinamismo respecto a la tasa de crecimiento del PIB (ver Gráfico 2) y del comercio mundial.

En ese contexto, se espera que las economías avanzadas desaceleren su crecimiento del 2,6% en 2022 al 1,5% en 2023 y al 1,4% en 2024, en un contexto marcado por un desempeño mejor del esperado a mediados de año en el caso de los Estados Unidos. Queda en duda que sucederá en la economía estadounidense el presente año 2024, dados los interrogantes existentes respecto a si habrá solf landing o sufrirá recesión como resultado de las políticas monetarias emprendidas por la Reserva Federal (FED, por sus siglas en ingles) en los últimos casi veintidós meses (3); pero en todo caso asistimos a un resultado peor que el previsto en el caso de la Unión Europea, primer y tercer socio comercial respectivamente de la región latinoamericana.

En lo que respecta a las economías de mercados emergentes y en desarrollo, se prevé que su crecimiento registrará una ligera disminución, al pasar del 4,1% en 2022 al 4% tanto en 2023 como en 2024.

Como podemos apreciar en el gráfico anterior, el crecimiento de China -el segundo socio comercial de la región latinoamericana- ha sido revisado a la baja por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) dada la crisis de su sector inmobiliario y los altos de niveles de endeudamiento interno, lo que más temprano que tarde tendrá implicaciones para la economía global. Se espera, para el gigante asiático, un crecimiento del 5,0% para 2023 y del 4,2% para 2024, apreciablemente por encima del 3% de crecimiento en 2022, cuando la economía sufría los efectos del lockdown derivado de sus políticas “COVID Cero”, pero por debajo del 6,1% del 2019 y 6,7% del 2018, años previos a la pandemia.

En principio, todo parece indicar que los niveles de crecimiento asombrosos de la economía china antes de la pandemia son cosa del pasado (ver Gráfico 3), algo que el Partido Comunista de China confirmó en su último con congreso (ver Gráfico 4).

Inflación en caída, endeudamiento disparado y restricciones de liquidez

Aunque la inflación se ha moderado a nivel mundial, las tasas de interés de las principales economías desarrolladas aun no se han reducido debido a que los principales bancos centrales todavía mantienen políticas monetarias restrictivas, por lo que los costos de financiamiento se han mantenido en niveles elevados todo el año y se espera que continúen así, al menos, a medio plazo (ver Gráfico 5).

Aquí asistiríamos a una segunda “D”, la D de desinflación.

Según diversas agencias de inversión en el mercado bursátil (brokers), pese a que el elevado ahorro de los hogares y las medidas de apoyo al sector privado han derivado en tensionar las cuentas públicas, una evolución de la oferta mejor de lo previsto ha permitido moderar las presiones inflacionarias durante el ejercicio 2023.

La caída de los precios de los productos básicos desde mediados de 2022 ha sido uno de los principales factores que explican la reducción de la inflación, lo que está en vilo debido a que dos pasajes de navegación continentales estratégicos en la economía global, los canales de Suéz y Panamá, están sufriendo obstrucciones continuadas de su tráfico comercial, generando presiones periódicas en las cadenas de suministro globales.

En todo caso, se espera que la inflación promedio mundial disminuya del 8,7% en 2022 al 6,9% al cierre de 2023 y las multilaterales proyectan un 5,8% para el 2024, cifra que aún se ubica por encima del promedio del 3,6% registrado en la década previa a la pandemia (2010-2019).

Todo ello siempre y cuando no escale el conflicto ahora mismo latente en la Franja Gaza y que amenaza al Mar Rojo (4), el estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Ormuz (ver Mapa 1) -ruta potencial para el comercio internacional, especialmente en el caso del crudo y el gas natural-, lo que podría involucrar a varios petroestados de forma directa en la contienda.

Entre tanto y en lo que respecta a la región latinoamericana, los espacios de política fiscal y monetaria continúan siendo limitados, debido a que los niveles de deuda soberana, si bien se han reducido, son aún muy elevados, lo que, sumado al aumento del costo del financiamiento externo e interno, restringe el espacio fiscal. En el ámbito monetario, la inflación continúa a la baja, pero la política monetaria mantiene todavía un sesgo restrictivo, debido a los efectos que la reducción de tasas podría tener sobre los flujos de capital y el tipo de cambio, considerando que, en los países desarrollados, se mantienen todavía vigentes las altas tasas de interés.

En el ámbito financiero, podría decirse que aunque la volatilidad financiera mundial ha sido menor este año 2023 que en 2022, las condiciones de financiamiento continúan siendo significativamente restrictivas si se consideran los indicadores que incorporan los costos de acceso. De hecho y según el Índice de Condiciones Financieras del Capital Economics, el nivel actual de restricción no se había visto desde la crisis financiera mundial de 2008-2009, como resultante de políticas que buscan disminuir la gran tasa monetaria actualmente circulante. La evolución de la liquidez responde no solo a las operaciones de mercado abierto, que han constituido el principal instrumento para el control del nivel de las reservas del sistema financiero, sino también a la política monetaria no convencional, instrumentada a través del manejo de las hojas de balance. Al respecto, vale indicar que el 93% de capital circulante en estos momentos es deuda y apuntes contables.

Lo anterior desemboca en una tercera “D”, la D de deuda e incrementos notables de los servicios que de esta derivan.

Tanto países económicamente desarrollados -Japón, Grecia, Singapur, Italia o el mismo Estados Unidos entre otros- como países empobrecidos como -Zambia, Ghana, Etiopía, Sudán, Angola, Mozambique, Líbano, Argentina o Sri Lanka como casos destacados-, aunque aun sin riesgo todavía de asistir a una escalada de defaults, se encuentran con dificultados para cumplir con sus obligaciones financieras debido a sus altos niveles de endeudamiento en relación a sus índices de PIB (ver Gráfico 6).

El Banco Mundial señala en su reciente informe anual sobre deuda, la preocupante tendencia a una reducción de la financiación internacional dirigida a los países más pobres. Estas caídas han sido particularmente intensas en los fondos provenientes del sector privado, los cuales menguaron un 33% y se han situado en mínimos no vistos desde 2011.

Este sobreendeudamiento implica, más allá del desvío de capitales que deberían destinarse a educación, salud e infraestructuras, la imposibilidad para los países afectados de cumplir con las inversiones necesaria para la transición energética y ponen en riesgo los principios sobre los que se asienta el llamado orden internacional. Se acrecienta así la brecha entre Occidente y el resto del sistema mundo.

Como ya se indicó con anterioridad, a partir de 2022, en el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y de 2023, en el del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra, las políticas de expansión cuantitativa (5) han dado paso a la puesta en marcha de políticas de restricción cuantitativa.

En consonancia con esta postura monetaria, las tasas de política monetaria de los Estados Unidos, el Reino Unido y los países de la zona del euro han alcanzado niveles que no se habían registrado en aproximadamente dos décadas. La restricción de la liquidez también está teniendo gran incidencia en las tasas de interés a largo plazo. Estas se han incrementado a la par que las tasas a corto plazo, que se sitúan en su nivel más elevado desde 2007.

Este alza de los tipos de interés, tanto a corto como a largo plazo, ha debilitado los balances bancarios comerciales, resultando en una cada vez más visible disminución del crédito al sector productivo y encareciendo los costos de endeudamiento para dicho sector. Esta situación, al momento, se traduce en un notable aumento de quiebras en el sector empresarial en Estados Unidos y Europa.

Sobre esto último, un apunte más. El nivel de la deuda mundial alcanza ya máximos históricos, especialmente en las economías desarrolladas, elevándose a nivel internacional a la friolera de 307 billones de dólares en 2023 según el Instituto de Finanzas Internacionales, monto que engloba el endeudamiento de los gobiernos, empresas y hogares. Esto, a su vez, ha contribuido a incrementar el costo del endeudamiento para los países en desarrollo, incluidos los de América Latina y el Caribe (ver Gráfico 7). De hecho, el servicio de la deuda en las economías -tanto emergentes como en desarrollo- se encuentra en su nivel más elevado desde 2010.

En paralelo, los flujos de capitales hacia mercados emergentes mantienen niveles bajos. De hecho, más bien asistimos a salidas netas de capital durante el segundo semestre el 2023, lo que coincide con una mayor demanda y apreciación de la divisa dólar en los mercados financieros.

En los tres primeros trimestres del año 2023, las emisiones de deuda de América Latina y el Caribe en mercados internacionales alcanzaron los 76.276 millones de dólares, mostrado hasta ese momento un crecimiento del 31% respecto al mismo período del año anterior. Este indicador incremental es engañoso, dado que la base comparativa respecto al ejercicio 2022 es muy baja. Al respecto, cabe indicar la cada vez mayor emisión bonos en ámbitos como el medio ambiente, género y aspectos sociales: 39% del total de emisiones de deuda soberana latinoamericana en 1T, 2T y 3T del 2023. Por su parte, el riesgo promedio regional se situa en 410 puntos básicos medidos por el índice de bonos de mercados emergentes EMBI global diversificado (EMBIGD) de J.P. Morgan.

La cuenta corriente de la balanza de pagos de América Latina cerró el ejercicio 2023 con un déficit estimado del 1,4% del PIB, reflejando cierta mejoría en la balanza de bienes respecto al año anterior.

Los términos de intercambio en el subcontinente, enmarcados en la caída de un 5% en el precio de las exportaciones y el 3% en el precio de las importaciones, denotan una reducción del 2,6% (4,4% en América del Sur) al cierre del ejercicio 2023.

En estas condiciones, el entorno macrofinanciero se ha complejizado en el transcurso del año 2023, lo que dificulta la política fiscal en los diferentes países de la región latinoamericana. La desaceleración de la actividad económica y la disminución de los precios internacionales de los recursos naturales no renovables han afectado los ingresos públicos, particularmente la recaudación tributaria; todo ello mientras las demandas sociales con su incidencia en el gasto público van en aumento.

Todo esto se da en una coyuntura en la cual las elevadas tasas de interés en los mercados financieros -tanto internacionales como internos- implican sobreendeudamiento en relación a mayor pago de intereses, de manera especial respecto al servicio de deuda. Así las cosas, el balance fiscal presenta un déficit global mayor en 2023 y el resultado primario será deficitario por deuda pública elevada, caída de ingresos tributarios e incremento de las tasas de interés.

Reducción del Comercio Global

En línea con esta desaceleración económica general, se hace visible indicadores de bajo crecimiento en el volumen del comercio global (ver Gráfico 8). La demanda de importaciones está afectada por el alza de los costos de endeudamiento en varias economías avanzadas, lo que, junto con al “ralentización” económica en la República Popular China y las crecientes tensiones geopolíticas -Ucrania y Gaza, está última con riesgo de convertirse en 2024 en un conflicto regional- está afectando el comercio internacional.

Los analistas de los organismos multilaterales BM y FMI auspician para el ejercicio 2024 un cierto repunte en este ámbito, pero no deja de ser una visión amable y optimista con el futuro inmediato, pues todo está en función de como escalen ambos conflictos bélicos, con mayor riesgo el de Oriente Medio.

En cuanto a los precios de las materias primas, los de los bienes no energéticos han mantenido durante el año 2023 la tendencia a la baja que se venía observando desde la segunda mitad de 2022. En contraste, los bienes energéticos, especialmente el petróleo, han experimentado un aumento desde la mitad del año como respuesta a los recortes de suministro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus (OPEP+), aunque amortiguado por la innundación de shale oil estadounidenses en los mercados globales (ver Gráfico 9).

A pesar de este incremento, los precios de los bienes energéticos y los de los productos básicos se ubicarán el año 2023 un 21% y un 11%, respectivamente, por debajo de los niveles promedio del 2022. Esto, más allá de la alta base de comparación que representa el ejercicio 2022 por el impacto de la invasión rusa a Ucrania a principios de año, tiene que ver con la desaceleración de la actividad económica a nivel global.

Para 2024, se pronostican variaciones de menor magnitud en la mayoría de los casos y, en promedio, se espera que los niveles de precios sean un 1% menores al 2023. Todo ello, claro está, sujeto a los ya habituales “cisnes negros” (6) de la tensionada geopolítica global del momento.

Cabe destacar al respecto que, a pesar de las disminuciones de precios registradas en el ejercicio 2023 y proyectadas para el 2024, el coste de los productos básicos siguen estando más de un 30% por encima de los niveles promedio de 2019, momento previo al inicio de la pandemia Covid-19.

En línea con la desaceleración prevista de la actividad económica general, la Organización Mundial del Comercio (OMC) estima que el crecimiento del volumen de comercio mundial en 2023 aumente tan solo un 0,8% al cierre del 2023, proyectando, no sin cierta alegría, un crecimiento del 3,3% para el 2024.

El dato anterior es contradictorio respecto al último Informe Global Trade Update de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), publicado el pasado 11 de diciembre, el cual vendría a indicar al cierre del año 2023 un descenso del 5% respecto al nivel récord de 2022, generándose una contracción de aproximadamente 1,5 billones de dólares, hasta situarse por debajo de los 31 billones de dólares.

Para la UNCTAD, más realista en sus previsiones que la OMC, las perspectivas para 2024 siguen siendo “muy inciertas y, en general, pesimistas”, en base a las actuales tensiones geopolíticas en el sistema mundo, la escalada de la deuda ya enunciada con anterioridad y la fragilidad económica generalizada a nivel global.

De hecho, pesan sobre el comercio internacional la menor demanda en los países desarrollados, el reducido nivel de comercio en Asia Oriental, el repunte de las medidas restrictiva para el comercio, la volatilidad de los precios de las materias primas y el hecho de que las cadenas de suministros se están haciendo más largas y complejas, especialmente entre China y Estados Unidos (ver Gráfico 10).

Lo anterior se plasma en que las medidas comerciales introducidas incluso por las economías del G20 se hayan vuelto más restrictivas estos últimos meses del 2023, según se indica en el último Informe de Vigilancia del Comercio de la OMC publicado el pasado 18 de diciembre. En dicho documento se indica que desde mediados de mayo, las economías del G20 introdujeron más medidas restrictivas que medidas de facilitación del comercio de mercancías, aunque el valor de las mercancías objeto de comercio cubiertas por las medidas de facilitación del comercio seguía superando al de las mercancías cubiertas por las restricciones.

Según la UNCTAD, los patrones del comercio mundial están cada más influenciados por la geopolítica, señalando a su vez que vivimos momentos en que los países prefieren socios comerciales que estén alineados políticamente, una tendencia denominada “friend-shoring”. Esto implica una disminución general en la diversificación de los socios comerciales, lo que indica concentración del comercio mundial en las principales relaciones comerciales (ver Gráfico 11).

Fragmentación del mercado global

Cabe añadir a todo lo anterior que el término “reducción de riesgos” -cada vez más utilizado en el mundo de los negocios y la geopolítica a partir de que la Casa Blanca lo incluyera en un comunicado del G7 en mayo de 2023- terminará de afianzarse en este 2024 como un eufemismo frente a lo que hasta ahora hemos definido como decoupling o desacoplamiento.

Estamos ante una estrategia de guerra comercial que busca aislar a la República Popular China, particularmente en los sectores vinculados a la alta tecnología, con el objetivo por parte de Estados Unidos y sus países aliados de frenar el ascenso económico del gigante asiático. En definitiva, se trata de impedir que China se convierta en el nuevo hegemón global en sustitución del rol ejercido por Estados Unidos durante prácticamente todo el pasado siglo y lo que llevamos de este.

Si bien las estrategias estadounidenses durante las administraciones Bush y Obama siguieron lógicas principalmente aplicadas a la política exterior y militar, centrándose en controlar el “grifo del petróleo” en el Pacífico Occidental -pivote hacia Asia-, sería la administración Trump y posteriormente la actual encabezada por Joe Biden quienes la convertirían en una lógica de guerra comercial sistemática.

Desde 2018, el gobierno norteamericano viene aplicando sanciones y aranceles punitivos a China. Estas sanciones se han centrado principalmente en empresas tecnológicas como Huawei, ZTE, Tencent o Bytedance, entre otras. Por su parte, la administración Biden continuó por esa misma línea pero ha desarrollado también nuevos enfoques aplicados a la política industrial, tal y como la Ley de Innovación y Competencia del año 2021 o la Ley CHIPS y Ciencia del año 2022 a modo de ejemplos (7). De igual manera han procedido con posterioridad los bloques y países aliados a Washington, tales como Unión Europea, Australia o Japón entre otros (ver Gráfico 12).

Las empresas chinas están a la vanguardia en el desarrollo de trenes de alta velocidad, sistemas fotovoltaicos, turbinas eólicas, baterías eléctricas y otras tecnologías medioambientales. Sin embargo, en sectores específicos como lo es la fabricación de microchips de alta gama, China sigue dependiendo de las importaciones occidentales. Al respecto, vale señalar que ha sido la industria de semiconductores la que llevó el concepto globalización a su máxima expresión en el pasado (ver Gráfico 13) y que la actual tendencia a localizar los chips y romper la globalización conlleva costos altos. Se estima una inversión inicial de 1 billón de dólares, un mantenimiento anual de entre 50 y 125 millones de dólares y un incremento del precio de los semiconductores de entre un 40% y unn 65% de su valor actual (ver Gráfico 14). Sin embargo hoy, tras que la guerra en Ucrania haya puesto de manifiesto la importancia estrategia de esta industria, nadie quiere depender de terceros en la industria de semiconductores (ver Gráfico 15).

La política de “eliminación de riesgos”, que en la práctica implica la desvinculación estratégica de la economía china, apunta precisamente a este ámbito: la guerra comercial es, ante todo, una guerra de chips, pero va tomando forma en otros sectores de la economía global y en la conformación de mercados estratégicos.

Toda acción conlleva su reacción, así que Beijing responde también con aranceles punitivos ante tales políticas de bloqueo comercial a sus empresas e importación de productos tecnológicos.

Aquí nos encontramos con una cuarta “D”, la D de decoupling o desglobalización.

Así vamos viendo que el PIB de los BRICS, término que inicialmente se acuñó en 2001 para referirse a Brasil, Rusia, India y China, añadiendo después a Sudáfrica, es ya superior al de un G7 pro estadounidense (ver Gráfico 16).

En este contexto, el peso económico de los países emergentes seguirá incrementándose a lo largo del 2024 y a futuro. Mientras en la actualidad un tercio de la riqueza mundial se genera ya en los llamados países “no libres” (ver Gráfico 17), se estima que estos tengan un peso del 80% en la economía global en 2050 (ver Gráfico 18).

Los indicadores generales de la economía global apuntan hacia una merma en el proceso de globalización (ver Gráfico 19), pasando “del Just in time al Just in case”, teniendo a las clases medias de los países económicamente desarrollados como el sector más perjudicado en esta transición.

Tras la llegada de la pandemia en 2020 con la consiguiente implosión de las cadenas de suministro, el agudizamiento de la guerra arancelaria inaugurada por Trump en 2018 y las tensiones geopolíticas derivadas del conflicto en Ucrania a partir de 2022, lo que nos encontramos en la actualidad es con cada vez es mayor nacionalismo económico. Al menos, es creciente el número de corporaciones empresariales que hablan de esto en sus presentaciones de resultados y cuentas anuales (ver Gráfico 20).

Comercio Exterior entre países de América Latina: una asignatura pendiente

Las relaciones comerciales existentes entre los 19 países de la región latinoamericana son muy escasas, siendo alianzas como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina (CAN) los ejes principales de los escasos esfuerzos aplicados en esa materia.

Según la CAN, el ejercicio 2023 no ha sido un año favorable para el comercio en general para la región y en específico para los países andinos (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia). En este sentido, el comercio de las naciones andinas con sus socios comerciales en el resto del mundo ha caído más de un 12% durante este pasado año y todavía más, un 16%, entre países asociados a la CAN.

La escasas relaciones comerciales de perfil intra-regional es una muestra de la falta de capacidad por parte de los países de la región por generar vías de desarrollo conjunto para el subcontinente latinoamericano.

Ecuador

Al cierre del año 2023, Ecuador registra menos consumo y la falta de creación de empleos de calidad. El año termina marcado por dos características que han afectado el desempeño económico de Ecuador: la inseguridad que afronta el país (40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y más de 7.500 homicidios en 2023) y que ha afectado al sector productivo y comercial, especialmente los pequeños negocios, y el desplome de ya escasa atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) al país.

A esto hemos de adicionar el problema fiscal, dado que el gobierno nacional no cuenta con recursos y afronta en estos momentos un grave problema de liquidez que, aunque viene desde atrás, se complicó en el transcurso del 2023 y también lo hará más aún en 2024. La actual administración de Daniel Noboa recibió el país con un saldo en caja de USD 187 millones de disponible, cuando el flujo diario de gastos en el país oscila el promedio de USD 100 millones diarios.

Así las cosas, el déficit fiscal se cierra el ejercicio 2023 en unos USD 6.000 millones. Esto hizo que el gobierno haya tenido que recurrir a medidas como tomar recursos de la Corporación Financiera Nacional (CFN) para hacer frente al pago de sueldos y salarios del sector público.

El panorama se complica aun más por el elevado riesgo país existente al cierre del ejercicio pasado, durante todo el 2023 los bonos ecuatorianos se vienen posicionando como los terceros más malos de Latinoamérica. El riesgo país ecuatoriano casi que se duplicó durante en 2023, pasando de 1.502 a 2.062 puntos. El motivo fue primero político, la crisis institucional y pugna entre poderes del Estado que terminó con la salida del expresidente Guillermo Lasso del Palacio de Carondelet, y luego financiero, existen muchas dudas en el mercado especulativo financiero sobre la sostenibilidad de la deuda nacional actualmente existente. En definitiva, el país tiene serios obstáculos para poder acceder a préstamos necesarios a la hora de atender las necesidades que tenemos como país.

Si bien la reforma tributaria aprobada recientemente en la Asamblea Nacional, que rige desde primeros del presente año, dará un respiro de USD 832 millones por recaudación tras incentivos a los contribuyentes morosos derivado de una amnistía fiscal, el Gobierno Central deberá tomar medidas urgentes, como la revisión de los subsidios a los combustibles, lo que podría significar movilizaciones de calle e inestabilidad política en el país. Pendiente todavía de validarse la cifra exacta, se estima que los subsidios a los combustibles importados -limitado el monto a gas de uso doméstico, diésel y gasolina- podría estar en torno a los 2.293 millones de dólares al cierre del pasado año 2023.

Las empresas no solo afrontan retos respecto a sus necesidades de situar sus productos en el mercado y comercializarlos, dada la caída de la demanda interna -solo el 4,7% de los hogares mueven la economía-, sino que ahora están haciendo frente también a problemas relacionados con las extorsiones y la protección de sus equipos de trabajo e infraestructura -Ecuador se convirtió en el país más violento de la región-.

Esto implica un incremento de los costos operativos de las compañías, que deben incurrir en más gastos relacionados con la seguridad y la mejora de sus sistemas logísticos para salvaguardarse del crimen organizado.

Por si fuera poco, a lo anterior debemos sumar el hecho de que los apagones o cortes de luz complican aún más la actividad económica -comercial y productiva- del país. El sector productivo ha calculado pérdidas de USD 4.500 millones si los cortes de energía eléctrica se extienden hasta febrero del 2024, tal y como está anunciado oficialmente.

La situación laboral en el país sigue siendo un problema sin resolver. Tanto solo 35 de cada 100 trabajadores en Ecuador tienen un empleo adecuado (ver Gráfico 21), cifra que no ha tenido mayor variación en los últimos dos años. En paralelo, la informalidad se ha incrementado, en noviembre del pasado año, 54 de cada 100 trabajadores están en el mercado laboral informal (ver Gráfico 22).

Por su parte, los ahorros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se debilitan por momentos en medio de esta profunda crisis económica que vive el país. Para lograr atender las jubilaciones de los pensionistas en 2023, el IESS tuvo que desinvertir más de USD 1.100 millones de sus ahorros del Fondo de Pensiones -administrado por el BIESS-, dejando un saldo en dicho fondo de tan solo 5.500 millones de dólares, lo que solo alcanzaría para pagar las pensiones correspondientes al año 2024 en curso.

Por último, debe considerarse la afectación que sobre la economía nacional tendrá el cierre este año 2024 del bloque petrolero en producción en el ITT, fruto de la consulta popular realizada el pasado 20 de agosto. Este área produce 56.362 barriles diarios de petróleo a noviembre de 2023, es decir, un 14% de la producción nacional y el gobierno tiene un año desde dicha consulta para cerrar las instalaciones de extracción de crudo existente en dicho bloque petrolero.

En estas condiciones, la administración Noboa se ha visto obligada a plantear la venda de oro perteneciente a las reservas internacionales, buscando optimizar las inversiones del Banco Central del Ecuador (BCE).

En definitiva, la deuda total del Estado ha superado los USD 60.000 millones, representando el 60% del PIB, lo que incluye compromisos con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), el Banco Central, organismos multilaterales y gobiernos aliados, como China por poner tan solo un ejemplo. Además hay USD 5.000 millones en atrasos con proveedores y otro monto similar como déficit adicional.

Comercio Exterior Ecuatoriano

En un clima económico y social tan complejo como este, la afectación sobre el comercio exterior del país era inevitable. Si bien la Balanza Comercio Total se mantiene positiva, lejos quedaron los indicadores de pospandemia.

Al cierre de los tres primeros trimestres del 2023, dicha balanza comercio arrojaba un saldo positivo de USD 1.777,6 millones, muy lejos de lo que se registraba en el mismo período en 2021, USD 2.326 millones, o los del ejercicio 2022, un monto USD 200 millones inferior a los del año anterior (ver Gráfico 23).

De esta manera, pendiente aún de determinarse los resultados definitivos al 31 de diciembre de 2023, lo que resulta evidente es que las exportaciones totales del país han caído. El dato confirmado es visible al cierre del septiembre (ver Gráfico 24) pudiéndose apreciarse ya en aquel momento una caída del -5,8% respecto al mismo período del 2022.

En estas condiciones de volatilidad tan grande, las proyecciones para el 2024 están abiertas y sujetas a todo tipo de oscilaciones y especulaciones.

Lo que está claro es que persiste la desaceleración en Europa por los elevados costos energéticos, lo cual contrasta con una mayor resistencia de Estados Unidos y economías vinculadas a materias primas. Entretanto, los países emergentes mantienen tasas de crecimiento similares a las de prepandemia con excepción de China, que parece haber entrado en un nuevo ciclo económico que marca los límites del modelo de crecimiento que hasta ahora habían llevado adelante.

Este 2024 será el momento en que comenzará en serio la adopción de tecnologías, especialmente Inteligencia Artificial y otras innovaciones, que serán inductoras de la transformación económica global. Se proyecta una desaceleración de la economía mundial, tal y como ya indicamos en la primera parte del documento, lo cual afectará al posicionamiento de los productos ecuatorianos y del conjunto de la región en el resto del planeta.

Esta por ver si el comercio global podría registrar algún improbable crecimiento, aunque sea muy moderado para el próximo año, aunque parece difícil dado el actual alineamiento al comportamiento de la demanda. En todo caso, las políticas comerciales internas, las tensiones geopolíticas existentes al momento y la menor intensidad de importación en Estados Unidos y China apuntan a mantener los indicadores de desaceleración en curso.

***

Notas:

1. El análisis de la tendencia de la economía capitalista moderna hacia el estancamiento -temporal o prolongado- se remonta a la hipótesis del estado estacionario de los economistas clásicos del siglo XIX. David Ricardo y John Stuart Mill explicaron de manera mecánica las causas del estado estacionario como una condición de equilibrio donde el stock de capital está fijo y la inversión neta es igual a cero. Posteriormente, en el siglo XX varios autores discutieron la cuestión del estancamiento económico como un problema asociado: a la abundancia de capital y, en consecuencia, a una tasa de retorno del capital muy baja que facilitaría la eutanasia del rentista como premisa para reanudar la acumulación de capital mediante la intervención del Estado (Keynes, 1936); al efecto combinado de una disminución de la población, exceso de ahorro y una insuficiente tasa de inversión (Hansen, 1939); o al crecimiento de los oligopolios y la subutilización del potencial productivo existente (Steindl, 1952). Y en un discurso dado en el Fondo Monetario Internacional (Summer, 2013), afirmó que el estancamiento prolongado podría ser la situación “normal nueva” de la economía de Estados Unidos y por ende global.

2. Conocemos como “efecto rebote” al fenómeno económico que consiste en un incremento exponencial de la demanda luego de un periodo donde la producción se redujo o se paralizó.

3. Desde marzo del 2022 la Reserva Federal estadounidense ha aumentando las tasas de interés 11 veces buscando frenar la economía y reducir la inflación. Cuando es más costoso pedir dinero prestado, las empresas y los consumidores por igual tienen menos probabilidades de gastar. Eso, a su vez, ralentiza el crecimiento y la demanda. Hasta ahora, la estrategia de la Reserva Federal para mantener la inflación baja y la economía en marcha ha funcionado: la inflación fue del 3.1% en noviembre, frente al 9.1% en junio de 2022.

4. Los ataques de la milicia yemení de los Huthi en solidaridad con la causa palestina en la guerra de Gaza empuja cada vez más empresas de transporte a desviar sus buques por una ruta más larga y costosa, aumentando también el riesgo de subida de precios.

5. La expansión cuantitativa es una herramienta de política monetaria que los bancos centrales usan para aumentar el dinero en circulación en el mercado y así estimular la economía.

6. La teoría del cisne negro o teoría de los sucesos del cisne negro es una metáfoca que describe un suceso sorpresivo, de gran impacto socioeconómico y que, una vez pasado el hecho, es racionaliza por retrospección, haciendo que parezca predecible o explicable y dando la impresión de que se esperaba que ocurriera.

7. Desde la crisis financiera mundial del 2007, China venía haciendo esfuerzos cada vez mayores para ascender en la cadena de valor, fortalecer el mercado interno y romper con el modelo exportador unilateral que con anterioridad había caracterizado su desarrollo nacional. Desde 2019, China superó a Estados Unidos como mayor nación exportadora y se convirtió en el segundo mayor inversor del mundo. China ha pasado de ser el “banco de trabajo del mundo” a una potencia económica hipercompetitiva, cuyas empresas son líderes en diversas áreas clave como la tecnología 5G, la inteligencia artificial, la computación en la nube o los big data.

Ecuador repite la dinámica en la que la izquierda habla del pasado y la derecha apunta al futuro

Gabriel Brito / Correio da Cidadania / Brasil

Ecuador, un país que albergó uno de los procesos pretendidamente más innovadores de la primera década del 2000, se está hundiendo en la inestabilidad, incluido los altos niveles de una violencia sin precedentes en el país, tras la reanudación de gobiernos neoliberales. La quiebra del gobierno de Guillermo Lasso, que disolvió la Asamblea Nacional, obligó a estas últimas elecciones en las que el empresario Daniel Noboa derrotó a la abogada Luisa González en la disputa por un breve mandato de 18 meses. En tal caso, el país se adherió al guión cada vez más común en las democracias liberales, donde sectores reaccionarios y conservadores logran captar la insatisfacción social, incluso entre las clases subordinadas. En esta entrevista, el politólogo hispanobrasileño afincado en Ecuador Decio Machado ofrece su explicación sobre el contexto de este país.

En la entrevista, Decio describe las razones que llevaron al gobierno del banquero Guillermo Lasso al desastre, proceso que implicó también un importante desgaste del tejido social provocado por una reciente adhesión del país a la agenda norteamericana de guerra contra las drogas. Aun así, dada la mediocridad de los últimos presidentes, Noboa podría lograr fortalecerse durante este corto mandato de cara a las elecciones de 2025. «Los dos últimos gobiernos, encabezados por Lenín Moreno y Guillermo Lasso, fueron tan desastrosos que Daniel Noboa necesitaría reducir en algo los niveles de violencia e inseguridad interna, y lograr cierto dinamismo económico con algo inversión extranjera y cierta creación de empleos dignos para poder aspirar a la reelección en 2025», resumió.

En cuanto a la entrada del narcotráfico al país, con fuerte impacto en el último proceso electoral, se trata de una historia cuyo fracaso Brasil conoce bien. «La violencia comienza a aumentar cuando la administración de Moreno importa la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Hasta entonces, la droga pasaba por el territorio ecuatoriano, dejando una pequeña porción para el microtráfico interno y saliendo por puertos y aeropuertos con destino a Estados Unidos y Europa, que son los mercados donde estas redes criminales generan sus grandes ganancias. Este error táctico, debido al supeditamiento de los gobiernos de Moreno y Lasso a la política antinarcóticos de la Casa Blanca, es el origen de la situación que hoy enfrenta el país, agravada a partir de que los cárteles mexicanos comenzasen a pagar con producto ilícito a sus partners locales, desatando una crisis interna, una guerra entre bandas por el control de las rutas de tránsito, puntos de venta y mercados», explicó.

En cuanto a la izquierda hegemónica del país, vale la pena entender por qué no pudo ganar las elecciones luego de liderar el llamado proceso de la llamada Revolución Ciudadana, mediante el cual se instituyó una nueva Constitución, con reconocimiento de la diversidad de los pueblos y respeto a los derechos de la naturaleza, además de generar ciertos avances socioeconómicos. Una vez más, movimientos sociales con fuerte subjetividad antisistémica no abrazaron a la candidata apoyada por el expresidente Rafael Correa durante el proceso electoral.

«Rafael Correa criticó a su candidato presidencial en las elecciones de 2021, Andrés Arauz, candidato vicepresidencial en esta última elección, cuando intentó acercarse al movimiento indígena. En este proceso electoral de 2023 fue el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) quien propuso apoyar al correísmo, siempre y cuando se comprometiera a atender las demandas políticas del movimiento indígena, pero en la práctica todo quedó en nada».

Machado complementa esto con un análisis cada vez más frecuente en estos momentos en las luchas políticas e incluso de clase que marcan los procesos políticos que vivimos en la actualidad. Mientras la izquierda defiende un pasado que ya no puede regresar, la derecha se presenta como «disruptiva». A pesar de las ilusiones institucionales del correísmo, la falta de crítica al modelo capitalista y su lógica de reproducción deriva en algo fatal para sus aspiraciones electorales. «En definitiva, asistimos a un fenómeno de proletarización del voto a la derecha y la ultraderecha, relacionado con el hecho de que el progresismo ha renunciado a un axioma fundamental: los problemas que enfrentan nuestras sociedades derivan de la estructura del sistema político-económico al que pertenecen y están sometidos. Así, la izquierda queda restringida a la defensa desesperada de derechos cada vez más disminuidos con cada nuevo ciclo económico, acomodándose ideólógicamente a los términos políticos que el capital y el mercado van imponiendo paulatinamente».

Lea la entrevista completa con Decio Machado:

¿Cómo viste la disputa en la segunda vuelta en las recientes elecciones presidenciales en Ecuador entre Daniel Noboa, representante conservador, y Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, hasta hoy respaldada por Rafael Correa y los gobiernos que formaron parte del ciclo progresista en América Latina? ¿Que significa esta victoria de Daniel Noboa?

Estamos en la fase de conformación del nuevo gobierno, en cual entró en funciones a finales de este mes de noviembre, lo cual permite analizar el proceso electoral con cierta frialdad y visión restrospectiva.

Una vez analizados los informes de diferentes encuestadoras sobre la evolución de la intención de voto durante campaña electoral, todo apunta a que la disputa presidencial se resolvió en primera vuelta.

Pese a que la familia Noboa forma parte de las élites económicas más privilegiadas del país y de que su padre, Álvaro Noboa, haya sido cinco veces candidato presidencial con escaso éxito; al arranque de este proceso electoral Daniel Noboa era un personaje prácticamente desconocido para la sociedad ecuatoriana. De hecho, durante toda la primera vuelta su estrategia de campaña tuvo los rasgos clásicos de una campaña de posicionamiento de imagen con foco en las próximas elecciones del 2025.

Sin embargo, en un proceso electoral desestabilizado por el impacto de la violencia que derivó en los asesinatos de varias autoridades locales, candidatos al parlamento y uno de los candidatos presidenciales; Daniel Noboa lograría obtener 2,31 millones de votos (23,47% de los votos válidos emitidos) y entrar sorpresivamente a disputar la segunda vuelta frente otros rivales de la derecha que a priori parecían más opcionados.

En un Ecuador inmerso en una crisis de representación y ante el hastío generalizado que siente la sociedad ecuatoriana respecto a su establihsment político, Noboa consiguió representar lo nuevo frente a lo viejo con eslóganes como “Por un nuevo Ecuador” o “Somos una nueva generación”.

Así mientras, mientras el discurso de la candidata correísta Luisa González reivindicaba un “romantizado” pasado mejor, haciendo referencia a la década de gobierno de Rafael Correa, el discurso de un Daniel Noboa, de 35 años de edad, le hablaba a los jóvenes y se enfocaba en el futuro.

Llegada la segunda vuelta, bastó con el alineamiento del variado espectro político y social anticorreísta para que Daniel Noboa se impusiera a su oponente un por escaso margen de votos.

En resumen, frente al prematuro envejecimiento político del progresismo ecuatoriano, el triunfo de Daniel Noboa demuestra la capacidad de renovación política y de liderazgo en la conservadora derecha ecuatoriana.

¿Cómo evalúas el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Qué factores le llevaron al expresidente Lasso a terminar anticipadamente su mandato e incluso clausurar el parlamento, provocando la convocatoria anticipada de estas últimas elecciones generales?

El gobierno de Guillermo Lasso es posiblemente el peor gobierno que ha tenido el Ecuador a lo largo de su historia republicana. Fue un gobierno compuesto tan solo por élites blancas, donde las mujeres ocupaban puestos ministeriales secundarios y en el cual todos sus miembros estaban vinculados al mundo corporativo. Nunca entendieron la política, nunca les importó el país y menospreciaron el rol del Estado, y en el cual los niveles de ineficiencia y corrupción fueron escandalosos.

Pero más grave que todo lo anterior es que el gobierno de Guillermo Lasso tiene serios indicios de vinculaciones con el narcotráfico, cosa que no es tan sorprendente teniendo en cuenta que el mandatario es el propietario del segundo banco más importante del país y es en las instituciones financieras donde lavan sus activos las redes delincuenciales a nivel global.

A partir de ahí se abrieron una serie de acciones investigativas en el Legislativo ecuatoriano que derivarían en un juicio político que debió terminar en la destitución del todavía actual presidente del Ecuador. Dos días antes de que se diera el resultado de dicho juicio político, Lasso disolvería la Cámara de Representantes y convocaría elecciones anticipadas.

Podríamos definir al gobierno de Guillermo Lasso como un gobierno fracasado y desconectado de la realidad del país, sin más propuesta económica que el beneficio de las élites empresariales más cercanas al gobierno y durante el cual el país se convirtió en uno de los principales hub de la droga en América Latina, elevando sus indicadores de violencia a cuotas nunca antes vistas en Ecuador.

Para el público brasileño, ¿qué significa exactamente la «muerte cruzada»? ¿Qué opinión te merece este dispositivo normativo?

La “muerte cruzada” es como se conoce al mecanismo de destitución al presidente del Ecuador y la disolución de la Asamblea Nacional (parlamento ecuatoriano) previsto en los artículos 130 y 148 de la Constitución vigente.

Bajo causales, formas y plazos establecidos, el artículo 130 permite al Legislativo destituir al presidente de la República con una mayoría calificada de dos tercios de los parlamentarios, mientras que el artículo 148 faculta al primer mandatario ha disolver al poder legislativo, esto es lo que pasó en mayo de este año en Ecuador, permitiéndole gobernar por decreto durante seis meses hasta el establecimiento de un nuevo gobierno salido de las urnas.

Desde mi punto de vista, es un grave error de los constituyentes ecuatorianos permitir que el presidente de la República pueda disolver la poder legislativo. La solución a una crisis democrática pasa por más democracia y no por menos, permitirle a un gobierno en crisis regir por decreto a un país que lo cuestiona durante sus últimos seis meses responde a lógicas autoritarias y no a procesos constituyentes posneoliberales como era el pretendido caso de la Constitución del 2008 en Ecuador.

¿Qué perspectivas se abren ante este corto mandato de Noboa? ¿Ves posibilidades de estabilización política en el país?

El gobierno entrante gobernará el país apenas 18 meses, es un gobierno transitorio hasta un nuevo proceso electoral que tendrá lugar en el primer trimestre de 2025 con una nueva investidura será a finales de mayo de ese año.

El presidente Noboa tomará las riendas de un país sumido en una grave crisis multifacética: una crisis de seguridad, en la actualidad Ecuador registra una tasa de más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes; junto a una crisis de representación política, donde la legitimidad de la clase política y las instituciones públicas cada vez es menor entre una sociedad que ya no cree en nada ni en nadie; además de una crisis económica que deviene desde el semiestancamiento del 2015 tras el fin del “boom de los commodities”. Ecuador es el único país de la región que aun no ha recuperado los indicadores macroeconómicos previos a la pandemia de 2020, aquí no ha habido recuperación económica tal y como indicaba la falacia discursiva gubernamental, lo que ha vivido el país es apenas un “efecto rebote” tras la parálisis económica del coronavirus.

Los dos últimos gobiernos, administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, han sido tan nefastos que a Daniel Noboa le bastaría con rebajar los indicadores de violencia e inseguridad interna y lograr cierto dinamismo económico con algo de inversión extranjera y generación de empleo digno para poder aspirar a reelegirse en 2025.

Aunque Moreno y Lasso han dejado el listón muy bajo, Noboa no lo tendrá fácil. Sólo tiene 14 escaños en un parlamento de 137 legisladores, donde la bancada correísta es la principal oposición. Pese a una voluntad por acuerdos entre las distintas facciones representadas en la Asamblea Nacional (Parlamento) hecho de que el país vuelva a verse inmerso en un proceso preelectoral dentro de unos meses no ayudará a generar consensos. 

¿Cómo ve la entrada del narcotráfico en escena en un país considerado internacionalmente como màs propenso a esta influencia? ¿Está el Estado nacional lo suficientemente preparado para enfrentar a este poderoso actor transnacional?

Ecuador históricamente ha estado bajo presión del narcotráfico desde los años 90. Su posición geográfica, ubicado entre Colombia y Perú, lo ha convertido en un país de tránsito. Posteriormente, tras el proceso de dolarización de enero de 2000, se convirtió también en un mercado de lavado de dinero. Sin embargo, en los años siguientes, esto no se tradujo en un aumento significativo de la delincuencia dentro de sus fronteras.

 La violencia comienza a aumentar cuando la administración de Lenín Moreno importa la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Hasta entonces, la droga pasaba por territorio ecuatoriano, dejando una pequeña porción para el microtráfico interno y saliendo por puertos y aeropuertos con destino a Estados Unidos y Europa, que son los mercados donde estas redes criminales generan grandes ganancias.

 Este error táctico, debido a la supeditación de los gobiernos de Moreno y Lasso a la política antidrogas de la Casa Blanca, es el origen de la situación que hoy enfrenta el país, agravada cuando los cárteles mexicanos comienzan a pagar con productos en lugar de dólares o criptomonedas a sus socios locales, desatando una crisis interna generadora de guerra entre pandillas por la disputa de rutas, mercados internos y puntos de venta.

 Cuando Condolezza Rice, durante la administración Bush, redefinió el concepto de "Estado fallido" -término que surgió en los años 1990 después del colapso de la Unión Soviética- habló de un Estado donde las redes criminales habían penetrado su sistema político, su sistema judicial y sus sistemas de seguridad... Bueno, en Ecuador el narcotráfico financia campañas electorales y penetra el Estado en sus múltiples niveles, comprando y chantajeando a jueces, y evidentemente tiene influencia sobre ciertos comandantes y miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.

Algunos analistas dicen que el movimiento Revolución Ciudadana una vez más no obtuvo el apoyo necesario de los grupos indígenas organizados en el país, en un contexto donde un plebiscito votó a favor de prohibir la exploración petrolera en la zona amazónica, en el llamado Parque Yasuní. ¿Cómo observas estas diferencias entre un grupo político considerado progresista y movimientos que tienen una visión más radical de preservar la naturaleza y defender otra forma de vida?

Uno de los elementos característicos de la década de gestión de Rafael Correa en Ecuador de 2007 a 2017 fue su problemática relación con los movimientos sociales, no solo con el movimiento indígena, sino también con el movimiento de mujeres y el ambientalismo. La falta de reflexión crítica por parte del correísmo hace que estas heridas aún no hayan cicatrizado.

Rafael Correa criticó a su candidato presidencial en las elecciones de 2021, Andrés Arauz, cuando intentó acercarse al movimiento indígena. En este proceso electoral de 2023, fue el líder de la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) quien propuso apoyar al correísmo, siempre y cuando se comprometiera a atender las demandas políticas de los indígenas, pero en la práctica todo quedó en nada.

Para los sectores sociales, apoyar a un partido político implica, además de un deseo, acuerdos concretos. Esto lo vimos en Colombia con Gustavo Petro y el Pacto Histórico. Sin acuerdos gubernamentales e incluso nombres en ciertas áreas de gestión, cualquier posición pública a favor de la Revolución Ciudadana por parte de los movimientos sociales sería mera sumisión.

Mientras Revolución Ciudadana y su líder histórico no entiendan esto, seguirán compitiendo en procesos electorales sin el apoyo de la red social organizada en Ecuador. Y los hechos lo confirman: no avanzan solos en su disputa por el poder.

¿Cómo observa la llamada ola progresista latinoamericana, que se inició en 1998 con la elección de Chávez en Venezuela y gobiernos de perfil izquierdista en prácticamente todos los países sudamericanos en la primera década de los 2000? ¿Cómo valora la etapa actual de los grupos políticos que lideraron esta ola, después de crisis estructurales en todos los países, el regreso de gobiernos de derecha, algunos de ellos incluso de perfil neofascista y, a pesar de todo, nuevas victorias electorales en ¿este campo?

En mi actividad como consultor político tuve la oportunidad de asesorar a varias organizaciones políticas y gobiernos asociados al progresismo en América Latina, lo que me permite distinguir dos momentos.

En el primer momento, ubicado en la primera década y media de este siglo, a pesar de las diferencias entre ellos, el progresismo compartía al menos cuatro características: el fortalecimiento/reposicionamiento de los Estados luego del período neoliberal; la implementación de políticas sociales compensatorias como eje de la nueva gobernanza; el modelo extractivo de producción y exportación de mercancías como base de la economía; y la realización de grandes obras de infraestructura.

Hoy, después del breve período de restauración política conservadora, la realidad de ese primer período es mucho más tenue. Estamos hablando de gobiernos mucho más conservadores, más domesticados y con menos intención de reformar el sistema que los del pasado. Por citar sólo algunos casos en la región, tenemos a Lula aliado con Alckmin en Brasil, a Lucho Arce enfrentado a Evo Morales en Bolivia, a la deriva argentina que hizo el candidato del peronismo progresista Sergio Massa. En definitiva, independientemente de las valoraciones, nos encontramos ante otra realidad cuya capacidad para encantar a los sectores cada vez más amplios descontentos con las relaciones es muy limitada.

Quienes hoy ocupan el espacio de la alternativa en la política son otros, son las tendencias filofascistas que crecen en todo el continente. En definitiva, asistimos a un fenómeno de proletarización del voto hacia la ultraderecha, relacionado con el hecho de que el progresismo ha renunciado a una perogrullada axiomática fundamental: los problemas que enfrentan nuestras sociedades derivan de la estructura del sistema político-económico al que pertenecen y están sometidos. Así, la izquierda queda restringida a la defensa desesperada de derechos cada vez más disminuidos con cada nuevo ciclo económico, acomodándose ideológicamente a los términos políticos que el capital y el mercado van imponiendo gradualmente.

Equador repete dinâmica em que esquerda fala de passado e direita aponta ao futuro

 Entrevista a Decio Machado

Por Gabriel Brito / Correio da Cidadania

 País que sediou um dos mais inovadores processos políticos dos anos 2000, o Equador afunda na instabilidade, inclusive com níveis inéditos de violência, após a retomada dos governos neoliberais. A falência do governo de Guillermo Lasso, que dissolveu o congresso, forçou eleições nas quais o empresário Daniel Noboa derrotou a advogada Luísa Gonzalez para um curto mandato de 18 meses. De toda forma, o país reproduziu um roteiro cada vez mais frequente nas democracias liberais, onde setores reacionários e conservadores conseguem captar a insatisfação social, inclusive das classes subalternas. Na entrevista ao Correio, o cientista político equatoriano Decio Machado, oferece sua explicação para o contexto deste país.

Na entrevista, Decio descreve as razões que levaram o governo do banqueiro Guillermo Lasso à bancarrota, processo que envolve um esgarçamento do tecido social causado por uma recente adesão à agenda norte-americana de guerra às drogas. Ainda assim, dada a mediocridade dos ultimos mandatários, Noboa tem condições de se fortalecer para as eleições de 2025. “Os dois últimos governos, liderados por Lenín Moreno e Guillermo Lasso, foram tão desastrosos que a Daniel Noboa bastaria reduzir os índices de violência e insegurança interna, e alcançar certo dinamismo econômico com algum investimento estrangeiro e geração de empregos dignos para poder aspirar à reeleição em 2025”, resumiu.

Sobre a entrada do narcotráfico no país, com forte incidência nas eleições, trata-se de uma história cujo fracasso o Brasil conhece bem. “A violência começa a aumentar quando a administração Moreno importa a guerra dos Estados Unidos contra as drogas. Até então, a droga passava pelo território equatoriano, deixava uma pequena parte para o microtráfico interno e saía por portos e aeroportos com destino aos Estados Unidos e Europa, que são os mercados onde essas redes criminosas geram grandes lucros. Esse erro tático, devido à subserviência dos governos de Moreno e Lasso à política antidrogas da Casa Branca, é a origem da situação que o país enfrenta hoje, agravada quando os cartéis mexicanos começam a pagar com mercadorias a seus parceiros locais, desencadeando uma guerra interna entre gangues pelos mercados e pontos de venda internos”, explicou.

Quanto à esquerda hegemônica do país, cabe entender por quê nao conseguiu vencer as eleições após protagonizar a chamada Revolução Cidadã, que instituiu uma nova constituição, com reconhecimento da diversidade de povos e respeito aos direitos da natureza, além de ter produzido avanços socioeconômicos. Mais uma vez, movimentos sociais com forte subjetividade antissistêmica não abraçaram a candidata apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa.

“Rafael Correa criticou seu candidato presidencial nas eleições de 2021, Andrés Arauz (candidato a vice nesta eleição), quando este tentou se aproximar do movimento indígena. Neste processo eleitoral de 2023, foi o líder da Confederação Nacional Indígena do Equador (CONAIE) quem propôs apoiar o correísmo, desde que este se comprometesse a atender às demandas políticas do povo indígena, mas na prática tudo ficou em nada”.

Machado complementa com uma análise cada vez mais frequente do atual momento das lutas políticas e mesmo de classes que marcam os processos políticos. Enquanto a esquerda defende um passado que já não pode voltar, a direita se apresenta como “disruptiva”. A despeito das ilusões institucionais, a ausência de crítica ao capitalismo e suas lógicas de reprodução parece fatal. “Em última análise, estamos testemunhando um fenômeno de proletarização do voto para a ultradireita, relacionado ao fato de que o progressismo renunciou a uma obviedade fundamental: os problemas que nossas sociedades enfrentam derivam da estrutura do sistema político-econômico ao qual estão submetidas. Assim, a esquerda vai ficando restrita à defesa desesperada de direitos cada vez mais diminuídos a cada novo ciclo econômico, acomodando-se ideologicamente aos termos políticos que o capital e o mercado vão gradualmente impondo”.

Leia a seguir a entrevista completa com Décio Machado. 

Correio da Cidadania: Como observou a disputa pelo segundo turno das eleições do Equador entre Daniel Noboa, representante conservador, e Luisa Gonzales, do movimento Revolução Cidadã, até hoje atrelado a Rafael Correa e os governos que fizeram parte da onda progressista da América Latina? O que a vitória de Noboa significa?

Decio Machado: Estamos na fase de formação do novo governo, que assumirá as funções no final deste mês de novembro, o que permite analisar o processo eleitoral com certa objetividade e uma visão retrospectiva.

Após analisar os relatórios de diferentes empresas de pesquisa sobre a evolução da intenção de voto durante a campanha eleitoral, tudo indica que a disputa presidencial foi decidida no primeiro turno.
Apesar de a família Noboa fazer parte das elites econômicas mais privilegiadas do país e de o pai, Álvaro Noboa, ter sido candidato presidencial cinco vezes com pouco sucesso, no início deste processo eleitoral Daniel Noboa era praticamente desconhecido pela sociedade equatoriana. Na verdade, durante todo o primeiro turno, sua estratégia de campanha tinha os traços clássicos de uma campanha de posicionamento de imagem com foco nas próximas eleições, de 2025.

No entanto, em um processo eleitoral desestabilizado pelo impacto da violência que resultou nos assassinatos de várias autoridades locais, candidatos ao parlamento e um dos candidatos presidenciais, Daniel Noboa conseguiu obter 2,31 milhões de votos (23,47% dos votos válidos emitidos) e surpreendentemente avançou para disputar o segundo turno contra outros rivais de direita que, a princípio, pareciam mais favoritos.

Em um Equador imerso em uma crise de representação e diante do cansaço generalizado que a sociedade equatoriana sente em relação ao seu estabelecimento político, Noboa conseguiu representar o novo em oposição ao antigo, com slogans como "Por um novo Equador" ou "Somos uma nova geração".
Assim, enquanto o discurso da candidata correísta Luisa González reivindicava um passado "romantizado", fazendo referência à década de governo de Rafael Correa, o discurso de Daniel Noboa, com 35 anos, falava aos jovens e se concentrava no futuro.

Chegando ao segundo turno, bastou o alinhamento do variado espectro político e social anticorreísta para que Daniel Noboa vencesse sua oponente por uma margem estreita de votos.

Em resumo, diante do envelhecimento prematuro da política progressista equatoriana, a vitória de Daniel Noboa demonstra a capacidade de renovação política e liderança na conservadora direita equatoriana.

Correio da Cidadania: Como avaliar a presidência de Guillermo Lasso? Que fatores levaram à derrocada de seu governo a ponto de decretar o fechamento deste congresso e forçar novas eleições.

Decio Machado: O governo de Guillermo Lasso é possivelmente o pior governo que o Equador teve ao longo de sua história republicana. É um governo composto apenas por elites brancas, onde as mulheres ocupam cargos ministeriais secundários e no qual todos os seus membros estão vinculados ao mundo corporativo. Eles nunca entenderam a política, nunca se importaram com o país e menosprezaram o papel do Estado. Um governo onde os níveis de ineficiência e corrupção são escandalosos.

Mas mais grave do que tudo isso é que o governo de Guillermo Lasso tem sérios indícios de vínculos com o narcotráfico, algo que não é tão surpreendente, considerando que o presidente é proprietário do segundo banco mais importante do país, e é nas instituições financeiras que as redes criminosas lavam seus ativos.

A partir disso, uma série de ações investigativas foram iniciadas no Legislativo equatoriano, que resultariam em um julgamento político que deveria levar à destituição do atual presidente do Equador. Dois dias antes desse julgamento político, Lasso dissolveu a Câmara de Representantes e convocou essas eleições antecipadas.

Podemos definir o governo de Guillermo Lasso como um governo fracassado e desconectado da realidade do país, sem proposta econômica exceto o benefício das elites empresariais mais próximas ao governo, e durante o qual o país se tornou um dos principais centros de drogas na América Latina e elevou seus indicadores de violência a níveis nunca antes vistos no Equador.

Correio da Cidadania: Para o público brasileiro, o que decreto de morte cruzada significa exatamente? O que você pensa deste dispositivo?

Decio Machado: A "muerte cruzada" é o termo usado para se referir ao mecanismo de destituição do presidente do Equador e à dissolução da Assembleia Nacional (o congresso equatoriano), conforme previsto nos artigos 130 e 148 da Constituição vigente.

Sob causas, formas e prazos estabelecidos, o artigo 130 permite que o Legislativo destitua o presidente da República com uma maioria qualificada de dois terços dos parlamentares, enquanto o artigo 148 confere ao presidente o poder de dissolver o poder legislativo, como ocorreu em maio deste ano no Equador. Isso permite que ele governe por decreto durante seis meses até o estabelecimento de um novo governo eleito nas urnas.

Do meu ponto de vista, é um grave erro dos constituintes equatorianos permitir que o presidente da República possa dissolver o poder legislativo. A solução para uma crise democrática passa por mais democracia e não por menos. Permitir que um governo em crise governe por decreto em um país que o questiona responde a lógicas autoritárias e não aos processos constituintes pós-neoliberais, como era o caso da Constituição de 2008 no Equador.

Correio da Cidadania: Quais perspectivas se abrem para o curto mandato de Noboa? Há chances de estabilização do país?

Decio Machado: O governo entrante administrará o país por apenas 18 meses, sendo um governo transitório até um novo processo eleitoral que ocorrerá no primeiro trimestre de 2025, com uma nova posse prevista para o final de maio desse ano.

O presidente Noboa assumirá as rédeas de um país imerso em uma grave e multifacetada crise: de segurança, com o Equador atualmente registrando uma taxa de mais de 40 homicídios para cada 100.000 habitantes; de representação política, onde a legitimidade da classe política e das instituições públicas está diminuindo cada vez mais em uma sociedade que já não acredita em nada nem em ninguém; e econômica, que resulta na semiestagnação desde 2015, após o fim do "boom das commodities". O Equador é o único país da região que ainda não recuperou os indicadores macroeconômicos anteriores à pandemia de 2020. 

Não houve uma verdadeira recuperação econômica, como sugere a falácia discursiva do governo; o que o país experimentou foi apenas um "efeito rebote" após a paralisia econômica causada pelo coronavírus.

Os dois últimos governos, liderados por Lenín Moreno e Guillermo Lasso, foram tão desastrosos que a Daniel Noboa bastaria reduzir os índices de violência e insegurança interna, e alcançar certo dinamismo econômico com algum investimento estrangeiro e geração de empregos dignos para poder aspirar à reeleição em 2025.

Apesar de Moreno e Lasso terem deixado o patamar muito baixo, Noboa não terá facilidades. Ele conta apenas com 14 cadeiras em um parlamento de 137 legisladores, onde a bancada correísta é a principal oposição. O fato de o país estar imerso novamente em um processo pré-eleitoral em poucos meses não ajudará na geração de consensos.

Correio da Cidadania: Como observa a entrada em cena do narcotráfico num país visto internacionalmente como mais imune a esta influência? Há preparo suficiente do Estado nacional em lidar com este poderoso ator transnacional?

Decio Machado: O Equador tem estado historicamente sob pressão do narcotráfico desde a década de 1990. Sua posição geográfica, situada entre a Colômbia e o Peru, o tornou um país de trânsito. Posteriormente, após o processo de dolarização em janeiro de 2000, também se tornou um mercado para a lavagem de dinheiro. No entanto, nos anos seguintes, isso não implicou em um aumento significativo do crime dentro de suas fronteiras.

A violência começa a aumentar quando a administração Moreno importa a guerra dos Estados Unidos contra as drogas. Até então, a droga passava pelo território equatoriano, deixava uma pequena parte para o microtráfico interno e saía por portos e aeroportos com destino aos Estados Unidos e Europa, que são os mercados onde essas redes criminosas geram grandes lucros.

Esse erro tático, devido à subserviência dos governos de Moreno e Lasso à política antidrogas da Casa Branca, é a origem da situação que o país enfrenta hoje, agravada quando os cartéis mexicanos começam a pagar com mercadorias a seus parceiros locais, desencadeando uma guerra interna entre gangues pelos mercados e pontos de venda internos.

Quando Condolezza Rice, durante a administração Bush, redefiniu o conceito de "Estado falido" - termo surgido nos anos 1990 após o colapso da União Soviética - ela falava de um Estado onde redes criminosas haviam penetrado seu sistema político, seu sistema judicial e seu sistema de segurança... Bem, no Equador, o narcotráfico financia campanhas eleitorais e penetra o Estado em seus múltiplos níveis, comprando e chantageando juízes, e evidentemente tem influência sobre determinados comandantes e membros da Polícia Nacional e das Forças Armadas.

Correio da Cidadania: Alguns analistas dizem que novamente o movimento Revolução Cidadã não obteve o necessário apoio dos grupos indígenas organizados no país, num contexto onde se votou em plebiscito a proibição de exploração de petróleo em área amazônica, no chamado Parque Yasuni. Como observa essas diferenças entre um grupo político tido como progressista e movimentos que têm uma visão mais radical de preservação da natureza e a própria defesa de outro modo de vida?

Decio Machado: Uno dos elementos característicos da década de gestão de Rafael Correa no Equador de 2007 a 2017 foi sua problemática relação com os movimentos sociais, não apenas com o movimento indígena, mas também com o movimento de mulheres e o ambientalismo. A falta de reflexão crítica por parte do correísmo faz com que essas feridas ainda não tenham cicatrizado.

Rafael Correa criticou seu candidato presidencial nas eleições de 2021, Andrés Arauz, quando este tentou se aproximar do movimento indígena. Neste processo eleitoral de 2023, foi o líder da Confederação Nacional Indígena do Equador (CONAIE) quem propôs apoiar o correísmo, desde que este se comprometesse a atender às demandas políticas do povo indígena, mas na prática tudo ficou em nada.
Para os setores sociais, apoiar um partido político implica, além da vontade, acordos concretos. Vimos isso na Colômbia com Gustavo Petro e o Pacto Histórico. Sem acordos de governo e até mesmo nomes em determinadas áreas de gestão, qualquer posicionamento público a favor da Revolución Ciudadana por parte dos movimentos sociais seria apenas submissão.

Enquanto a Revolución Ciudadana e seu líder histórico não entenderem isso, continuarão disputando os processos eleitorais sem o apoio da rede social organizada no Equador. E, os fatos confirmam, sozinhos não avançam.

Correio da Cidadania: Como observa a chamada onda progressista latino-americana, iniciada em 1998 com a eleição de Chávez na Venezuela e governos de perfil esquerdista em praticamente todos os países sul-americanos na primeira década dos anos 2000? Como avalia o atual estágio dos grupos políticos que protagonizaram esta onda, após crises estruturais em todos os países, retornos de governos de direita, alguns deles até de perfil neofascista e, apesar de tudo, novas vitórias eleitorais deste campo?

Decio Machado: Na minha atividade como consultor político, tive a oportunidade de assessorar diversas organizações políticas e governos associados ao progressismo na América Latina, o que me permite distinguir dois momentos.

No primeiro momento, situado na primeira década e meia do presente século, apesar das diferenças entre eles, o progressismo compartilhava pelo menos quatro características: o fortalecimento/reposicionamento dos Estados após o período neoliberal; a implementação de políticas sociais compensatórias como eixo das novas governabilidades; o modelo extrativista de produção e exportação de commodities como base da economia; e a realização de grandes obras de infraestrutura.

Hoje, após o breve período de restauração política conservadora, a realidade daquele primeiro período é muito mais tênue. Estamos falando de governos muito mais conservadores, mais domesticados e com menos pretensão de reformar o sistema do que os do passado. Para citar apenas alguns casos na região, temos Lula aliado a Alckmin no Brasil, Lucho Arce confrontado com Evo Morales na Bolívia, a deriva argentina que fez o candidato do peronismo progressista ser Sergio Massa. Enfim, independentemente das avaliações, estamos diante de outra realidade cuja capacidade de encantamento para os cada vez mais amplos setores insatisfeitos com a relpolík é muito limitada.

Aqueles que ocupam hoje o espaço da alternativa na política são outros, são as tendências filofascistas em crescimento ao longo e largo do continente. Em última análise, estamos testemunhando um fenômeno de proletarização do voto para a ultradireita, relacionado ao fato de que o progressismo renunciou a uma obviedade axiomática fundamental: os problemas que nossas sociedades enfrentam derivam da estrutura do sistema político-econômico ao qual estão submetidas. Assim, a esquerda vai ficando restrita à defesa desesperada de direitos cada vez mais diminuídos a cada novo ciclo econômico, acomodando-se ideologicamente aos termos políticos que o capital e o mercado vão gradualmente impondo.
 

Gabriel Brito é jornalista, repórter do site Outra Saúde e editor do Correio da Cidadania.

País que sediou um dos mais inovadores processos políticos dos anos 2000, o Equador afunda na instabilidade, inclusive com níveis inéditos de violência, após a retomada dos governos neoliberais. A falência do governo de Guillermo Lasso, que dissolveu o congresso, forçou eleições nas quais o empresário Daniel Noboa derrotou a advogada Luísa Gonzalez para um curto mandato de 18 meses. De toda forma, o país reproduziu um roteiro cada vez mais frequente nas democracias liberais, onde setores reacionários e conservadores conseguem captar a insatisfação social, inclusive das classes subalternas. Na entrevista ao Correio, o cientista político equatoriano Decio Machado, oferece sua explicação para o contexto deste país.

Na entrevista, Decio descreve as razões que levaram o governo do banqueiro Guillermo Lasso à bancarrota, processo que envolve um esgarçamento do tecido social causado por uma recente adesão à agenda norte-americana de guerra às drogas. Ainda assim, dada a mediocridade dos ultimos mandatários, Noboa tem condições de se fortalecer para as eleições de 2025.

“Os dois últimos governos, liderados por Lenín Moreno e Guillermo Lasso, foram tão desastrosos que a Daniel Noboa bastaria reduzir os índices de violência e insegurança interna, e alcançar certo dinamismo econômico com algum investimento estrangeiro e geração de empregos dignos para poder aspirar à reeleição em 2025”, resumiu.

Sobre a entrada do narcotráfico no país, com forte incidência nas eleições, trata-se de uma história cujo fracasso o Brasil conhece bem. “A violência começa a aumentar quando a administração Moreno importa a guerra dos Estados Unidos contra as drogas. Até então, a droga passava pelo território equatoriano, deixava uma pequena parte para o microtráfico interno e saía por portos e aeroportos com destino aos Estados Unidos e Europa, que são os mercados onde essas redes criminosas geram grandes lucros. Esse erro tático, devido à subserviência dos governos de Moreno e Lasso à política antidrogas da Casa Branca, é a origem da situação que o país enfrenta hoje, agravada quando os cartéis mexicanos começam a pagar com mercadorias a seus parceiros locais, desencadeando uma guerra interna entre gangues pelos mercados e pontos de venda internos”, explicou.

Quanto à esquerda hegemônica do país, cabe entender por quê nao conseguiu vencer as eleições após protagonizar a chamada Revolução Cidadã, que instituiu uma nova constituição, com reconhecimento da diversidade de povos e respeito aos direitos da natureza, além de ter produzido avanços socioeconômicos. Mais uma vez, movimentos sociais com forte subjetividade antissistêmica não abraçaram a candidata apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa.

“Rafael Correa criticou seu candidato presidencial nas eleições de 2021, Andrés Arauz (candidato a vice nesta eleição), quando este tentou se aproximar do movimento indígena. Neste processo eleitoral de 2023, foi o líder da Confederação Nacional Indígena do Equador (CONAIE) quem propôs apoiar o correísmo, desde que este se comprometesse a atender às demandas políticas do povo indígena, mas na prática tudo ficou em nada”.

Machado complementa com uma análise cada vez mais frequente do atual momento das lutas políticas e mesmo de classes que marcam os processos políticos. Enquanto a esquerda defende um passado que já não pode voltar, a direita se apresenta como “disruptiva”. A despeito das ilusões institucionais, a ausência de crítica ao capitalismo e suas lógicas de reprodução parece fatal. “Em última análise, estamos testemunhando um fenômeno de proletarização do voto para a ultradireita, relacionado ao fato de que o progressismo renunciou a uma obviedade fundamental: os problemas que nossas sociedades enfrentam derivam da estrutura do sistema político-econômico ao qual estão submetidas. Assim, a esquerda vai ficando restrita à defesa desesperada de direitos cada vez mais diminuídos a cada novo ciclo econômico, acomodando-se ideologicamente aos termos políticos que o capital e o mercado vão gradualmente impondo”.

Leia a seguir a entrevista completa com Décio Machado.

Correio da Cidadania: Como observou a disputa pelo segundo turno das eleições do Equador entre Daniel Noboa, representante conservador, e Luisa Gonzales, do movimento Revolução Cidadã, até hoje atrelado a Rafael Correa e os governos que fizeram parte da onda progressista da América Latina? O que a vitória de Noboa significa?

Decio Machado: Estamos na fase de formação do novo governo, que assumirá as funções no final deste mês de novembro, o que permite analisar o processo eleitoral com certa objetividade e uma visão retrospectiva.

Após analisar os relatórios de diferentes empresas de pesquisa sobre a evolução da intenção de voto durante a campanha eleitoral, tudo indica que a disputa presidencial foi decidida no primeiro turno.

Apesar de a família Noboa fazer parte das elites econômicas mais privilegiadas do país e de o pai, Álvaro Noboa, ter sido candidato presidencial cinco vezes com pouco sucesso, no início deste processo eleitoral Daniel Noboa era praticamente desconhecido pela sociedade equatoriana. Na verdade, durante todo o primeiro turno, sua estratégia de campanha tinha os traços clássicos de uma campanha de posicionamento de imagem com foco nas próximas eleições, de 2025.

No entanto, em um processo eleitoral desestabilizado pelo impacto da violência que resultou nos assassinatos de várias autoridades locais, candidatos ao parlamento e um dos candidatos presidenciais, Daniel Noboa conseguiu obter 2,31 milhões de votos (23,47% dos votos válidos emitidos) e surpreendentemente avançou para disputar o segundo turno contra outros rivais de direita que, a princípio, pareciam mais favoritos.

Em um Equador imerso em uma crise de representação e diante do cansaço generalizado que a sociedade equatoriana sente em relação ao seu estabelecimento político, Noboa conseguiu representar o novo em oposição ao antigo, com slogans como "Por um novo Equador" ou "Somos uma nova geração".

Assim, enquanto o discurso da candidata correísta Luisa González reivindicava um passado "romantizado", fazendo referência à década de governo de Rafael Correa, o discurso de Daniel Noboa, com 35 anos, falava aos jovens e se concentrava no futuro.

Chegando ao segundo turno, bastou o alinhamento do variado espectro político e social anticorreísta para que Daniel Noboa vencesse sua oponente por uma margem estreita de votos.

Em resumo, diante do envelhecimento prematuro da política progressista equatoriana, a vitória de Daniel Noboa demonstra a capacidade de renovação política e liderança na conservadora direita equatoriana.

Correio da Cidadania: Como avaliar a presidência de Guillermo Lasso? Que fatores levaram à derrocada de seu governo a ponto de decretar o fechamento deste congresso e forçar novas eleições?

Decio Machado: O governo de Guillermo Lasso é possivelmente o pior governo que o Equador teve ao longo de sua história republicana. É um governo composto apenas por elites brancas, onde as mulheres ocupam cargos ministeriais secundários e no qual todos os seus membros estão vinculados ao mundo corporativo. Eles nunca entenderam a política, nunca se importaram com o país e menosprezaram o papel do Estado. Um governo onde os níveis de ineficiência e corrupção são escandalosos.

Mas mais grave do que tudo isso é que o governo de Guillermo Lasso tem sérios indícios de vínculos com o narcotráfico, algo que não é tão surpreendente, considerando que o presidente é proprietário do segundo banco mais importante do país, e é nas instituições financeiras que as redes criminosas lavam seus ativos.

A partir disso, uma série de ações investigativas foram iniciadas no Legislativo equatoriano, que resultariam em um julgamento político que deveria levar à destituição do atual presidente do Equador. Dois dias antes desse julgamento político, Lasso dissolveu a Câmara de Representantes e convocou essas eleições antecipadas.

Podemos definir o governo de Guillermo Lasso como um governo fracassado e desconectado da realidade do país, sem proposta econômica exceto o benefício das elites empresariais mais próximas ao governo, e durante o qual o país se tornou um dos principais centros de drogas na América Latina e elevou seus indicadores de violência a níveis nunca antes vistos no Equador.

Correio da Cidadania: Para o público brasileiro, o que decreto de morte cruzada significa exatamente? O que você pensa deste dispositivo?

Decio Machado: A "muerte cruzada" é o termo usado para se referir ao mecanismo de destituição do presidente do Equador e à dissolução da Assembleia Nacional (o congresso equatoriano), conforme previsto nos artigos 130 e 148 da Constituição vigente.

Sob causas, formas e prazos estabelecidos, o artigo 130 permite que o Legislativo destitua o presidente da República com uma maioria qualificada de dois terços dos parlamentares, enquanto o artigo 148 confere ao presidente o poder de dissolver o poder legislativo, como ocorreu em maio deste ano no Equador. Isso permite que ele governe por decreto durante seis meses até o estabelecimento de um novo governo eleito nas urnas.

Do meu ponto de vista, é um grave erro dos constituintes equatorianos permitir que o presidente da República possa dissolver o poder legislativo. A solução para uma crise democrática passa por mais democracia e não por menos. Permitir que um governo em crise governe por decreto em um país que o questiona responde a lógicas autoritárias e não aos processos constituintes pós-neoliberais, como era o caso da Constituição de 2008 no Equador.

Correio da Cidadania: Quais perspectivas se abrem para o curto mandato de Noboa? Há chances de estabilização do país?

Decio Machado: O governo entrante administrará o país por apenas 18 meses, sendo um governo transitório até um novo processo eleitoral que ocorrerá no primeiro trimestre de 2025, com uma nova posse prevista para o final de maio desse ano.

O presidente Noboa assumirá as rédeas de um país imerso em uma grave e multifacetada crise: de segurança, com o Equador atualmente registrando uma taxa de mais de 40 homicídios para cada 100.000 habitantes; de representação política, onde a legitimidade da classe política e das instituições públicas está diminuindo cada vez mais em uma sociedade que já não acredita em nada nem em ninguém; e econômica, que resulta na semiestagnação desde 2015, após o fim do "boom das commodities". O Equador é o único país da região que ainda não recuperou os indicadores macroeconômicos anteriores à pandemia de 2020. Não houve uma verdadeira recuperação econômica, como sugere a falácia discursiva do governo; o que o país experimentou foi apenas um "efeito rebote" após a paralisia econômica causada pelo coronavírus.

Os dois últimos governos, liderados por Lenín Moreno e Guillermo Lasso, foram tão desastrosos que a Daniel Noboa bastaria reduzir os índices de violência e insegurança interna, e alcançar certo dinamismo econômico com algum investimento estrangeiro e geração de empregos dignos para poder aspirar à reeleição em 2025.

Apesar de Moreno e Lasso terem deixado o patamar muito baixo, Noboa não terá facilidades. Ele conta apenas com 14 cadeiras em um parlamento de 137 legisladores, onde a bancada correísta é a principal oposição. O fato de o país estar imerso novamente em um processo pré-eleitoral em poucos meses não ajudará na geração de consensos.

Correio da Cidadania: Como observa a entrada em cena do narcotráfico num país visto internacionalmente como mais imune a esta influência? Há preparo suficiente do Estado nacional em lidar com este poderoso ator transnacional?

Decio Machado: O Equador tem estado historicamente sob pressão do narcotráfico desde a década de 1990. Sua posição geográfica, situada entre a Colômbia e o Peru, o tornou um país de trânsito. Posteriormente, após o processo de dolarização em janeiro de 2000, também se tornou um mercado para a lavagem de dinheiro. No entanto, nos anos seguintes, isso não implicou em um aumento significativo do crime dentro de suas fronteiras.

A violência começa a aumentar quando a administração Moreno importa a guerra dos Estados Unidos contra as drogas. Até então, a droga passava pelo território equatoriano, deixava uma pequena parte para o microtráfico interno e saía por portos e aeroportos com destino aos Estados Unidos e Europa, que são os mercados onde essas redes criminosas geram grandes lucros.

Esse erro tático, devido à subserviência dos governos de Moreno e Lasso à política antidrogas da Casa Branca, é a origem da situação que o país enfrenta hoje, agravada quando os cartéis mexicanos começam a pagar com mercadorias a seus parceiros locais, desencadeando uma guerra interna entre gangues pelos mercados e pontos de venda internos.

Quando Condolezza Rice, durante a administração Bush, redefiniu o conceito de "Estado falido" - termo surgido nos anos 1990 após o colapso da União Soviética - ela falava de um Estado onde redes criminosas haviam penetrado seu sistema político, seu sistema judicial e seu sistema de segurança... Bem, no Equador, o narcotráfico financia campanhas eleitorais e penetra o Estado em seus múltiplos níveis, comprando e chantageando juízes, e evidentemente tem influência sobre determinados comandantes e membros da Polícia Nacional e das Forças Armadas.

Correio da Cidadania: Alguns analistas dizem que novamente o movimento Revolução Cidadã não obteve o necessário apoio dos grupos indígenas organizados no país, num contexto onde se votou em plebiscito a proibição de exploração de petróleo em área amazônica, no chamado Parque Yasuni. Como observa essas diferenças entre um grupo político tido como progressista e movimentos que têm uma visão mais radical de preservação da natureza e a própria defesa de outro modo de vida?

Decio Machado: Uno dos elementos característicos da década de gestão de Rafael Correa no Equador de 2007 a 2017 foi sua problemática relação com os movimentos sociais, não apenas com o movimento indígena, mas também com o movimento de mulheres e o ambientalismo. A falta de reflexão crítica por parte do correísmo faz com que essas feridas ainda não tenham cicatrizado.

Rafael Correa criticou seu candidato presidencial nas eleições de 2021, Andrés Arauz, quando este tentou se aproximar do movimento indígena. Neste processo eleitoral de 2023, foi o líder da Confederação Nacional Indígena do Equador (CONAIE) quem propôs apoiar o correísmo, desde que este se comprometesse a atender às demandas políticas do povo indígena, mas na prática tudo ficou em nada.

Para os setores sociais, apoiar um partido político implica, além da vontade, acordos concretos. Vimos isso na Colômbia com Gustavo Petro e o Pacto Histórico. Sem acordos de governo e até mesmo nomes em determinadas áreas de gestão, qualquer posicionamento público a favor da Revolución Ciudadana por parte dos movimentos sociais seria apenas submissão.

Enquanto a Revolución Ciudadana e seu líder histórico não entenderem isso, continuarão disputando os processos eleitorais sem o apoio da rede social organizada no Equador. E, os fatos confirmam, sozinhos não avançam.

Correio da Cidadania: Como observa a chamada onda progressista latino-americana, iniciada em 1998 com a eleição de Chávez na Venezuela e governos de perfil esquerdista em praticamente todos os países sul-americanos na primeira década dos anos 2000? Como avalia o atual estágio dos grupos políticos que protagonizaram esta onda, após crises estruturais em todos os países, retornos de governos de direita, alguns deles até de perfil neofascista e, apesar de tudo, novas vitórias eleitorais deste campo?

Decio Machado: Na minha atividade como consultor político, tive a oportunidade de assessorar diversas organizações políticas e governos associados ao progressismo na América Latina, o que me permite distinguir dois momentos.

No primeiro momento, situado na primeira década e meia do presente século, apesar das diferenças entre eles, o progressismo compartilhava pelo menos quatro características: o fortalecimento/reposicionamento dos Estados após o período neoliberal; a implementação de políticas sociais compensatórias como eixo das novas governabilidades; o modelo extrativista de produção e exportação de commodities como base da economia; e a realização de grandes obras de infraestrutura.

Hoje, após o breve período de restauração política conservadora, a realidade daquele primeiro período é muito mais tênue. Estamos falando de governos muito mais conservadores, mais domesticados e com menos pretensão de reformar o sistema do que os do passado. Para citar apenas alguns casos na região, temos Lula aliado a Alckmin no Brasil, Lucho Arce confrontado com Evo Morales na Bolívia, a deriva argentina que fez o candidato do peronismo progressista ser Sergio Massa. Enfim, independentemente das avaliações, estamos diante de outra realidade cuja capacidade de encantamento para os cada vez mais amplos setores insatisfeitos com a relpolík é muito limitada.

Aqueles que ocupam hoje o espaço da alternativa na política são outros, são as tendências filofascistas em crescimento ao longo e largo do continente. Em última análise, estamos testemunhando um fenômeno de proletarização do voto para a ultradireita, relacionado ao fato de que o progressismo renunciou a uma obviedade axiomática fundamental: os problemas que nossas sociedades enfrentam derivam da estrutura do sistema político-econômico ao qual estão submetidas. Assim, a esquerda vai ficando restrita à defesa desesperada de direitos cada vez mais diminuídos a cada novo ciclo econômico, acomodando-se ideologicamente aos termos políticos que o capital e o mercado vão gradualmente impondo.

Gabriel Brito é jornalista, repórter do site Outra Saúde e editor do Correio da Cidadania.

País que sediou um dos mais inovadores processos políticos dos anos 2000, o Equador afunda na instabilidade, inclusive com níveis inéditos de violência, após a retomada dos governos neoliberais. A falência do governo de Guillermo Lasso, que dissolveu o congresso, forçou eleições nas quais o empresário Daniel Noboa derrotou a advogada Luísa Gonzalez para um curto mandato de 18 meses. De toda forma, o país reproduziu um roteiro cada vez mais frequente nas democracias liberais, onde setores reacionários e conservadores conseguem captar a insatisfação social, inclusive das classes subalternas. Na entrevista ao Correio, o cientista político equatoriano Decio Machado, oferece sua explicação para o contexto deste país.

Na entrevista, Decio descreve as razões que levaram o governo do banqueiro Guillermo Lasso à bancarrota, processo que envolve um esgarçamento do tecido social causado por uma recente adesão à agenda norte-americana de guerra às drogas. Ainda assim, dada a mediocridade dos ultimos mandatários, Noboa tem condições de se fortalecer para as eleições de 2025.

“Os dois últimos governos, liderados por Lenín Moreno e Guillermo Lasso, foram tão desastrosos que a Daniel Noboa bastaria reduzir os índices de violência e insegurança interna, e alcançar certo dinamismo econômico com algum investimento estrangeiro e geração de empregos dignos para poder aspirar à reeleição em 2025”, resumiu.