Por Decio Machado
Revista del Observatorio de los Servicios Públicos (Guayaquil)
El
proceso sociopolítico de modernización acelerada que vive el Ecuador desde hace
seis años y medio, no solo generó cambios en el entorno físico (desarrollo de
infraestructuras) y en la reducción de los indicadores de pobreza, sino también
en el plano de los actores con mayor incidencia en el ámbito social. Aunque el
gobierno ha tenido la capacidad de generar una red clientelar en el entorno de
las organizaciones sociales, lo que le ha permitido controlar en gran medida la
capacidad de reacción de estas a políticas públicas que podrían generar
convulsión social (despidos de trabajadores en el sector público, políticas de
criminalización de la protesta social, negociación del TLC con la UE…), no ha
podido desarrollar el control sobre nuevos actores políticos en construcción o
reconstrucción
La
decisión del presidente Correa, anunciada el pasado 15 de agosto, de explotar
los pozos petroleros del Bloque 43 –el Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT)-
desató la incorporación en el ámbito de la política nacional de un actor que
durante la era correísta había permanecido aletargado: la juventud.
El
fin de la Iniciativa Yasuní ITT, lo que fuera la carta de presentación más
revolucionaria del gobierno ecuatoriano, aunque genera malestar en amplios
sectores de la población, movilizó de forma especial a la gente más joven.
Desde entonces hasta hoy, diversas ciudades del país están siendo escenario de
movilizaciones diarias protagonizadas por jóvenes, quienes manifiestan su
rechazo a la decisión y reclaman una consulta popular en la cual el conjunto de
la ciudadanía pueda expresar su posición.
La
reacción de un gobierno acostumbrado a no tener oposición ni movilización
social sostenida en las calles no ha podido ser otra, paralelamente al crecimiento
del número de las manifestantes ha crecido también las descalificaciones, la
desinformación y la represión respecto a quienes democráticamente pretenden
ejercer su derecho a la participación social.
De lo viejo a lo nuevo
Según
Antonio Gramsci, una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está
muriendo pero no termina de morir y al mismo tiempo hay algo que está naciendo
pero tampoco termina de nacer. En el tiempo y en el espacio donde esto ocurre,
ahí se presenta una auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total.
La
opción electoral de Alianza PAIS se presentó en el año 2006 como algo nuevo,
pretendió ser una nueva forma de hacer política frente a un deslegitimado
sistema político controlado por la oligarquía y una decadente partidocracia.
Sin embargo, la adopción por parte del presidente Correa de los discursos y
prácticas utilizados históricamente por la partidocracia, han convertido a
Alianza PAIS en el paradigma de lo que pretendió superar. El acelerado retroceso
ideológico del correísmo ha hecho que termine sufriendo de lo que en medicina
científica se conoce como el síndrome Hutchinson-Gilford, un cuadro clínico
caracterizado por el envejecimiento prematuro de las personas (llegan a
envejecer entre 5 y 10 veces más rápido de lo normal). Mientras cada día mayor
número de jóvenes se manifiestan en las calles bajo consignas por la vida, la
no explotación del Yasuní y un modelo de desarrollo marcadamente diferente, el
oficialismo con el presidente Correa a la cabeza lanza los mismos mensajes que
todo gobierno ecuatoriano ha emitido en los últimos cuarenta años: “la
explotación de petróleo es para combatir la pobreza”, “sin explotación de
petróleo no habría escuelas”, “la explotación de recursos naturales es la
fuente que permite nuestro desarrollo”, “sin petróleo no habría subsidio de
gasolina”… Es esto, lo que según los jóvenes, convierte a este proceso en una
“caricatura de revolución”.
La
mayoría de las personas que hoy protagonizan estas movilizaciones tenían a la
llegada del presidente Correa al poder entre 14 y 20 años. Han crecido y se han
formado durante el proceso correísta, carecen de pertenencia política organizada
y lo que les moviliza es la construcción de un mundo más justo y respetuoso con
una planeta que aceleradamente está siendo destruido. Estos jóvenes que han
crecido oyendo hablar de la necesidad de preservar a los pueblos en aislamiento
voluntario, de que la verdadera riqueza del Yasuní esta en su biodiversidad y
no en el petróleo, o que edificamos esta sociedad sobre los pilares ancestrales
del Buen Vivir y no sobre el desaforado consumo capitalista, hoy,
coherentemente se movilizan diciéndole al gobierno y al Ecuador entero que
ellos realmente sí aman a la vida.
La
reacción del poder no ha podido ser otra que la que viene día tras día
agudizándose en los últimos años: la descalificación sistemática. El aparato de
propaganda gubernamental los descalifica intelectualmente a través de cadenas
televisivas en las cuales indican que quienes organizan y dirigen las
movilizaciones son los líderes políticos de los partidos de la oposición. En
las contra manifestaciones organizadas por el oficialismo (minoritarias y
sostenidas con funcionarios públicos y una gutierrista
dosis de sandwiches y colas) se corean consignas que les hacen alusión como
desestabilizadores y golpistas. La miopía política habitualmente existente en
los gobiernos que ejercen el “todo-control” -por su capacidad de incidencia en
todos los poderes del Estado-, se agudiza en el caso ecuatoriano, generando un
nivel de confrontación contra los movilizados que supera las dimensiones de los
hechos y que carece en el fondo de cualquier ética política. Son muchos los
sectores de la sociedad que legítima y democráticamente demandan un plebiscito
sobre el futuro del Bloque 43 y el Yasuní.
La
prepotencia gubernamental ha generado tal ceguera que no terminan de entender
que el Yasuní rebosa vida por todos los lados, tanta que permitió a una sociedad
que estaba políticamente moribunda volver a resucitar. Nuevos actores sociales,
reincorporación de la sociedad al debate político y un punto focal: manipulen o
pongan a sus lacayos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
es igual, pero el Estado no debe negar
el derecho que tiene la ciudadanía a la participación democrática en la toma de
decisiones.
Lo
político -su origen etimológico remite al ámbito de lo “público”, de lo
comunitario, de lo colectivo- hoy en el Ecuador, afortunadamente supera su
concepto de reducción al campo del Estado o al sistema de partidos, al tiempo
que rompe con el “fetichismo del poder” que se expresa en el ejercicio
autorreferencial de la autoridad. Un sector cada vez más grande de la sociedad
le está diciendo “basta” a un gobernante que se cree único soberano del poder,
a la vez que asume su rol como actor político, rompiendo con una tradición
política servil basada en el clientelismo político y social heredado de
populismos anteriores.