martes, 22 de marzo de 2016

Venezuela: un proceso a la deriva

Por Decio Machado
Director de la Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA)

Desde la derrota oficialista en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre, proceso en el cual dos millones de venezolanos que antes apoyaban al chavismo le dieron la espalda, el centro de mando del gobierno bolivariano no encuentra su rumbo. Al respecto, cabe recortar que el vía crucis de Nicolás Maduro comenzó tres años atrás, cuando en las elecciones presidenciales del 2013 se impuso a su adversario Henrique Capriles por tan solo 200.000 votos.


¿Qué pasó con el proceso político bolivariano?

Si algo ha caracterizado al Estado venezolano ha sido su agudizada tendencia a la ineficacia en la gestión de sus políticas públicas. Pero más allá de ello, con voluntad política la ineficacia puede ser solventada en cualquier momento, el problema fundamental del chavismo es que derivó en un esquema burocrático que quedó vació de contenido desde el punto de vista emancipatorio. El concepto de socialismo que se maneja desde las dirigencias del PSUV fue hace años prostituido y la auto-organización popular fue absorbida por un esquema vertical anclado a este partido desde su conformación en el año 2006. Dos años después ya no existían ni tomas de empresas ni ocupaciones de latifundios baldíos. Es así como se asfixió a los movimientos sociales autónomos y revolucionarios que acompañaron inicialmente el proceso, siendo estos poco a poco cooptados, menguando su capacidad de movilización y quedando en manos de un aparato burocrático que se enraizó en el poder del Estado. Incluso las misiones, que originalmente fueron concebidas como espacios dirigidos al empoderamiento popular, quedaron en manos de una burocracia ministerial de ética cuestionable y notable incapacidad para una gestión eficiente sobre la renta petrolera.

En resumen, no fue la derecha reaccionaria y golpista la que mató el proceso revolucionario, y no por falta de ganas sino por incapacidad política para ello. Tampoco fue la “guerra económica” ni el imperialismo injerencista quien desarticuló las bases chavistas del proceso. Ni siquiera queda ya una burguesía –desde su estricta concepción marxista- que tenga capacidad de poner en jaque al Estado bolivariano. El responsable real de la desarticulación del embrionario poder popular que en algún momento se vivió en Venezuela ha sido el propio Estado burocrático. Citando a Roland Denis, ex viceministro de Planificación del régimen, el socialismo no tiene porqué ser un sistema de burócratas que controlan a otros burócratas centralizándolo todo bajo criterios caducos que corresponden a una izquierda del pasado derrotada ya años atrás.

Pero el problema se agudizó tras la muerte del comandante Hugo Chávez. El traspaso de mando no pudo ser más desastroso, y a pesar de que Maduro pretenda vivir arropado bajo el fantasma de Chávez, es palpable para el conjunto de la sociedad la distancia existente entre una figura política y la otra. De hecho, el gobierno de Maduro ni siquiera cuanta con una hoja de ruta que lo conduzca hacia un proyecto futuro de país.

Estrategias de la oposición conservadora

Bajo este contexto y en gran parte extinguida la conciencia social desarrollada en algún momento entre amplias capas de los sectores populares, cuatro son los ejes combinados que conforman la estrategia que la oposición política venezolana ha diseñado para derribar al actual gobierno: una enmienda constitucional para acortar el mandato presidencial de seis a cuatro años, un referéndum revocatorio para destituir al presidente, la conformación de una nueva Asamblea Constituyente que de al traste con los avances incorporados en la actual Carta Magna y en paralelo a todo ello, la convocatoria de movilizaciones populares para agudizar la presión política y obligar al actual mandatario a su renuncia.

El acuerdo respecto a esta estrategia parece ser unánime en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), quedando por ver como será el desenlace de este conflicto frente a las posiciones pro-gubernamentales del Tribunal Supremo (integrado en su mayoría por ex funcionarios y personalidades vinculadas al chavismo) y las Fuerzas Armadas. Ante la ofensiva conservadora el presidente Nicolás Maduro tiene la consigna clara: resistir como sea hasta el final.

La batalla política por el sillón presidencial del Palacio de Miraflores se da en un momento donde la crisis de credibilidad gubernamental es cada vez mayor. No hay capacidad por parte del Ejecutivo para sostener una propuesta político-económica creíble dirigida hacia la salida de la crisis. La estrategia de los 9 motores de la economía no es nueva y su impacto desde el punto de vista productivo es nulo, teniendo además escasa sintonía con los pretendidos objetivos revolucionarios del proceso bolivariano a medio y largo plazo. Todo ello mientras la inflación se estima en 180% al cierre del 2015, la escasez de medicamentos en hospitales ronda entre el 70 y el 80% y la de alimentos está provocando cada vez mayores penurias entre la población. El mercado negro se ha situado como referente de abastecimiento para quien puede pagar entre tres y diez veces el precio establecido en el mercado oficial para estos productos, mientras una cada vez más delirante sobre evaluación del bolívar podría terminar conllevando a situaciones de hambruna. Con un dólar que flota desde los 200 bolívares, la hiperinflación tiende a aumentar a la par que a las familias el salario ya no les permite cubrir sus gastos mensuales.

Es innegable el desgaste que tiene Nicolás Maduro y el PSUV ante la ciudadanía venezolana. Incluso los sectores más concienciados de la sociedad venezolana han perdido el sentimiento de proyecto colectivo del que en algún momento se dotó el chavismo, quedando el campo abierto a la individualización -sálvese quien pueda- de la sociedad. En todo caso es un hecho que el precio del petróleo (95% de los ingresos de divisas de Venezuela) ha dictado durante mucho tiempo la popularidad de sus líderes.

Un proceso político con necesidad de cambios

Si bien gran parte de los problemas económicos que hoy vive Venezuela se pueden encontrar ya analizados en los primeros esfuerzos del ex presidente Hugo Chávez para reorganizar radicalmente la economía del país a inicios del presente siglo, sus resultados finales no fueron los más acertados. Todo ello a pesar de que durante el período 2004 – 2008 el país viviese un ritmo de crecimiento anual con promedio del 10%.  En la actualidad existe creciente cuestionamiento social a los errores generados dentro de la gestión estatal y a la generalizada corrupción enraizada en la cúpula burocrática gubernamental. La economía y la corrupción dejaron de ser las asignaturas pendientes del chavismo para convertirse en su talón de Aquiles. Son estos factores los que aprovecha la oposición política conservadora para en la actualidad erigir una movilización política de carácter electoral. Se evidencia entonces que la centralización del poder planteada en su momento por Chávez ha sido un error que hoy paga con creces un proceso político que de revolucionario ya no le queda nada. El eje fundamental de cualquier proceso realmente revolucionario se basa en el control social, en la capacidad que tiene la sociedad para influir en la toma de decisiones que se ejecutan desde el Estado, algo que lamentablemente ni en Venezuela ni en el resto de países con gobierno autodefinidos como transformadores se ha llevado a la práctica.

A pesar de que el chavismo considere que la estrategia opositora de pedir una revocatoria del mandato a Maduro es golpista y destituyente, cabe indicar que fue el propio comandante Chávez quien incluyó dicha figura en la reforma constitucional de 1999. Incluso se sometió exitosamente a ella en 2004, triunfando holgadamente.

En la coyuntura actual el cambio político es inevitable en Venezuela. El acelerado proceso inflacionario, la profundización de la escasez, el colapso del crecimiento económico junto al deteriorado ingreso petrolero propician la actual estrategia opositora y hace cada vez más inviable el sostenimiento del régimen sin la carismática figura de Chávez. Es más, en las condiciones actuales no sería de extrañar que sea desde la propia casta burocrática chavista desde donde se pida en algún momento la renuncia de Maduro, buscando conformar un gobierno de transición que les permita llegar al 2019. Gran parte de la dirigencia del PSUV es consciente de que en la situación actual no hay manera que su formación política sobreviva a las próximas elecciones seccionales ni a las futuras presidenciales. Crece en las filas chavistas la opinión de que si no se le pone freno a este suicidio político –el país corre riesgo de impago de deuda externa, profundizar la hiperinflación y llegar la ingobernabilidad- el chavismo como opción política podría incluso  desaparecer.

Es por ello, que el PSUV podría llegar a sacrificar políticamente a Maduro, pues más allá de que hayan sido capaces de anular temporalmente el poder de la oposición en la Asamblea Nacional (los conservadores cuentan con 109 de los 167 curules existentes), en el hipotético caso de un revocatorio la derrota electoral está prácticamente asegurada. Queda en todo caso la duda de que dentro de las filas de la dirigencia chavista existan condiciones para rearticular eficazmente estrategias, depurar la corrupción, renovar de forma adecuada sus liderazgos y refundarse como proyecto político volviendo a generar los sueños e ilusiones que acompañaron la primera fase del proceso bolivariano.
  
Respecto al mapa global, el cambio de ciclo que atraviesa el subcontinente complica los apoyos internacionales con los que hasta ahora ha contado el chavismo en la región. En la última reunión del MERCOSUR el presidente Macri abogó por la salida de Venezuela del bloque económico suramericano, mientras que desde el congreso brasileño de mayoría conservadora se está presionando fuertemente a Dilma Rousseff para que se pronuncie en contra de Maduro y por la liberación de Leopoldo López.

Así las cosas, difícil se le plantea el futuro a Venezuela. La estrategia del que “lo que se viene será peor” cada vez tiene menos adeptos a pesar de lo políticamente cuestionable que es la oposición conservadora, mientras que en la sociedad venezolana cunde el descontento y la impotencia ante un gobierno que hace aguas por doquier.



Argentina: la izquierda no levanta cabeza

Decio Machado 
Director Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA)

Entre finales de noviembre del pasado año, cuando la opción liberal conservadora encabezada por Mauricio Macri (Cambiemos) ganó las elecciones por apenas 3 puntos de diferencia –poco más de 700.000 votos-, y la fecha actual, han transcurrido poco más de 100 días de gobierno macrista en Argentina.

Las diversas encuestas de opinión realizadas recientemente en el segundo país más grande de Suramérica vienen a indicar que, a pesar de que las políticas del actual gobierno han afectado tarifas y el incremento de la inflación generó devaluación y otras afectaciones a los bolsillos de la ciudadanía, la figura de Macri apenas se ha visto afectada y aproximadamente un 54% de los argentinos valora aún positivamente su gestión de gobierno.

La inflación, los salarios van por detrás de los precios, es para los argentinos el principal problema que afronta el país -seguido de inseguridad, desocupación, corrupción y subida de tarifas-, aunque la mayoría se muestran todavía esperanzada en que el nuevo Ejecutivo necesita tiempo y encontrará en breve respuestas al problema inflacionario.

En resumen, más allá de la campaña kirchnerista en repudio a los despidos de 26.000 funcionarios del servicio público que el macrismo identificó como puestos de empleo regalados a peronistas (Alfonso Prat-Gay, actual ministro de Hacienda, los definió como “grasa militante”) y sobre los conatos de odio y violencia que se evidenciaron en los dos atentados contra los locales políticos de Nuevo Encuentro y La Campora el pasado 6 de marzo en Buenos Aires, no hay grandes cambios en las preferencias de la opinión pública existentes al momento de las elecciones presidenciales. En todo caso, vale reseñar que Macri no ha logrado captar la aprobación de quienes en noviembre del 2015 no lo votaron, fenómeno que suele suceder con los presidentes durante sus primeros meses de mandato.

Es más, los argentinos perciben la actual situación del país con preocupación, calificando el 43% de estos la situación económica como “regular”, y habiendo un empate técnico entre los dos sectores más polarizados, es decir, quienes identifican la coyuntura como “negativa” y  quienes la identifican como “positiva”.

En todo caso, el problema político grave parece haber quedado en las filas del kirchnerismo, pues la mayoría de los argentinos sigue identificando a Cristina Fernández de Kirchner como la líder de la oposición, al tiempo que la imagen negativa de la ex presidenta se sitúa en un 48%.

La pérdida del sillón presidencial por parte del Partido Justicialista ya comienza a hacer mella entre sectores que hasta ahora se habían beneficiado de preventas y privilegios propios de las castas tecnoburocráticas latinoamericanas. A pesar de que el ala más radical del kirchnerismo, La Campora (un grupo juvenil que se considera heredero de las organizaciones montoneras pero que se construyó y financió desde la Casa Rosada), considerase que a pesar de la victoria de Macri ellos manejaban el resto de poderes del Estado más allá del Ejecutivo, ya a inicios de febrero se generaba la primera ruptura en el bloque legislativo del Frente para la Victoria. Diego Bossio, ex titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social de la Presidencia de la Nación (ANSES), junto a otros 13 ahora ex legisladores peronistas, indicaba “no creemos en eso de cuanto peor mejor; queremos que le vaya bien a Macri”.

El macrismo considera la ruptura del peronismo kirchnerista como uno de sus principales logros políticos en estos primeros meses de gobierno. Esto incluye las tensiones y fracturas generadas en el bloque opositor en el Congreso, el acercamiento a los gobernadores e intendentes del viejo oficialismo, así como el progresivo aislamiento del kirchnerismo más duro.

El sector hard del kirchnerismo también intentó, sin éxito, bloquear el que ha sido el primer triunfo legislativo del gobierno de Mauricio Macri: la aprobación en la Cámara Baja de una ley que permite sellar el acuerdo con acreedores de deuda en default, los llamados fondos buitres.

El proyecto de ley, que pasó ya a un Senado donde el kirchnerismo tiene mayoría, autoriza la emisión de deuda por 12.000 millones de dólares. Esta será la mayor emisión de un país en desarrollo desde 1996 y su objetivo es -entre otros- pagar en efectivo 4.653 millones de dólares a los holdouts que demandaron a Argentina en Estados Unidos, propiciándoles una rentabilidad cercana al 1000% y endeudando al país durante los próximos 30 años.

Está por verse como se desarrollará la resistencia kirchnerista en la Cámara Alta, donde podrían vivirse nuevas rupturas peronistas. En todo caso, durante el mandato de Cristina K ya se pagaron al Club de París 9.000 millones de dólares, cinco veces más que la deuda original, mientras en el CIADI se abonaron otros 400 millones por dos juicios derivados de la era menemista, y a la petrolera española Repsol le tocaron otros 5.000 millones de dólares después de que en el Congreso la plana mayor del peronismo hubiese asegurado que la reestatización de YPF no iba a costarle un peso al país.

Mientras en Argentina en gobierno de Macri avanza en una lógica política que conlleva la pérdida de los derechos sociales conquistados por la ciudadanía durante la era K, especialmente en materia de empleo y cobertura social; la polarización social continúa. La izquierda no levanta cabeza, el país continúa sin recuperar la confianza económica tras la caída de los precios de los commodities y se mantiene la percepción de que la corrupción es un problema grave y generalizado (dos ex ministros kirchneristas fueron condenados por corrupción y varios más, además de Cristina K y su vicepresidente Amado Boudou, enfrentan varios procesos penales). 


En estos momentos y golpeados por la pérdida de poder y cierta descomposición en sus filas, el kirchnerismo todavía mantiene una fuerte presencia mediática y se moviliza en las llamadas “plazas de la resistencia”. Su militancia se mantiene combativa aunque notablemente menguada, viéndose muy afectados también por la “limpieza” que el nuevo gobierno liberal hizo de su militancia en las instituciones públicas. Su estrategia inmediata para rearticularse pasa por hacer una gran demostración de fuerza en el entrante mes de abril. Esta movilización buscará disimular en parte la indiscutible pérdida de poder que sufre la ex mandataria, y se realizará cuando Cristina K deba presentarse ante el juez federal Claudio Bonadio, quien la citó como sospechosa en el caso de los millonarios negociados con el dólar futuro en el cierre de su gestión.

jueves, 17 de marzo de 2016

Los escándalos de corrupción acorralan a los líderes del Partido de los Trabajadores



Brasil vive un terremoto político tras la detención del expresidente Lula da Silva.


Por Decio Machado / Redacción

www.diagonalperiodico.net
En el juego de ajedrez en el que se ha convertido en las últimas semanas la política brasileña, el expresidente Lula da Silva se ve acorralado e incluso podría terminar preso. El emblemático líder del Partido de los Trabajadores (PT) se vio forzado a declarar por el caso popularmente conocido como el 'petrolao', en el que importantes dirigentes políticos y reconocidas empresas brasileñas están relacionadas con el caso de corrupción en Petrobras.

Una operación política

Sobre Lula recae la sospecha de haberse beneficiado en un gigantesco esquema de corrupción existente en Petrobras y heredado de épocas anteriores. El juez Sergio Moro, quien lidera la investigación por corrupción estatal conocida como Lava Jato, ordenó el pasado 4 de marzo la detención transitoria del histórico dirigente petista para prestar declaración judicial y el allanamiento de 33 propiedades bajo titularidad familiar y de su entorno.
En la madrugada de ese mismo día, cuatro horas antes del operativo policial, un editor del conservador grupo mediático O Globo ya avisaba por Twitter de que sucedería algo "muy especial". Esta incontingencia digital demuestra las complicidades entre fiscales y medios opositores en el marco de una operación que el propio Lula definió como "show mediático" cuyo objetivo consiste en desprestigiar su figura.
Los problemas judiciales de Lula se agravaron apenas cinco días después, cuando se encontró con una nueva denuncia de la Fiscalía de São Paulo, por ocultamiento de patrimonio. Bajo la sospecha de lavado de dinero y falsedad ideológica, se solicita su detención de forma preventiva.
Esta petición debe ser analizada y resuelta en los próximos días, si bien muchos constitucionalistas brasileños se muestran críticos y consideran que "es práctica del Derecho primero llamar a declarar al investigado, y tan sólo en el caso de que éste rehúse o no comparezca se debe emitir el mandato de detención".
A Lula se le imputa la propiedad camuflada de un apartamento tríplex en la elitista localidad costera de Guarujá y de una hacienda de grandes dimensiones en las montañas de Atibaia, ambas ubicadas en el Estado de São Paulo y que serían regalos derivados de favores a grandes empresas.
Las acusaciones más contundentes contra Lula derivan de las confesiones realizadas por un senador de su mismo partido, Delcídio Ama­ral, exjefe de la bancada oficialista en la Cámara alta, detenido a finales de noviembre por su participación en el 'petrolao', quien declaró que tanto la presidenta Rou­sseff como Lula estaban al tanto del esquema de coimas y sobrefacturación dentro de Petrobras.
Según Amaral, Rou­sseff usó su poder para evitar el castigo de corruptos y corruptores al designar para el Supremo Tribunal de Justicia a un juez que se comprometió a votar a favor de liberar a los empresarios arrestados por haber sobornado a directivos de Petrobras y a políticos oficialistas a cambio de contratos con Petrobras. También acusó a Lula de actuar personalmente para bloquear las investigaciones judiciales al ordenar el pago de dinero para intentar comprar el silencio de testigos inmersos en la trama.
Pero más allá de estas denuncias, es obvio que las operaciones están enmarcadas en el creciente deterioro político de la actual presidenta, lo que llevó a Lula a declarar que no descarta ser candidato del PT en las presidenciales de 2018. Una reciente encuesta de opinión indica que el 37% de los brasileños aún considera a Lula "el mejor presidente de la historia", lo que lo convierte en la única tabla de salvación petista a corto plazo.

La estrategia del todo o nada

Desde la filas del conservadurismo, la batalla contra el PT tiene como objetivo sacar adelante el impeachment contra la presidenta Rousseff, bajo el argumento de que maquilló el déficit fiscal y gastó más de lo permitido durante 2014, bloqueando a su vez cualquier posibilidad de que Lula se presente a las elecciones de 2018.
Para la estrategia conservadora, el rol que desarrolla el juez Sergio Moro, un personaje con fuerte ascendencia sobre las clases medias, es fundamental. Este magistrado, desconocido hasta hace unos dos años, en la actualidad es considerado uno de los mayores especialistas en investigar el lavado de dinero en el país, y ya fue colaborador de la jueza Rosa Weber, quien en el año 2005 demostró que varios parlamentarios habían recibido sobornos periódicos por apoyar las iniciativas legislativas del Gobierno liderado entonces por Lula da Silva.
Por su parte, el oficialismo brasileño considera la operación contra Lula parte de una trama golpista, victimizando al expresidente –en el PT no se habla de las acusaciones a Lula, sino de la rudeza y la humillación sufrida por su líder–, lo que ha permitido rearticular una campaña de apoyos que, más allá del partido de Gobierno, incorpora a la Central Única de Trabajadores (CUT) y diversos movimientos sociales aún afines al régimen. Según Carlos Ama­re­lo, vocero estudiantil paulista, "más allá de sus gustos por la vida lujosa, Lula vuelve a ser posicionado como el líder de los pobres en una campaña que pretende volver a posicionarlo en el palacio de Planalto".
Sin embargo, el reto no es fácil. Más allá de que la sociedad brasileña se encuentre en este momento muy polarizada y las hordas del PT se estén movilizando como respuesta a la ofensiva conservadora e incluso a modo de supervivencia, los affaires de Lula podrían, en palabras de Pablo Ortellado, docente de la Uni­versidad de São Paulo, "terminar jugando en contra del PT, con serio riesgo de que la derecha consolide unimpeachment a la presidenta y que el propio PT desaparezca como fuerza política".

Operación Lava Jato y la petrolera Petrobras

La Operación Lava Jato (lavadero de autos) comenzó en julio de 2013 a raíz del descubrimiento de una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y São Paulo.
Estas investigaciones hicieron pública una red de corrupción en la petrolera brasileña estatal Petrobras que afecta a diversas figuras muy cercanas al gobierno.
Tras casi tres años de investigación hay decenas de detenidos vinculados a las finanzas del PT y altos cargos de transnacionales constructoras brasileñas, entre los que destaca Marcelo Odebrecht, dueño de una empresa con 200.000 trabajadores que opera en 21 países y con una fortuna calculada en 4.500 millones de dólares.
Este magnate brasileño ha sido recientemente condenado a 19 años de prisión por corrupción, lavado y asociación criminal, y está cumpliendo condena.


jueves, 3 de marzo de 2016

Berta Cáceres: tus sueños no mueren por la metralla

Por Decio Machado / Director de la Fundación ALDHEA

Esta madrugada, Lucas, un gran amigo suyo y mío, forjado como ella en las luchas de los de abajo en Centroamérica, me despertó con la terrible noticia de un asesinato. Aturdido aún por el suceso, no pude por menos que recordar los versos escritos ochenta años atrás por otro represaliado del fascismo: “Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado”. 

“Estaba dormida… entraron y la mataron a balazos…”, así expresaba Lucas lo sucedido a la 1´00 horas de la madrugada de este triste 3 de marzo. Mientras escribo estas líneas la información aun es confusa, pero parece ser que dos pistoleros forzaron la puerta de la casa donde Berta Cáceres dormía en la pequeña ciudad de La Esperanza, cabecera del fronterizo departamento de Intibucá en Honduras. 

La asesinaron con nocturnidad, premeditación y alevosía, durante el transcurso de la celebración de un foro sobre energías alternativas desde la visión indígena, es decir, la asesinaron mientras participaba junto a otros compañeros y compañeras de la utopía que reivindica la vida ante un mundo insostenible que se cae a pedazos. Estos sicarios al servicio del poder transnacional y del neodesarrollismo en esta sufrida América morena no pueden entender que Berta estaba soñando cuando violentaron su puerta, y que a pesar de que la balearon, sus sueños de esperanza en un mundo mejor no se fueron con ella…

¿Quién era Berta Cáceres?

Berta era hija de una partera y activista social del pueblo lenca que acogió y protegió en el pasado a refugiados de la guerra civil en El Salvador, un conflicto armado que aunque nunca fue declarado de forma oficial, se desarrolló entre 1980 y 1992, dejando un saldo estimado de 75.000 muertos y desaparecidos. Recibió de su madre la mejor herencia posible en el actual mundo en el que vivimos, el valor del compromiso militante en la defensa de los derechos humanos y la solidaridad con las personas que sufren, independientemente de su color, sexo, étnia o del país que provengan.

Es así y con esos valores, con los que Berta se convirtió de forma temprana en una destacada activista estudiantil. Pero consciente de sus orígenes, el 27 de marzo de 1993 formó parte del grupo compañeros y compañeras que fundaron el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Su trayectoria a partir de entonces será la de líder de la comunidad indígena lenca, un pueblo milenario y campesino del que quedan aún unas 400 mil personas que se divide entre El Salvador y esencialmente Honduras, y que se consideran custodios de la naturaleza, de la tierra y guardianes de los ríos. Al respecto cabe reseñar que según la tradición lenca en los ríos residen los espíritus femeninos y por lo tanto las mujeres desempeñan el rol de ser sus principales guardianas.

El COPINH se convertirá a partir de entonces en una organización indigenista pero pluralista y abierta, solidaria en las luchas nacionales aunque afincada en la zona sur-occidental del país, desarrollando un importe rol como herramienta para la reivindicación y reconocimiento de los derechos políticos, sociales, culturales y económicos del campesinado y de las comunidades indígenas en Honduras.

Madre de cuatro hijos, de los cuales dos de ellos ya tuvieron que abandonar el país debido a las amenazas recibidas sobre sus vidas, su rol como coordinadora del COPINH la llevó a destacarse en la defensa del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas hondureños.

En 2006 el COPINH recibiría la visita de diversos miembros de la comunidad de Río Blanco, quienes denunciaron, desconociendo sus objetivos, la presencia y actividad de ingente maquinaria de obra pesada en su territorio. A la cabeza del COPINH, Berta Cáceres lideraría la resistencia frente a la construcción de la represa de Agua Zarca, la cual pretendía ser ejecutada por la mayor empresa hidroeléctrica china, Sinohydro Corporation, lo que supondría grandes desplazamientos de población lenca de sus territorios y con fuerte afectación a las sagradas aguas del río Gualcarque. La mayor transnacional china en construcción de represas tuvo que abandonar la obra en el año 2013, denunciando su contrato con el gobierno hondureño debido a la continua y persistente resistencia comunitaria.

Pero el compromiso de Berta no sólo fue con su pueblo y la defensa de su entorno, también lo fue con la democracia. Junto a otros compañeras y compañeros, encabezó las movilizaciones de protesta contra el golpe de Estado del 28 de junio del 2009 que derrocó al presidente legítimo de Honduras Manuel Zelaya. En ese contexto, esta líder indígena denunció también, en diferentes momentos, la presencia militar de EEUU en Honduras, la cual a través de operaciones “cívico-militares” se desplazó a lo largo y ancho del territorio lenca amenazando con instalar nuevas bases militares en el país, buscando profundizar el rol de este territorio como una importante plataforma militar estadounidense que opera como centro de entrenamiento táctico avanzado y tareas militares conjuntas que dependen del Comando Sur.

Desde su cinismo, el gobierno hondureño en palabras de su coordinador general Ramón Hernández Alcerro repudió hace unas horas el asesinato de la líder indígena, calificándolo de “abominable y deleznable”. Sin embargo, el hecho de gozar de medidas cautelares debido a las múltiples amenazas de muerte sobre su persona, sus hijos y su madre, no impidió que esta madrugada dos pistoleros a sueldo regaran su sangre sobre el territorio por el que entregó su vida. Todo ello en el país más peligroso de América Latina para los defensores de la vida.


Berta, los que te conocimos recordaremos siempre como incluso en los momentos más duros se iluminaba tu sonrisa. Tu sangre es la misma sangre que corrió por las venas de líder indígena Lempira, quien encabezó la lucha de tu pueblo 500 años atrás frente a la conquista española. Fuiste forjada con ese mismo material del que se forjan los sueños, y como todos y todas sabemos, nuestros sueños, tus sueños, no mueren por la metralla.