Palabras más, palabras menos

El primer año en el poder de Lenín Moreno es un devaneo entre el discurso y los hechos. Se ha dicho mucho durante estos primeros 12 meses y la mayor parte de la gestión gubernamental ha estado anclada a un cambio en el estilo, a una obsesión por desprenderse del estigma del gobierno precedente, aun cuando los hechos concretos no son del todo visibles. Decio Machado, junto al equipo de La Barra Espaciadora, presentan este análisis del primer cuarto del período de gobierno

Publicado en

 La Barra Espaciadora

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Por Decio Machado
Investigación y multimedia: La Barra Espaciadora*

Valorar el primer año de gestión de Lenín Moreno debe comenzar por recordar la coyuntura política en la que este asumió la Presidencia de la República del Ecuador: Moreno necesitó dos vueltas para ganar las elecciones de 2017 –algo que para Alianza PAIS tan solo había ocurrido en las primeras elecciones presidenciales en las que se presentó Rafael Correa, en 2006–; además, el desgaste del que fuera partido hegemónico durante una década era evidente, tanto que perdió más de 1,2 millones de votos respecto de los resultados obtenidos en 2013, pero con un censo electoral de 1,15 millones de electores más para las últimas presidenciales.

Palabras más

Tras una débil victoria en segunda vuelta –con apenas 228 000 votos de diferencia sobre su contendiente, Guillermo Lasso– y una conflictiva investidura empañada por acusaciones de fraude electoral que la oposición nunca llegó a demostrar, el nuevo gobierno procedió con una estrategia inicial: diferenciarse de su predecesor. Dos ejes neurálgicos definieron la estrategia:

1. Romper con las lógicas de polarización social y conflicto que el correísmo había aplicado contra sus opositores de forma sistemática durante toda la pasada década.
2. Cuestionar el estado de situación económica en el que el régimen anterior dejó al país.

El primer eje permitió la articulación de un nuevo discurso de reconciliación nacional y consensos políticos, lo que fue ampliamente avalado por la población, permitiéndole a Moreno –mediante 444 mesas de diálogo– superar la desacreditación política articulada desde la oposición.

Su segundo eje estratégico cuestionó las políticas de endeudamiento y derroche del gasto público que caracterizaron los últimos años de gestión correísta, permitió estructurar una nueva narrativa –dentro de un gobierno que se advertía de continuidad– y con ella las bases para el cambio del modelo de gestión económica que ya no era sostenible con un Estado carente de liquidez.

A estos dos primeros ejes estratégicos de diferenciación le seguiría un tercero, fundamental para posicionarse como un gobierno democrático: permitir una actuación independiente de la Justicia. En un país donde los casos de corrupción afloran por doquier, esto significó la apertura de múltiples investigaciones judiciales que perfilaron al gobierno de Moreno como una administración que frenteaba la corrupción institucional generalizada. Lo anterior llevó al vicepresidente Jorge Glas –pieza estratégicamente colocada en la jerarquía institucional del Estado para solapar los excesos y acciones ilícitas del correísmo– a prisión, por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Sin embargo, pese a que Moreno puso en marcha el Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, las recomendaciones de este organismo nunca se tradujeron en una estrategia clara, con plazos e instituciones responsables. Más allá del discurso político –renta de la cual el actual gobierno ha vivido durante este primer año–, no hay acciones identificables ni resultados que prueben que se esté combatiendo a la corrupción.

En la siguiente infografía destacamos algunos de los momentos clave de la gestión de Moreno durante este primer tramo de su período:

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Post-caudillismo, pero…

Volviendo a la ruptura política entre el viejo y el nuevo régimen, el siguiente paso estratégico fue anular cualquier posibilidad de que Rafael Correa pudiera candidatizarse en 2021. El objetivo no era complejo, pues la acción independiente de la Justicia y la actuación con libertad de organismos autónomos al poder Ejecutivo pronto desembocarían en las investigaciones hoy en curso. Lo anterior, sumado a que la consulta popular volvió a invalidar la reelección indefinida, posiblemente derive en que el expresidente Correa no vuelva a pisar el territorio nacional.

El proceso de democratización derivado del momento post-caudillista que vive Ecuador es, desde el punto de vista político, la característica principal del primer año de gobierno de Lenín Moreno. Se trata del corte de su cordón umbilical respecto del régimen anterior.

Pese a las presiones de diferentes poderes fácticos –especialmente los afincados en ciertos sectores de la prensa y en algunos sectores empresariales– que planteaban la salida inmediata de todos los ministros que de una forma u otra tuvieran que ver con el antiguo régimen, Lenín Moreno y su equipo actuaron de forma inteligente al implementar acciones que, en apenas un año, les ha permitido anular políticamente cualquier posibilidad de maniobra de lo que hasta hace muy poco era el indiscutible máximo poder en el país.

La consulta popular del 4 de febrero del presente año, la primera derrota directa en las urnas de Rafael Correa y sus seguidores, permitió la apertura del actual proceso de ‘descorreización’ que se ejecuta desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, posiblemente la institución con mayor legitimidad social en el país en este momento. Su objetivo es claro: en tres meses más no quedará nada del omnipotente poder correísta en ninguna institución pública, y varios de los prohombres de la etapa correísta se verán abocados a enfrentar procesos judiciales por corrupción.

En resumen, resulta positivo ver cómo un gobierno de transición como el de Lenín Moreno ha sido capaz, en tan solo un año, de anular diez años de hegemonía política autoritaria pero manteniendo la paz y altos niveles de concordia.

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Palabras menos

Sin embargo, más allá del eje general que ha marcado la política de Lenín Moreno durante este primer año de gestión, si entramos en detalle sobre las áreas de intervención del Ejecutivo, la valoración anterior baja puntos notablemente.

Educación

Haciendo un recorrido rápido sobre el sector de la Educación, podemos ver cómo el número de matrículas en educación inicial durante el período en curso ha menguado en relación con el año anterior (40 mil menos). Ha disminuido también la cobertura de servicios de desarrollo infantil para los Centros de Desarrollo Infantil, Centros Infantiles del Buen Vivir o las unidades de atención Creciendo con Nuestros Hijos. Parte de esto es consecuencia de que la política pública que asegura el desarrollo infantil integral está en proceso de reformulación. Queda pendiente asegurar una adecuada transición desde la etapa de desarrollo infantil hacia la educación inicial.

Respecto de la educación superior, el pasado 15 de mayo la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, la cual incorpora una interesante propuesta de la Senescyt basada en la creación de un subsistema de educación técnica que busca que los estudiantes de estos institutos (40 institutos para la formación superior técnica y tecnológica es el compromiso electoral de Lenín Moreno, de las cuales hasta ahora tan solo se han puesto en marcha cuatro) obtengan títulos equivalentes a educación universitaria con acceso a programas de posgrado.

Hay avances en el proceso de diálogo con el sector empresarial para identificar necesidades de oferta académica. Esto flexibiliza las fracasadas políticas anteriores en las que era el Estado quien determinaba los ámbitos de estudio e investigación de los estudiantes con base en los planes de desarrollo estipulados desde la tecno-burocracia planificadora de Senplades. Es positivo que los cupos universitarios bloqueados durante el régimen anterior se hayan convertido en 150 mil matrículas. Sin embargo, estamos en el punto de partida de una hoja de ruta, así que queda por ver cuán eficiente será su implementación.

Salud

En el sector Salud, el compromiso electoral más importante del presidente Moreno consistió en plantear una política que universalice la atención sanitaria y mejore su calidad. La prioridad hasta el momento ha sido el programa Médico del Barrio, con el que se proyecta atender al 100% de pacientes vulnerables. En positivo, durante este primer año se ha dado cobertura a más del 50% de los cantones del país y se han atendido a cerca de 200 000 personas. Se han intervenido diversos centros de salud que habían quedado descuidados y con infraestructura maltrecha.

Sin embargo, la calidad de los medicamentos sigue siendo un tema que preocupa tanto a pacientes como a profesionales en el país y la atención en los centros de salud y hospitales sigue siendo deficitaria. Faltan camas, especialistas, las listas de espera siguen siendo largas para determinados tratamientos. Estos problemas han sido abordados en la Asamblea Nacional, durante los debates en torno al Código Orgánico de la Salud, pero por diferentes factores de presión, este aún no es aprobado.

Empleo y vivienda

En materia de empleo se abrió un espacio de diálogo con el sector privado para buscar incrementar la productividad y la competitividad. El Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico Mundial situó a Ecuador en el puesto número 97 de entre 137 economías en 2017 –quedando muy atrás del puesto 71 logrado en 2014– y siendo la única economía de América Latina que ha empeorado de manera consecutiva durante tres años. Existe el compromiso electoral de priorizar eficientemente el gasto y mantener la inversión pública para la transformación productiva –objetivo fracasado durante los diez años de mandato correísta, pese a que ese fuera uno de sus ejes discursivos–, así como generar la creación de 250.000 plazas de empleo anuales durante estos cuatro años de gestión.

Pero el cumplimiento de ambos objetivos es dudoso. En la práctica, y siguiendo las cifras oficiales, resulta difícil creer que en la situación económica que se encuentra el país se pueda mantener los anteriores niveles de inversión, mientras que desde junio de 2017 hasta marzo del 2018 tan solo se han generado poco más de 89 000 nuevos empleos adecuados (el 35,68% de la meta programada).

Pese a que el programa Casa para Todos –que pretende construir en todo el territorio nacional 325.000 nuevas viviendas durante los cuatro años de gestión morenista– tiene como objetivo también la generación de empleo, su nivel de cumplimiento al terminar este primer año es deficitario. Tan solo 20 000 viviendas se han levantado. No obstante cabe destacar que el concepto arquitectónico de estos complejos habitacionales es sustancialmente mejor que el de los guetos para pobres construidos durante la gestión anterior.

Créditos y emprendimientos

En materia de emprendimientos existe un compromiso dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 mediante el cual el Ejecutivo ha puesto en marcha el Banco del Pueblo, destinando 90 millones de dólares para 24 mil jóvenes emprendedores. Sin embargo, ni existe un criterio de priorización bien definido para la entrega de estos créditos ni se han emprendido aún acciones que permitan reducir los trámites y costos necesarios para abrir una nueva empresa (este aspecto será tratado en la Asamblea Nacional en su segundo debate). En la práctica se evidencia una débil articulación entre las distintas instituciones encargadas del fomento al emprendimiento a escala nacional.

Economía

Tres cambios de titular en el área económica ha realizado Lenín Moreno durante este primer año de mandato. Empezó con Carlos de la Torre, un economista de perfil monetarista, docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, continuó con María Elsa Viteri, una exfuncionaria de Correa que había estado alejada del sector económico durante los últimos años y cuyo nombramiento nunca nadie entendió; y para terminar nombró a Richard Martínez como responsable del área, a pocos días de cumplir el primer año de gobierno.

Martínez es un joven economista con una trayectoria profesional altamente vinculada con el sector empresarial. Más allá de ideologías, y reconociendo que la política económica ecuatoriana necesita de un cambio, el vuelco propiciado por Moreno con su último nombramiento supone un giro de 180 grados respecto de su compromiso electoral de 2017, cuando ofrecía profundizar la presencia del Estado en la economía nacional.

La actual apuesta del mandatario ecuatoriano deriva de que el país ya no puede ignorar que con un Estado descapitalizado que aplica entre 10 y 12 mil millones de dólares al año al pago de deuda –prácticamente la suma de los presupuestos de educación, salud y seguridad–, ha pasado a ser una urgente necesidad el impulsar la inversión privada. Es por ello que se ha entregado en su totalidad al sector empresarial el frente económico, buscando que sea este el actor que propicie el movimiento de capitales, la inversión y la generación de empleo.

Entender esta realidad pasa por entender que nunca hubo una hoja de ruta clara en materia económica en el programa electoral para las elecciones del 2017 de Alianza PAIS, el cual se componía de propuestas inconclusas, poca sustancia y facilones eslóganes electorales sin cuantificación presupuestaria.

Pese a que la economía y sus derivados son desde hace tiempo la principal preocupación de la sociedad ecuatoriana, ha tenido que pasar un año –el 25 por ciento del período– para que el presidente Moreno defina claramente su sendero.

Nos guste o no, le toca a Lenín Moreno ensamblar su discurso social (derechos para todos durante toda una vida, economía al servicio de la sociedad, etcétera) con las dinámicas propias de un sector empresarial que, habiendo ocupado el espacio más importante en el eje de acción de las políticas públicas, marcará una agenda que históricamente no ha tenido precisamente un visión colectiva ni un proyecto de país.

Un Petro antipetróleo

Elecciones presidenciales en Colombia

Por Decio Machado
Publicado en Revista La Brecha / www.brecha.com.uy

Este domingo los colombianos elegirán a su próximo presidente, divididos entre el miedo a la izquierda, por un lado, y por el otro con el temor de que Álvaro Uribe vuelva a dirigir el país a través de un presidente títere. El escrutinio de los votos se efectuará con un software que se ha mostrado corruptible y ya ha sido corrompido. Es la primera vez en la historia del país que un candidato de sensibilidad progresista podría llegar a la presidencia, se llama Gustavo Petro y propone sacar a Colombia del modelo extractivista.

Seis son los candidatos que aparecerán en la papeleta de votación, si bien la pugna por llegar a la segunda vuelta –algo que parece casi seguro, pues ningún de los presidenciables tiene una intención de voto superior al 50 por ciento– involucra sólo a cuatro nombres: Iván Duque, candidato promocionado por el ex presidente Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático; el ex senador y ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, en nombre del movimiento ciudadano Colombia Humana; el ex alcalde de Medellín y ex gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, quien se presenta como líder de la Coalición Colombia, conformada principalmente por el Polo Democrático y el Partido Verde; y el ex vicepresidente del actual gobierno Germán Vargas Lleras, quien con una coalición denominada Mejor con Vargas Llegas es el candidato del establishment y de una parte importante de la oligarquía.

La legislación colombiana no permite que se hagan públicas las encuestas durante la última semana de campaña, motivo por el cual los últimos sondeos de opinión accesibles son los del pasado 20 de mayo. En ellos el joven abogado Iván Duque –patrocinado por Álvaro Uribe–, pese a no tener más trayectoria política que su participación en el Senado durante los últimos tres años y medio, aparece en la cima de todas las encuestas con una intención de voto que oscila entre el 41 y el 34 por ciento, dependiendo de la encuestadora. Tras él, todas las empresas demoscópicas coinciden en situar al economista Gustavo Petro, quien contaría con una intención de voto de entre 27 y 21 por ciento. Les siguen, con posibilidades aún, Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras, con un respaldo de entre 17 y 9 por ciento.

UN PROGRE ENTRA EN ESCENA. Cabe destacar que desde que en 1811 se creara el primer Estado republicano denominado Provincias Unidas –y posteriormente Simón Bolívar conformara la Gran Colombia– es la primera vez en la historia de este país que un candidato de sensibilidad progresista puede llegar a ocupar la poltrona presidencial. Pero esto dependerá del grado de abstencionismo entre los jóvenes –grupo en el que Gustavo Petro tiene una llegada superior a la de sus rivales–, que es mayor que entre la población adulta y por lo general más conservadora. Y la maquinaria electoral de sus rivales (aparatos partidistas, de finanzas, e incluso de las instituciones públicas controladas por aliados del candidato) ya se ha puesto a trabajar. Prueba de ello es que los mitines de campaña de Germán Vargas Lleras –a los que antes no iba nadie– son, tras los de Petro, los que tienen mayor número de asistentes en este momento.

Según las últimas encuestas, entre los electores que irían a votar (la mitad del padrón electoral) todavía hay un 20 por ciento de indecisos. En Colombia es habitual que entre el 10 y el 13 por ciento de estos indecisos se decidan por uno de los candidatos en los últimos días previos a la elección (el resto de ellos entregarán un voto en blanco o nulo), lo que puede cambiar radicalmente el escenario electoral dependiendo hacia dónde y en qué proporción se inclinen. Merece destacarse que entre el 35 y el 50 por ciento de los recursos de campaña de los candidatos se gastan en las últimas dos semanas. Además las encuestas no pueden medir el efecto de las redes clientelares que se activan en los últimos días del proceso, lo que hace que las actuales encuestas puedan cambiar significativamente e inclinarse por el candidato oficialista, Vargas Lleras.

Pese a que la capacidad de transferencia de votos de los líderes políticos, legisladores y partidos a un candidato presidencial en Colombia no supera en el mejor de los casos el 60 por ciento, siendo su promedio real apenas la mitad, el apoyo de los grandes aparatos no deja de ser fundamental. La candidatura de Vargas Lleras está siendo respaldada por aproximadamente un 42 por ciento de las estructuras políticas activas en el país; mientras que Iván Duque tiene un apoyo del 30 por ciento de esos aparatos. Los candidatos que juegan fuera del establishment, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, gozan del apoyo de tan sólo el 7 y 5 por ciento, respectivamente, de estas maquinarias.

TRES TEMORES. Sin embargo la lectura no puede hacerse de forma lineal. Valga como ejemplo indicar que sólo el 65 por ciento del santista Partido de la U apoya a Vargas Lleras, habiéndose alineado el resto con su opositor, también conservador, Iván Duque. De igual manera, y para profundizar la confusión, cabe reseñar que el apoyo a Petro supera estructuras orgánicas partidistas, transversalizando parte de las bases del Polo Democrático, de la Alianza Verde e incluso de sectores liberales y hasta conservadores que el próximo domingo al votar romperán con la disciplina partidaria (resta ver en qué medida).

Definir la principal característica de esta campaña electoral pasa por señalar la existencia generalizada de “grandes miedos” en la sociedad colombiana. Son principalmente tres. Uno ampliamente extendido a que Colombia se convierta en otra Venezuela, un discurso implementado estratégicamente desde el uribismo, que pese a ser falso le ha dado muy buenos resultados. Y dos miedos enfrentados, de peso similar: el temor a que Gustavo Petro llegue a ser presidente, por un lado, y en la trinchera opuesta el miedo a que Álvaro Uribe vuelva a gestionar el poder en el país a través de un presidente títere. El único candidato en Colombia que tiene positivos por encima de negativos es Sergio Fajardo, quien a lo largo de la campaña se ha demostrado incapaz de rentabilizarlo políticamente.

La candidatura de Gustavo Petro ha ilusionado a una parte importante del electorado, un verdadero mérito si se toma en cuenta que la candidatura de Colombia Humana carece de los recursos económicos mínimos necesarios para afrontar una campaña presidencial en un país con un PBI anual de casi 300.000 millones de dólares. Pese a ello, Petro ha repolitizado a determinados segmentos de la sociedad, construyendo una narrativa entrañable pese a su pragmatismo.

UN DUQUE DURO. No menos sorprendente es el caso del conservador Iván Duque. Este abogado de apenas 41 años fue inicialmente catapultado a la política por el actual presidente, Juan Manuel Santos, siendo reclutado posteriormente por un Álvaro Uribe ya enemistado con el primero. “Me impresionó su talante, su liderazgo, su claridad”, diría Duque respecto de Uribe, justificando su reposicionamiento político hace pocos años atrás. Iván Duque fue asesor de Álvaro Uribe en las Naciones Unidas, e impulsado por él llegó al puesto de senador. Tuvo a Uribe como profesor asistente en la Universidad de Georgetown, donde también fungieron en esa función otras figuras tan “entrañables” como el venezolano Gabriel Cisneros, el español José María Aznar y el ecuatoriano Guillermo Lasso, entre otros miembros de la crème conservadora de habla hispana.

Duque carece de trayectoria política. Su padre, un miembro del Partido Liberal que ejerció como gobernador de Antioquia en el período 1981-1982 y fue ex ministro de Minas y Energía, ocupa más espacio que los méritos políticos del candidato presidencial en las recientes biografías de Iván Duque que en la actualidad van siendo posicionadas en la red.

Hoy Duque se ha convertido en el “hombre duro” de Colombia. Nadie discute su presencia en la segunda vuelta y algunos incluso tienen la esperanza de que consiga ganar directamente en la primera. Iván Duque en la actualidad es el representante político de ese 50,21 por ciento de colombianos que votaron No al acuerdo de paz con las FARC en el referéndum de octubre de 2016. La victoria de Duque supondría para el uribismo retomar el control del país, recomponer su rumbo político en una tendencia ultraconservadora nacional y desmontar el proceso de paz para volver a implementar la mano dura que haría pagar penalmente todas sus "fechorías" a la insurgencia desmovilizada.

SALIR DEL MODELO EXTRACTIVISTA. Frente a esto, Gustavo Petro ha construido su propuesta electoral alrededor de tres ejes: superar la segregación y la discriminación; fortalecer lo público; y luchar contra el cambio climático, apostando por tecnologías limpias.

El fortalecimiento de la educación y la salud pública, la descentralización burocrática, la eliminación del latifundio improductivo, un nuevo pacto social y político, la priorización del mercado interno, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción son parte habitual de la actual narrativa petrista. Petro tiene claro que el modelo económico colombiano de las últimas décadas es consecuencia del énfasis puesto en el desarrollo de la capitalización mediante la exportación de petróleo y carbón. Un escenario propiciado, entre otros factores, por el código minero expedido en 2001 durante el gobierno de Andrés Pastrana. Esta fue la línea que luego siguieron Álvaro Uribe y el actual mandatario, Juan Manuel Santos. Por eso lo más innovador del programa petrista es su propuesta de sacar a Colombia del modelo extractivista, planteando retirar paulatinamente las economías basadas en la extracción de crudo y carbón para sustituirlas por políticas de fuerte apoyo al agro en los 15 millones de hectáreas colombianas que ya son fértiles, y buscando, en paralelo, impulsar un adecuado proceso para su industrialización. En palabras del candidato: “Nosotros proponemos transitar hacia un modelo que convierta a Colombia en potencia agraria y ambiental y permita el desarrollo integral de la industria. Es decir, proponemos todo lo contrario de lo que ha sucedido tanto en la Venezuela de hoy como en la Colombia de hoy”.

Para Petro las rentas provenientes tanto del incremento del precio del crudo como de la prohibición mundial del consumo de cocaína producen efectos perniciosos debido al aumento significativo de divisas en el país. De esta forma el aumento de los ingresos externos puede llegar a causar la llamada “enfermedad holandesa”, la apreciación de la moneda nacional, la destrucción de la industria y la agricultura local y el empobrecimiento de vastos sectores del país.

Pero no hay que confundirse. Gustavo Petro no es un posdesarrollista, pues considera que esta lógica económica es perfectamente compatible con un modelo de industrialización como el estadounidense, el ruso, el chino, el nipón o el coreano. En resumidas cuentas, la propuesta de reforma agrícola planteada por Petro no tiene más objetivo que modernizar al sector rural del país cafetero.

RUMBO AL BALOTAJE. Desde que dejara la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro se lanzó a visitar, con distintos pretextos, las diferentes regiones del país, recorriéndolas desde hace más de dos años en un trabajo sistemático con miras a la actual campaña electoral. Su emblemática propuesta de Bogotá Humana durante su gestión como burgomaestre se convirtió en la Colombia Humana de hoy. Varios de sus colaboradores más leales en la Alcaldía se convirtieron en los impulsores territoriales de su candidatura presidencial.

A partir de entonces la gente se ha ido uniendo voluntariamente a su campaña, logrando poner en la esfera pública una propuesta alternativa de sociedad, gobierno y economía. A diferencia de sus rivales, en las movilizaciones petristas –que gozan de convocatoria masiva en todo el país– no se reparten refrigerios ni tamales, tampoco gorras o camisetas, ni hay buses que lleven a la gente al lugar. Petro irradia esperanza a sus seguidores, rescata el viejo discurso liberal de Jorge Eliécer Gaitán, lo impregna con la imagen de Luis Carlos Galán y lo actualiza hablando de cambio climático y superación de la economía fósil, o sobre la diversidad sexual y los derechos de las nuevas ciudadanías.

De esta manera Petro ha pasado a encarnar el sentimiento anti establishment de la ciudadanía común colombiana frente a una de las elites políticamente más impresentables del subcontinente. Su estrategia tiene tintes populistas, lo que lo convierte en un personaje épico para segmentos poblacionales que van paulatinamente identificándose con él. Incluso en las redes sociales el candidato progresista ha sido capaz, con un discurso altamente emocional, de gestar una comunidad que se moviliza militantemente como un ejército digital sólido, consistente desde el punto de vista estratégico y mucho más estructurado que el de sus rivales.

Pese a que a priori todos los escenarios en una segunda vuelta son favorables a Duque y ninguno a Petro, el mero hecho de una presencia progresista en el balotaje pone muy nerviosas a las elites y al establishment.

IRREGULARIDADES ELECTORALES. Fruto de lo anterior, hay amplios sectores de la sociedad colombiana que están reclamando que el próximo domingo estén presentes más veedores internacionales, ante un cúmulo de irregularidades que ya comienzan a aparecer en el proceso electoral. Entre ellas se destaca el hecho de que no se haya cambiado el logo de Colombia Humana en el tarjetón de voto, petición que se realizó en tiempo y forma por parte de esta formación. En paralelo han comenzado a aparecer denuncias, como la de un senador que descubrió recientemente que unos 4 mil jurados de votación (veedores electorales), postulados por empresas en las elecciones legislativas del pasado 11 de marzo, no están registrados como aportantes en los sistemas de seguridad social. En Colombia las empresas aportan veedores a las mesas electorales. El hecho de que esas 4 mil personas no coticen en la seguridad social significa que las empresas presentaron nombres que no corresponden a sus trabajadores. De las 2.373 empresas que debían haber enviado sus listados de jurados de votación para el proceso del mes de marzo, tan sólo lo hicieron 1.609, posibilitando así que estas 4 mil personas fueran introducidas de la nada en el sistema electoral con el presumible objetivo de manipular los resultados. La Fundación Paz y Reconciliación señaló por su parte la existencia de un cártel de venta de votos dentro de la autoridad electoral.

Pero el asunto más delicado son las denuncias hechas por el propio Gustavo Petro respecto de una supuesta manipulación del software de escrutinios que utiliza la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tras un análisis de los resultados de las elecciones legislativas de 2014, fruto de una denuncia del Partido Mira, una formación religiosa que se presentaba entonces por primera vez a las elecciones legislativas, el Consejo de Estado –máxima autoridad en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia– detectó que no coincidían los datos del escrutinio para esa tienda política en los formularios E14, que recogen manualmente las votaciones levantadas en cada mesa, y el resultado final que arrojaba el software de la Registraduría. Este fue el caso en al menos la mitad de las 100 mil mesas electorales existentes en el país. Por consiguiente, el Consejo de Estado emitió la orden de que dicho software fuera revisado, condición que no se ha cumplido hasta hoy. En definitiva, dado el volumen de anomalías detectadas, se puede suponer que no estamos ante un error marginal, sino posiblemente ante la manipulación del sistema tecnológico electoral que se utilizaría de forma discriminatoria con el fin de inflar o menguar los resultados de determinadas formaciones políticas. Al cierre de este artículo el gobierno colombiano no ha autorizado aún la entrada al país de una misión de expertos tecnológicos –bajo el auspicio de la Unión Europea– que vienen a analizar este problema.

TRASVASES Y ABSTENCIONISMO. Las espadas de los cuatro principales candidatos presidenciales se mantienen en alto durante esta última semana de campaña, esperando la cita en las urnas del domingo. Iván Duque ha visto cómo durante los últimos días su ventaja frente a Gustavo Petro se acorta, posiblemente debido al trasvase de votos que genera el crecimiento de la candidatura de Germán Vargas Lleras. Por su parte, Sergio Fajardo, quien a priori se presumía como el principal contendor de Duque pero que hizo una campaña electoral muy insípida, ha conseguido en estos últimos días dar un pequeño tirón hacia arriba afectando negativamente la candidatura petrista, pues su crecimiento en Bogotá ha mermado el apoyo a Petro entre el electorado capitalino. A su vez, Gustavo Petro busca sorprender con el hipotético respaldo de parte de ese voto joven habitualmente abstencionista, lo que significaría un fuerte empujón a su candidatura en caso de conseguirlo. Por último, Germán Vargas Lleras busca romper los pronósticos electorales apoyándose en la política clientelar de la maquinaria oficialista y los grandes recursos de los que dispone.

Si hubiera segunda vuelta, ésta se celebraría el próximo 17 de junio. Una contienda Duque versus Petro, a priori beneficiaría al primero, aunque el pánico que han expresado las elites demuestra que ya no tienen todas las seguridades consigo. Si por alguna circunstancia Gustavo Petro no fuera el opositor al uribismo en el balotaje, sino Fajardo o Vargas Lleras, la cosa se le podría complicar aun más al candidato de Uribe.

En todo caso, Colombia es un país políticamente muy difícil y tradicionalmente conservador. Con un padrón electoral actual de 36,23 millones de electores, los cálculos para el próximo domingo indican que los votantes no superarán los 18 millones, en el mejor de los casos. Entre ellos destacará el “estrato 3”, ese 34,4 por ciento de los colombianos de clase media-baja. Entre los más pobres, eso que eufemísticamente los medios llaman “estrato 1 y 2”, y que suman el 45 por ciento de la población, posiblemente reinarán el abstencionismo y la indiferencia.

China y lo que se nos viene…

Por Decio Machado

Publicado en la Revista Digital Plan V

Históricamente, desde el punto de vista occidental, China ha sido el otro polo de la experiencia humana, ese Otro fundamental sin cuyo encuentro Occidente no podría haber tomado completa consciencia de su Yo cultural.

Si nos remontamos al pasado, la civilización china se desarrolló relativamente aislada, aunque siempre halló la forma de romper sus barreras geográficas -océanos, estepas, desiertos, montañas y junglas- para establecer rutas de contacto comercial con el mundo exterior. Sus productos atravesaron la India y la antigua Persia para llegar a aquella Grecia y Roma que fueron cunas de la civilización occidental. Ese Occidente, que con base en la colonización y la tradición judeocristiana incorpora hoy al conjunto del continente americano, le debe a China inventos tales como la pólvora, la brújula, el papel o la imprenta.

Desde nuestro Occidente, ese que se reafirma en contraposición con Oriente desde que griegos y persas se enfrentarán en las llamadas guerras médicas, aún se nos hace difícil comprender que China -tras la expulsión de los mongoles y la unificación política del país en el siglo XIV- fue durante un tiempo la región más desarrollada del mundo.

Nuestras distancias se acortaron hace poco más de cuatrocientos años, cuando los primeros jesuitas europeos llegados a territorio asiático decidieron traducir al latín determinadas obras canónicas del confucionismo. Fue a través de estas que el pensamiento ilustrado europeo descubrió un sistema ético-moral que le resultó impactante, lo que propició que algunas de las principales herencias de la Ilustración -despotismo ilustrado, la función pública basada en la meritocracia o el concepto de laissez-faire del mercado libre- tengan su origen en Oriente.

En la actualidad, mediante el crecimiento consistente y extraordinario del PBI de determinadas economías asiáticas, la apertura de estas a las inversiones extranjeras, la modernización espectacular de sus aparatos productivos y el estallido de sus capacidades productivas en los mercados globales, la centralidad económica y geopolítica ha vuelto a Oriente. Concretamente a esa zona llamada Asia-Pacífico con China a la cabeza.

Mirando hacia el futuro inmediato, para el año 2020 la República Popular China habrá alcanzado la cuota de 1.42 mil millones de habitantes, es decir, el 18.5% de la población global estimada para ese momento. En paralelo su economía nacional habrá alcanzando un PIB de 26.9 billones de dólares, lo que vendrá a significar un 30% del valor monetario de la producción de bienes y servicios de la demanda global en el sistema mundo.

Pensar que lo que suceda en un país con semejante potencial no tendrá un efecto contagio en el resto del planeta supone -ademas de no entender el concepto hegemonía- ignorar el creciente efecto de comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo respecto a mercados, sociedades, políticas y culturas. 

¿Pero cuál es el modelo de sociedad que se configura en China y su potencial efecto dominó? Pues mucho se puede escribir al respecto pero quedémonos en el ámbito específico de su modelo de sociedad de control, una lógica que además se expande globalmente con diferente intensidad justificada bajo argumentos de seguridad nacional y combate interno a la inseguridad ciudadana.

Así las cosas el Consejo de Estado chino publicaría por primera vez, hace cuatro años atrás, un documento denominado “Esquema de planificación para la construcción del sistema de crédito social”. Pues bien, bajo el término “crédito social” -no confundir con aquella fallida propuesta económica liberal cuyo origen se sitúa en la década de 1920 en Gran Bretaña- la administración liderada por Xi Jinping propone crear para cada ciudadano un “carnet por puntos”, ahora voluntario pero que será obligatorio a partir de 2020, a través del cual se evalúe el “civismo” de cada individuo mediante puntaje a sus calificaciones crediticias y financieras, valoración de su comportamiento social y político, apreciaciones sobre su conducta pública y relaciones interpersonales, valoración de sus hábitos de consumo e incluso la idoneidad de sus comunicaciones y espacios frecuentados en la red.

Con base en esto, el Estado chino trabaja aceleradamente para que los cien millones de cámaras de vigilancia ya existentes en el país, cifra que pretende ser duplicada en el corto plazo, faciliten la mayor información posible en tiempo real de todo lo que ocurre en las grandes urbes del gigante asiático. 

Este proyecto de video vigilancia urbana, llamado Skynet, inició en 2005 en la ciudad de Beijing y en actualidad ya cubre el 100% de su área urbana. Si bien el origen de estas cámaras fue la seguridad ciudadana en espacios públicos, hoy el sistema está siendo dotado de inteligencia propia y capacidad de análisis para reconocer facialmente a todos los individuos grabados. Con ello se busca retroalimentar la información existente en las diferentes bases de datos de las que disponen las autoridades chinas (registros en la cédula de identificación, cajeros automáticos, datos habilitados para visitantes de destinos turístico en el interior del país, expedientes policiales, bases de datos del sistema de salud, registros de propiedades de inmuebles y vehículos, empresas de seguros y entidades financieras…) mediante un software especializado desarrollado por una compañía nacional llamada Isvision, la cual asegura rápidos resultados con una eficacia del 90% para el 2020. En paralelo otras instituciones, compañías y laboratorios de investigación académica trabajan en la recopilación y clasificación de huellas de voz que permitan identificar a un individuo mediante la grabación de una conversación telefónica y muestras de ADN por extracción de sangre como la recientemente realizada en la conflictiva provincia de Xinjiang -de mayoría musulmana-, con el objetivo poder construir un perfil biométrico completo de cada uno de los ciudadanos que conforman la sociedad china.

En resumen, la República Popular China avanza hacia un modelo de sociedad donde cada vez más actividades diarias de su ciudadanía serán constantemente monitoreadas y evaluadas por el Estado, registrándose lo que cada uno compró fisicamente en las tiendas o mediante e-commerce o plataformas marketplace, que contenido visita en Internet y cuantas horas le dedica a ello, cuales son los tratamientos médicos a los cuales está sometido, que concepto de facturas e impuestos tiene pendiente de pagar, cual es su comportamiento en los espacios públicos, que le gusta y hace, que habla con sus amigos o la “calidad” de estos.

En realidad, fruto del desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, gran parte de esa información ya está levantada respecto a cada uno de nosotros. Los GPS de nuestros smartphone indican donde estamos en cada momento, las cámaras de ojo de águila nos graban en las calles al igual que lo hacen las cámaras de establecimientos comerciales y entidades financieras, las redes sociales procesan nuestros gustos y amistades, Google sabe en que invertimos nuestro tiempo en la red, las web mail tienen la información de nuestros correos electrónicos y los servicios de mensajería telefónica saben todo de nosotros y nuestras relaciones personales, los expedientes de salud contienen nuestros males y sus orígenes, las entidades bancarias saben mediante el uso de las tarjetas en que gastamos nuestro dinero y donde, las fuerzas de seguridad tienen desde nuestras huellas dactilares hasta las infracciones de tráfico…, pero ahora la potencialidad está en que -inicialmente en China- todos esos datos pasarán a ser procesados conjuntamente con la tecnología big data para ser clasificados según valoraciones y reglas establecidas por el Estado. Es de esta manera que esa ciudadanía pasará a ser públicamente calificada y clasificada como “buenos” y “malos” ciudadanos, buscándose desde el poder construir una “cultura de la sinceridad” que premie a personas “de confianza” y castigue a quienes no califiquen como tales.

De esta manera, el “crédito social” de cada persona pasará a ser un elemento de valoración cada vez más importante que determinará la adquisición o no de una hipoteca o un puesto de trabajo, a que escuela pueden ir los hijos o que posibilidades tienen de conseguir una beca, a que tipo de acceso de alquiler de vivienda tienes derecho, si eres aceptado en un establecimiento hotelero o en una discoteca, la velocidad de tu conexión a internet o el nivel de acceso a la sanidad pública.

Por su parte, el “mal comportamiento” será sancionado con la prohibición de acceder al transporte público o a compañías aéreas durante un determinado tiempo, de hecho en febrero del pasado año el Tribunal Popular Supremo ya anunció que 6.15 millones de ciudadanos chinos tienen prohibido tomar vuelos durante cuatro años por delitos sociales.

Sin duda China está en la vanguardia de lo que se viene y que en parte vimos cuando mediante la producción de deuda pública los Estados y sus bancos centrales salvaron a gran parte del sector privado durante la crisis del 2008. China es el ejemplo más avanzado de la innovadora y peligrosa alianza impulsada desde un Estado control con el nuevo capital privado tecnológico, dos poderes combinados que en este caso han permitido la incorporación de ocho mega-empresas al desarrollo de sistemas y algoritmos que construyen el sistema de puntuaciones del “crédito social”. Entre estas firmas aparecen los nuevos gigantes chinos de la tecnología, esos que no cotizan en Wall Street pero nada tienen que envidiar a Apple, Alphabet/Google, Microsoft, Facebook o Amazon. Por poner dos casos más allá de Isvision, entre las empresas implicadas en este proyecto destacan: China Rapid Finance -miembro de Tencent Holdings y creadores de redes sociales, e-commerces, juegos en red o servicios de mensajería con TencentQQ y el cada vez más extendido WeChat- y Sesame Credit -operada por Ant Financial Services Group que a su vez es filial Alibaba, el mercado mayorista online más grande del mundo con filiales en el sector es tan diversos como seguros, créditos y transporte de personas-.


Tan solo a través de la información que emanan de estas dos firmas el Estado chino tiene asegurado un brutal nivel de información sobre más de 950 millones de personas. Citando a Michel Foucault, posiblemente el más interesante teórico social de las segunda mitad del siglo XX, “el panoptismo ha sido una invención tecnológica en el orden de poder, como la máquina de vapor en el orden de la producción”.

Las barbas del vecino

Por Decio Machado / Analista político
Publicado en Revista Plan V

El pasado lunes se decidió, el martes se hizo público y ayer miércoles el gobierno argentino comenzó ya la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar una línea de crédito de 30 mil millones de dólares. Todo ello en el marco de la tensión generada por una cotización que situó a la moneda argentina al cambio de 24 pesos por dólar.

Desde la Casa Rosada y ante las cámaras, Mauricio Macri indicaría: “implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuenta públicas (…) y que depende mucho del financiamiento externo (…), sumidos en condiciones mundiales cada día más complejas (…), siendo de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando…”. En definitiva, Macri le anunciaba al país que dado que el dólar se fortaleció cuesta más conseguir dinero, motivo por el cual decidió acudir al FMI en busca de un crédito grande, algo que al menos justifique el costo político que esta operación financiera conlleva, debiendo atender una tasa de interés más baja que la que el mercado impone.

Efectivamente, hablar del FMI en Argentina es hablar de crisis. Aunque los acuerdos con el FMI son situación de excepción, para Argentina esto fue la regla desde su ingreso al organismo en 1956 hasta la cancelación total de su deuda en 2006. Concretamente entre 1991 y 2001, el FMI y Argentina firmarían cuatro acuerdos de asistencia financiera, período en que la deuda externa del país austral pasó de unos 70.000 millones de dólares, a finales de 1990, a los más de 140.000 millones de dólares registrados en 2001, momento en que estalló la economía del segundo país más grande de Suramérica. Previo al crac, el FMI había exigido al Estado argentino achicarse, privatizar, desregular, desproteger la industria nacional, favorecer las importaciones y el capital extranjero, así como precarizar las relaciones laborales. El país quedó bajo supervisión del organismo internacional, quienes incluso instalaron un representante residente en las oficinas del Banco Central a finales de la década de 1990, presentando esta gestión como su caso más exitoso.

Cuando la crisis fue inminente, el FMI proveyó fondos que financiaron la salida de capitales de los grandes bancos. Según reveló años después el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, en 2001 el FMI condicionó la continuidad de su apoyo al país a cambio de que el dólar estadounidense sustituyera al peso como moneda nacional, condición que fue rechazada dado que no eliminaba el riesgo de default. Esto desencadenaría poco después la denegatoria de un desembolso del FMI, lo que tendría como consecuencia la congelación de depósitos bancarios, una la revuelta social que terminó con más de dos decenas de muertos, una crisis de gobierno en la cual en dos semanas transitaron cinco presidentes consecutivos, la declaración de default soberano, una devaluación del peso que lo dejó con un tercio de su valor y una inflación que se disparó por las nubes, así como el hecho de que uno de cada cinco argentinos perdieran en aquel momento su empleo. 

Desde el año 2002 hasta la liquidación total de la deuda en 2006 no hubo ningún desembolso más del FMI, sino solo pagos y una renegociación de la deuda en default que fue uno de los temas más conflictivos en las relaciones mantenidas entre el Estado argentino y el organismo financiero internacional.

Hoy, diecisiete años después, la decisión de Macri de recurrir nuevamente al FMI calma a algunos inversores pero genera una grave crisis de credibilidad política para Macri. Dado que la confianza de los inversionistas pasaba por una elección de Macri en 2019, la situación actual sitúa al mandatario en una condición difícil. Inevitablemente habrá un “quid pro quo” que posiblemente pondrá en serias dificultades económicas al país que este año encabeza el G20 y en serias dificultades políticas a quien fuera hasta hace una década el presidente del Club Atlético Boca Juniors.

Desde el punto de vista político, hablemos claro, estamos ante un fracaso del gobierno de Macri. Esa lógica del gradualismo macrista, sinónimo sin duda -entre otras cuestiones- de cobardía política, ha implicado que durante estos dos años y medio de mandato la inflación no haya cedido, que el endeudamiento siguiera disparándose, que los capitales inversionistas no fueran los suficientes y que la gente sintiera como su capacidad adquisitiva disminuye de forma paulatina. En el reverso político, una oposición peronista dividida entre “dialoguistas” con el gobierno y kirchneristas de oposición radical ve la posibilidad de reagruparse no por sus méritos políticos ni por su legitimación social, sino en torno a lo que olfatean puede ser el cadáver de su  máximo enemigo. Tras las derrotas del peronismo en las presidenciales de 2015 y las legislativas del año pasado, un halo de luz -fruto de un efecto óptico del cual no son impulsores- vuelve a irradiar esperanza al populismo progresista para las presidenciales de octubre del próximo año. 

Bien, pues a 5.800 kilómetros de distancia le toca al mandatario ecuatoriano y a su staff económico reflexionar ahora sobre la situación a la que se ve abocado su país hermano en el Cono Sur. Ecuador, con una deuda pública que varía ostensible según la fuente pero que posiblemente se ubique en torno al 55 por ciento del PIB, también afronta cada vez mayores dificultades para obtener liquidez en el corto plazo. Ante esto, el Estado deberá reconocer cuanto antes sus obligaciones, ajustar el presupuesto fiscal y transparentar el plan de pagos, de manera tal que se le permita acceder a nuevos canales de financiamiento en el mercado internacional. 

Sin embargo y pese a los discursos positivos que se emiten respecto a la mejora de la situación económica del país, lo cierto es que el principal prestatario al Ecuador, la República Popular China, se siente molesta respecto a las denuncias respecto a sobre precios en múltiples megaproyectos que han sido financiadas con capital asiático; fuentes como el Fondo Latinoamericano de Reservas se encuentran ya bloqueadas para nuestro pequeño país andino; la tasa de riesgo de Ecuador es la más alta de América Latina tras Venezuela y el EMBI o índice de bonos de mercados emergentes tiene una tasa mínima de interés para nuestro país de casi el doble respecto a la media latinoamericana. En todo caso, basta con ver la tendencia a la baja -en sus respectivos mercados bursátiles- de la cotización actual de los bonos de deuda emitida por el Estado para percibir lo poco atractivo para inversores de nuevas futuras emisiones. 

Nos dice Miguel de Cervantes, en su obra Don Quijote de la Mancha, que “los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios”. Pues bien, uno de los más conocidos en este ámbito de la sabiduría popular es aquel que nos indica que “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”.

Así las cosas y tal como sucede con Argentina, nuestro país de los colibríes bien podría verse obligado en relativamente poco tiempo a tener también que acudir al FMI ante un posible escenario de falta de liquidez, institución que nos impondrá como condición para otorgar su financiamiento un ajuste técnico que permita desinflar una economía inflada que tendría como eje principal de actuación la merma en la capacidad adquisitiva de la población y un enorme coste político para el actual gobierno en funciones.

Decio Machado: “Podríamos asistir a una próxima crisis de liquidez que conllevase un fuerte costo político para el gobierno”

Aprovechando nuestra visita al Ecuador entrevistamos a Decio Machado, analista político y ponente habitual en diversos seminarios de pensamiento crítico en América Latina. Es autor junto a Raúl Zibechi del libro “Cambiar el mundo desde arriba: los límites del progresismo” y una de las fuentes de opinión más autorizadas respecto a la realidad política del Ecuador y el subcontinente. 

Miguel Kokinos / Revista Hekademeia

El Presidente Lenín Moreno declaró que su gobierno es un gobierno de izquierdas en una recientemente entrevista con el periodista Ignacio Ramonet en el prestigioso periódico Le Monde Diplomatique. Más allá de las diferencias actualmente existentes entre Rafael Correa y el actual mandatario ecuatoriano, ¿estamos asistiendo a un cambio de ciclo político en Ecuador o tan solo a una disputa de liderazgos en la izquierda?

Las elecciones seccionales de febrero del 2014 marcan el inicio del fin de la hegemonía correista en el país. En aquellas elecciones Alianza PAIS perdió la mayoría de los gobiernos provinciales del Ecuador y tan solo fue capaz de ganar la Alcaldía de una de las diez ciudades más pobladas del país. Entender como en tan solo un año, pues en las presidenciales del 2013 Rafael Correa había obtenido tres millones de votos más que su más directo contender, la nave correista comenzó a hacer aguas tiene que ver con comprender la afectación en la economía nacional de la caída de los precios del crudo en el mercado internacional de commodities.

En los ocho años de bonanza económica durante la década en la que Rafael Correa gobernó el país se visualizó, más allá de su retórica populista, una notable incapacidad para plantear salidas soberanas a la cada vez mayor dependencia que Ecuador iba adquiriendo respecto a los mercados internacionales de commodities. Por poner tan sólo un ejemplo, las exportaciones de bienes procesados no petroleros en Ecuador en 2006 era de tan sólo el 4,9% del PIB nacional, pero cuando comenzó a sentirse la crisis en la economía nacional durante el año 2014 ese indicador había bajado aún más, alcanzando la irrisoria cuota del 3,9%. A partir de ahí, terminado el período de la economía fácil, el régimen dejó de tener avances en indicadores sociales antes exitosos tales como la disminución de la pobreza, el incremento de la capacidad adquisitiva de los sectores medios y medios bajos, o la generación de empleo adecuado.

Es a partir de entonces cuando se produce un quiebre en la política nacional, es decir, es antes de la llegada del actual gobierno cuando comienza a forjarse un cambio de ciclo político en el Ecuador. En definitiva, es el propio gobierno de Rafael Correa, con un Estado ya carente de liquidez, el que comienza a modificar gran parte de sus anteriores políticas económicas, políticas e incluso sociales. Todo esto lleva a que en 2017 ya no sea Correa el candidato oficialista a la presidencia sino Lenín Moreno, el cual necesitó dos vueltas y apenas 220.000 votos de diferencia para ganar las elecciones.

¿No existe entonces un cambio entre los últimos tres años de Rafael Correa y este primer año de Lenín Moreno en la Presidencia de la República?

Claro que existe, pero hay que hablar con propiedad sobre este tipo de cosas. Para empezar, hay que ubicar adecuadamente estos dos momentos diferentes.

Básicamente y como la estrategia de Rafael Correa era volver en 2021 para salvarnos nuevamente de la “larga noche neoliberal”, lo cual haría ya con una imagen renovada y sin el costo político que implica las hoy necesarias medidas de reajuste económico para enfrentar un insostenible déficit fiscal heredado de su misma gestión, se entró en una espiral de agresivo endeudamiento público buscando mantener políticamente impoluta su figura de gran líder. Esto fue muy irresponsable, pues carentes de alternativas políticas y económicas, el correísmo se dedicó a comprar tiempo desde que terminara el período de la “economía de las hadas” que vivió el subcontinente entre 2003 y 2013, endeudando desesperadamente al país y bajo la previsión de dejarle la “papa caliente” al siguiente gobierno sin el más mínimo pudor.

Fíjate que aún en plena crisis, entre 2015 y 2017, se realizaron más de 167 mil procesos de contratación pública. Hablamos de más de 18 mil millones de dólares en gran parte soportado sobre un montante cada vez mayor de endeudamiento público, donde pese a la concentración de millones de dólares en pocas empresas, los amigos del régimen, al final han vivido mal que bien de ese monto unos 36 mil contratistas. De esta manera hasta el sector privado se mal acostumbró a vivir mamando de la teta del Estado, sin hacer el más mínimo esfuerzo de inversión ni asumir riesgos de capital.

A diferencia de entonces, a la actual administración de Moreno no le queda otra que afrontar la real situación económica de un país donde el Estado ya no tiene capacidad para ejercer como motor de la economía nacional y donde la capacidad de endeudamiento público desbordó el límite hace ya algún tiempo. Esto implica que ahora el Estado tiene que negociar con el sector privado en unas condiciones de debilidad extrema que no existieron durante el período anterior. Es desde esa perspectiva desde la cual puedes entender la composición del actual gabinete de ministros y algunas lógicas políticas en las que estamos en este momento asistiendo.

Tu fuiste asesor político del ex presidente Correa, ¿tu ruptura con el régimen tienen que ver con el momento político correista que nos describes?

Mi salida del gobierno de Rafael Correa se dio unos años antes y tiene que ver con las lógicas disciplinarias y de control social que fueron paulatinamente implementándose desde el régimen sobre la población y el tejido social organizado. Más que por cuestiones relacionadas con la política económica, mi decisión tuvo que ver con no querer formar parte de un gobierno con tendencias autoritarias y represivas.

Vuelvo a preguntarte por algo que parece que no quieres contestar, ¿es el gobierno de Lenín Moreno un gobierno de izquierdas?

Cuando Lenín Moreno le dice a Ignacio Ramonet que su gobierno es de izquierdas habría que saber que es lo que entiende tanto Moreno como Ramonet por ser de izquierda.

Si consideramos a la socialdemocracia como una tendencia política de izquierda, debo decirte que he oido a dirigentes políticos como el español Albert Rivera o el venezolano Henrique Capriles autodefinirse como socialdemócratas liberales. Sin embargo, si te cambio el chip y te digo que ser de izquierdas implica buscar transformar este modelo de sociedad basado en el libre mercado y la ley del capital, ni Correa ni Moreno ni Evo ni Lula ni Mujica ni otros tantos líderes latinoamericanos llamados progresistas serían de izquierdas.

Las opciones políticas tienen un enfoque moral, desde la revolución francesa y especialmente a partir del siglo XIX la izquierda tiene su raíz en la justicia social, la equidad y la ética, mientras la derecha se afianza sobre valores de autoridad, orden y status quo. Sin embargo hoy vemos como ingresan en las cárceles o se fugan de sus respectivos países los apólogos durante esta última década de la superioridad moral de la izquierda en América Latina. Conclusión: pese a que personalmente tenga muy claro de que cultura política provengo, mientras no resignifiquemos y volvamos a dignificar el concepto izquierdas el debate sobre quien es realmente de izquierdas y quien no es un debate que prefiero dejar en manos de apóstoles de la fe y restauradores de iglesias.

¿En qué se diferencian el proyecto país del gobierno de Lenín Moreno respecto al proyecto país existente en el gobierno de Rafael Correa?

Entendiendo que un proyecto país va más allá de lo que estrictamente podemos entender como un programa electoral, te confieso que dudo de que ningún gobierno en el Ecuador haya tenido un proyecto país en los últimos sesenta años. Ni el presidente Moreno, ni Correa en su momento, ni los partidos de oposición conservadora o progresista que conforman el tablero de juego político actual en Ecuador tienen un proyecto de país en la cabeza. Pero si vamos más allá y analizamos a los actores sociales, podemos ver que tampoco el sector empresarial, quienes se caracterizan por una visión muy cortoplacista y egoísta, gozan de proyecto país alguno.

La diferencia entre Rafael Correa y el actual gobierno es que Correa sí decía tener una propuesta de país, lo que en realidad no pasaba de ser un mal intento por aplicar algunos aspectos exitosos del modelo de desarrollo aplicado en el sureste asiático y que terminó siendo desastroso en Ecuador. Ahora sin embargo, con el presidente Moreno, el gobierno nos habla idílicamente sobre trazar consensos entre todos los actores de la sociedad, consensos generales con plazos abiertos para consolidar una propuesta colectiva que permita la construcción de soluciones a los problemas nacionales con participación de todos quienes se quieran ofrecer a realizar aportes.

En todo caso y más allá de la retórica política de uno y otro gobierno, la realidad es que el tiempo pasa y este país sigue sin ser capaz de diseñar una hoja de ruta adecuada para desarrollar una inserción inteligente en el sistema mundo.

Te veo pesimista respecto a la situación actual del país…

La verdad es que no me preocupa la situación actual sino lo que viene a corto y medio plazo. Desde mi punto de vista, el actual gobierno es más honesto que el anterior, pues al menos es consciente de sus limitaciones y tiene claro que su rol se enfoca a dirigir pacíficamente una fase de transición política post-caudillista en Ecuador. En ese sentido no engaña a la ciudadanía.

Sin embargo y pese a los discursos positivos que se emiten respecto a la mejora económica del Ecuador, lo cierto es que continúa el proceso de endeudamiento público y se incrementan las dificultades para obtener liquidez a corto plazo. Explico básicamente esto: los chinos entienden que las denuncias respecto a los sobreprecios en los megaproyectos nacionales enmarcadas en las políticas de lucha anticorrupción emprendidas por el actual gobierno actúan en contra de sus intereses y prestigio regional, lo cual les genera malestar y cierta animadversión respecto al actual gobierno; a su vez, ya se han excedido los límites de financiamiento posible en instituciones como el Fondo Latinoamericano de Reservas entre otras; la tasa de riesgo del Ecuador es la más alta de América Latina tras Venezuela; el EMBI o índice de bonos de mercados emergentes del Ecuador tiene una tasa mínima de interés del doble de la media latinoamericana; y basta con chequear cual es la cotización actual de los bonos de deuda emitida por el Estado, la cual se cotiza por falta de credibilidad en mercados bursátil secundarios e incluso terciarios, para percibir su tendencia a la baja, lo cual lo hace poco atractivo para futuros inversores.

En resumen, podríamos asistir en breve a un escenario de falta de liquidez que obligue al Gobierno a recurrir obligatoriamente al Fondo Monetario Internacional, institución que nos impondrá como condición para otorgar su financiamiento un ajuste técnico que permita desinflar una economía que sin duda está inflada y que tendrá como nervio de actuación la capacidad adquisitiva de la población.

Cuando este gobierno termine, veremos si es en el 2021 o incluso antes, lo que vendrá después tiene altas probabilidades de ser un gobierno de perfil conservador. Si algo nos dejó la gestión correcta del país más allá de deuda externa, control social, autoritarismo, corrupción e infraestructuras, fue precisamente una pésima percepción por parte de la población del país respecto de todo aquello que pueda identificarse con ideología política e izquierdas