Por Decio Machado
Para Revista Rupturas
Los procesos de reforma del pensamiento o reeducación social, consisten en la aplicación de
diversas técnicas de persuasión -coercitivas o no-, mediante las cuales se busca cambiar, en
mayor o menor grado, el pensamiento y comportamiento de una sociedad, con el propósito de ejercer sobre esta su
reconducción y control.
A lo largo de la historia, se ha recurrido a diversas
formas de control de pensamiento de los
individuos, pero ha sido en las sociedades autoritarias desarrolladas en el
transcurso del siglo XX, en las que primero se
han aplicado conocimientos científicos para mejorar las técnicas de reeducación
social, y que hoy han sido incluso estandarizadas como método de curación en psiquiatría, apoyados frecuentemente con el uso de fármacos que
inhiben las capacidades cognitivas del paciente.
Estos procesos de reeducación social se aplican en
sociedades donde el gobierno mantiene una firme pugna por el control de los medios de comunicación de masas y del sistema educativo, y usa este control
para diseminar la propaganda en una escala particularmente intensiva, lo que busca
predeterminar las pautas de pensamiento y comportamiento de grandes sectores de
la población. Acompañado de un fuerte aparato de propaganda oficial, la
estrategia busca influir en el sistema de valores del ciudadano y en su
conducta, mediante un fuerte discurso persuasivo que pretende la adhesión del
otro a sus intereses. El método consiste en utilizar una información presentada
y difundida masivamente con la intención de apoyar una determinada opción
ideológica, y donde aunque el mensaje contiene determinadas dosis de información
real, se la trabaja bajo la estrategia de que se difunda de manera incompleta,
adulterada y partidista (desinformación), utilizando mecanismos asimétricos de
información, la subjetivización y un fuerte impacto emocional. Su uso primario
proviene del contexto político y el secundario corresponde a la publicidad de
empresas privadas, obteniendo su sofisticación total cuando se combinan ambos
espacios fruto del alineamiento total entre el poder político y económico.
Para obtener dicho control social se utiliza una
combinación entre medios informales o no institucionalizados (medios de
comunicación, la educación o las normas morales); y los medios formales que se
implementan a través de estatutos, leyes y regulaciones contra las conductas no
deseadas por el poder, lo que produce desde sanciones hasta el encarcelamiento.
Desde la ciencia política se identifica al
autoritarismo (no confundir con totalitarismo o gobiernos de partido único) como
una doctrina política que aboga por el énfasis en la autoridad del Estado. Se
da en sistemas controlados por legisladores electos, lo que suele permitir un
cierto grado de libertad, y puede definirse como un comportamiento político en
el que sobresale una persona o institución en el ejercicio de su autoridad. El
autoritarismo se expresa entonces como el uso abusivo del poder, condición que
implica que la autoridad sea frecuentemente confundida con el despotismo, y
donde a pesar de que el poder político no cuente con una ideología “dura” y
bien elaborada que cumpla el rol de direccionamiento ideológico al conjunto de
la sociedad, mantienen una mentalidad peculiar -justificación ideológica del
régimen-, en los que su líder ejerce el poder dentro de un límite formalmente
mal definido.
El caso ecuatoriano
El neopopulismo ecuatoriano tiene como objetivo
obtener legitimación social mientras se mantiene en el poder una élite
específica que controla la hegemonía política a costa de la popularidad de su
líder. En este sentido, la distancia entre el discurso y la praxis se
acrecientan, desarrollándose medidas populistas que bajo discursos rupturistas
posicionan beneficios limitados para la población (mayor cobertura social e
incremento de la capacidad adquisitiva de la población), pero que lejos están
de significar transformaciones profundas en los pilares del Estado ni en las
relaciones sociales, económicas y políticas que se desarrollan en el país;
mientras los sectores más poderosos de la sociedad se ven notablemente
beneficiados (el incremento en concepto de pago de Impuesto de la Renta de los
grandes grupos económicos contemplando entre los ejercicios del 2010 y 2011
–USD 650 millones y USD 798 millones respectivamente- fue del 23,61% mientras
en ese período el salario mínimo se incrementó solo el 10%, la economía
nacional continúa hiperconcentrada y el gran beneficiario de la dinamización
económica es el sector importador por encima de los pequeños y medianos
productores).
El discurso del “socialismo del siglo XXI” en el
Ecuador apareció como una “tercera vía” superadora del tradicional conflicto
existente entre el neoliberalismo y los sectores populares en resistencia. En
contradicción con su discurso de confrontación con los “pelucones”, el
Presidente de la República ha manifestado en reiteradas ocasiones tras los
comicios presidenciales de febrero del 2013, su satisfacción por la
conformación de una “derecha ideológica” encabezada por el propietario de la
segunda más grande institución financiera del país, reafirmando que los
principales enemigos del “proceso revolucionario” son: el ecologismo, el izquierdismo
“infantil” y las organizaciones indígenas más referenciales de su tejido social
nacional.
El fracaso del neoconstitucionalismo ecuatoriano
Todo proyecto político, jurídico o social está
integrado bajo un contexto que depende de la ideología dominante, lo que
impregna todas sus prácticas y ejercicios de poder.
El poder articula diversas formas diferentes para
emerger y legitimarse, utilizando fórmulas más o menos explícitas, lo que abre
un abanico que va desde la manipulación psicológica hasta la violencia física.
En ese contexto, el Derecho es quien instrumentaliza el poder, encubriéndolo y
difuminándolo; justificándolo y convirtiéndolo en orden social y político. Las
verdades se transforman en función del régimen, en los discursos en el que están
sumergidas, reconfigurándose las Leyes y el Derecho según el sistema político
del que forman parte, generando mecanismos de poder adaptados a la ideología
dominante, en función del momento histórico histórico y sus circunstancias.
Mediante la aplicación del Derecho, las respuestas a
los conflictos de poder adquieren una supuesta legitimidad, generando respuestas
normativas que pretenden garantizar la solución no arbitraria de conflictos
sociales. Este sería el caso de sentencias tan discutibles en esencia y forma
como las protagonizadas en los últimos años por la justicia ecuatoriana: 10 de
Luluncoto, líderes sociales de Quimsacocha, los periodistas Calderón y Zurita,
el proceso contra el periódico El Universo, la sentencia sobre Cléver Jiménez y
los otros dos firmantes de su demanda, la líder sindical Mery Zamora o los
jóvenes del Central Técnico entre otras donde quedan claramente cuestionados conceptos
normativos de carácter constitucional. Queda claro entonces, que el efecto de
universalización es uno de los mecanismos aplicados por los más poderosos, a
través del cual se ejerce la dominación simbólica y la imposición legitimada de
un nuevo orden social.
En la actualidad, la masiva presencia de principios
existentes en el neoconstitucionalismo ecuatoriano (sus primeros 86 artículos
están dedicados a señalar los derechos de los que gozarán individuos y grupos
sociales), exigen lógicas argumentativas, ya no solo basadas en la subsunción,
sino también en la ponderación y en el juicio de proporcionalidad anteriormente
referenciadas. En este contexto, el Estado incluso debería perder su rol
histórico, pasando a ostentar como papel principal estar al servicio de la
satisfacción de los derechos fundamentales, dejando de justificarse a si mismo,
para pasar a ejercer una mera función instrumental.
Sin embargo, desde los sucesos de Dayuma (diciembre
de 2007) hasta hoy, la práctica demuestra que cualquier activista social que se
movilice contra las políticas del Estado, especialmente la extractivista, está
amenazando con la aplicación de todo el “peso” de la ley. Salve decir, que
dicha ley es la legislación antiterrorista proveniente de la época de la
dictadura militar, y que si bien la figura del terrorismo ha existido desde
hace muchos años en la normativa penal del país, otros gobiernos anteriores al
actual nunca la aplicaron. Para que no quede duda sobre la situación actual, un
informe presentado el diciembre del 2011 por la Defensoría del Pueblo del
Ecuador señala textualmente: "En
nuestro país se evidencian procesos de criminalización de las actividades
realizadas por los y las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza,
principalmente, cuando estas se oponen al modelo de desarrollo que ejecuta el
Estado ecuatoriano".
Ecuador: ¿Estado autoritario?
Max Horkheimer -referente de la Primera Teoría
Crítica de la Escuela de Francfurt-, definía al Estado autoritario como un
fenómeno sociológico que se origina tras circunstancias históricas donde surge
la anarquía, el desorden y la crisis; presentándose como la vía para la
superación de los problemas existentes.
En el caso del Ecuador, desde la reinstauración de la
democracia liberal y el “Estado de derecho burgués”, el sistema político ha
estado en crisis permanente, proceso agudizado con el paso del tiempo. Desde la
forzada sucesión de Jaime Roldós hasta la toma de posesión de Rafael Correa, el
sillón presidencial no ha sido ocupado más que mediocres gobiernos, situación
que determinó que ninguno de ellos
terminase desde 1996 su legislatura. La legitimación del actual gobierno
de perfil autoritario pero estable políticamente deviene fruto de ese consenso
social.
El gobierno unificó al conjunto de la sociedad
(véanse los resultados electorales), bajo el criterio de lograr un concreto
objetivo: la construcción de un futuro en donde se logre superar las causas que
generaron la crisis. A partir de esa premisa, se justifica el recorte de
libertades y derechos con la finalidad de combatir el “libertinaje”, enarbolando
principios convertidos en valores supremos, como la autoridad, disciplina,
Patria y orden.
En el desarrollo de esta lógica, el Estado determinó
su voluntad por dirigir una forma de construcción del individuo –reeducación y
disciplina- para su “correcto” desarrollo político, justificándose a si mismo
como guía debido a la “supuesta” inmadurez ciudadana. El tratamiento desde el poder
hacia la disidencia, definió el desarrollo de un germen interior que tiene todo
Estado autoritario en su fase inicial: el monopolio de la violencia y el
desarrollo de la autocensura de la oposición en todas facetas (social,
periodística, cultural y política).
Como consecuencia, mientras las lógicas de control social
y criminalización de las disidencias se acentúan, las mayorías lo aceptan, en
su priorización por una mejor situación económica (la evolución de ingresos
familiares en 2006 conllevaba una cobertura de la canasta básica familiar de
tan solo un 66,7%, mientras se estima que en el presente año llegue al 103%). Bajo
las condiciones de un creciente nivel de vida (desde la perspectiva consumista),
la disconformidad con el sistema aparece como socialmente inútil, y más aún si
aparece con tangibles desventajas económicas y políticas (comodidad y riesgo
respectivamente) y pone en peligro el buen funcionamiento del conjunto. En la
fase actual de modernización del capitalismo ecuatoriano, la “sociedad libre”
ya no puede ser definida en términos clásicos, requiere nuevos modos de
realización, y corresponde al aparato de propaganda del gobierno definirlos al
conjunto de la población.
La libertad política no puede conceptualizarse como
antes porque implicaría la liberación de las personas de una política sobre la
que no ejercen ningún control efectivo. Lo mismo sucede con la libertad
intelectual, dado que de lo contrario podría restaurarse el pensamiento individual
cada vez más absorbido por la comunicación y el adoctrinamiento de masas.
Como fenómeno reeducacional, se refleja un proceso de
conservadurismo en la sociedad ecuatoriana, donde se establece entre otros
valores que todo lo que haga el líder es adecuado per se, dado que es él quien sabe lo que se debe hacer (“confíen en
mí”). Esto en la práctica, supone el debilitamiento del tejido social autónomo
existente y el control social sobre una sociedad, que en general empieza a
aceptar prescindir de los escasos canales existentes para su real expresión y
el potencial de reivindicación que esto conlleva.
La ilusión de que el Estado puede impulsar por si
mismo un cambio radical en la sociedad conlleva el olvido respecto a que el
Estado no es más es una forma de relación social enraizada en las relaciones
sociales capitalistas separando a las personas del control de sus propias
condiciones de producción y, por ultimo, de sus propias vidas.
