La historia reciente de este acontecimiento comienza el pasado 15 de enero del presente año. Unas 2000 personas movilizadas desde diversas partes del país, representantes de diversas organizaciones sociales y políticas, acordaban en Yanzatza, realizar la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos. Su punto de partida sería el cantón El Pargui en Zamora Chinchipe, zona que será afectada por la explotación de la minería a cielo abierto. Su partida estaba prevista para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El arranque de la marcha se dio tres días después de la firma del contrato minero Proyecto Mirador entre el gobierno y la transnacional ECSA (Ecuacorriente SA)[1]de propiedad china.
Más de setecientos kilómetros recorrió la marcha, atravesando parroquias y capitales provinciales donde recibió distintas muestras de solidaridad e incorporaciones a la movilización. Junto a la CONAIE se movilizaron desde El Pangui representantes de la ECUARUNARI – Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, del Frente Popular (UNE, FEUE, FESE, CUBE, CUCOMITAE, UGTE, CONFEMEC, UNAPE, JRE y UCAE) y de la Asamblea de los Pueblos del Sur.
El 21 de marzo la marcha llegaba al sur de Quito. Unos 2.500 marchantes dormían en Guamaní[2], estando la mayoría de ellos enfermos y muy cansados. Habían combinado durante 14 días tramos en vehículos con largas caminatas, durmiendo en pabellones deportivos, colegios y espacios públicos.
A la mañana siguiente, el 22-M, partían desde el sur del sur de Quito hacia el centro de la capital. Seis horas más de marcha. En esta ocasión, marcharon acompañados por miles de manifestantes que se juntaban en distintos tramos del recorrido para participar en la movilización indígena y popular.
Liderando la marcha se encontraba la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) con su presidente Humberto Cholango a la cabeza. A su lado, otros dirigentes indígenas pertenecientes a las diversos pueblos y nacionalidades del Ecuador, entre ellos el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, y otros tantos dirigentes sociales provenientes de barrios, sindicatos, organizaciones de mujeres, estudiantes y organizaciones ambientalistas. Detrás, desfilaban líderes y militantes de las diversas organizaciones políticas de izquierda, que conforman la Coordinadora Plurinacional[3].
Las banderas rojas se combinaban con el multicolor indígena, estandartes con el rostro del Che con pancartas contra la megamineria. De igual manera, organizaciones de mujeres caminaban junto a jóvenes estudiantes, partidos políticos al lado de organizaciones profesionales, o sectores libertarios se movilizaban conjuntamente a organizaciones de corte marxistas y sindicatos obreros. Las imágenes de la marcha, reproducida por múltiples medios de comunicación ecuatorianos y extranjeros, dieron muestra de la variopinta amalgama de organizaciones sociales que las conformaron.
Por otro lado, las movilizaciones oficialistas concebidas como contramarchas contra una supuesta movilización desestabilizadora al gobierno, se congregaron en cuatro espacios físicos diferentes: Plaza de San Francisco, Plaza de la Independencia, Plaza Sto. Domingo y parque El Arbolito. Las posiciones habían sido tomadas incluso días antes con grupos militantes de Alianza PAIS y algunas organizaciones afines.
El presidente Correa visitó los cuatro lugares en el transcurso de la jornada, propiciando mítines y arengas a sus simpatizantes en los diversos espacios, que fueron confluyendo sucesivamente en los entornos del Palacio presidencial de Carondelet.
El discurso presidencial se articuló en base a los siguientes puntos: la marcha de los movimientos sociales tiene un carácter desestabilizador y esta fomentada por golpistas, existe una alianza entre la izquierda y la derecha para derrocar al gobierno, tiene un fin electoral y el resultado de la movilización social resultó un fracaso.
El mandatario ecuatoriano volvió a utilizar la retórica empleada durante la campaña de la Consulta/Referéndum Popular del pasado 7 de mayo, planteando nuevamente el “confíen en mí”, a la par que indicaba que este es el gobierno que ha defendido entre otras cosas el agua en el Ecuador.
Según los cálculos realizados por diversos observadores y profesionales de los medios se estima que la contramarcha oficialista congregó un número más o menos similar a los movilizados por los movimientos sociales, incluso hay quienes calculan que fue inferior, a pesar de las declaraciones del presidente Correa que hacía alusión a un supuesto “10 a 1” a favor del gobierno o los datos emitidos por la ministra de la Política, Betty Tola, donde se habla de 60.000 partidarios del correísmo. Sin duda, las expectativas oficialistas fallaron de largo aunque en su discurso este hecho no quiso reconocerse.
Sin embargo, más allá del empate técnico en la cuestión numérica, las diferencias entre ambas movilizaciones fueron notables en diversos aspectos:
- En primer lugar la movilización social duró 15 días, es decir, desde que salió de El Pangui hasta su llegada a Quito. El oficialismo movilizó –en buses pagados por el Estado- el día del inicio de la marcha en Quito y el día de su llegada también en Quito. La estrategia de generar contramarchas en cada una de las diferentes localidades por las que avanzó la marcha tuvo que ser abandonada debido a la escasez de asistentes y la notable desigualdad numérica entre las convocatorias gubernamentales y las muestras de simpatía y solidaridad que se dieron localidad tras localidad por la que atravesó el recorrido de la marcha. El oficialismo desorientado fue cambiando de estrategia varias veces durante la caminata.
- Mientras la movilización de las organizaciones sociales sufrió varios obstáculos para su realización (negación de los salvoconductos oficiales para circular los buses, controles policiales, infiltración de miembros de la fuerza pública, boicots de autoridades locales afines al gobierno y una fuerte propaganda de desprestigio por parte de los medios públicos o controlados por el gobierno); la oficialista contó con todas las bondades que permiten ser auspiciadas por el Estado.
- Los participantes de una y otra movilización eran claramente diferentes. Mientras el oficialismo movilizaba voluntariamente o no, a funcionarios públicos, juntas parroquiales y organizaciones dependientes del Ministerio Coordinador de la Política, sobre todo provenientes de fuera de Quito; la Marcha por la Vida se nutría de indígenas, sectores sociales y sindicatos que han ido rompiendo vínculos con el correísmo.
- Por último, mientras las marchas de los movimientos sociales mostraban iniciativa política, las contramarchas oficialistas fueron claramente reactivas. A esto hay que añadir el enorme error estratégico por parte del Gobierno, el cual se encerró en el centro de Quito (casco histórico de la ciudad), mientras que la movilización social recorrió barrios populares del sur y centro de la capital, ganándose la simpatía de gran parte de la población. Miles de vecinos aplaudían la movilización social a su paso, entregando fruta, agua e incluso chicha a los movilizados.
En resumen, si ambas movilizaciones se miden desde las enormes diferencias respecto a los medios existentes entre poder y contrapoder, se podría sentenciar que los resultados del oficialismo fueron un rotundo fracaso dada la desigualdad entre los contradictores.
La Marcha por la Vida había ganado la disputa con el gobierno días antes de llegar a Quito
Si bien las reivindicaciones sociales suman 19 puntos, los cuales incluyen temas tan diversos como la oposición a la ampliación de la frontera petrolera, incluyendo la defensa del ITT, la exigencia de reforma agraria, el respeto a los derechos laborales, el rechazo a la firma de acuerdos de libre comercio, el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, o el cuestionamiento a la criminalización social entre otros; el elemento que originó la movilización social fue la defensa del agua y el cuestionamiento a la megaminería.
Las movilizaciones sociales, que se reprodujeron durante el recorrido de la Marcha en diversos puntos del país, hicieron de la cuestión del agua y su afectación por la minería a gran escala un debate social que tomó envergadura nacional desde antes que la movilización llegara a Quito. Recordemos que un grupo de mujeres activistas fue violentamente desalojada y encarcelada por entrar a la Embajada china a entregar una carta en contra de la megaminería el día 8 de marzo. La posición autoritaria del presidente Correa, convertido en el mayor defensor de la megaminería y sin apertura al dialogo con los futuros damnificados, facilitó esta circunstancia.
En Ecuador no es necesaria la propaganda que habitualmente desarrollan las grandes transnacionales mineras en los países donde operan, es el presidente de la República quien personalmente se ha erigido en el principal portavoz de las bondades que ofrecen las grandes multinacionales extractivas (petroleras y mineras fundamentalmente) de capital extranjero.
El hecho de que una movilización de estas características generase las simpatías nacionales que se dieron durante los diferentes días de caminata previa la llegada a Quito, todo ello frente al hobbeliano aparato de comunicación estatal que día tras día cargaba contra una marcha supuestamente golpista y financiada por la ultra-derecha y un presidente de la República que insultaba a los marchantes referenciándolos como unos cuantos con “plumas y ponchos”, funcionó como un boomerang contra el discurso oficial. La ciudadanía ecuatoriana mostró su simpatía por los más débiles, rechazando en gran medida la retórica presidencial y reclamando el derecho a la protesta y la resistencia[4].
Dicha situación se evidenció en la movilización que tuvo lugar en Cuenca el 10 de marzo, cuando aproximadamente 30.000 manifestantes se movilizaron por la defensa del agua y mostraron sus simpatías con la Marcha por la Vida. Las contramarchas del oficialismo con miembros del ejecutivo desplazados al territorio, en dicha ciudad, otrora bastión del correísmo, no superaban los 2.000 asistentes. Ese mismo día llegaba la Marcha a la localidad de Saraguro, al sur.
Ante esta circunstancia, el gobierno desplegó una gran campaña en todo el territorio nacional, cuya estrategia consistía en que más allá de promocionar las obras locales y otros logros del correísmo, se intentó visibilizar un supuesto apoyo indígena al gobierno y en especial al primer mandatario. Para ello se acentuaron las alianzas que desde el Ministerio Coordinador de la Política ya se venían trazando con dirigentes altamente cuestionados en el mundo indígena, entre los que destacan casos como Miguel Lluco[5] en Chimborazo o Antonio Vargas[6] en Pastaza. Este tipo de maniobras generó un mayor rechazo en gran parte de comunidades y organizaciones indígenas.
Dos días antes de las movilizaciones en Quito las organizaciones de la Red Agraria (no alineada a la CONAIE) y que podrían ser definidas como la base indígena y campesina del correísmo, presentaban en la Asamblea Nacional 41.000 firmas respaldando su propuesta de Ley de Tierras[7]. Allá expresaron su decepción con el gobierno y lo que el oficialismo llama “revolución agraria”. El 22 de marzo, aunque de bajo perfil, Luis Andrango presidente de la FENOCIN[8] participaba en la marcha de los movimientos sociales en Quito.
Por último, cabe destacar que según la marcha llegaba a Quito el gobierno se veía forzado a hacer consecutivas concesiones en el campo de la política laboral y económica: subida de salarios retroactiva a maestros, de igual manera con el Ejército, paralización de la medida ya acortada de aumento de un 25% en los pasajes de viajes interprovinciales, entre otras.
La marcha ya antes de llegar a Quito era una victoria social.
Escenarios y reflexiones de cara al futuro
El debilitamiento del gobierno se plasma día a día. Ya no son creíbles para gran parte del país las encuestas contratadas por el Ejecutivo donde le dan el 80% de apoyo al presidente Correa. El hecho de que en la mañana del 23 de marzo el presidente Correa ocupara una hora completa de programación televisiva en Gamanoticias (canal gubernamental) de la mano de un mediocre periodista[9] hoy al servicio del régimen y con anterioridad funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez, es una prueba más de que el oficialismo no salió triunfante el 22 de marzo. El presidente Correa, al igual que el resto de sus ministros, que ocuparon espacios mediáticos en la mañana del 23-M, mantuvieron torpemente la tesis de que la movilización social había sido un fracaso y su asistencia “paupérrima”.
Lamentablemente para el discurso oficial, las imágenes televisivas y el hecho de que gran parte de la población de Quito fuera testigo de la movilización hacen insostenible el argumento gubernamental.
Por su parte, las organizaciones sociales y partidos de la izquierda retoman la iniciativa política, la cual habían perdido incluso antes de la llegada de Rafael Correa al despacho presidencial. Además, han dejado, al menos coyunturalmente, fuera del tablero político a la derecha, la cual por todos los medios intentó involucrarse en la marcha y no fue aceptada en ningún momento por sus convocantes.
Asambleístas conservadores como César Montufar y organizaciones políticas como el Partido Sociedad Patriótica intentaron en reiteradas ocasiones implicarse en la movilización, cosa que la CONAIE y el resto de organizaciones involucradas nunca lo permitió. Durante los quince días de movilización la única acción política implementada desde los partidos políticos conservadores fue instalar un patético monumento en memoria del ex presidente León Febres Cordero[10].
El conflicto político en este momento se define en el ámbito de la izquierda social y política del Ecuador. Por un lado una caricatura de “revolución” auspiciada por un gobierno de perfil socialdemócrata con muchísimas contradicciones en su política económica, laboral e internacional; frente a una oposición a su izquierda que comienza a mostrar capacidad de movilización, agenda común y principios de entendimiento.
El presidente Correa le quedan dos caminos que tomar. Debe optar por girar a la izquierda y demostrar mayor capacidad de consenso con las comunidades afectadas por su política extractivista y neodesarrollista, a la par que con movimientos sociales y las organizaciones a su izquierda; o terminar de dar el giro conservador cada vez más evidente en el cotidiano del ejecutivo, consolidando y estableciendo nuevas alianzas con sectores empresariales y organizaciones políticas a su derecha.
El desgaste gubernamental, agudizado por un fuerte desprestigio internacional tras la sentencia contra el diario El Universo, sumado al caso de la “narcovalija” que ruboriza de igual manera al interior como al exterior del país, así como el descontento popular por la subida de los precios en productos básicos, mientras sectores empresariales rinden beneficios insólitos en un momento de crisis internacional, no permite demasiado margen de maniobra a un gobierno que está a 10 meses de una nueva contienda electoral.
En Ecuador, 62 grupos económicos concentran el 41% del PIB del país; la riqueza no petrolera se queda en manos de importadores, intermediarios financieros y sector comercial; las utilidades de los grupos económicos del país creció entre 2006-2009 un 54% más que en el periodo inmediatamente anterior (previo a la llegada de Correa a la presidencia) y la banca ganó solo en el pasado año un 51% más con respecto al anterior.
En el caso del mundo indígena, principal protagonista de la marcha del 22 de marzo, el Índice de Pobreza por Ingresos se cuantifica en 59,4 % al cierre del ejercicio 2011 y la tasa de analfabetismo en el 20,4 % (datos INEC, Censo de población, 2010).
Respecto a la tenencia de las tierras, el Ecuador tiene uno de los índices más altos de inequidad en el acceso a la tierra, el índice Gini[11] sobre la tierra es de 0.81, y la acción gubernamental ha sido prácticamente nula durante estos algo más de cinco años de gobierno correísta; es más, Correa se ha pronunciado una y otra vez en contra de la reforma agraria. La condición de inequidad es tan aguda que el 50% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) están por debajo de una extensión que no permite reproducción plena de los campesinos y campesinas[12].
La tendencia monopolizadora del agua en el agro también es notoria. La población campesina, sobre todo indígena, con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, este grupo apenas tiene el 22% de la superficie regada y accede apenas al 13% del caudal. De esta manera los grandes consumidores, que no representan el 1% de unidades productivas, concentran el 67% del caudal de agua para riego. Hasta ahora el gobierno de Correa no ha dado señales de querer revertir esta situación y cumplir con el mandato constitucional que en su artículo 312 dice claramente que “se prohíbe toda forma de privatización del agua”. Y no solo eso, luego de aprobada la Constitución, el gobierno amplió el plazo de la concesión de agua a la empresa privada Interagua, en la ciudad de Guayaquil.
Volviendo a los escenarios posibles, si bien primero de ellos es el deseado por las organizaciones sociales convocantes de la marcha, la aptitud gubernamental aparece como muy alejada de esa posibilidad, negándose el diálogo con las organizaciones sociales en lucha y los partidos políticos a la izquierda del régimen. Sin embargo, respecto al segundo escenario, ya aparecen elementos que han de ser valorados de manera adecuada: la amnistía a Alberto Dahik[13], la cual fue propugnada personalmente por el propio presidente Correa, tal como sucedió con el expresidente Gustavo Noboa Bejarano[14] durante la Asamblea Constituyente; la incorporación a Alianza PAIS de autoridades locales provenientes de la partidocracia conservadora; la cada vez más probable firma de un TLC con la UE, que propiciará alguna dimisión notable en el aparato de la Cancillería ecuatoriana; así como algunos hechos sorprendentes en el estricto escenario electoral que podrían responder a acciones tácticas gubernamentales.
Respecto a lo último son destacables dos circunstancias novedosas. Por un lado, el banquero Guillermo Lasso, líder del Movimiento CREO, a quien se le consideraba como un potencial candidato opositor de la derecha en la contienda electoral contra el gobierno, ha bajado prácticamente a cero su aparición pública mientras su entidad bancaria, el Banco de Guayaquil, con el Banco del Barrio; este banco sigue siendo una de las herramientas fundamentales para la distribución del Bono al Desarrollo Humano y otras subvenciones dadas por el Estado a sectores populares. Por otro lado la fusión de Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano, quienes han manifestado hace apenas unos días su voluntad de presentar un candidato presidencial propio, ignorando la posibilidad de unificar una candidatura común entre las organizaciones del conservadurismo ecuatoriano.
Los movimientos que se han podido visibilizar por parte del gobierno están consistiendo en censurar a las organizaciones convocantes de la marcha o los partidos y autoridades locales que de una u otra forma la han apoyado. Este es el caso de la retórica sumamente agresiva utilizada por el presidente Correa contra el Movimiento Popular Democrático (MPD), organización de perfil marxista leninista que apoyó la movilización social, o las diferentes acciones emprendidas contra la Prefectura del Azuay, institución a la cual se le han eliminado varias competencias delegadas (se le niegan las licencias comerciales a la empresa de lácteos propiciada desde la prefectura o se le retiran las competencias ambientales y viales entre otras acciones de carácter punitivo).
En estas condiciones, queda en manos de las organizaciones sociales y políticas de la izquierda la responsabilidad de generar una agenda común de mínimos que tenga como punto de partida el mandato plurinacional de los 19 puntos reivindicados por la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, que se sustenta en los principios constitucionales de Montecristi. Es desde esa plataforma reivindicativa y la coherencia política, el lugar del cual debe articularse una coordinación de luchas comunes, abierta a nuevas incorporaciones, en donde los protagonismos y ambiciones electorales queden en un segundo plano.
No hay duda, el 22-M marcha un nuevo tiempo político en Ecuador.-
[1]ECSA, propiedad de dos compañías chinas, iniciará operaciones en una gran mina a cielo abierto en la provincia de Zamora Chinchipe. Ecuacorriente es propiedad de China RailwayConstructionCorporation, la cuarta mayor constructora del mundo, y de TonglingNonferrousMetalsGroup Holding, la sexta mayor productora de cobre del planeta. Sus directivos ha hecho público que la mina “Mirador” tendrá dos kilómetros de diámetro y 800 metros de profundidad y de ella se extraerán 60.000 toneladas de material al día. La compañía exportará el concentrado de mineral, que en un 85% será de cobre y el resto de oro y plata. Con la firma del contrato entre el Estado y Ecuacorriente se abrió la puerta a la primera explotación minera a gran escala en la historia de Ecuador.
[2] Parroquia urbana ubicada en el sur del Distrito Metropolitano de Quito.
[3]La Coordinadora Plurinacional es un frente común conformado por organizaciones de perfil político a la izquierda del correísmo: Pachatukit, Movimiento Popular Democrático, Participación, la Corriente Revolucionaria Socialista del Partido Socialista y Montecristi Vive.
[4]La vigente Constitución de Montecristi reconoce en su artículo 98 el derecho a la resistencia de una manera amplia y generosa, abarcando a todos los derechos: los que están taxativamente puntualizados y los denominados derechos implícitos que derivan de la dignidad del ser humano.
[5]Lluco apareció como representante en el 2005 del fideicomiso Progreso Recapitalization Trust, donde el banquero Fernando Azpiazu puso las empresas eléctricas Emelec y Electroecuador. Azpiazu conoció la cárcel por defraudar al fisco.
[6] Vargas fue presidente de la CONAIE y ministro de Bienestar Social en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Antonio Vargas es considerado como uno de los responsables principales del pasado descalabro direccional de la CONAIE.
[7] El pasado 12 de octubre, organizaciones campesinas afines al Gobierno, junto con la Conferencia de Soberanía Alimentaria (Copisa), presentaron en la Asamblea un anteproyecto de Ley de Tierras, que limita su tenencia en manos privadas: 200 hectáreas en la Sierra y 500 en Costa y Amazonía. El argumento central es la injusta distribución de la tierra que existe en el país.
[8]FENOCIN es junto a la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, las dos organizaciones más importantes numéricamente de la Red Agraria.
[9]Carlos Ochoa fue asesor de la actual ministra de Desarrollo Social, Doris Soliz, cuando ejerció como ministra de Turismo en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Gran parte de profesionales de los medios ecuatorianos consideran que su responsabilidad actual como jefe de noticieros de Gamavisión responde a su relación con Doris Soliz y a los pactos políticos al interior del gobierno entre esta y los hermanos Alvarado. De hecho Ochoa era extremadamente crítico respecto a la candidatura de Correa durante las elecciones presidenciales del 2006, cuando ejercía como corresponsal en Cuenca de los “medios de comunicación corruptos”.
[10] La Comisión de la Verdad en Ecuador levantó 310 casos de violaciones de derechos humanos durante el gobierno del socialcristiano Febres Cordero.
[11] El coeficiente Gini es una medida de la desigualdad. Cuando el coeficiente se acerca a 1, implica una mayor desigualdad (1 = una persona tiene toda la tierra, los demás no tienen tierra).
[12]Atlas tenencia de la tierra en el Ecuador. SIPAE, 2011.
[13] Dahik fue vicepresediente en el gobiernod e Sixto Durán Ballén. Es considerado el padre del neoliberalismo ecuatoriano. Y estuvo prófugo por corrupto, por el mal uso de los fondos reservados del Estado.
[14] Noboa Bejarano fue responsable de uno de los manejos más dolosos de la deuda externa, duramente criticada por Correa cuando aún no era presidente de la república.
