Especial para Revista Vanguardia
El ministro del Interior, José Serrano, declaraba al día siguiente que los detenidos son “dirigentes” de un grupo considerado subversivo, el Grupo de Combatientes Populares (GCP), los cuales planeaban “actos de violencia a partir del 8 de marzo”, fecha de comienzo de la marcha indígena y de movimientos sociales que concluiría en Quito el 22 de este mes.
Serrano aseveró que el objetivo de este grupo sería “tomarse el poder a través de las armas, pretendía atentar contra nuestra democracia” y que el operativo policial respondía a una investigación iniciada hacía más de cuatro meses.
Según declara Luís Alberto Merchán, un estudiante de 23 años detenido en el operativo, “llevábamos tres horas reunidos debatiendo sobre la situación política del país, somos gente vinculadas a redes sociales, dirigentes estudiantiles y profesiones. A las 16 horas, unos veinte efectivos del GIR, diez de la ULCO y otros diez de la Fiscalía, irrumpieron en el departamento, echando la puerta abajo y encañonándonos con armamento sofisticado, nos botaron al suelo y nos esposaron”.
Corroborando dicha declaración, César Enrique Zambrano, otro joven de 18 años, nos indica, “entraron en el apartamento a las 16 horas y tras tenernos tumbados en el suelo durante horas nos separaron en dos habitaciones distintas a hombres y mujeres. Hasta aproximadamente las 22,30 horas de la noche no se nos leyó nuestros derechos ni nos dejaron llamar a nuestros familiares y abogados”. Los detenidos declaran que nunca les fue mostrada ninguna orden de allanamiento, y que durante seis horas y media estuvieron retenidos en la vivienda sin mayor explicación, con lo cual desconocen que tipo de manipulación pudieran haber realizado los miembros del operativo policial sobre sus computadoras o memorias flash incautadas.
Así lo confirma Ivette Estupiñan, esposa del detenido Javier Estupiñan: “Eran las once de la noche del sábado cuando recibí la llamada de mi esposo indicándome que había sido detenido, confusamente me decía que no entendía lo que pasaba pero que le estaban acusando de participar en acciones terroristas”. Ivette tiene una hija de cuatro años a la que le explica la ausencia su padre por estar de viaje fuera del país. Carmen Tapia, hermana de Fadua Elizabeth, otra joven de 18 años que fue detenida en el operativo no sale de su asombro. “Mi hermana es una joven estudiante muy solidaria, daba clases de inglés gratis a hijos de familias pobres. Pensar que una niña de esas características, embarazada de casi cuatro meses, estaba preparando acciones terroristas contra el Estado es inconcebible”. Fadua Elizabeth es la única detenida que no está recluida en Centros de Detención Provisional. En su caso y debido a su situación de embarazo se encuentra con arresto domiciliario, donde comparte vida con tres policías realizan de forma permanente la custodia, llegando incluso a dormir uno de ellos en la habitación de la acusada.
El domingo 4 de marzo, la audiencia de formulación de cargos contra los detenidos debía haberse dado en las dependencias de la Policía Judicial (PJ), según señala el Ab. Marco Cadena, uno de los defensores de los acusados. “Fueron detenidos en el sur de Quito, ¿cómo se explica que la audiencia se realizará en el norte? Esto transgrede toda lógica judicial”. Cristhiam Royce Gómez, un odontólogo de 25 años nos narra como fue el proceso: “Estábamos en la PJ metidos en unas celdas frías y húmedas divididos en grupos de 2 y 3 personas. De repente nos sacaron de allí y nos montaron en un furgón, no entendíamos nada, esperábamos que la audiencia se diera en la PJ. Sin dejarnos comunicar con nuestros abogados y sin informales de nada, nos llevaron 30 minutos antes de la audiencia a la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Marianas (vía Carapungo). Nos quisieron imponer abogados de oficio, pero todos nos negamos. La audiencia fue una vergüenza, el juez estaba más preocupado de su celular que del caso, en un receso de 10 minutos previo a la decisión final, se encerró con la fiscal en un despacho”.
Cadena va más allá e indica: “Hubo violaciones constantes sobre el debido proceso; los jóvenes estuvieron casi siete horas incomunicados; no existe cadena de custodia sobre las computadoras y memorias electrónicas incautadas; pretendieron dejarles en indefensión en la audiencia, no se nos comunicó el traslado de los detenidos; les acusan de atentar contra la seguridad del Estado pero no especifican bajo que artículo; y hasta tenían preparada ya la lona con las fotos y los cargos contra los detenidos sin haber terminado la audiencia…”. En la audiencia realizada en Carapungo, la cual se realizó a puerta cerrada, se personó el viceministro del Interior Oscar Bonilla, un alto funcionario público que ni siquiera consiguió graduarse en la universidad. Por otro lado, “casualmente” el juez de turno en Carapungo era Juan Pablo Hernández Cárdenas, magistrado por el cual se originó la destitución del anterior titular del Consejo de la Judicatura, Benjamín Cevallos. También fue el juez que ordenó la destrucción de maquinaria minera que trabajaba en zonas de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, así como el responsable de dictaminar orden de prisión preventiva contra el policía Giovanny Chancusi, quien estuvo detenido seis meses acusado de tentativa de asesinato del presidente Correa. Tras aceptar el policía Jaime Paucar haber sido el real responsable de intentar retirar la mascara de gas del rostro del primer mandatario en los sucesos del 30-S, el propio presidente Correa se vio obligado a pedir disculpas públicas, y el magistrado Hernández afronta una demanda por daño moral interpuesta por el policía injustamente encarcelado.
La opinión generalizada entre abogados y familiares de los jóvenes detenidos es que son la “cabeza de turco” con la cual se pretende justificar políticas represivas que se llevaran a cabo por parte del gobierno contra toda disidencia que se manifieste en torno a la marcha que llegará a Quito el 22 de marzo.
En las puertas del penal García Moreno, el Ab. Cadenas es concluyente: “Si hoy este tipo de jueces con este tipo de gobierno tuviesen que juzgar a Eloy Alfaro, el viejo luchador otra vez sería condenado”.
El parte policial y el informe al fiscal señala que las evidencias encontradas correspondía a: varios pen drives, computadoras portáles, un billete de 20 dólares, otro de 5 dólares, tres monedas de: 50 centavos y dos de 25 centavos. La Policía menciona documentos subversivos no especifica de contenidos, un cuaderno de tapa dura, manual de lucha de guerrillera… Solo faltó encontrar el Manuel de la Guerra de Guerrillas, del subversivo argentino, Ernesto Che Guevara.
No hay comentarios:
Publicar un comentario