domingo, 31 de julio de 2016

Ecuador y sus nubarrones en el horizonte

Por Decio Machado
En Revista Contra / Tiempos

 
Desde hace aproximadamente unos tres meses todo el ámbito de lo político en Ecuador quedó constreñido a las lógicas derivadas de la próxima disputa electoralista. Aunque la campaña electoral oficialmente no comenzó, no hay política pública, propaganda institucional, declaración proveniente de la casta funcionarial o de los espacios opositores, así como posicionamiento de información en los medios de comunicación con otro objetivo que los intereses confrontados dentro del tablero de juego electoral.

La oposición conservadora

Desde las filas de la oposición conservadora hemos asistido al posicionamiento de diversos precandidatos presidenciales. Unos lo hicieron ya el pasado año, como fue el caso del caricaturesco Álvaro Novoa (Adelante Ecuatoriano Adelante) quien se precandidatizó en noviembre o el de Dalo Buracám (Fuerza Ecuador) quien lo hiciera un mes después. Otros lo harían más recientemente, como es el caso de Andrés Páez, uno de los sepultureros de la recién resucitada Izquierda Democrática quien en la actualidad es posiblemente el asambleísta con el discurso más facistoide del Ecuador, auspiciado por un grupo de sus amigos de la Shyris por él mismo movilizados y que coyunturalmente se autodenominaron Ciudadanos Unidos; de igual manera este último mes también se postuló Lucio Gutiérrez, este al menos con el apoyo de su partido político (Sociedad Patriótica) tras su última convención en Quito.

Separando la paja del grano, lo único que tiene interés entre las recientes precandidaturas en el ámbito conservador es la de Cynthia Viteri (Partido Social Cristiano), quien posicionada en el tablero electoral por su mentor Jaime Nebot, seguramente será la ficha que permita una negociación entre las derechas. La estrategia consistiría en inflar en intención de voto la candidatura socialcristiana, para en octubre o noviembre sentar a Guillermo Lasso -quien desarrolla una campaña permanente desde el año 2011- a negociar la estrategia política y la conformación de listas de una oposición posiblemente unificada. A pesar del ruido, el magnate banquero de CREO parece que se consolida como el principal candidato conservador aunque tendrá que pasar por taquilla, sometiéndose a acuerdos con la tradicional derecha guayaquileña y menor medida con sus partners quiteños de SUMA. Estos últimos no presentan precandidato presidencial al tener atado a Mauricio Rodas a la Alcaldía de Quito, pero evidentemente tienen interés en calentar curules en la próxima Asamblea Nacional.

Como indicamos con anterioridad, Guillermo Lasso y su plataforma política CREO, no han dejado de hacer campaña desde las pasadas elecciones presidenciales, mejorando en algo su mercadotecnia política desde aquel vergonzoso “honoris causa” recibido de manos de Carlos Larreategui –rector de la UDLA- junto al ex presidente español José María Aznar en el año 2011, la publicación dos “infumables” libros entre los años 2011 y 2012, y el desarrollo de una fuerte campaña mediática del Banco del Barrio cuyo sospecho lema decía “Lo mejor está por venir”, mientras algunos de sus ejecutivos de cuentas se justificaban en voz baja ante el gremio diciendo que hacer negocios con los pobres no es pecado.

En la actualidad, la estrategia de campaña de Guillermo Lasso es tan simple y limitada como su mismo discurso: la estructura Compromiso Ecuador (herramienta electoral de Lasso) engorda al mismo tiempo que se van desmembrando las alianzas que el oficialismo tenía articulado con lo que ellos mismos definen como “híbridos”, organizaciones políticas locales que en una lógica clientelar han mantenido -mientras había plata en el Gobierno Nacional- alianzas políticas con Alianza PAIS (el mercado persa está abierto en este momento y en él todo se compra y se vende); en paralelo y apoyado por gran parte del aparato mediático privado, la estrategia conservadora no consiste en convencer a la ciudadanía de una propuesta, programa o plan de gobierno para salir de la crisis, sino tan solo en acumular de los errores tácticos y estratégicos del oficialismo, los cuales últimamente son muchos, esperando además que el paulatino y acelerado deterioro económico que vive el país juegue a su favor en febrero.

Una estrategia simplista para un candidato con muchos déficits políticos: bajo lo anteriormente expuesto, el objetivo de CREO consiste en llegar a la segunda vuelta y allá sumar el conjunto del voto descontento con actual régimen político. Como se indicaba, una estrategia simple pero que en la coyuntura actual puede llegar a ser resultona.

Entre todos los demás liderazgos conservadores, Dalo Bucaram podría ser la única figura de interés que pudiera no incorporarse a una lógica de unidad. El hijo de Abdalá Bucaram tiene una estrategia electoral propia que puede darle algunos curules procedentes de la región Costa en la próxima Asamblea Nacional, lo cual explicaría como en la actualidad tiene, por poner tan solo un ejemplo, más seguidores en una red social utilizada por políticos como es twitter que el propio Guillermo Lasso, Lenin Moreno o Jorge Glas.

La oposición de izquierdas

Las izquierdas políticas, más allá del discurso de denuncia sobre la deriva autoritaria del régimen correísta, parecen ofrecer poco como alternativa política a la sociedad ecuatoriana. Para unas familias y estructuras políticas que no son capaces de concebirse fuera del ámbito electoral, la situación anterior está conllevando una alarmante desorientación política que posiblemente en esta ocasión les volverá a pasar factura.

Lo mencionado con anterioridad se evidencia en la manera en la que se han presentado las múltiples precandidaturas actualmente existentes en el ámbito de las izquierdas, y que se diferencian muy poco en sus formas de las utilizadas en el mundo conservador.

Es así que varias de estas candidaturas han sido auspiciadas mediante las redes sociales de twitter (usado por tan solo el 0,7% de la población) y con escasa participación de la sociedad civil y de lo que queda de tejido social organizado.

La lista de precandidatos es larga: cinco al menos al interior del Pachakutik (pendiente de determinarse el nombre final que propondrá esta formación política), algún otro proveniente del mundo sindical, el inefable Paúl Carrasco quien busca alianzas políticas sin definición de criterios, la figura académica de Enrique Ayala Mora, el ya habitual precandidato Lenin Hurtado y el forzado a candidatizarse Paco Moncayo. Al igual que los conservadores, la mayoría de estos casos tan solo son candidaturas de posicionamiento para las futuras listas que se disputarán los curules de la Asamblea Nacional. En el fondo, todos estos actores son conscientes de que posiblemente terminarán pactando con la oposición conservadora, conformando un bloque opositor “a la venezolana” que dividirá o concentrará sus listas en función del interés estratégico según el número de curules derivados de cada provincia (en los territorios de donde se extraigan pocos asambleístas se concentrarán y en los territorios con mayor concentración de curules posiblemente se diferencien únicamente por un interés estratégico). Es un hecho que el propio término “descorreizar”, de máxima actualidad en el discurso político nacional y que fue acuñado desde la izquierda, hoy es el punto de encuentro entre sectores progresistas y conservadores, además de articular el grueso del actual discurso de Guillermo Lasso. En Ecuador tomó vigencia aquella aseveración realizada por el novelista inglés Aldous Huxley en la cual se afirmaba que “cuanto más siniestros son los designios de un político más estentórea se hace la nobleza de su lenguaje”.

El resultado de tal estrategia genera confusión en la sociedad ecuatoriana y la falta de discurso claro posiblemente terminará pasando su factura tanto en las elecciones de febrero como durante la próxima legislatura. Su precio posiblemente no será otro que una pérdida aún mayor de credibilidad por parte de sus mentores. En los sectores más concientizados de la sociedad, lamentablemente no son muchos, es un sentir generalizado la necesidad de reconstruir otra izquierda, aunque está por verse si durante la próxima legislatura –la cual comenzará sumergida en una agudizada crisis económica- realmente se articula una nueva generación política capaz de ocupar el espacio de la actualmente existente.

Las últimas bocanadas del correísmo

En estos momentos el nivel de conflicto a lo interno de Alianza PAIS es mayor que nunca. La nueva casta política oficialista es consciente de que ya no hay sitio para todos y entre ellos conflictúan por posicionarse lo mejor posible dentro de lo que será una merma de su “buen vivir”.

El mejor situado socialmente para el delfinazgo es Lenin Moreno, aunque el exvicepresidente no goce en este momento de la confianza del "number one". Los riesgos que se conciben –reales o no- sobre la figura de Moreno es que termine encarnando un rol similar al que desarrolló Juan Manuel Santos respecto a Álvaro Uribe. La forma cómo el actual Canciller de la República y algunos otros voceros del oficialismo han hecho defensa del salario de Lenin Moreno en Ginebra, salario que por otro lado es un flaco frente por donde atacarle al precandidato de Alianza PAIS, es lo suficientemente significativo como para entender que determinados sectores del oficialismo más que justificarle, lo que buscaban era golpear su figura en el marco de las competencias actualmente existente al interior del partido de gobierno. El propio posicionamiento de Ricardo Patiño en el Ministerio de Defensa –principal valedor de Moreno en la próxima convención nacional de Alianza PAIS-, conscientes de la resistencia que su figura encarnaría al interior de la institución militar, sería otra demostración de cómo se busca desde lo interno deteriorar el frente morenista.

El candidato ideal de la mayoría del consejo de ministros ecuatoriano parece ser Jorge Glas, la campaña de posicionamiento realizada desde la propaganda gubernamental así lo demostraría. Sin embargo, a pesar de que su intención de voto poco a poco crece a costa de la inversión publicitaria estatal, su figura como posible jefe de Estado sigue siendo poco seductora para la sociedad ecuatoriana. La estrategia oficialista debería consistir en plasmar una imagen de cambio dentro de la continuidad, y evidentemente Glas no tiene el perfil para encarnar tal posibilidad.

Sea uno u otro el candidato, o sea quienes fueren los binomios elegidos por el oficialismo (algunos de los nombres que figuran en sus ternas son tan débiles políticamente como el de Vinicio Alvarado, Gabriela Rivadeneira o José Serrano entre otros), el correísmo –tal y como lo conocemos- posiblemente no tendrá continuidad sin la figura del Rafael Correa en el sillón presidencial del Palacio de Carondelet.

Ecuador se aboca a una transición política tras una década de gobiernos correístas, hoy por momentos cada vez más debilitados fruto de la crisis económica,  que puede ser abrupta si gana la oposición o más mesurada en el caso de que exista continuidad verdeflex en el gobierno.

Si Alianza PAIS gana las próximas elecciones, posibilidad nada desdeñable dada las carencias existentes en los políticos opositores, es fácil que asistamos a un circo mediático por el cual sean purgados algunos casos de corrupción institucional –buscando un lavado de cara político pero lejos de significar catarsis alguna en la lógica política a la que llevamos asistiendo desde hace décadas- entremezclado con cierto aperturismo político y redimensionamiento del Estado buscando la reconciliación con determinados sectores del capital nacional y por ende también con todo un grupo de selectos medios de comunicación nacionales y extranjeros.  Todo lo referente a pactos éticos y demás elementos que pudieran ser situados en el entorno de las elecciones del próximo mes de febrero, se contextualizan tan solo en el plano estratégico electoral, carecen de profundidad política, son meros envolventes sin capacidad de transformar la política ecuatoriana.

Una salida de la crisis donde pagarán los de siempre

Febrero pasará y con ellas las elecciones presidenciales y legislativas. El arco de opciones electorales al momento es el que es y no da para mucho más. Citando a Pablo Neruda, todo somos libres de hacer nuestras elecciones pero prisioneros, al fin y al cabo, de sus consecuencias.

A priori, todo apunta a que sea cual fuere la sensibilidad política del próximo gobierno, se tratará de un gobierno débil con una Asamblea Nacional de composición diversa donde no existirán las mayorías absolutas de antaño ni tampoco el más mínimo atisbo de ilusión por parte de la sociedad ecuatoriana. De existir una bancada con un discurso político claramente diferenciado de las demás, habría posibilidades estratégicas –incluso desde este mismo marco institucional- como para la construcción de una alternativa política que se fuera consolidando con ciertos márgenes de credibilidad social, pero eso parece difícil de vislumbrarse en estos momentos. Asistimos a un momento de “política tuerta”, donde las vocerías políticas con independencia de la familia de la que provienen tan solo ven la parte de la realidad, la parte que personalmente más les interesa.

Ecuador necesita regenerar su democracia; los índices de aprobación de la Asamblea Nacional se sitúan en la actualidad por debajo de la media latinoamericana, la cual ya de por sí es muy baja (entorno al 30%), y la mayoría absoluta de la que ha gozado el correísmo durante estos años le ha hecho mucho daño a la institucionalidad política del país; los mercados nacionales siguen sin democratizarse y manteniéndose como semi-monopólicos; la relación costo/beneficio de varios de los mega-proyectos acometidos por el correísmo mientras hubo plata para hacerlo están en discusión; la independencia judicial y la autonomía de los órganos de control es deficitaria; la falta de liquidez gubernamental afecta a los pagos a proveedores y extiende por toda la economía nacional implicando a la cadena de pagos de las empresas auxiliares; no hay confianza en la economía nacional y por lo tanto no hay inversión fluida; la balanza comercial tras años de discurso sobre diversificación de exportaciones y cambio de matriz productiva continúa siendo negativa; el peso de la deuda pública (nacional y externa) es cada vez mayor y el conservadurismo consiguió socialmente cuajar el discurso de que el modelo de regulación de mercados ha fracasado, cuando lo que realmente ha fracasado ha sido la gestión gubernamental.

La política fundamentalmente es una batalla por el sentido, pero el nivel de indecisos que muestran el conjunto de encuestas sobre intención de voto para las próximas elecciones presidenciales, viene a demostrar que no hay partido político en estos momentos que le de sentido a la política nacional. El voto de febrero será, tanto para el oficialismo como para la oposición, un voto prestado, sin convencimiento, entusiasmo o fidelidad. En pocas palabras, el país está abocado a una crisis de representatividad política institucional y a los efectos que de ello derivaran.

 El eje del debate político actual que realmente le preocupa a la sociedad ecuatoriana es quien nos saca de la crisis y de que manera se sale de ella. Sin embargo los discursos políticos al respecto, provengan de donde provengan, son extremadamente deficientes.

Mientras la oposición conservadora nos habla de liberalización de los mercados, eliminación de aranceles y alivio impositivo para el sector empresarial con el fin de crear empleo –como si el peso impositivo en Ecuador estuviera sobre las empresas…-; el régimen decidió utilizar la táctica de que los hechos dejan de existir si a estos se les ignora. De ahí deviene la negación de una crisis económica que día tras día sufre con más profundidad la sociedad ecuatoriana.

La verdadera discusión, la que no afronta nadie de forma convincente, es sobre quien recaerá el peso de la salida de crisis. En este sentido ya vamos viendo cuales son las medidas gubernamentales al respecto: subida masiva de impuestos a la sociedad, especialmente determinado por la subida del IVA –el impuesto más regresivo que existe pero el más inmediato y fácil de cobrar-; la devolución al sistema financiero privado de sus privilegios respecto al cobro desproporcionado de tarifas y gastos financieros a sus clientes; la puesta en marcha de la privatización de activos públicos que fueron previamente saneados o construidos con el erario público; la profundización de la flexibilización laboral; y, el desarrollo de cada vez mayor excepcionalidad fiscal para las empresas extranjeras que inviertan en el país. En resumen, hay pocas diferencias entre lo que en la actualidad está haciendo el gobierno y lo que aplicarían los principales partidos de oposición aunque sus voceros no lo digan abiertamente.

La salida de la crisis está siendo paulatinamente cargada sobre las espaldas de los sectores más vulnerables de la sociedad. A modo de distracción, el gobierno generó un debate nacional sobre la indiscutible inmoralidad de las sociedades offshore, cuando los únicos que tienen sociedades en paraísos fiscales son determinados funcionarios públicos y las élites que históricamente dominan económicamente el país, pero se no plantean públicamente cuales son las estrategias destinadas a proteger a los pequeños y medianos negocios y sus cobros en la actual situación de deterioro económica que vive Ecuador. De igual manera se ignora intencionadamente el abordaje de temas prioritarios como la pérdida de capacidad adquisitiva que en estos momento sufren las y los ecuatorianos en general, al igual que tampoco se plantean políticas públicas destinadas a proteger los salarios más  bajos (el salario de un asambleísta ecuatoriano es 14 veces superior al salario básico y unas 8 veces superior al ingreso medio de una familia ecuatoriana), mientras se camuflan con indicadores devenidos de la economía informal el creciente desempleo existente en el país y el incremento de la pobreza por ingresos especialmente en áreas rurales.

El 1% de la población ecuatoriana ha concentrado durante el régimen correísta aún más riqueza de la que ya tenía, y 1‰ no puede estar más satisfecho de cómo le han ido las finanzas durante el período de dinamización de la economía por parte del Estado, pero llegado el momento de las vacas flacas unos y otros le ha dejado claro al gobierno que no está dentro de su lógicas el arrimar el hombro. No serán los que más ganaron en época de bonanza quienes ahora carguen con el peso de la crisis.

¿Es igual entonces por quien votar en febrero del próximo año? Posiblemente no, pero para los sectores más concienciados de la sociedad debería quedar claro que las soluciones que necesita el país no se articularán fruto de la política institucional en este momento.

El legado correísta

Ya en su ocaso, el correísmo se encarna como un proceso de modernización generalizada que vivió el Ecuador que siguió al hundimiento de su viejo sistema de partidos. Al igual que otros procesos progresistas de la región, significó el fortalecimiento/reposicionamiento del Estado, la aplicación de políticas compensatorias como eje de las nuevas gobernabilidades, la consolidación del modelo extractivo de producción y exportación de commodities como base de la economía y la realización de grandes obras de infraestructuras.

Su explendor se plasma durante los años de bonanza económica, coincidente con el período que conocemos en América Latina como el “boom de los precios de los commodities”, determinado principalmente por cierta democratización del acceso al consumo para los sectores históricamente excluidos. Con el advenimiento de la crisis económica, acelerada por la abrupta caída de los precios del crudo en el mercado global, el correísmo deja en evidencia que todo lo construido durante estos ya casi diez años de gobierno resultó demasiado frágil y sustentado bajo lógicas de economía fácil.

Algunas de sus políticas pretendieron ser innovadoras dentro de los países que componen el Sur global, si bien en muchos de los casos han sido las formas soeces de cómo aplicarlas las que las han llevado a su fracaso. Ejemplo de ello son las reformas educativas, la universalización de la salud pública o determinadas medidas en materia de recuperación de la soberanía nacional.

El correísmo, al igual también que otros regímenes definidos como popularmente como “progresistas”, nunca cuestionó el modelo de producción heredado del neoliberalismo ni su forma de organización del trabajo. Esto le llevó a fuertes disputas con las organizaciones sociales que no entraron en su forma de hacer política clientelar, ignorando que la principal fuerza productiva está constituida por los propios productores, y perdiendo a la postre el pulso se había trazado con las instituciones de Bretton Woods y lógicas neo-desarrollistas implementadas desde el Banco Mundial.

Durante este período de gobierno autodefinido propagandísticamente como “revolución ciudadana”, el correísmo construyó una nueva élite tecnoburocrática bajo el discurso de la reinstitucionalización del Estado en un nuevo período posneoliberal. El período de bonanza económica permitió el incremento de subsidios y la mejora de la capacidad adquisitiva de las y los trabajadores, llegándose incluso a obtener interesantes indicadores en el marco de la lucha contra la pobreza, lo que durante un período de tiempo conllevó a que se reforzase la percepción en la sociedad de que vivíamos un proceso de cambios y se acumulasen réditos electorales. Sin embargo, la debilidad ideológica del correísmo –con un claro desencuentro entre el discurso y su praxis- no permitió que se actuase sobre los problemas estructurales de la desigualdad en el país, lo que implica en estos momentos que todas estas conquistas sociales estén en franco deterioro. La política social del correísmo sirvió para consolidar durante un tiempo el modelo de consumo del social desarrollismo ecuatoriano, consistente en promover la transición de una sociedad oligárquica hacia una sociedad de consumo de masas a través del acceso al sistema financiero. Así, asistimos a un proceso de financierización acelerada que permitió cierta expansión de la sociedad de mercado, pero terminado el período de bonanza que configuró grandes beneficios para la banca, nos encontramos ahora que este tipo de políticas llevaron a un fuerte endeudamiento de las clases populares, especialmente de sus sectores más empobrecidos, lo que en la actualidad está conllevando a un crecimiento paulatino de los índices de morosidad en los créditos al consumo.

En el ámbito de lo social, la construcción de lo que el correísmo consideró como un “Estado fuerte” –subordinación de la sociedad a la disciplina y al control del poder institucional- actuó en decremento del empoderamiento desarrollado por la sociedad civil durante la década de resistencia al neoliberalismo. La captación de una gran parte de la vieja dirigencia social, sumada a la división intencionada de las organizaciones que componían el tejido social organizado en el país, deja en la actualidad una gran debilidad en los movimientos sociales frente a las fuertes luchas que se avecinan por la defensa de las conquistas sociales anteriormente adquiridas.

La polarización entre defensores y detractores del régimen, estrategia implementada desde el frente político del gobierno correísta al no entender el derecho a la disidencia, alcanza a todos los sectores de organización social no gubernamental existente. Así, estas rupturas se transversalizan desde las organizaciones de padres y madres de alumnos en los colegios hasta las organizaciones sindicales, pasando por gremios de productores, organizaciones estudiantiles, asociaciones vecinales o incluso de hacker activistas. El correísmo llegó al poder invocando al pueblo y llamándolo a la construcción de una “patria nueva”, pero luego ya en el poder le dijeron al pueblo que se fueran a su casa que ellos gestionarían el proceso, uno porque ellos son los cualificados y no la plebe y dos porque les dio miedo, a pesar de su discurso laclauniano, la irrupción en la política de lo plebeyo.

En definitiva, llegado el momento de los tiempos duros, el correísmo suspendió su examen de reválida, y al igual que lo hacen los malos estudiantes, está teniendo que justificar en la actualidad dicho suspenso con dialécticas que hacen referencia a que el examen era muy difícil: vivimos una crisis devenida de una “tormenta perfecta” o incluso con aberraciones mesiánicas del tipo de “gracias a nuestra gestión el impacto de la crisis no ha sido todo lo malo que podría podido llegar a ser…”.

En síntesis, la historia reciente del Ecuador le da la razón al dramaturgo irlandés Oscar Wilde cuando aseveró aquello de que “cuanto más conservadoras son las ideas, más revolucionarios son los discursos”.



martes, 19 de julio de 2016

Breves líneas sobre la coyuntura política electoral ecuatoriana


Por Decio Machado

Como el momento amerita, paso a hacer una brevísima descripción de la coyuntura política electoral ecuatoriana:

- Oposición política conservadora: la multitud de precandidtos presidenciales en las filas de la derecha es tan solo humo, se trata apenas de una estrategia definida por estos y sus asesores para poder negociar en mejor posición sus puestos en las listas al Legislativo. En el caso concreto de Cynthia Viteri, no hablamos más que un alfil posicionado en el tablero de juego por el Alcalde de Guayaquil Jaime Nebot para negociar dentro de un par de meses -cuando esta alcance la misma intención de votos que los que tiene el banquero magnate- como se diseñará el campo de juego reaccionario. El candidato será Guillermo Lasso para pesar de las filas conservadoras. Su única posibilidad de triunfo no depende de sus propias fuerzas, sino de la velocidad del deterioro económico al que está abocado el país en el marco de una crisis que se profundizará a ciencia cierta el próximo año. La estrategia es sencilla, no se trata de presentar un programa convincente a la sociedad ecuatoriana para la salida de la crisis, sino de llegar a la segunda vuelta para concentrar el voto anticorreísta más allá de planes de gobierno, ideologías o proyecto político. Una estrategia deficiente para un candidato deficiente.

- Oposición política de izquierdas: dentro de una desorientación política alarmante, las precandidaturas auspiciadas entre las filas de la izquierda disidente no han sido protagonizadas desde la sociedad civil sino bajo la estrategia de colectivos de amigos y campañas -muchas veces fantasmas- en redes sociales. Al igual que los conservadores, tan solo se trata de intentar negociar -en este caso en inferioridad de condiciones- un puestito más o menos decente en las listas necionales o provinciales para intentar aspirar a un curul de asambleísta. En el fondo, todos son conscientes de que posiblemente terminarán pactando con la derecha, dividiéndose o concentrando listas en función del interés estratégico según el número de curules en cada provincia (en los territorios de donde se extraigan pocos asambleístas se concentrarán y en los territorios con mayor concentración de curules posiblemente se diferencien únicamente por un interés estratégico). El resultado de tal estrategia de confusión y falta de discurso claro ante la sociedad pasará su factura en la próxima legislatura. Su precio posiblemente no será otro que una mayor pérdida aún de credibilidad. Hace falta otra izquierda y posiblemente sea el próximo período el momento propicio para construirla, aunque no sin antes enterrar a los sectores que actualmente se autoreferencian de esta manera.

- Oficialismo correísta: el nivel de conflicto al interior de Alianza PAIS es mayor que nunca. La nueva casta política oficialista es consciente de que ya no hay sitio para todos y entre ellos se "navajean" y "hieren" en conflictos internos. El mejor situado socialmente para el delfinazgo es Lenin Moreno, pero este no goza de la confianza del "number one", quien teme que sea una especie de Santos respecto a Uribe. La defensa que el actual Canciller de la República y algunos otros voceros del oficialismo han hecho de su salario en Ginebra es un ejemplo suficientemente claro como para comprender como entre ellos mismos se deterioran y desde un discurso que se presupone justificativo dañan la imagen de sus propios compañeros de filas. El candidato de Rafael Correa sería Jorge Glas, actual Vicepresidente de la República, sin embargo, peso a que su intención de voto crece a base de fuertes inversiones en publicidad estatal, su figura sigue siendo poco seductora para la sociedad ecuatoriana. Sea uno u otro el candidato, o sea quienes fueren los binomios elegidos (algunos de estos nombres son tan escandalosos como el de Vinicio Alvarado o la misma Gabriela Rivadeneira), lo que posiblemente veremos en caso de continuidad verdeflex será una circo mediático mediante el cual sean purgados apenas dos o tres casos de corrupción, bajo el objetivo de plantar un lavado de cara dentro de la continuidad, entremezclado con cierto aperturismo que a la larga podría significar una transición del momento actual a otro quizás menos soez desde el punto de vista democrático pero aún más reaccionario desde su perspectiva económica.

En resumen, un país que posiblemente se vea abocado a una elección entre la actual casta tecnoburocrática correísta y una derecha conservadora caracterizada por la mediocridad de sus líderes y voceros, será un país con serios problemas para afrontar bajo un proyecto claro y el apoyo ciudadano la salida de esta crisis en marcha.


viernes, 15 de julio de 2016

Experiencias quiteñas en la búsqueda del Buen Vivir

Por Decio Machado

Las ciudades en América Latina han vivido un proceso de expansión a gran escala durante la segunda mitad del pasado siglo. Latinoamérica concentraba en 1950 el 41% de la población en sus ciudades, mientras que en el año 2000 dicho indicador pasó al 78%. Este rápido crecimiento hizo que estas urbes asumieran un protagonismo político del que no disponían en el pasado. En el subcontinente se puso en práctica aquello ya anunciado por José Ortega y Gasset: “la polis no es primordialmente un conjunto de casas habitables, sino un lugar de ayuntamiento civil, un espacio acotado por funciones públicas. La urbe no está hecha como la cabaña o el domus, para cobijarse de la intemperie y engendrar, que son menesteres privados y familiares, sino para discutir la cosa pública”[1]. Hoy, en una región que vive un proceso de cambios acelerados, cuando las y los ciudadanos latinoamericanos salen de sus hogares lo hacen para encontrarse con el otro y construir ciudadanía, produciendo prácticas y pensamiento cívico.

Desde esa perspectiva las urbes latinoamericanas son ya hace algunas décadas espacios diversificados donde se concentra lo plural. Esto conlleva a la existencia de lecturas múltiples y paralelas sobre la realidad actual de nuestras ciudades, pasando estas a convertirse en un relato que se interpreta de manera global aunque se construya localmente de formas muy diversas y por lo general de manera conflictiva.

Es por ello que, en América Latina en general y en Ecuador en particular, las ciudades ya no pueden entenderse exclusivamente desde las lógicas de la implantación espacial de sus actividades urbanas, sus infraestructuras básicas de servicios, su rol económico, el precio de sus suelos o desde las perspectivas políticas del gobierno de turno. Se hizo imprescindible aproximarse a estas también desde el conocimiento de cómo interpretan y piensan sus habitantes, considerando para ello el acumulado de imaginarios construidos a través del paso del tiempo. Y es desde ahí, desde donde hoy en Ecuador los imaginarios urbanos pretenden ser integrados a las políticas públicas, entendiendo que la conquista del deseo imaginario es un acto político. No hacerlo significaría desconocer lo que piensan y hacen los habitantes de cada una de nuestras sociedades urbanas.

En los años ochenta, tanto en Ecuador como en el conjunto de América Latina, las ciudades fueron el escenario de una dura competencia política. En las principales urbes latinoamericanas se desarrollaron encarnizadas contiendas electorales y encendidos discursos politiqueros cual si fueran plazas a ser tomadas por ejércitos rivales enfrascados en una cruenta batalla. Sin embargo y a pesar de ello, los espacios urbanos nunca lograron convertirse en un referente específico para la conformación de modelos políticos referenciales. Los políticos y sus estructuras partidistas -estas que intermedian entre Estado y sociedad- carecieron de propuestas específicas para las ciudades, mientras que el Estado tampoco logró formular políticas urbanas claras, integrales y coherentes. Los procesos de creciente urbanización y la separación entre el organismo político y la participación social, características esenciales del Estado moderno, le restaron atributos a la condición de ciudadanía y trasformaron a los gobiernos locales (los más cercanos a la población) en apéndices del gobierno nacional (los más distantes a la población), siguiéndose una lógica clientelar tradicionalmente muy extendida en el subcontinente. La crisis económica y las políticas de ajuste implementadas por las instituciones de Bretton Woods durante el período neoliberal en la región (políticas enfocadas a la privatizaciones de empresas y servicios públicos, así como asimétricas aperturas económicas) terminaron redefiniendo los conceptos de participación social y excluyendo a la población de la toma de decisiones sobre las cuestiones que directamente les afectaban.

Hoy, inmersos en el proceso de redemocratización que vive el subcontinente, es interesante observar como en Ecuador se busca –con mayor o menor acierto- una mayor representación política mediante la aproximación entre política y ciudad. Todo ello enmarcado en el fortalecimiento del poder local, el nuevo rol asumido por las ciudades dentro de la institucionalidad nacional, el desarrollo de procesos de descentralización, la apertura de nuevos canales de participación y la emergencia de nuevos actores con protagonismo sociopolítico y cultural.

Teniendo en cuenta que en Ecuador las experiencias más innovadoras en materia de gestión municipal corresponden a municipios muy pequeños y habitualmente en manos de la gestión indígena, pero que a su vez son modelos poco válidos para replicar en los grandes centros urbanos europeos, me limitaré a posicionar tan solo dos experiencias exitosas –aunque con muchas aristas sociales, económicas y sociopolíticas- desarrolladas en la ciudad de Quito y que tienen proyección internacional.

Quito y su modelo de participación social

El Municipio es el organismo estatal más descentralizado del Estado y por ello el más próximo a la sociedad civil. Es desde esa proximidad que se construye la legitimidad de origen y de soberanía popular, y se mantiene en su devenir a través de la participación, la representación y la satisfacción de las necesidades de la población.

Pese a que desde los años noventa varios municipios pequeños y medianos de Ecuador, localizados fundamentalmente en zonas con predominio de población indígena, habían puesto en marcha formatos de gestión participativa muy avanzados, no ha sido hasta fechas más recientes cuando la ciudad de Quito –capital de la República del Ecuador- apostó por un modelo de gestión participativa que pudiéramos definir como eficaz y eficiente.

En primer lugar se desarrolló una fase previa basada en experiencias participativas que se sustentaron sobre cuatro modalidades: la microplanificación barrial, que se desarrolló especialmente en barrios populares y fue articulada con base a la priorización de obras urgentes que eran demandadas desde esos mismos barrios; las “visiones de futuro”, proceso mediante el cual se reunían a los actores de una zona para que construyeran –junto al Municipio- una hoja de ruta que les llevase hacia un “horizonte deseado” común; la Asamblea de Quito, considerada como una especie de “ágora” griega enfocada al tratamiento de temas de interés ciudadano en el ámbito de la política municipal; y las obras de cogestión, herramienta enfocada al desarrollo de “mingas” populares (definición andina de una reunión solidaria de vecinos para desarrollar labores en común) que tenían como objetivo completar con trabajos voluntario necesidades requeridas para ciertas obras barriales.

Un análisis crítico llevó a determinar que el modelo anteriormente señalado era fragmentario, careciendo de una visión global del territorio y mostrando escasa capacidad frente a la necesidad de construir modelos adecuados de planificación global y de ordenamiento territorial.

Seria ya a principios del presente siglo cuando la organización de las instancias de participación quiteñas pasarían a ser concebidas como un conjunto interrelacionado, el cual tiene una matriz territorial pero que involucra formas de representación sociales y temáticas de forma combinada. La figura que se adopta y replica en cada nivel territorial pasó a ser el cabildo, término que tiene su origen en las corporaciones municipales creadas en las Indias (América y las Filipinas) por la colonia española para la administración de las ciudades y villas, como expresión de la articulación de las organizaciones sociales existentes en cada localidad y de las nuevas dinámicas de participación social de la ciudadanía.

A nivel metropolitano se instala el Cabildo Quiteño, que constituye una instancia de participación ciudadana para el ámbito territorial. Su composición tiene tres vertientes: representación territorial –compuesta por delegados de cada una de las parroquias (barrios) urbanas y suburbanas existentes en la ciudad; mesas temáticas –conformada por delegados de los barrios en base a las temáticas derivadas de las políticas municipales-; y los consejos sociales –conformado por los delegados de los cabildos o consejos de mujeres, jóvenes, grupos étnicos y culturales- que se constituyan en el territorio.

De esta manera, el Cabildo Quiteño es una instancia deliberativa y representativa del conjunto de dinámicas sociales existentes en Quito. Se dota de los insumos derivados de las diversas instancias participativas existentes en la ciudad y tiene como principales funciones: elaborar los lineamientos del plan estratégico para Quito para el conocimiento y aprobación del consejo municipal; elaborar los lineamientos del plan de inversiones y en general las políticas estructuradoras que serán implementadas por el Municipio; monitorear, regular y reconfigurar el diseño del sistema de gestión participativa adoptado por la ciudad.

Por su parte, en el ámbito de cada administración zonal (la ciudad se divide en 11 zonas metropolitanas conformada cada una de ellas por varios distritos) se instalan los cabildos zonales, en los que confluyen representaciones territoriales, temáticas y sociales. Esta es la instancia clave donde se negocia y se llegan a acuerdos entre los diferentes subsistemas del sistema de gestión participativa quiteño. De igual manera que el anterior, los cabildos zonales tienen tres vertientes en su composición: territorial, temático y social. Teniendo como función: estructurar planes y políticas de desarrollo zonal; elaboración de lineamientos preliminares del plan de inversiones en cada uno de sus distritos; establecer compromisos de gestión compartida; y definir modalidades para el acompañamiento, control y seguimiento de la gestión municipal.

A nivel distrital, eje articulador entre las administraciones zonales y la población en cada barrio, se constituyen asambleas parroquiales (distritales), que constituyen el espacio de representación y participación de un conjunto de barrios. 

Por último y en la dimensión más cercana a la población, están los cabildos barriales o comunales. Estos son instancias de participación en la micro-escala barrial y recintos rurales que pertenecen a la ciudad, los cuales pretenden ser  instancias de participación social directa de la ciudadanía y están constituidos por una muy diversa variedad de lógicas de organización formales y no formales que se dan en cada unos de estos barrios. Estos cabildos barriales o comunales son el mecanismo de control social directo sobre los planes de acción concertados, a la par que elaboran propuestas políticas que son recogidas por el Municipio en el territorio respectivo, especialmente en relación con la calidad de prestación de los servicios. Es desde estos cabildos barriales o comunales desde donde se delegan los representantes para las instancias parroquiales (distritales) descritas con anterioridad.

La capacidad activa del sistema de gestión participativa adoptada por el Municipio de Quito depende de la respuesta de la sociedad civil quiteña en cada momento. Esta realidad hace referencia tanto a la densidad organizativa basada en federaciones barriales, asociaciones ciudadanas de diferente índole, agrupaciones gremiales, uniones o cooperativas, movimientos sociales urbanos, etc., como a la específica respuesta que desde tales instancias se le otorga a esta apertura dialógica del gobierno municipal por medio de modelos innovadores de acción social.




[1] Ortega y Gasset, José (2004). La rebelión de las masas. Barcelona: Pérez Galdós. Pag. 186.

Cubanos Go Home

Por Decio Machado
Revista Digital La Barra Espaciadora
http://www.labarraespaciadora.com/pulso/cubanos-go-home/

Aunque suene Perogrullo, enredoso y leguleyo, cabe comenzar por indicar que todos y cada uno de los seres humanos tenemos derechos fundamentales en cualquier latitud del planeta, independientemente de nuestra nacionalidad, color de piel, sexo, religión o condición ideológica. Esto se da en razón de que los derechos humanos son universales, y deberíamos poderlos hacer valer en cualquier lugar ya que el Derecho Internacional tiene, entre otros, por finalidad proporcionar al individuo medios de protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente frente al Estado.

Sin embargo, las fronteras y las políticas restrictivas y represivas son hoy un impedimento al reconocimiento del derecho a la migración, al movimiento en busca de una vida mejor.

La cosa viene de lejos, ya que siglos atrás los romanos trazaron sus limes (redes fronterizas fortificadas), los chinos levantaron su gran muralla, el muro de Adriano separó Inglaterra de Escocia y acá, en la región, los incas rodearon sus ciudades con enormes muros de piedra. Citando a Zygmunt Bauman, las fronteras no son trazadas para diferenciar las disimilitudes, sino que es al contrario, cuando estas son trazadas se marcan las diferencias y es en ese momento en el que nos percatamos de la existencia de las mismas.

La historia reciente del Ecuador debería permitir conocer bien todos los derivados que implica la concepción clásica de las fronteras y la nacionalidad.

Nacionalidad, ese concepto que nos da pertenencia y exclusividad, tan utilizado por el neopopulismo bajo la re-idealización del término Patria. Las fronteras son duras, tanto para los excluidos como para los incluidos en las “patrias”, ya que no se les permite “entrar y salir” con la libertad que en muchos casos a los implicados les gustaría.

La crisis del “Panamá hat” tras la Segunda Guerra Mundial y la posterior estafa neoliberal protagonizada por la bancocracia entre los años 1999 y 2000, hicieron que los ecuatorianos conocieran de forma masiva los costos de tener que abandonar su país y ser los “otros” en “patrias” de otros.

Es el resultado de lo narrado, lo que motivaría que en los primeros años del gobierno del presidente Rafael Correa se intentarán desarrollar políticas vanguardistas en materia migratoria. El reconocimiento del derecho a migrar, la ciudadanía universal, los derechos de los migrantes, el plan retorno o el reconocimiento de la libertad de movimientos para todos los ciudadanos del planeta, no son más que el fruto del conocimiento empírico ecuatoriano de lo que significa el drama de la migración. Incluso dos meses antes de las deportaciones masivas de cubanos en Ecuador, el canciller Guillaume Long andaba solicitando el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) buscando amparar frente al riesgo de deportación a aproximadamente 200.000 ecuatorianos que se encuentran en estos momentos en situación irregular en territorio estadounidense.

El Ecuador actual es el fiel reflejo de aquella cita del Nobel de Literatura húngaro Imre Kertész, cuando indicó que “sólo por nuestras historias podemos saber que nuestras historias han llegado a su fin”. Igual que llegó a su fin el “milagro ecuatoriano”, se destentó el “jaguar latinoamericano”, el sueño de la Iniciativa Yasuní ITT terminó en pesadilla o la vanguardista gestación constitucional de los derechos de la naturaleza concluyó en aborto prematuro, en esta ocasión llegó a su fin el ideal de ciudadanía universal que los voceros institucionales del país defendieron persistentemente durante los últimos años en multitud de foros internacionales.

Pero más allá de la farsa institucional, cabe señalar que la libertad individual solo puede ser producto del trabajo colectivo, sólo puede ser conseguida y garantizada colectivamente, y al igual que un Estado como el español, con una triste historia de exilio político y económico forzado se olvidó de su pasado maltratando en muchos casos a sus inmigrantes extranjeros, el Estado ecuatoriano pasa ahora a engrosar la lista de los países que promueven la expulsión masiva de ciudadanos provenientes de otras nacionalidades.

Lamentablemente Ecuador dejó de estar cualificado para censurar el criminal comportamiento mediante el que proceden en la actualidad los gobiernos europeos en materia fronteriza, e incluso moralmente quedó inhabilitado también para cuestionar la política de deportaciones estadounidense. Digamos que Ecuador entró en el club, el triste club de los Estados que violan los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Veamos los motivos que han conllevado a esta nueva contradicción entre el discurso y la praxis del régimen correísta.

El sometimiento de Colombia a las presiones internacionales

Foto: Edu León
El pasado 11 de julio, la canciller colombiana María Ángela Holguín anunciaba respecto a los cubanos indocumentados que habían entrado en su país: “Si nosotros deportamos hacia México pues vamos a crear un flujo permanente porque (los migrantes) saben que por Colombia entran y al final del día por presiones van a acabar en México a un paso de Estados Unidos. Lo que no queremos es que el país se convierta en eso”.

Lo que estaba indicando con escasa capacidad dialéctica la que fuera representante del tan cuestionado gobierno de Álvaro Uribe ante la Corporación Andina de Fomento, es que su país no está accediendo a las solicitudes de paso hacia México realizadas por los cubanos que en los últimos meses han ido llegando a este país, y que si hay deportaciones, estás se realizarán directamente a Cuba o a Ecuador. Este último país es donde hacen escala parte de los cubanos migrados en su camino hacia Estados Unidos vía Colombia.

Este pronunciamiento del país vecino es el fruto de la existencia de más de mil cubanos que quedaron retenidos en la ciudad de Turbo (región de Urabá), localidad cercana a la frontera de Panamá, la cual fue hace dos meses cerrada al paso de migrantes irregulares. Estos sobreviven en campamentos irregulares y una bodega que son de propiedad privada, lo cual implica para el Estado colombiano la autorización por parte de su fiscalía para acceder al lugar y proceder con la detención de los “sin papeles”. En realidad existen muy pocas esperanzas de que los irregulares cubanos no sean deportados y la resolución de este conflicto será a todas luces inmediata.

La misma Holguín explicó en rueda de prensa que Colombia está trabajando con las autoridades militares de Ecuador para cerrar los caminos irregulares entre ambos países y por los que cruzan gran parte de estos migrantes. En esta misma cita con periodistas, la titular de Relaciones Exteriores colombiana reconocería que su país ha deportado ya en este año a 2.841 cubanos que ingresaron irregularmente rumbo a Estados Unidos.

Si bien es cierto que una ley estadounidense otorga beneficios a los ciudadanos cubanos que lleguen a su territorio, el restablecimiento de las relaciones entre Washington y La Habana habría generado entre los caribeños el temor de que dichas ventajas migratorias terminen en breve, estimulando la salida inmediata del país de muchos ciudadanos isleños.

“Con Ecuador firmamos un acuerdo en donde ciudadanos que hayan entrado por Ecuador serán deportados a Ecuador, y Ecuador ya tomará la decisión de que hace al respecto”, sentenciaba Holguín en dicha rueda de prensa. Es un hecho que Colombia desde el pasado mes de diciembre ha venido exigiendo visado a los cubanos con el objetivo de desincentivar este flujo migratorio hacia el “american dream”.

Mientras, el gobierno cubano en lugar de defender los intereses de sus ciudadanos y el derecho a la libre movilidad de las personas, se ha limitado a responsabilizar en esta cuestión a los Estados Unidos y sus políticas migratorias de discriminación positiva para los habitantes de la isla. Es evidente que el discurso fácil, tan utilizado por estos lares, no sólo es ineficaz sino también peligrosamente adictivo.

Ecuador o la cólera de Dios

Foto: Edu León
Lo que se vive en Colombia respecto a los migrantes irregulares cubanos ha tenido un efecto inmediato en Ecuador, y lo hemos vivido durante estos días.

Este pequeño país andino, donde a sus autoridades se les llena la boca de hablar sobre políticas soberanas, pasó a la historia de las deportaciones masivas en América Latina durante el presente mes de julio. Es así que el pasado día 13 se cerró el primer capítulo del proceso de deportaciones masivas de cubanos en Ecuador, muchas de ellas denunciadas como irregulares, y que concluyó con 121 migrantes enviados a La Habana a través de aviones de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas.

La historia inició en la madrugada del 6 de julio, con un operativo policial violento y desproporcionado mediante el cual fue desalojado un campamento informal situado en el Parque del Arbolito en Quito. Allá se asistió a todo un despliegue de poder represivo, fórmula mediante la cual acostumbra el Ministerio del Interior a hacer sus exhibiciones de fuerza con el fin de implementar las políticas disciplinarias del régimen correísta.

A diferencia de Colombia, el fariseísmo de las autoridades y jueces ecuatorianos se enmarca en la violación de la declaración constitucional que establece el “principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países”. Al respecto, basta decir que la operación protagonizada por los cuerpos represivos del Estado y ordenado por el ministro José Serrano, quien apenas hacía un mes había recibido en Washington una placa condecorativa de manos de Chuck Rosenber (jefe de la DEA), se dio frente a la sede de la Corte Constitucional. Como bien decía Molière cerca de cuatrocientos años atrás, ”la hipocresía es el colmo de todas las maldades”.

La acciones emprendidas desde el Ministerio del Interior demuestran que el rasgo más conspicuo de la política contemporánea es su insignificancia. En este sentido, Cornelius Castoriadis le diría a Daniel Mermet en noviembre de 1996: “Los políticos son impotentes (…). Ya no tienen un programa. Su único objetivo es seguir en el poder”. El precio de lo aseverado por Castoriadis se paga con la moneda con la que suele pagarse el precio de la mala política: el sufrimiento humano.

Pero como bien han denunciado en diversos artículos de opinión y múltiples declaraciones públicas los abogados involucrados en la defensa de los cubanos, el espíritu emanado desde la Carta Magna de Montecristi ya había sido previamente violentado cuando las autoridades introdujeron la exigencia de visas para la admisión de nacionales de ciertos países, incluidos entre estos los ciudadanos cubanos. Si hacemos memoria veremos que fue aquello, lo que permitió en su momento los cuestionados affaires de Juan Javier Aguiñaga -hermano de la actual Vicepresidenta Segunda de la Asamblea Nacional- cuando ejercía de subsecretario de Relaciones Exteriores.

Allá por 1945, el filósofo y activista francés Jean Paul Sartre escribiría en la revista Le Temps Modernes “considero a Flaubert y a Goncourt responsables de la represión que siguió a la Comuna de París porque no escribieron una palabra para impedirla”. Pues bien, mientras los cubanos detenidos eran hacinados en el Hotel Carrión –un centro de internamiento eufemísticamente denominado albergue para la acogida de extranjeros-, con la misma aptitud cobarde de estos literatos franceses denunciados por Sartre aunque con muy inferior vocación intelectual, el conjunto de legisladores oficialistas que se han caracterizado por hablar sobre derechos humanos durante estos últimos años se pusieron a mirar hacía lejanas constelaciones estelares en lugar de ver lo que pasaba a su alrededor.

Fue Thomas Fuller, un antiguo historiador inglés que llegó a la capellán de algún regente de turno, quien indicó que “la desesperación infunde valor al cobarde”, pero en esta ocasión ni por esas. Mientras los migrantes cubanos iban siendo uno tras otro deportados con la firma del Viceministro del Interior, nuestro aguerrido y condecorado ministro prefirió zafarse de esta, estos asambleístas -grandes demiurgos de la revolución ciudadana- se dedicaron a retuitear las amenazas incumplidas de René Ramírez a Guillermo Lasso, mientras públicamente se limitaban a expresar en diferentes medios de comunicación la desbordante felicidad que les causa la presencia de Lenin Moreno en Ginebra. Sobre la situación de los cubanos represaliados ni una palabra, mutis por el foro, pues la prioridad se centró a hacerle frente a las múltiples campañas de desprestigio orquestadas desde la ya consabida prensa corrupta y mantener el buen orden este tan sano Estado democrático de justicia y de derechos.

Otra vez la justicia ecuatoriana puesta en cuestión

Foto: Edu León
El informe Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana, realizado por el jurista Luís Pásara ya reflejó a mediados del 2014 la falta de independencia judicial en Ecuador. Desde entonces hasta hoy, una larga concadenación de sentencias entre las que destacan algunas escandalosas, en el ámbito que nos concierte cabe recordar la deportación en agosto del año pasado de la ciudadana franco-brasileña Manuela Picq, vendrían a demostrar que la situación de los jueces ha ido paulatinamente empeorando. Es más, días antes del “caso Picq” el hasta entonces juez de Cuenca, Dr. Miguel Antonio Arias, indicaría en su carta de renuncia “considero que en mi labor jurisdiccional, no existe independencia para resolver con libertad y dignidad, en nombre del pueblo soberano del Ecuador, porque el poder político de turno, ha impuesto su propia agenda en la administración de justicia, función que la dirige  y controla a través del Consejo de la Judicatura”.

En línea con lo anterior, el proceso de deportación de los cubanos en Ecuador finalizó con una frase lapidaria del director del Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad de San Francisco de Quito. Es así que Juan Pablo Albán, quien liderando al equipo de abogados que defendieron la causa de los cubanos detenidos, declararía sumamente indignado ante los medios y frente a las puertas del Tribunal de Garantías Penales: “este tribunal ha decidido que el señor Viceministro del Interior puede revertir decisiones judiciales; el tribunal además ha decidido, a pesar de que la Ley le obliga a declarar una violación de Derechos, que las personas que fueron expulsadas de manera colectiva de este país no tienen nada que decir porque ya no están aquí”.

Para incrementar la ironía dentro del drama humano que significan estas deportaciones, la abogada Daniela Salazar indicaría a su vez que el argumento del Estado para justificar las deportaciones fue darles condiciones más seguras que las que tenían en el campamento informal en el que estaban antes de la intervención policial, buscando satisfacer también el interés superior del niño, ya que en esa acampada había menores de edad. Es decir, según el Estado ecuatoriano todo se hizo para proteger los derechos humanos de estas personas.

Hasta aquí lo de ayer y ahora lo que viene. Es de prever que no estamos más que en el primer escalón de una escalera que nos lleva al infierno, pues más allá de lo que suceda en territorio ecuatoriano los cubanos que vengan deportados a Ecuador desde Colombia seguirán los pasos de sus hermanos camino a La Habana.

Ante esta situación, no queda más que recordarle al Estado ecuatoriano que más allá de su incumpliendo respecto a soflamas programáticas electorales y a la violación de los principios constitucionales establecidos en Montecristi, la libertad de circulación de las personas está reconocido en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que con estas expulsiones colectivas de extranjeros, autoridades y jueces proceden con lo que es considerado en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional un crimen de lesa humanidad.