Gustavo Petro vuelve a la Alcaldía de Bogotá
Por Decio Machado // Quito (Ecuador)
Por Decio Machado // Quito (Ecuador)
Para periódico Diagonal
www.diagonalperiodico.net
Bogotá
vive inmerso en un galimatías jurídico propio de aquellas viejas películas
hollywoodenses como “12 hombres sin piedad”, “Matar a un ruiseñor” o “Testigo
de cargo”, pero con una dirección cinematográfica notablemente deficiente si la
comparamos con las de Sidney Lumet, Stanley Kramer o Billy Wilder.
Para
Martín Maldonado, un estudiante bogotano que ha estado en prácticamente todas
las movilizaciones de respaldo a Gustavo Petro en estos últimos meses, el nivel
baja de su estatus cinematográfico al de “culebrón” latinoamericano. Según este
universitario, “lo que vivimos en la ciudad es como una telenovela de la cual
Petro es el protagonista, y cuyo guionista se ha propuesto sorprendernos en
cada capítulo, semana tras semana, para mantenernos en tensión permanente y que
no nos perdamos ningún episodio de la serie”.
Pero
más allá de referencias cinematográficas y libretos especializados en “punto de
giro” y otras estrategias de enganche y adicción televisiva, lo que sucede en
Bogotá pasará factura más temprano que tarde a sus 7,8 millones de habitantes.
Así lo asegura Jaime Castro, ex-alcalde de la ciudad, cuando indica: “Estamos
en un verdadero laberinto jurídico, político, administrativo, institucional y
nadie sabe cuál será la salida, porque están pendientes muchas acciones
judiciales más. Sin duda alguna esto afecta la ciudad”. De momento están sin
suministro hídrico algunos barrios de la capital, motivo por el cual se comienzan
a enviar camiones con tanques de agua a diversos hospitales y otros centros de
atención prioritaria.
El
más reciente de estos episodios se dio el pasado martes, 22 de abril, cuando
para sorpresa de todos, incluida la alcaldesa encargada María Mercedes
Maldonado, el Tribunal Superior de Bogotá a través de un fallo de tutela se
pronunció a favor de la restitución de Gustavo Petro, respetando así las
medidas cautelares emitidas con anterioridad por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH). Estas habían sido previamente ignoradas por el
presidente Juan Manuel Santos, motivo que permitió que se consumara la
destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde capitalino promovida por
el procurador Alejandro Ordoñez.
La
acción de tutela es como se denomina al mecanismo previsto en el artículo 86 de
la Constitución colombiana, por el cual se busca proteger los derechos
constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos “resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública”. Según el profesor académico Galo Stalin Blacio, la tutela “es la
garantía constitucional del derecho que tiene toda persona a la protección
judicial de sus derechos fundamentales a través en un recurso efectivo”. No es baladí que esta carta magna, en vigor
desde 1991, sea conocida popularmente como la “Constitución de los Derechos”,
habiendo sido fruto del proceso de paz y desarme del grupo insurgente M-19, así
como de una fuerte movilización estudiantil que obligó al Estado colombiano a
proceder en su día con un proceso constituyente.
Sin
embargo, las garantías constitucionales existentes en la ley de leyes
colombiana históricamente siempre han molestado a sus mandatarios, y el
presidente Santos no es una excepción. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá
no ha sido un plato de buen gusto para Juan Manuel Santos, aun resuenan en los
oídos de la ciudadanía bogotana su frase “no tengo alternativa”, mientras
firmaba el acta de restitución de Gustavo Petro a su alcaldía. Ese mismo día, al
primer mandatario tampoco le faltó tiempo para hacer un llamado de atención
sobre la aplicación de las garantías constitucionales establecidas en el
ordenamiento jurídico colombiano, señalando que el “uso indiscriminado de la
acción de tutela puede conducir a la inseguridad jurídica, al caos
administrativo y político”.
El
presidente Santos, más allá del procurador general Alejandro Ordoñez, es el
responsable de que la ciudad de Bogotá sume tres alcaldes diferentes en tan
solo una semana, con el consiguiente caos administrativo y parálisis de su
gestión. En ese sentido, Emilio Álvarez, secretario ejecutivo de la CIDH,
recordó que el 18 de marzo pasado la institución a la que representa había
dictado medidas cautelares en favor de Gustavo Petro, por las cuales se pedía
al Estado no ejecutar la decisión de destitución e inhabilitación demandada
desde la Procuraduría General del Estado. Santos desoyó dicho mandato, alegando
que las medidas de la CIDH no eran obligatorias y que pesaban más las decisiones
de las autoridades nacionales, por lo que firmó al día siguiente lo que en
aquel momento era la “sentencia de muerte política” de Petro.
Queda
por ver el desenlace de este drama judicial o lo que para el joven Maldonado
sería el capitulo final del “culebrón Petro”, dado que el procurador Ordoñez –responsable
también entre otras de la destitución e inhabilitación de la ex senador Piedad
Córdoba- ya anunció que impugnará de forma inmediata la restitución de Gustavo
Petro.
En
todo caso, y para bien, las coyuntura actual ha propiciado un gran debate
social en este país andino, el cual va desde cuestionar los ultra-poderes
otorgados a un cargo no electo por la ciudadanía como es la Procuraduría
General de la Nación, hasta la necesidad cambios estructurales en el sistema de
justicia colombiano.
