Por Decio Machado / Director de la Fundación Nómada
Ecuador es un país con un mercado interno pequeño y que históricamente ha desarrollado, en el marco de la división de trabajo internacional, el rol histórico de proveedor de materias primas al mercado global de commodities. Lo anterior implica que el dinamismo económico del país se ha caracterizado por una serie de fases cíclicas de exportación de bienes primarios como cacao (1866-1925), banano (1946-1968) y petróleo (con arranque en 1972), a la que sigue supeditado.
Debido a lo anterior la economía ecuatoriana se define como altamente dependiente del comercio internacional, de escaso dinamismo interno y fuertemente inequitativa.
Antecedentes
En los años noventa Ecuador se caracterizó por una persistente inestabilidad económica y, por ende, política. Al respecto, vale mencionar que tan solo entre 1992 y el año 2000 el país asistió a la sucesión de siete presidentes de la República diferentes.
Así las cosas, del 7,3% de crecimiento promedio anual durante la década de 1970 fruto del boompetrolero en la economía nacional pasó a un crecimiento promedio del 2,6% en la década de 1980 para disminuir aun más, 2,0% promedio, en la década de 1990.
A finales del pasado siglo, Ecuador experimentaría la mayor crisis de su historia económica. El impacto del fenómeno de El Niño (1993-1997) sumado a un precio del barril de crudo que en dicha década nunca llegó a superar los USD 15 y la crisis financiera global iniciada en el sudeste asiático en 1997, desembocó en el feriado bancario de 1999. Previo a este y tras la captura del Estado por parte de sectores vinculados al sistema financiero nacional, se habían implementado a partir de 1992 -Gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik- políticas de liberalización del sistema bancario que, entre otras cuestiones, habían despojado a la Superintendencia de Bancos de su capacidad de control sobre las instituciones financieras y permitieron otorgar créditos públicos millonarios a la banca, a la par que la generaciones de leyes para que el Estado asumiera el pago de las deudas millonarias de los principales bancos del país. En resumidas cuentas, se le permitió a los bancos privados que se auto-dotasen de préstamos -muchos de ellos con dinero de los depositantes- sin las garantías pertinentes.
En este contexto, en 1999 cerrarían dieciocho entidades financieras entre las que estaban los bancos más importantes del país. La asunción de los costes por parte del Estado derivó en que estos fueran asumidos por la ciudadanía ecuatoriana mediante la reducción del gasto social y la elevación del costo de los servicios públicos, sin que los responsables máximos de la crisis respondieran con su patrimonio ante semejante estafa.
La crisis significó para la sociedad ecuatoriana pérdidas por más de 8.000 millones de dólares, lo que equivalía a una tercera parte del Producto Interior Bruto (PIB) nacional de entonces, generando un masivo exilio económico estimado en más/menos un millón de personas -según datos del INEC- fruto del incremento desmedido del desempleo y la pobreza.
La reducción del PIB en el año 1999 fue la mayor registrada hasta aquel momento, -4,7%, fruto de la caída de la inversión -formación bruta de capital fijo-, la notable reducción en el consumo de los hogares y del Estado, la devaluación del tipo de cambio nominal, la inflación anual y la caída del PIB per cápita real.
Consecuencia de todo lo anterior, el 7 de enero del año 2000 el país quedaba dolarizado perdiendo su soberanía monetaria pese a que a la postre esto implicara menor volatilidad de la economía nacional y, por lo tanto, mayor crecimiento económico en comparación al período anterior. Este desempeño fue favorecido además por mejores condiciones externas como el precio del petróleo, el flujo de remesas provenientes de los migrantes y la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Lo anterior conllevó a que el crecimiento promedio de la economía ecuatoriana para el período comprendido entre los años 2000 y 2019 haya sido del 3,4%, un indicador superior al ritmo de aumento de la población y por lo tanto haya permitido un incremento promedio anual de 1,7% del PIB per cápita.
Sin embargo, los parciales beneficios de la dolarización no significaron estabilidad política. En los siete años transcurridos entre el año 2000 y el 2007, la sociedad ecuatoriana volvió a asistir a la paulatina sucesión en el Palacio de Carondelet de otros cinco distintos mandatarios.
La etapa correísta
Con la llegada del Rafael Correa a la Presidencia de la República (2007), el proceso de tardo-modernización capitalista en el país se aceleró impulsado desde la planificación estatal y la reprimarización de la economía nacional. El populismo progresista ecuatoriano, al igual que el de otros países de la región, es fruto de la reciente etapa económica global definida popularmente como el boom de los commodities, es decir, gran parte de los logros económicos y sociales alcanzados durante dicha década se sostuvieron gracias a los elevados ingresos derivados de la exportación petrolera y estimados, tras descontar los costos de los combustibles derivados, en unos 57.000 millones de dólares durante los primeros ocho años de la década correísta.
Este contexto económico se acompañó por una visión política de gobierno modernizadora y socialmente más equilibrada que permitió, entre 2006 y 2014 -momento de la caída de los precios del crudo fruto del fin de de la “década dorada” de los commodities– que la pobreza nacional disminuyese del 37,6% al 22,5% y el coeficiente de desigualdad de Gini pasará de 0,54 a 0,47, debido a que los ingresos de los segmentos más pobres de la población crecieron más rápido que el ingreso promedio. Lo anterior lejos estuvo de implicar un cambio en el modelo de acumulación neoliberal heredado por el correísmo, más bien lo contrario, fue nuevamente el sistema financiero -especialmente los grandes bancos- los que más se beneficiaron de la democratización del acceso al consumo, obteniendo beneficios muy superiores a los contabilizados durante los diez años anteriores a la llegada de Rafael Correa a la poltrona presidencial.
Sin embargo, en el año 2015 las condiciones externas desfavorables anteriormente referenciadas afectarían a las exportaciones -petroleras y no petroleras- generando un casi nulo crecimiento económico (0,1%) para el país. De esta manera, Ecuador asistió al fin del auge económico que permitió mayores ingresos fiscales y el impulso del PIB a través de políticas de inversión pública.
La situación externa no fue muy diferente en 2016, a lo que debe sumarse el choque interno provocado por un terremoto en la costa ecuatoriana que -más allá de casi setecientas víctimas mortales- causó una afectación negativa para el sector productivo de algo más de mil millones de dólares. La contracción económica del año 2016 fue de -1,2%, viéndose una tasa negativa tras diecisiete años de crecimiento irregular pero ininterrumpido.
Conscientes de que los ciclos políticos vienen determinados por los ciclos económicos, el fin del boom de los commodities derivó en el fin del consenso político, social y económico implementado a partir del triunfo del entonces llamado Movimiento Alianza PAIS en las elecciones presidenciales del 2006, e institucionalizado a través del pacto social propiciado por la Constitución de 2008.
Fue en ese contexto en el que se produjo el levantamiento indígena de agosto de 2015, al cual el Estado respondió con el mayor nivel de represión expresado durante la etapa correísta contra las organizaciones sociales. En paralelo, la nueva coyuntura socioeconómica conllevó un cambio de las políticas públicas articuladas hasta entonces por el presidente Correa, volviendo al país las misiones de observación/vigilancia económica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las políticas de endeudamiento agresivo.Tras haber saneado las finanzas públicas durante la primera mitad de su gestión de gobierno, la década correísta se cerró con el dramatismo derivado de que las reservas existentes en el Banco Central del Ecuador eran notablemente insuficientes para afrontar los pasivos a corto plazo contraídos por el Gobierno Nacional. Siguiendo con esa línea de cambios políticos, el Gobierno del presidente Correa firmaría un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea mientras llegaba incluso a anunciar su predisposición a extender este tipo de acuerdos con otros países, entre ellos Estados Unidos. A la par, se anunciaba también la puesta en venta de parte de las empresas públicas, múltiples bienes patrimoniales del Estado y algunos proyectos considerados emblemáticos en el ámbito energético -caso de la entonces recientemente inaugurada hidroeléctrica Sopladora-. En materia fiscal, y tras veintidós reformas en diez años, el Servicio de Rentas Internas (SRI) terminó situando el pago de impuestos a la renta para los sectores más privilegiados de la sociedad por debajo del 3%, unos trece puntos menos que la tasa de presión fiscal que enfrentaba el ciudadano ecuatoriano medio.
En estas condiciones de desgaste, Rafael Correa decidiría no presentarse a las elecciones del 2017 posicionando una singular disposición transitoria entre las enmiendas constitucionales aprobadas en diciembre de 2015 por su mayoría legislativa. Mediante dichas enmiendas se eliminó toda restricción para la reelección de cargos sometidos al voto popular, pero se incluyó la disposición de que dichas reformas no se aplicaran en las elecciones de 2017 sino a partir de las siguientes. Entender dicho encuadre pasa, a su vez, por entender una coyuntura económica en la cual ya no era posible garantizar las condiciones de acumulación a corto y medio plazo de los sectores del capital emergente con los que el correísmo se había hasta entonces identificado. En la decisión del presidente Correa pesó más lo político que lo legal, todo ello enmarcado en el ámbito de una estrategia superadora del habitual cortoplacismo político nacional y con visión de medio/largo plazo.
La vuelta del neoliberalismo
Sin embargo, a partir de mayo de 2017 -momento de la asunción del nuevo gobierno- dicha estrategia comenzó a tambalearse fruto del reposicionamiento político de Lenín Moreno, elegido por el oficialismo verdeflex para encabezar un supuesto gobierno transitorio de continuidad junto a Jorge Glas (ambos vicepresidentes de la República durante la década correísta).
Ya desde los primeros días de gestión de Gobierno morenista la ruptura al interior de un cada vez más deteriorado partido de gobierno Alianza PAIS, se hizo evidente.
Inicialmente el Gobierno de Lenín Moreno se compuso de un mix entre dirigentes y ministros reciclados que en los últimos tiempos habían quedado apartados del anillo de poder correísta y nuevas caras vinculadas principalmente al sector empresarial. Paulatinamente los primeros fueron perdiendo espacio hasta desaparecer frente a los segundos que tomarían fuerza en el Ejecutivo de la mano de personajes como María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y Andrés Michelena. Los dos primeros, pertenecientes al desaparecido grupúsculo político Ruptura de los 25, llegarían al Gobierno Nacional de la mano de los sectores históricamente más siniestros del sistema financiero nacional.
La estrategia inicial del gobierno morenista se basó en impulsar un llamado al diálogo, buscando un consenso nacional que permitiera amortiguar la reacción social que pudiera desencadenar el plan de ajuste económico ha implementarse en un país inmerso en una profunda crisis. A la par, se habrían expedientes judiciales por corrupción contra los altos funcionarios del gobierno anterior, lo que en la actualidad mantiene de forma dudosamente legal a Jorge Glas en la cárcel.
La retórica de la austeridad impuesta como política de Estado en Ecuador a partir del 2017 devino en la ruptura del ya muy deteriorado pacto social alcanzado a través de la Constitución del 2008, generalizándose el descontento ciudadano respecto a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno Nacional y la merma de la capacidad adquisitiva de la población. La incapacidad de la administración Moreno para lograr crecimiento económico sostenido, estabilidad de precios, favorecer el empleo y estructurar un marco de justicia económica y social para las grandes mayorías en el país, supuso el paulatino incremento de la conflictividad social. Dicha situación alcanzaría su climax en la ola de movilizaciones a nivel nacional que tendría lugar entre el 2 y el 13 de octubre de 2019, durante las cuales se darían 132 bloqueos de carreteras, 1.330 detenciones y la muerte de 11 manifestantes. Al frente de dicha represión, superadora de la ya ejercida por los cuerpos de seguridad del Estado en 2015, se encontraban la ministra de Gobierno María Paula Romo y el entonces comandante general de la Policía Patricio Carrillo.
En todo caso, tras la ya referida recesión en la que se vio inmerso el país en los últimos años el período correísta y pese a las debilidades estructurales existentes en dicha economía, a partir del segundo trimestre del 2017 Ecuador experimentó cierta recuperación. Esta estuvo liderada por el consumo privado debido a la expansión del crédito y, en menor grado, por el gasto del Gobierno -la colocación de 5.500 millones de dólares en bonos soberanos en el mercado internacional sostuvo una moderada expansión del gasto público- y las exportaciones debido al alza de los precios de petróleo.
Durante 2018 y 2019 el crecimiento de la economía del Ecuador volvería a desacelerarse fruto de las políticas de consolidación fiscal que conllevaron una disminución del gasto público, la ralentización de todos los componentes de la demanda agregada -en particular de la inversión y el consumo privado- y una contracción moderada de la producción petrolera. En el sector monetario y financiero, la liquidez se incrementó mediante los desembolsos del FMI y el acceso a los mercados financieros, aunque con costos elevados. Paralelo a todo ello, y en parte como consecuencia de la reducción del tamaño del Estado realizada durante el régimen morenista, los indicadores del mercado laboral reflejaron un alza de la tasa de subempleo y un creciente número de empleados en el sector informal.
Mientras en el plano de lo institucional la oposición correísta se las prometía muy felices de cara a las elecciones presidenciales del 2021, dado el bajísimo nivel de popularidad con el que Lenín Moreno terminaría su mandato; los sectores políticos que habían apoyado al presidente saliente se rearticulaban conformando una nueva alianza político electoral en apoyo a Guillermo Lasso, propietario del segundo banco más importante del país y quien multiplicara sustancialmente su fortuna fruto de especular con los certificados de depósitos reprogramables durante el feriado bancario.
El mundo financiero ecuatoriano, que más allá de improperios no había sufrido grandes problemas durante la gestión correísta y que había vuelto a tomar el control del Banco Central bajo la nueva agenda fondomonetarista, presentaba a su candidato ganador para las elecciones del 2021. Todo ello con el apoyo ya no solo de los sectores conservadores durante la primera vuelta, sino también con gran parte de los sectores de izquierda que habían conflictuado con el correísmo durante su estancia en el poder.
Todo ello transcurría tras que la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 agudizara la crisis económica ecuatoriana, provocando una profunda recesión que influyó en el repunte de la pobreza, amplificando los desequilibrios macroeconómicos existentes en el país.
La gestión de Moreno, que durante la segunda mitad de su mandato fue más bien la gestión de María Paula Romo, dejó agotada a la sociedad ecuatoriana. Conllevó el deterioro generalizado de prácticamente todos los indicadores sociales, macro y micro económicos, así como de la credibilidad de las instituciones públicas. En el marco de un divorcio cada vez mayor entre el establishment político y la sociedad ecuatoriana, creció de forma acelerada la pobreza, la mendicidad infantil, el absentismo escolar, los suicidios, el endeudamiento familiar, la inseguridad ciudadana, el deterioro del mercado laboral y el desempleo, el endeudamiento externo y el desprestigio de la institucionalidad. El impacto de la pandemia dramatizó aún más el proceso de derrumbe que venía de antes.
Quizás la consecuencia más brutal de todo esto fueron los cerca de cuarenta mil fallecidos durante el año 2020 por encima del promedio de muertes correspondientes a años anteriores. Este total de muertos por COVID-19, sean o no reconocidos oficialmente por el Estado, son el fruto del desmantelamiento del sistema de salud público derivado de las políticas de austeridad impuestas por el FMI al país a cambio de financiamiento internacional.
Tras las elecciones de 2021
Es en ese contexto en el que se establecieron las dos principales tendencias políticas entre dieciséis binomios electorales que se presentaron a las últimas elecciones presidenciales en 2021: por un lado el correísmo con Andrés Arauz a la cabeza -impedido legalmente Rafael Correa de ser candidato- y por otro el tradicionalismo conservador con un Guillermo Lasso apoyado en primera estancia por Jaime Nebot y su Partido Social Cristiano.
Más allá de lo anterior un amplio sector de la población ecuatoriana, principalmente joven y no identificada en el clásico clivaje “correísmo vs anticorreísmo” que ha marcado la política nacional en los últimos años, optó por opciones alternativas como Yaku Pérez (Pachakutik) y Xavier Hervas (Izquierda Democrática), en una plasmación semi-gramsciana de lo “nuevo” frente a lo “viejo”. Ambos a la postre terminarían, de forma directa o indirecta, siendo cómplices del triunfo de Guillermo Lasso en la segunda vuelta en abril del 2021. En resumen, la simpleza existente en el análisis político nacional no les permitió ver que el mejor escenario posible para pasar página respecto al liderazgo hegemónico de Rafael Correa en la izquierda ecuatoriana -mantenido vivo políticamente a través de la persecución judicial y mediática a su persona- pasaba por abrir paso a lo que hubiera sido un relevo político más democrático, más ideológicamente sintonizado con la nueva época y menos autoritario en las filas de la autodenominada Revolución Ciudadana.
Los errores políticos se pagan y hoy tanto Yaku Pérez como Xavier Hervas caminan en las sombras y dejaron de liderar a los respectivos partidos políticos con los que se presentaron a las elecciones hace menos de dos años. De igual manera y más allá del paulatino debilitamiento político correísta y sus notorias divisiones internas, la estrategia electoral llevada a cabo por la candidatura de Arauz en 2021 se basó en un enorme error de cálculo que desconsideró las fracturas de nuevo orden existentes en el país, las cuales ya no responden al pasado reciente que dió el triunfo electoral de forma permanente al correísmo a lo largo de los últimos quince años (incluido entre estos el agónico triunfo de Lenín Moreno en 2017).
Así las cosas y pese a que Guillermo Lasso perdiera cerca de un 30% de votos respecto a sus resultados obtenidos en la primera vuelta de las presidenciales de 2017, se investiría como presidente de la República en mayo del 2021, abriendo un nuevo y todavía más caótico ciclo político en el país.
Los compromisos electorales esbozados por Guillermo Lasso durante la campaña fueron muy básicos y concretos: dinamizar la economía nacional mediante la vacunación masiva y generar dos millones de empleos incrementado la inversión extranjera; revitalizar el sector agrícola mediante préstamos a largo plazo y bajo interés; así como aumentar la producción petrolera y ampliar agresivamente la frontera extractiva en general. Lo demás, aquello que fue ampliamente halagado por analistas y medios de comunicación hegemónicos, tenía que ver con falsas adhesiones a determinadas causas ambientales y de género que consistieron en meras florituras derivadas del reduccionista marketing político.
Pero más allá de las promesas gubernamentales, los datos empíricos vienen a demostrar que la economía ecuatoriana está en el grupo de los países que todavía no han logrado revertir el embate de la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19. Es decir, el PIB ecuatoriano al cierre del ejercicio 2022 habrá crecido -en el mejor de los casos- unos 7 puntos en dos años tras el desplome de -7,6% de 2020. En definitiva, la inversión es prácticamente inexistente y el sector privado no ha tomado la posta como dinamizador de la economía nacional; consecuencia de lo anterior, no se están creando fuentes de empleo reales en el mercado laboral; se carece de políticas apropiadas en materia de infraestructura, educación, salud, seguridad e innovación tecnológica y de gestión; mientras la inestabilidad política y la conflictividad social se mantienen como una constante.
De hecho y relacionado a esto último, sería la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en el conflicto lo que evitó una masacre social durante el paro nacional que tuvo lugar entre el 13 y el 30 de junio del presente año, el cual se articuló en rechazo a la política económica del presidente Lasso. La implementación del uso progresivo de la fuerza letal, una vez más encabezada por Patricio Carrillo -en esta ocasión en calidad de ministro del Interior- dejaría nuevamente un rastro de sangre con seis víctimas mortales entre los manifestantes y más de 600 heridos. Pese a que el conflicto finalizase mediante la firma de un “Acta por la paz”, logro alcanzado gracias al buen trabajo desarrollado por las universidades Central, PUCE y Politécnica Salesiana en labores de facilitación y relatoría -coordinado todo ello por el rector Fernando Ponce- en las 10 mesas temáticas de diálogo establecidas entre manifestantes y el Gobierno Nacional, la percepción generalizada en el país es que el Ejecutivo no dará cumplimiento real a la mayoría de los acuerdos en estas establecidos.
El escenario político actual refleja un país fracturado y a todas luces desestructurado, un presidente de la República con una popularidad inferior al 15% y un Gobierno Nacional incompetente y carente de legitimidad social. En paralelo, la oposición política -conformada en un pacto antinatura entre correístas y socialcristianos- visibiliza también sus carencias mediante el reiterativo fracaso de sus iniciativas legislativas destinadas a derrocar al Presidente de la República y provocar elecciones anticipadas. Por último y en medio de esta línea de fuego navegan a la deriva Pachakutik e Izquierda Democrática, quienes incapaces de administrar políticamente el respaldo popular obtenido en febrero del 2021, hoy defraudan cada día más a sus electores.
El Gobierno Nacional sabe que el 2023 será un año difícil. Las complicaciones de salud por las que atraviesa el presidente Lasso limitan ostensiblemente su capacidad para gobernar un país con una coyuntura tan compleja, es por ello que de forma discreta se esté buscando como posicionar en la Vicepresidencia de la República a alguien más joven y políticamente más confiable para el entorno lassista que Alfredo Borrero. Mientras, tras telones, lo más rancio del mundo conservador piensa ya en futuras opciones electorales para sustituir a un Guillermo Lasso, barajándose en primera instancia nombres tan patéticos como el del asambleísta Fernando Villavicencio o incluso los del binomio represor.
En todo caso el futuro político del país es un incógnita dado que ni el correísmo -aunque internamente piensen lo contrario- parece tener la fuerza para ganar de forma contundente unas elecciones presidenciales en el país, ni los nombres que se barajan hasta el momento desde el mundo conservador tiene la capacidad de generar el más mínimo consenso ni confianza.
Los grupos de interés que conforman el anillo presidencial buscan, conscientes de que la deslegitimación social gubernamental crece de forma acelerada y la indignación popular va en aumento, aguantar aunque sea un año más en el Palacio de Carondelet con el objetivo de implementar al menos parte de su programa económico. Ya ni el viejo pacto entre Estado y medios de comunicación que durante el gobierno anterior habría blindado mediáticamente a Lenín Moreno funciona en este.
La banca, una vez más la banca…, consciente de que el tiempo les juega en contra y que el descontento ciudadano tensará el ejercicio 2023, desencadena una serie de acciones coordinadas a través de sus pivotes institucionales estratégicamente situados. Por poner tan solo un ejemplo, llama la atención como la Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera -ambas tomadas por el sector financiero privado desde el anterior gobierno- atacan en la actualidad de forma sistemática al sector financiero popular y solidario. El objetivo en este momento de ambas juntas es regular la tasa pasiva y ajustar la normativa buscando exigir a las cooperativas de ahorro y crédito las mismas condiciones que a los bancos privados, lo cual supondría el exterminio de la economía popular y solidaria en el país. En paralelo, el asambleísta Rodrigo Fajardo, fiel a la banca y recientemente expulsado de Izquierda Democrática, presenta en la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica para la Reestructuración del Sistema Financiero, mediante el cual se plantea incorporar a la Superintendencia de Bancos -institución que desde el gobierno de Lenín Moreno también pasó a estar al servicio de la banca privada- el control de valores y seguros hasta ahora en manos de la Superintendencia de Compañías.
En definitiva, los amos del sistema financiero privado tienen prisa y buscan en este momento con desesperación golpear al sistema financiero popular y solidario a fin de generar las condiciones pertinentes que les permitan ganar su cuota de mercado. Para ello buscan derribar el ecosistema diferenciado que ha permitido que las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas hayan crecido sólida y conjuntamente un 504% en activos, 537% en depósitos y 442% en cartera de crédito según datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.
Como diría James Carville, estratega de la campaña electoral de Bill Clinton en 1992, “es la economía, estúpidos”…
