La frontera de Colombia llegó hasta Caracas

VENEZUELA-COLOMBIA INFILTRACIÓN PARAMILITAR EN TERRITORIO VENEZOLANO

La penetración del paramilitarismo en Venezuela se ha ido extendiendo a lo largo de toda la cordillera andina, acercándose a la costa, donde se encuentran los polos industriales del país y su capital.

Decio Machado. Maracaibo (Venezuela)

23 de diciembre de 2009. Periódico DIAGONAL número 116

El 3 de noviembre, tras el asesinato de dos agentes de la Guardia Nacional por paramilitares colombianos, el Gobierno de Venezuela movilizó a 15.000 militares con el fin de cerrar su frontera con Colombia. Ese mismo día, el vicepresidente y ministro de Defensa venezolano, Ramón Carrizález, declaraba: “Los militares fueron vilmente asesinados por bandas paramilitares que intentan posicionarse en esta región del país, todo dentro del plan de desestabilización que nosotros hemos venido denunciando desde hace tiempo”.

La frontera colombo-venezolana tiene una extensión de 2.219 kilómetros, de los cuales la mitad es zona selvática. Es un territorio donde los habitantes de las dos naciones han mantenido históricamente relaciones de comercio, familiares o de servicios, y basta recorrer la región para constatar que los ciudadanos de uno y otro lado burlan diariamente la vigilancia fronteriza.

Desde Colombia, analistas y columnistas indican que Chávez tiene “necesidad de contar con un conflicto externo para distraer la atención de la población de sus problemas internos”. Sin embargo, nadie en ese país duda del coste económico de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, y el propio empresariado colombiano ha reconocido que “esto significa una reducción de la producción industrial del 10% por la disminución de exportaciones”. En los pasillos del senado colombiano, miembros de la coalición uribista miran hacia el Norte mientras confiesan que “es el precio que tenemos que pagar a cambio de convertirnos en un muro de contención al proyecto expansionista y totalitario del presidente Chávez”.

Pero la realidad de la frontera colombo- venezolana es que por ella transitan más de cien rutas de la droga controladas por los grupos paramilitares Águilas Negras y Águilas Doradas, además de ser una zona de actuación del Frente 33 de las FARC y algunos comandos del ELN. A todo ello hay que agregar la existencia de unos 1.500 contrabandistas de gasolina y un número indeterminado de miembros de grupos que desarrollan diversas actividades delictivas.

Para Wilfredo Barragán –uno de los promotores del primer encuentro juvenil ‘Catatumbo en Marcha’, que tuvo lugar el pasado septiembre, donde se cuestionó el acuerdo para la utilización de bases militares entre EE UU y Colombia–, el problema viene de lejos. Según Barragán, “desde hace tiempo las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) consideran al presidente Hugo Chávez objetivo militar. Todos acá sabemos que líderes ‘paracos’ han cruzado y cruzan la frontera venezolana de forma continuada realizando actividades delictivas, siendo el propio Carlos Castaño (uno de los fundadores de las AUC) quien inició este proceso. Desde hace años, el Décimo Frente de las AUC ha mantenido poderosos vínculos en el suroeste andino de Venezuela y han ejercitado desde entonces crímenes, secuestros y cobro de vacunas (extorsiones)”.

Barragán nos recuerda que el Catatumbo colombiano, norte del fronterizo Departamento de Santander, ha sido una de las regiones más golpeadas por la violencia social y política en Colombia. “Se calcula en unas 5.000 las víctimas mortales en los últimos diez años y unos 40.000 los desplazados”, denuncia este líder juvenil. De igual manera, portavoces de la Asociación Campesina del Catatumbo colombiano, que piden mantener su anonimato, denuncian que más de diez años después de la primera masacre protagonizada por las AUC en la zona –en el pequeño poblado de La Gabarra, en agosto de 1999, fueron asesinados 120 campesinos por operativos paramilitares al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso– siguen a la espera de justicia.

“Oficialmente no hay responsables y nuestro Gobierno tiene la osadía de apenas reconocer 36 víctimas en aquella masacre. Desde entonces hasta hoy nuestra región se convirtió en un infierno”, afirman.

Unos kilómetros más allá, en territorio venezolano, Jennifer Galpón, una de las voluntarias de la Misión Bolívar en la zona nos detalla que “ya en diciembre de 1997, incluso antes de la llegada del presidente Chávez a Miraflores, los comandos rurales de nuestra policía detuvieron a siete colombianos paramilitares en esta provincia (Táchira), esto viene de lejos y es la verdadera operación de penetración colombiana en nuestra patria, posiblemente diseñada por los gringos”. Incluso sectores críticos con el Gobierno de Hugo Chávez denuncian haber sido víctimas del paramilitarismo.

Ése es el caso de Rafael Uzcategui, ex guerrillero que luchó clandestinamente en Nicaragua, El Salvador y Honduras, actual secretario de organización del partido Patria Para Todos: “Hemos perdido gente de nuestra organización a manos de los paramilitares, un ejemplo de ello fue el compañero Jorge Nieves, que murió baleado en abril de 2003, mientras dirigía una manifestación a favor de los campesinos en Guasdualito, en Apure, provincia fronteriza con Colombia”.

En mayo de 2004, las fuerzas de orden público venezolanas anunciaron su principal actuación contra los paramilitares en territorio bolivariano. En ella fueron detenidos 120 ‘paracos’ provenientes de Colombia que vestían indumentaria militar venezolana, la mayor parte de ellos en una hacienda cercana a Caracas, propiedad del opositor Robert Alonso, ubicado en aquel momento en Miami.

Según fuentes de la Policía Nacional Bolivariana, “de las confesiones realizadas por los paramilitares detenidos, se deduce una coordinación entre estos y el Bloque Democrático”, pequeño grupo opositor desgajado hace dos años de la Coordinadora Democrática, coalición que reúne la mayoría de partidos y grupos opositores en Venezuela.

A mediados de 2007, Chávez liberó a los paramilitares que quedaban detenidos para entregarlos a Colombia, en un gesto de buena voluntad que pretendía apoyar el proceso de diálogo democrático e intercambio humanitario en Colombia. Otra de las operaciones importantes contra el paramilitarismo fue en enero de 2009, cuando un grupo de 31 colombianos relacionados con los paramilitares fueron detenidos en Petare, barriada populosa y humilde de Caracas. Unos días antes se habían incautado armas, granadas y dos kilos de explosivos C4 en Maracay a 80 kilómetros de la capital venezolana.

Según nos indica el ex ministro de Interior y Justicia venezolano, Ramón Rodríguez Chacín, “uno de los actores que ha generado mayor violencia en Venezuela es la presencia de paramilitares colombianos, incluidos algunos sectores de Caracas”. Para el militar y dirigente nacional del PSUV, “a partir de 1999, como parte del conflicto social y armado de Colombia, integrantes de uno de los cuatro bloques paramilitares instalados en la línea fronteriza se infiltraron en el país. No es casual que a partir de 2002, año en que se recrudece la guerra, se dispararan los homicidios y secuestros en Venezuela”, advirtiendo que el fenómeno paramilitar es consecuencia de una nueva doctrina que puso en marcha el gobierno de los EE UU. “Estamos en una guerra de cuarta generación, que ya fue declarada, abierta y públicamente, al afirmarse que Venezuela es una amenaza para los intereses de EE UU, tal como lo dijeron en su día Bush, Condolezza Rice y altos mandos militares del Departamento de Estado”, afirma.

Los ‘paras’ llegan a Caracas

Según Juan Carlos Tanus, director de la organización Colombianos en Venezuela, un colectivo de apoyo al inmigrante colombiano, el paramilitarismo colombiano avanza en Venezuela por dos vías: a través de la economía informal, y de la mano de los sectores antichavistas más recalcitrantes. Tanus denuncia que “el paramilitar que viene a hacer el trabajo político se presenta como vendedor. Compra algunas pequeñas propiedades, como los abastos, vende en los puestos de perros calientes, en la buhonería, lo que le permite irse afianzando en el plano social. Ésta es una dimensión del paramilitarismo. En otra, va haciendo acercamientos con las bandas y los distribuidores de drogas, para tener el control de la distribución y el consumo en las barriadas populares, incluso en los sectores de la capital… Llegan, entregan, reparten droga, van afectando a un grueso de la población y, al final, terminan matando a los que estaban controlando, para asumir ellos el control total”.

Para Tanus, el informal es uno de los sectores donde los ‘paracos’ se mueven con mayor impunidad. “Hemos detectado que los famosos ‘presta diario’ son fundamentalmente paramilitares que se hacen llamar ‘compra-venta bolivariana’. Operan en Caracas, en el municipio de Sucre y otras ciudades como Valencia, y es la misma red de paramilitares que presta dinero al sector buhonero. Terminan asesinando a quien le prestan dinero cuando no cumplen, los intereses se mueven entre el 10% y el 100%”.

El periodista y ex vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, relata a DIAGONAL que el paramilitarismo ha creado frentes en varias regiones del país. “Estos tienen nexos con el narcotráfico en Zulia, con el abastecimiento de armas en Táchira, con el adiestramiento y reclutamiento en Carabobo y el lavado de dinero en Nueva Esparta, entre otros”, y prosigue indicando que sólo en Caracas operan el Frente El Hatillo, Frente Miranda, Frente Urbano Petare y el Frente de Avanzada Chacao.

EL ESPIONAJE COLOMBIANO

La crisis interna en el DAS (inteligencia colombiana) permitió la filtración de documentación que revela la existencia de una llamada “Operación Salomón” de espionaje en Ecuador, y los proyectos “Fénix” de espionaje en Cuba y el “Falcón” de espionaje en Venezuela. En estos documentos, que son fruto de un proceso interno y secreto del DAS por “fuga de información”, uno de los declarantes, Carlos Orguela, con cédula colombiana 79.596.402, indica que “los gastos corren por cuenta del DAS y la Embajada Americana a través de la CIA”.

DEL CAMPO A LA CIUDAD

Para Dario Azzellini, politólogo de origen italiano, la penetración del paramilitarismo en Venezuela se ha compuesto de dos fases. En la primera, se desarrolla en el marco legal de lucha contra el latifundio y la distribución de las tierras (Ley de Tierras 2001 y Reforma Agraria). Los paramilitares son utilizados por los terratenientes para actuar en formato sicariato contra los líderes y organizaciones campesinas venezolanas.

Consecuencia de aquel periodo, los paramilitares penetraron fuertemente en los Estados de Zulia y Táchira, implantando cobros de vacunas (pago por protección) y haciéndose con el control del contrabando de gasolina y alimentos, llegando incluso a instalar el toque de queda en algunas poblaciones, supuestamente para combatir la inseguridad ciudadana. La segunda es más reciente, y tiene que ver con su penetración en las grandes urbes. Este fenómeno tiene apenas entre uno y dos años. Los paramilitares se van apropiando del control de barrios periféricos y populares, haciéndose con importantes espacios de la economía informal y la venta de droga. También se erigen como guardianes del orden público, proyectándose como frente de choque contra la inseguridad ciudadana y haciéndose con el control del “prestamismo”. El objetivo de los EE UU en Venezuela no es una invasión militar, lo que podría conllevar incluso un fortalecimiento del proceso revolucionario. El objetivo es que el proyecto bolivariano se caiga solo, y el paramilitarismo, al igual que lo fue la ‘contra’ en Nicaragua, es una de las estrategias, quizás la más importante, de erosión del proceso bolivariano.

IMPLICAN AL MINISTRO DE DEFENSA

El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Ramón Carrizález, aseguró el 17 de diciembre que paramilitares, narcotraficantes y espías colombianos presos en este país vincularon con sus actividades al ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva. Según el dirigente, se ha podido constatar que aparece el nombre de Silva en acciones contra la soberanía venezolana.

“LIMPIEZA SOCIAL” EN TÁCHIRA

El 30 de octubre pasado Venezuela detuvo a ocho paramilitares en el Estado fronterizo Táchira. “Estas personas estaban repartiendo una especie de panfletos propios de las prácticas paramilitares, donde indicaban que se iba a comenzar con una limpieza social, es decir asesinatos, desapariciones”, dijo el ministro de Interior de Venezuela, Tarek El Aissami.

¿TENTATIVA DE GOLPE DE ESTADO?

El 9 de mayo de 2004 fueron capturados y enjuiciados 55 presuntos paramilitares colombianos, descubiertos en la hacienda Daktarí, en las inmediaciones de la ciudad de Caracas, propiedad del cubano anticastrista Robert Alonso. En esa ocasión se acusó al dirigente de preparar un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. 71 personas fueron detenidas posteriormente en el cercano rancho de Gustavo Cisneros, empresario mediático opositor.

¿Por qué América Latina no debe firmar los Acuerdos de Asociación con la Unión Europea? (Parte I)

Decio Machado / Quito. Ecuador

Los Acuerdos de Asociación (AdA) impulsados por la Unión Europea (UE) son instrumentos jurídicos que buscan en teoría el “fortalecimiento de las relaciones entre las partes contratantes, basándose en los principios de reciprocidad y de intereses comunes”, contemplando tres apartados básicos: la institucionalización del diálogo político, el reforzamiento y ampliación de la cooperación, y el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales a través de la liberalización del comercio.


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¡Yo acuso!

Decio Machado
Sociólogo y periodista

Hiperpresidencialismo, control de la ciudadanía, imposición del comunismo, fraude electoral, ley mordaza, vínculos con las Fuerzas Revolucionaras Armadas de Colombia (FARC) y narcotráfico, talante dictatorial, cercenar la autonomía universitaria o llevar al Ecuador a la bancarrota... son algunas acusaciones que enfrenta el Gobierno a diario.

La crisis de la “partidocracia” hizo que Ecuador se encuentre en un tránsito del poder que existió durante las últimas décadas a un nuevo esquema social, en el cual ya no gobiernan las cámaras del alto empresariado ni la vieja clase política. Esto provoca una brutal reacción de la oligarquía y, en ese sentido, “¡Yo acuso!”.

Yo acuso a las grandes empresas mediáticas del país de no defender el principio de democratización de la información y la construcción de una instancia de poder discursivo ciudadano. De no defender la información veraz como herramienta para discernir, elegir o discrepar, facilitando el debate y la construcción de sociedad. Les acuso de tener lazos con grupos de poder en la oposición, generando intención y direccionalidad en la información, olvidando los principios básicos de la ética periodística. Les acuso de no hacer periodismo, sino política, apostando por nuevos liderazgos en la decadente derecha ecuatoriana con el fin de derribar al gobierno democráticamente elegido.

Yo acuso a los empresarios que especulan con los productos de primera necesidad castigando a la población a fin de desestabilizar al Gobierno.

Acuso a los evasores de impuestos y capitales, por incumplir conscientemente con la normativa fiscal defraudando a la sociedad. Acuso a los empresarios que se resisten al salario de $320 para sus trabajadores, olvidando que de ellos extraen su plusvalía. Acuso a la banca privada que siembra el pánico con falsas alertas de desestabilización del sistema financiero, a la vez que niega créditos a la ciudadanía. También acuso a los caciques del agua, que camuflados en proyectos comunitarios mantienen la potestad de decidir clientelarmente a quienes suministran, resistiéndose a la nueva Ley del Agua.

Yo acuso a la Federación Interamericana Empresarial y a su presidenta Joyce de Ginatta, de mentir cuando dice que este es un país “sin libertad de prensa, sin Cortes independientes, sin seguridad energética”, y de olvidar que las actuales tasas de pobreza vienen heredadas de la era neoliberal.

De igual manera, acuso a los analistas económicos neoliberales, Walter Spurrier, entre otros, que con doctrinas que han generado en los últimos 30 años cada vez más desigualdad, cuestionan la política económica olvidando que este país es de los de mayor crecimiento en la región a pesar de la crisis mundial.

Yo acuso por último, a los empresarios de la educación superior y a las élites de la enseñanza universitaria, que priorizando sus negocios y status quo, han desarrollado un patético sistema educativo como demuestra el informe del Conea. Les acuso de mentir cuando denuncian el intento violar la autonomía universitaria y de manipular a los estudiantes en clara connivencia con organizaciones políticas de la izquierda sectaria.

Parafraeando a Émile Zola, ¡yo los acuso!

Publicado en El Telégrafo de Ecuador, el 14 de diciembre de 2009

Los fantasmas de la represión claman Justicia en El Salvador

Decio Machado / San Salvador (El Salvador)

A raíz de la llegada de Mauricio Funes y el Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN) al gobierno de la República de El Salvador, múltiples voces de la sociedad salvadoreña se levantan clamando investigaciones y justicia ante los numerosos casos de represión y genocidio que han permanecido ocultos en algunos casos hasta treinta años.

La guerra civil salvadoreña, que se prolongó entre 1980 y 1992, dejó un legado de 70.000 muertos y 7.000 desaparecidos, la mayoría civiles a manos de las fuerzas militares, policía y los escuadrones de la muerte organizados desde ARENA, partido político que gobernó durante los últimos 20 años consecutivos hasta el 1 de junio del presente año, fecha en la que tomó posesión como presidente de la República Mauricio Funes por el FMLN.

Asesinatos que marcaron una década

El asesinato del arzobispo de San Salvador

El asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, es un asunto que atraviesa la historia de El Salvador. Este sacerdote, quien fue definido popularmente como “la voz de los que no tienen voz”, fue asesinado mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospitalito de la Divina Providencia el 24 de marzo de 1980. El informe de la Comisión de la Verdad, auspiciado por Naciones Unidas, implicó a los escuadrones de la muerte en su asesinato y en especial a su fundador, Roberto D´Aubuisson.

Sobre su legado queda entre otras la famosa frase: “Yo quisiera hacer un llamamiento, de manera especial, a los hombres del ejército. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismo hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice: No Matar”. “Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla”, dijo el sacerdote un día antes de su asesinato.

Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones Ignacio Ellacuría de la Universidad Carlos III nos recordaba: “Mientras la Iglesia era perseguida y sus líderes mas representativos, asesinados, ¿cuál fue la actitud del Vaticano? Yo creo que puede hablarse de cierta complicidad, ya que desde el comienzo condenó la teología de la liberación, impuso silencio a algunos de sus principales cultivadores y los acusó –también a los jesuitas de la UCA- de marxistas sin sentido crítico, de desviarse de la doctrina católica, de politizar la fe y ponerla al servicio de la subversión e incluso de apoyar la violencia”.

En este sentido, se hace interesante recordar las frases cruzadas en la última visita al Vaticano de Monseñor Romero con Juan Pablo II, en las que el ya fallecido Papa le indicaba: “Cuidado, monseñor, que el comunismo ha entrado en la Iglesia!”, a lo que el arzobispo de San Salvador contestó con firmeza: “Santidad, no son los comunistas quienes asesinan a los sacerdotes en El Salvador”.

Para el padre José María Tojeira, rector de la UCA, “el asesinato de Monseñor Romero fue el signo de la apertura de la guerra civil, precisamente el intento de destruir en su persona la misericordia y la racionalidad pacífica que él representaba”.

El actual gobierno salvadoreño ha manifestado su voluntad de poner en marcha la construcción de una plaza estatal en homenaje a Romero y la realización de un video “sobre su vida y legado moral espiritual” con el objetivo de “rescatar su invaluable aporte humanista y preservarlo para futuras generaciones”, al mismo tiempo que indica que estudiará una reparación económica a sus familiares. Todo ello en el marco de cumplimiento de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitidas en el año 2000 y que ningún gobierno de la derecha quiso acatar.

Adelaída Estrada, portavoz de Concertación Monseñor Romero, coordinación de organizaciones sociales que reivindican la figura del sacerdote, nos indica que su organización exige que el presidente Funes pida perdón en nombre del Estado el próximo 24 de marzo (a los 30 años del asesinato) frente a la catedral metropolitana.

Pero más allá de ello, los responsables gubernamentales no han querido definirse sobre la posibilidad de abrir investigaciones y juzgar a los responsables del crimen.

El asesinato de seis jesuitas y dos asistentes en la UCA

El reconocido catedrático salvadoreño y actual Viceministro de Justicia y Seguridad del gobierno de Funes, Henry Campos, así como el Magistrado de la Corte Suprema, Sidney Blanco, declararon ante la Audiencia Nacional española el pasado 26 de noviembre por los asesinatos de los seis jesuitas en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas (UCA) acontecido el 16 de noviembre de 1989. Ambos fueron los fiscales encargados de la acusación en el proceso que se llevó a cabo en El Salvador contra nueve militares por este caso. Dicha querella fue promovida por el Center For Justice & Accountability de San Francisco (EEUU) y la Asociación Pro Derechos Humanos en el Estado español.

En estos hechos fueron brutalmente asesinatos los sacerdotes hispano-salvadoreños Ignacio Ellacuría, entonces rector de la UCA, Ignacio Martín Baró, vicerector, junto a otros tres religiosos españoles y uno salvadoreño, al igual que una trabajadora doméstica y su hija de 16 años que en aquel momento se encontraba en la residencia de estos.

Ambos ex fiscales declararon que el proceso tuvo claros “obstáculos en la investigación hacia arriba”, añadiendo que “la investigación se limitó a buscar responsables desde el coronel (Guillermo Alfredo) Benavides hacia abajo”.

A pesar de que en los primeros días tras el asesinato, el gobierno salvadoreño acusó de los homicidios a la guerrilla del FMLN, llegando a decir el entonces presidente Cristiani que los guerrilleros habían reinvidicado los crímenes a través de Radio Venceremos; el coronel Benavides, director de la Escuela Militar de San Salvador y el teniente Yussy Mendoza, fueron condenados a treinta años, aunque ambos liberados catorce meses después, en 1993, tras promulgarse la Ley de Amnistía que perdonó todas las atrocidades cometidas durante la guerra civil en El Salvador.

Pero la declaración de los dos notables ante la Audiencia Nacional es contundente: “el juicio fue controlado y se hizo responsable a los intermediarios exculpando a los autores y a los dirigentes de los asesinatos”.

Según documentos desclasificados por la CIA en el 2001, dicho asesinato se gestó premeditadamente durante los tres días previos, la orden fue emitida por el general René Emilio Ponce, entonces Jefe del Estado Mayor, tras una reunión el día de antes con el presidente salvadoreño entre 1989 y1994, Alfredo Cristiani, y el ministro de Defensa, general Rafael Humnero Larios en las dependencias del Estado Mayor, según consta en el informe de la Comisión de la Verdad (elaborado por NNUU), permaneciendo en el interior del lugar hasta después de que se hubiesen cometido los crímenes (ubicado a unos 500 metros de la UCA). Los documentos de la CIA indican que el Departamento de Estado norteamericano tenía constancia previa de la masacre, a través de un informe denominado “Ellacuría assassination” emitido el día antes por William Walker, quien era embajador de los EEUU en El Salvador cuando se perpetró la masacre. Al hacer relación dicho informe a aliados de los EEUU en El Salvador, el documento iba precedido por clasificaciones de “Secret” y “Nodis” (No Distribution).

De igual manera, del estudio de los documentos desclasificados se deduce, según analistas consultados, que el CESID (la agencia de inteligencia española en aquel momento) también tenía conocimiento o barajaba la misma información que los estadounidenses. El gobierno de Felipe González no cambió a su responsable de inteligencia en El Salvador hasta cinco meses después de los sucesos.

En la trama, según en jefe de la misión diplomática estadounidense, también estaba el mayor del ejército Roberto D´Aubuinson. Según el informe de Walker, D´Aubuison había dado orden implícita de “limpiar el nido de subversivos en la UCA”.

Estos asesinatos se dieron en el marco de la ofensiva guerrillera lanzada por el FMLN en la capital salvadoreña, conocida como operación “Hasta el Tope” y planificada como el asalto final, que no se consumó, debido a que la guerrilla decidió retirarse de San Salvador ante la enorme matanza de civiles en los barrios más humildes que emprendió el ejercito.

El proceso de investigación en el que intervinieron los dos ex fiscales estuvo viciado desde el primer momento. El abogado Mauricio Eduardo Colorado, quien había sido nombrado fiscal general siete meses antes, tras el ajusticiamiento por la guerrilla a su antecesor, llegó a tener profundas diferencias con Blanco y Campos, indicándoles según narran los declarantes que no se tomaran tan a pecho su trabajo, pues en aquella atmósfera de suma tensión era mejor no asomar mucho la cabeza. Según los declarantes en la Audiencia Nacional, “el doctor prácticamente amenazaba a los fiscales con que no insistiéramos en la investigación”. Nos decía: “Miren, los acusados son coroneles y estos no perdonan, no son pollos a los que estén asustando. Son coroneles. Yo les pido que se mantengan al margen y que dejen al juez hacer lo que él quiera”.

El 16 de noviembre del presente año, en el marco del aniversario de los 20 años de la llamada “Masacre de la UCA”, el gobierno de Funes homenajeó póstumamente a los jesuitas asesinados, por su labor académica y su contribución al proceso de paz culminado en 1992. Según Funes, “hoy, 20 años después de su cruel asesinato, poner en las manos de los familiares y compañeros (…) el mayor reconocimiento que concede este país, como es la Orden José Matías Delgado, significa, para mí, retirar un velo espeso de oscuridad y mentiras para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad”.

El padre Jon Sobrino, compañero jesuita de los mártires de la UCA, que salvó su vida por estar en ese momento de viaje a Tailandia para dictar unas conferencias, revelaba sobre sus compañeros asesinados 20 años atrás: “reprodujeron en forma real, no intencional o devocionalmente, la vida de Jesús. Su mirada se dirigió a los pobres reales, aquellos que viven y mueren sometidos a la opresión del hambre, la injusticia, el desprecio, y la represión de torturas, desaparecimientos, asesinatos, muchas veces con gran crueldad”.

Por su parte, Roberto D´Aubuinson murió en 1992 de cáncer sin que fuese juzgado por la justicia, es más, los gobiernos arenistas le levantaron un monumento en la zona noble de San Salvador donde reza la leyenda: “El Salvador será la tumba de los comunistas”.

La impunidad en El Salvador

Estos dos crímenes cometidos contra sacerdotes marcaron los extremos de la guerra salvadoreña: en 1980 con el asesinato de Monseñor Romero, se definía el nivel de violencia y brutalidad que evidenciaba la oligarquía salvadoreña en aras a mantenerse en el poder; y con el de los jesuitas de la UCA, en 1989, se obligó ante el estupor internacional a que los EEUU cerraran gran parte de la ayuda al ejercito salvadoreño, lo que significó la apertura de puertas a la vía de negociación.

Entre ambos, miles de asesinatos y masacres cometidos son suma violencia sobre la población civil, sin juicios ni castigos para los responsables.

La retórica de no abrir puertas al pasado ha convertido en infructuosos todos los intentos de investigar. Todos ellos fueron obstaculizados por la jerarquía militar y política, y el Estado ha negado y sigue negando su obligación de averiguar la realidad y la responsabilidad de estos hechos.

Según Benjamín Cuéllar, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), “la aptitud de las Fuerzas Armadas es cuestionable porque siempre se ha negado a colaborar con la Justicia para la suspensión de la impunidad, un punto que si estaba en los Acuerdos de Paz; lo que no estaban eran las amnistías y las prescripciones de delitos para no investigar”, indicando a su vez que, “la Ley de Amnistía debe ser derogada por tres razones: primero, por razones éticas y de dignidad de las víctimas, porque esa ley siempre ha sido el argumento para no hacer nada; segundo, porque el Estado tiene que cumplir con el mandato de la Comisión Interamericana que exige su derogación; y tercero, porque la ley impide la reconciliación nacional, es la piedra que impide que avancemos hacia una sociedad de paz, con justicia y conciliada”.

Con la Ley de Amnistía General, el Estado ha violado el artículo 2 de la Convención Americana, violando igualmente el derecho a conocer la verdad en perjuicio de los familiares de las víctimas y de la sociedad salvadoreña en su conjunto.

El nuevo gobierno llegó de la mano de un candidato que hizo campaña repitiendo que su inspiración era Monseñor Romero, pero que hasta la fecha ha rehuido de su obligación moral de exigir la apertura de investigaciones, de ordenar que se abran los archivos del ejército y de buscar mecanismos para aclarar los crímenes de guerra. Funes, por miedo, se aferra a contradecir las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exige a El Salvador que derogue la Ley de Amnistía.

Hoy, los fantasmas del arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero, así como los de los seis jesuitas mártires de la UCA, junto a su empleada e hija, se levantan del pasado reclamando justicia. Justicia no solo para ellos, sino para los miles y miles de campesinos, sacerdotes, enseñantes, juristas, académicos, universitarios, niños y mujeres asesinados por los escuadrones de la muerte y por el ejército, con la intención de crear el pánico y evitar así cualquier apoyo a la guerrilla, que hoy es gobierno en el pequeño país salvadoreño.

Romero, Ellacuría y Martin-Baró, entre otros, son mártires de un pueblo, y un símbolo a nivel internacional. El símbolo de la atrocidad que es capaz de cometer el fascismo. Para ello, basta una muestra…

Al cumplir este marzo pasado 80 años el profesor e intelectual Noam Chomsky, un periodista le preguntó qué le daba fuerza para continuar en la lucha. “Imágenes como ésa”, respondió, señalando con la mano un cuadro en el que aparece el arzobispo Romero y los seis jesuitas de la UCA.

Deuda histórica con la justicia en El Salvador

AMÉRICA CENTRAL // EL ASESINATO DEL MONSEÑOR ROMERO Y LA MASACRE DE LA UCA FUERON LOS CASOS MÁS SONADOS DE LA GUERRA CIVIL

Con la llegada del FMLN al poder, importantes sectores de población reclaman la derogación de la Ley de Amnistía de 1993, que garantizó la impunidad a los responsables de miles de crímenes.

Decio Machado // desde El Salvador

A raíz de los recientes actos de homenaje a Monseñor Óscar Arnulfo Romero y a los “mártires de la UCA”, diversas voces se levantan en El Salvador exigiendo una justicia que ha sido negada durante más de 20 años, traicionando incluso el espíritu que se recogía en los Acuerdos de Paz de Chapultepec firmados en enero de 1992.

La guerra civil salvadoreña se prolongó entre 1980 y 1992 y dejó un legado de 70.000 muertos y 7.000 desaparecidos, la mayoría civiles a manos de las fuerzas militares, policía y los escuadrones de la muerte organizados desde ARENA, partido político que gobernó durante 20 años consecutivos hasta el 1 de junio del presente año, fecha en la que tomó posesión como presidente Mauricio Funes por el FMLN.

El asesinato de Monseñor Romero, definido popularmente como “la voz de los que no tienen voz”, se cometió mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospitalito de la Divina Providencia el 24 de marzo de 1980. El informe de la Comisión de la Verdad
(auspiciado por la ONU) implicó a los escuadrones de la muerte en su asesinato y en especial a su fundador, Roberto D’Aubuisson, también fundador de ARENA.

Para el padre José María Tojeira, rector de la Universidad Centroamericana (UCA), “el asesinato de Monseñor Romero fue el signo de la apertura de la guerra civil, precisamente el intento de destruir en su persona la misericordia y la racionalidad pacífica que él representaba”.

El pasado 26 de noviembre, la Audiencia Nacional española llamó a declarar al actual viceministro de Justicia de El Salvador, Henry Campos, así como al Magistrado de la Corte Suprema, Sidney Blanco, por el asesinato de seis jesuitas en la UCA el 16 de noviembre de 1989. Ambos fueron los fiscales encargados de la acusación en el proceso
que se llevó a cabo en El Salvador a raíz de la masacre. En estos hechos fueron brutalmente asesinatos los sacerdotes hispano-salvadoreños Ignacio Ellacuría (entonces rector de la UCA), Ignacio Martín Baró (vice rector), junto a otros tres religiosos españoles y uno salvadoreño, al igual que una trabajadora doméstica y su hija de 16 años que en aquel momento se encontraba en la residencia de estos. Según los declarantes, “el juicio fue controlado y se hizo responsable a los intermediarios exculpando a los autores y a los dirigentes de los asesinatos”.

Impunidad garantizada

Por ello, fueron condenados a 30 años tan solo dos oficiales, liberados 14 meses después, en 1993, tras promulgarse la Ley de Amnistía.

Según documentos desclasificados por la CIA en 2001, dicho asesinato se gestó premeditadamente durante los tres días previos, la orden fue emitida por el general René Emilio Ponce, entonces Jefe del Estado Mayor, tras una reunión el día de antes con el presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani, y el ministro de Defensa, general Rafael Humnero Larios en las dependencias del Estado Mayor, a unos 500 metros de
la UCA y donde permanecieron durante los hechos. Los documentos de la CIA indican que el Departamento de Estado tenía constancia previa de la masacre, a través de un informe denominado Ellacuría assassination emitido el día antes por William
Walker, quien era embajador de los EE UU en El Salvador. En la trama también estaba el mayor del ejército Roberto D’Aubuinson.

Según el informe de Walker, D’Aubuison había dado orden implícita de “limpiar el nido de subversivos en la UCA”. D’Aubuison murió en 1992 de cáncer sin que nunca
fuese juzgado por sus crímenes.

El 16 de noviembre pasado, en el aniversario de los 20 años de la ‘Masacre de la UCA’, el Gobierno de Mauricio Funes homenajeó póstumamente a los jesuitas asesinados
por su labor académica y su contribución al proceso de paz culminado en 1992. Según Funes, “hoy, 20 años después de su cruel asesinato, poner en las manos de los familiares y compañeros (…) el ayor reconocimiento que concede este país, como es la Orden José Matías Delgado, significa, para mí, retirar un velo espeso de oscuridad
y mentiras para dejar entrar la luz de la justicia y la verdad”.

Estos dos crímenes cometidos contra sacerdotes marcaron los extremos de la guerra salvadoreña: en 1980 con el asesinato de Monseñor Romero, se definía el nivel de
violencia y brutalidad que evidenciaba la oligarquía salvadoreña en aras a mantenerse en el poder; y con el de los jesuitas de la UCA, en 1989, se obligó ante el estupor internacional a que los EE UU cerraran gran parte de la ayuda al ejército
salvadoreño, lo que obligó a la apertura de la vía de negociación.

Entre ambos, miles de asesinatos y masacres cometidos con extrema violencia contra la población civil, sin juicios ni castigos. Bajo la retórica de no abrir puertas al pasado todos los intentos de investigar fueron obstaculizados por la jerarquía
militar y política, así como por el Estado quien sigue negando su obligación de investigar los hechos.

Para Violeta Valles, prestigiosa jurista salvadoreña, “el nuevo Gobierno llegó de la mano de un candidato que hizo campaña repitiendo que su inspiración era Monseñor Romero, pero que ha rehuido de su obligación moral de exigir investigaciones, de
ordenar que se abran los archivos del ejército y de buscar mecanismos para investigar los crímenes de guerra, aferrándose a contradecir las resoluciones de la Comisión Interamericana de DD HH que exige que se derogue la Ley de Amnistía”.

Según Benjamín Cuéllar, el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), “la aptitud del ejército es cuestionable porque siempre se ha negado a colaborar con la Justicia para la suspensión de la impunidad, un punto que sí estaba
en los Acuerdos de Paz. Lo que no estaban eran las amnistías y las prescripciones de delitos para no investigar”. Cuellar defiende que “la Ley de Amnistía debe ser derogada: primero, por razones éticas y de dignidad de las víctimas, porque esa ley
siempre ha sido el argumento para no hacer nada; segundo, porque el Estado tiene que cumplir con el mandato de la Comisión Interamericana que lo exige; y tercero, porque la ley impide la reconciliación nacional, al ser la piedra que impide que avancemos
hacia una sociedad de paz, con justicia y conciliada”.

Artículo publicado en el periódico DIAGONAL con fecha 9 de diciembre de 2009

Ecuador y la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión

Decio Machado desde Quito (Ecuador)

Desde primeros de noviembre, la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional ecuatoriana, debate sobre la propuesta del presidente Rafael Correa para denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión firmados por el Ecuador, todos ellos antes de su nombramiento.

Antecedentes y Justificación

Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) son un tipo especial de contrato suscrito entre dos Estados para asegurar una efectiva protección al inversionista extranjero por parte del Estado receptor y de esta forma "promover" las inversiones en dicho país dentro de un "marco legal estable". Los TBI forman parte de un complejo sistema diseñado en varios niveles, que van desde lo nacional a lo multilateral, que constituye el marco jurídico para el reconocimiento de los intereses y prerrogativas de los inversionistas.

Por lo general, el contenido de estos contratos (los TBI) es muy similar y obedece en su estructura a un formato recomendado en 1962 por el Consejo de Ministros de la OECD, aunque con el tiempo se ha ido adaptando a los nuevos requerimientos de los inversionistas. Desde entonces los TBI se han difundido ampliamente a lo largo del mundo como un síntoma de la hegemonía del interés privado sobre el interés público que caracteriza al proceso de globalización.

Una de las principales características de los TBI es que incorporan una definición amplia de "inversión", que incluye incluso créditos y otras obligaciones monetarias. Las actividades extractivas, consideradas por la economía clásica como des-inversión obviamente se incluyen dentro del paquete. La inversión extranjera goza por lo tanto de un marco jurídico especial que se sobrepone a la legislación interna de los países.

Otro elemento clave incorporado en la mayoría de TBI, es la cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF) que una vez suscrito, impide que el país receptor conceda mayores beneficios que los establecidos en el TBI a los inversionaistas de un tercer país sin mejorar simultáneamente las condiciones al país emisor de inversión con el que se suscribió el contrato. Incluyen también la cláusula de Trato Nacional, que otorga al inversor extranjero el mismo trato que al inversor nacional.

Los TBI también establecen incentivos y garantías generales especialmente en materia tributaria, sobre expropiación y compensaciones, así como normas de propiedad intelectual que muchas veces van más allá de lo establecido en la ADPIC (acuerdos sobre propiedad intelectual) de la OMC.

Sin embargo el hecho más relevante subyacente en los TBI se refiere al procedimiento de solución de controversias Inversionista-Estado, en el cual se adopta la modalidad de arbitraje en cortes extranjeras. Esta cláusula pone en el mismo nivel a estos dos actores y posibilita algo impensable en otros tiempos; qué una "persona jurídica", en este caso las corporaciones transnacionales, puedan demandar a un Estado Nacional. Hay distintos tipos de cortes de arbitraje. Tal vez una de los más importantes es el CIADI, adscrito al Banco Mundial; UNCITRAL, adscrito a la ONU; y los mecanismos Ad-hoc por acuerdo entre las partes. Estas cortes son de carácter privado y por lo tanto no responden aun interés colectivo.

La duración de los TBI es otro factor clave a considerar ya que condicionan la independencia y soberanía de los Estados. Las partes estipulan la duración que tendrá dicho tratado, pero adicionalmente se contempla una cláusula de "prorroga" en virtud de lo cual una tratado subsiste luego de la denuncia realizada por una de las partes, en el plazo estipulado, generalmente en 10, 15 o 20 años (este también es el caso del Ecuador). En este lapso -entre la denuncia y el fin de la jurisdicción del CIADI -un Estado puede ser requerido para un proceso arbitral, y el mismo se llevará a cabo a pesar de que con anterioridad el Estado haya denunciado dicho tratado.

De esta manera, la violación a lo acordado en los TBI se considera como una violación al derecho internacional (en virtud del principio pacta sunt servanda). Las grandes corporaciones transnacionales, movilizadoras de la inversión, están protegidas por un marco jurídico que va desde las leyes internas de protección a los inversionistas tanto por las normas del derecho internacional, cuanto por los acuerdos establecidos en este tipo de Tratados. La consecuencia es que hoy, muchos países latinoamericanos son víctimas de estos procesos estructurales de injusticia económica.

Ahora, después de varios años de suscritos los TBI entre países de la región y países desarrollados, se pueden observar muchas repercusiones de los mismos en desmedro de los Estados:

- A finales del 2007, el total de controversias internacionales en materia de inversiones fue de 293, de las cuales 187 se sometieron al CIADI. Dichos casos involucraban al menos a 73 Estados, siendo 44 de ellos países en desarrollo. De estos el 78% se fundamentan jurídicamente en supuestos incumplimientos del TBI.

- Argentina, que es el país que más TBIs firmados posee en el mundo (57 en total), es el país que más demandas enfrenta en el CIADI (cerca de 35 demandas).

- Esto se contrapone con el caso de Brasil, que no suscribió nunca ningún TBI y por lo tanto no enfrenta demandas ante el CIADI, dado que además ni siquiera es miembro del organismo.

- Mayoritariamente las demandas corresponden a sectores de actividad vinculados con los recursos naturales, basados tanto en la explotación de petróleo, gas y menería como en la elaboración de alimentos; y también con el sector de servicios, en la generación provisional de electricidad y de agua potable.

- Los casos dirimidos en el CIADI carecen de imparcialidad jurídica, lo cual se evidencia al observar los procedimientos de conformación de los tribunales, donde cada parte nombra un árbitro, pero quien nombra el árbitro dirimente siempre es el presidente del Banco Mundial en coordinación con el Secretario General del CIADI. Estos tribunales no aceptan audiencias con peticionarios externos y se reúnen a puerta cerrada.

- Los fallos del CIADI son definitivos, no cabe recurso de apelación; no son neutrales, de 232 casos sentenciados hasta la fecha, 230 fueron a favor de las empresas y contra los Estados.

- La defensa de los Estados en estas instancias es muy costosa para países como el Ecuador, dada la necesidad de contratar abogados en los Estados Unidos.

Consecuencias de los TBI suscritos por el Ecuador

Según la Procuraduría General del Estado, Ecuador puede perder $ 13.369 millones con solo 9 demandas, la cifra supera en un 29% el total de la deuda pública. Si las 3 compañías que aún no definen sus perjuicios económicos (Murphy, Burlington y Perennco), lo hacen, el monto de la disputa subiría alcanzando los 17.026 millones de dólares. Esta cifra podría financiar la inversión social del Ecuador durante 8 años.

En este momento Ecuador enfrenta 8 demandas ante el CIADI, cinco de ellas se amparan en el incumplimiento de obligaciones de TBI con los Estados Unidos, uno en el TBI firmado con Francia, y otro en el TBI firmado con el Estado español. Las empresas multinacionales involucradas son: MCI Power Group LC and New Turbine Inc., Noble Energy Inc and Machala-Power Cia LTD, Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company, Murphy Exploration and Production Company, Burlington Resources Inc and Others, Perennco y Repsol YPF SA.

Acciones emprendidas por el Ecuador

Los TBI firmados por el Estado ecuatoriano entre 1968 y 2001 están en contradicción con lo que dispone la Constitución vigente del país, la cual fue aprobada por refrendo popular ya en la era Correa, septiembre del 2008, con un refrendo popular mayoritario (64%). Los TBI perjudican los intereses nacionales de las naciones y Ecuador no es una excepción. El texto constitucional en su artículo 422 señala que no se podrá celebrar ni tratados ni instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a otras instancias.

Por ello, durante el año 2009, el gobierno ecuatoriano por iniciativa del presidente Rafael Correa, inició un proceso para denunciar algunos de estos acuerdos, impedir la negociación de nuevos TBI y anunció la salida del Ecuador del CIADI (acto ya culminado). El pedido presidencial se remitió a la Asamblea Nacional y se encuentra en debate.

El Ecuador tiene 17 TBI vigentes, de los cuales decidió denunciar trece. Los cuales se definieron en base a una serie de estudios de evaluación que establecieron denunciar aquellos convenios que no han cumplido su propósito, es decir donde no existen niveles aceptables de inversión recíproca.

Esta medida produce como efecto la separación del EStado denuciante del tratado o convenio, según se establece en el Derecho Internacional. Sin embargo, los seis procesos que el país tiene en el organismo se mantendrán.

Además, durante el mes de junio, mediante el Decreto Ejecutivo 1823, el Estado ecuatoriano emitió una notificación conforme al Artículo 25 del Convenio del CIADI, en el cual establece que no consentirá en someter a esta jurisdicción las diferencias que surjean en materias relativas al tratamiento de un inversión, que se deriven de actividades económicas relativas al aprovechamiento de recursos naturales estratégicos como el petroleo. Anteriormente este mismo proceso ya lo había hecho Bolivia.

El convenio del CIADI permite a los Estados retirarse de este tribunal de arbitraje, mediante el Artículo 71 del Convenio, que establece que la denuncia producirá efecto seis meses después de recibida la notificación al Banco Mundial. Sin embargo el Artículo 72 del mismo Convenio, establece que una notificación de denuncia no afecta a los arbitrajes cuyo "consentimiento" haya sido otorgado antes de dicha notificación. Todo intento de dar consentimiento por parte de un inversor, luego de la notificación será esteril.

Estas medidas no implican de ninguna manera que el Estado ecuatoriano este buscando propiciar estatizaciones de inversiones y afectar los derechos de los inversores. Son por el contrario un intento por recuperar la soberanía jurídica del Estado y de anteponer el interés público al interés privado.

Por ello es de interés estratégico para el Ecuador procurar que se pacte ante foros subregionales la posibilidad de establecer nuevas instancias para la resolución de conflictos entre inversionistas extranjeros y el Estado ecuatoriano.

Para ello el país busca posicionar en el marco de la UNASUR y aprovechando la Presidencia Pro Tempore de Rafael Correa, la creación de un organismo regional que sustituya para los países latinoamericanos el papel del CIADI, esta circunstancia ha pasado a ser una prioridad. Este organismo por construir, se plantea desde la necesidad de una gestión efectiva, rápida y objetiva en el marco de la resolución de conflictos.

El Ecuador goza de medidas de "seguridad jurídica" para las inversiones en materia de legislación interna, estando dicha situación asegurada por mandado constitucional. En este sentido, ha dicho definitivamente NO a renunciar a su soberanía, a la aplicación de sus políticas públicas (tributaria, ambiental, laboral, legislativa, judicial, financiera, económica...). A dicho NO a la renuncia de crear normas de discriminación positiva a favor de los nacionales, de igual manera que dice NO a la creación de un régimen distorsionado y discriminatoria igualando al capital con los seres humanos y a los inversionistas con el Estado. Ecuador dice NO también a la renuncia de la capacidad del Estado de orientar los recursos provenientes del exterior, a la renuncia a obligar a las inversiones a ser sometidas al Plan Nacional de Desarrollo, a la renuncia de establecer leyes o normas secundarias que beneficien a sectores determinados (salud, educación, empleo digno, medio ambiente) y que puedan ser tomadas como "inseguridad contractual", o a la renuncia de la igualdad entre Estados, cuestionando la igualdad jurídica entre Estado y empresa, por muy multinacional que sea.

Con la denuncia de los TBI, el Ecuador a dicho NO a la desconfianza pública del Estado en sus sistema de justicia y propone mètodos alternativos de solución de controversias. Dice NO al debilitamiento de la institucionalidad precisamente cuando se ésta reconstruyendo el Estado tras la "triste y larga noche neoliberal en América Latina" y dice NO al desconocimiento de la capacidad de la Corte Constitucional para ser la instancia final en la solución de cualquier controversia que se llegue a presentar.

Publicado el 6 de diciembre en la página web de Kaos en la Red