Colombia se suma al ciclo de protestas en la región

Noviembre caliente

Los colombianos viven la oleada de protestas más grande de las últimas décadas. Represión, toques de queda y el asesinato de manifestantes han sido los primeros reflejos del gobierno ante las demandas de múltiples sectores sociales. Aunque, con el ejemplo de Chile en mente, el presidente llamó luego a un diálogo nacional con el fin de rebajar la tensión, las demandas de los manifestantes apuntan contra aspectos claves de su mandato.

Por Decio Machado

Miles de colombianos, especialmente jóvenes, protagonizan durante este mes de noviembre movilizaciones diarias en la nación cafetera. Todo empezó con un gran paro nacional el jueves 21, algo que no ocurría en el país desde 1977. Entre los convocantes a estas marchas y al paro destacan sindicatos, organizaciones estudiantiles, organizaciones de mujeres, indígenas, ambientalistas y agrupaciones políticas opositoras al gobierno de Iván Duque.

Para enfrentarlos, el gobierno colombiano ha utilizado la vieja táctica de intentar instalar un clima de vandalismo generalizado en las manifestaciones, con lo que busca criminalizar el reclamo social. Primero en Cali, luego en Bogotá y posteriormente en otras localidades -a pedido del presidente- se fueron decretando toques de queda “para garantizar el orden público y la seguridad de los habitantes”, según declararon las autoridades. De igual manera, las Fuerzas Armadas han tomado posiciones en las grandes ciudades del país, de forma especial en Bogotá, donde desde el pasado 18 de noviembre las tropas están acuarteladas en estado de alerta.

Los allanamientos de vivienda y locales sociales de forma ilegal se han dado por doquier en estos últimos días, al igual que las detenciones arbitrarias. La estrategia implementada por el gobierno es expandir el terror, algo a lo que el Estado está acostumbrado tras 60 años de conflicto interno con la insurgencia. Imágenes de cuerpos de manifestantes lacerados, intoxicados por el gas pimienta, han sido retransmitidas en redes sociales hasta la saciedad. Según la propia Policía, ya son cuatro los muertos y hay al menos 180 detenidos. Los organismos de derechos humanos, por su parte, hablan de al menos 500 heridos.

En ese contexto, el asesinato del estudiante de 18 años Dilan Cruz a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha abierto un debate social que se ha incorporado a las demandas de algunos de los sectores movilizados: disolver este violento cuerpo represivo que forma parte de la estructura de la policía nacional. Este jueves 28, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia concluyó que la muerte a comienzos de esta semana de Cruz se debió a un homicidio. La forma en que se cercenó su corta vida no deja lugar a la discusión: en el informe forense se indica claramente que “la muerte del joven es secundaria al trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por munición de impacto disparado por arma de fuego, lo cual ocasiona severos e irreversibles daños a nivel de encéfalo”.

A Cruz le habían disparado el sábado pasado, durante la represión de una protesta a manos del Esmad, con un cartucho de carga múltiple y munición de impacto tipo bean bag, en un arma de fuego tipo escopeta calibre 12, un tipo de de armamento permitido para el cuerpo antidisturbios. Pancartas y grafitis alrededor del Congreso manifiestan en estos momentos el reclamo popular: “No más Esmad”, “Esmad asesinos” y “Desmonte Esmad”. A muerte se sumó este martes 26 la de Brandon Cely, un soldado de 21 años que se grabó a sí mismo apoyando las manifestaciones y que amedrentado por sus compañeros y por el mando militar, decidió quitarse la vida.

MALA EDUCACIÓN. En la actualidad, tras 15 meses en el poder, Duque roza un 70 por ciento de desaprobación entre la población. De hecho, el pasado mes de octubre, su partido, el Centro Democrático, perdió las elecciones seccionales en ciudades como Bogotá, Cali e incluso Medellín, un feudo político del líder de su partido, el ex presidente Álvaro Uribe. Precisamente es en estas tres ciudades donde las protestas se han hecho sentir con más fuerza durante este caliente mes de noviembre.

El peso juvenil en estas protestas viene marcado por dos circunstancias especiales: el enorme distanciamiento existente entre este sector social y el establishment político colombiano -sea este conservador o progresista- y la lucha de los universitarios en las calles en reclamo de una educación gratuita y de calidad. En los mese previos al estadillo actual, habían sido varias las movilizaciones protagonizadas por los estudiantes de la enseñanza superior que pedían más presupuesto y atención para la educación pública. Colombia, un país que se jacta de ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), aparece entre los más rezagados de sus estados miembros si se tienen en cuenta los indicadores referidos al nivel formativo de su población estudiantil. Por otro lado, tan sólo el 9 por ciento de los estudiantes provenientes de familias pobres colombianas llega a acceder a la universidad, frente a un 53 por ciento de acceso de estudiantes provenientes de familias pudientes.

Las organizaciones estudiantiles -especialmente las universitarias- están exigiendo ahora el fin de los recortes presupuestarios en la educación, el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el gobierno con anterioridad a las protestas (dotación presupuestaria, aplicable en cuatro años, de más de 1.300 millones de dólares para la educación superior en instituciones gratuitas), y el cese de la corrupción enraizada en la gestión de las universidad estatales.

Este reclamo ha alcanzado particular eco en el resto de la población, en vistas de que la corrupción en la gestión pública en Colombia tiene un carácter generalizado y estructural. Dicha situación genera pérdidas para el país cuantificadas por la Contraloría General de la República en torno a los 15 mil millones de dólares. Colombia no ha sido tampoco inmune a los millonarios escándalos de la constructora brasileña Odebrecht, a los que se suma el de la Refinería de Cartagena, un caso de malversación de fondos públicos que salió a la luz en 2016 y que es aún investigado por la Justicia, con implicación de funcionarios de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

“¿De qué me hablas, viejo?”. Sin embargo, quizá el detonante más importante detrás de la convocatoria del conjunto de las protestas de estos últimos días fue la revelación de la masacre de al menos ocho niños en un operativo de las fuerzas de seguridad, ocurrida el pasado 30 de agosto en un campamento guerrillero ubicado en el departamento de Caquetá. Estas muertes, como ha sido habitual durante los años de plomo, habían sido ocultadas a la opinión pública por parte del gobierno de Duque y al salir a la luz a comienzos de noviembre causaron una profunda indignación popular y la salida del Ejecutivo de Guillermo Botero, hasta entonces ministro de Defensa.

El caso se conoció por la población recién el martes 5, cuando durante un debate parlamentario sobre una moción de censura contra Botero, el senador Roy Barreras, del Partido de la Unidad Nacional, lo acusó de ocultar a los colombianos que había “bombardeado a niños”. Ante eso, el ministro decidió renunciar antes que ser censurado por el Congreso. Algunos días después de lo sucedido en el parlamento, un periodista interpeló sobre el tema al presidente Iván Duque, durante un acto político en Barranquilla. La contestación del mandatario, que quedó grabada en un vídeo filmado por el propio periodista, circuló rápidamente en las redes sociales: Duque escucha la pregunta, responde “¿De qué me hablas, viejo?”, y raudamente se aleja en otra dirección.

En el mismo departamento del Caquetá, donde sucedió la muerte de los ocho infantes, se vive una cada vez mayor espiral de violencia por la presencia de de grupos armados, disidencias de las Farc, paramilitares, bandas narcotraficantes y las propias fuerzas armadas. Se trata apenas de un capítulo más de una situación que ya se ha cobrado la muerte de gran cantidad de colombianos, entre ellos decenas de líderes comunitarios en todo el país. Las organizaciones indígenas convocantes al paro nacional con el que comenzaron las protestas reclaman al gobierno el cese de la impunidad frente a los ya 134 líderes sociales asesinados desde que Iván Duque asumió la presidencia de la República en agosto de 2018.

De igual manera, los manifestantes reclaman por la intención gubernamental de reformar el actualmente reconocido “derecho a la protesta social”, reforma que según denuncian los convocantes al paro, tiene como finalidad articular campañas de criminalización social y jurídica sobre quienes se movilizan en las calles. Además, existe un descontento generalizado con el gobierno por su incumplimiento permanente de los acuerdos alcanzados con organizaciones sociales de distinta índole: índígenas, campesinas, ambientales, de la educación y especialmente sindicales.

AGENDA NEOLIBERAL. A estas últimas preocupa especialmente la reforma laboral perseguida por el oficialismo con el respaldo de la Ocde, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, el Consejo Gremial y varios partidos conservadores con representación en el Congreso. El proyecto busca flexibilizar aún más el mercado laboral existente mediante medidas como que, en su primer empleo, a los jóvenes se les pague tan solo el 75 por ciento del salario mínimo establecido. En paralelo se plantea una lógica de contrataciones por hora que hace imposible, en el marco de persistencia del desempleo propia de la inestabilidad macroeconómica que caracteriza al actual capitalismo, que los trabajadores puedan lograr una jubilación digna al final de su vida laboral.

Entre las cuestiones que inquietan a las organizaciones de trabajadores también está la reforma del sistema de pensiones planteada por Duque. Las centrales obreras se resisten al intento de implementación del modelo chileno en Colombia, con el que se busca eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones y entregar los aportes de empresas y trabajadores a manos de fondos privados. Dicha reforma, promovida por las instituciones de Bretton Woods como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuenta con el apoyo del sector financiero privado y las organizaciones patronales del país, y es defendido por el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Para el jerarca, esta sería la única manera de atajar la crisis pensional que vive Colombia de cara a su insostenibilidad en 20 o 30 años.

Otra propuesta del gobierno que enfrenta gran resistencia social es la reforma tributaria planteada desde la Casa de Nariño. Aquí la cosa es muy sencilla, denuncian los sindicatos: el Ejecutivo pretende rebajar la presión fiscal sobre empresas nacionales y transnacionales que operan en la economía colombiana a cambio de incrementarla sobre la clase media y los trabajadores. En paralelo, Duque plantea privatizar las empresas más rentables del país: la petrolera estatal Ecopetrol y la eléctrica Cenit, además de todas aquellas empresas públicas en las que el Estado sea propietario de al menos el 50 por ciento del accionariado (en torno a 40 compañías de distinta índole).

UN DIVORCIO EVIDENTE. Por último y no menos importante, hay un tercer elemento que salió a relucir en estas protestas en curso, el Acuerdo de Paz. Recordemos que este acuerdo con la principal guerrilla colombiana -las Farc- fue firmado por el presidente anterior, Juan Manuel Santos, en 2016. Duque y su partido desarrollaron en aquel entonces una fuerte campaña en contra de dicho pacto. Ahora, uno de los principales ejes de intervención del actual partido de gobierno ha sido intentar obstaculizar la negociación y los compromisos acordados por la gestión anterior.

La confluencia de todas estas frustraciones, demandas, reivindicaciones y resistencias desencadenaron una ola de protestas con un respaldo popular como hace décadas no se veía en Colombia. Sin duda, el fin de 60 años de conflicto armado con las Farc ha influido positivamente en la nueva articulación de estas luchas sociales bajo un rechazo generalizado a la gestión del presidente Iván Duque (véase “Cómo se cuece el sancocho” en página 19). 

Las enormes movilizaciones en curso hicieron que Duque reaccionara de forma relativamente rápida. El mandatario colombiano ofreció a poco de comenzadas las protestas un diálogo nacional con el fin de rebajar la tensión social existente y desmovilizar a la ciudadanía, pero el ofrecimiento no estuvo acompañado de propuestas ni respuestas directas a los reclamos de las multitudes, lo que le hace carecer de credibilidad ante la sociedad movilizada. En resumen, la llamada al diálogo de Duque ha ido en paralelo a la avalancha de críticas que ha recibido por el brutal uso de la fuerza realizado por los aparatos represivos del Estado contra los manifestantes.

En ese marco, las perspectivas de resolución del conflicto a corto o medio plazo en Colombia son tan complejas como las que se viven en Chile o las que posiblemente se reediten en breve en Ecuador. Hipotecados al Fmi y otros organismos multilaterales de crédito, los gobiernos de estos países carecen de soluciones ante los reclamos populares, lo que se suma a la falta de confianza de la población ante las instituciones públicas y el propio Estado. Se trata de una coyuntura donde las ideas de los de arriba ya no convencen a los de abajo y donde la aspiración ciudadana ya no es solo sustituir a los detentadores actuales del poder, sino una profunda y total subversión cultural que ponga en cuestión en sí mismo al concepto de Estado. El divorcio entre sociedad y política institucional en América Latina y gran parte del planeta es cada vez más evidente.

Fuente: La Brecha

América Latina: el momento de reinventar la política

Por Decio Machado / En el Clavo

Nicaragua, Ecuador, Chile, Haití, Guatemala, Honduras, Bolivia… Demandas democráticas, desigualdades sociales, subsidios a combustibles, cuestionamientos a las políticas de las instituciones de Bretton Woods, acusaciones de fraude electoral, extractivismos genocidas, escasez de gasolina y alimentos, corrupción y narcotráfico, son entre otras cuestiones las que se entrecruzan como elementos disparadores de la protesta social en estos días en América Latina.

Pero hagamos memoria. En la mañana del 27 de febrero de 1989, tras la implementación de un paquete de medidas económicas, financieras y fiscales en el marco de los ajustes estructurales impulsados por el Fondo Monetario Internacional para reducir el déficit fiscal, importantes sectores de las clases populares bajaron de los cerros de Caracas en Venezuela. 

Aquellas protestas de la población venezolana empobrecida puso en jaque al gobierno de Carlos Andrés Pérez, quien al día siguiente sacaría a los militares a las calles. El resultado, 276 muertos según cifras oficiales y según otras fuentes hasta cerca de cinco mil fallecidos durante la represión. A este episodio se le conoció como el Caracazo y abrió un nuevo período en la historia reciente de Venezuela y América Latina.

En 1990 llegaría el Inti Raymi en Ecuador; en 1994 el alzamiento zapatista en México; en 1997 caería el gobierno de Abdalá Bucaram en Ecuador; en 1999 asistiríamos al marzo paraguayo. La década siguiente se inauguraría con la Guerra del Agua en Cochabamba / Bolivia, la caída de Jamil Mahuad en Ecuador y la gran marcha de los Cuatro Suyos en Perú; De la Rúa se vería obligado a abandonar la Casa Rosada de Buenos Aires al año siguiente; en 2002 las movilizaciones campesinas y los cortes de carreteras en Perú, junto con el levantamiento popular de Arequipa, harían temblar al Palacio de Gobierno de Lima; viviríamos también en aquel 2002 el anti-golpe de Estado en Venezuela con nuevo protagonismo de los sectores populares de los cerros periféricos de Caracas. En 2003 los levantamientos indígenas y populares en Bolivia, episodio  periodísticamente conocido como la Guerra del Gas; en 2005 los Forajidos en Quito / Ecuador y el chao a la presidencia de Lucio Gutiérrez; en 2006 el levantamiento indígena de la comuna de Oaxaca / México; en 2009 el Baguazo en Perú; en 2011 la marcha del Tipnis y en 2013 las movilizaciones populares de junio de 2013 en Brasil.

Como podemos ver, entre 1989 y 2005 hubo un apretado ciclo de levantamientos populares y grandes movilizaciones que provocaron, de forma directa o indirecta, la caída de una decena de gobiernos en la región: tres presidentes derrocados en Ecuador (Bucaram en 1997, Mahuad en 2000 y Gutiérrez en 2005); dos en Argentina (De la Rúa y Rodríguez Saá en 2001); dos en Bolivia (Sánchez de Losada en 2003 y Mesa en 2005); uno en Paraguay (Cubas en 1999); uno en Perú (Fujimori en 2000), uno en Brasil (Collor de Mello en 1993) y uno en Venezuela (Pérez en 1993).¿Estamos nuevamente ante lo mismo?

Quien estabilizó políticamente a los países de la región tras este período fueron los llamados gobiernos progresistas. Estas fuerzas político institucionales, quienes habían acumulado caudal político durante el período de luchas sociales anteriormente citado, fueron llegando paulatinamente a las poltronas presidenciales durante el llamado ciclo progresista latinoamericano: Venezuela (1999), Brasil y Argentina (2003), Bolivia y Uruguay (2005), Ecuador (2007) y Paraguay (2008).

Mediante lógicas de fortalecimiento y reposicionamiento de los Estados, la generación de excedentes a través del hiper-extrativismo y la exportación de commodities como base de la economía, la aplicación de políticas sociales compensatorias como eje de las nuevas gobernabilidades, y la realización de grandes obras de infraestructura como base de la modernización capitalista en la región, estos gobiernos terminaron con el ciclo de movilizaciones sociales que les había precedido.

Sin embargo, cuando los grandes procesos históricos llegan a su fin y sobrevienen con ellos derrotas políticas de envergadura, se instalan la confusión y el desánimo, se mezcla la realidad con los deseos y se difuminan los marcos analíticos más conscientes, para dar paso a interpretaciones a menudo caprichosas y unilaterales. Eso pasó tras el ciclo progresista.

En muchos de los casos volvieron las derechas, en otros se mantuvieron los gobierno progresistas. En Argentina recientemente vivimos una elecciones donde le ganó la pasado-pasado (neoliberalismo encarnado por Macri) el pasado-reciente (Fernández y Fernández). Da igual… Mientras los gobiernos actuales justifican su inoperancia ante poblaciones sublevadas hablando de golpes de Estados, agentes y espías extranjeros involucrados en las revueltas, grupos armados y embrionarios focos guerrilleros urbanos, la realidad es tremendamente sencilla: nuestras sociedades, especialmente los sectores más jóvenes, viven en franca desconexión con la política y la institucionalidad estatal.

América Latina, tras el desencanto vivido durante el ciclo progresista y en resistencia contra las nuevas políticas neoliberales en la región, está rota. Pero no está rota porque la gente vote diferentes partidos políticos o provenga de sensibilidades políticas, culturales o religiosas diferentes. Está rota porque los latinoamericanos no tienen ninguna seguridad en el mañana y en el futuro.

El proceso globalizador capitalista ha generado que combinemos la inseguridad (no sabemos en que vamos a trabajar o de que viviremos) con la falta de pertenencia y arraigo. Desestructuradas las comunidades, las familias y los países, nos vemos abocados al divorcio absoluto entre política institucional y sociedad.

En este contexto las movilizaciones en la región van a continuar mientras persista el creciente descontento social con las élites en el poder y la falta de respuesta a demandas de la ciudadanía. No están fracasando estrictamente los gobiernos, están fracasando los Estados.

Entender el contexto actual conlleva comprender también que no es el momento de siglas políticas. Vivimos una profunda crisis porque las ideas de los de arriba ya no convencen a los de abajo, sean estas de progresistas o conservadoras. 

¿En que situación estamos entonces…? Es el momento de conformar un gran movimiento popular que tenga capacidad de sumar a mucha gente, venga esta de donde venga, buscando posicionar propuestas que respondan a la emergencia política y social que vivimos en la región. No se trata pues de tan solo sustituir a los actores detentados del poder, sino que es necesario generar una profunda y total subversión cultural. 

ÉQUATEUR - « Le plus intéressant dans le processus récent de luttes populaires, c’est l’émergence de nouveaux leaderships » : Entretien avec Decio Machado

Por Gabriel Brito

DIAL publie dans ce numéro d’octobre une série d’analyses sur les événements des dernières semaines en Équateur. S’il est bien sûr difficile d’appréhender des processus toujours en cours, il nous semble important néanmoins d’amorcer la réflexion, quitte à y revenir plus tard au fil des évolutions. Cet entretien a été publié sur le blog de Decio Machado [1], le 14 octobre 2019.

Decio Machado est un expert en communication et un analyste politique de nationalité espagnole, installé vivant en Équateur depuis plus d’une décennie. Lié aux mouvements sociaux, Machado propose, dans cet entretien, une analyse des mobilisations de la société équatorienne ces derniers jours. Entretien de Gabriel Brito pour Correio da Cidadania (Brésil).

En premier lieu que dire du bilan économique de Lenín Moreno ?

Le gouvernement de Lenín Moreno a derrière lui deux ans et demi de gestion. Au cours de la première année, période durant laquelle il s’est éloigné idéologiquement de la ligne de Rafael Correa, sa feuille de route économique n’a pas été claire. Cependant, durant la seconde moitié de son mandat toutes les mesures économiques se sont clairement orientées vers la libéralisation des marchés, des politiques d’austérité économique, un recul de l’État, qui s’est traduit par le renvoi de 23 000 fonctionnaires, et des politiques du flexibilisation du marché du travail.

Parmi ces mesures économiques, qui ont fini par mettre le feu au pays, ont été annoncées des sujets tels que la suppression des subventions aux combustibles, la réduction de 20% de la masse salariale de tous les contrats de courte durée dans la fonction publique en cas de reconduction, la réduction du temps annuel de vacances des employés du secteur public de 30 à 15 jours, ainsi que l’obligation pour les travailleurs des entreprises publiques de donner obligatoirement un jour de salaire mensuel à l’État. Parallèlement a été décrétée une série de mesures concernant le droit du travail qui impliquent la flexibilisation du marché du travail privé, arguant de la nécessité de mettre en place un modèle en accord avec les temps nouveaux.

Pourquoi l’Équateur a-t-il fait appel au FMI pour orienter sa politique économique ?

Durant la décennie du gouvernement de Rafael Correa on a raconté à la société équatorienne que nous étions un modèle économique exemplaire pour toute la planète. Le régime est allé jusqu’à présenter l’économie équatorienne comme le « jaguar latino-américain », cherchant à se comparer aux« tigres asiatiques ». Néanmoins la réalité était bien différente. Entre 2010 et 2019, la dette pour chaque Équatorien a été multipliée par 7, passant de 538,81 dollars à 3 582 dollars ; le paiement des intérêts par Équatorien a été multiplié par 11, passant de 38,31 dollars à 435,29 dollars ; le coût de la dette a été multiplié par 12, passant de 613 millions de dollars à 7,4 milliards de dollars. En termes comparatifs, le coût actuel de la dette (intérêts et amortissement pour 7,4 millards) est presque plus du double du budget de l’éducation (4,97 milliards de dollars) et presque trois fois le budget de la santé (2,883 milliards de dollars).

Avec un État de plus en plus endetté, les dépenses de consommation ont chuté tant en termes publics que privés, et on a assisté à une claire détérioration des services publics. Une fois terminée la grande fête permise par les excédents pétroliers, il n’y a jamais eu de redistribution de la richesse au cours des mandats de Correa mais des transferts des excédents de l’État pour soutenir des politiques de subventions et d’investissement public dans les infrastructures. Le moteur de l’économie nationale est en panne. Fruit de tout cela le pays est paralysé économiquement depuis six ans et les Équatoriens perdent du pouvoir d’achat d’année en année.

C’est ainsi que, à l’augmentation du déficit fiscal s’est ajouté l’accroissement de l’endettement, auquel ont fait suite des problèmes d’accès au financement, ce qui a contribué à faire baisser les réserves internationales du pays.

Après la fin du « boom des matières premières », l’économie a stagné. En 2017 Rafael Correa a laissé un pays où la dépense publique était amplement supérieure aux revenus permanents nécessaires pour la soutenir. Cela rendait nécessaires des réformes de caractère structurel. Face à d’autres options possibles, Moreno a fini par choisir une vision néolibérale de comment réactiver l’économie.

Au cours de la gestion de Rafael Correa, l’État, sans autre solution à moyen terme, a eu recours à des prêts chinois. Depuis l’arrivée de Lenín Moreno au pouvoir, le pays a modifié sa position sur l’échiquier géopolitique international. Ayant opté pour une politique extérieure liée aux États-Unis, l’Équateur est passé des crédits usuraires chinois, à taux élevés d’intérêt, au financement par le Fonds monétaire et ses plans d’ajustement structurel.

Pourquoi Lenín Moreno a-t-il changé si radicalement la politique économique de Correa ? Quels sont les fondements d’un tel revirement ?

Les entreprises équatoriennes ont un taux d’investissement dans l’économie nationale substantiellement inférieur à la moyenne latino-américaine, qui est en soi déjà très bas. Parallèlement, l’économie équatorienne est très concentrée, la majorité de ses secteurs économiques est dans les mains de l’oligarchie et par conséquent très peu démocratique. Nous pourrions dire que l’entreprenariat du pays est fort peu patriotique. Il en a été ainsi au cours des mandats de Correa et cela continue d’être le cas avec Moreno.

Rien n’a changé au cours des 40 dernières années ; même avec les gouvernements de Correa le pays n’a jamais modifié son modèle d’accumulation capitaliste hérité de la période néolibérale antérieure. En dépit de ses critiques du FMI et des traités de libre-échange, au cours du dernier mandat de Correa, le pays avait déjà commencé à être supervisé par la bureaucratie technocrate du Fonds monétaire, en échange de futurs emprunts. Un accord de libre échange a aussi été signé avec l’Union européenne.

En résumé, la libéralisation économique et la perte de droits pour les travailleurs a commencé en Équateur à partir du moment où a pris fin la grande fête des prix élevés du brut. Deux ans et demi avant que Rafael Correa n’abandonne le fauteuil présidentiel.

Comment comprendre la dépendance de la population à la subvention au carburant et quelles étaient les conséquences de cette volonté d’augmentation des prix ?

La nécessité d’optimiser la dépense publique équatorienne ne fait pas débat, la discussion porte sur qui doit retomber le poids des politiques qui ont pour objectif de ramener l’économie nationale à l’équilibre. Le Décret 883 de libéralisation des prix du carburant impliquait une augmentation notable du prix de l’essence « extra » – le plus utilisée dans le pays – le galon passant de 1,45 à 2,41 dollars. De même que l’essence Éco pays (« extra » avec éthanol) de 1,45 à 2,53 dollars et le Super de 2,3 à 3,07 dollars. Mais au-delà de cela, par expérience historique, le peuple équatorien sait que l’augmentation des prix du carburant a des répercussions sur le secteur alimentaire, les produits de première nécessité et les taux d’inflation.

Cela s’est ajouté au mécontentement généralisé sur le gouvernement de Lenín Moreno. Durant la table de négociations entre les mouvements sociaux et le gouvernement pour résoudre la crise, la phrase qui a été la plus applaudie par le pays est celle d’un leader indien qui a parlé au Président de la République de ses « ministres fainéants ». Ces éléments ont contribué au déclenchement de la révolte nationale menée par le secteur indien mais appuyé par de vastes secteurs des classes populaires.

Comment caractérises-tu les réactions populaires enregistrées jusqu’à nos jours ? Ont-elles un caractère insurrectionnel anticapitaliste ?

Le mouvement indien qui, comme je l’ai dit précédemment, est l’acteur principal de la manifestation et de la grève nationale a effectivement un profil structurel anticapitaliste. Parallèlement, les syndicats équatoriens, dont la structure organisationnelle peine à s’adapter à la précarisation actuelle et qui maintiennent un discours des années quatre-vingt, ont mobilisé leurs faibles forces au cours de ces journées de lutte.

Néanmoins la surprise est venue de secteurs sociaux urbains marginaux, avec parmi eux de nombreux jeunes, qui ont rejoint la lutte avec détermination. Tout comme les étudiants universitaires et un mouvement féministe de plus en plus puissant animé par les jeunes générations.

Tandis que les influenceurs des réseaux sociaux, les générateurs d’opinions des médias conventionnels et les journalistes traditionnels critiquaient quotidiennement les mobilisations, de vastes secteurs de la société de Quito et d’autres villes du pays exprimaient chaque jour leur solidarité avec les manifestants en leur distribuant des médicaments pour les malades ou les blessés, des couvertures, des aliments, des chaussures, de l’eau et de la nourriture.

C’est ainsi qu’a échoué une stratégie réfléchie mise au point par les secteurs les plus conservateurs du pays qui voulaient opposer blancs cultivés et urbains embourgeoisés à des Indiens pauvres venant des secteurs ruraux.

Quelles sont les nuances et les mouvances actuelles de ce mouvement populaire, si on considère qu’une partie soutient Correa et qu’une autre partie a rompu depuis longtemps avec le gouvernement antérieur d’Alianza País ?

Les déficiences de la gestion du gouvernement de Moreno ont permis à Rafael Correa de garder un soutien populaire estimé à entre 22 et 24% de la société. Si l’on est loin des plus de 50% qui l’ont soutenu pendant une grande partie de ses mandats, cela reste un chiffre important pour un Équateur où l’on prévoit un énorme fractionnement des voix lors des prochaines élections présidentielles.

En tout cas, dans un pays où l’establishment politique a grandement perdu de son prestige, le plus intéressant en ce moment est l’émergence dans les mouvements sociaux de nouveaux leaderships issus des jeunes générations. On a pu le constater au cours des mobilisations de ces 12 derniers jours de soulèvement populaire, où le mouvement d’étudiants, de femmes et particulièrement d’Indiens a été dirigé par une nouvelle génération de militants sociaux qui n’ont rien à voir avec le corréisme, qui le rejettent même.

Que penses-tu des réactions du gouvernement, tant pour ce qui est de l’usage des appareils répressifs que du transfert de son siège de Quito à Guayaquil ? Le gouvernement risque-t-il de tomber ?

Le gouvernement actuel de l’Équateur manque d’intelligence politique, d’une vision prospective des scénarios et de capacité stratégique. Le devant de la scène gouvernementale est occupée par une génération de jeunes politiques qui voulaient constituer une droite équatorienne rénovée.

La riposte répressive de la part de l’État aux revendications populaires s’est traduite par la mort de 8 personnes, 1 192 détentions et 1 340 blessés, avant de céder face au mouvement indien lors d’une négociation historique transmise en direct à la télévision, comme l’avaient exigé les secteurs mobilisés.

Le gouvernement national est sorti encore plus affaibli de cette crise qu’il ne l’était avant que n’éclate le conflit. Si l’on considère que l’année 2020 sera une période pré-électorale en Équateur, et que même la droite formule maintenant de fortes critiques à l’encontre du gouvernement car il a cédé sur ses positions et a retiré le Décret 883 sous la pression populaire, on peut supposer que le président Moreno aura une fin de mandat difficile. De là à sa chute, il y a encore une distance respectable.

Que penses-tu de la formulation : « de l’échec du néolibéralisme au populisme ; de l’échec du populisme au retour au néolibéralisme » ? Que révèle-t-elle de nos constructions politiques et idéologiques qui ont abouties jusqu’à présent, tant en Équateur que dans le reste de l’Amérique du Sud ?

Le néolibéralisme des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix en Amérique latine a représenté l’échec d’un modèle pour le sous-continent. De cet échec a émergé le cycle appelé progressiste. Si l’on tient compte de ce que l’Amérique latine est le territoire avec les plus grandes inégalités de la planète, l’absence de transformations économiques structurelles au cours de cette période a rendu à nouveau la société latino-américaine orpheline d’illusions politiques. Les leaders progressistes sont les enfants du « boom des matières premières ». Avec la fin de ce cycle économique, qui a permis aux États de la région de dégager de forts excédents, le modèle des politiques de subventions sans redistribution de la richesse a cessé d’être viable.

Le système de représentation politique est en crise, la caste politique latino-américaine et nos institutions publiques manquent de légitimité sociale, les gouvernements sont de moins en moins crédibles auprès des citoyens. Cette réalité dépasse la géographie de notre continent, c’est une tendance mondiale.

Tout cela requiert de nouvelles formes d’organisations politiques, de nouveaux mécanismes de prise de décision dans les différentes structures des États, la mise en place de mécanismes de démocratie directe et de consensus citoyens. En définitive, il faut réinventer la politique, défi important à un moment où le modèle de production et de consommation installé par le capitalisme a déjà des conséquences négatives irréversibles sur la bonne marche à moyen et à court terme de la planète.

En Amérique latine et en d’autres lieux du système monde on assiste aujourd’hui à des expériences inédites dans la manière dont certains groupes communautaires développent des mécanismes de soutien mutuel et de construction de sociétés parallèles qui ne disputent plus le pouvoir en termes étatiques. Ces résistances en forme de processus autonomes antisystémiques pourraient jouer un rôle important face à l’effondrement annoncé.

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 Dial – Diffusion de l’information sur l’Amérique latine – D 3508.
 Traduction de Françoise Couëdel pour Dial. 

“A casta política latino-americana e suas instituições têm cada vez menos credibilidade ante a cidadania”

Por Gabriel Brito

Após 10 dias de sublevação popular, um histórico encontro entre o presidente Lenin Moreno e lideranças indígenas televisionado ao vivo selou um pacto parcial no Equador. Furiosa com o aumento dos combustíveis e pacote de medidas econômicas austeritárias, por ora suspensos, as massas do país andino afluíram às ruas com tamanha força que obrigaram o governo a “mudar de capital”, refugiando-se em Guayaquil. Para explicar a convulsão social equatoriana, conversamos com o cientista político local Decio Machado.

“Com um Estado cada vez mais endividado, o gasto de consumo foi decaindo tanto em termos públicos como privados, sentindo-se claramente como os serviços públicos foram se deteriorando. Terminada a grande festa propiciada pelos excedentes petrolíferos – nunca houve uma redistribuição da riqueza durante o período correísta, mas a transferência de excedentes do Estado para sustentar políticas de subsídios e investimento público em infraestrutura – o motor da economia nacional foi desligado. Fruto de tudo isso, o país está há seis anos estancado economicamente e os equatorianos perdem ano após ano a capacidade aquisitiva”, disse.

Como se vê, Decio Machado estende sua crítica ao governo anterior de Rafael Correa, que tomou parte dos protestos e é acusado por seus inimigos de ser o grande potencializador dos acontecimentos, uma flagrante mentira. Isso porque, apesar da forma menos radical, já iniciara o giro econômico de retorno ao neoliberalismo.

“O movimento indígena é o principal protagonista do protesto e a greve nacional teve, sim, um perfil anticapitalista. Em paralelo, os sindicatos equatorianos, uma estrutura organizativa com escassa capacidade de se adequar aos tempos de precarização atuais e que mantêm uma narrativa discursiva dos anos 80, mobilizaram o pouco que têm durante essas jornadas de luta. Ainda assim, a surpresa adveio de setores sociais urbanos marginais, muitos deles jovens, que se somaram de forma decidida à luta. De igual forma, os estudantes universitários e um movimento feminista cada vez mais potente que se constrói com base em novas lideranças jovens”, resumiu.

Trata-se de um roteiro que cada vez mais se repente. Entre esquerdas moderadas e populistas e uma direita que não faz concessões em sua agenda, uma população em processo de empobrecimento a colocar ambos os lados contra a parede. Pra completar, um perfil de manifestantes que conforma um novo mosaico de protagonistas e lideranças políticas, sociais, comunitárias.

“O sistema de representação está em crise, os governos têm cada vez menos credibilidade ante a cidadania. Tal realidade supera a geografia do nosso continente, é uma tendência mundial. Tudo isso implica a necessidade de novas formas de organização política, de novos mecanismos na forma em que se tomam decisões desde as diferentes estruturas dos Estados, na implementação de mecanismos de democracia direta e consensos cidadãos. Enfim, há que se reinventar a política, importante objetivo em um momento onde o modelo produtivo e consumista capitalista mostra impactos já irreversíveis para a sustentabilidade a médio e longo prazo do planeta”, analisou.

A entrevista completa com Decio Machado pode ser lida a seguir.


Correio da Cidadania: Em primeiro lugar, como resume o pacote econômico de Lenin Moreno que desatou enormes protestos no Equador?

Decio Machado: O governo de Lenín Moreno já tem quase dois anos e meio de gestão. Durante o primeiro ano, período em que paulatinamente foi se distanciando ideologicamente do correísmo, não se teve clareza de seu papel na agenda econômica. Ainda assim, durante essa segunda metade todas as medidas econômicas tiveram uma clara tendência à liberalização dos mercados, austeridade econômica, diminuição do Estado mediante demissão de 23 mil funcionários públicos e políticas de flexibilização trabalhista.

No anúncio destas últimas medidas econômicas que acabaram incendiando o país, vieram questões como eliminação do subsídio ao combustível, a redução de 20% da massa salarial de todos os contratos na função pública que viessem a ser renovados, a redução do período anual de férias dos empregados públicos de 30 para 15 dias, assim como a obrigação por parte dos trabalhadores das empresas públicas de contribuir obrigatoriamente com um dia de salário mensal ao Estado.

Paralelamente, se decretaram uma série de medidas trabalhistas que implicam em flexibilização do mercado de trabalho privado, justificando-o sob o argumento da necessidade de implementar um modelo correspondente aos novos tempos.

Correio da Cidadania: Por que o Equador recorre ao FMI para a orientação de sua política econômica?

Decio Machado: Durante a década de governo de Rafael Correa contou-se à sociedade equatoriana que éramos um modelo econômico exemplar para todo o planeta. O regime chegou a definir a economia como o “jaguar latino-americano”, buscando se comparar aos “tigres asiáticos”. Mas a realidade era bem diferente.  

Entre 2010 e 2019, a dívida por cada equatoriano cresceu 7 vezes, passando de 538,81 dólares a 3,582; o pagamento de juros por habitante cresceu 11 vezes, de 38,31 dólares a 435,29; e o gasto em serviço de dívida cresceu 12 vezes, evoluindo de 613 milhões de dólares a 7,4 bilhões. Em termos comparativos, o gasto de dívida atual (juros e amortizações, cerca de 7,4 bilhões) supera quase duas vezes o orçamento da educação (4,97 bi) e quase três vezes o de saúde (2,882 bi).

Com um Estado cada vez mais endividado, o gasto de consumo foi decaindo tanto em termos públicos como privados, sentindo-se claramente como os serviços públicos foram se deteriorando. Terminada a grande festa propiciada pelos excedentes petrolíferos – nunca houve uma redistribuição da riqueza durante o período correísta, mas a transferência de excedentes do Estado para sustentar políticas de subsídios e investimento público em infraestrutura – o motor da economia nacional foi desligado. Fruto de tudo isso, o país está há seis anos estancado economicamente e os equatorianos perdem ano após ano a capacidade aquisitiva.

Dessa forma, ao aumento do déficit fiscal se seguiu o incremento do endividamento, ao que se seguiram problemas de acesso ao financiamento, o que fez as reservas internacionais do país começarem a baixar.

Depois do fim do “boom das commodities”, a economia se estancou, em 2017 Correa entregou um país onde o gasto público era amplamente superior às receitas permanentes necessárias para sustentá-los. Isso implicava a necessidade de reformas de caráter estrutural. Frente a outras possíveis opções, Moreno terminou optando pela visão neoliberal de tentar reativar a economia.

Durante a gestão de Rafael Correa, o Estado equatoriano recorreu a créditos chineses para sustentar soluções de médio prazo. Desde a chegada de Lenin ao poder, o país mudou sua posição no tabuleiro geopolítico internacional. Com uma política exterior entregue aos Estados Unidos, o Equador passou dos usurários créditos chineses com altas taxas de juros ao financiamento fundomonetarista e seus planos de ajuste estrutural.

Correio da Cidadania: Quais os fundamentos de tamanho giro de Lenin em relação a seu antecessor e colega de partido?

Decio Machado: O setor empresarial equatoriano tem uma taxa de investimento na economia nacional substancialmente inferior à média latino-americana, que já é baixa por si só. Paralelamente, a economia equatoriana está muito concentrada, a maioria de seus setores econômicos é oligopólica e, portanto, muito pouco democrática. O país goza de um empresariado ao qual podemos definir como escassamente patriótico. Foi assim durante a década correísta e segue sendo durante a gestão Moreno.

Nada mudou durante os últimos 40 anos, inclusive na gestão de Correa o país nunca transformou a matriz de acumulação capitalista herdada do período neoliberal anterior. Apesar de suas críticas ao FMI e aos tratados de livre comércio, durante o último período de gestão de Correa o país já começara a ser supervisionado pela tecnoburocracia fundomonetarista, em troca de empréstimos futuros, até firmar um tratado de livre comércio com a União Europeia.

Em resumo, a liberalização econômica e perda de direitos dos trabalhadores no Equador começaram a partir do término da grande festa dos altos preços do óleo cru. Dois anos e meio antes de Rafael Correa abandonar a presidência.

Correio da Cidadania: A considerar a dependência da população em relação ao subsídio no setor de combustíveis, quais seriam as consequências do aumento de preços?

Decio Machado: O Decreto 883 de liberalização de preços do combustível implicava um notável incremento de preços da gasolina “extra” – a mais usada no país – passando o galão de 1,45 a 2,41 dólares. De igual maneira, aumentavam a gasolina Eco País (com etanol extra), de 1,45 a 2,53, e a Súper, de 2,3 a 3,07. Mas, além disso, por experiência histórica o povo equatoriano sabe que o aumento de preços do combustível afeta o setor alimentício, os produtos de primeira necessidade e as taxas de inflação.

Isso, somado ao descontentamento generalizado com a gestão de Lenín Moreno, fez estourar a revolta nacional encabeçada pelo setor indígena, também apoiada por amplos setores da população mais humilde.

Correio da Cidadania: Como descreve as reações populares registradas? Houve um caráter insurrecional anticapitalista?

Decio Machado: O movimento indígena, como anteriormente disse, é o principal protagonista do protesto e a greve nacional teve, sim, um perfil anticapitalista. Em paralelo, os sindicatos equatorianos, uma estrutura organizativa com escassa capacidade de se adequar aos tempos de precarização atuais e que mantém uma narrativa discursiva dos anos 80, mobilizaram o pouco que têm durante essas jornadas de luta.

Ainda assim, a surpresa adveio de setores sociais urbanos marginais, muitos deles jovens, que se somaram de forma decidida à luta. De igual forma, os estudantes universitários e um movimento feminista cada vez mais potente que se constrói com base em novas lideranças jovens.

Enquanto isso, influenciadores de redes sociais, geradores de opinião em meios de comunicação convencionais e jornalistas tradicionais desprestigiavam de forma cotidiana as mobilizações, mas amplos setores da sociedade de Quito e de outros locais do país expressavam diariamente sua solidariedade com os manifestantes, entregando medicamentos aos doentes e feridos, mantas, alimentos, sapatos, água e comida.

Foi assim que fracassou uma estratégia desenhada pelos setores mais conservadores do país, que pretendia contrapor brancos cultos e urbanitas acomodados contra indígenas pobres provenientes de setores rurais.

Correio da Cidadania: Quais as nuances e tonalidades do movimento popular neste momento, considerando que parte dele apoiava Correa e outra parte, a exemplo da Confederação Nacional dos Indígenas do Equador (Conaie) já havia rompido com o anterior governo da Alianza País?

Decio Machado: As fraquezas na gestão de governo de Moreno permitiram a Rafael Correa manter um apoio popular estimado entre 22 e 24% da sociedade. Longe daqueles mais de 50% que historicamente se apoiou durante grande parte de seu mandato, ainda segue sendo uma porcentagem importante de seguidores para um país onde se prevê um enorme fracionamento do voto nas próximas eleições presidenciais.

Em todo caso, em um país onde o establishment político está altamente desprestigiado, o mais interessante neste momento é a conformação de novas lideranças jovens nos movimentos sociais. Isso se pode ver durante as mobilizações destes últimos 12 dias de sublevação popular, onde o movimento de estudantes, de mulheres e especialmente dos indígenas esteve dirigido por uma nova geração de militantes sociais que nada têm a ver com o correísmo e inclusive o repudia.

Correio da Cidadania: O que pensa das reações do governo, tanto em termos de uso dos aparatos repressivos como da mudança da sede administrativa de Quito para Guayaquil? O governo corre risco de cair?

Decio Machado: O atual governo do Equador carece de inteligência política, construção prospectiva de cenários e capacidade estratégica. A frente política do governo Lenín Moreno está em mãos de uma geração de jovens políticos que pretendem ser a renovação da direita do país.

A resposta repressiva do Estado às reivindicações populares deixou 8 pessoas mortas, 1192 detidas, 1340 feridas para terminar cedendo ante o movimento indígena em uma histórica negociação televisionada ao vivo, fruto da exigência dos setores mobilizados.

Depois de tamanha crise o governo nacional ficou ainda mais enfraquecido do que antes do conflito. Tendo em conta que o ano de 2020 será um período pré-eleitoral no Equador e considerando que inclusive a direita expressa fortes críticas ao governo por ceder em suas posições e voltar atrás do Decreto 883 ante as demandas populares, é de se supor que será muito complexo o trabalho do presidente Moreno no que lhe resta de mandato.

Correio da Cidadania: O que pensa da formulação “do fracasso do neoliberalismo ao populismo; do fracasso do populismo de volta ao neoliberalismo”? O que revela de nossas construções políticas e ideológicas até aqui logradas, tanto no Equador como nos países sul-americanos?

Decio Machado: O neoliberalismo dos anos 80 e 90 na América Latina mostrou-se um modelo falido para o subcontinente. Deste fracasso adveio o chamado ciclo progressista. Tendo em conta que a América Latina é o território com maior desigualdade no planeta, a carência de transformações econômicas estruturais durante este período voltou a deixar a sociedade latino-americana órfã de ilusão política. Os líderes progressistas são filhos do “boom das commodities”; terminado este ciclo econômico que permitiu grandes excedentes para os Estados da região, o modelo de políticas de subsídio sem redistribuição da riqueza se tornou inviável.

O sistema de representação política está em crise, a casta política latino-americana e nossas instituições públicas carecem de legitimidade social, os governos têm cada vez menos credibilidade ante a cidadania. Tal realidade supera a geografia do nosso continente, é uma tendência mundial.

Tudo isso implica a necessidade de novas formas de organização política, de novos mecanismos na forma em que se tomam decisões desde as diferentes estruturas dos Estados, na implementação de mecanismos de democracia direta e consensos cidadãos. Enfim, há que se reinventar a política, importante objetivo em um momento onde o modelo produtivo e consumista implementado pelo capitalismo mostra impactos já irreversíveis para a sustentabilidade a médio e longo prazo do planeta.


Na América Latina e outras partes do sistema-mundo assiste-se hoje a experiências inéditas de como determinados grupos comunitários desenvolvem mecanismos de apoio mútuo e geração de sociedades paralelas que já não disputam o poder nos termos do Estado. Tais resistências em forma de processos autônomos antissistêmicos podem exercer um papel importante perante o colapso que está por vir.

Fuente: http://correiocidadania.com.br/34-artigos/manchete/13911-a-casta-politica-latino-americana-e-suas-instituicoes-tem-cada-vez-menos-credibilidade-ante-a-cidadania