Decio Machado
miércoles, 28 de enero de 2026
viernes, 22 de agosto de 2025
Cooperativas bajo asedio: la disputa por la economía popular en Ecuador
Por Decio Machado
En Ecuador, las cooperativas de ahorro y crédito representan mucho más que simples instituciones financieras. Son herederas de una tradición comunitaria de solidaridad, confianza mutua y gestión autónoma de recursos en territorios que el sistema financiero privado descarta y donde el Estado suele llegar tarde o nunca llega.
Las cooperativas de ahorro y crédito constituyen, además, un contrapeso histórico a la hegemonía de la banca privada, operando bajo lógicas de proximidad social antes que de maximización de utilidades. De hecho, nacieron como iniciativas de organización comunitaria y barrial; creándose desde abajo, para resolver las necesidades de financiamiento de campesinos, comerciantes, artesanos y trabajadores que no tenían acceso al sistema bancario tradicional. Es por ello que su presencia se concentra en parroquias rurales, cantones pequeños y periferias urbanas, consolidándose como el único vehículo financiero disponible en territorios marginalizados, bajo el desprecio del análisis de costo-beneficio de los grupos financieros tradicionales.
Sin embargo, debido a su capacidad operativa mediante estructuras administrativas relativamente ligeras, contratación de personal local y costos menores al de las entidades financieras convencionales, en la actualidad el sector financiero popular y solidario agrupa a más de 6.1 millones de socios (usuarios), administra unos USD 28 mil millones en activos y representa aproximadamente un tercio del sistema financiero nacional.
Lo anterior, sumado a las más de 16.800 organizaciones (cooperativas de servicios, de producción, de vivienda y de consumo, además de asociaciones productivas y organizaciones comunitarias) que constituyen en llamado “sector real” de la economía popular y solidaria, las cuales en su conjunto involucran a más de 540.000 personas, conforma un ecosistema reconocido por el Estado ecuatoriano, sobre todo a partir de la vigente Constitución de 2008, como un sector económico estratégico.
Ese “sector real” en el cual se desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, y consumo de bienes y servicios, se relaciona con el sector financiero popular y solidario principalmente a través de productos de ahorro y crédito que los socios de la economía popular y solidaria mantienen con las instituciones financieras pertenecientes al ecosistema. Esta interrelación se materializa en que más de 295.000 socios, asociados y miembros del “sector real” de economía popular y solidaria son también socios en el sector financiero popular y solidario; donde cerca de 100.000 personas de este entorno cuentan con operaciones de crédito vigentes y unas 319.000 personas cooperativistas mantienen depósitos en distintas instituciones financieras del sector.
Salud y legitimidad de las cooperativas
En términos de indicadores de solvencia, el índice de morosidad de las cooperativas de ahorro y crédito ronda el 8,33% promedio, más alto que el 3,27% promedio de la banca privada, aunque que se mantiene en un rango sostenible para el tipo de público al que atienden. A su vez, las políticas de prevención enmarcadas en índices de cobertura de cartera y requerimientos de liquidez obligatoria establecidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria -organismo de regulación y control del sector- han operado positivamente evitando cualquier riesgo de colapso sistémico en un sector donde, a la par, el seguro de depósitos COSEDE cubre hasta USD 32.000, lo que brinda una protección importante al pequeño ahorro en cooperativas grandes. Por último, cabe señalar que la solidez del sector financiero popular y solidario radica en que su cartera de crédito se distribuye entre miles de pequeños prestatarios, lo que reduce el riesgo de concentración.
Por otro lado y en lo que respecta al rol social del sistema financiero popular y solidario, la más reciente demostración de su razón de ser tuvo lugar durante la pandemia de 2020, momento en el que mientras los bancos restringían créditos, las cooperativas de ahorro y crédito siguieron financiando microemprendimientos, agricultura familiar y pequeños negocios, lo que reafirmó su legitimidad social.
De hecho, el crecimiento sostenido de este sector durante las últimas décadas se sustenta sobre estos tres pilares estructurales: confianza de los socios en el sector, inserción territorial y legitimidad social.
El apetito de la banca privada
Frente a la amplia diversidad existente en el sector cooperativo, el sistema bancario tradicional se caracteriza por su alta concentración en pocos actores privados. El sistema financiero privado es dominado por tres grandes emporios bancarios que, además, condicionan políticas regulatorias a su favor. La competencia entre estos se enmarca en la disputa por la captación de depósitos y el otorgamiento de créditos de consumo y productivos.
En este contexto, estos grandes bancos privados llevan años interesados en apoderarse de un botín tan apreciable como el capital acumulado en las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del país.
Durante los últimos siete años y en especial a partir de la aprobación de la “ley para la defensa de la dolarización” en abril de 2021, los voceros de la gran banca privada nacional no han cesado de arremeter públicamente contra el sector financiero popular y solidario. La narrativa común utilizada por estos combina estrategias de contraste (diferencias normativas) y miedo (crisis inminente).
Ataque al modelo económico popular y solidario
Más allá de la disputa por nichos de mercado, el neoliberalismo y las cooperativas representan dos enfoques económicos opuestos. El neoliberalismo promueve la liberalización del mercado, la privatización y la desregulación, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico a través de la competencia individual. Por otro lado, las cooperativas son organizaciones de propiedad conjunta y control democrático, donde los miembros buscan satisfacer necesidades comunes mediante la colaboración y la solidaridad.
Dicho antagonismo se evidenció institucionalmente en la pugna mantenida por años entre los gurús locales del neoliberalismo, reposicionados en los entornos de influencia en la política gubernamental a partir del gobierno de Lenín Moreno, y los funcionarios y operadores de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pese a la gradual implementación en el país de una política liberal y pro-mercado, hoy derivado en neoliberalismo pragmático con rasgos autoritarios, sector financiero popular y solidario se mantuvo sólido sin sufrir graves agresiones.
Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Programa de Evaluación del Sector Financiero con Ecuador (Agosto/2023), sentaría las bases de la reforma legal hoy en curso. Ignorando que cooperativas y bancos son entidades de naturaleza distinta (sentido de identidad y propiedad, nicho de negocio, modelo de toma de decisiones…), en dicho informe se señala que: “considerando que el funcionamiento y los modelos de negocio de las cooperativas de crédito más grandes son más cercanos a los bancos que a las demás cooperativas, las autoridades podrían considerar transferir la supervisión de las cooperativas más grandes a la Superintendencia de Bancos”. El documento sostiene además que dicha transferencia “podría mejorar la eficiencia y eficacia de la supervisión”, indicando que la falta de control no permite “obtener una visión integral del perfil de riesgo” de las cooperativas.
Las recomendaciones del FMI conllevan una gran carga de intencionalidad más política que técnica, pues la Superintendencia de Bancos lleva años bajo control de los principales bancos del país, dejando de ser un organismo de regulación y control para ser una estructura al servicio de quienes dominan el sector financiero nacional.
Lo anterior marca el punto de partida de la actual ofensiva contra la cooperativas de ahorro y crédito, y por extensión, contra el sistema de la economía popular y solidaria en su conjunto. La agenda fondomonetarista propiciaría la actual alianza estratégica entre el poder político y el poder financiero frente a las cooperativas de ahorro y crédito. Mientras el gobierno de Daniel Noboa busca, bajo supuestos criterios de modernización económica, acabar con viejos modelos y estructuras comunitarias históricamente enraizadas en el país; los grandes bancos que controlan el sistema financiero privado buscan desplazar a la economía solidaria de su nicho natural, con el fin de capturar un mercado que ha sabido sostenerse con base en la cercanía comunitaria.
Así las cosas y teniendo en cuenta que el Estado no es un mero aparato de que “administra” la sociedad, sino una condensación de relaciones de fuerza, en la Asamblea Nacional tendrían lugar dos episodios consecutivos que cambiarían radicalmente el escenario hasta entonces existente. El primero tuvo lugar el 12 de mayo de 2025, con la censura -mediante juicio político- de la funcionaria a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria durante el periodo de resistencia a la captura del sector por parte de los grandes grupos de capital financiero privado. El segundo momento se da apenas un mes después, cuando el 24 de junio es aprobada en el Legislativo la Ley Orgánica de Integridad Pública y su Disposición Transitoria Décimo Primera, mediante la cual se dispone identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que deban ser transformadas en sociedades anónimas del sector financiero privado y traspasarlas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos.
La disposición mencionada actúa como llave para un proceso de transformación forzada de cooperativas en bancos, bajo el argumento de modernizar la gestión, fortalecer la solvencia y aumentar la transparencia, poniendo en juego no solo la autonomía de estas entidades, sino el destino mismo de la economía popular y solidaria.
Por añadidura, es de reseñar que detrás de este discurso tecnocrático se esconde un interés evidente: la conversión de cooperativas en bancos abre la puerta a la entrada de accionistas privados (los grandes bancos), los cuales con mayor músculo financiero se harán con el control mayoritario de instituciones que hasta ahora habían sido propiedad de los socios de las cooperativas.
El gobierno, en sintonía con organismos multilaterales y cámaras empresariales, presenta esta normativa como parte de una agenda de “modernización capitalista”. El relato oficial insiste en que el país debe alinearse con “estándares internacionales” que garanticen confianza de inversionistas extranjeros y la estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, modernización aquí se traduce en el desmantelamiento de formas de organización económica enraizadas en la cultura popular para imponer modelos financieros verticales, ajenos a la lógica del territorio. Bajo el ropaje de la eficiencia y la transparencia, lo que se promueve es una redistribución regresiva del poder económico: quitarle a las bases sociales organizadas para entregarle a los grandes capitales.
El trasfondo político: una economía al servicio del capital
No se trata solo de una disputa técnica sobre la regulación financiera. Lo que está en juego es la orientación misma del modelo económico ecuatoriano. Las cooperativas encarnan una tradición de autonomía social y resiliencia comunitaria, vital en un país atravesado por crisis recurrentes. Su desarticulación significa, en términos políticos, la pérdida de un espacio de soberanía económica frente a los intereses del capital financiero.
El Estado actúa aquí como garante del mercado, no como defensor del interés público. El discurso de integridad y transparencia funciona como pretexto para allanar el camino a la concentración de capitales y la subordinación de la economía popular a las reglas del juego neoliberal.
En definitiva, el problema de fondo no es si las cooperativas deben “modernizarse” o no, sino quién controla los recursos financieros del país: ¿los socios organizados bajo principios de solidaridad y proximidad, o un puñado de grupos económicos que ya concentran buena parte de la riqueza nacional?
Estado de situación y perspectivas
En la tarde del 4 de agosto de 2025, la Corte Constitucional del Ecuador informaría de la suspensión provisional de la Disposición Transitoria Décimo Primera de la Ley Orgánica de Integridad Pública.
Esta decisión se enmarca en el proceso de admisibilidad de las acciones públicas de inconstitucionalidad y de suspensión de normas que, a primera vista, podrían afectar derechos fundamentales. Se trata de una actuación técnica y jurídica que busca precautelar el cumplimiento y la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, sin que constituya aún pronunciamiento de fondo sobre dicho proceso.
Lo anterior, pese a que presuponga cierto nivel de avance de las posturas en defensa de la economía popular y solidaria, prolonga en el tiempo el actual escenario de incertidumbre, a la espera, sin fecha establecida, de un dictamen final de la Corte Constitucional al respecto.
Mientras tanto, por esta decisión y otras similares derivadas de la aprobación indebida de leyes consideradas económicas urgentes en la Asamblea Nacional, el gobierno ha convertido estratégicamente a la Corte Constitucional en su principal antagonista político. Posiblemente estemos en los preámbulos de lo que será un nuevo proceso constituyente, en esta ocasión regresivo en materia de derechos.
Por su parte y ante este escenario de acoso y derribo al sector financiero popular y solidario, tanto el espectro político de la izquierda institucional como de la social brillan por su ausencia. Los primeros, inmersos en un proceso de crisis interna tras su última derrota electoral y desconectados cada vez más de la realidad, guardan silencio e incluso fueron cómplices del juicio político que censuró a quien fuera la anterior titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el único organismo del Estado que hasta poco antes había defendido al sector de la economía popular frente a la presión de las juntas regulatorias -financiera y monetaria-, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, el lobby del capital financiero y los multilaterales. Los segundos, con una dirección política recien instalada y en franco proceso de renuncia a sus reivindicaciones históricas como movimiento social, abandonan a su suerte al amplio segmento indígena que compone el sector cooperativo financiero nacional. Respecto a lo último, hay incluso quienes de forma muy naif reivindican el derecho indígena a poseer bancos.
Por último y en lo que respecto al sector, mientras la actual dirección de la Superintencia de Economía Popular y Solidario guarda un silencio cómplice respecto al conflicto, la heterogeneidad que transversaliza el mundo de las cooperativas de ahorro y crédito se muestra de diferentes formas. Unos se agrupan y organizan para hacer frente a la embestida gubernamental y bancaria, otros buscan negociar una salida particular para sus cooperativas e incluso hay quienes apoyan la desarticulación del sector, pensando ilusóriamente en apropiarse de determinadas instituciones financieras solidarias y la sucesión dinástica de sus gerencias.
Conclusión
La Disposición Transitoria Décimo Primera es una jugada estratégica que redefine el tablero financiero en Ecuador. Bajo el disfraz de un tecnicismo legal y de la falsa necesidad de darle estabilidad al sector de las cooperativas, se abre paso a una reconfiguración estructural: la economía popular y solidaria pierde autonomía, se socava las bases de la economía tradicional, la banca privada gana un nuevo mercado y el gobierno se presenta como un actor modernizador del país mientras cumple servilmente la agenda fondomonetarista.
El desenlace no es menor. Está en juego la posibilidad de que Ecuador siga siendo un país donde convivan múltiples formas de organización económica, o que la uniformidad capitalista, cada vez más feroz e impuesta desde arriba, termine borrando décadas de construcción comunitaria y solidaria.
lunes, 9 de junio de 2025
Ecuador: la disputa por el relato político
Por Decio Machado
Según Roland Barthes, distinguido semiólogo y filósofo estructuralista del pasado siglo, existe un presencia universal del relato en el mundo cultural humano. “El relato está presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades; el relato comienza con la misma historia de la humanidad; no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos; todas las clases, todos los grupos humanos, tienen sus relatos (…), el relato está allí como la vida”, escribiría Barthes en su trabajo Introducción al análisis estructural de los relatos, publicado en 1966 en la referencial revista Communications.
En definitiva, los relatos existen desde los albores de la humanidad y como herramienta comunicacional precede, incluso, al origen de la escritura. En los tiempos que corren, la novedad al respecto está en que en un contexto signado por la saturación de información y la economía de la atención, el relato -como técnica de marketing y construcción de realidades- está siendo utilizado sin escrúpulos para reducir la capacidad pensante de los individuos, subordinando la política a la propaganda y amplificando la demagogia a través de las posibilidades virales que la cultura digital ofrece.
Así las cosas, la técnica del relato permitió sustituir al viejo pedagogo político por un nuevo cautivador mediático, quien moldeado por expertos comunicacionales y spin doctors, basa sus estrategias de construcción de imagen y posicionamiento social sobre el aliento de pasiones superficiales y la conversión de la política en espectáculo.
Pues bien y al igual que en otros lugares, hace tiempo ya que la lucha entre interpretaciones se convirtió en el epicentro y la base fundamental del sistema político ecuatoriano.
La explicación de esto en el marco nacional es sencilla y se condensa en la siguiente cita del ya fallecido novelista estadounidense Tom Clancy: “¿La diferencia entre la realidad y la ficción? La ficción siempre tiene sentido”. Y es en esa disputa por el sentido, en esa la batalla de los relatos donde los hechos carecen de importancia, donde el neoconservadurismo político ecuatoriano impone un relato hegemónico que se reafirma en la dialéctica “amigo-enemigo” y que le otorga legitimidad y poder.
Nueva derecha vs vieja izquierda
Tras los débiles gobiernos poscorreístas de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), los cuales sumieron al país en una grave y profunda crisis de gobernabilidad e inseguridad, la aparición de Daniel Noboa en el ecosistema político nacional representa, además de una oportunidad para las élites económicas de alcanzar estabilidad en el poder del Estado, una recomposición en las filas del conservadurismo ecuatoriano alineado, con sus particularidades propias, al ciclo político global de ascenso del campo autoritario-reaccionario.
En un contexto de sociedad en caos, marcado por la polarización política, politización de la justicia, crisis de gobernabilidad y deterioro de la seguridad pública; el gobierno del presidente Noboa representa la configuración de una nueva derecha de acentuado carácter populista y demagógico que permite la articulación de una nueva narrativa y práctica política enraizada en la noción de “guerra”.
Dicha construcción discursiva, basada en la categoría política “amigo-enemigo”, la cual la fue considerada como eje fundamental por el teórico alemán Carl Schmitt en su obra El Concepto de lo Político publicada en 1927, terminó por implantar un relato que se constituye como totalidad a través de una lógica de equivalencia que asocia al enemigo delincuencial del Estado y la sociedad ecuatoriana con el adversario político del actual gobierno. Así las cosas, a la par que el gobierno consolida una frontera antagónica con el correísmo que le da identidad propia y genera emocionalidad social positiva, desarrolla una cadena de equivalencias mediante la cual el correísmo, los grupos de delincuencia organizada (GDO), la corrupción y la vieja política vienen a ser la misma cosa. En paralelo y teniendo en cuenta que no hay victorias políticas sin victorias culturales, el oficialismo va construyendo heurísticos cognitivos mediante los cuales redefine valores sociales e ideológicos en los que enmarca su accionar político.
Lo anterior se encuadra en una estrategia relativamente sencilla, pero a su vez exitosa. Utilizada la penetración del narcotráfico y la espiral de violencia en el país como “doctrina de schock”, con la expedición del Decreto Ejecutivo 111 del 9 de enero de 2024 se declara la existencia de un “conflicto armado interno” en el Ecuador y, a partir de ahí y con legitimación posterior en las urnas, se inaugura la actual política en curso de “mano dura” y militarización social que se evidencia como una herramienta de destrucción de los fundamentos de una -ya de por sí- débil democracia nacional, desvirtuando la competencia política y atentando contra la separación de poderes.
Tras la segunda victoria electoral consecutiva de Daniel Noboa, el pasado 13 de abril, son visibles tres aspectos sobre los cuales se consolida la nueva derecha ecuatoriana:
1. Reagrupamiento de fuerzas políticas conservadoras antes en disputa por la hegemonía de la derecha durante los primeros 18 meses de mandato del presidente Noboa: desaparece la incidencia de María Paula Romo y su formación política del tablero político nacional; se neutralizan las operaciones de ataque y desgaste político organizadas desde el entorno de Guillemo Lasso y espacios afines contra el actual gobierno; se neutralizan las operaciones políticas de los socialcristianos en la Región Costa; y quedan subordinadas al gobierno el resto de las pequeñas facciones políticas de perfil reaccionario y ultrareaccionario.
2. Realineamiento en posiciones pro-oficialistas de prácticamente todo el ecosistema mediático conservador (medios tradicionales, medios digitales y agencias), algunos de estos anteriormente críticos con Daniel Noboa debido a presiones de grupos de capital financiero y en especial por Guillermo Lasso.
3. Reformulación de las relaciones entre la fracción de las élites hoy en el poder (captura del Estado por parte de la Corporación Noboa y entorno afín) con el resto de grupos oligárquicos y el escaso capital emergente en el país, limándose críticas y desconfianzas existentes durante los 18 meses de gestión del primer mandato.
En contraposición a lo anterior, el agotamiento del progresismo como lenguaje y agenda común resulta evidente en la actual coyuntura política nacional. La Revolución Ciudadana es la única fuerza política que tras gobernar durante el pasado ciclo hegemónico progresista (triunfo electoral de Hugo Chávez en 1999 en Venezuela y el fin de gobierno de Rafael Correa en 2017 en Ecuador) no volvió a ganar ninguna elección presidencial en su país.
En la actualidad, tanto el correísmo como el resto de la oposición de izquierdas, ya sean estas de carácter político institucional o político social, muestran que no solamente perdieron las elecciones, sino también la lucha entre interpretaciones que hoy se disputa el sentido común en el campo de la política.
Enmarcados en una coyuntura donde la derecha ecuatoriana renueva liderazgos, reconfigura estructuras organizativas y se dota de un nuevo branding de marca (rebranding); las izquierdas se debilitan y evidencian su incapacidad para dotarse de valor agregado posicionado una propuesta ilusionante, creíble y alternativa al modelo socio-económico y de dominación imperante. Lo anterior, más allá de hacer visible síntomas de crisis ideológica, política y de identificación con las bases; propicia condiciones oportunas para la captura de asambleístas de la Revolución Ciudadana y cooptación de curules del Pachakutik por parte del oficialismo en la Asamblea Nacional, además de facilitar el asalto a la dirección de la CONAIE por parte de sectores afines al gobierno en la próxima convención nacional del movimiento indígena.
Por su parte y en sintonía con lo descrito con anterioridad, en los mundos de la izquierda carente de incidencia política, fruto de su incapacidad para representar algo nuevo, se reeditan movimientos de reagrupamiento político entre reducidos grupos fragmentados de otras izquierdas y pequeños partidos en fase términal.
Cierre de ciclo político
En un contexto de “normalización” de la guerra y en cuyo marco de consecuencias (asesinatos sicariales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, despojos violentos, extorsión, secuestros, desplazamientos obligados y vulneración de la legalidad vigente por parte del aparato represivo) socialmente se instala la tesis de que tan solo mediante medidas excepcionales -descarga sin moderación de la violencia estatal- es posible combatir a los enemigos que amenazan a la sociedad de derechos. Con ese sentido, la suspensión de derechos y el levantamiento de garantías que protegen a los individuos son presentados como condición sine qua non para la superviviencia. En otros términos, el derecho no puede ser protegido por el derecho; proteger al Estado de derecho contra el terror delincuencial exige violentar el mismo derecho, lo que implica la necesidad de un mayor cierre democrático bajo el fin de garantiza mayor seguridad, reducida esta visión a la regulación y control del “orden público”.
Lo anterior conlleva, no solo un recorte de libertades bajo los criterios de estados de excepción permanentes, sino también el sometimiento en la práctica de los distintos poderes del Estado e instituciones autónomas al poder Ejecutivo.
Es a partir de ahí desde donde establece una clara conexión entre el ethos militarista de una sociedad transversalizada por el miedo, tanto a la inseguridad como a un futuro carente de horizonte económico positivo, y el apoyo de esta a las jerarquías sociales dominadas por una fracción de las élites que capturó recientemente el Estado y lo puso a su servicio.
En un estadio de tan alta excepcionalidad y con una oposición de izquierda en estos momentos carente de fuerza libidinal, la nueva derecha instalada en el poder busca prolongar el mayor tiempo posible la actual situación de parálisis política de sus adversarios, mientras de forma simultánea redefine el campo de lo político y expande los límites de lo socialmente aceptable: centralización del poder, eliminación del check and balances, agudización de la militarización social y redefinición del Estado a funciones punitivas.
Frente a esto, abandonada la ética como una práxis política transformada e inmersa en su propia crisis de identidad, la oposición de izquierdas opta por una lógica de autoafirmación permanente -políticas de Narciso-, generándose una forma de hacer política que dificulta el diálogo y cancela el disenso (separatismo progresista). Lo anteriormente expuesto implica el desestimiento a comprender y encarar la crisis del relato en la que está sumida la izquierda ecuatoriana, o dicho en otras palabras, la renuncia a sincronizar sus narrativas con la subjetividad con una multitud con capacidad de capaz de actuar en común como agente de producción biopolítica.
Así, mientras las izquierdas justifican su fracaso bajo la excusa de la creciente desafección política en la sociedad en general y de los jóvenes en particular, asumiendo que la hegemonía de las nueva derecha ecuatoriana es la consecuencia de una sociedad líquida e irresponsable consigo misma, mientras en realidad vivimos en una ecosistema social hiperpolítizado. Lo anterior no implica el regreso de la política en sentido fuerte, no existe sentido de nostalgia por estructuras de organización con capacidad de movilización de masas, sino la expansión de esta sin mediaciones. Todo se politiza y dicha politización está en la publicidad, en la moda, en los hábitos de consumo, en los gestos, en las formas de comportamiento social y en los valores. Pero lo político ya no organiza estructuras, sino que estructura identidades.
Frente a la actual complejidad hipersubjetivista, racionalistamente convencidas de su razón, las izquierdas aspiran a que más temprano que tarde dicha razón les desea dada; lo cual atenta contra el principio básico de la comunicación política, pues impide escuchar a la sociedad tal y como es en este momento, y construir un “nosotros” bajo criterios de interés compartido.
En este contexto, apunta a poco probable que la Revolución Ciudadana y el conjunto de organizaciones pertenecientes al campo popular tengan una lectura adecuada de la actual coyuntura, la cual se identifica con el cierre de un ciclo político. Todo fin de ciclo implica el inicio un nuevo ciclo político, momento en el cual, más que autoafirmaciones identitarias y soflamas sobre glorias pasadas, lo que se requiere son procesos de resignificación de identidad política: refundar el espacio político suturando la dislocación a través nuevos significados, interpretaciones y perspectivas respecto a las formas de entendimiento y práctica de la política.
En definitiva, lejos de seguir ignorando la política como hecho objetivo que emana de realidades objetivas, las izquierdas necesitan construir un nuevo relato ajustado a la realidad actualmente existente. De hecho, no es posible construir una identidad sin relatos que le den sentido. Pero la instalación de un nuevo relato -el cual para seducir debe incorporar una alta carga emocional, épica y transformadora- implica reinventarse y reinterpretar el contexto, produciendo nuevos conceptos que permitan pensar de una manera nueva lo nuevo, generando incidencia protagónicas en los entornos y mercados conversacionales. Citando al historiador británico Perry Anderson, no es posible seguir con estructuras sin historia, historia sin sujeto y teorías sin verdad; todo lo cual implica un verdadero suicidio de la teoría política y de cualquier intento de explicación racional del mundo y de las relaciones sociales.
Siendo conscientes de la que la realidad es implacable con los errores tácticos y estratégicos, a través del discurso político, más que comunicar, hay que conectar.
En “democracias irritadas”, marcadas más por la frustración y la agitación que por la aspiración y las transformaciones, no entender este principio implica alejarse de la política y la ciudadanía. Es ahí donde la gramática anti-elitista de la nueva derecha (el nuevo Ecuador vs la vieja política) toma ventaja en la disputa por la interpretación de la realidad y el sentido común, o dicho de términos gramscianos, sin la construcción renovada del relato por parte la izquierda no es posible disputar la “concepción del mundo” de la clase dominante que tiende a ser socializada y vivida por las clases dominadas.
lunes, 21 de abril de 2025
Decio Machado: «Es posible una etapa constitucional y social con alto factor de riesgo en Ecuador»
Desde Quito, donde reside desde hace un largo tiempo, advierte sobre el debilitamiento del correísmo y del movimiento indigenista tras la derrota y asegura que fueron "elecciones con la cancha inclinada".
Por Jorge Muracciole
El triunfo del oficialismo en la segunda vuelta electoral en el Ecuador, que se presagiaba reñida, culminó con once puntos de diferencia en favor del conservador, el actual presidente Daniel Noboa, sobre la candidata progresista Luisa González, representante del correísmo de Revolución Ciudadana. Para poder analizar los resultados de la segunda vuelta electoral, junto a un balance de la situación política económica y social que atraviesa la sociedad ecuatoriana, profundamente militarizada, Tiempo Argentino se comunicó con el analista político y consultor Decio Machado. Se trata de un sociólogo y analista político español que reside desde hace décadas en Quito y que es cofundador de varios proyectos editoriales alternativos.
–¿Cuál es tu mirada sobre los resultados de la segunda vuelta electoral?
–Los resultados dejan al país a los movimientos sociales, estructuras populares, sectores de izquierda y progresistas en una situación bastante difícil. Hemos asistido a una campaña muy desigual tanto en poder económico como en la distribución de recursos. El presidente Daniel Noboa, como candidato conservador, contó con todo un ecosistema a su favor desde las instituciones supuestamente independientes, todas trabajaron en un marco estratégico gubernamental, jugaron plegadas a sus posiciones. Se le permitió no pedir licencia, una obligación de todo funcionario público en actividad. Eso la permitió utilizar el patrimonio público y el erario público en favor de su campaña. Toda una barbaridad que no tomó en cuenta la Justicia.
–Así sucedieron distintos hechos anómalos.
–Sí, ahora más allá de eso hay un resultado final producto de esa cancha inclinada que le dio en torno de 1.200.000 votos a favor al oficialismo, constituye la tercera derrota sucesiva del progresismo ecuatoriano en cuatro años. Todo un dato que golpea a una organización política que fue hegemónica en años anteriores y deja en una posición bastante compleja a estos sectores.
–Para comprender el resultado también se debe tener en cuenta la situación de violencia que vive desde hace un tiempo el país.
-Hay un proceso de derechización en la sociedad ecuatoriana. Sectores de la sociedad están transversalizados por el factor del miedo. Se reclama más control, más militarización, mano dura, policías en las calles, cámaras, etcétera. Ese proceso, de alguna manera sociológico, que acompaña a una tendencia del sentido común dominante atravesado por el conservadurismo. Una sociedad que se ha caracterizado en años anteriores, de bajar presidentes uno tras otro, toda vez que incumplían los compromisos electorales, cuando había denuncias de corrupción, o lo que fuere. Y en este momento, en cambio, la sociedad tiene un nivel de permisividad grande ante el poder, y paradójicamente reclaman esa mano dura. Además, se advierte, desde enero del año pasado, un proceso de desmovilización creciente. Con la declaración por parte del gobierno de «conflicto armado interno», una intervención creciente de los militares en las calles, en la vida cotidiana en barrios y barriadas marginales. No es gratuito. Es coincidente con la inexistencia de movilizaciones sociales, caracterizados por la participación de actores no institucionales
–La novedad en estas elecciones fue el posicionamiento de la CONAIE, la Confederación de las Organizaciones Indigenistas del Ecuador, en relación a la candidatura correísta en la segunda vuelta. Se pensaba que este hecho podía torcer en favor de Luisa González.
–El Movimiento Indígena vivió una situación muy compleja por esa decisión, que me parece fue una decisión coherente. Pensemos que la CONAIE es el movimiento de mayor músculo en la lucha callejera de resistencia a las políticas neoliberales. Pero en este proceso electoral sacó un 5%, y en relación a la segunda vuelta la dirección de la CONAIE, tomó la decisión coherente de respaldar la candidatura de Luisa González. Eso sí, había antecedentes de conflicto entre el correísmo y el Movimiento Indígena, lo que significó que no hubiera una unanimidad en el interior del Movimiento, con complejidades internas dentro del movimiento. Estamos analizando las actas territoriales, por circunscripciones, que se están subiendo al software del Consejo Nacional Electoral (CNE). Yo creo que ese voto se repartió, en algunos sitios, favorable a la candidatura progresista y en otros no tanto. Pero la conducción cumplió su papel. El problema está en una franja de voto blando que adquirió Luisa González en la primera vuelta y que puede haberlo perdido en esta segunda vuelta. Por lo tanto el voto indígena podría haber compensado la pérdida. González tuvo resultados más elevando en primera vuelta que los históricos del correísmo.
–¿Cómo influyó Trump? El gobierno de Noboa es una de las cabezas de playa de EE UU en Sudamérica.
–Eso fue manejado estratégicamente por el propio Noboa. La campaña gubernamental trató de asociar la candidatura de Luisa González a gobiernos como el de Maduro y de Daniel Ortega. Trabajó para que hubiese fotografías y declaraciones de cercanía de Trump, en favor de Noboa. Se trabajó al presidente como el amigo del imperio y que eso le favorece al país contra la candidatura de Luisa González, la amiga de gobiernos «parias», así definido por el aparato mediático.
–Hay un antes y un después de estas elecciones y de la nueva derrota del correísmo. ¿Cuáles son los escenarios posibles?
–Esta es una pregunta sin respuesta. Es evidente que tras una derrota de este tipo, es posible que haya un impacto en las organizaciones de izquierda. Por tanto, habrá cuestionamiento interno a la actual conducción de Revolución Ciudadana. Luisa González es la directora del Partido. En cuanto al liderazgo del expresidente Correa, hay algunas voces que plantean que es el momento que Correa dé un paso al costado, y lo propio puede ocurrir en el Movimiento Indígena, que tiene su Congreso en el segundo semestre: los sectores que estaban en contra del pacto con el correísmo, y los más conservadores le van a disputar el liderazgo a Leónidas Isa y a sus aliados, aunque hayan liderado las luchas de resistencia a las políticas neoliberales. Es un escenario posible el debilitamiento de esos sectores, lo que nos pondría en una etapa política social y constitucional con alto factor de riesgo.
miércoles, 16 de abril de 2025
Marcha atrás: tercera derrota electoral consecutiva del correísmo
Daniel Noboa, joven heredero de uno de los más importantes emporios empresariales del Ecuador, se reelige como mandatario de este pequeño país andino con aproximadamente 1.2 millones de votos sobre su adversaria progresista.
Por Decio Machado / Semanario Brecha
Tras la primera parte del ciclo progresista en el presente siglo, esa que se enmarca entre el triunfo de Hugo Chávez en 1999 y el fin del gobierno de Rafael Correa en 2017, el único país en el que dicha sensibilidad política no volvió a recuperar el poder en ningún momento ha sido Ecuador.
Así, el pasado 13 de abril, la Revolución Ciudadana -partido político liderado por el ex presidente Rafael Correa desde el exilio- en unas elecciones en las que tenía todo a su favor para volver a ser gobierno, volvió nuevamente a ser derrotada en las urnas.
El caso ecuatoriano es de estudio académico. A diferencia de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile o Uruguay; Ecuador se enmarca en un derrotero de constantes fracasos electorales tras el fin de la década de mandato correísta, entre 2007 y 2017, y la posterior traición política de su sucesor en el cargo Lenín Moreno entre 2017 y 2021.
A partir de entonces, las candidaturas presidenciales del correísmo, tanto en 2021 con Andrés Arauz al frente, como en 2023 y ahora en 2025 con Luisa González como relevo presidencial, la Revolución Ciudadana consagra su tercera derrota electoral consecutiva en apenas cuatro años.
Especializados en perder lo que parecía imposible de perder
Si algo caracteriza al progresismo ecuatoriano en estos últimos años ha sido su especialización en perder campaña electorales, a priori, consideradas difícilmente perdibles por el correísmo.
En 2021 el joven quinquelingüe y brillante economista Andrés Arauz, quien se perfilaba como el heredero de Rafael Correa al frente el progresismo ecuatoriano, se veía inverosímilmente derrotado frente al septuagenario bachiller y banquero Guillermo Lasso, en un país donde la banca ha sido responsable del exilio económico de más de un millón de personas apenas una generación atrás.
En 2023, tras la renuncia de Guillermo Lasso en apenas treinta meses de gobierno y con todo a su favor para volver al sillón presidencial del Palacio de Carondelet, el progresismo ecuatoriano perdía las elecciones de forma sorprendente tras el asesinado de uno de los candidatos presidenciales, hecho exógeno a la disputa electoral que le permitió a Daniel Noboa entrar en la segunda vuelta y ganar con apuros el balotaje frente a Luisa González, una abogada forjada a sí misma y proveniente de sectores populares costeños.
El pasado domingo 13 de abril, tras una campaña electoral en primera vuelta marcada por la brillante estrategia de consultores extranjeros que permitió polarizar entre Luisa González y Daniel Noboa unas elecciones en la que participaban dieciséis candidaturas presidenciales; el correísmo se dio de bruces en una segunda vuelta cuya principal característica fue volver a repetir errores tácticos y operacionales propios de sus campañas anteriores.
Entre estos destaca su incapacidad para desmarcarse del gobierno de Nicolás Maduro, régimen político que genera escasas simpatía en el país; sus limitaciones a la hora de generar confianza respecto a su programa económico de gobierno, especialmente en todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la dolarización; y su torpeza para comunicar un talante dialogante, abierto y democrático que genere certidumbre ante una sociedad que recibe un permanente bombardeo mediático a través del cual se le acusa al correísmo de corrupción y autoritarismo.
Así las cosas, la ventaja en intención de voto favorable a Luisa González tras el pacto entre el correísmo y otras "izquierdas", el movimiento indígena y otros sectores social populares generado tras el arranque de la segunda vuelta, se vio mermada por errores cometidos por la candidata progresista y su equipo de asesores en el debate presidencial televisivo frente a Daniel Noboa. Un debate por cierto, marcado más por la limitación dialectica y sobreactuación teatral de ambos candidatos que por la visibilización de sus atributos positivos para sacar adelante a un país inmerso en una crisis de caracter multidimensional y diez puntos porcentuales más pobre hoy que 10 años atrás.
Si el objetivo era marcar la diferencia entre Luisa González y Rafael Correa, dado que la oposición conservadora acusaba a la primera de ser marioneta del segundo, el resultado fue todo lo contrario. Luisa González terminó pareciéndose mucho en ese debate al líder principal de la Revolución Ciudadana, quien desde hace años es objeto permanente de orquestados ataques desde diferentes ámbitos mediáticos, procesales, sociales, académicos y políticos.
Desde entonces, 23 de marzo, hasta las elecciones del pasado domingo, el correísmo perdió la iniciativa política inmerso en una ceguera colectiva, pero principalmente de la mayoría de actores y sujetos involucrados de forma directa en la disputa electoral.
Por si lo anterior fuera poco, el uso de la Fiscalía General del Estado como herramienta política electoral por parte del Gobierno Nacional -Noboa siempre jugó con la cancha inclina a su favor en esta campaña electoral-, permitió hacer públicos los chats y grabaciones de audio contenidas en los dispositivos tecnológicos incautados a uno de las autoridades alineadas a las filas del correísmo dentro del Consejo de Participación Ciudadana, entidad responsable de la designación de autoridades en organismos de control en el país. Lo anterior, transparentó los intestinos de una organización política donde muchos de sus miembros se graban las conversaciones entre ellos, descalificándose entre sí de forma muy poco elegante y con ciertos aires de superioridad.
Si Luisa González, con una campaña fresca y muy poco ideológica, había sumado en primera vuelta unos 10 puntos porcentuales más que lo que venía sumando la Revolución Ciudadana en esa misma fase de campaña anteriores; posiblemente perdió la mitad de ese voto blando en la segunda vuelta, siendo este reemplazado por un voto más ideológico afín a las organizaciones políticas y sociales que les expresaron respaldo en esta segunda fase de campaña. En resumen y dicho en términos populares, "subió la carne pero bajó el pescado", todo ello inmersos en una campaña de acusaciones mutuas entre los candidatos presidenciales donde no existió conversación alguna con el electorado.
Pocos días antes de la jornada del balotaje y en un ambiente de espiral triunfalista por parte del correísmo, algunas de las investigaciones cualitativas indicaban ya mayor resistencia ante Luisa González que frente a Daniel Noboa en determinados segmentos del electorado que aun mostraban incertidumbre respecto a su intención de voto. No importó, todo fue ignorado, una vez más los trofeos de guerra era despilfarrados en celebraciones prematuras.
De error en error hasta la derrota final
Lo anterior desembocó en la tragedia, no solo para el correísmo sino para el conjunto del pueblo ecuatoriano, de la noche del pasado domingo 13 de abril.
Pese a que todo mandatario que corre para una reelección hace que la disputa electoral se convierta en un plebiscito sobre su gestión, en este caso quince meses de gobierno noboista sin un solo hito o meta cumplida en su gestión, más por rechazo al correísmo que por apoyo a Daniel Noboa, este último se imponía con el 55,60% de los votos válidos emitidos.
Pero como dice la sabiduría popular “no hay dos sin tres”, motivo por el cual la dirigencia correísta cometería su último error estratégico electoral en la noche de autos, no reconocimiento los resultados y acusando de fraude al Consejo Nacional Electoral. Si bien es cierto que la campaña electoral de Noboa se caracterizó con una sucesión de irregularidades permitidas cómplicemente por los órganos rectores y de control de la democracia, lo que le permitió jugar con notable ventaja frente al correísmo, también lo es que hasta lo fecha sigue sin presentarse una sola prueba con el suficiente sostén como para acreditar tal denuncia robo en las urnas, motivo por el cual el correísmo se ahonda aun más en su propia crisis de credibilidad.
Nubarrones en el horizonte
Dos izquierdas políticas de importancia existen en Ecuador, una político institucional, la Revolución Ciudadana, y otra político social, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Una con presencia y en disputa permanente por las instituciones y otra con músculo social movilizador. Los errores de campañas ponen dejan en este momento a ambos ejes de intervención política muy tocados tras los resultados del pasado domingo.
Como sorteará la indudable crisis interna que seguramente se le avecina a la Revolución Ciudadana tras su tercera derrota electoral consecutiva, en esta ocasión por “goleada”, tras haber sido la fuerza hegemónica en el país durante los años anteriores es una pregunta todavía sin respuesta. Unos hablan de un posible riesgo de implosión interna, otros de la necesaria renovación de sus cargos dirigentes en dicha corriente política e incluso hay quienes indican de posibles futuros escenarios de rupturas en territorios determinados ante las elecciones seccionales que tendrán lugar en el país dentro de dos años. Todo en estos momentos es incertidumbre, especulación y evidentemente una grieta por donde el aparato mediático y gubernamental actua como herramienta para intentar agudizar fisuras.
Y de igual manera sucede en el movimiento indígena, donde su actual dirigencia, comprometida en la lucha contra las políticas neoliberales en el país, apoyaron contra “viento y marea” la candidatura de Luisa González en la segunda vuelta. Ahí, en ese ámbito menos funcionarial y más militante, en el segundo semestre de este año deberá tener lugar el Congreso de la CONAIE para la elección de nuevas autoridades del movimiento indígena, momento en el que Leonidas Iza -actual presidente de la organización- y su equipo deberán hacer frente a los sectores indígenas más conservadores que financiados por el gobierno de Noboa se oponían al pacto con el correísmo y ahora planifican el asalto a la dirección del movimiento social más importante del país. Un hipotético triunfo de los opositores a la actual dirección de la CONAIE supondría la entrega, bajo prebendas, al gobierno de la única organización social en el país con musculatura para construir resistencias contrahegemónicas a los envites neoliberales por llegar durante el próximo período de mandato noboista.
Así las cosas, lo sucedido el pasado domingo debería analizarse en toda su profundidad, la cual va mucho más allá de lo electoral. Bajo la hipótesis del peor escenario en estos momentos posible pero perfectamente factible dada estado de situación, una crisis interna que debilite aun más al maltrecho correísmo sumada a una derrota de los sectores con compromiso con la lucha popular y social al frente del movimiento indígena, supondría dejar convertido en un erial a la izquierda política y social del país durante la próxima década. Todo ello además inmersos en un proceso de nueva constituyente, ya anunciado con carácter de urgencia por los voceros del gobierno de Daniel Noboa, que implicará un fuerte retroceso de las conquistas sociales plasmadas en la aun vigente Constitución de 2008.
sábado, 12 de abril de 2025
Ecuador: un proceso electoral sembrado de dudas
Este domingo, 13 de abril, Ecuador decidirá en las urnas quién ejercerá como máximo mandatario del país durante los próximos cuatro años. Los sondeos de opinión manifiestan un empate técnico entre las candidaturas del magnate presidente conservador Daniel Noboa y la opositora progresista Luisa González.
Por Decio Machado
Investido como máximo mandatario el 23 de noviembre de 2023, Daniel Noboa encabeza un gobierno transitorio carente de éxitos en su casi año y medio de gestión presidencial.
De la crisis multifacética que hoy flagela al Ecuador, la inseguridad ciudadana y la crisis económica son las dos principales preocuaciones ciudadanas. Respecto a la primera cuestión y tras incrementar el IVA del 12% al 15% en abril del pasado año con el objetivo de fortalecer la recaudación fiscal para reforzar el combate al crimen organizado, este primer trimestre del 2025 marca los indicadores de violencia y homicidios intencionados más altos de la historia del país. En lo concerniente al ámbito económico, en un país que hoy es 10 puntos porcentuales más pobre de lo que era diez años atrás, durante el período de gestión noboísta se registra una pérdida de cerca de 300 mil empleos adecuados y un incremento proporcional del empleo informal en el país. De hecho, lo que salvó la economía nacional durante el año 2024 fueron los 6.500 millones de dólares que ingresaron al país en concepto de remesas provenientes de la migración ecuatoriana en Estados Unidos, rubro superior a los 5.800 millones de dólares provenientes de organismos multilaterales durante ese mismo año y producto de la política de endeudamiento acelerado que viene teniendo lugar en Ecuador.
En este pequeño país andino, cuyo número de habitantes ronda los 18 millones de personas, 450.000 mil niños y adolescentes de entre tres y diecisiete años están fuera del sistema escolar; el Ministerio de Inclusión Económica y Social le adeuda seis meses de sueldos a sus educadores; el sistema público de salud se encuentra inmerso en una crisis de fase terminal con hospitales desabastecidos de los médicos y medicamentos necesarios; los derrames de crudo se suceden uno tras otro con cada vez mayor impacto ambiental fruto de la falta de inversión para el mantenimiento de las cada vez más deterioradas instalaciones y oleoductos petroleros; la infraestructura vial, portuaria y aeroporturia se encuentra cada vez más deteriorada; el indicador de pobreza se elevó hasta alcanzar al 28% de la población y el de extrema probeza el 12,7%.
Pese a ello, a pocos días de la jornada electoral de balotaje, todos los sondeos de opinión sitúan las diferencias entre los dos candidatos presidenciales -Daniel Noboa y Luisa González- dentro del margen de error del ±3%, preveyéndose un “desenlace foto finish”.
Este clima de incertidumbre política se enmarca en lo que ha sido la campaña electoral más turbia que ha tenido lugar en Ecuador desde el año 1979, momento en el que el país volvió a la democracia tras casi una década de dictadura militar.
Pese a su corto período de gestión, Noboa hoy controla todos y cada uno de los poderes del Estado y el conjunto de instituciones de control de la democracia. A la par, la estrategia de comunicación noboista ancló una de sus aristas en la cooptación de los principales medios de comunicación del país mediante contratos para el pautaje de distintas campañas de propaganda gubernamental.
Así las cosas, esta campaña electoral se ha caracterizado por la complicidad de los órganos de control electoral -especialmente del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral- con la estrategia electoral de la candidatura de Daniel Noboa por su reeleción presidencial. Enmarcado en lo anterior, a finales del pasado mes de noviembre el Tribunal Contencioso Electoral descalificaba sin mayor justificación la candidatura de Jan Topic, otro joven millonario heredero de un imperio económico vinculado al sector tecnológico, que se presentaba como principal rival y divisor del voto de Daniel Noboa dentro del ámbito ideológico conservador. De igual manera y pocos días después, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Constitucional del Ecuador autorizaban al mandatario vulnerar el artículo 93 del Código de la Democracia, el cual establece que todos los funcionarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deben solicitar una licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral.
En paralelo y mientras el candidato-presidente Daniel Noboa ejercecía su campaña haciendo uso, sin pudor alguno, del patrimonio público para fines personales-electorales, el conjunto de los medios de comunicación más importantes del país se alineaban en torno a un relato -carente de respaldo probatorio- que vinculaba a la candidata Luisa González y su entorno político con las redes delincuenciales del narcotráfico que hoy operan en el país.
Régimen de guerra
Entender como, con la complicidad de las instituciones responsables, se llegó a la violación sistemática de la normativa electoral y del orden constitucional vigente durante la actual disputa presidencial, pasa por comprender el proceso de consolidación de un “regimen de guerra” al interior del país durante el actual mandato noboísta.
En respuesta a la espiral de violencia que transversaliza al país, el 9 de enero del pasado año el presidente Noboa declararía de forma oficial la existencia de un “conflicto armado interno”. Mediante el decreto ejecutivo se dispuso la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional, para combatir “el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes”.
Lo anterior permitió la militarización del país, el fin de toda movilización social en espacios públicos y la escalada de una “guerra sucia” contra el narco que tuvo su momento de climax en diciembre del pasado año, con la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial de cuatro niños pobres de origen afroecuatoriano a manos de un escuadrón militar que patrullaba un barrio periférico urbano marginal de la ciudad de Guayaquil. Con posterioridad a dicho caso, se desvelaron múltiples denuncias de características similares que englobarían una treinta de falsos positivos distribuidos por diversas ciudades del Ecuador.
En encubrimiento sistemático por parte del Ejecutivo y la Fiscalia General del Estado de este tipo de casos conllevaría la fidelización de las Fuerzas Armadas a la figura del presidente Noboa, así como el consiguiente resquemor a que ante un posible cambio de gobierno se inagurasen sin número de procesos de investigación que develaran múltiples casos similares.
En un país en crisis profunda e incapaz de mantener el orden interno, las fronteras entre lo económico, lo democrático y lo militar se hicieron rápidamente cada vez más difusas, alterándose tanto la retórica política como las prácticas represivas que terminarían consolidando un “régimen de guerra” enmarcado en la creciente militarización de la vida económica, social e institucional, así como en la creciente alineación de estas con las exigencias de la seguridad nacional.
Lo anterior implicaría, no solo un recorte de libertades bajo los criterios de un estado de excepción permanente, sino también el sometimiento en la práctica de los distintos poderes del Estado e instituciones autónomas al poder Ejecutivo.
Es a partir de ahí donde establece una clara conexión entre el ethos militarista de parte de una sociedad transversalizada por el miedo, tanto a la inseguridad como a un futuro carente de horizonte económico positivo, y el apoyo de esta a las jerarquías sociales dominadas por una fracción de las élites que capturó el Estado y puso a su servicio.
Legitimidad del proceso electoral
En este contexto y más allá de la cancha inclinada en la que tuvo lugar esta disputa electoral, existe un miedo generalizado en amplios sectores de la sociedad ecuatoriana respecto a que su voluntad expresada en las urnas no sea respetada.
Todo régimen de guerra actua en contra del principio de la división de poderes y los “checks and balance” establecidos en todo Estado moderno y reconocidos en la carta magna ecuatoriana. A su vez, todo régimen de guerra tiende a la centralización y concentración del poder bajo lógicas autocráticas, atenta contra los principios de transparencia y se transforma en herramienta de destrucción de los fundamentos de la democracia.
Más que por convicción ideológica, son estos los factores que llevaron al movimiento indígena y a otras organizaciones sociales y populares a determinar su apoyo en segunda vuelta a la candidatura correísta encabezada por Luisa González. Pero a su vez, son estos factores también los que generan dudas sobre la “limpieza” en el recuento de votos que tendrá lugar el próximo domingo, máxime en una coyuntura donde la diferencia de entre una y otra candidatura en primera vuelta fue inferior a veinte mil votos.
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