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Ecuador: un país convertido en laboratorio de injerencia externa

Por Decio Machado

La relación entre Daniel Noboa y Donald Trump podría describirse, bajo criterios amables, como una versión contemporánea del viejo principio del sometimiento geopolítico automático: cuando el centro del sistema habla, la periferia escucha y toma nota con entusiasmo. El presidente Noboa vende esto a lo interno del país no como una subordinación, sino como una coincidencia casi milagrosa de diagnósticos, prioridades y soluciones. Una sincronía política tan perfecta que nos debería hacer pensar que la geopolítica, en realidad, funciona mejor cuando alguien se encarga de escribir el guion y los demás de interpretarlo.

En todo caso y más allá de lo irónico, la formula es elegante: Washington define el problema —narcoterrorismo, crimen transnacional, seguridad hemisférica y narcopolítica progresista— y Quito aporta el territorio, los puertos, las cárceles, su aparato de seguridad del Estado y, ¿cómo no?, el relato político interno que explique por qué la solución pasa por una cooperación cada vez más estrecha con el mismo actor que diseña el diagnóstico, asienta tropas inconstitucionalmente en territorio nacional y termina bombardea el propio país.

Para el gobierno ecuatoriano, la asociación con Trump ofrece además una ventaja narrativa nada despreciable: permite presentar la crisis de seguridad interna como parte de un conflicto global. De pronto, las bandas criminales locales dejan de ser un síntoma del deterioro institucional del país para convertirse en piezas de una amenaza transnacional que exige respuestas extraordinarias. De igual manera sucede con las disidencias política a lo interno del país, no son tan solo indígenas, socialistas o comunistas… son los socios de Hebollah, Hamas y los Hermanos Musulmanes entre otros. Y cuando los problemas se vuelven globales, es lógico que las soluciones también lo sean, aunque sean violentas y sin reglas.

Desde Washington, la relación también tiene su utilidad. En un hemisferio cada vez más fragmentado políticamente y con creciente influencia de China en la región, contar con gobiernos dispuestos a alinearse con la agenda política y de seguridad estadounidense simplifica bastante el tablero. Ecuador, con su posición geográfica estratégica entre los mayores productores de cocaína del planeta y con puertos integrados al comercio global, ofrece una plataforma logística difícil de ignorar. Lo mismo sucede en el ámbito sociopolítico, pues el país se caracteriza por tener el movimiento social con mayor incidencia contestaria de la región, el movimiento indígena, y eso de ofrece también una plataforma generadora de inestabilidad que tampoco hay que ignorar. Que el combate a esas plataformas venga además envuelto en un discurso de alianza estratégica es, para cualquier potencia, una ventaja adicional.

Así, la relación entre Noboa y Trump parece funcionar bajo una lógica bastante clara: uno ofrece respaldo político, narrativa geopolítica y arquitectura de seguridad; el otro aporta territorio, urgencia y una crisis lo suficientemente grave como para justificarlo todo. En el lenguaje diplomático esto suele llamarse cooperación estratégica. En un lenguaje ligeramente menos ceremonial, podría describirse como una relación donde cada actor encuentra exactamente lo que busca, aunque no necesariamente en el mismo lugar del tablero.

Más allá de los delirios trumpistas, la lógica anterior le es notablemente útil al presidente ecuatoriano Daniel Noboa, pues sobre esta sostiene su mandato: estados de excepción permanente -principio básico de la necropolítica- y militarización social -normalización del recorte de garantías jurídicas y derechos constitucionales-, sobre-posición de poderes que le permite el control total sobre el resto de funciones y organismos de control del Estado, control del ecosistema mediático y persecución sin descanso ni excepciones sobre toda y todo aquel adversario o disidente político que se atreva a cuestionar el nuevo régimen. En resumen, todo lo que se mueva a un ritmo no impuesto desde Carondelet es país es narcoterrorista.

La legitimidad de Noboa para todo esto no está en la sociedad del país que teóricamente gobierna, está en el aval que recibe de Washington para violar el Estado de derecho con la más absoluta impunidad. En resumen, el relato que se busca imponer sería el siguiente: sin Noboa no hay lucha contra el narcotráfico en el país, con Noboa no hay democracia en el país… todo tiene un precio y ustedes eligen.

Antecedentes

El actual proceso de realineamiento geopolítico de Ecuador hacia los Estados Unidos se enmarca en el cambio de ciclo político que siguió al fin del gobierno de Rafael Correa (2007-2017). Durante la década previa, la política exterior ecuatoriana se había orientado a la diversificación de alianzas internacionales, fortalecimiento de los mecanismos de integración región, distanciamiento del ecosistema político-financiero de Bretton Woods y búsqueda de mayor autonomía frente a Washington.

En este contexto, decisiones simbólicas y materiales —como el cierre de la base militar estadounidense en Manta en 2009, el asilo a Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres o la retórica soberanista en foros multilaterales— reflejaron más voluntad que logros en la década correísta por redefinir la inserción internacional del país.

Tras el cambio de ciclo, Ecuador abandona la estrategia de autonomía regional y diversificación geopolítica que había caracterizado su política exterior entre 2007 y 2017, para orientarse a la recomposición de sus relaciones con Estados Unidos y con los marcos institucionales más tradicionales del sistema interamericano. Las primeras señales de este viraje comenzaron a evidenciarse de forma sutil y estratégicamente calibrada a partir de agosto de 2017, cuando el nuevo gobierno ecuatoriano formuló su primer pronunciamiento crítico sobre la situación política venezolana. El viraje diplomático post-correísta se consolida, se institucionaliza y se vuelve explícito en la segunda mitad del 2018, período en el cual Ecuador rompería definitivamente con el regionalismo autonomista post-neoliberal sudamericano (abandono del ALBA, retiro de UNASUR y acercamiento al Grupo de Lima) y se recompone su alianza estratégica y de dependencia con EEUU.

El episodio más emblemático, simbólico y explícito de este proceso de realineamiento geopolítico de Ecuador con los intereses de Estados Unidos se produciría el 11 de abril de 2019, cuando el gobierno ecuatoriano decidió revocar el asilo político concedido a Julian Assange en su embajada en Londres. Más allá de las implicaciones humanas y jurídicas de aquella decisión, el hecho fue interpretado internacionalmente como señal inequívoca de que Ecuador abandonaba cualquier pretensión de autonomía internacional para reintegrarse -de forma disciplinada- en la órbita estratégica de Estados Unidos. Desde entonces, el alineamiento irrestricto a los intereses de la política exterior de Estados Unidos se ha consolidado como principio rector del posicionamiento internacional del Ecuador en el actual ciclo político de restauración conservadora por el cual atraviesa el país.

Ecuador: nodo logístico central del sistema transnacional del narcotráfico

La reciente intensificación de las relaciones entre la administración estadounidense y el gobierno ecuatoriano responde a la redefinición del rol de este pequeño país andino en el nueva arquitectura de seguridad hemisférica impulsada desde Washington.

Pero para entender esto en profundidad vayamos por partes…

En primer lugar, cabe recordar que el concepto de espacio vital en términos de hegemonía se entiende como la proyección geopolítica necesaria que un actor político considera indispensable para preservar su posición dominante sobre el resto de actores que comparten el sistema mundo. En clave de teoría política y geopolítica, ese mismo espacio vital puede definirse como la esfera de influencia que una potencia considera estratégica para garantizar su seguridad, expansión económica, estabilidad interna y proyección de poder.

Así las cosas y desde su dimensión contemporánea, el espacio vital de Estados Unidos no es estrictamente un territorio, sino una arquitectura de hegemonía compuesta por: el hemisferio occidental como zona de seguridad primaria, las alianzas con centros industriales en Europa y Asia, el control de rutas estratégicas globales y el dominio de instituciones financieras y tecnológicas.

En otras palabras, si miramos el tablero geopolítico actual con frialdad detectaremos tres variables estructurales que se superponen: rivalidad con China, narcotráfico transnacional y control logístico del Pacífico oriental. Ese es el contexto en que emerge la nueva centralidad política del Ecuador en la lógica securitaria estadounidense, un pequeño país en crisis permanente que en los últimos 10 años, fruto del acelerado desmantelamiento del aparato del Estado, pasó de ser territorio de tránsito para convertirse en hub logístico del narcotráfico internacional. Eso convierte a Ecuador en una variable de seguridad nacional para Estados Unidos y el laboratorio experimental para la nueva doctrina de intervención regional de la administración Trump.

La segunda razón del renovado interés estratégico de Estados Unidos por la región y Ecuador en concreto tiene que ver con la creciente expansión de China en el subcontinente. China ha invertido en la región considerables montos económicos en puertos, telecomunicaciones, infraestructura energética y minería; a la par que el Pacífico latinoamericano fue convertiéndose de forma acelerada en una gran zona de competencia geoeconómico y comercial silenciosa.

Así las cosas y desde la lógica de la geopolítica hegemonía hemisférica, Estados Unidos no puede permitirse perder control estratégico sobre el corredor Panamá–Colombia–Ecuador; punto de fricción en el que convergen narcotráfico global, rutas comerciales del Pacífico, expansión china, migración irregular y redes de crimen transnacional.

El giro ecuatoriano

Quizás lo más chocante del caso Ecuador sea la velocidad y el nivel de su degradación, pues en muy pocos años Ecuador pasó de ser uno de los países más seguros de América Latina a registrar niveles de violencia comparables con los de algunas de las regiones más conflictivas del continente. Ecuador registra al cierre del pasado año 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que lo convierte en el país más peligro de la región y quinto a escala planetaria.

Distintos análisis de seguridad elaborados en los últimos tres años afirman que la mayor parte de la cocaína que llega a Europa pasa por territorio ecuatoriano. Dicha sustancia embarca hacia el extranjero a través de contenedores contaminados en exportaciones legales (banano, camarón, etc.). En el caso de la cocaína con destino a los Estados Unidos, se contemplan tres corredores logísticos principales: marítimo, terrestre-marino vía Centroamérica y aéreo.

De los tres gobiernos post-correistas que han transitado por el palacio presidencial de Carondelet en los últimos nueve años, ninguno de ellos ha sido capaz de enfrentar de forma eficiente la creciente espiral de violencia que azota al país, al menos desde 2020, de forma descarnada. Lo anterior, más allá de la deriva política interna y la sucesión de gobierno ineptos, abrió aún más las puertas en un Ecuador sometido a la agenda fondomonetarista, para la intervención estadounidense en prácticamente todo ámbito y contexto en Ecuador.

En este sentido, la secuencia del actual ciclo de restauración conservadora es clara: durante el período del mandato de Lenín Noboa (2017-2021) el país se realinea con Estados Unidos y es sometido a las clásica políticas de ajuste del FMI; posteriormente, durante el corto mandato de Guillemo Lasso (2021-2023) se intensifica la relación anterior y comienza a ampliar desde la nueva centralidad ecuatoriana, lo que desemboca varios acuerdos de carácter militar (cooperación en seguridad, operativos con el Comando Sur, programas de asistencia en seguridad y defensa con International Narcotics and Law Enforcement Affairs y la DEA, así como programas de entrenamiento para policías y militares); y en el periodo actual de gobierno de Daniel Noboa, el país pasó a convertirse en el laboratorio de la nueva doctrina de intervención estadounidense.

 

Recordando aquellos tiempos del periódico Diagonal y su compromiso con las.y los migrantes

 

Entrevista a Decio Machado / cofundador del mítico periódico Diagonal 

 Por Alejandro Chiriboga

 
Desde tu experiencia, ¿qué os llevaba en Diagonal a escribir de manera recurrente sobre migraciones y movimientos migrantes? ¿Había una motivación política, social o editorial clara detrás de esa elección temática?

Entre los años 2000 y 2002 había habido una oleada de protestas de inmigrantes extracomunitarios en España que buscaban cambiar su estatus irregular por uno legal, denunciar de denegaciones masivas de regularización y mejorar de las condiciones de vida de las y los trabajadores migrantes. Ahí estuvieron las movilización de migrantes ecuatorianos en Lorca (Murcia), de trabajadores magrebíes que trabajan la fresa en Huelva e inmediatamente despúes de trabajadores argelinos y marroquíes que trabajaban el campo andaluz en el campus de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, y de igual manera las movilizaciones en Valencia y Barcelona que replicaron este tipo de activación política de los “sin rostro”.

Algunos de quienes poco tiempo después participamos en el origen del proyecto mediático alternativo Diagonal habíamos estado cercanos a esas movilizaciones. Varios compañeros y compañeras provenían de militancia en centros sociales donde se desarrollaban actividades de solidaridad con migrantes en Madrid, otros sectores vinculados a la desobediencia civil, redes feministas autónomas y variados espacios sociales sensibles con la cuestión migratoria. En mi caso personal, estuve incluso directamente involucrado en las movilizaciones de inmigrantes en Andalucía como miembro de la Comisión de Precariedad y Exclusión Social de la CGT, sindicato desde el cual promovíamos la afiliación sindical de estos trabajadores pese a no tener papeles, lo cual -en aquel momento- significaba un acto de insumisión penado con cárcel a la Ley de Extranjería.

Lo anterior nos llevó a que en las asambleas semanales del Diagonal, momento donde las y los involucrados en el proyecto decidíamos los temas a tratar en la publicación en curso del períodico, el tema de la migración estuviese presente de forma recurrente. De alguna manera, esto implicaba ampliar nuestro campo de compromiso social con la migración al ámbito de la disputa comunicacional e informativa. 

En ese sentido, ¿consideras que había una intención explícita de disputar el relato dominante sobre la migración en el Estado español? Si es así, ¿de qué manera se intentaba hacerlo desde el lenguaje y el encuadre de las noticias?

En las asambleas del Diagonal, que ejercían como consejo editorial del proyecto, no solo se discutían los temas y artículos a tratar en el número en edición, sino también su enfoque. Evidemente eramos conscientes de que la temática migratoria ya había tomado un espacio de centralidad política en aquel momento y que era un ámbito discursivo recurrente para el gobierno y las organizaciones políticas y sociales conservadoras. Especialmente para las diferentes fracciones de la ultraderecha que en aquel momento buscaban organizarse y asumir protagonismo político real años antes de la creación de Vox en el Estado español.

El ecosistema mediático español en general, tanto el conservador como el supuestamente progresista, ejercían como elementos de alarma social y generación de miedos en la sociedad a través de los encuadres utlizados para abortar la cuestión migratoria. En muchos casos asociándola a un supuesto incremento de la inseguridad ciudadana, en otros vinculándolos con lógicas yihadistas y terrorista en general, y en la mayoría de las veces conexionando la llamada “ola” migratoria con el paulatino deterioro de los servicios sociales, la pérdida de capacidad adquisitiva y la merma en la calidad del empleo. Lo anterior también aplicaba a noticias internacionales, fundamentalmente sostenidos como lógica narrativa alternativa a la extrapolada desde el Parlamento Europea en el marco de la construcción de lo que entonces definíamos como a construcción de la “Europa fortaleza”.

A partir de ahí se desarrolló la línea editorial del Diagonal en esta material. Se trataba de disputar el relato, de mostrar la cara humana de las y los migrantes, su aporte socio-político y combatir la creciente satanización a la que estaba cada vez más sometida la imagen del/la migrante.

Desde tu experiencia, ¿qué enfoque discursivo se intentaba construir al hablar de migración? Es decir, ¿qué queríais destacar o contrarrestar frente al tratamiento que hacían los medios generalistas?

En parte la respuesta a esta pregunta está en la respuesta de la pregunta anterior. En todo caso y para bajar la respuesta al terreno, lo que se planteaba desde el Diagonal era cubrir la realidad silenciada por los grandes medios al interior de los centro de internamiento de extranjeros y de deportación de migrantes tanto en el Estado español como en otros lugar de Europa e incluso del planeta (Lampedusa, Corinto, frontera de Estados Unidos con México y demás).

De igual manera, trabajamos en visibilizar el mundo de las solidaridades: redes ciudadanas de apoyo y también redes profesionales de solidaridad con los migrantes (personal sanitario, juristas, sindicalistas y demás). En el marco de la denuncia, se sostuvo visibilizar los excesos de las políticas de deportación tanto en el Estado español como en Europa y Estados Unidos, denunciando convenios con compañías aéreas -tales como la de Air Europa con vuelos a Senegal, Colombia y Ecuador entre otras-; lo que cotidianamente sucedía en las vallas de Ceuta y Melilla; los excesos policiales y fundamentalmente de la Guardia Civil cometidos con absoluta impunidad en zonas fronterizas o centros de reclusión e incluso sucesos como la política -tanto española como europea- de externalización de fronteras con países de África. Todo ello poco o nada informado en los medios de comunicación al uso en aquel momento.

El nivel de manejo de información que llegó a tener el Diagonal en aquel momento era tal que recuerdo que incluso periodistas de el diario El País me llamaban con el fin de que les pudiéramos socializar contactos para poder cubrir noticias concretas que nosotras y nosotros sacabamos a la luz y que ellos tenían interés en publicar en sus periódico. Evidentemente y llegado el caso, no negábamos el acceso a tales contactos siempre y cuando esto no pusiera a nadie en compromiso, pero si negociábamos con ellos a nivel individual el enfoque que le darían a la noticia. Si les facilitábamos la información estaban obligados a romper el molde impuesto por el consejo editorial del El País, y debo decir que siempre que se dieron estos casos, los periodistas involucrados cumplieron con lo acordado.

¿Cómo describirías el enfoque de Diagonal a la hora de cubrir los movimientos migrantes frente al tratamiento de la prensa generalista?

El enfoque que dábamos a la migración y política de fronteras se diferenciaba de forma nítida, estructural y consciente del tratamiento dominante de los medios generalistas de la época. La diferencia no era solo de tono, sino también de marco interpretativo, sujetos protagonistas y finalidad política del relato.

Digamos que enfrentábamos el marco de análisis de la seguridad y encuadre generalizado en los medios convencionales, con el enfoque de derechos; abordando en el Diagonal la migración como un fenómeno político, económico y estructural inseparable de las relaciones centro-periferia; del legado colonial europeo; de las políticas neoliberales, comerciales y militares; así como de las nuevas lógicas en aquel momento relacionadas con la externalizaciones de fronteras de la Unión Europea.

En este contexto, priorizábamos los testimonios directos, las voces de colectivos migrantes, el posicionamiento informativo de ONGs críticas y redes antiracistas, así como la visibilización de las redes solidarias (abogados, activistas, profesionales de distintos orden y académicos críticos). Esto lo hacíamos frente al enfoque predominante en medios generalistas, el cual se basaba en cifras agregadas, confuso lenguaje administrativo, fuentes institucionales y la visión de la migración como “flujo”, “anomalía”, “presión” y “problema”.

En otras palabras, manejábamos en nuestra redacción un enfoque deliberadamente político del lenguaje, hablando de violencia institucional, fronteras letales, racismo estructural y muertes evitables (no tragedias). El objetivo era desnaturalizar lo que otros medios presentaban como inevitable, despolitizando el sufrimiento y presentando los hechos como “dramas” sin responsables claros o identificables.

¿Cómo se representaba a las personas migrantes en los artículos: como sujetos políticos, víctimas, protagonistas de luchas…? ¿Era algo deliberado dentro del medio?

En el Diagonal, la representación de las personas migrantes en los articulos respondía a un marco político deliberado, claramente diferenciado del tratamiento hegemónico de la prensa convencional.  No era una cuestión estética o de estilo, sino una decisión editorial consciente sobre quién habla, desde dónde habla y con qué legitimidad habla.

Las y los migrantes en el Diagonal tenían un tratamiento como sujetos políticos, no como objetivos informativos. No eran “tema”, les dábamos espacio a sus voces; no aparecían tan solo cuando “llegaban”, sino cuando actuaban, se organizaban o resistían. En definitiva, eran presentados como actores con agencia, no como receptores pasivos de ayuda o sufridores de represión (desdeñábamos la compasión).

Lo anterior se reflejaba en entrevistas directas, en artículos firmados por personas activistas migrantes, y también por crónicas desde encierros, huelgas de hambre, encadenamientos o protestas de distinto tipo.

La migración no se narraba “sobre” ellos, sino con ellos, eso fue siempre una filosofía inquebrantable en el Diagonal, formó parte de nuestra esencia no solo en el ámbito de la temática migratoria, sino en general.

A diferencia de la prensa generalista, en el Diagonal se evitaba el tono paternalista, no se reducía a los migrantes a víctimas silenciosas y se mostraba el sufrimiento sin negar la capacidad de acción de las y los migrantes. Las personas migrantes aparecían organizando sindicatos informales, impugnando leyes, denunciando abusos policiales y construyendo redes comunitarias.

Si, el dolor estaba ahí, pero no anulaba la dignidad ni la capacidad política de las personas migrantes. Además se aludía a la violencia como lógica estructural en nuestras sociedades, no como accidentes ocasionales o fortuitos. La lógica en esto era clara, romper con la figura del “migrante problemático” y su asociación con el delito, el llamado “efecto avalancha” y el marco de la amenaza cultural y económica que estaba entre líneas en las noticias emanadas desde los medios informativos masivos. En el Diagonal los migrantes eran lo que realmente son: trabajadores precarizados, sujetos racializados, poblaciones funcionales a determinados modelos económicos y colectivos sistemáticamente excluídos del espacio de ciudadanía.

En los artículos que escribiste sobre migraciones, ¿qué aspectos te parecían más importantes visibilizar y por qué?

Pues desde una mirada transversalizada por la perspectiva del tiempo, creo que mis artículos en el Diagonal sobre esta materia se caracterizaron por visibilizar distintas dimensiones del fenómeno migratorio y de la política de fronteras que permanecían sistemáticamente invisibles o marginalizadas en los medios en aquel momento al uso. Nunca busqué hacer esto desde la denuncia abstracta o la moralidad judeocristiana, sino desde un análisis situado, con nombres, responsabilidades y visibilizando estructuras existentes no visibles a primera vista.

El enfoque estuvo en una lógica de ver a la migración como resultado de relaciones de poder, no como un fenómeno espontáneo. Esto lo desarrollé mediante artículos que conectaban los flujos migratorios con las políticas económicas europeas, con las asimetrías centro-periferia, con intervenciones militares y extractivas, y con modelos de acumulación que expulsan poblaciones de sus territorios ancentrales.

Otro eje que trabajé a consciencia fue la frontera como dispositivo de violencia institucional. El concepto era que en los “bordes” las muertes no eran accidentes, la violencia no era excepcional y el sufrimiento está incorporado al diseño del sistema. En resumen, la frontera presentada como una arquitectura deliberada de exclusión, no como un fallo de gestión.

En paralelo a todo esto, intenté presentar a las y los migrantes como sujetos políticos con agencia -voces organizadas, resistencias colectivas y accionar político- dentro de un contexto de racismo estructural del régimen migratorio europeo. Todo ello en un marco donde la funcionalidad económica de la migraciónes una realidad indiscutible y existe una responsabilidad política concreta de gobiernos, ministerios, marcos normativos y acuerdos bilaterales con países de origen al respecto.

En definitiva, no se trabaja de visibilizar tan solo el dolor, sino las estructuras que lo producen, haciéndolo además desde un lugar incómodo para el consenso dominante: la migración como espejo del orden político, económico y moral europeo.

En tu caso concreto, al escribir sobre migraciones, ¿qué criterios seguías a la hora de seleccionar fuentes, testimonios o vocabulario?

Básicamente mantenía un criterio que podríamos considerar como “no-neutro”, sino más bien enmarcado en una lógica de disputa respecto al marco dominante en el debate público español y europeo del momento, el cual por cierto sigue siendo el mismo.

En la practica esto significaba otorgarle centralidad político-informativa a colectivos de personas migrantes, plataformas antirracistas, redes de apoyo mutuo y ongs con posicionamiento político critico y no meramente asistencial. Todo ello priorizado por encima de las fuentes institucionales sobre las que basada su información la prensa convencional. Para mi, las fuentes oficiales eran fuentes secundarias, las cuales debían ser contrastadas o interpeladas, y que nunca ejercían como voz hegemónica del relato en mis notas periodísticas.

Otro elemento a destacar en este sentido, el cual tiene relación con mi realidad militante en esa materia, era el concepto de legitimilidad desde la experiencia. Es decir, la autoridad de la fuente nunca fue contemplada en base al cargo de quien hablaba, sino en la experiencia directa del fenómeno, el conocimiento situado y la implicación prolongada en el terreno. Esto evidemente rompía el criterio clásico de los medios convencionales basados en la tesis “fuente oficial = fuente fiable”.

En la lógica de lo testimonial, siempre entendí y sigo entendiendo el testimonio como herramienta política, no sentimental. Para mi los testimonios son útiles para evidenciar la violencia institucional en primera persona, mostrar la cadena de responsabilidades e ilustrar como la norma se traduce en articulación de la violencia en la vida cotidiana.

Por último y en el marco del vocabulariio y del lenguaje, el uso de términos elegidos en mis artículos o crónicas periodístiscas pretendía nombrar responsables, romper la neutralidad aparente y cuestionar el sentido común dominante. A modo de ejemplo, no se trataba de “ilegales” sino de “personas migrantes”, no se trataba de “tragedias” sino de “muertes evitables”, no se trataba de “incidentes” sino de “violencia institucional” y no se trataba de “rechazos en frontera” sino de “devoluciones ilegales”.

Todo ello, con mejor o peor acierto, pretendí hacerlo desde la coherencia entre fuentes, testimonios y lenguaje; buscando que no existiera disonancia entre contenido y forma. Nunca busqué “equilibrar” marcos, sino hacer explícito lo que teníamos decidido colectivamente como línea editorial del Diagonal. 

¿Qué papel crees que jugó Diagonal en dar voz a las personas migrantes y a los colectivos que las acompañaban, más allá de los discursos institucionales?

Creo que el aquel momento fuimos el medio referente para sectores organizados, tanto a nivel de redes de apoyo a migrantes como entre colectivos de inmigrantes estructurados en el marco de sus reivindicaciones sociales.

El periódico Diagonal estaba en las mesas de las sedes centrales de sindicatos formales o informales donde había migrantes organizados, en los despachos de abogados que trabajan en los derechos de migrantes, en los locales sindicales las secciones de trabajadores sanitarios y en los sedes de organizaciones sociales de distinto tipo entre otros. En fin y desde mi punto de vista, el Diagonal fue el primer proyecto referencial de alternativa mediática no subordinada a nivel nacional a poder alguno, con cierto calado social, tras el cierre del efímero periódico Liberación en España en 1984. 

¿Qué dificultades encontrabas a la hora de informar sobre migraciones desde una perspectiva crítica y comprometida?

Teníamos dificultades estructurales, políticas y operativas de distinto orden para informar sobre migraciones y estas eran de naturaleza absolutamente distintas a las de los grandes medios. Estas limitaciones estaban directamente relacionales con nuestra posición editorial crítica, el modelo de medio independiente donde la información no tiene dueño que habíamos creado y el campo de poder en el cual operábamos.

Así las cosas, había una asimetría en el acceso a fuentes institucionales. Muchos ministerios, delegaciones de gobierno y portavocías oficiales se negaban a hablar con nosotros. Algunos incluso llegaron a acusarnos de revoltosos, anarquistas y hasta pro-etarras.

A lo anterior hay que sumar la opacilidad deliberada del Estado en materia migratoria, lo cual llevaba a que las políticas de frontera carecieran de transparencia, clasificación de datos y lenguaje administrativo ambiguo. En estas condiciones, en el Diagonal muchas veces trabajábamos con datos incompletos, versiones oficiales contradictorias y ausencia de registros públicos fiables. 

Para nosotros, informar con rigor implicaba desmontar narrativas oficiales sin acceso a la totalidad de la información. Por otro lado, enfrentábamos riesgos legales y judicialización del periodismo. El tratamiento crítico de las devoluciones de inmigrantes en caliente, actuaciones policiales indebidas, asesinatos en frontera y acuerdos con terceros países que hasta entonces habían permanecidos ocultos, exponían al periódico Diagonal a amenazas legales formales e informales y presiones indirectas de múltiples tipos que recibíamos individual o colectivamente. 

Sumado a lo anterior, el Diagonal siempre tuvo notorias limitaciones económicas y logísticas. Carecíamos de corresponsales oficiales en frontera, recursos para coberturas prolongadas y equipos jurídicos o de seguridad propios. Cubrir zonas calientes como Melilla, Ceuta, Canarías o fronteras externalizadas en África, requería un esfuerzo que la inmensa mayoría de la veces solo era posible de forma intermitente y de manera muy militante (autogestionada).

A su vez, sufríamos cierta hostilidad de gran parte del ecosistema mediático dominante. Nuestro enfoque chocaba con los marcos securitarios hegemónicos, los consensos mediáticos amplios y las narrativas periodístico informativas normalizadas. Esto implicó cierta estigmatización del Diagonal como medio “activista”, pues decir lo que otros callaban tuvo costes simbólicos y materiales. 

Mirando con perspectiva, ¿consideras que el discurso de Diagonal sobre migraciones cumplía un objetivo transformador o de incidencia política? ¿En qué sentido?

Si, aunque considero que no en los términos clásicos de concepción del poder institucional, sino en forma indirecta, acumulativa y estructural. Esto implica una forma de evaluación con criterios distintos a los de los medios hegemónicos.

Por un lado, debe contemplarse la incidencia del Diagonal en el marco interpretativo, lo que se conoce como trame building. Diagonal abrió ventanas de transformación en la forma de pensar la migración y las fronteras en determinados espacios sociales y políticos no vinculados de forma directa con el tema. Además de ello, tuvo fuerte incidencia en movimientos sociales y redes activistas como espacio de legitimación discursiva, caja de resonacia y archivo político de luchas invisibilizadas. El trabajo comunicacional informativo del Diagonal dio continuidad a conflictos dispersos, conectó luchas locales con marcos globales y dotó de lenguaje político a experiencias hasta aquel momento muy fragmentadas.

En el ámbito de la incidencia en la agenda política institucional el impacto del Diagonal fue muy limitado. Pese a ello, las investigaciones y marcos desarrollados en el Diagonal fueron retomados, con retraso por otros actores. Algunos temas denunciados -abusos en CIEs e indebidads devoluciones en caliente- terminaron formando parte de debates parlamentarios, resoluciones judiciales e informes de organismos internacionales. Es decir, la incidencia fue mediada y diferida, aunque incidencia al fin y al cabo.

En lo que tiene que ver con el entorno, quizás lo más importante fue la formación de lectores críticos, socialización de un modelo de lenguaje alternativo, así como la contribución a una alfabetización política sobre fronteras y migración hasta entonces inexistente.

Evidentemente, todo lo anterior tuvo límites reales e indiscutibles relacionados en el alcance mediático del Diagonal, la dificultad de romper burbujas ideológicas y la escasa traducción inmediata de nuestra incidencia en los ámbitos de poder institucional. 

¿Crees que la prensa alternativa puede influir realmente en la percepción social de las migraciones? ¿De qué manera?

Por supuesto, la prensa alternativa puede y debe influir en la percepción social de las migraciones. Sin embargo, hay que se conscientes de que lo hace de una forma distinta a la prensa convencional y bajo condiciones específicas. Su capacidad de influencia debe medirse en términos de transformación del sentido común y marcos interpretativos, no en términos de audiencia.

Lo que está al alcance de la prensa alternativa es influir en como se nombra y conceptualiza a la migración, qué preguntas y cuáles se consideran legítimas y no legítimas, qué interpretaciones deben dejar de ser maginales y quiénes deben ser reconocidos como sujetos de palabra.

En otros térmicos, hablamos de influencia por acumulación discursiva y capacidad de incidencia indirecta, no por impacto puntual e inmediato. En el mundo de los relatos, transformar el lenguaje es -a la largar- transformar la percepción.  

Mirando en retrospectiva, ¿crees que el tratamiento mediático de las migraciones ha cambiado en los últimos años? ¿Qué continuidades o rupturas destacarías?

Sí, pero ha sido un cambio parcial, desigual y no siempre linealmente positivo. 

Por un lado, asistimos a un desplazamiento del lenguaje más burdo en lo referente a la utilización de términos como “ilegal” y mayor visibilidad en momentos críticos del enfoque de derechos; aunque nada de esto es consecuencia de la  convicción editorial, sino más bien a cierta presión social acumulada, incidencia del tejido social organizado, organismos internacionales y estándares de estilo más vigilados. Por otro lado y respecto a lo que ha cambiado poco o casi nada, esto tiene que ver con la persistencia del marco securitario, la centralidad de las fuentes institucionales y la normalización de criterios provenientes de la extrema derecha (radicalización del lenguaje de la “amenaza”, asociación migración-delito y amplificación de marcos relacionados con “invasión” y “colapso”).

Como conclusión, cambió el tratamiento mediático en el ámbito del lenguaje, sensibilidad a manera de forma e inclusión ocasional del enfoque de derechos; aunque no de manera sustantiva en lo referente a como la migración sigue tratándose como problema a gestionar, a entender el Estado como eje central del relato y conceptualiza a las personas migrantes consideradándolas como objeto y no como actor o sujeto político con capacidad de acción.

Arte y Cultura desestabilizando el poder

 

Decio Machado: Davos se salió de control

 

Cooperativas bajo asedio: la disputa por la economía popular en Ecuador

Por Decio Machado

En Ecuador, las cooperativas de ahorro y crédito representan mucho más que simples instituciones financieras. Son herederas de una tradición comunitaria de solidaridad, confianza mutua y gestión autónoma de recursos en territorios que el sistema financiero privado descarta y donde el Estado suele llegar tarde o nunca llega.

Las cooperativas de ahorro y crédito constituyen, además, un contrapeso histórico a la hegemonía de la banca privada, operando bajo lógicas de proximidad social antes que de maximización de utilidades. De hecho, nacieron como iniciativas de organización comunitaria y barrial; creándose desde abajo, para resolver las necesidades de financiamiento de campesinos, comerciantes, artesanos y trabajadores que no tenían acceso al sistema bancario tradicional. Es por ello que su presencia se concentra en parroquias rurales, cantones pequeños y periferias urbanas, consolidándose como el único vehículo financiero disponible en territorios marginalizados, bajo el desprecio del análisis de costo-beneficio de los grupos financieros tradicionales.

Sin embargo, debido a su capacidad operativa mediante estructuras administrativas relativamente ligeras, contratación de personal local y costos menores al de las entidades financieras convencionales, en la actualidad el sector financiero popular y solidario agrupa a más de 6.1 millones de socios (usuarios), administra unos USD 28 mil millones en activos y representa aproximadamente un tercio del sistema financiero nacional.

Lo anterior, sumado a las más de 16.800 organizaciones (cooperativas de servicios, de producción, de vivienda y de consumo, además de asociaciones productivas y organizaciones comunitarias) que constituyen en llamado “sector real” de la economía popular y solidaria, las cuales en su conjunto involucran a más de 540.000 personas, conforma un ecosistema reconocido por el Estado ecuatoriano, sobre todo a partir de la vigente Constitución de 2008, como un sector económico estratégico.

Ese “sector real” en el cual se desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, y consumo de bienes y servicios, se relaciona con el sector financiero popular y solidario principalmente a través de productos de ahorro y crédito que los socios de la economía popular y solidaria mantienen con las instituciones financieras pertenecientes al ecosistema. Esta interrelación se materializa en que más de 295.000 socios, asociados y miembros del “sector real” de economía popular y solidaria son también socios en el sector financiero popular y solidario; donde cerca de 100.000 personas de este entorno cuentan con operaciones de crédito vigentes y unas 319.000 personas cooperativistas mantienen depósitos en distintas instituciones financieras del sector.

Salud y legitimidad de las cooperativas

En términos de indicadores de solvencia, el índice de morosidad de las cooperativas de ahorro y crédito ronda el 8,33% promedio, más alto que el 3,27% promedio de la banca privada, aunque que se mantiene en un rango sostenible para el tipo de público al que atienden. A su vez, las políticas de prevención enmarcadas en índices de cobertura de cartera y requerimientos de liquidez obligatoria establecidos por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria -organismo de regulación y control del sector- han operado positivamente evitando cualquier riesgo de colapso sistémico en un sector donde, a la par, el seguro de depósitos COSEDE cubre hasta USD 32.000, lo que brinda una protección importante al pequeño ahorro en cooperativas grandes. Por último, cabe señalar que la solidez del sector financiero popular y solidario radica en que su cartera de crédito se distribuye entre miles de pequeños prestatarios, lo que reduce el riesgo de concentración.

Por otro lado y en lo que respecta al rol social del sistema financiero popular y solidario, la más reciente demostración de su razón de ser tuvo lugar durante la pandemia de 2020, momento en el que mientras los bancos restringían créditos, las cooperativas de ahorro y crédito siguieron financiando microemprendimientos, agricultura familiar y pequeños negocios, lo que reafirmó su legitimidad social.

De hecho, el crecimiento sostenido de este sector durante las últimas décadas se sustenta sobre estos tres pilares estructurales: confianza de los socios en el sector, inserción territorial y legitimidad social.

El apetito de la banca privada

Frente a la amplia diversidad existente en el sector cooperativo, el sistema bancario tradicional se caracteriza por su alta concentración en pocos actores privados. El sistema financiero privado es dominado por tres grandes emporios bancarios que, además, condicionan políticas regulatorias a su favor. La competencia entre estos se enmarca en la disputa por la captación de depósitos y el otorgamiento de créditos de consumo y productivos.

En este contexto, estos grandes bancos privados llevan años interesados en apoderarse de un botín tan apreciable como el capital acumulado en las cooperativas de ahorro y crédito más grandes del país.

Durante los últimos siete años y en especial a partir de la aprobación de la “ley para la defensa de la dolarización” en abril de 2021, los voceros de la gran banca privada nacional no han cesado de arremeter públicamente contra el sector financiero popular y solidario. La narrativa común utilizada por estos combina estrategias de contraste (diferencias normativas) y miedo (crisis inminente).

Ataque al modelo económico popular y solidario

Más allá de la disputa por nichos de mercado, el neoliberalismo y las cooperativas representan dos enfoques económicos opuestos. El neoliberalismo promueve la liberalización del mercado, la privatización y la desregulación, con el objetivo de fomentar el crecimiento económico a través de la competencia individual. Por otro lado, las cooperativas son organizaciones de propiedad conjunta y control democrático, donde los miembros buscan satisfacer necesidades comunes mediante la colaboración y la solidaridad.

Dicho antagonismo se evidenció institucionalmente en la pugna mantenida por años entre los gurús locales del neoliberalismo, reposicionados en los entornos de influencia en la política gubernamental a partir del gobierno de Lenín Moreno, y los funcionarios y operadores de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Pese a la gradual implementación en el país de una política liberal y pro-mercado, hoy derivado en neoliberalismo pragmático con rasgos autoritarios, sector financiero popular y solidario se mantuvo sólido sin sufrir graves agresiones.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Programa de Evaluación del Sector Financiero con Ecuador (Agosto/2023), sentaría las bases de la reforma legal hoy en curso. Ignorando que cooperativas y bancos son entidades de naturaleza distinta (sentido de identidad y propiedad, nicho de negocio, modelo de toma de decisiones…), en dicho informe se señala que: “considerando que el funcionamiento y los modelos de negocio de las cooperativas de crédito más grandes son más cercanos a los bancos que a las demás cooperativas, las autoridades podrían considerar transferir la supervisión de las cooperativas más grandes a la Superintendencia de Bancos”. El documento sostiene además que dicha transferencia “podría mejorar la eficiencia y eficacia de la supervisión”, indicando que la falta de control no permite “obtener una visión integral del perfil de riesgo” de las cooperativas.

Las recomendaciones del FMI conllevan una gran carga de intencionalidad más política que técnica, pues la Superintendencia de Bancos lleva años bajo control de los principales bancos del país, dejando de ser un organismo de regulación y control para ser una estructura al servicio de quienes dominan el sector financiero nacional.

Lo anterior marca el punto de partida de la actual ofensiva contra la cooperativas de ahorro y crédito, y por extensión, contra el sistema de la economía popular y solidaria en su conjunto. La agenda fondomonetarista propiciaría la actual alianza estratégica entre el poder político y el poder financiero frente a las cooperativas de ahorro y crédito. Mientras el gobierno de Daniel Noboa busca, bajo supuestos criterios de modernización económica, acabar con viejos modelos y estructuras comunitarias históricamente enraizadas en el país; los grandes bancos que controlan el sistema financiero privado buscan desplazar a la economía solidaria de su nicho natural, con el fin de capturar un mercado que ha sabido sostenerse con base en la cercanía comunitaria.

Así las cosas y teniendo en cuenta que el Estado no es un mero aparato de que “administra” la sociedad, sino una condensación de relaciones de fuerza, en la Asamblea Nacional tendrían lugar dos episodios consecutivos que cambiarían radicalmente el escenario hasta entonces existente. El primero tuvo lugar el 12 de mayo de 2025, con la censura -mediante juicio político- de la funcionaria a cargo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria durante el periodo de resistencia a la captura del sector por parte de los grandes grupos de capital financiero privado. El segundo momento se da apenas un mes después, cuando el 24 de junio es aprobada en el Legislativo la Ley Orgánica de Integridad Pública y su Disposición Transitoria Décimo Primera, mediante la cual se dispone identificar a las cooperativas de ahorro y crédito que deban ser transformadas en sociedades anónimas del sector financiero privado y traspasarlas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos.

La disposición mencionada actúa como llave para un proceso de transformación forzada de cooperativas en bancos, bajo el argumento de modernizar la gestión, fortalecer la solvencia y aumentar la transparencia, poniendo en juego no solo la autonomía de estas entidades, sino el destino mismo de la economía popular y solidaria.

Por añadidura, es de reseñar que detrás de este discurso tecnocrático se esconde un interés evidente: la conversión de cooperativas en bancos abre la puerta a la entrada de accionistas privados (los grandes bancos), los cuales con mayor músculo financiero se harán con el control mayoritario de instituciones que hasta ahora habían sido propiedad de los socios de las cooperativas.

El gobierno, en sintonía con organismos multilaterales y cámaras empresariales, presenta esta normativa como parte de una agenda de “modernización capitalista”. El relato oficial insiste en que el país debe alinearse con “estándares internacionales” que garanticen confianza de inversionistas extranjeros y la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, modernización aquí se traduce en el desmantelamiento de formas de organización económica enraizadas en la cultura popular para imponer modelos financieros verticales, ajenos a la lógica del territorio. Bajo el ropaje de la eficiencia y la transparencia, lo que se promueve es una redistribución regresiva del poder económico: quitarle a las bases sociales organizadas para entregarle a los grandes capitales.

El trasfondo político: una economía al servicio del capital

No se trata solo de una disputa técnica sobre la regulación financiera. Lo que está en juego es la orientación misma del modelo económico ecuatoriano. Las cooperativas encarnan una tradición de autonomía social y resiliencia comunitaria, vital en un país atravesado por crisis recurrentes. Su desarticulación significa, en términos políticos, la pérdida de un espacio de soberanía económica frente a los intereses del capital financiero.

El Estado actúa aquí como garante del mercado, no como defensor del interés público. El discurso de integridad y transparencia funciona como pretexto para allanar el camino a la concentración de capitales y la subordinación de la economía popular a las reglas del juego neoliberal.

En definitiva, el problema de fondo no es si las cooperativas deben “modernizarse” o no, sino quién controla los recursos financieros del país: ¿los socios organizados bajo principios de solidaridad y proximidad, o un puñado de grupos económicos que ya concentran buena parte de la riqueza nacional?

Estado de situación y perspectivas

En la tarde del 4 de agosto de 2025, la Corte Constitucional del Ecuador informaría de la suspensión provisional de la Disposición Transitoria Décimo Primera de la Ley Orgánica de Integridad Pública.

Esta decisión se enmarca en el proceso de admisibilidad de las acciones públicas de inconstitucionalidad y de suspensión de normas que, a primera vista, podrían afectar derechos fundamentales. Se trata de una actuación técnica y jurídica que busca precautelar el cumplimiento y la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, sin que constituya aún pronunciamiento de fondo sobre dicho proceso.

Lo anterior, pese a que presuponga cierto nivel de avance de las posturas en defensa de la economía popular y solidaria, prolonga en el tiempo el actual escenario de incertidumbre, a la espera, sin fecha establecida, de un dictamen final de la Corte Constitucional al respecto.

Mientras tanto, por esta decisión y otras similares derivadas de la aprobación indebida de leyes consideradas económicas urgentes en la Asamblea Nacional, el gobierno ha convertido estratégicamente a la Corte Constitucional en su principal antagonista político. Posiblemente estemos en los preámbulos de lo que será un nuevo proceso constituyente, en esta ocasión regresivo en materia de derechos.

Por su parte y ante este escenario de acoso y derribo al sector financiero popular y solidario, tanto el espectro político de la izquierda institucional como de la social brillan por su ausencia. Los primeros, inmersos en un proceso de crisis interna tras su última derrota electoral y desconectados cada vez más de la realidad, guardan silencio e incluso fueron cómplices del juicio político que censuró a quien fuera la anterior titular de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el único organismo del Estado que hasta poco antes había defendido al sector de la economía popular frente a la presión de las juntas regulatorias -financiera y monetaria-, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, el lobby del capital financiero y los multilaterales. Los segundos, con una dirección política recien instalada y en franco proceso de renuncia a sus reivindicaciones históricas como movimiento social, abandonan a su suerte al amplio segmento indígena que compone el sector cooperativo financiero nacional. Respecto a lo último, hay incluso quienes de forma muy naif reivindican el derecho indígena a poseer bancos.

Por último y en lo que respecto al sector, mientras la actual dirección de la Superintencia de Economía Popular y Solidario guarda un silencio cómplice respecto al conflicto, la heterogeneidad que transversaliza el mundo de las cooperativas de ahorro y crédito se muestra de diferentes formas. Unos se agrupan y organizan para hacer frente a la embestida gubernamental y bancaria, otros buscan negociar una salida particular para sus cooperativas e incluso hay quienes apoyan la desarticulación del sector, pensando ilusóriamente en apropiarse de determinadas instituciones financieras solidarias y la sucesión dinástica de sus gerencias.

Conclusión

La Disposición Transitoria Décimo Primera es una jugada estratégica que redefine el tablero financiero en Ecuador. Bajo el disfraz de un tecnicismo legal y de la falsa necesidad de darle estabilidad al sector de las cooperativas, se abre paso a una reconfiguración estructural: la economía popular y solidaria pierde autonomía, se socava las bases de la economía tradicional, la banca privada gana un nuevo mercado y el gobierno se presenta como un actor modernizador del país mientras cumple servilmente la agenda fondomonetarista.

El desenlace no es menor. Está en juego la posibilidad de que Ecuador siga siendo un país donde convivan múltiples formas de organización económica, o que la uniformidad capitalista, cada vez más feroz e impuesta desde arriba, termine borrando décadas de construcción comunitaria y solidaria.

 

Ecuador: la disputa por el relato político

Por Decio Machado

Según Roland Barthes, distinguido semiólogo y filósofo estructuralista del pasado siglo, existe un presencia universal del relato en el mundo cultural humano. “El relato está presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades; el relato comienza con la misma historia de la humanidad; no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos; todas las clases, todos los grupos humanos, tienen sus relatos (…), el relato está allí como la vida”, escribiría Barthes en su trabajo Introducción al análisis estructural de los relatos, publicado en 1966 en la referencial revista Communications.

En definitiva, los relatos existen desde los albores de la humanidad y como herramienta comunicacional precede, incluso, al origen de la escritura. En los tiempos que corren, la novedad al respecto está en que en un contexto signado por la saturación de información y la economía de la atención, el relato -como técnica de marketing y construcción de realidades- está siendo utilizado sin escrúpulos para reducir la capacidad pensante de los individuos, subordinando la política a la propaganda y amplificando la demagogia a través de las posibilidades virales que la cultura digital ofrece.

Así las cosas, la técnica del relato permitió sustituir al viejo pedagogo político por un nuevo cautivador mediático, quien moldeado por expertos comunicacionales y spin doctors, basa sus estrategias de construcción de imagen y posicionamiento social sobre el aliento de pasiones superficiales y la conversión de la política en espectáculo.

Pues bien y al igual que en otros lugares, hace tiempo ya que la lucha entre interpretaciones se convirtió en el epicentro y la base fundamental del sistema político ecuatoriano.

La explicación de esto en el marco nacional es sencilla y se condensa en la siguiente cita del ya fallecido novelista estadounidense Tom Clancy: “¿La diferencia entre la realidad y la ficción? La ficción siempre tiene sentido”. Y es en esa disputa por el sentido, en esa la batalla de los relatos donde los hechos carecen de importancia, donde el neoconservadurismo político ecuatoriano impone un relato hegemónico que se reafirma en la dialéctica “amigo-enemigo” y que le otorga legitimidad y poder.

Nueva derecha vs vieja izquierda

Tras los débiles gobiernos poscorreístas de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), los cuales sumieron al país en una grave y profunda crisis de gobernabilidad e inseguridad, la aparición de Daniel Noboa en el ecosistema político nacional representa, además de una oportunidad para las élites económicas de alcanzar estabilidad en el poder del Estado, una recomposición en las filas del conservadurismo ecuatoriano alineado, con sus particularidades propias, al ciclo político global de ascenso del campo autoritario-reaccionario.

En un contexto de sociedad en caos, marcado por la polarización política, politización de la justicia, crisis de gobernabilidad y deterioro de la seguridad pública; el gobierno del presidente Noboa representa la configuración de una nueva derecha de acentuado carácter populista y demagógico que permite la articulación de una nueva narrativa y práctica política enraizada en la noción de “guerra”.

Dicha construcción discursiva, basada en la categoría política “amigo-enemigo”, la cual la fue considerada como eje fundamental por el teórico alemán Carl Schmitt en su obra El Concepto de lo Político publicada en 1927, terminó por implantar un relato que se constituye como totalidad a través de una lógica de equivalencia que asocia al enemigo delincuencial del Estado y la sociedad ecuatoriana con el adversario político del actual gobierno. Así las cosas, a la par que el gobierno consolida una frontera antagónica con el correísmo que le da identidad propia y genera emocionalidad social positiva, desarrolla una cadena de equivalencias mediante la cual el correísmo, los grupos de delincuencia organizada (GDO), la corrupción y la vieja política vienen a ser la misma cosa. En paralelo y teniendo en cuenta que no hay victorias políticas sin victorias culturales, el oficialismo va construyendo heurísticos cognitivos mediante los cuales redefine valores sociales e ideológicos en los que enmarca su accionar político.

Lo anterior se encuadra en una estrategia relativamente sencilla, pero a su vez exitosa. Utilizada la penetración del narcotráfico y la espiral de violencia en el país como “doctrina de schock”, con la expedición del Decreto Ejecutivo 111 del 9 de enero de 2024 se declara la existencia de un “conflicto armado interno” en el Ecuador y, a partir de ahí y con legitimación posterior en las urnas, se inaugura la actual política en curso de “mano dura” y militarización social que se evidencia como una herramienta de destrucción de los fundamentos de una -ya de por sí- débil democracia nacional, desvirtuando la competencia política y atentando contra la separación de poderes.

Tras la segunda victoria electoral consecutiva de Daniel Noboa, el pasado 13 de abril, son visibles tres aspectos sobre los cuales se consolida la nueva derecha ecuatoriana:

1. Reagrupamiento de fuerzas políticas conservadoras antes en disputa por la hegemonía de la derecha durante los primeros 18 meses de mandato del presidente Noboa: desaparece la incidencia de María Paula Romo y su formación política del tablero político nacional; se neutralizan las operaciones de ataque y desgaste político organizadas desde el entorno de Guillemo Lasso y espacios afines contra el actual gobierno; se neutralizan las operaciones políticas de los socialcristianos en la Región Costa; y quedan subordinadas al gobierno el resto de las pequeñas facciones políticas de perfil reaccionario y ultrareaccionario.

2. Realineamiento en posiciones pro-oficialistas de prácticamente todo el ecosistema mediático conservador (medios tradicionales, medios digitales y agencias), algunos de estos anteriormente críticos con Daniel Noboa debido a presiones de grupos de capital financiero y en especial por Guillermo Lasso.

3. Reformulación de las relaciones entre la fracción de las élites hoy en el poder (captura del Estado por parte de la Corporación Noboa y entorno afín) con el resto de grupos oligárquicos y el escaso capital emergente en el país, limándose críticas y desconfianzas existentes durante los 18 meses de gestión del primer mandato.

En contraposición a lo anterior, el agotamiento del progresismo como lenguaje y agenda común resulta evidente en la actual coyuntura política nacional. La Revolución Ciudadana es la única fuerza política que tras gobernar durante el pasado ciclo hegemónico progresista (triunfo electoral de Hugo Chávez en 1999 en Venezuela y el fin de gobierno de Rafael Correa en 2017 en Ecuador) no volvió a ganar ninguna elección presidencial en su país.

En la actualidad, tanto el correísmo como el resto de la oposición de izquierdas, ya sean estas de carácter político institucional o político social, muestran que no solamente perdieron las elecciones, sino también la lucha entre interpretaciones que hoy se disputa el sentido común en el campo de la política.

Enmarcados en una coyuntura donde la derecha ecuatoriana renueva liderazgos, reconfigura estructuras organizativas y se dota de un nuevo branding de marca (rebranding); las izquierdas se debilitan y evidencian su incapacidad para dotarse de valor agregado posicionado una propuesta ilusionante, creíble y alternativa al modelo socio-económico y de dominación imperante. Lo anterior, más allá de hacer visible síntomas de crisis ideológica, política y de identificación con las bases; propicia condiciones oportunas para la captura de asambleístas de la Revolución Ciudadana y cooptación de curules del Pachakutik por parte del oficialismo en la Asamblea Nacional, además de facilitar el asalto a la dirección de la CONAIE por parte de sectores afines al gobierno en la próxima convención nacional del movimiento indígena.

Por su parte y en sintonía con lo descrito con anterioridad, en los mundos de la izquierda carente de incidencia política, fruto de su incapacidad para representar algo nuevo, se reeditan movimientos de reagrupamiento político entre reducidos grupos fragmentados de otras izquierdas y pequeños partidos en fase términal.

Cierre de ciclo político

En un contexto de “normalización” de la guerra y en cuyo marco de consecuencias (asesinatos sicariales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, despojos violentos, extorsión, secuestros, desplazamientos obligados y vulneración de la legalidad vigente por parte del aparato represivo) socialmente se instala la tesis de que tan solo mediante medidas excepcionales -descarga sin moderación de la violencia estatal- es posible combatir a los enemigos que amenazan a la sociedad de derechos. Con ese sentido, la suspensión de derechos y el levantamiento de garantías que protegen a los individuos son presentados como condición sine qua non para la superviviencia. En otros términos, el derecho no puede ser protegido por el derecho; proteger al Estado de derecho contra el terror delincuencial exige violentar el mismo derecho, lo que implica la necesidad de un mayor cierre democrático bajo el fin de garantiza mayor seguridad, reducida esta visión a la regulación y control del “orden público”.

Lo anterior conlleva, no solo un recorte de libertades bajo los criterios de estados de excepción permanentes, sino también el sometimiento en la práctica de los distintos poderes del Estado e instituciones autónomas al poder Ejecutivo.

Es a partir de ahí desde donde establece una clara conexión entre el ethos militarista de una sociedad transversalizada por el miedo, tanto a la inseguridad como a un futuro carente de horizonte económico positivo, y el apoyo de esta a las jerarquías sociales dominadas por una fracción de las élites que capturó recientemente el Estado y lo puso a su servicio.

En un estadio de tan alta excepcionalidad y con una oposición de izquierda en estos momentos carente de fuerza libidinal, la nueva derecha instalada en el poder busca prolongar el mayor tiempo posible la actual situación de parálisis política de sus adversarios, mientras de forma simultánea redefine el campo de lo político y expande los límites de lo socialmente aceptable: centralización del poder, eliminación del check and balances, agudización de la militarización social y redefinición del Estado a funciones punitivas.

Frente a esto, abandonada la ética como una práxis política transformada e inmersa en su propia crisis de identidad, la oposición de izquierdas opta por una lógica de autoafirmación permanente -políticas de Narciso-, generándose una forma de hacer política que dificulta el diálogo y cancela el disenso (separatismo progresista). Lo anteriormente expuesto implica el desestimiento a comprender y encarar la crisis del relato en la que está sumida la izquierda ecuatoriana, o dicho en otras palabras, la renuncia a sincronizar sus narrativas con la subjetividad con una multitud con capacidad de capaz de actuar en común como agente de producción biopolítica.

Así, mientras las izquierdas justifican su fracaso bajo la excusa de la creciente desafección política en la sociedad en general y de los jóvenes en particular, asumiendo que la hegemonía de las nueva derecha ecuatoriana es la consecuencia de una sociedad líquida e irresponsable consigo misma, mientras en realidad vivimos en una ecosistema social hiperpolítizado. Lo anterior no implica el regreso de la política en sentido fuerte, no existe sentido de nostalgia por estructuras de organización con capacidad de movilización de masas, sino la expansión de esta sin mediaciones. Todo se politiza y dicha politización está en la publicidad, en la moda, en los hábitos de consumo, en los gestos, en las formas de comportamiento social y en los valores. Pero lo político ya no organiza estructuras, sino que estructura identidades.

Frente a la actual complejidad hipersubjetivista, racionalistamente convencidas de su razón, las izquierdas aspiran a que más temprano que tarde dicha razón les desea dada; lo cual atenta contra el principio básico de la comunicación política, pues impide escuchar a la sociedad tal y como es en este momento, y construir un “nosotros” bajo criterios de interés compartido.

En este contexto, apunta a poco probable que la Revolución Ciudadana y el conjunto de organizaciones pertenecientes al campo popular tengan una lectura adecuada de la actual coyuntura, la cual se identifica con el cierre de un ciclo político. Todo fin de ciclo implica el inicio un nuevo ciclo político, momento en el cual, más que autoafirmaciones identitarias y soflamas sobre glorias pasadas, lo que se requiere son procesos de resignificación de identidad política: refundar el espacio político suturando la dislocación a través nuevos significados, interpretaciones y perspectivas respecto a las formas de entendimiento y práctica de la política.

En definitiva, lejos de seguir ignorando la política como hecho objetivo que emana de realidades objetivas, las izquierdas necesitan construir un nuevo relato ajustado a la realidad actualmente existente. De hecho, no es posible construir una identidad sin relatos que le den sentido. Pero la instalación de un nuevo relato -el cual para seducir debe incorporar una alta carga emocional, épica y transformadora- implica reinventarse y reinterpretar el contexto, produciendo nuevos conceptos que permitan pensar de una manera nueva lo nuevo, generando incidencia protagónicas en los entornos y mercados conversacionales. Citando al historiador británico Perry Anderson, no es posible seguir con estructuras sin historia, historia sin sujeto y teorías sin verdad; todo lo cual implica un verdadero suicidio de la teoría política y de cualquier intento de explicación racional del mundo y de las relaciones sociales.

Siendo conscientes de la que la realidad es implacable con los errores tácticos y estratégicos, a través del discurso político, más que comunicar, hay que conectar.

En “democracias irritadas”, marcadas más por la frustración y la agitación que por la aspiración y las transformaciones, no entender este principio implica alejarse de la política y la ciudadanía. Es ahí donde la gramática anti-elitista de la nueva derecha (el nuevo Ecuador vs la vieja política) toma ventaja en la disputa por la interpretación de la realidad y el sentido común, o dicho de términos gramscianos, sin la construcción renovada del relato por parte la izquierda no es posible disputar la “concepción del mundo” de la clase dominante que tiende a ser socializada y vivida por las clases dominadas.