martes, 22 de mayo de 2012

Bolivia, la nacionalización de REE y las que quedan

Tras la nacionalización de YPF, Evo Morales ha hecho lo propio con Red Eléctrica Española, compañía de la cual el Estado español es el segundo inversor.


DECIO MACHADO / QUITO (ECUADOR)
Periódico Diagonal.  NÚMERO 174


El 1 de mayo, el presidente Evo Morales anunciaba la expropiación a Red Eléctrica Española (REE) de las acciones de Transportadora de Electricidad (TDE), empresa análoga a REE que realiza las labores de distribución de electricidad en Bolivia. Esta expropiación ha tenido un impacto mediático importante, dado el antecedente inmediato de la expropiación argentina de YPF a Repsol y lo que supone respecto a la exposición de las transnacionales españolas en Sudamérica. Sin embargo, el caso de REE es muy diferente al de Repsol. Por un lado, tan sólo el 20%de esta empresa está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), empresa pública española que aglutina las participaciones estatales en empresas, siendo el otro 80% del capital social de libre cotización en bolsa (free float –no controlado por accionistas de forma estable–).

Por otro, y quizá sea lo más importante del caso boliviano, el impacto económico sobre las cuentas de REE es notablemente inferior, por no decir casi despreciable, al impacto que tiene YPF sobre las cuentas de Repsol. Así lo reconocía REE en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 2 de mayo, en el que indicaba que la nacionalización de su filial TDE “no tiene un efecto relevante en los negocios y cuenta de resultados del grupo”, ya que es sólo el 1,5% del total de su negocio. A pesar de ello, fuentes vinculadas al Ministerio de Energía boliviano indican a DIAGONAL que la voluntad gubernamental es auditar con una empresa externa todos los activos de la exfilial española y valorar sus inversiones con la finalidad de llegar a un adecuado “justiprecio” sobre la compañía. Al cierre de esta edición, una delegación encabezada por el presidente de REE, José Folgado, llegaba a La Paz para negociar con los representantes bolivianos la correspondiente indemnización.

Una trayectoria de mayos

El primero de mayo de 2006, pocos meses después de su llegada a la presidencia, Evo Morales decretaba la nacionalización de los hidrocarburos en su país, situación que afectó a transnacionales como Repsol, Petrobras (Brasil), British Gas y British Petroleum (Reino Unido), Total (Francia), DongWong (Corea del Sur) y Canadian Energy (Canadá). Seis años después, el Gobierno boliviano ya ha pactado con todas estas transnacionales para evitar su salida, y ha logrado que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) haya mejorado notablemente su relación en la cadena productiva de los recursos naturales, ingresando 1.293 millones de dólares en 2011 contra los apenas 273 millones de 2006.

Sin embargo, y según indica Carlos Arze, del Centro de Estudios para el Desarrollo (CEDLA), el Gobierno genera mucha publicidad al respecto, pero la realidad es que las petroleras extranjeras han ido mejorando su participación en los últimos años y en la actualidad controlan un 82,2% de la producción de gas natural y líquidos, así como un 68% de las áreas de explotación que tienen reservas certificadas de hidrocarburos.

La mina Huanuni

En 2007 le tocó el turno a la nacionalización de la mina Huanuni y la empresa de fundición Vinto, entre otras. En mayo de 2008, el Estado boliviano adquirió el 100% del capital de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), filial de la transnacional italiana Telecom. Y en 2010 tomó el control de buena parte de la capacidad de generación de electricidad del país con la estatalización de Guaracachi –la generadora de electricidad más grande del país, en la que la británica Rurelec PLC poseía la mitad del paquete accionarial–; Corani, controlada en un 50% por la francesa GDF Suez; y las locales Valle Hermoso, del holding empresarial boliviano Panamerican Investments, y la distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba, propiedad de un grupo de trabajadores y ejecutivos bolivianos.

Según el mandatario boliviano, el objetivo es claro: “Tarde o temprano el Estado boliviano tiene que controlar y administrar el 100% de la energía”. Tras la nacionalización de la filial de REE, queda por controlarse en este sector a la compañía ISA Bolivia –filial de ISA Colombia–, la mayor transportadora de electricidad integrada de América Latina; la también española Iberdrola; y la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica, adquirida en 2007 por Energy Ltd, una compañía de Bermudas con base en Perú, cuyo accionista principal es Israel Corp., el holding más grande de ese país con inversiones en energía, semiconductores, químicos y navíos.

El sector eléctrico en Bolivia fue privatizado a mediados de 1990 y dividido en generación, transmisión y distribución. El 60% del suministro proviene de la generación térmica y la hidroeléctrica representa el restante 40%. Este país posee una de las coberturas de electricidad más bajas en áreas rurales de la región. En 2005 el acceso urbano a la electricidad fue del 87%, mientras que en las zonas rurales fue tan sólo del 30%.

El segundo inversor

España es el segundo país inversor en Bolivia con 112,9 millones de euros, superado tan sólo por Estados Unidos, con 127,7 millones, según datos del Instituto de Estadística Boliviano. Las principales empresas españolas que invierten hoy en Bolivia son, eliminando REE, Repsol, Iberdrola, Grentidem, Abertis y Aena, Unión Española de Explosivos, Santillana, el grupo BBVA y Técnicas Reunidas. La balanza comercial hispano-boliviana en 2011 arrojó un saldo positivo para el España de 9,88 millones de euros, al exportar por valor de 59,88 millones e importar por 50 millones. Habrá más nacionalizaciones en Bolivia y afectarán a más empresas españolas, sin embargo según el experto en temas económicos Andrés Serbin del Centro de Estudios Globales y Regionales (CEGRE), “no significa que habrá un problema. Si se ofrece una compensación sustanciosa no debería haber problemas”.

sábado, 19 de mayo de 2012

Más ruido que nueces en la expropiación de REE en Bolivia


Decio Machado

El pasado primero de mayo, el presidente Evo Morales anunciaba la expropiación a Red Eléctrica Española (REE) de las acciones de Transportadora de Electricidad SA (TDE); empresa análoga a REE que realiza las labores de distribución de electricidad en Bolivia. Esta expropiación ha tenido un impacto mediático importante, dado el antecedente inmediato de la expropiación argentina de YPF a Repsol y lo que supone respecto a la exposición de las transnacioanles españolas en Sudamérica.

Sin embargo, el caso de REE es muy diferente al de Repsol. Por un lado, tan solo el 20% de esta empresa está en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), empresa pública española que aglutina las participaciones estatales en empresas, siendo el otro 80% del capital social de libre cotización en bolsa (free float –no controlado por accionistas de forma estable). Por otro, y quizá lo más importante del caso, el impacto económico sobre las cuentas de REE es notablemente inferior, por no decir casi despreciable, al impacto que tiene YPF sobre las cuentas de Repsol.

Así lo reconocía REE en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 2 de mayo, cuando indicaba que la nacionalización de su filial TDE "no tiene un efecto relevante en los negocios y cuenta de resultados del grupo", siendo tan solo el 1,5 % del total de su negocio.
A pesar de ello, fuentes vinculadas al ministerio de Energía boliviano indican a DIAGONAL que la voluntad gubernamental es auditar con una empresa externa todos los activos de la ex filial española y valorar sus inversiones con la finalidad de llegar a un adecuado “justiprecio” sobre la compañía. Al cierre de esta edición, una delegación encabezada por el presidente de REE, José Folgado, llegaba a La Paz para negociar con los representantes bolivianos la correspondiente indemnización.

Una trayectoria de mayos nacionalizadores

El primero de mayo de 2006, pocos meses después de su llegada a la presidencia, Evo Morales decretaba la nacionalización de los hidrocarburos en su país, situación que afectó a transnacionales como Petrobras (Brasil), Repsol (España), British Gas y British Petroleum (Reino Unido), Total (Francia), Dong Wong (Corea) y Canadian Energy (Canadá). Seis años después el gobierno boliviano ya ha pactado con todas estas transnacionales para que evitar su salida, aunque logró que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) haya mejorado notablemente su relación en la cadena productiva de los recursos naturales, ingresando 1.293 millones de dólares en 2011 contra los apenas 273 que se ingresaban en 2006.
Sin embargo y según indica Carlos Arze, del Centro de Estudios para el Desarrollo (CEDLA), el gobierno genera mucha publicidad al respecto pero la realidad es que las petroleras extranjeras han ido mejorando su participación en los últimos años y en la actualidad controlan un 82,2% de la producción de gas natural y líquidos, así como un 68% de las áreas de explotación que tienen reservas certificadas de hidrocarburos.
En 2007 le tocó el turno a la nacionalización de la mina Huanuni y la empresa de fundición Vinto entre otras. En mayo de 2008, el Estado boliviano adquirió el 100% del capital de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), filial de la transnacional italiana TELECOM. Y en 2010 se toma el control de buena parte de la capacidad de generación de electricidad del país con la estatalización de Guaracachi -la generadora de electricidad más grande del país en la que la británica Rurelec PLC poseía la mitad del paquete accionarial-; Corani, controlada en un 50% por la francesa GDF Suez; y las locales Valle Hermoso, del holding empresarial boliviano Panamerican Investments, y la distribuidora Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC), propiedad de un grupo de trabajadores y ejecutivos bolivianos.
Según el mandatario boliviano el objetivo es claro: “Tarde o temprano el Estado boliviano tiene que controlar y administrar el 100% de energía”.

Tras la nacionalización de la filial de REE este último primero de mayo, quedan por controlarse en este sector a la compañía ISA Bolivia -filial de ISA Colombia-, la mayor transportadora de electricidad integrada de América Latina; la también española Iberdrola; y COBEE (Compañía Boliviana de Energía Eléctrica) adquirida en el 2007 por Energy Ltd, una compañía de Bermudas con base en Perú, cuyo accionista principal es Israel Corp., el holding más grande de ese país con inversiones en energía, semiconductores, químicos y navíos.

El sector eléctrico en Bolivia fue privatizado a mediados de 1990 y se dividió en generación, transmisión y distribución.  El 60% del suministro proviene de la generación térmica, mientras que la hidroeléctrica representa el restante 40%.

Este país andino posee una de las coberturas de electricidad más bajas en áreas rurales de la región. En el 2005 el acceso urbano a la electricidad fue del 87%, mientras que el acceso rural fue tan sólo del 30%.

España en Bolivia

España es el segundo país inversor en Bolivia con 112,9 millones de euros, superado tan sólo por Estados Unidos, con 127,7 millones, según datos del Instituto de Estadística Boliviano.

Las principales empresas españolas que invierten actualmente en Bolivia son, eliminado REE, las siguientes: Repsol, Iberdrola, Grentidem, Abertis y Aena, Unión Española de Explosivos, Santillana, el grupo BBVA y Técnicas Reunidas.

 La balanza comercial hispano-boliviana en 2011 arrojó un saldo positivo para el Reino de 9,78 millones de euros, al exportar por valor de 59,88 millones e importar por 50,09 millones.

Habrá más nacionalizaciones en Bolivia y afectarán a más empresas españolas, sin embargo según el experto en temas económicos Andrés Serbin del Centro de Estudios Globales y Regionales (CEGRE), "no necesariamente significa que habrá un problema si ocurre una estatización, porque si se ofrece una compensación sustanciosa no debería haber problemas".

Un año Indignados


Por Decio Machado

El pasado 15 de mayo se cumplió un año desde que miles de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, ocuparan la principal plaza de Madrid –la Puerta del Sol- reclamando democracia real y nuevas formas de hacer política. El fenómeno se propagó por el conjunto del Estado español y no hubo una sola de sus capitales que quedara exenta de este nuevo fenómeno social.

El movimiento 15-M, también conocido como los Indignados, nació y se desarrolla en los momentos en que la sociedad española vive el ataque más virulento de los últimos años contra lo que queda de su muy deficiente Estado del Bienestar.

Antecedentes al 15-M

La llamada Transición española considerada en muchos otros países como modélica, lo que significó en realidad fue la desarticulación de todo el entramado de resistencias que se habían ido tejiendo en la clandestinidad durante la última etapa del franquismo. Destacan en ese sentido las movilizaciones sindicales que se dieron entre 1974 y 1976 y que marcaron la imposibilidad de continuidad del régimen.

Sin embargo y a pesar de esto, las organizaciones más representativas de la izquierda firmaron los llamados Pactos de la Moncloa, reconociendo de esta manera la figura de una reeditada Corona borbónica auspiciada por el fallecido dictador y las bases del régimen social y económico que desde entonces perdura.

Fue el pensador postmarxista italiano Toni Negri, quien fechó el fin de la Transición española con el referéndum de la OTAN de 1986, el cual se vio obligado a realizar Felipe González debido a la fuerte presión popular. La derrota de los movimientos sociales en dicho referéndum dio inicio de una prolongada “travesía del desierto” para la izquierda revolucionaria, situación que se combinó con una cada vez mayor capacidad de adaptación de la izquierda institucional al sistema y la conversión del viejo sindicalismo combativo a la cogestión.

Durante todo el periodo transcurrido desde entonces hasta hoy, las movilizaciones populares se han visto notablemente mermadas, teniendo algunos momentos punta en episodios relacionados en el mundo estudiantil y las movilizaciones contra la guerra que se dieron durante la última fase del gobierno de José María Aznar. Las Huelgas Generales realizadas en España (1981 -2 horas debido a la intentona golpista-, 1985 –reforma de las pensiones-, 1988 –reforma laboral-, 1992 –reforma del subsidio de desempleo-, 1994 –nueva reforma laboral-, 2002 –nueva reforma del subsidio de desempleo-, 2003 -2 horas contra la participación en la guerra de Irak-, 2010 –otra reforma de la reforma laboral-, 2011 –nueva reforma de las pensiones- y la última del pasado 29 de marzo contra la séptima reforma laboral) han sido movilizaciones sin continuidad y donde los sindicatos mayoritarios no han hecho más que mostrar su sometimiento al sistema político y económico.

El balance tras un año de un movimiento político de nuevo cuño

Quizás lo más llamativo del movimiento de los Indignados haya sido que desde sus inicios se situó fuera de la legalidad vigente, sus movilizaciones no fueron autorizadas por los gobiernos locales, condición que no es baladí hablando de un movimiento de masas en un país del norte industrializado. Esa fuerza contestaría sin control por parte del sistema pretende generar mecanismos de participación política de forma horizontal y al margen de las instituciones públicas y de las campañas electorales.

Los Indignados surgen como una respuesta a la crisis económica que atraviesa el Estado español, una crisis a la que no se le visualiza su final. En este sentido es importante referenciar que apenas uno de cada dos jóvenes españoles encuentra trabajo en la actualidad, la mayoría de las veces mal remunerado –la tasa de desempleo es del 23% y uno de cada cinco hogares se ubica por debajo del umbral de la pobreza-, y se estima que esta situación se prolongue durante toda una década. Las políticas de choque a la crisis, implementadas bajo la premisa de la austeridad que se han sido diseñadas en Bruselas y Alemania se han presentado al conjunto de la sociedad como las únicas medidas posibles. Es en ese marco en el cual el 15-M surge como un movimiento de respuesta a dicha crisis pero cuestionando a su vez la legitimidad de las élites políticas y económicas españolas. La crisis deja de ser algo abstracto, tiene responsables y estos son el stablishment político español.

El hecho de que las movilizaciones del 15-M hayan reunido a un numero notable de jóvenes y no tan jóvenes asqueados de la política convencional, en la mayoría de los casos con escasa por no decir nula formación política, es un logró sin precedentes en el Estado español. Miles de participantes en las convocatorias del 15-M se han convertido ideológicamente y de forma acelerada en antineoliberales y en algunos casos incluso en anticapitalistas. Hoy ya son una nueva generación política en el país.

De esta manera se cuestiona una democracia altamente limitada que tiene sus orígenes en una Transición entreguista que no tuvo nada de modélica. La lógica bipartidista española (PSOE vs PP) se ha convertido en una forma de hacer política que citando al académico español Carlos Taibo, “ha conseguido demostrar su capacidad para funcionar al margen del ruido molesto que emite la población”.

Para ello, el 15-M ha puesto en marcha procesos de democracia deliberativa, cuestionadora de la democracia representativa formal e institucionalizada, lo cual exige grandes niveles de participación y compromiso social. Algo sin duda difícil de sostener en una etapa como esta, la cual no se considera como pre-revolucionaria.

Sin embargo, a través de asambleas masivas en plazas y espacios públicos, el 15-M ha puesto en cuestión las políticas económicas desarrolladas en los últimos años por los diferentes gobiernos españoles, y cuyos resultados han sido: salarios cada vez más bajos, jornadas laborales cada vez más largas, derechos sociales en retroceso, así como precariedad laboral y discriminación social por doquier.

En sociedades como la española, donde la tecnología de la información ha ido generando aislamiento de los individuos con respecto a lo colectivo, miles de jóvenes utilizando precisamente esas tecnologías para autoconvocarse, han construido espacios de debate abierto, articulándose vínculos de solidaridad y cohesión social. Se ha construido una identidad colectiva nueva en el país que ha roto con la apatía instalada en esta sociedad durante las últimas décadas.

Las denuncias “indignadas” contra la corrupción política institucionalizada desde la era del boom económico, el dinero fácil y la economía “golfa”, han puesto fin a un largo período de impunidad política en el país. El 15-M ha abierto el debate sobre la necesidad de una reforma del sistema electoral articulado sobre el método D’Hont que prima a los partidos mayoritarios en decremento de las minorías, la limitación de privilegios por parte de las élites políticas, el cuestionamiento de los infames beneficios de la banca y las transnacionales –incluidos sus directivos-, la lucha contra los desahucios y su solidaridad con los damnificados, así como el reclamo mayoritario de regeneración en la política tradicional. La población en general entendió a través del movimiento que con el actuar colectivo “sí se puede” transformar la sociedad.
Cierto es que las reivindicaciones del 15-M han sido demasiado generalistas, condición sine qua non para un movimiento pluralista que determinó su forma de tomar decisiones sobre el consenso asambleario. Esta situación no ha permitido demandas claras sobre las cuales articular frentes de luchas concretos y mesas de negociación con los gobiernos de turno (inicialmente el de Rodríguez Zapatero y en la actualidad el de Mariano Rajoy). La ausencia de movilizaciones en los últimos meses, situación que se rompió con las nuevas convocatorias a partir del pasado 12 de mayo, lo debilitó, dado que para el movimiento 15-M la movilización es la generadora de participación ciudadana. La estrategia de salir de las distintas plazas ocupadas hacia la conformación de asambleas barriales responde al agotamiento que tras meses de movilización es inherente a un movimiento de estas características, el cual carece de apoyos en las estructuras políticas y sindicales clásicas. Esta situación ha conllevado algunos efectos limitantes en la participación y rebajado la riqueza de sus debates. Según algunas asambleas barriales han ido decayendo en presencia y entusiasmo de sus implicados, se han ido debilitando las consignas de la movilización y las demandas políticas. Este decaimiento de la ilusión conllevó también al debilitamiento del movimiento, el cual en los últimos días vuelve a mostrar vigorosidad y capacidad de movilización cuando recupera su lugar central en los espacios públicos y en la política española.

Si bien, fuera de la ley –no existe estructura orgánica legalizada-, los “Indignados” son un movimiento pacífico a pesar de las provocaciones policiales y las estrategias de inteligencia para dividirlo. Su plan de acción se ha basado sobre los principios de la desobediencia civil con muy buenos resultados. Su propia ilegalidad ha puesto sobre el tapete del debate, como reseña la activista social Esther Vivas, que muchas veces lo “ilegal es legítimo y lo ilegítimo es legal”: mientras desahuciar a una familia que ya no pueden pagar la hipoteca de su casa es legal, no es ilegal que los beneficios de la banca sigan engordándose mientras el país está en una crisis de envergadura desconocida. La forma de actuar de los “Indignados”, combinado con la frescura que ha traído a la decadente política española, ha permitido que goce de grandes simpatías sociales, en lo cual es la base de su potencia. También es cierto que con el paso del tiempo las demandas se han ido concretando y radicalizándose y esto también tiene sus efectos sociales y mediáticos. Una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) indica que su aceptación en la sociedad española habría bajado del 72% al 61%.

Por último, no podemos olvidar que la influencia del 15-M se ha desarrollado más allá de sus fronteras. El fenómeno, que ya tenía sus antecedentes en la primavera árabe -la que nos devolvió la confianza en nosotros mismos y nuestra capacidad de actuar y transformar-, contagió otros países en Europa y en América del Norte.

El movimiento 15-M no está derrotado aunque si algo debilitado, y esta situación conlleva retos a futuro.
Ejes sobre los que se articulan debates en torno al movimiento:

1. Es insostenible, como ya se demostró en el trascurso del año pasado, la ocupación permanente de plazas y espacios públicos. Ante esta situación el movimiento debe combinar las grandes movilizaciones con el trabajo local descentralizado.

2. El movimiento debe superar su las denuncias sobre elementos periféricos del sistema (precariedad laboral, deterioro del sistema de salud y la educación, corrupción de la política…) para llegar al “meollo” de la cuestión: el problema es el capitalismo. No podemos pensar “otro mundo” sin cuestionar el actual sistema productivista y competitivo, el cual no tiene en cuenta los límites del planeta.

3. El movimiento debe absorber las demandas sociales que desde años atrás se plantean por los diferentes movimientos sociales: cuestiones de género, antimilitarismo, la defensa del medio ambiente, los derechos de los migrantes, lucha contra la precariedad, etc. El 15-M debe ser unificador: un movimiento de movimientos.

4. Es necesaria su expansión a todo el país (urbano y rural – pueblos y barrios) y sectores sociales (desde el ámbito estudiantil al mundo del trabajo).

5. Su independencia de los partidos existentes en la cartografía política española debe ser incuestionable. Es evidente que Izquierda Unida (IU) se ha beneficiado electoralmente de las movilizaciones del 15-M pero el objetivo del movimiento no es apoyar una organización política, menos con una cúpula burocratizada, sino construir una correlación de fuerzas diferente entre quienes ostentan el poder y la inmensa mayoría de la población.

6. Es necesaria una coordinación internacional, dado que el capitalismo es global y por lo tanto sus resistencias deben ser también globales, internacionalistas y solidarias. Para actuar desde lo local incidiendo en lo global se necesitan lazos con lo externo, así como transferencia de acumulados con otras gentes en otros puntos del planeta.

7. Profundizar en una vieja consigna libertaria que el 15-M ha puesto de actualidad sin necesidad de dogmatismos ideológicos: “Unión, Acción, Autogestión”.

Artículo publicado para Revista Rupturas

martes, 8 de mayo de 2012

Privatización de la Cooperación: RSC, Realidades Sin Coherencia

Decio Machado // Sociólogo y periodista

El origen de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se remonta al siglo XIX, cuando el Estado no asumía su función social y en una conjunción entre filantropías y militancia caritativa se constituían los primeros fondos de solidaridad, mutualidades, ONG y otras herramientas de cobertura para los sectores más vulnerables de la sociedad. Esta realidad fue desapareciendo en función de la construcción del Estado de bienestar europeo tras la Segunda Guerra Mundial.

Más allá de sus antecedentes históricos, la RSC se empieza a implementar a partir de la década de 1960, desarrollándose también conceptos como rentabilidad social de la empresa, teoría de los stakeholders[1], y ética empresarial.

Teóricos actuales de la RSC, como Archie B. Carroll[2], resumen esta disciplina en cuatro grandes áreas: 1) Responsabilidades económicas, enfocadas ala producción de bienes y servicios para la sociedad; 2) Responsabilidades legales, enfocadas a cumplir las leyes; 3) Responsabilidades éticas, enfocadas a las actividades no reguladas directamente por las leyes, pero deseadas por la sociedad; y 4) Responsabilidades filantrópicas, enfocadas a las acciones voluntarias que contribuyen al bienestar de la comunidad.

Es decir, más allá de las aportaciones económicas –lo filantrópico-, se reconoce un sentido de la RSC que incluye dos enfoques claves: el primero respecto a la inclusión de la empresa en el campo social, a través de fundaciones u organizaciones subsidiarias, con el fin de que administren y gestionen las donaciones y el problema social de interés corporativo; y el segundo significa un cambio en la racionalidad corporativa, que busca incorporar cierto sentido social siempre y cuando no afecte a su interés económico.

Fue Milton Friedman en un artículo publicado el 13 de septiembre de 1970 en The New York Times (“La responsabilidad social de la empresa es aumentar las ganancias”), quien indicaba que la empresa no tenía la responsabilidad de resolver los problemas de la sociedad, y que la verdadera “responsabilidad social” de una corporación era ganar más, teóricamente con el objetivo de crear más empleos y producir más bienes y servicios[3].

Siguiendo a los actuales teóricos de la RSC es fácil ver como el debate actual está centrado en determinar cuánto aporta en beneficios dicha modalidad de intervención cuando se incluye en la gestión y dirección empresarial. Así, para unos autores, la RSC mejora el rendimiento financiero de la empresa(Simpson y Kohers, 2002), para otros se fideliza a los clientes (Maignan, 2001), hay teóricos que determinan que a través de la RSC se revaloriza la imagen y reputación de las corporaciones (Smith, 2003), e incluso hay quienes afirman que la RSC es un mecanismo por el cual se incrementa la capacidad de atraer y retener a los trabajadores (McGuire, 1988) o de facilitar el acceso al capital (Hockerts y Moir, 2004).

Si en algún momento alguien llegó a creer que hay una nueva tendencia del capital dirigida a superar el objetivo único de la maximización de beneficios por parte de las empresas, el debate de los teóricos “duros” de la RSC a nivel mundial demuestra todo lo contrario. No hay debate sobre “buenas prácticas” sin que este esté asociado a la rentabilidad económica. Si la RSC genera costes adicionales estos deberán ser superados por la rentabilidad económica obtenida de ella. ¡¡Esto es el capitalismo!!

La visión ciudadana sobre la RSC

Las diferentes estrategias de imagen, derivadas del quehacer cotidiano de los departamentos de comunicación y relaciones externas de las transnacionales, han conseguido posicionar en el imaginario de gran parte de la ciudadanía mundial la creencia de que la RSC se inspira en la pertenencia o identidad de estas macro corporaciones empresariales hacia las sociedades en las que actúan, como una herramienta más que contribuye a la solución de sus problemas.

De esta manera, la RSC se vincula socialmente a un sentimiento filantrópico organizacional dirigido a los sectores más vulnerables, que tiene como finalidad ayudarles a insertarse más dignamente a la sociedad. Desde esa perspectiva, la RSC pasa a ser una lógica altruista realizada desde los sectores empresariales, buscando retribuir a los núcleos más débiles de las sociedades donde actúan, con un fin compensatorio. Bajo esta idea se esconde una estrategia de marketing que busca una mejor aceptación social, sustentada sobre el planteamiento de que las organizaciones empresariales, especialmente las que mayor poder tienen, desarrollan más allá de su actividad productiva y comercial, una serie de loables actividades de enfrentamiento con los problemas sociales, en gran parte generados por ellos mismos.

Sin embargo, desde la misma etimología del término “corporativo”, se hace alusión a una figura amplia de la organización capitalista, la gran empresa, dado que el desarrollo empresarial en el sistema capitalista tiene como finalidad la construcción de grandes “corporaciones” que combinan empresas productivas y comerciales para mayor beneficio del capital empresarial.

Así, se fomentan actividades culturales o educativas y la financiación de proyectos de cooperación y desarrollo en las comunidades o regiones donde desarrollan sus actividades empresariales. A estas actividades se unen la pertenencia a instituciones que promueven la RSC tales como el Pacto Global[4], la firma voluntaria de códigos éticos y de prácticas de buena conducta o la realización de auditorías socioambientales con la presentación de informes de rendición de cuentas.

La RSC crece en momentos de crisis

El 3 de febrero de 2009, en los momentos más álgidos de la crisis en los EEUU, Stefan Stern publicaba un artículo en The Financial Times haciendo uso de un juego de palabras en inglés donde alegaba que las “emisiones” de la RSE son el gas de efecto invernadero más mortífero (“The deadliest green house gas: The hot air of CSR”)[5]. Según Stern, debido a la recesión, por fin se acabaría esta tontería de la RSC y, siguiendo las tesis de Friedman, se volvería a la principal responsabilidad de la empresa: hacer dinero.

Fue la ignorancia de Stern, desconocedor que la RSC es en realidad una fórmula para hacer dinero, la que le llevó a equivocarse garrafalmente.

En los momentos más duros de la crisis estadounidense y por ende mundial, corporaciones como la Glaxo Smith Kline (GSK) anunciaban que reducirían un 25% el precio de las medicinas en los cincuenta países menos desarrollados. La transnacional químico farmacéutica indicaba además que reinvertiría el 20% de los beneficios en esos países en infraestructura de salud y que respaldaría el intercambio de investigaciones sobre enfermedades ignoradas.

De igual manera, la transnacional británica Cadbury, pionera en la RSC desde el siglo XIX, anunciaba asociaciones con el fin de mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales de los productores de cacao, invirtiendo $45 millones de libras esterlinas para los próximos diez años. En 2008 invirtió un millón de libras de sus utilidades netas, las cuales se elevaron a 650 millones. De igual manera, anunciaba que la barra de chocolate más popular en el Reino Unido pasaría a ser elaborada con cacao certificado por el comercio justo, anunciando una campaña de distribución de bicicletas gratis en Ghana.

De igual manera, unas semanas después de que Starbucks sufriese duras críticas en la prensa por malgastar seis millones de galones de agua al día -finales del 2008-, la transnacional anunciaba que en 2009 duplicaría sus compras de café con comercio justo a 40 millones de libras.

¿Ahora veamos el porqué de tanta buena acción? Cadbury es uno de los compradores de cacao más importantes del planeta. En algunos países de África como Ghana -segundo productor del mundo y un el principal proveedor de Cadbury-, la producción sufre una caída importante debido a la migración de los jóvenes a las ciudadesen busca de mejores oportunidades económicas. Esta circunstancia tiene severas implicaciones en la oferta y el precio del producto para la transnacional. A este hecho, hay que sumar que el mercado británico tiene una tendencia a la demanda de cacao certificado (Cadbury produce 300 millones de barras de chocolate al año). Las empresas que quieren mantener sus mercados están obligadas a readaptar sus estrategias en el mercado.

Lo mismo le sucede a la transnacional Starbucks, teniendo una demanda tan grande que apenas logra obtener el 6% de su materia prima con el certificado de comercio justo (datos 2008). Esto lleva a la compañía a desarrollar programas de apoyo a sus productores con el fin de mejorar la oferta. En realidad los préstamos a estos productores no superan los 20 millones de dólares anuales, algo insignificante para una corporación de estas características.

Por último, el caso de GSK, sin duda el más vergonzoso. El ingreso per cápita del más rico entre los 50 países menos desarrollados es del 1.6% respecto de los EEUU. Reducir el precio de sus medicamentos en una cuarta parte no significa nada, dado que los habitantes a los que se les dirige esta oferta no tienen capacidad de compra para estos productos. El 20% de las utilidades de GSK en estos 50 países tan solo asciende a unos 2 millones de dólares, los cuales distribuidos entre los países en cuestión significa una inversión promedio para infraestructuras de salud para cada uno de ellos de 50.000 dólares. En lo que respecta a compartir información sobre enfermedades ignoradas por la investigación, ello solo incluye las patentes en enfermedades raras en los países en vías de desarrollo, que en general no han sido sometidas a las pruebas clínicas en países desarrollados.

Nuevas formas de Cooperación Internacional: la RSC

Si se considera la cooperación internacional como el flujo de recursos internacionales destinados “teóricamente” al desarrollo, veremos que la AOD es apenas una parte de la cooperación internacional. En las últimas dos décadas han proliferado nuevos actores y nuevas fórmulas en la cooperación. Entre ellas destaca la cooperación proveniente de entidades privadas, como es el caso de las Fundaciones de Responsabilidad Social vinculadas a corporaciones.

El nuevo discurso de las transnacionales, forjado especialmente a partir de la Cumbre de la Tierra (1992)[6], afirma que estas han de regirse bajo un nuevo paradigma de orden ético: la RSC.

Con el desarrollo de la Sociedad de la Imagen, el Espectáculo y la Información se expandió también el concepto de la RSC a escala planetaria, generándose un desorden conceptual y terminológico. De esta manera la RSC pasó a ser un “cajón de sastre” en donde tiene cabida desde el marketing solidario hasta las adscripciones a acuerdos internacionales, transversalizados por códigos de conducta y acuerdos marcos globales, informes de sostenibilidad y buen gobierno, fondos de inversiones éticas y desarrollo de actividades culturales, sociales y educativas, llegando a proyectos de investigación y cooperación al desarrollo en los países del Sur.

Las transnacionales encontraron en la retórica del Desarrollo Sostenible y en la RSC, ambas inventadas por ellos mismos, un arma de “alto calibre” para combatir la cada vez mayor erosión que sufría su imagen corporativa, desgastada por continuas denuncias de violación de derechos humanos y responsabilidades en la generación de pasivos ambientales. De esta manera, muchas de las corporaciones más denunciadas a lo largo y ancho del planeta se presentan hoy como un nuevo Ciudadano Global. Gracias a la asunción de los principios de unilateralidad y voluntariedad que implica la RSC, lo que se generó fue un freno a la exigencia de códigos vinculantes y obligatorios que delimiten las responsabilidades de las empresas transnacionales por los efectos de sus operaciones.

En un mundo globalizado, donde las nuevas tecnologías de la información hacen posible la socialización de los hechos ocurridos en cualquier lugar del mundo de una forma inmediata, las grandes corporaciones son conscientes de que no les interesa desarrollar una estrategia de confrontación, siendo mucho más efectivo forjar una imagen corporativa que transcienda el propio objeto de consumo del que son responsables. La RSC se ha convertido en una forma de crear valor añadido para las empresas, proyectando imágenes positivas  de sus productos y servicios hacia gobiernos y sociedades afectadas, así como a los consumidores de otras partes del planeta.

Esta nueva forma de intervención se va convirtiendo en una realidad en los países del Sur, ya sea a través de proyectos con poblaciones locales, programas ambientales o financiamientos de proyectos sociales. Todo ello con el beneplácito de gobiernos locales y nacionales cómplices por ignorancia o mala fe.

De esta manera por poner tan solo un par de ejemplos, sociedades como ENDESA, que dice querer “ser percibida como una empresa cercana a las preocupaciones sociales y un socio indispensable para el progreso económico, social y ambiental de los países donde tiene presencia”[7], mantiene un pulso donde incluso hay presos con la población chileno-mapuche que no la quiere en su territorio. También es reseñable el caso de REPSOL YPF, una de las empresas más galardonadas en el ámbito de la RSC, que ha sido denunciada en una reciente Auditoria Petrolera realizada en Bolivia por apropiación de reservas a costo cero, incumplimiento de contrato, incumplimiento de inversiones, falta de tecnología, generación de pasivos ambientales e ilegalidad de contratos de riesgos compartidos[8].

Esta claro que asistimos a una fase de cambio radical en la cooperación internacional tal y como la conocemos. En el actual mundo de la globalización económico capitalista, la cooperación internacional tiende a un marco inter empresarial, privado y sostenida sobre este tipo de fundaciones e instituciones de carácter privado.

Mientras determinados países del Sur, como es el caso del Ecuador, tienden a normativizar y controlar la cooperación internacional, la RSC aparece como una forma para eliminar toda forma de control dado su carácter voluntario y por ello no consensuado.

Cabe recordar que en los años setenta, la Asamblea General de Naciones Unidas pretendió aprobar un código externo de carácter vinculante para las empresas transnacionales, lo cual fue bloqueado de inmediato. Paralelamente, en EEUU se aprobaban más de 300 códigos empresariales de voluntariedad como una demostración de fuerza de las transnacionales frente a los Estados promotores de la iniciativa.

Esta voluntariedad implica varias cuestiones: alcance del compromiso, adopción de ciertos criterios y no de otros, no determinar objetivos medibles y la desfiscalización de las acciones emprendidas. Volviendo a los ejemplos, el último informe elaborado por el Observatorio español de la RSC indica que siguen dándose notables diferencias entre la información que se da a los accionistas e inversores respecto a la que reciben otros grupos de interés, señala también la falta de información respecto a cuestiones ambientales y sociales, y termina indicando la asimetría existente entre el interés que muestran las empresas españolas por contribuir al desarrollo de los países donde operan versus la falta de indicadores económicos en sus informes que permitan analizar seriamente su compromiso real con esta causa.

Por último, se hace necesario señalar que siendo la RSC una realidad ya indiscutible que se va transformando en un nuevo modelo de cooperación internacional, se hace necesario y urgente habilitar los mecanismos que permitan al Estado y a las comunidades afectadas controlar la rendición de cuentas de las transnacionales a los inversores al menos en sus obligaciones sociales, ambientales y de desarrollo. De esta manera las empresas tendrán al menos algún tipo de fiscalización respecto a cumplimiento de sus promesas de ofertas de empleo, ganancias para las comunidades que sufren su actividad y sobre el uso responsable de los recursos naturales. De igual manera los Estados deberán articular mecanismos de control de la RSC, articulando en sus órganos rectores de la cooperación departamentos, técnicos y legislación adecuada.

Bibliografía:

Carroll, A.B. (1999), “Corporate Social Responsibility”, Business & Society, University of Georgia

Galán Melo, A.R. (2008), “Evaluación crítica a los discursos de Responsabilidad Social Corporativa”. Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador.

Hockerts, K. y L. Moir (2004), “Comunicating Corporate Responsibility to Investors: The Changing Role of the Investor Relations function”, Journal of Business Ethics.

Maignan, I. (2001), “Consumers perceptions of Corporate Social Responsibilities: A Cross-Cultural Comparison”, Journal of Business Ethics

McGuire, J.B., A. Sundgren y T. Schneeweis (1988), “Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance”, Academy of Management Journal

Simpson, W.G. y T. Kohers (2002), “The Link between Corporate Social and Financial Performance Evidence from the Banking Industry”, Journal of Business Ethics.

Smith, N.C. (2003), “Corporate Social Responsibility: Whether or How?”, California Management Review.

Vives, Antonio (2011), “Mirada Crítica a la Responsabilidad Social Empresarial en Iberoamérica”. Competere.



[1]Stakeholder es un término inglés utilizado por primera vez por R. E. Freeman en su obra: “Strategic Management: A StakeholderApproach” (Pitman, 1984), haciendo referencia a «quienes pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa». Es desde entonces que estos grupos o individuos son los públicos interesados o el entorno interesado ("stakeholders"), y pasan a ser considerados como un elemento esencial en la planificación estratégica de los negocios.
[2]Archie B. Carroll es profesor emérito en el Terry College of Business, University of Georgia, donde continua prestando servicios como director del Nonprofit Management and CommunityServiceProgram. Carroll dirige desde hace décadas investigaciones sobre la Responsabilidad Social Corporativa, siendo miembro de la Fellow of theAcademy of Management, miembro destacado de la Social Issues in Management Division of theAcademy of Management y primer presidente de la Societyfor Business Ethics.
[3] Friedman, Milton (1970): “La noción de responsabilidad social de la empresa, enmarca en la lógica neoliberal, sugiere que esta responsabilidad se agota en la generación de empleo y cumplimiento de las imposiciones legales”
[4] El Pacto Mundial (Global Compact) es un instrumento de las Naciones Unidas que fue anunciado por el entonces secretario general de la organización, Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial (Foro de Davos) en su reunión anual de 1999. Su fin es promover el diálogo social para la creación de una ciudadanía corporativa global, que permita conciliar los intereses de las empresas, con los valores y demandas de la sociedad civil, los proyectos de la ONU, sindicatos y Organizaciones no gubernamentales (OGNs), sobre la base de 10 principios en áreas relacionadas con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción.
[5]http://www.ft.com/cms/s/0/0543162e-f193-11dd-8790-0000779fd2ac.html#axzz1r540yTPw
[6] La cita de Río de Janeiro tiene lugar poco después de la primera Guerra del Golfo y la implosión de la URSS, ambas en 1991, y en el momento en que EEUU se afianzaba como la única superpotencia en un mundo que en aquel momento aparecía como unipolar.
[7]http://www.endesa.com/ES/NUESTROCOMPROMISO/POLITICASOSTENIBILIDAD/PLANDEENDESA/RETOS/RETOLOCAL/Paginas/home.aspx
[8]http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2012022907

martes, 1 de mayo de 2012

La sentencia que cambiará todo...

Por Decio Machado // Revista Vanguardia (30 de abril al 6 de mayo del 2012)

El gobierno se comprometió durante la visita de la CIDH a Sarayaku a consultar a la comunidad antes de una explotación petrolera

La sentencia del Caso Sarayaku despierta un interés especial que supera los límites territoriales ecuatorianos, dado que establecerá un precedente obligatorio para los países implicados respecto al derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Consciente de esta realidad, el gobierno de la Revolución Ciudadana desplazó a la zona a una comitiva de alto nivel encabezada por el abogado de la Presidencia Alexis Mera, quien fue acompañado de la ministra de Justicia Johana Pesantez, el secretario ejecutivo de la Ecorae Carlos Viteri y el recién nombrado vicecanciller Marco Albuja. Según Mera, la posición del Gobierno es de franco diálogo, “es disposición del Presidente de la República proceder con toda reparación que haya que realizar en la comunidad de Sarayaku, no vamos a realizar ninguna explotación petrolera sin consultar a las comunidades afectadas”. Para los representantes de Carondelet las reparaciones a la comunidad estarían basadas sobre dos ejes: reparaciones económicas y retiro de la pentolita existente en el territorio.
Sin embargo, para la abogada Viviana Krsticevic –del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)- “en el sistema interamericano las reparaciones no deben hacerse necesariamente con compensaciones económicas”.  De igual manera piensa Mario Melo, abogado de los demandantes y asesor de la Fundación Pachamama, “para Sarayaku su territorio es vida, ellos dependen de él y las petroleras aquí no han sembrado vida, sino dinamita y muerte. Es por ello que la comunidad demanda la aprobación de la declaración de Selva Viviente (Kawsak Sacha) de su territorio. Esa sería la verdadera reparación del Estado con el Pueblo de Sarayaku”.

La declaratoria de Selva Viviente al territorio de Sarayaku implicaría que este se mantenga libre de actividad extractiva y biopiratería, tal y como lo solicitan los demandantes.

Al tiempo mismo tiempo que el asesor jurídico de la Presidencia planteaba públicamente la necesidad de llegar a un acuerdo entre la comunidad de Sarayaku y el Estado ecuatoriano al margen del CIDH, a 280 kilómetros de distancia en su Enlace Ciudadano realizado en el barrio de la Vicentina en Quito, el presidente Correa acusaba a las ONG Parole de Nature, World Wildlife Found WWF, Movement D´actions à travers le monde y Alter Voyages de estar en una campaña internacional contra el Ecuador. Según Correa, “estos gringitos con su panza  bien llena que vayan a impedir a Francia que refine petróleo que haga armas nucleares  pero que no vengan a imponer sus caprichos  e instigaciones aquí en nuestro país condenándonos a la miseria”.
En la misma línea Wilson Pastor, titular de la cartera de Recursos Naturales no Renovables, indicaba sorprendentemente y sin dar explicación de porqué, que el objetivo de las ONG es impedir la extracción de petróleo en el Ecuador. Según Pastor la consulta previa se desarrollará en todas las regiones afectadas –incluida Sarayaku- por la Onceaba Ronda Petrolera entre mayo y diciembre del presente año, si bien matizó que si no existe consenso o aprobación de un proyecto en esta instancia será la autoridad superior quien decida o no la consecución de un proyecto. Para los dirigentes de Sarayaku, dicha declaración no deja de ser un claro aviso sobre la voluntad del Gobierno de ignorar resoluciones que libremente sus comunidades determinen.
El pasado 21 de abril una comisión compuesta por dos de los siete miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitaba la comunidad de Sarayaku en la provincia de Paztaza, último paso antes de dictaminar sentencia sobre un litigio que dura ya nueve años y enfrenta a la pequeña población amazónica, apenas 1.200 habitantes, contra el Estado.

Los pobladores de Sarayaku han venido manifestando su rotundo rechazo al ingreso de la actividad petrolera, fundamentado en los enormes impactos negativos que dicha actividad provoca –según sus consideraciones- en su territorio sagrado, en la calidad y forma de vida de sus habitantes, en el irrespeto a sus opciones de desarrollo, su espiritualidad, el ambiente amazónico, la paz social y en integridad de sus miembros.
Ante los dos miembros de la CIDH que viajaron a Ecuador, su presidente Diego García Sayán y la jueza Radhis Abreu, diversos pobladores de la comunidad de Sarayaku expusieron sus testimonios y relatos de como personal de la CGC y el Ejército ecuatoriano había procedido al ingreso armado en su territorio, recordando los múltiples actos de violación de derechos humanos acontecidos entre el último trimestre de 2002 y primero del 2003.
Presentes en ese acto histórico de la CIDH, dado que es la primera vez que miembros de la Corte Interamericana se desplazan a una población indígena para hacer una diligencia in situ, no solo se hallaba el conjunto de los habitantes de Sarayaku, sino también estudiantes de la Universidad de San Francisco de Quito, diversos medios radiales comunitarios, abogados de prestigio en el ámbito de los derechos humanos, representación de varias nacionalidades indígenas, ONG locales que expresaban así su solidaridad con los afectados y periodistas de múltiples medios nacionales y corresponsables extranjeros.
Según José Gualinga, presidente de la comunidad demandante, el acto jurídico realizado a puerta abierta por la CIDH en Sarayaku es el reconocimiento de una lucha que enfrenta a “David contra Goliat”. Para el dirigente kichwa, “el objetivo principal de nuestra demanda es establecer el Sumak Kawsay en nuestro territorio, respetándose así nuestro sistema de organización propio, nuestros ríos sanos, nuestro aire puro, nuestra identidad y nuestras formas de vida en armonía y equilibrio con la naturaleza”.
Desde inicios de 2003, Sarayaku acudió ante la CIDH solicitando su intervención urgente con el fin de salvaguardar sus derechos violados durante la campaña de sísmica que intentó desarrollar la petrolera CGC. En mayo de 2006 la CIDH dictaba medidas Medidas Cautelares a favor de la vida e integridad de la comunidad y de su relación especial con el territorio. El Estado ecuatoriano desoyó sistemáticamente estas medidas hasta que en diciembre de 2007 se vio obligado a enviar un retén militar con el fin de retirar la pentolita (dinamita) del territorio y anular la concesión petrolera. La pentolita enterrada en el subsuelo de la comunidad se cuantifica en una tonelada y media de explosivos de los cuales apenas fueron retirados 14 kilogramos, es decir el 1%. Ante esta situación diversas autoridades del actual Gobierno han declarado que el riesgo es menor dado que dichos explosivos a pesar de estar ubicados en territorios de caza y tránsito de personas no están conectados a dispositivos de detonación y son biodegradables, tesis cuestionada por los miembros de la comunidad afectada.
En la actualidad esta pequeña población amazónica se ve amenazada ante la Onceava Ronda Petrolera que compromete una extensión en el centro-sur de la Amazonía de 3,8 millones de hectáreas de bosque primario que albergan a siete nacionalidades indígenas, lo que acarreará, según el líder amazónico, “impactos irreversibles en la naturaleza y la organización, tanto familiar como colectiva”.
Una sentencia favorable puede cambiarlo todo. “Queremos consolidar un gobierno autónomo con el fin de consolidar a su vez en Sumak Kawsay en nuestro territorio. Tenemos asentamientos autónomos, justicia indígena que funciona con respeto a los derechos humanos tal y como establece nuestra Constitución. Hemos desarrollado planes de uso y administración eficaz de nuestro territorio y articulamos programas de cuidado de bosques como el ‘Camino de las flores vivientes’, situación que nos permite contar con el crecimiento de árboles de aquí a treinta años. La posibilidad de que todo esto se convierta en una forma de vida sustentable para nuestra población depende del respeto que el Gobierno ecuatoriano ejerza sobre nuestras decisiones”, dijo su presidente, José Gualinga.ENTREVISTA
Diego García Sayán: Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Diego García-Sayán, es abogado y escritor peruano que participó en la política de su país, asumiendo las carteras de Justicia, a finales del año 2000, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua y de Relaciones Exteriores, en 2001, luego de su nombramiento por Alejandro Toledo. Actualmente tiene 61 años. Desde 2004, es juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dicha corte fue su Vicepresidente y, el 25 de noviembre de 2009, fue electo para ser su Presidente, lo cual rige desde el 2010, por un período de dos años.
¿Cuál es su sensación tras visitar la comunidad de Sarayaku?
Para nosotros esta ha sido una jornada histórica porque es la primera vez que la Corte Interamericana visita una comunidad indígena para recoger testimonios y oír sobre el terreno lo que esperan los afectados de nosotros.
¿Tras nueve años de proceso y con todos los trámites agotados, por donde irá la resolución de la CIDH?
El proceso está en curso, no puedo anticipar un dictamen. Acá estamos apenas dos de los jueces que componemos la Corte interamericana. Los testimonios levantados serán llevados al conjunto de miembros de la CIDH y deben ser analizados por todos. Con respecto a los tiempos, debo indicarle que aunque la demanda se interpuso hace nueve años, la Corte empezó a conocer el proceso hace apenas dos años. Lo que sí le puedo indicar es que nuestra intención es dictaminar cuanto antes, esperemos que sea posible dentro de este mismo año y con ello generar tranquilidad a las partes en conflicto.
¿Hay alguna novedad en los testimonios recogidos en Sarayaku respecto a la última sesión de Costa Rica?
No puedo hablar en nombre de la CIDH, pero a título personal  le puedo indicar que este ha sido un acto fundamental para construir la sentencia. En Derecho las percepciones sobre la tierra y los territorios que tiene la población de Sarayaku son importantes como ingrediente de identidad más allá del concepto de propiedad. Nos congratulamos de la representación de alto nivel que ha estado presente en Sarayaku por parte del Gobierno ecuatoriano y agradecemos la hospitalidad con la que nos ha tratado la comunidad. Los testimonios han sido de gran importancia. Ha sido un proceso muy productivo, podríamos no haberlo realizado, pero había acuerdo entre las partes en realizarlo y estamos muy satisfechos.
¿Hay antecedentes en sentencias de la CIDH sobre consulta previa en materia de explotación de recursos naturales?
En agosto de 2008 la Corte dictó sentencia en el Caso Saramaka vs Surinam. Lo que la Corte dijo en este caso es que la consulta previa es un requisito fundamental, que debe ser concatenada con el establecimiento de beneficios tangibles para la comunidad afectada y que haya un proceso de participación.
¿Es vinculante la sentencia de la CIDH para el Estado ecuatoriano?
La CIDH fue creada por decisión de los Estados que integran la OEA en 1959. Los Estados que querían hacerse parte de la CIDH lo hicieron adhiriéndose a este organismo, cuya función principal es la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. El tratado de la CIDH dice que las sentencias son de obligado cumplimiento. Ecuador es uno de los Estados signatarios de la CIDH, es decir, se adhirió voluntariamente a la Corte, en este sentido es vinculante y no existen antecedentes de desobediencia en este sentido, ningún país cuestiona esto.