miércoles, 30 de octubre de 2013

Reseña libro “Dictaduras del siglo XXI” del Dr. Osvaldo Hurtado


Por Decio Machado / Revista Novedades Jurídicas

Las últimas décadas están marcadas por cambios trascendentales en los ámbitos de la economía, sociedad, legislación e incluso cultura en América Latina. Todos sus países, en distintas dimensiones e intensidades, viven los efectos de procesos que por su dinamismo se encuentran en permanente transformación. Esta condición ha generado la incesante publicación de materiales de análisis al respecto, destacándose un especial interés, que va desde la alabanza a la crítica, por los gobiernos y personajes más significativos al interior de la alianza bolivariana ALBA.

Este es el caso del libro que nos incumbe, “Dictaduras del siglo XXI”, donde el Dr. Osvaldo Hurtado, en su preámbulo, introduce a los cuatro presidentes más significativos del ALBA (el difunto Hugo Chávez, junto a Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega) dentro de un mismo “combo” al que define como “autoritarismos del siglo XXI”, para dar luego entrada a lo que serán doscientas páginas dedicadas a “el caso ecuatoriano”.    

En pro del libro, entre otras cuestiones, hay que reconocerle su escritura clara y concisa sobre cada uno de los elementos que aborda, lo que permite la fácil comprensión de las opiniones del autor respecto a todo lo que ha sido y es el gobierno del presidente Rafael Correa.

La obra parte de un error conceptual poco perdonable para un sociólogo del prestigio del Dr. Hurtado, y es arrancar componiendo un cóctel en el que se juntan gobiernos militares latinoamericanos derivados de la “Operación Cóndor”, junto con los fascismos europeos de la primera mitad del siglo pasado, los cuales se pretenden hacer parecer a los llamados gobiernos “autoritarios”  existentes hoy en la región. El problema es grave, pues parte de desconocer a autores como Carl Friedrich y Zbigniew Brzezinski –referentes de la utilización del término totalitarismo en las ciencias sociales-, los cuales tienen claramente definida la diferencia entre el modelo totalitarista y los gobiernos de perfil autoritario. Mientras la teoría propia del modelo totalitarista gira en torno a los esfuerzos del régimen por remodelar y transformar a los seres humanos –pensamiento y actitudes- bajo su control a imagen de su ideología,  el autoritarismo carece de ideología “dura” y bien elaborada que cumpla el rol de direccionamiento ideológico al conjunto de la sociedad. Esto no es algo baladí, porque a diferencia de lo que indica el Dr. Hurtado capítulo tras capítulo, no se trata de que el gobierno haya implementado un régimen de ideología socialista que restringe las libertades bajo una especie de setentero “yugo” cubano, sino que la característica principal de este se basa en la peculiar mentalidad de su líder, lo que por un lado se convierte en justificación ideológica, y por otro, les permite ejercer el poder dentro de un límite formalmente mal definido dado el control existente sobre los distintos poderes del Estado y sus órganos de control. La Constitución no estableció en Ecuador el partido único, ni existen gulags o campos de concentración para disidentes, lo cual lo convierte en un modelo de gobierno notablemente diferente al de los totalitarismos europeos ya fueran fascistas o el soviético al que el autor no menciona; y de igual manera, tampoco son comparables a los sistemas de control social y violación de derechos humanos ejercidos por las dictaduras militares y sus espeluznantes centros de torturas entre desaparecidos y niños secuestros.

Otro elemento que sorprende en el libro, es la vulneración de todas las reglas del método sociológico y técnicas de investigación derivadas desde los tiempos de Durkheim (1895) hasta nuestros días. En este sentido, se analiza la historia del correísmo como si no existiera un antes histórico, como si el Ec. Rafael Correa fuera una producción eptoplásmica que rompiendo con su perfil paranormal se quedó anclado a una realidad que dura más de seis años y tiene condiciones de perpetuarse por un largo tiempo. El libro ignora los antecedentes sociopolíticos a la llegada del actual Presidente de la República al Palacio de Carondelet: la sucesión de mediocres gobiernos que llevaron al país al caos económico, una institucionalidad enmarcada en una pronunciada corrupción y una deslegitimación social del sistema “democrático” y sus instituciones propia de gobiernos centroafricanos. Es esta condición la que determina un escenario político donde ningún mandatario, desde 1996 termina su legislatura, y lo que permite que un fenómeno como el “correísmo” se instale en la sociedad con anclajes tan sólidos como en los que se sostiene al día de hoy. Dicho de otro modo, si leemos el pasado –cosa que no hace ni someramente el libro- para entender el presente, se podría llegar a una conclusión sustancialmente distinta a la que llega el autor: no es Rafael Correa quien cuestiona el sistema democrático en el Ecuador, es que ese supuesto sistema democrático hacía aguas prácticamente desde la reinstauración de la democracia en el país. Reinstauración por cierto, en la que el autor tuvo su protagonismo.

El libro del Dr. Hurtado parte de premisas ciertas para llegar a conclusiones, en muchos, casos equivocadas. Siendo cierto, como indica el autor, que el pueblo ecuatoriano bajo ninguna excusa debería hipotecar su democracia y libertad, pierden autoridad sus afirmaciones fruto de una dialéctica en la que se entremezclan adjetivaciones y descalificativos que ponen en cuestión la objetividad que se demanda de todo analista. El uso de lecturas sesgadas y contaminadas ideológicamente de un criterio excesivamente conservador que no se ajusta al momento histórico que vive el planeta, es otro de los elementos cuestionables del libro. Explico esto: no se le pide al autor que obvie en sus conclusiones su posición ideológica marcadamente conservadora, sino que haga lo posible por no escribir, como popularmente se denomina, con el “hígado”. Sin duda el Dr. Osvaldo Hurtado es un actor más en realidad política del país, y más allá de su peso y capacidad de incidencia, no se puede obviar que “Dictaduras del siglo XXI” es un libro de barricada donde su ser académico pierde respecto su ser político, con todo lo que el término político conlleva en este país.

Sorprende y a su vez es contradictoria con varias de las tesis desarrolladas por el autor, la constante arremetida contra el texto constitucional vigente, el cual fue respaldado de forma mayoritaria por la ciudadanía ecuatoriana. Según el Dr. Hurtado, es la vigente Carta Magna la que le permite al presidente Correa “eliminar el equilibrio de poder entre las funciones del Estado, a favor del fortalecimiento de la autoridad presidencial”. Así el autor, olvida en esa abstracción que hace del pasado, que el fenómeno no es nuevo y que las élites nacionales, desde 1979, llevan protagonizando reformas políticas destinadas a robustecer el poder del presidente y del Ejecutivo en decremento de otros poderes del Estado. De hecho, estos esfuerzos se vieron claramente reflejados en la Constitución de 1998 –elaborada por la Asamblea Constituyente que el mismo Dr. Hurtado presidió-, en la cual las atribuciones presidenciales fueron sustancialmente aumentadas. En este sentido, el texto de Montecristi -y que esto no sirva de excusa- es apenas continuidad de una ruta de “culuncos” yumbos. Quedaría entonces para la reflexión independiente del lector, por no ser abordado en el libro, que si la acumulación de poder en una sola persona conlleva lógicas autoritarias, lo que sumado a la debilidad institucional de los partidos –entre estos el de gobierno, dado que carece de debate interno-, la recuperación de la democracia quizás no pase por su sistema representativo, sino por la participación activa y de calidad del conjunto de la población en cada ámbito de decisión. Para ello, es necesario contar con los canales, las estructuras, la información y el modelo de sociedad que posibilite dicha participación, otros de los objetivos incumplidos que emanan de la Constitución de Montecristi cuando hacía referencia a la democracia radical.

A lo anteriormente expresado, destaca una contradicción que transversaliza las algo más de doscientas páginas del libro: ¿si la herramienta utilizada por el presidente Correa para reformular a su antojo al Estado ecuatoriano ha sido y es la Constitución de 2008, por qué entonces las diferentes rupturas que ha sufrido en su alianza de gobierno, hoy críticos respecto a sus políticas, señalan que el  problema es que no se cumple la Constitución?

El profesor Max Horkheimer, uno de los principales exponentes de la Primera Teoría Crítica (Escuela de Frankfurt), entendía al Estado autoritario como un fenómeno sociológico que se origina tras circunstancias históricas donde surge la anarquía, el desorden y la crisis; presentándose como la vía para la superación de los problemas existentes. Es desde ese consenso ciudadano desde donde se legitima un Estado autoritario, y no a través del uso de la fuerza o el abuso del poder. Quien ha legitimado y sigue legitimando la consolidación de un estado de tintes autoritarios en el Ecuador es su ciudadanía, la cual se muestra esperanzada en un proyecto futuro de modernización e inserción inteligente de su país en el sistema mundo, que con independencia de las críticas que conlleve, ninguna otra opción política en el país ha sido capaz de brindarle tras la muerte de Jaime Roldós el 24 de mayo de 1981. Como ya señaló, el filósofo francés Henry Bergson, “el presente sólo se forma del pasado, y lo que se encuentra en el efecto estaba ya en la causa”.

sábado, 12 de octubre de 2013

En este Monte Sinaí no se ama al prójimo (II)

Por Decio Machado / para revista digital Plan V
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SEGUNDA PARTE 

Los desalojos por un Guayaquil Ecológico

El otro eje de intervención prioritario son los 40 kilómetros de ribera del Estero Salado. Esta intervención implica el desalojo de 8000 familias que han de ser reubicadas en los complejos habitacionales de Socio Vivienda en Nueva Prosperina, siempre y cuando sean considerados residentes anteriores a diciembre del 2010. Sin duda, la situación del Estero Salado es alarmante, según estudios realizados por la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Espíritu Santo y la Municipalidad de Guayaquil en el 2010, el 60% del cuerpo hídrico está repleto de lodo sin oxígeno y de residuos domésticos e industriales. Estos lodos pueden generar enfermedades como cólera y hepatitis.

No cabe duda de que las invasiones realizadas en la ribera del Estero Salado vienen deforestando el mangle desde hace 30 años, rellenándose éste con escombros y generando un promedio de 196 kilogramos de basura diaria, aunque también recibe 3,5 toneladas de desperdicios, de las embarcaciones del Golfo y desechos que navegan desde otros puntos de la ciudad .

Los desalojos, según indica el Miduvi, se realizarán hasta la zona considerada como cuota máxima en marea alta -entre 5 y 15 metros desde la orilla- y se pretende la recuperación ambiental del Estero Salado; aunque quedan por ver cuáles son las medidas que se tomarán sobre las más de cuatrocientas empresas identificadas por el MAE como potenciales contaminadoras que deberán recibir un proceso de inspecciones in situ para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Paralelo al proceso de desalojos se creó el plan Socio Vivienda en Nueva Prosperina. Mientras Socio Vivienda I tiene un costo entre USD 1600 y USD 1800; Socio Vivienda II, con entre 11 000 y 12 000 viviendas, en lugar de salir al mercado se ofrece como reasentamiento. Aunque, en principio, estas viviendas se habían considerado con costo cero para los realojados, dicho criterio se encuentra en la actualidad en revisión, pues se plantea la necesidad de "corresponsabilidad" por parte de las familias reubicadas. Está en estudio la posibilidad de que estas paguen el 10% del costo total de la vivienda, que significaría una inversión por familia de unos USD 1300 a pagar entre 7 y 10 años. Esta situación viene nuevamente a complicar la capacidad de adquisición de vivienda por parte de estas familias.

Una vez liberada la ribera de pobladores, a través de la realización de parques lineales -áreas verdes- con la correspondiente recuperación del mangle extinguido en la zona, el plan de intervención busca evitar que la zona sea nuevamente invadida.

Según Flora Cortés, moradora de Isla Trinitaria, hubo mucha gente que no estaba en sus casas cuando se desarrolló el censo. "La gente sale a trabajar muy temprano, a los que no nos censaron nos dicen que no nos realojarán", señala ella. "Además muchos de nosotros no queremos ser reubicados, hemos vivido acá desde que éramos niños, acá hemos establecido nuestros lazos sociales, nuestros mecanismos de apoyo mutuo, acá estudian nuestros niños y nuestros vecinos los cuidan cuando no podemos hacerlo nosotras, en este entorno tenemos nuestros trabajos", dijo. En su descargo, los funcionarios destacados en la zona indican que se está haciendo un nuevo censo y se cotejan fotos aéreas con información vecinal para establecer quiénes estaban o no antes de diciembre del 2010.

El hecho de que los moradores reubicados de Isla Trinitaria estén siendo reasentados en Nueva Prosperina, lejos de donde fueron desalojados, es una de las cuestiones que más resistencias genera entre la población afectada.

Cortés también denuncia que todo el plan de reubicación se está haciendo sin consulta previa, "en cada puerta pusieron un código, con ese código vamos al Miduvi y allá nos piden los papeles de identificación, pero nunca fueron claros en indicarnos cuál era el proyecto y qué pretendían hacer". Muchos moradores comenzaron a construir con posterioridad al 2010, aunque sus terrenos fueran adquiridos con fechas anteriores, "para este tipo de casos el gobierno no nos da ningún tipo de solución", sentencia la afectada.

Objeto desconocido

Según Navarrete, "los moradores indican que la información llegó a esta comunidad a través de un medio de comunicación público, de ser así, había una planificación que no fue consultada con la comunidad". De igual manera opina Lucetti Pachito Quintero, otra de las moradoras que manifiesta su voluntad de mantenerse en la zona hasta que haya soluciones a sus demandas: "tenemos derecho a la información, la gente ha rellenado los lugares donde edifican sus casas, somos pobres y el esfuerzo económico de estas familias es grande, decir a la gente que ahora tienen que salir es muy duro, además no está claro si hay o no que pagar por las nuevas viviendas, las cuales no superan los 40 metros cuadrados, dimensión que no se ajusta al tamaño de nuestras familias".

Para Norma Enríquez Riascos, portavoz del Comité América Latina y Caribe para la Defensa de las Mujeres (Cladem), quien también formó parte de la misión de verificación internacional que se dio en la zona, la situación es muy preocupante. Enríquez señala que "en los desalojos violentos las mujeres sufren mucho más que los varones, pues ellas suelen cargar con los hijos. Para nosotras la vivienda es un espacio de seguridad, pero por seguridad no entendemos ver desfilar por aquí a la gente uniformada y con armas, sino que haya un reconocimiento de lo que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida. La vivienda es un derecho y los estados deben buscar cómo asegurarnos unas condiciones de vida digna".

En la actualidad de los 40 kilómetros de ribera bajo intervención ya se han "limpiado" cuatro kilómetros, sin que se haya realizado ningún tipo de intervención o iniciativas económicas que apoyen a las familias.

Un modelo habitacional importado

Lorena Zárate, especialista internacional en modelos urbanísticos, sostiene que "el modelo aplicado por el Miduvi tuvo sus orígenes en Chile durante la época de la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Se mejoró después y fue promovido por el Banco Mundial". De hecho, Ecuador suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en mayo del 2012, un contrato de préstamo por USD 75 millones para la implementación del llamado Plan Nacional de Desarrollo Urbano a realizarse en un plazo de cinco años, para una intervención en las 1300 ha que comprenden el Monte Sinaí. Sin embargo, Zárate señala que "investigaciones hechas al respecto, indican que con una inversión de aproximadamente 10 000 dólares por vivienda y con la construcción de la propia gente que va a habitar posteriormente en ellas, es posible construir hogares que alcanzan hasta los 90 metros cuadrados, generando a su vez tejido social organizado y coparticipación con los moradores en el modelo de ciudad a desarrollarse. En México existen experiencias de este tipo y debe tenerse en cuenta que allá los materiales para la construcción son incluso más caros".

Desde esta perspectiva, Zárate considera que cuando se proyecta y planifica la ejecución de vivienda social, esta debe ser considerada para el bien, en todos los sentidos, de los estratos humildes que van a utilizarla, y no con base en las exigencias del sector privado, quienes a través de la estandarización del sistema constructivo, la pequeña dimensión de los hogares y los bajos salarios de la mano de obra utilizada, logran un beneficio económico alto pese a los bajos precios que por ella perciben.

Lo anunciado por la presidenta de Habitat International Coalition, confronta con la palabras de Sonia España, una moradora de Monte Sinaí, que indica: "tenemos nuestra forma de vivir y nos están imponiendo otras, limitando los espacios de nuestra vivienda y eliminando nuestros huertitos, los cuales nos han permitido resolver carencias en el acceso a la canasta básica. Los asambleístas vienen para conocer sobre el terreno y tener criterios para aprobar la Ley Reformatoria de Tenencia de Tierras y se limitan a sobrevolar en helicóptero Monte Sinaí, ni siquiera hablan con nosotros o escuchan nuestras demandas, y ahora el Estado nos dice a las madres de los asentamientos irregulares que no podemos tener más hijos porque las viviendas que nos han asignado no sobrepasan los 40 metros cuadrados y no podemos ampliarlas".

En este Monte Sinaí no se ama al prójimo (I)


Por Decio Machado / para revista digital PlanV
www.planv.com.ec

El mítico Monte Sinaí es célebre por su importancia en el libro bíblico del Éxodo. Ahí fue donde supuestamente Dios entregó a Moisés los diez mandamientos. Su versión guayaquileña más bien se asemeja a una especie de purgatorio para una multitud de familias moradoras. Lea la primera parte de este revelador reportaje.

PRIMERA PARTE

El 28 diciembre del 2010 se expide el decreto presidencial 607, por el cual se declara área de reserva de seguridad a 9300 hectáreas, en la zona donde se desarrollan los actuales asentamientos informales,  que incluye una zona crítica de 444 hectáreas ya "invadidas". El presidente Correa anunciaba de esta manera el hecho: "Se ha declarado zona de seguridad las riberas, los costados de los canales del trasvase, en realidad todo el sistema hidráulico que abastece a la península, presa de Chongón, etc. y un zona muy amplia del norte de Guayaquil para evitar que se sigan extendiendo invasiones". En la práctica, las 3622 familias entonces asentadas en la zona serían reubicadas en planes habitacionales promovidos por el Estado, aunque el anuncio presidencial disparó la construcción de viviendas precarias en los lotes desocupados, los cuales han ido siendo violentamente desalojados por parte de las autoridades, según denuncian los moradores.

En Monte Sinaí, fuera de la zona reservada, lo que se denomina como zona consolidada, se legalizarán 750 hectáreas, en las cuales se mejoraran viviendas y se harán infraestructuras y servicios básicos, entre ellos un hospital de 400 camas y varias delegaciones ministeriales. En palabras de los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Miduvi: "allá se va a construir ciudad".

En la zona reservada, donde vivían más 3600 familias, ya no quedan en la actualidad más de un millar. Los desalojos de este año se hicieron en las zonas de Thalía Toral y Las Marías, y según indican varios pobladores desalojados, la brutalidad con la cual se realizaron fue premeditada: se hizo para que mucha gente se marchara sin necesidad de que derribasen sus casas.

María Sevillano, una de las personas desalojadas en mayo del 2013 recuerda aquel episodio: "Llegaron a las 7:30 horas de la mañana, en mi caso ni siquiera teníamos aviso de desalojo. Tuvimos que dejar las cosas en la calle toda la noche. Una retroexcavadora arrasó con nuestro hogar mientras nos sobrevolaba un helicóptero. Eran cientos de militares y policías, venían armados hasta los dientes. Yo vivía de dar comidas en mi casita, tengo tres hijos y desde entonces ya no dispongo de ningún ingreso". Su relato no difiere en dramatismo respecto de otros afectados. Vanessa G., colombiana con estatus de refugiada, relata entre sollozos cómo su casa fue destruida en ese mismo desalojo: “Nunca vi a tanto niño llorar mientras quemaban sus casas.  Aunque mi esposo compró la tierra en 2008, construimos y vivimos acá desde hace dos años y medio. Tan solo pude salvar tres paredes de mi casa, la cual estoy pagando aun al Hogar de Cristo. Dormí dos semanas en la calle frente a lo que había sido mi casa en una carpita que me fabriqué, no tenía a donde ir, pero la policía llegó y me obligó a marcharme. Éramos tres familias viviendo juntas, nunca nos llegó la notificación. Vine a este país refugiada desde Colombia, nunca pensé que en Ecuador el Ejército fuera a tumbarme mi casa. Hasta mi hija de nueve meses se enfermó de los ojos por el humo de los incendios de las viviendas desalojadas. Mi esposo es tanquero, no aplica para el Plan Vivienda, no sé qué vamos a hacer y a donde ir”.

Según Lorena Zárate, presidenta de Habitat International Coalition, organización colaboradora de Naciones Unidas  que estuvo en una misión de supervisión internacional en la zona, "ser tratado como delincuente porque eres pobre es muy triste, este tipo de acciones con desproporcionada violencia se hace hoy en muy pocos países, los cuales además son altamente cuestionados por su carencia de talante democrático".

En la actualidad, efectivos de la Policía Nacional controlan los accesos a Monte Sinaí. No permiten el paso de materiales de construcción, tras la orden de cierre a todos los establecimientos que los comercializaban. Francisco Cedeño, uno de los afectados por esta medida, nos indica: "yo vine en un programa retorno de inmigrantes desde España, invertí mis ahorros en adquirir unos lotes acá y monté también una ferretería; en la actualidad mi establecimiento está cerrado, tuve que despedir a los trabajadores y ahora me dicen que para tener buen vivir me tengo que ir a una casita adosada de 36 metros cuadrados y abandonar mi terreno y vivienda".

Según el estudio realizado por la Fundación Hogar de Cristo, “Monte Sinaí: La herencia de los vulnerados”, realizado con una muestra de 8.012 personas socias a esta fundación, casi el 30% de la población que vive en la zona percibe un ingreso menor a los USD 40 per cápita, el 48% de hogares dispone de un solo trabajador, y en el 16% de las familias ningún miembro trabaja. Además, el 85% de familias que participaron en el estudio, tiene un ingreso per cápita entre 0 y 120 dólares mensuales. Del total de familias registradas, un 89.6% depende del trabajo femenino.

Estas condiciones imposibilitan a la mayoría de las familias de la zona poder acceder a una vivienda en los planes habitacionales generados por el Miduvi. El ejemplo de esto se da en el complejo habitacional Ciudad Victoria, modelo a seguir, donde la vivienda más económica que se ofrece, tiene un costo de USD 12 500 y un área de 40 m2, con un subsidio habitacional de USD 6000. Para la adjudicación de dichas viviendas se exige un ahorro de USD 1250 y un crédito aprobado por instituciones financieras de USD 6250, a pagarse entre 10 y 12 años, en cuotas de USD 56 mensuales en promedio. Sin embargo, a pesar de las facilidades ofrecidas por el gobierno para la reubicación de los beneficiarios, la respuesta de las familias sorprende a las autoridades; de las 3622 familias favorecidas con la reubicación, solo 421 han presentado sus solicitudes.

Billy Navarrete, presidente del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), denunció que "se han registrado múltiples casos de moradores que denuncian haber sido desalojados sin que exista un aviso previo, notificación, sobre el operativo que se ejecutó en sus viviendas. También se tiene evidencias de notificaciones en las cuales no consta el nombre del propietario de la vivienda, sino las siglas N.N., lo cual significa una violación a las normativas al respecto". Por otro lado, las observaciones al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señalan que los estados firmantes -entre ellos Ecuador- se comprometen a dar salidas jurídicas y alternativas a los pobladores cuando se realice un desalojo forzoso.

De igual manera, un reciente estudio realizado en Monte Sinaí y denominado "Malestar y consecuencias subjetivas: el desalojo y la incertidumbre", auspiciado por la CDH, destaca entre sus conclusiones que los desalojos y la incertidumbre de las familias que viven en Monte Sinaí ha conllevado consecuencias subjetivas al conjunto de la población sin importar las edades de los implicados. En este informe se destaca que: "El impacto del desalojo, trae consigo efectos para los pobladores del Monte Sinaí, tales como problemas en el dormir, descensos en el rendimiento académico, intensificación de enfermedades anteriores, quebrantos emocionales y respuestas violentas por la brotada ansiedad y angustia relacionada al suceso".

Este hecho coincide con las declaraciones de Roberto Borja, otro de los moradores de la zona, quien indica que el miedo se ha adueñado de la población: "los niños, cuando pasa un helicóptero salen de las casas llorando y pensando que ya vienen a desalojar nuevamente". El miedo cundió incluso entre moradores que todavía no están afectados por el desalojo. Ese es el caso de Ángel Pavón, vecino de la cooperativa Esfuerzo Propio, quien llegó en el 2009 invirtiendo USD 2500 en un terreno de unos 100 m2. "Vendo agua, cepillos y otros productos por las calles de Guayaquil. Con cuatro hijos, uno de ellos de apenas seis años, ¿a dónde vamos a ir? Tengo osteoporosis, no consigo un trabajo formal, todavía le debo algo de dinero al Hogar de Cristo por la casita de caña en la cual vivo, y a pesar de no estar aún notificado tengo miedo, todas mis ilusiones de construir un futuro digno para mi familias se han ido al traste".

Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador y vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, señala que "el derecho a la vivienda es un tema fundamental, pero debemos entender que no estamos hablando solamente de las paredes o el techo de la vivienda, hablamos del acceso a la salud, a la educación, a los servicios, y todos los derechos que tenemos a vivir dignamente. Estamos hablando del derecho a la vida digna, sin miedos y sin traumas".

Una ciudad de invasiones

Según un informe elaborado por la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, Guayaquil sería el cantón más afectado por las invasiones. Este hecho es corroborado por diversos urbanistas guayaquileños, los cuales coinciden en que la ciudad ha crecido en función de estos asentamientos irregulares, los cuales desde la década de los noventa han sido controlados por traficantes de tierras.

La arquitecta Patricia Sánchez, experta en mercados informales de suelo,  dice: "el sector marginal urbano ha carecido de otras formas de acceder a la vivienda que no sea a través de los traficantes de tierras, pues ni el Ministerio de la Vivienda ni la Municipalidad han ofrecido alternativas adecuadas a las condiciones económicas y sociales de la población, no dando respuestas al grave problema habitacional que sufre la ciudad". En este sentido, cabe destacar que en Guayaquil, la informalidad urbana es un fenómeno que compromete al 65,47% de su población, siendo 7 de cada 10 viviendas construidas por el esfuerzo propio de las familias, lo que constituye la forma predominante de crecimiento urbano. Según datos del INEC –Censo 2010-, la población urbana de Guayaquil es de 2 278 691 habitantes, de los cuales el 70% es pobre. El Municipio estima que unas 6.465 familias humildes demandan vivienda anualmente, lo que viene a significar unas 39 000 viviendas en los últimos seis años. Sin embargo, según los datos extraídos del estudio Mercado de suelo informal y políticas de Hábitat de suelo en la Ciudad de Guayaquil realizado por esta misma arquitecta para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), los bonos para nueva vivienda entregados en toda la provincia del Guayas entre 2007 y 2012 suman 12 360, siendo la vivienda construida por el Municipio de la ciudad en ese mismo período de apenas 3145 viviendas. En resumen, durante la gestión del actual gobierno no se habrían cubierto las necesidades generadas en materia de vivienda durante en ese mismo período, agravándose más aun la situación de déficit habitacional en la ciudad, calculada en el 2006 en unas 750 000 viviendas.

Los barrios urbano marginales de Guayaquil, tienen su origen tras la crisis cacaotera de los años 30 y asumen importancia a partir de los años 50, con la formación del Suburbio Oeste. A finales de los 70, el crecimiento de barrios informales se dirige hacia el norte en los sectores Mapasingue y Prosperina, y por el sur con la ocupación de los Guasmos. Será ya a mediados de los años 80, cuando las ocupaciones avanzan por la vía a Daule, con una lógica en la que con consentimiento de sus propietarios, o bajo amenaza de “invasión”, se vende la tierra a través de “dirigentes barriales y/o promotores informales”. Esto dió paso a los mercados informales de suelo. Así surgen Juan Montalvo, Bastión Popular y Flor de Bastión, en donde a más de los intereses económicos de la venta de la tierra, está el control social y político de sus ocupantes. 

En los años 90 se ocupan las tierras aledañas a la vía Perimetral con las cooperativas Flor de Bastión, Paraíso de la Flor, Balerio Estacio,  Zenaida Castro y Sergio Toral. Las actuales ocupaciones desarrolladas a partir del 2000, en el noroeste de la ciudad –Monte Sinaí, Marcos Solís, Ciudad de Dios, Tierra Prometida, Israel, etc-, son motivadas por una mezcla de intereses mercantiles y redención evangélica.

Desde 1967 la ciudad vivió una ambigüedad política frente a los asentamientos informales, habiéndose impulsado periódicos decretos de legalización hasta el 2010. Sin embargo, es en diciembre de ese año cuando el presidente Correa declara públicamente la “guerra” a los traficantes de tierras, manifestando su voluntad de no permitir ningún asentamiento irregular más a partir de entonces.

Con el fin de hacer cumplir los pertinentes desalojos que dicha decisión conlleva, se crea la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, poniendo al frente de esta al funcionario Julio César Quiñonez, quien había ejercido con anterioridad como Intendente de Policía del Guayas. Él abandonó la Intendencia durante el episodio de denuncias por presunto abuso de autoridad en contra de diversos comisarios de Policía en abril del pasado año.

Las intervenciones de desalojos –bajo responsabilidad de la Secretaría de Asentamientos Irregulares- y dependiendo de los casos de reubicación –bajo responsabilidad del Miduvi-, tienen focalizado su actuación en este momento sobre dos sectores geográficos de Guayaquil: Monte Sinaí y Estero Salado.


martes, 1 de octubre de 2013

Ecuador censura un libro sobre la desaparición de los pueblos en aislamiento voluntario

"UNA TRAGEDIA OCULTADA" ALERTA SOBRE LOS EFECTOS DE LA EXPLOTACIÓN DEL YASUNÍ
Periódico Diagonal
www.diagonalperiodico.net



El antropólogo Miguel Ángel Cabodevilla denuncia en el libro 'Una tragedia ocultada' que “la próxima matanza está muy cerca”, en referencia al permiso del Gobierno de Correa para explotar el Yasuní. DIAGONAL pone el texto a disposición de nuestros lectores.

Por Decio Machado. Quito (Ecuador)

Hasta la década de los cincuenta, los Huaorani eran un pueblo que vivía en aislamiento voluntario en una extensa área que abarcaba entorno a dos millones de hectáreas emplazadas entre los márgenes del río Napo y el río Curaray. Conocidos por su aptitudes guerreras, los Huaorani eran tribus nómadas que subsistían de la caza, la recolección de alimentos, la agricultura itinerante y la pesca.

Los Huao fueron contactados por el Instituto Lingüístico de Verano, una organización evangélica estadounidense, cuyo fin a "priori" es recopilar y difundir documentación sobre las lenguas menos conocidas, con el propósito de traducir la Biblia a dichas lenguas. El contacto inicial ocurriría en enero de 1956 y terminó con la muerte de los misioneros involucrados, tras meses de sobrevuelos y entrega desde el aire de ropas, machetes y utensilios de cocina.

Fue cuestión de tiempo que los evangelistas consiguieran poco a poco evangelizar a los Huaorani, y en 1969 ya se crea una reserva para dicha población. Sin embargo, un grupo de ellos, liderados por el guerrero Taga, se rehusó al asentamiento y regresó a la selva, separándose voluntariamente de su étnia y el resto de la sociedad. Este fue el origen de los Tagaeri, que constituyeron un grupo en aislamiento voluntario. Públicamente se conoce además la existencia de otro grupo en aislamiento bajo el nombre Taromenane, quienes también descenderían de los Huaorani.

Los Tagaeri y los Taromenane son un tesoro humano y cultural, al igual que el entorno ecológico donde ellos viven, en la selva todavía no conquistada de Ecuador; se calcula que hay unos trescientos Taromenane y apenas entre veinte y treinta Tagaeri sobrevivientes. Estos pueblos no han sido evangelizados por los misioneros, pero su Hábitat ha sido destruido paulatinamente desde hace cuarenta años por las empresas petroleras y desde hace veinte por las madereras.

Presuntas complicidades con las petroleras

Por su parte, el Instituto Lingüístico de Verano fue expulsado del Ecuador en 1980, acusado de ser cómplice de compañías petroleras, al ayudar a éstas a que los indígenas abandonaran sus tierras y que estos se las entregaran a las transnacionales extractivas, usando además métodos turbios. Para reforzar este hecho, se demostró que las organizaciones humanitarias de la familia Rockefeller (dedicada al petróleo) financian a esta entidad. Por estas razones fueron expulsados poco después de países como Brasil, México y Panamá.

En abril del 2003, un grupo de Taromenane fueron masacrados por otro grupo de Huaorani alentados por los petroleros y madereros. El hecho se repitió en marzo del presente año, donde aun sin encontrarse los cadáveres, testimonios de huaoranis indican otra matanza de unas treinta personas en el Yasuní. Más allá de que no queda duda de la existencia de estos pueblos no contactados o en aislamiento voluntario en la zona, sobre ellos se ejerce el cerco cada vez mayor de una colonización incontrolable, de las todopoderosas petroleras, el negocio tentador del turismo, así como las intrigas y trampas de los madereros.

Durante los diez años que han pasado desde la matanza de los taromenani del 2003, el país no ha hecho nada por desvelar la trama, acto que se repite tras los sucesos de marzo del presente año. Quizás por ello, y ante la explotación inminente del Bloque 43, el ITT, al interior y alrededores del Parque Nacional Yasuní, el antropólogo capuchino Miguel Ángel Cabodevilla denuncia que “la próxima matanza está muy cerca”. La sociedad ecuatoriana no amparó a tribus anteriores que también estaban en aislamiento, como es el caso de los Tetete (quienes fueron acechados por extractores ecuatorianos durante la fiebre del Caucho), quedando extinguidos. ¿Quiénes serán los próximos? ¿Los tagaeri, los taromenani?

Ante esta vergüenza nacional, el pasado 25 de septiembre y durante la presentación del libro La tragedia ocultada* que se hacía en las instalaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), llegó la prohibición de circulación de dicho texto emitido minutos antes por la jueza ecuatoriana Hilda Garcés.

El libro trata de una investigación realizada por Miguel Ángel Cabodevilla, la directora de la Fundación Alejandro Labaka, Milagros Aguirre, y el investigador italiano, Massimo de Marchi, sobre la última matanza a un grupo taromenane y el rapto de dos de sus niñas, de 5 y 8 años, que en la actualidad viven enpoblados huaoranis.

Hoy la decisión del gobierno ecuatoriano de explotar el ITT pone en riesgo la existencia de estas poblaciones, sobre las cuales se han realizado nuevos mapas de ubicación que sorprendentemente ahora los sacan de las zonas de riesgo donde actuarán las petroleras en el Yasuní-ITT.

Es por todo ello que el periódico DIAGONAL pone a su disposición la investigación por los antropólogos e investigadores autores de “La Tragedia Ocultada”, libro que desvela y advierte de los riesgos para el futuro sobre dos de los pocos pueblos en aislamiento voluntario que quedan sobre nuestro planeta.

http://www.inredh.org/archivos/pdf/una_tragedia_ocultada_cabodevilla.pdf