Por Decio Machado / Universidad Nómada
La agrupación política Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), heredera política de lo que fueran las viejas FARC insurgentes, denuncia en estos días que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz (Csivi) está atravesando su momento más crítico desde que tal institución se constituyera. Para los voceros de las FARC, “es propósito del gobierno de Iván Duque desdibujarla completamente hasta llevarla a los escenarios de la inutilidad”.
Es un hecho que desde la salida de Juan Manuel Santos del Palacio de Nariño, las reuniones de dicha comisión se han distanciado en el tiempo y carecen de puntos relevantes en su orden día, pese a la presencia en su condición de “notables” de expresidentes como el uruguayo José Mujica y el español Felipe González.
Los voceros de las FARC califican hoy a dicho organismo como “una instancia de mero trámite formal y sin posibilidad alguna de contribuir al mejoramiento de las condiciones de la implementación” de los acuerdos de paz firmados el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, tras seis años de negociación y medio siglo de confrontación armada en el país.
Pero más allá de la escasa credibilidad que hoy ostentan ante la ciudadanía en general los voceros de las reconvertidas FARC, es un hecho que el gobierno de Iván Duque lidera en la actualidad el más grande movimiento de opinión y acción en contra de los acuerdos de paz impulsados por su antecesor.
Por un lado, el presidente Iván Duque deslegitima las funciones de la Justicia Especial de Paz (JEP) -un organismo creado en marzo de 2017 y cuyo objetivo principal era traer verdad, reparación, perdón y garantías de no repetición-, mientras por otro desfinancia su implementación. Todo ello en un contexto político en el cual se ha incrementado los asesinatos a líderes comunitarios y guerrilleros desmovilizados, así como se ha incrementado también el número de desplazamiento forzados en territorio colombiano según el último informe anual de la Alta Comisionada de Naciones Unidos para los Derechos Humanos.
Entidades como la Oficina Internacional de Derechos Humanos – Acción Colombia y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, junto con la CCEEU (Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación para la Paz y la Democracia en Colombia manifestaron en un comunicado conjunto: “Existe una profunda preocupación por el desfinancimiento y la falta de respeto gubernamental a los mecanismos del Sistema de Justicia Transicional. A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya ley estatutaria fue objetada por el presidente Duque, por ejemplo, se le ha asignado en 2019 un presupuesto 28 por ciento menor del previsto para su funcionamiento. La JEP es el instrumento que garantiza los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Tendría que ser intocable.”
En paralelo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) cifra en 727 los lideres sociales asesinados en Colombia tras la firma de los acuerdos de paz, y en 140 los ex guerrilleros masacrados.
Disidencias al interior de las FARC
En este contexto, Iván Marquez, ex comandante de las FARC insurgentes y ex negociador durante el proceso de paz, cuyo paradero se desconoce desde agosto de 2018 tras abandonar su curul en el Senado y dejar Bogotá junto a otros ex altos mandos de la extinta guerrilla, publicaba el pasado mes de mayo una carta desde la clandestinidad en la que manifiesta que fue un “grave error” entregar las armas a un “Estado mafioso”.
Textualmente la misiva indica:
“Compañeros de los ETCR (en referencia a los aproximadamente 7.000 guerrilleros que hicieron su proceso de tránsito a la vida civil en los 26 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación): en nombre de los comandantes militares del antiguo Estado Mayor Central de las FARC, comandantes de frentes y columnas, impactados por la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana, les reiteramos autocráticamente que fue un grave error haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte. Qué ingenuos fuimos al no recordar las sabias palabras de nuestro comandante en Jefe Manuel Marulanda Vélez, cuando nos había advertido que las armas eran la única garantía de cumplimiento de los acuerdos. La triste realidad es que nos pusieron conejo (término colombiano que viene a indicar que “no cumplieron con lo prometido)”.
La carta de Márquez tuvo una inmediata reacción de Rodrigo Londoño, el ex comandante “Timochenko” y líder político de las actuales FARC, quien respondería: “No podemos darle cabida a las voces anónimas o no, que vaticinan el fin del proceso de paz, elaborando tesis apocalípticas, sin mostrar una salida coherente, sin indicarnos un camino cierto a seguir”.
Más allá del conflicto entre los ex comandantes, hoy actuales dirigentes de las FARC como organización política, es un hecho que en el actual estado de deterioro en el que se encuentran los acuerdo de paz, la opción de regresar a las armas significaría un reforzamiento a nivel nacional de las posiciones pro gubernamentales y uribistas más críticas con este proceso. Ellos son los que siempre pronosticaron el fracaso de dichos acuerdos y los supuestos errores gubernamentales cometidos por el ex presidente Santos en esta negociación. La situación lleva a las actuales FARC a un callejón sin salida, no tienen condiciones y legitimidad política para romper los acuerdos de paz y al mismo tiempo el gobierno actual carece de la más mínima voluntad por cumplir con sus compromisos.
Recientemente, Iván Duque declaró ante los medios de comunicación colombianos que los ex comandantes guerrilleros que volvieron a la clandestinidad se encuentran en Venezuela amparados por el régimen de Nicolás Maduro, mentando específicamente los nombres de Iván Márquez; Hernán Darío Velásquez, alias el Paisa y Henry Castellanos, alias Romaña, e impulsando indirectamente un nuevo frente de conflicto diplomático con su vecino estado bolivariano.
La desaparición de este sector disidente de la ex comandancia insurgente se dió inmediatamente después de que otro dirigente guerrillero ex negociador en los proceso de paz de Oslo y La Habana, Jesús Santrich, fuera capturado por cargos de narcotráfico en agosto del pasado año.
Santrich: una historia tortuosa
Jesús Santrich, cuyo nombre real es Seuxis Pausias Hernández Solarte -su padre era profesor de filosofía y estudioso del mundo griego-, militó en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por casi tres décadas y fue uno de los miembros de los equipo negociador del acuerdo de paz. Vinculado desde temprana edad a la Juventud Comunista, se destacó en la Universidad del Atlántico como líder estudiantil y activista político. Ya ejerciendo como docente en Sucre, tras licenciarse en Derecho y Ciencias Sociales, su mejor amigo y de quien tomó su alias de guerra fue asesinado en noviembre del 1990 por agentes de la DAS (extinto departamento de seguridad cuyo orígenes se remontan al gobierno de Gustavo Rojas Pinilla en 1953). Inmediatamente después Santrich emprendería camino al monte para incorporarse al Frente 19.
En Sierra Nevada de Santa Marta, Santrich sintonizó con Simón Trinidad y con Iván Márquez, de quien es gran amigo. Su perdida de visión paulatina es consecuencia del síndrome de Leber, una enfermedad que sufre por origen genético y que le afecta a los nervios ópticos. Fue por parte de las FARC el redactor de los acuerdos de paz de La Habana, tarea que compartió con el representante gubernamental Sergio Jaramillo.
Ya en vigor los acuerdos de paz, Santrich fue señalado por supuestamente participar en diciembre del 2016 en una reunión con miembros del Cartel de Sinaloa en el que se negociaba el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, hecho señalado por un presunto infiltrado de la DEA en dicha organización.
En los acuerdos de paz se establece que todo aquel que reincida en delitos tras la firma de estos serán juzgados por la justicia ordinaria y perderán los beneficios de la JEP, motivo por el cual podrían ser extraditados. Sin embargo, la JEP estableció que no había pruebas definitorias que determinaran en que momento se dieron estos hechos, lo cual significó la puesta en libertad para Jesús Santrich. Pese a ello, inmediatamente después la Fiscalía indicó nuevamente tener otras pruebas determinantes del delito, siendo el ex guerrillero recapturado apenas cruzaba la puerta de la Cárcel La Picota camino de su libertad.
La Corte Suprema de Justicia, institución que pasó a investigar este proceso volvió a ordenar su libertad, al considerar que Santrich gozaba de fuero por su condición de congresista -asumió su curul tres semanas antes- y que tan solo podía ser investigado y juzgado por dicha institución, quedando abierto un proceso formal por la “posible comisión de delitos” de narcotráfico. Poco después Santrich desaparecería, no presentándose a la cita del 9 de julio ante dicha Corte a la cual fue convocado para declarar ante las acusaciones contra él formuladas.
En marcha el proceso para decretar la silla vacía
Los opositores a los acuerdos de paz no tardaron en reacción. La Cámara de Representantes ha dado inicio, de forma reciente, al proceso de declaratoria de la figura de la silla vacía contra el curul de las FARC que ostentaba Santrich.
Lo anterior implicaría que el hoy partido FARC podría perder uno de los 10 escaños que le fueron otorgados mediante los acuerdos de paz de 2016, pues según el Ministerio Público “en ningún caso podrán ser reemplazados en la cámara quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico”.
