Las barbas del vecino

Por Decio Machado / Analista político
Publicado en Revista Plan V

El pasado lunes se decidió, el martes se hizo público y ayer miércoles el gobierno argentino comenzó ya la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar una línea de crédito de 30 mil millones de dólares. Todo ello en el marco de la tensión generada por una cotización que situó a la moneda argentina al cambio de 24 pesos por dólar.

Desde la Casa Rosada y ante las cámaras, Mauricio Macri indicaría: “implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuenta públicas (…) y que depende mucho del financiamiento externo (…), sumidos en condiciones mundiales cada día más complejas (…), siendo de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando…”. En definitiva, Macri le anunciaba al país que dado que el dólar se fortaleció cuesta más conseguir dinero, motivo por el cual decidió acudir al FMI en busca de un crédito grande, algo que al menos justifique el costo político que esta operación financiera conlleva, debiendo atender una tasa de interés más baja que la que el mercado impone.

Efectivamente, hablar del FMI en Argentina es hablar de crisis. Aunque los acuerdos con el FMI son situación de excepción, para Argentina esto fue la regla desde su ingreso al organismo en 1956 hasta la cancelación total de su deuda en 2006. Concretamente entre 1991 y 2001, el FMI y Argentina firmarían cuatro acuerdos de asistencia financiera, período en que la deuda externa del país austral pasó de unos 70.000 millones de dólares, a finales de 1990, a los más de 140.000 millones de dólares registrados en 2001, momento en que estalló la economía del segundo país más grande de Suramérica. Previo al crac, el FMI había exigido al Estado argentino achicarse, privatizar, desregular, desproteger la industria nacional, favorecer las importaciones y el capital extranjero, así como precarizar las relaciones laborales. El país quedó bajo supervisión del organismo internacional, quienes incluso instalaron un representante residente en las oficinas del Banco Central a finales de la década de 1990, presentando esta gestión como su caso más exitoso.

Cuando la crisis fue inminente, el FMI proveyó fondos que financiaron la salida de capitales de los grandes bancos. Según reveló años después el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, en 2001 el FMI condicionó la continuidad de su apoyo al país a cambio de que el dólar estadounidense sustituyera al peso como moneda nacional, condición que fue rechazada dado que no eliminaba el riesgo de default. Esto desencadenaría poco después la denegatoria de un desembolso del FMI, lo que tendría como consecuencia la congelación de depósitos bancarios, una la revuelta social que terminó con más de dos decenas de muertos, una crisis de gobierno en la cual en dos semanas transitaron cinco presidentes consecutivos, la declaración de default soberano, una devaluación del peso que lo dejó con un tercio de su valor y una inflación que se disparó por las nubes, así como el hecho de que uno de cada cinco argentinos perdieran en aquel momento su empleo. 

Desde el año 2002 hasta la liquidación total de la deuda en 2006 no hubo ningún desembolso más del FMI, sino solo pagos y una renegociación de la deuda en default que fue uno de los temas más conflictivos en las relaciones mantenidas entre el Estado argentino y el organismo financiero internacional.

Hoy, diecisiete años después, la decisión de Macri de recurrir nuevamente al FMI calma a algunos inversores pero genera una grave crisis de credibilidad política para Macri. Dado que la confianza de los inversionistas pasaba por una elección de Macri en 2019, la situación actual sitúa al mandatario en una condición difícil. Inevitablemente habrá un “quid pro quo” que posiblemente pondrá en serias dificultades económicas al país que este año encabeza el G20 y en serias dificultades políticas a quien fuera hasta hace una década el presidente del Club Atlético Boca Juniors.

Desde el punto de vista político, hablemos claro, estamos ante un fracaso del gobierno de Macri. Esa lógica del gradualismo macrista, sinónimo sin duda -entre otras cuestiones- de cobardía política, ha implicado que durante estos dos años y medio de mandato la inflación no haya cedido, que el endeudamiento siguiera disparándose, que los capitales inversionistas no fueran los suficientes y que la gente sintiera como su capacidad adquisitiva disminuye de forma paulatina. En el reverso político, una oposición peronista dividida entre “dialoguistas” con el gobierno y kirchneristas de oposición radical ve la posibilidad de reagruparse no por sus méritos políticos ni por su legitimación social, sino en torno a lo que olfatean puede ser el cadáver de su  máximo enemigo. Tras las derrotas del peronismo en las presidenciales de 2015 y las legislativas del año pasado, un halo de luz -fruto de un efecto óptico del cual no son impulsores- vuelve a irradiar esperanza al populismo progresista para las presidenciales de octubre del próximo año. 

Bien, pues a 5.800 kilómetros de distancia le toca al mandatario ecuatoriano y a su staff económico reflexionar ahora sobre la situación a la que se ve abocado su país hermano en el Cono Sur. Ecuador, con una deuda pública que varía ostensible según la fuente pero que posiblemente se ubique en torno al 55 por ciento del PIB, también afronta cada vez mayores dificultades para obtener liquidez en el corto plazo. Ante esto, el Estado deberá reconocer cuanto antes sus obligaciones, ajustar el presupuesto fiscal y transparentar el plan de pagos, de manera tal que se le permita acceder a nuevos canales de financiamiento en el mercado internacional. 

Sin embargo y pese a los discursos positivos que se emiten respecto a la mejora de la situación económica del país, lo cierto es que el principal prestatario al Ecuador, la República Popular China, se siente molesta respecto a las denuncias respecto a sobre precios en múltiples megaproyectos que han sido financiadas con capital asiático; fuentes como el Fondo Latinoamericano de Reservas se encuentran ya bloqueadas para nuestro pequeño país andino; la tasa de riesgo de Ecuador es la más alta de América Latina tras Venezuela y el EMBI o índice de bonos de mercados emergentes tiene una tasa mínima de interés para nuestro país de casi el doble respecto a la media latinoamericana. En todo caso, basta con ver la tendencia a la baja -en sus respectivos mercados bursátiles- de la cotización actual de los bonos de deuda emitida por el Estado para percibir lo poco atractivo para inversores de nuevas futuras emisiones. 

Nos dice Miguel de Cervantes, en su obra Don Quijote de la Mancha, que “los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios”. Pues bien, uno de los más conocidos en este ámbito de la sabiduría popular es aquel que nos indica que “cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar”.

Así las cosas y tal como sucede con Argentina, nuestro país de los colibríes bien podría verse obligado en relativamente poco tiempo a tener también que acudir al FMI ante un posible escenario de falta de liquidez, institución que nos impondrá como condición para otorgar su financiamiento un ajuste técnico que permita desinflar una economía inflada que tendría como eje principal de actuación la merma en la capacidad adquisitiva de la población y un enorme coste político para el actual gobierno en funciones.