Por Decio Machado
Para Periódico Diagonal
Para Periódico Diagonal
El
pasado 15 de agosto, el Presidente Rafael Correa anunciaba el fin de la
Iniciativa Yasuní-ITT. “Hemos esperado bastante, el mundo nos ha fallado”, sentenció
el mandatario ecuatoriano frente a todos sus ministros en una cadena televisiva
desde el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet.
La
Iniciativa consistió en un compromiso por parte del Estado en dejar bajo
tierra, de forma indefinida, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo
situados en Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT) en la reserva ecológica del
Yasuní, el lugar de mayor biodiversidad por metros cuadrado del planeta. Se
pretendía evitar así, la emisión a la atmósfera, de 407 millones de toneladas
métricas de dióxido de carbono –consecuencia de la quema de combustible fósil-
a cambio de una compensación económica (3.600 millones de dólares) de la
comunidad internacional por el 50% de las utilidades que se percibiría por su
explotación.
El
fin de la Iniciativa Yasuní ITT, lo que fuera la bandera más revolucionaria del
gobierno ecuatoriano durante seis años ante la comunidad internacional, generó
malestar en amplios sectores de la población, especialmente entre la gente más
joven. Desde entonces hasta hoy, diversas ciudades del país han sido escenario
de movilizaciones protagonizadas por jóvenes, quienes manifiestan su rechazo a
dicha decisión y reclaman una consulta popular en la cual el conjunto de la
ciudadanía pueda expresar su decisión.
Para
Roque Sevilla, ex presidente de la Comisión Negociadora de la Iniciativa
Yasuní-ITT, no se está contando toda la verdad y la explotación de los campos
petroleros se da porque Ecuador ya comprometió ese crudo con China. Sevilla
considera que la próxima puesta en marcha de una mega-refinería en la costa del
Pacífico, donde se pretenden refinar diariamente 300 mil barriles de los cuales
un terció serían provenientes del ITT demuestra que el plan de explotación
estuvo siempre antes que la iniciativa de dejar en crudo en tierra. Además,
Sevilla indica que “según los datos periodísticos que el propio Gobierno ha
expresado, están muy avanzadas las conversaciones con las empresas chinas para
hacer la inversión de $12 mil millones en la refinería”.
La
propuesta gubernamental de “superar el extractivismo con más extractivismo”
también es cuestionada por el sociólogo ecuatoriano y colaborador de la
International Gramsci Society (IGS) Francisco Hidalgo, quien indica que “la
retórica que justifica el extractivismo es aquella de nutrir las arcas fiscales
para el combate a la pobreza, con mas carreteras, hidroeléctricas, aeropuertos,
a las que se añaden políticas que afectan a los ingresos monetarios de la
población, pero no pretenden topar las estructuras del poder económico y
social. Incluso las clases del poder político se reciclan y se renuevan
alrededor de clientelas de los herederos de los viejos caciques”.
Movilizaciones
juveniles por una Consulta Popular
A
partir de la decisión presidencial diversos grupos sociales, entre los que
destacan la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE), han
manifestado su rechazo a la decisión presidencial. Sin embargo, quienes han
protagonizado las movilizaciones hasta el momento han sido jóvenes no vinculados
a estructuras partidistas que en su mayoría hacen su primera incursión en la
política nacional.
Varias
movilizaciones realizadas en Quito han terminado frente a la fachada del
palacio presidencial de Carondelet, donde el oficialismo también convocó a sus
partidarios en formato de contramanifestación, generándose situaciones de
tensión y algunas cargas policiales.
Para
estos jóvenes, existe una responsabilidad de la comunidad internacional en no
apoyar la iniciativa pero tampoco ha existido credibilidad ni compromiso por
parte gubernamental.
Eduardo
Pichilingue, coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador, indica
que el planteamiento del presidente Correa de que con ese petróleo Ecuador
saldrá de la pobreza no es acertado. “Desde enero del 2007 hasta enero 2013 el
gobierno ha tenido ingresos petroleros por valor $51.497 millones y eso no ha
hecho al país salir de la pobreza”, señala el joven ambientalista. Este nuevo
movimiento en pro del Yasuní está contraponiendo propuestas económicas a la
extracción de crudo. En ese sentido varios de sus voceros denuncian que los
grandes grupos económicos del país no pagan más del 4% de impuestos, y
cobrándoles sólo el 1,5% adicional se obtendrían unos 2.000 millones de dólares
adicionales a lo que se piensa extraer del ITT. Según el economista Pablo José
Iturralde, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), “el capitalismo
es el real problema de explotación de la naturaleza y el ser humano”.
Ante
el descontento social, el presidente Correa aceleró los trámites para que la
propuesta de explotación del ITT llegue cuanto antes a la Asamblea Nacional,
órgano donde el oficialismo cuenta con más del 75% de curules y no habrá
dificultades para su aprobación. Por otro lado y aunque la Asamblea tiene
también potestad para pedir una consulta sobre el tema, el mandatario retó
públicamente a los sectores sociales a que recojan firmas por el 5% del padrón
electoral, condición a través de la cual se podría exigir constitucionalmente
la consulta.
La problemática de los “no contactados”
Varios
dirigentes sociales alertan también de que una explotación petrolera en el
Yasuní pone en riesgo la vida de pueblos indígenas en aislamiento voluntario
como los Tagaeri y los Taromenane. El presidente de la CONAIE, Humberto
Cholango, aseveró que ni Correa y sus asambleístas “pueden tomar una decisión
que afectará la vida de pueblos no contactados y otros seres vivos”, e informó
que las organizaciones indígenas acudirán ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y a las Naciones Unidas para que pedir apoyo en la
convocatoria y realización de la consulta popular.
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