sábado, 31 de agosto de 2013

Yasuní convoca a la vida


Por Decio Machado

Revista del Observatorio de los Servicios Públicos (Guayaquil)

El proceso sociopolítico de modernización acelerada que vive el Ecuador desde hace seis años y medio, no solo generó cambios en el entorno físico (desarrollo de infraestructuras) y en la reducción de los indicadores de pobreza, sino también en el plano de los actores con mayor incidencia en el ámbito social. Aunque el gobierno ha tenido la capacidad de generar una red clientelar en el entorno de las organizaciones sociales, lo que le ha permitido controlar en gran medida la capacidad de reacción de estas a políticas públicas que podrían generar convulsión social (despidos de trabajadores en el sector público, políticas de criminalización de la protesta social, negociación del TLC con la UE…), no ha podido desarrollar el control sobre nuevos actores políticos en construcción o reconstrucción

La decisión del presidente Correa, anunciada el pasado 15 de agosto, de explotar los pozos petroleros del Bloque 43 –el Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT)- desató la incorporación en el ámbito de la política nacional de un actor que durante la era correísta había permanecido aletargado: la juventud.

El fin de la Iniciativa Yasuní ITT, lo que fuera la carta de presentación más revolucionaria del gobierno ecuatoriano, aunque genera malestar en amplios sectores de la población, movilizó de forma especial a la gente más joven. Desde entonces hasta hoy, diversas ciudades del país están siendo escenario de movilizaciones diarias protagonizadas por jóvenes, quienes manifiestan su rechazo a la decisión y reclaman una consulta popular en la cual el conjunto de la ciudadanía pueda expresar su posición.

La reacción de un gobierno acostumbrado a no tener oposición ni movilización social sostenida en las calles no ha podido ser otra, paralelamente al crecimiento del número de las manifestantes ha crecido también las descalificaciones, la desinformación y la represión respecto a quienes democráticamente pretenden ejercer su derecho a la participación social.

De lo viejo a lo nuevo

Según Antonio Gramsci, una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir y al mismo tiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer. En el tiempo y en el espacio donde esto ocurre, ahí se presenta una auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total.

La opción electoral de Alianza PAIS se presentó en el año 2006 como algo nuevo, pretendió ser una nueva forma de hacer política frente a un deslegitimado sistema político controlado por la oligarquía y una decadente partidocracia. Sin embargo, la adopción por parte del presidente Correa de los discursos y prácticas utilizados históricamente por la partidocracia, han convertido a Alianza PAIS en el paradigma de lo que pretendió superar. El acelerado retroceso ideológico del correísmo ha hecho que termine sufriendo de lo que en medicina científica se conoce como el síndrome Hutchinson-Gilford, un cuadro clínico caracterizado por el envejecimiento prematuro de las personas (llegan a envejecer entre 5 y 10 veces más rápido de lo normal). Mientras cada día mayor número de jóvenes se manifiestan en las calles bajo consignas por la vida, la no explotación del Yasuní y un modelo de desarrollo marcadamente diferente, el oficialismo con el presidente Correa a la cabeza lanza los mismos mensajes que todo gobierno ecuatoriano ha emitido en los últimos cuarenta años: “la explotación de petróleo es para combatir la pobreza”, “sin explotación de petróleo no habría escuelas”, “la explotación de recursos naturales es la fuente que permite nuestro desarrollo”, “sin petróleo no habría subsidio de gasolina”… Es esto, lo que según los jóvenes, convierte a este proceso en una “caricatura de revolución”.

La mayoría de las personas que hoy protagonizan estas movilizaciones tenían a la llegada del presidente Correa al poder entre 14 y 20 años. Han crecido y se han formado durante el proceso correísta, carecen de pertenencia política organizada y lo que les moviliza es la construcción de un mundo más justo y respetuoso con una planeta que aceleradamente está siendo destruido. Estos jóvenes que han crecido oyendo hablar de la necesidad de preservar a los pueblos en aislamiento voluntario, de que la verdadera riqueza del Yasuní esta en su biodiversidad y no en el petróleo, o que edificamos esta sociedad sobre los pilares ancestrales del Buen Vivir y no sobre el desaforado consumo capitalista, hoy, coherentemente se movilizan diciéndole al gobierno y al Ecuador entero que ellos realmente sí aman a la vida.

La reacción del poder no ha podido ser otra que la que viene día tras día agudizándose en los últimos años: la descalificación sistemática. El aparato de propaganda gubernamental los descalifica intelectualmente a través de cadenas televisivas en las cuales indican que quienes organizan y dirigen las movilizaciones son los líderes políticos de los partidos de la oposición. En las contra manifestaciones organizadas por el oficialismo (minoritarias y sostenidas con funcionarios públicos y una gutierrista dosis de sandwiches y colas) se corean consignas que les hacen alusión como desestabilizadores y golpistas. La miopía política habitualmente existente en los gobiernos que ejercen el “todo-control” -por su capacidad de incidencia en todos los poderes del Estado-, se agudiza en el caso ecuatoriano, generando un nivel de confrontación contra los movilizados que supera las dimensiones de los hechos y que carece en el fondo de cualquier ética política. Son muchos los sectores de la sociedad que legítima y democráticamente demandan un plebiscito sobre el futuro del Bloque 43 y el Yasuní.

La prepotencia gubernamental ha generado tal ceguera que no terminan de entender que el Yasuní rebosa vida por todos los lados, tanta que permitió a una sociedad que estaba políticamente moribunda volver a resucitar. Nuevos actores sociales, reincorporación de la sociedad al debate político y un punto focal: manipulen o pongan a sus lacayos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es igual,  pero el Estado no debe negar el derecho que tiene la ciudadanía a la participación democrática en la toma de decisiones.

Lo político -su origen etimológico remite al ámbito de lo “público”, de lo comunitario, de lo colectivo- hoy en el Ecuador, afortunadamente supera su concepto de reducción al campo del Estado o al sistema de partidos, al tiempo que rompe con el “fetichismo del poder” que se expresa en el ejercicio autorreferencial de la autoridad. Un sector cada vez más grande de la sociedad le está diciendo “basta” a un gobernante que se cree único soberano del poder, a la vez que asume su rol como actor político, rompiendo con una tradición política servil basada en el clientelismo político y social heredado de populismos anteriores.


jueves, 29 de agosto de 2013

Ecuador: la decisión de explotar el Yasuní lanza a miles de jóvenes a las calles



Por Decio Machado
Para Periódico Diagonal

El pasado 15 de agosto, el Presidente Rafael Correa anunciaba el fin de la Iniciativa Yasuní-ITT. “Hemos esperado bastante, el mundo nos ha fallado”, sentenció el mandatario ecuatoriano frente a todos sus ministros en una cadena televisiva desde el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet.

La Iniciativa consistió en un compromiso por parte del Estado en dejar bajo tierra, de forma indefinida, alrededor de 856 millones de barriles de petróleo situados en Ishpingo-Tiputini-Tambococha (ITT) en la reserva ecológica del Yasuní, el lugar de mayor biodiversidad por metros cuadrado del planeta. Se pretendía evitar así, la emisión a la atmósfera, de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono –consecuencia de la quema de combustible fósil- a cambio de una compensación económica (3.600 millones de dólares) de la comunidad internacional por el 50% de las utilidades que se percibiría por su explotación.

El fin de la Iniciativa Yasuní ITT, lo que fuera la bandera más revolucionaria del gobierno ecuatoriano durante seis años ante la comunidad internacional, generó malestar en amplios sectores de la población, especialmente entre la gente más joven. Desde entonces hasta hoy, diversas ciudades del país han sido escenario de movilizaciones protagonizadas por jóvenes, quienes manifiestan su rechazo a dicha decisión y reclaman una consulta popular en la cual el conjunto de la ciudadanía pueda expresar su decisión.

Para Roque Sevilla, ex presidente de la Comisión Negociadora de la Iniciativa Yasuní-ITT, no se está contando toda la verdad y la explotación de los campos petroleros se da porque Ecuador ya comprometió ese crudo con China. Sevilla considera que la próxima puesta en marcha de una mega-refinería en la costa del Pacífico, donde se pretenden refinar diariamente 300 mil barriles de los cuales un terció serían provenientes del ITT demuestra que el plan de explotación estuvo siempre antes que la iniciativa de dejar en crudo en tierra. Además, Sevilla indica que “según los datos periodísticos que el propio Gobierno ha expresado, están muy avanzadas las conversaciones con las empresas chinas para hacer la inversión de $12 mil millones en la refinería”.

La propuesta gubernamental de “superar el extractivismo con más extractivismo” también es cuestionada por el sociólogo ecuatoriano y colaborador de la International Gramsci Society (IGS) Francisco Hidalgo, quien indica que “la retórica que justifica el extractivismo es aquella de nutrir las arcas fiscales para el combate a la pobreza, con mas carreteras, hidroeléctricas, aeropuertos, a las que se añaden políticas que afectan a los ingresos monetarios de la población, pero no pretenden topar las estructuras del poder económico y social. Incluso las clases del poder político se reciclan y se renuevan alrededor de clientelas de los herederos de los viejos caciques”.

Movilizaciones juveniles por una Consulta Popular

A partir de la decisión presidencial diversos grupos sociales, entre los que destacan la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE), han manifestado su rechazo a la decisión presidencial. Sin embargo, quienes han protagonizado las movilizaciones hasta el momento han sido jóvenes no vinculados a estructuras partidistas que en su mayoría hacen su primera incursión en la política nacional.

Varias movilizaciones realizadas en Quito han terminado frente a la fachada del palacio presidencial de Carondelet, donde el oficialismo también convocó a sus partidarios en formato de contramanifestación, generándose situaciones de tensión y algunas cargas policiales.

Para estos jóvenes, existe una responsabilidad de la comunidad internacional en no apoyar la iniciativa pero tampoco ha existido credibilidad ni compromiso por parte gubernamental.

Eduardo Pichilingue, coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos del Ecuador, indica que el planteamiento del presidente Correa de que con ese petróleo Ecuador saldrá de la pobreza no es acertado. “Desde enero del 2007 hasta enero 2013 el gobierno ha tenido ingresos petroleros por valor $51.497 millones y eso no ha hecho al país salir de la pobreza”, señala el joven ambientalista. Este nuevo movimiento en pro del Yasuní está contraponiendo propuestas económicas a la extracción de crudo. En ese sentido varios de sus voceros denuncian que los grandes grupos económicos del país no pagan más del 4% de impuestos, y cobrándoles sólo el 1,5% adicional se obtendrían unos 2.000 millones de dólares adicionales a lo que se piensa extraer del ITT. Según el economista Pablo José Iturralde, del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), “el capitalismo es el real problema de explotación de la naturaleza y el ser humano”.

Ante el descontento social, el presidente Correa aceleró los trámites para que la propuesta de explotación del ITT llegue cuanto antes a la Asamblea Nacional, órgano donde el oficialismo cuenta con más del 75% de curules y no habrá dificultades para su aprobación. Por otro lado y aunque la Asamblea tiene también potestad para pedir una consulta sobre el tema, el mandatario retó públicamente a los sectores sociales a que recojan firmas por el 5% del padrón electoral, condición a través de la cual se podría exigir constitucionalmente la consulta.

La problemática de los “no contactados”

Varios dirigentes sociales alertan también de que una explotación petrolera en el Yasuní pone en riesgo la vida de pueblos indígenas en aislamiento voluntario como los Tagaeri y los Taromenane. El presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, aseveró que ni Correa y sus asambleístas “pueden tomar una decisión que afectará la vida de pueblos no contactados y otros seres vivos”, e informó que las organizaciones indígenas acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Naciones Unidas para que pedir apoyo en la convocatoria y realización de la consulta popular.

“Ecuador y el mundo perdieron la posibilidad de cristalizar una de las propuestas más revolucionarias que se han planteado”


Entrevista a Alberto Acosta

Por Decio Machado
Para Periódico Diagonal (29 de agosto de 2013)

Alberto Acosta fue ministro de Energía y Minas y presidente de la Asamblea Constituyente durante el actual gobierno, y tras su salida del oficialismo, candidato por la Unidad Plurinacional de las Izquierdas en los últimos comicios presidenciales.  

(DM) ¿Cómo se construyó la Iniciativa Yasuní ITT?

(AA) La idea primigenia de suspender la actividad petrolera en la Amazonía surgió desde quienes sufrían los impactos de las petroleras, sobre todo de la Chevron-Texaco. Desde entonces esta Iniciativa fue construyéndose poco a poco en la sociedad civil. Cuando fui titular, en el año 2007, de la cartera de Energía y Minas, introduje la propuesta a nivel gubernamental dado que previamente había sido recogida en el plan de gobierno que llevó a Rafael Correa al sillón presidencial.

La aceptación de la Iniciativa por parte del presidente Correa fue fundamental. La utopía se convirtió en una posibilidad. Se pudo enfrentar con argumentos potentes las pretensiones de extraer el crudo del campo petrolero ITT, que habían cobrado renovada fuerza desde el año 2004. La salida salomónica -en esas circunstancias- fue establecer dos posibilidades: opción A, dejar el crudo en el subsuelo, buscando una contribución internacional, y opción B, extraerlo.

Desde entonces estuvo latente, con diversos grados de intensidad, la pugna entre estas dos opciones que reflejan con claridad dos posiciones de cómo abordar el tema petrolero y la misma forma de entender el mundo.

Lo grave fue que el presidente de la República no se cansó nunca de insistir, tal como sucedió, por ejemplo, en Cancún en el año 2010, en una de las grandes cumbres internacionales, que si no se conseguía el apoyo internacional se explotaba el petróleo del ITT. Eso sonaba a una suerte de chantaje. Ese repetitivo posicionamiento no daba señales de seguridad a los potenciales contribuyentes. Y a esto podemos añadir las agresiones, desplantes e insultos del mandatario en contra de quien osaba hacer una crítica o alguna sugerencia de cambio en relación a la Iniciativa; basta recordar lo que les dijo a los posibles contribuyentes del fideicomiso: “métanse los centavitos... por las orejas”, a inicios del 2010, cuando desarmó la comisión negociadora, lo que incluso provocó la dimisión de su canciller.

(DM) ¿Cómo vives la decisión del presidente Correa?

(AA) De forma muy desilusionante. El Ecuador y el mundo pierden la posibilidad de cristalizar una de las iniciativas más revolucionarias que se han propuesto frente a la insaciable explotación petrolera. El proyecto no era sólo económico. Hablamos de un proyecto políticamente ético, en el cual se combinaban los derechos de los grupos vulnerables (tribus en aislamiento voluntario) con los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución del 2008. El presidente Correa priorizó una visión de “mercader de petrodólares” por encima de lo que hubiera sido la de un lúcido estadista.

(DM) ¿Cuáles serán los daños por la explotación del ITT?

(AA) En Ecuador, lamentablemente, conocemos muy bien las consecuencias de la actividad petrolera, lo cual se complica aún más en una región tan frágil como el Yasuní. Pensar que el lugar de mayor densidad de biodiversidad del planeta no sufrirá efectos negativos o que ellos podrán ser minimazados con tecnología punta es como pensar que el Conde Drácula se convierte en vegetariano y podemos encargarle la administración de un banco de sangre.

(DM) ¿Porqué fracasó la Iniciativa Yasuní ITT?

(AA) El principal responsable del fracaso es el presidente Rafael Correa, que con sus vacilaciones respecto al proyecto, generó un ambiente poco propicio de confianza y credibilidad internacional en la Iniciativa. Además, el último equipo negociador del proyecto careció de ideas claras, fruto de la ausencia de un concepto definido sobre lo que significaba la Iniciativa Yasuní ITT. El presidente Correa dice ahora que “la iniciativa se adelantó a los tiempos, y no fue comprendida”, sin embargo pienso que fue Correa quien no comprendió y no estuvo a la altura de este desafío propuesto al mundo desde Ecuador.

(DM) ¿Qué pasará ahora?

(AA) La Iniciativa volvió a sus orígenes, a la sociedad, desde ella se plantea una consulta popular para que sea el pueblo el que decida el futuro del Yasuní. La definición será entre el petróleo y la vida.


jueves, 8 de agosto de 2013

Bilsa: continúa el despojo sobre tierras del ecosistema manglar


                         
"Los manglares no son árboles, son miles de hombres, mujeres, niños
y niñas, ancianas y ancianos a quienes Dios les heredó la Tierra; 
el manglar es una forma de vivir, de cantar y sonreir"
Nelson Estupiñan Bass   
Por Decio Machado

La Comunidad de Bilsa, situada en el Cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas, ha sido hasta hace poco tiempo un sitio tranquilo y prácticamente desconocido para la mayoría de las y los ecuatorianos. Su extensión se limita a unas 150 hectáreas, y su población –con un indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas del 98,8%- subsiste en base a la producción agrícola de abíchelas, verde yuca y maracuyá para el autoconsumo, además de la recolección de cangrejos y concha combinadas con actividades de pesca artesanal.

Miembros del operativo policial en Bilsa

El 4 de diciembre de año pasado, esta apacible comunidad se vio sorprendida por la irrupción de 40 uniformados al mando del Comisario de Policía del Cantón, Harring Lizardo Goyes, y el Teniente Coronel Fuentes. El operativo policial, ordenado por  la entonces gobernadora de la provincia Edilma Muñoz, tenía como objetivo el retiro de una decena de familias -unas 50 personas en su mayoría niños- de una propiedad privada, fruto de una denuncia por invasión previamente interpuesta. La acción se ejecutó, en versión de los afectados, de forma cruel y violenta.

Según Ignacio Montesdeoca, uno de los comuneros desalojados que sin embargo declara vivir en esta comunidad desde hace 10 años, “la policía llegó sobre las diez de la mañana, acompañados por una cuadrilla de operarios a las órdenes de un tal señor Edison Borja, quien se anunció como el propietario de los terrenos en los que vivíamos”. Montesdeoca añade: “todos los hombres de la comunidad nos encontrábamos en faenas de recolección de conchas y cangrejos en ese momento, fueron nuestras mujeres quienes vinieron a buscarnos entre gritos y llantos para avisarnos de lo que estaba sucediendo”. La misma versión mantiene Diquer Chila, otro de los victimarios, quien indica que nunca fueron notificados del procedimiento que se les seguía en su contra. "No sabíamos que había un procedimiento de desalojo contra nosotros. No entendíamos nada de lo que estaba pasando cuando nos encontramos ante semejante despliegue policial. Le pedimos a los mandos del operativo que nos dieran cuatro días para empacar nuestras cosas y buscar otro lugar donde vivir, pero nos lo negaron” afirma en comunero.

La Policía procedió con el desalojo de las viviendas, las cuales inicialmente pretendieron ser defendidas por sus moradores, a la par que el equipo de operarios contratados por Edison Borja procedía con la destrucción de estas mediante la utilización de motosierras, incendiando posteriormente sus restos, según consta en el expediente del caso.

Quema de casa en la Comunidad de Bilsa

Diquer Chila, de treinta y cuatro años, aun solloza mientras narra los hechos. “Yo llegué a esta localidad con mis papás hace más de veinte años, he crecido aquí, aquí me case y tuve mis hijos. Cuanto llegó el operativo policial a la comunidad, no había más que niños y algunas de nuestras mujeres, todos los demás estábamos trabajando. Gran parte de nuestros enseres y ropa fueron quemados junto a nuestras viviendas, los niños quedaron conmocionados viendo todo esto. Recibimos insultos, vejaciones, violencia física y psicológica durante el desalojo. Aun recuerdo a los policías del operativo asando y comiéndose los cangrejos que teníamos almacenados en nuestras casas mientras éramos expulsados de nuestros lotes” rememora el desplazado.

Según Lourdes Proaño, abogada de la Coordinadora para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM),  “estos comuneros están en posesión de estas tierras desde hace unos 22 años, tiempo durante el cual combinaron el cultivo de productos de ciclo corto con la recolección de cangrejos en la zona de manglar para su subsistencia alimentaria”. 

Esta comunidad tiene un acceso dificultoso. Para ingresar a la zona de la que fueron desalojados los moradores, hay que hacer un recorrido fluvial que dura entre 15 y 25 minutos en función de las condiciones climáticas.

Hijos de las familias desplazadas sobre sus antiguas viviendas

La Subsecretaría de Tierras del MAGAP en Esmeraldas, haciendo caso omiso a la disposición constitucional del debido proceso y seguridad jurídica, nunca notificó a los afectados sobre el trámite de desalojo que seguían por pedido de Edison Borja Gaona. Según denuncia Montesdeoca, “esta propiedad era del señor Fabián Ruíz del Pozo, y como la tenía botada decidió vendernos estos lotes, tras demandárselo durante mucho tiempo, en diciembre de 2011 por 500 dólares la hectárea. Le pagamos el 50% al contado y el 50% restante se negoció a plazos durante los siguientes ocho años”. Sin embargo, el 28 de noviembre de ese mismo año, unos días antes de los hechos referenciados por Montesdeoca, consta en el Registro de la Propiedad del Cantón Muisne la inscripción de dicho terreno a nombre de Edison Borja Gaona. Como es habitual en el mundo rural ecuatoriano, los moradores carecen de documentación legal que acredite la titularidad de estos lotes, indicando que realizaban los pagos de estos a través de ingresos periódicos en una cuenta del Banco de Fomento cuyo titular era Ruíz del Pozo.

En la denuncia por invasión a su propiedad, interpuesta por Edison Borja el 1 de agosto del pasado año ante la Subsecretaría de Tierras del MAGAP,  se indica que “al momento de inspeccionar la propiedad para realizar la respectiva compra no había ningún invasor en ella, a más del señor que la cuidaba”, quien había sido empleado del propietario anterior en funciones de vigilancia del inmueble y tenía una casa al interior de la propiedad. En este relato, Borja indica que fue al momento de haber cerrado el negocio y celebrado las escrituras de compraventa –trámite que se realizó el 26 de octubre de 2011 en la Notaría Primera del Cantón El Chaco (provincia del Napo)- cuando sus terrenos fueron invadidos. Según la versión de Borja, el mismo día que compraba estos terrenos -operación que sorprendentemente se realizó en una pequeña localidad de la Amazonía ecuatoriana a cientos de kilómetros de su nueva inversión-, unas cuantas familias provenientes de los extractos sociales más humildes de Esmeraldas se convertían en invasores de tierras ocupando los terrenos adquiridos por él en ese instante. Este hecho fue confirmado posteriormente por el que ejerciera como vigilante para el antiguo propietario, quien ya contratado por Borja como administrador del inmueble, denunciaba además haber sido varias veces amenazado por estos “nuevos” invasores. Este episodio se cierra con un acto de insólita celeridad en comparación con los tiempos con los que opera burocracia funcionarial, dado que en menos de 24 horas de haberse interpuesto la denuncia el MAGAP envía a un perito a la finca con la finalidad de levantar un informe. Tan solo once días después, el 13 de agosto de 2012, es expedido por parte de un funcionario de la Subsecretaría de Tierras del MAGAP la orden de desalojo contra los "invasores".

Un caso lleno de anomalías jurídicas

Investigados los antecedentes legales del inmueble (97 hectáreas de terreno cuyo costo fue de saldo, pues según escritura se adquirió por tan solo 10.000 dólares), aparecen diversos juicios verbales sumarios de amparo posesorio que tuvieron lugar en los meses de abril y agosto del año 2010, y cuyos implicados sorprendentemente tienen apellidos similares a los recién desalojados. Estos hechos, implican la necesidad de una indagación más profunda por parte de las autoridades judiciales, respecto a si había o no comuneros viviendo al interior de la finca en litigio al momento de su adquisición, y en caso afirmativo, una investigación más seria sobre el tiempo que pudieran llevar allí ubicados.

Además, la falta de citación y notificación por parte de las autoridades del MAGAP hacia los desalojados, impidió que estos pudieran ejercer su legítimo derecho a la defensa, lo que les impidió intentar demostrar su versión de los hechos. Ha de tenerse en cuenta al respecto, que según el artículo 50 de la Ley de Desarrollo Agrario, estos podrían haber legalizado su situación mediante adjudicación a favor de los posesionarios, siempre y cuando hubiesen demostrado la tenencia ininterrumpida mínima de cinco años sobre estas tierras.

En la actualidad varios de los desplazados de Bilsa viven en los límites de la propiedad de Borja, aunque otros tuvieron que emigrar lejos de lo que reivindican como sus hogares para poder alimentar a sus familias. “El propietario nos amenazó con meternos candela en caso de que volviéramos a reconstruir nuestras casas” denuncia Chila, lo que hizo que varias de las familias implicadas abandonaran la comunidad.

La revisión de los documentos del caso aporta variadas sorpresas. Una de ellas es comprobar que en la orden emitida por la entonces gobernadora de la provincia de Esmeraldas nunca se hizo referencia a ningún desalojo, y la cita textual de dicho documento indica únicamente: “disponer que se retiren todas las personas que se encuentren posesionadas ilegalmente”. El estricto cumplimiento de dicho mandato, pone en cuestión la autoridad de la Policía y propietario para destruir e incendiar las viviendas y enseres de los moradores expulsados, pues tan solo hace alusión a la ubicación de estos.

Para la abogada Proaño, existe también un grave y claro incumplimiento de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dado que en su artículo 13 numeral 2 se indica que “el día y hora en que se efectuará la audiencia no podrá fijarse en un término mayor de tres días desde la fecha en que se calificó la demanda”. Sin embargo, la acción de protección solicitada por las víctimas, con el acompañamiento de Byron Nazareno -presidente de la Fundación de Defensa Ecológica de Muisne (FUNDECOL)-, fue calificada el 12 de diciembre de 2012, sin que se desarrollase la audiencia pública hasta el 15 de febrero del presente año (65 días después).

Diquer Chila, comunero desplazado. Foto: D. Machado
Tras dicha audiencia se dispuso que un perito determine si había existido tala de árboles maderables en la propiedad de Borja y el tiempo de existencia de los cultivos y sembríos existentes, con el fin de disponer de un criterio sobre el tiempo que llevaba ocupado el predio. El perito dictaminó un costo de 3.500 dólares por su gestión, lo que fue calificado como un abuso por los moradores desplazados dadas sus carencias económicas. Según Chila, “esto pudiera haber ocasionado que el peritaje durara apenas poco más de una hora, y que el perito tomara tan solo fotos de las plantas pequeñas, ignorando la existencia de árboles grandes –plantas de cacao, banano, zapote-, y haciendo caso omiso de nuestras consideraciones respecto a que levantase acta de las viviendas quemadas y de la cabaña comunitaria que fue destruida en la zona de mangle, fuera del terreno escriturado por Borja”.

La decisión del Juez de desconsiderar la petición de acción de amparo solicitada por los desalojados, ha provocado que este proceso haya sido apelado por estos, estando en la actualidad pendiente de resolución por parte de la Corte Provincial de Esmeraldas.

Mientras tanto, los desplazados de Bilsa que aun se encuentran viviendo en los contornos de la zona siguen sin trabajo ni vivienda propia, sus hijos ahora se ven obligados a utilizar diariamente una lancha a motor para poder asistir a sus clases en el colegio –situación que les origina gastos adicionales a sus pertrechas economías- mientras viven asustados, pues sobreviven de la recolección de concha y cangrejo en los manglares aledaños a la propiedad de la que fueron expulsados y cuyo propietario, según declaran, les ha amenazado en varias ocasiones.