Por Decio
Machado
La Comunidad de Bilsa, situada en el Cantón Muisne de
la provincia de Esmeraldas, ha sido hasta hace poco tiempo un sitio tranquilo y
prácticamente desconocido para la mayoría de las y los ecuatorianos. Su
extensión se limita a unas 150 hectáreas, y su población –con un indicador de
Necesidades Básicas Insatisfechas del 98,8%- subsiste en base a la producción
agrícola de abíchelas, verde yuca y maracuyá para el autoconsumo, además de la
recolección de cangrejos y concha combinadas con actividades de pesca artesanal.
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| Miembros del operativo policial en Bilsa |
El 4 de diciembre de año pasado, esta apacible
comunidad se vio sorprendida por la irrupción de 40 uniformados al mando del
Comisario de Policía del Cantón, Harring Lizardo Goyes, y el Teniente Coronel
Fuentes. El operativo policial, ordenado por la entonces gobernadora
de la provincia Edilma Muñoz, tenía como objetivo el retiro de una
decena de familias -unas 50 personas en su mayoría niños- de una propiedad privada, fruto de una denuncia por invasión previamente interpuesta. La acción se ejecutó, en versión de los afectados, de forma cruel y violenta.
Según Ignacio Montesdeoca, uno de los comuneros desalojados que sin embargo declara vivir en esta comunidad desde hace 10
años, “la policía llegó sobre las diez de la mañana, acompañados por una cuadrilla de operarios a las órdenes de un tal señor Edison
Borja, quien se anunció como el propietario de los terrenos en los que vivíamos”. Montesdeoca añade: “todos los hombres de la comunidad nos encontrábamos en faenas de
recolección de conchas y cangrejos en ese momento, fueron nuestras mujeres
quienes vinieron a buscarnos entre gritos y llantos para avisarnos de lo que
estaba sucediendo”. La misma versión mantiene Diquer Chila, otro de los
victimarios, quien indica que nunca fueron notificados del procedimiento que se les seguía en su contra. "No sabíamos
que había un procedimiento de desalojo contra nosotros. No entendíamos nada de lo que estaba pasando cuando nos encontramos ante semejante despliegue policial. Le pedimos a los
mandos del operativo que nos dieran cuatro días para empacar nuestras cosas y buscar otro lugar donde vivir, pero nos lo
negaron” afirma en comunero.
La Policía procedió con el desalojo de las viviendas,
las cuales inicialmente pretendieron ser defendidas por sus moradores, a la par que el equipo de operarios contratados por Edison Borja procedía con la destrucción de estas mediante la utilización de motosierras, incendiando posteriormente sus restos, según consta en el expediente del caso.
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| Quema de casa en la Comunidad de Bilsa |
Diquer Chila, de treinta y cuatro años, aun solloza
mientras narra los hechos. “Yo llegué a esta localidad con mis papás hace más
de veinte años, he crecido aquí, aquí me case y tuve mis hijos. Cuanto llegó el
operativo policial a la comunidad, no había más que niños y algunas de nuestras
mujeres, todos los demás estábamos trabajando. Gran parte de nuestros enseres y
ropa fueron quemados junto a nuestras viviendas, los niños quedaron
conmocionados viendo todo esto. Recibimos insultos, vejaciones, violencia
física y psicológica durante el desalojo. Aun recuerdo a los policías del
operativo asando y comiéndose los cangrejos que teníamos almacenados en
nuestras casas mientras éramos expulsados de nuestros lotes” rememora el desplazado.
Según Lourdes Proaño, abogada de la Coordinadora para
la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM),
“estos comuneros están en posesión de estas tierras desde hace unos 22
años, tiempo durante el cual combinaron el cultivo de productos de ciclo corto con la recolección de cangrejos en la zona de manglar para su subsistencia
alimentaria”.
Esta comunidad tiene un acceso dificultoso. Para ingresar a la zona de la que fueron desalojados los moradores, hay que hacer
un recorrido fluvial que dura entre 15 y 25 minutos en función de las
condiciones climáticas.
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| Hijos de las familias desplazadas sobre sus antiguas viviendas |
La Subsecretaría de Tierras del MAGAP en Esmeraldas,
haciendo caso omiso a la disposición constitucional del debido proceso y
seguridad jurídica, nunca notificó a los afectados sobre el trámite de desalojo que seguían por pedido de Edison Borja Gaona. Según denuncia
Montesdeoca, “esta propiedad era del señor Fabián Ruíz del Pozo, y como la tenía botada decidió vendernos estos lotes, tras demandárselo durante mucho tiempo, en diciembre de 2011 por 500
dólares la hectárea. Le pagamos el 50% al contado y el 50% restante se negoció
a plazos durante los siguientes ocho años”. Sin embargo, el 28 de noviembre de
ese mismo año, unos días antes de los hechos referenciados por Montesdeoca, consta en el Registro de la Propiedad del Cantón Muisne la inscripción de dicho terreno a nombre de Edison Borja Gaona. Como es habitual en el
mundo rural ecuatoriano, los
moradores carecen de documentación legal que acredite la titularidad de estos lotes, indicando que realizaban los pagos de estos a través de ingresos periódicos en una cuenta del Banco de Fomento cuyo titular era Ruíz del Pozo.
En la denuncia por invasión a su propiedad, interpuesta por Edison Borja el 1 de agosto del pasado año ante la Subsecretaría de Tierras del MAGAP, se indica que “al momento de inspeccionar la propiedad para realizar
la respectiva compra no había ningún invasor en ella, a más del señor
que la cuidaba”, quien había sido empleado del propietario anterior en funciones de vigilancia del inmueble y tenía una casa al interior de la propiedad. En este relato,
Borja indica que fue al momento de haber cerrado el negocio y celebrado las
escrituras de compraventa –trámite que se realizó el 26 de octubre de 2011 en
la Notaría Primera del Cantón El Chaco (provincia del Napo)- cuando sus
terrenos fueron invadidos. Según la versión de Borja, el mismo día que compraba estos
terrenos -operación que sorprendentemente se realizó en una pequeña localidad de la Amazonía ecuatoriana a cientos de kilómetros de su nueva inversión-, unas cuantas familias provenientes de los extractos sociales más
humildes de Esmeraldas se convertían en invasores de tierras ocupando los terrenos adquiridos por él en ese instante. Este hecho fue confirmado posteriormente por el que ejerciera como vigilante para el antiguo propietario, quien ya contratado por
Borja como administrador del inmueble, denunciaba además haber sido varias veces amenazado por
estos “nuevos” invasores. Este episodio se cierra con un acto de insólita celeridad en comparación con los tiempos con
los que opera burocracia funcionarial, dado que en menos de 24 horas de haberse interpuesto la denuncia el MAGAP envía a un perito a la finca con la finalidad de levantar un informe. Tan solo once días después, el 13 de
agosto de 2012, es expedido por parte de un funcionario de la Subsecretaría de
Tierras del MAGAP la orden de desalojo contra los "invasores".
Un caso
lleno de anomalías jurídicas
Investigados
los antecedentes legales del inmueble (97 hectáreas de terreno cuyo costo fue de saldo, pues según escritura se adquirió por tan solo 10.000 dólares), aparecen diversos juicios verbales
sumarios de amparo posesorio que tuvieron lugar en los meses de abril y agosto del año 2010, y cuyos implicados sorprendentemente tienen apellidos similares a los recién desalojados. Estos hechos, implican la necesidad de una indagación más profunda por parte de las autoridades judiciales, respecto a si había o no comuneros viviendo al interior de la finca en litigio al momento de su adquisición, y en caso afirmativo, una investigación más seria sobre el tiempo que pudieran llevar allí ubicados.
Además, la falta de citación y notificación por parte
de las autoridades del MAGAP hacia los desalojados, impidió que estos pudieran ejercer su legítimo derecho a la defensa, lo que les impidió intentar demostrar
su versión de los hechos. Ha de tenerse en cuenta al respecto,
que según el artículo 50 de la Ley de Desarrollo Agrario, estos podrían haber legalizado su situación mediante adjudicación a favor de los posesionarios,
siempre y cuando hubiesen demostrado la tenencia ininterrumpida mínima de cinco años sobre estas tierras.
En la actualidad varios de los desplazados de Bilsa
viven en los límites de la propiedad de Borja, aunque otros tuvieron que emigrar lejos de lo que reivindican como sus hogares para poder alimentar a sus familias. “El propietario nos amenazó con meternos
candela en caso de que volviéramos a reconstruir nuestras casas” denuncia
Chila, lo que hizo que varias de las familias implicadas abandonaran la comunidad.
La revisión de los documentos del caso aporta
variadas sorpresas. Una de ellas es comprobar que en la orden emitida por la entonces gobernadora de la provincia de Esmeraldas nunca se hizo referencia a ningún desalojo, y la cita
textual de dicho documento indica únicamente: “disponer que se retiren todas las personas que se encuentren
posesionadas ilegalmente”. El estricto cumplimiento de dicho mandato, pone en cuestión
la autoridad de la Policía y propietario para destruir e incendiar las viviendas y enseres de los moradores expulsados, pues tan solo hace alusión a la ubicación de estos.
Para la abogada Proaño, existe también un grave y
claro incumplimiento de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control
Constitucional, dado que en su artículo 13 numeral 2 se indica que “el día y
hora en que se efectuará la audiencia no podrá fijarse en un término mayor de
tres días desde la fecha en que se calificó la demanda”. Sin embargo, la acción
de protección solicitada por las víctimas, con el acompañamiento de Byron Nazareno -presidente de la
Fundación de Defensa Ecológica de Muisne (FUNDECOL)-, fue calificada el 12 de diciembre de
2012, sin que se desarrollase la audiencia pública hasta el 15 de febrero del
presente año (65 días después).
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| Diquer Chila, comunero desplazado. Foto: D. Machado |
La decisión del Juez de desconsiderar la petición de
acción de amparo solicitada por los desalojados, ha provocado que este proceso haya sido apelado por estos, estando en la actualidad pendiente de resolución por parte de la Corte Provincial de
Esmeraldas.
Mientras tanto, los desplazados de Bilsa que aun se
encuentran viviendo en los contornos de la zona siguen sin trabajo ni vivienda
propia, sus hijos ahora se ven obligados a utilizar diariamente una lancha a motor para
poder asistir a sus clases en el colegio –situación que les origina gastos
adicionales a sus pertrechas economías- mientras viven asustados, pues sobreviven de
la recolección de concha y cangrejo en los manglares aledaños a la propiedad de
la que fueron expulsados y cuyo propietario, según declaran, les ha amenazado
en varias ocasiones.
ES terrible, pienso que ante estos atropellos primero se debería darle un buen escarmiento al que manda a desalojar, individuos que les molesta el bien ajeno, y por otro lado invitar a los asambleístas que presionen para que haya justicia con el mismo énfasis que lo hacen algunitos, por ejemplo, cuando van a la contraloría General del Estado para evitar que les molesten a sus amiguitos.
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