Por Decio Machado / Miembro del Consejo Editorial de Ecuador Today
Ecuador lleva años inmerso en una tensión social que -entre otros frentes- se disputa en el ámbito cultural y político. A principios del siglo XX el filósofo e intelectual italiano Antonio Gramsci estableció el concepto de “hegemonía cultural” definiéndolo como la forma en que, en una sociedad aparentemente libre, un grupo social impone su sistema de percepciones, explicaciones, valores y creencias sobre los demás al punto de lograr que estos lleguen a sentirlos como propios, naturales y de validez universal; al punto de creer que aquello que beneficia a los grupos dominantes es lo que beneficia a todos.
El desbordamiento de los dolores acumulados por la sociedad ecuatoriana durante los últimos años, fruto de las políticas de austeridad implementadas desde el gobierno nacional, estalló en octubre del 2019. Tras un ficticio cierre de aquel conflicto y enmarcados en el continuo deterioro de indicadores sociales y económicos en el país (incremento del desempleo y la pobreza, pérdida generalizada de capacidad adquisitiva, deterioro de las infraestructuras de cobertura social y de la calidad de los servicios públicos, así como el incremento de la inseguridad ciudadana), la llegada de la pandemia implicó una vuelta de tuerca dramática a la situación que se venía ya acumulando de tiempo atrás.
Es en este clima de tensión en el que se han articulado ataques contra varias instituciones académicas buscando captar el control de estas por parte de determinadas corrientes de pensamiento en disputa hoy en el tablero sociopolítico ecuatoriano. En el caso de la PUCE, la última manifestación de estas intrigas tiene que ver con una carta fechada el pasado 26 de enero y dirigida al Arzobispo de Quito, monseñor Alfredo José Espinoza, firmada por personajes claramente identificados con ideologías conservadoras e históricas estructuras de poder en el país que buscan la forma de cuestionar la figura del actual rector de la PUCE, el padre Fernando Ponce León.
La estrategia de una campaña mentirosa y sumamente reaccionaria
Los firmantes de esta misiva, quienes se presentan como personalidades cercanas a la PUCE, manifiestan que esta institución académica estaría siendo cooptada por una corriente de pensamiento identificada con el progresismo ecuatoriano y que la universidad estaría posicionándose sectariamente en dicha trinchera ideológica. De igual manera se cuestiona el rol de la PUCE durante las movilizaciones sociales de octubre de 2019 y la participación del Centro de Derechos Humanos en defensa de líderes sociales implicados en dicha protesta. Por último, se habla en abstracto de censura a publicaciones de docentes y de decadencia generalizada en ámbitos como la imagen institucional, la infraestructura y la excelencia académica de dicha institución.
Como es habitual en este tipo de estrategias, apenas dos días después de haber sido elaborada esta carta, un medio de opinión (no de información) posiciona un agresivo artículo carente de objetividad.
En lógica, ciencia formal aplicada a la Filosofía y a las Matemáticas que estudia los principios de la demostración, la “verdad a medias” es considerada una falacia mediante la cual se presenta algo creíble con el fin de hacer creer que el resto de la presentación es verdadera. Eso es exactamente lo que hace esta estrategia de desinformación. Pruebas al canto: el sociólogo Virgilio Hernández -uno a los que cita- entró como docente de la PUCE en 1998, ocho años antes del primer triunfo electoral de Rafael Correa y diecisiete años antes de la designación de Fernando Ponce como rector, y desde julio del pasado año su situación laboral es de licencia sin sueldo. De igual manera, el economista Pedro Páez no es miembro de la planta docente de la universidad, tuvo contrataciones por prestación de servicios profesionales -el primero de ellos en el año 2018 y el segundo entre marzo y agosto del 2019- en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía. La profesora Mercedes Mafla fue desvinculada por aspectos de la planificación académica en la carrera de Lengua y Literatura, no existiendo ninguna relación con su producción literaria.
Tampoco se sostienen las argumentaciones -tanto de la carta al arzobispo como el artículo de opinión- respecto al supuesto deterioro de la calidad académica de la PUCE. Es más, según Quacquerelli Symonds (QS), empresa internacional líder en el análisis de la educación superior, la PUCE ocupa el primer puesto en el ranking nacional de reputación académica y el tercer lugar en los rankings de reputación del empleador y en el de investigación a nivel internacional. De igual manera, en el ranking Scimago, la PUCE ocupa en el país el primer lugar en resultados generales, el primer lugar en investigación y el segundo en impacto social. En resumen, la PUCE mantiene su tendencia histórica a estar situada entre las cinco mejores universidades del Ecuador, algo que le reconoce también el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) mediante la acreditación que el pasado 26 de octubre le fue otorgada a la institución para los próximos cinco años.
El ethos PUCE y su rol en octubre de 2019
Más allá de rankings académicos mediante los cuales queda demostrada la falsedad de las acusaciones realizadas desde posiciones políticas de barricada, es transcendental entender que la PUCE es una institución que basa su educación en el Paradigma Pedagógico Ignaciano. Este está conformado por cuatro características relacionadas entre sí: utilitas (educación útil), iustitia (educación para la justicia), humanitas (educación con valores) y fides (educación para la fe y la trascendencia).
Lo anterior implica que el modelo pedagógico de la PUCE está basado en una visión positiva del ser humano, entendiendo a este como una persona que puede y debe incidir en la transformación de la sociedad cuando está se encuentra en condiciones negativas y problemáticas a través de un enfoque humanista cristiano, esencia en sí mismo de la Compañía de Jesús (amor y servicio).
Es desde ahí desde donde se entiende la decisión de abrir las puertas del campus de la PUCE en la Floresta durante las movilizaciones de octubre de 2019, la cual fue avalada por el Consejo Superior de la PUCE, la Compañía de Jesús y la Arquidiócesis de Quito. ¿Se comprendería que en una situación como la que se vivía en Quito en aquel momento una institución católica ignorase su deber de acoger a familias, especialmente a los niños, ancianos, enfermos y personas vulnerables que durante aquellos días deambulaban respirando gases lacrimógenos caducados por nuestras calles? Mientras duró el conflicto la PUCE se constituyó en un centro de paz y acogida humanitaria junto a otras instituciones académicas, cada una con sus especificidades (Universidad Central del Ecuador, Escuela Politécnica Nacional y Universidad Politécnica Salesiana y la Universidad Andina Simón Bolívar).
La visión institucional de la PUCE, inspirada en la Doctrina Social de la Iglesia y en encíclicas papales como Laudato Si y Fratelli Tutti, no son negociables. En todo caso, lo que genera vergüenza ajena es ver a los cuestionadores de esta decisión -varios de ellos se autoreferencian como formados en la PUCE- hacer un alegato en contra de lo que deberían ser valores básicos en su formación humanística y construcción de conciencia ético-social.
Por último, cabe indicar el inmenso nivel de desconocimiento o de mala fe que conlleva la crítica a la labor del Centro de Derechos Humanos de la PUCE. Esta herramienta de vinculación de académica con la sociedad tiene un acumulado histórico de más de dos décadas trabajando en la promoción y defensa de los derechos de los sectores más necesitados de la sociedad ecuatoriana. Desde ahí se ha apoyado a jubilados, enfermos de cáncer a quienes se les ha negado la medicación necesaria, familiares de desaparecidos, mujeres víctimas de violencia sexual y a pueblos indígenas en la defensa de sus derechos constitucionalmente reconocidos. Que los firmantes de esta carta, personalidades pertinentes a las élites sociales y económicas de nuestro país, más otros que bien quisieran unírseles, cuestionen que las y los dirigentes indígenas sean defendidos por esta institución demuestra la enorme brecha -no solo económica sino también de comprensión- existente entre los sectores privilegiados y los sectores históricamente marginados de nuestra sociedad. Ahí radica el problema de fondo que se esconde realmente detrás de este conflicto.
Quienes son y a quienes representan los firmantes de la carta
Dijo alguna vez Malcolm X, ministro religioso y activista afroestadounidense asesinado en febrero de 1965, respecto a la hipocresía: “tengo más respeto por un hombre que me permite conocer cuál es su posición, incluso si está equivocado, que por otro que viene como un ángel pero que resulta ser un demonio”. Bien, pues basta un somero análisis respecto a los firmantes de la carta acusadora de una supuesta politización de la PUCE para descubrir que la inmensa mayoría de ellos -a diferencia del rector al que cuestionan- tiene claras vinculaciones políticas o les vinculan otro tipo de intereses.
Así, destacan entre los firmantes nombres como el del abogado Andrés Castillo Maldonado, activo miembro del Movimiento Libres -una organización política que se referencia en el partido xenófobo de la extrema derecha española VOX-; Andrés Páez, quien fue binomio de Guillermo Lasso en las presidenciales del 2017. Otro de los “destacados” es Fabricio Villamar, quien pasó de ser asambleísta denunciante de la corrupción del régimen anterior a legislador denunciado por beneficiarse inmoralmente de privilegios derivados de la obtención del carné de discapacidad, incluido la reducción de las pensiones a su hijo.
Otro grupo de afinidad detectable entre los firmantes corresponde a quienes en algún momento ejercieron como docentes de la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE, pero hoy ya no forman parte de dicho plantel académico; por ejemplo, Rafael Oyarte Martínez, contra quien un grupo de estudiantes se vieron obligados a solicitar la aplicación del Protocolo de Abuso y Maltrato de dicha facultad por el supuesto acoso y maltrato realizado. En fin, … por ahí se entiende que la PUCE haya prescindido de algunas de estas “eminencias” en su plantilla de docentes.
Inmersos en este ecosistema, resulta lamentable encontrar las firmas de Abelardo Pachano -exgerente general del Banco Central del Ecuador y cerebro en la sombra de giro neoliberal en política económica del actual gobierno-, Roque Sevilla -ex alcalde de Quito por afinidad con Mahuad y destacado magnate empresarial -, Jaime Mantilla Anderson -director y principal accionista del Grupo Hoy, quebrado en 2014 tras una lenta agonía que sufrieron especialmente sus trabajadores-, o Alan Mendoza, ex jesuita.
Conclusión
Cierto es que la actual práctica política ecuatoriana carece de honestidad ideológica y rigurosidad intelectual en el discurso y narrativa de sus máximos exponentes. En todo caso, si el objetivo de estos sectores conservadores es imponer mediante estrategias de acoso y derribo su hegemonía cultural mediante el control de los espacios del saber cómo lo son las universidades -durante el año 2020 hemos asistido a diferentes ofensivas sobre instituciones académicas-, al menos debe reclamárseles que emprendan dicha disputa desde la decencia y la honradez intelectual.
Los recortes presupuestarios en materia de educación superior, la reducción de becas, así como las dificultades económicas que hoy atraviesan la mayoría de familias ecuatorianas, están suponiendo una fuerte presión competitiva en el mercado de matrículas universitarias. Pese a ello, la PUCE no ha sufrido una reducción significativa de estudiantes, demostrando una rápida capacidad de adaptación y eficiencia al nuevo contexto derivado de la pandemia. Afirmar lo contrario, tal y como se indica en la misiva enviada al Arzobispo de Quito, implica atentar contra los rigurosos principios filosóficos del conocimiento.
Apenas el 6% de los estudiantes que formalizaron su matrícula en el primer periodo académico del año pasado no renovaron en el segundo período. De igual manera, los nuevos estudiantes matriculados en ese mismo segundo período del 2020 significaron el 78% de la cifra de matrículas alcanzadas en agosto de 2019, el 94% respecto a agosto del 2018 y el 97% de la registrada en agosto del 2017. A la fecha, en estos tiempos pandémicos se han matriculado más estudiantes para el primer período del 2021 que, en febrero de 2020, antes de la pandemia. Resultados porcentuales que firmarían la mayoría de universidades nacionales en la actual coyuntura económica que vive el país.
VERITATEM LABORARE NIMIS SAEPE […] EXISTINGUI NUMQUAM
(Tito Livio, Ab urbe condita, 22, 39, 19)
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